Implicaciones territoriales del desarrollismo

¿Reacomodo o continuidad?, el desarrollo como política gubernamental y empresarial se ha afianzado, de un modo casi colonial, en los círculos de poder de los países de América Latina, durante los últimos veinte años. ^{Gudynas (2012}) y Escobar (2010), entre otros autores, plantean que después de un retroceso, la perspectivas del desarrollo (originadas algunas desde las teorías de la dependencia) han venido a integrarse nuevamente a las políticas empresariales y gubernamentales en un nuevo contexto, que incluye el combate contra la pobreza -y a menudo contra los pobres- y frente al cambio climático mundial considerado solo en su condición natural, pero pocas veces en su aspecto ambiental, o sea, incluyendo las relaciones de poder y las consecuencias del sistema productivo, urbano, extractivo, de mercado y de los medios masivos de comunicación, sobre los ecosistemas y ambientes regionales.

El desarrollismo como pasión y acción capitalista (neo)liberal viene a definirse como el conjunto de acciones -y aquí el orden sí altera el producto, según las reglas del sistema-mundo capitalista- económicas, privadas, financieras, gubernamentales y sociales que buscan generar un cambio favorable en las condiciones de acumulación y reproducción del capital, en las condiciones económicas, infraestructurales, residenciales, de servicios, de salud, culturales, ambientales en un territorio y población determinados (fundamentalmente considerados por organismos internacionales e instituciones de los centros de poder nacionales como no desarrollados o desigualmente desarrollados).

En Argentina, el desarrollismo comenzó a afianzarse poco a poco tras los golpes militares de los años 50 y 60. En este periodo, las “recetas” económicas liberales incluían la liberación impositiva a la exportación de las llamadas commodities² forestales (maderas duras provenientes del bosque chaqueño y carbón vegetal), agrícolas (fundamentalmente trigo y maíz) y el desarrollo de instituciones nacionales tecnológicas agrarias para el estudio genético y el mejoramiento de semillas y técnicas agrícola-ganaderas.

Aquí el sistema-mundo capitalista se expresaba “en términos de una verdadera contrarreforma agraria, donde la agricultura campesina o familiar de menos escala se destruye bajo el pretexto de su baja productividad, frente a otros cultivos” (^{Hocsman 2014}, 45). Con ellas se destruía también el bosque nativo y los cuerpos de agua, y se insertaba el país, ya desde la década de los 30, en una ecología-mundo capitalista (^{Moore 2013}) que valida, cada vez más, el saqueo de bienes comunes y la desterritorialización de comunidades campesinas, indígenas o de origen africano.

De lo anterior se puede plantear que las políticas liberales y neoliberales contribuyeron a ordenar, agilizar y dinamizar, a través del desarrollismo, el cambio a favor de la acumulación de la tierra, el poder y el capital en menos manos (^{Merlinsky 2017}). Esto deteriora el cambio social en favor de la disminución de las desigualdades económico-estructurales de la población y los territorios nacionales. Por el contrario, se consolidó cada vez con más fuerza un colonialismo no solamente eurocéntrico o norteamericano, sino que se configuró un grupo hegemónico de poder que decide y acciona a través del Estado. Un colonialismo interno, entendido como un conjunto de grupos de poder que accionan y direccionan las políticas económicas, sociales e infraestructurales para favorecer su acumulación y reproducción capitalista, a costa de la opresión social y de la acumulación de la plusvalía, la renta de la tierra y la posesión de medios masivos de comunicación; colonialismo interno que actúa como “vector de difusión de los patrones y las normas de globalización del sistema-mundo capitalista, directamente en las escalas locales” (^{González Casanova 2006}, 415).³

Las implicaciones ambientales de este desarrollismo progresista (^{Zibechi 2015}b) y neoliberal aún están siendo asumidas por poblaciones enteras en la Argentina y en otros países, en el contexto de la emergencia climático-ambiental global. En Argentina, tales implicaciones tuvieron un impacto directo en lo ambiental: el régimen de tormentas severas a graves se multiplicó por cinco en los últimos treinta años respecto al periodo 1910-1960. Además, en las últimas dos décadas el número de desplazados ambientales⁴ fue de más de 150 000 personas, superando en más de un 300 % a los veinte años anteriores; de estos, el 70 % en áreas mediterráneas del Gran Chaco. Si a ello se le suma los campesinos y comunidades originarias desalojados por el avance de la frontera agraria y ganadera, por agentes inmobiliarios y político-judiciales colonialistas internos para la realización de complejos edilicios o barrios de élite, el número asciende a 850 000 personas, de acuerdo con datos de la Red Agroforestal Chaco, en el año 2010,⁵ y de los informes de la Secretaría de Ambiente del Gobierno Nacional, en el año 2016 (^{Natenzon y Ríos 2016}).

En total, solo entre los años 1990 y 2016 se desmontaron y homogeneizaron productivamente siete millones de hectáreas en Argentina, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ubicando al país como la sexta nación con más desmontes en el mundo.

Las provincias de Chaco, Salta, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca y Córdoba, además de ser las que poseen las mayores disparidades económicas entre ricos y pobres del país (INDEC 2015), son las que viven este proceso de desmonte con mayor cercanía. Estos son ejecutados por lo que se ha denominado el complejo técnico-científico-industrial-financiero-mediático-militar-(policial) desarrollista. Sin embargo, empieza a encontrar resistencias a la territorialización en el Gran Chaco, por parte de las personas desalojadas o que están a punto de enfrentar este proceso, que sufren hostigamientos por grupos armados privados, policiales, judiciales, mediático-comunicacionales, de quienes padecen la contaminación y muerte por las fumigaciones, inundaciones, sequías prolongadas, la inundación de sus tierras por represas y el desmonte de las reservas naturales que decidieron crear para proteger los manantiales o sus áreas de usos ancestrales, patrimoniales y comunales.

¿Cómo desmontar amparados por las leyes 9814 y 9841 a la medida de los intereses empresariales? El caso de la provincia de Córdoba

En la mediterránea provincia de Córdoba, Argentina, las resistencias están en pie y articuladas en el campo y la ciudad, entre comunidades camiar-comechingonas y asambleas socioambientales, entre las personas nacidas y criadas, entre los venidos y los quedados (nuevos rurales), entre los desplazados por las inundaciones o por las sequías. En esta provincia es frecuente afirmar: “basta de desmonte, el bosque es vida, el bosque es agua, sin bosque no hay agua, sin bosque nos inundamos” (Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo Córdoba, Carta abierta del 16 de diciembre de 2017).

Se está resistiendo al complejo desarrollista, debido a que se han perdido 1,6 millones de hectáreas de bosques nativos en los últimos veinte años. De las 16 532 100 hectáreas totales, la mayoría se arrasaron entre 1920 y 1980 a manos de los desmontes e incendios para el avance del proceso de sojización en el llano, de la bovinización (desarrollo ganadero extensivo, en las áreas extrapampeanas serranas y de valles) y de la urbanización (turística y de élite) en áreas serranas y próximas a la ciudad de Córdoba -que hoy posee alrededor de 1,4 millones de habitantes y se ubica como segunda ciudad más poblada del país-.

La lucha indígena, campesina y asamblearia socioambiental, que veía en el cuidado del bosque el camino para la solución de los problemas ambientales regionales relacionados con las inundaciones y las sequías, elaboraba a la vez una propuesta para habitar y trabajar la tierra con los bosques nativos presentes en ella. Pero los sectores ruralistas y desarrollistas querían monocultivos y producción forestal o silvopastoril en los territorios de Gran Chaco y El Espinal (Zarrilli 2020).

Debido a este último punto, las luchas de las asambleas socioambientales reclamaban la protección del escaso bosque nativo existente en la provincia en todos sus niveles (herbáceos, arbustivos, fachinales, pastizales de altura, bosques maduros). Se profundizaba de esta forma el conflicto entre dos espacios sociales: uno productivista-desarrollista y el otro de base centrada en los bienes comunes y la economía solidaria y heterogénea.

En 2007 se aprobó la Ley Nacional 26331 de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos. Esta ley obliga a las provincias a que se realice el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN), a través de la conformación de una comisión que determine el proceso participativo para la elaboración de la ley y de un mapa que categorización a los bosques como zona roja (de máxima protección), zona amarilla (de protección y de transformación solo a categoría roja) y zona verde (donde se pueden desarrollar prácticas económicas).

En 2008, a la par del existente conflicto ruralista por las retenciones nacionales y ante los rumores de la convocatoria de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN) por parte del gobierno provincial, Córdoba sufría los mayores incendios de la década. A tan solo un año y unos días de comenzado el conflicto por las retenciones y la Resolución 125/2008 se quemaron más de 120 000 hectáreas de bosques nativos, un valor que está lejos de las 410 000 hectáreas incendiadas en el año 2020, en que se reiniciaría el debate por dicha ley (^{Deon 2020}).

La COTBN (equipo de maestros idóneos, campesinos, miembros de comunidades originarias, viejos conocedores del monte, académicos, técnicos y otras personas) inició un doble proceso metodológico: la construcción del mapa con las distintas variables (comunidades originarias y uso campesino, fragilidad ambiental, cuencas, pendientes, estado del bosque de maderas duras, de los montes bajos, de los pastizales, de los arbustales, de los cuerpos de agua, de los usos agrícola-ganaderos, de los centros poblacionales, y otras) que permitirían llegar a los tres colores; y la elaboración de la metodología del proceso participativo. En dos años, miles de agentes participaron en los siete talleres que se dividieron en correspondientes cuencas hídricas de la provincia, con actividades específicas. La primera ley ambiental con participación vinculante real en la provincia y el país fue presentada a mediados del 2010, en la Comisión de Asuntos Ecológicos de Legislatura.

En 2009, seis meses después del conflicto contra la implementación de la Resolución 125/2008, que paralizó al país, haciendo visible el accionar del complejo desarrollista de agronegocios minero-inmobiliario-mediáticos, el complejo ruralista⁶ volvió a protagonizar un hecho similar, específicamente en la provincia de Córdoba y relacionado directamente con el conflicto ambiental por los bosques nativos.

Ya en el recinto legislativo, la COTBN anticipaba una cuestión: en los tres años desde que fuera sancionada la Ley Nacional 26331, se detectó que se había desmontado alrededor de un 2 % de la superficie total de la provincia (cerca de 330 642 hectáreas). Por ello resultaba urgente la aprobación y la puesta en funcionamiento de un plan de control y recuperación del bosque nativo (^{Silvetti et al. 2013}).

Pocos días antes del 5 de agosto de 2010, informaban que el proyecto original de la COTBN había sido modificado en base a un proyecto elaborado por legisladores del oficialismo (Unión por Córdoba, Partido Justicialista) junto a la Cámara de Desarrollistas Inmobiliarios, la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (CEMINCOR), la Sociedad Rural de Córdoba (SRC), la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), la Federación Agraria (FA), Comité de Agricultores de la Tercera Zona (CARTEZ), académicos y otros grupos empresarios afines. Se llegó a aprobar el 5 de agosto una ley para desmontar a medida del complejo desarrollista.

El gran descontento de la ciudadanía fuera del recinto legislativo no se hizo esperar, y tampoco la represión policial. La experiencia sirvió para otras leyes de desmonte en otras provincias argentinas donde el desarrollismo avanzaba a fuera de desmontes y despojos de territorios comunes a la vida, territorios indígenas y campesinos (como sucede en Salta, Jujuy, Chaco y Tucumán).

Tras la aprobación de la Ley 9814 el 5 de agosto de 2010, no tardó en llegar la tormenta de demandas de universidades (la Universidad Nacional de Río Cuarto fue la primera), varias ONG, del Movimiento Campesino, entre otras. Legalmente, la ley entró por dos años en un estado de inconstitucionalidad, lo cual facilitó que el fuego se llevara más de 55 000 hectáreas, la mayoría de ellas en áreas periurbanas. A varios días de apagado el incendio, comenzó la estrategia territorializadora del desarrollismo inmobiliario: los circuitos de enduro, cuadriciclos, motocrós. Actualmente la Ley 9814, en su artículo 2, prohíbe que el bosque incendiado sea desmontado, pero no proscribe que se pueda cambiar el uso del suelo (aspecto que sí estipulaba el proyecto de la COTBN).

Las asambleas ciudadanas y organizaciones de base que, en las regiones de las Sierras de Pocho, Traslasierra,⁷ Punilla y Sierras Chicas, venían frenando el avance minero metalífero y de uranio con el apoyo de comunas y algunos municipios (y que en el año 2008 lograron la Ley Provincial 9526 de prohibición de la minería metalífera y de uranio a cielo abierto), se encontraban ahora también luchando contra una nueva ley pro minera que atenta contra las serranías. La Ley 9814 facilitaba la aprobación de nuevos desmontes para explotación minera no metalífera.

Hoy estas asambleas se encuentran luchando contra la nueva Ley Provincial 9814, porque en su artículo 37 plantea: “Dado su carácter transitorio, está permitida la actividad minera en todas las categorías de conservación, previo Estudio de Impacto Ambiental debidamente aprobado por la Autoridad de Aplicación, de conformidad a la normativa ambiental y minera vigente en la Provincia de Córdoba” (Ley 9814, art. 37). Los impactos ambientales de esta política de destrucción continuaron. El ecocidio arrebata cada vez más hectáreas de suelo.

En el año 2012, Sierras Chicas y Punilla fueron las primeras regiones cordobesas en estallar socialmente por el desastre ambiental que sufren sus cuencas serranas debido a los desmontes. Las asambleas llegaron a organizar su resistencia como verdaderos territorios-cuenca, donde las relaciones de poder en torno al uso de la tierra y el agua (^{Deon 2015}) llevaron a fuertes conflictos con el complejo desarrollista. Estos hechos condujeron a la creación de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos. Esta red de asambleas vecinales contra los barrios cerrados, mineras y circuitos de enduro comenzó a movilizarse, a organizar eventos artísticos, marchas, ordenamientos territoriales comunitarios y de áreas protegidas comunitarias o reservas hídricas naturales (^{Páez, Deon y Camacho 2017}), entre otras acciones.

Durante el periodo de sequía entre los años 2008-2013, la aprobación de construcción de cinco urbanizaciones de élite (dos con canchas de golf con riego, mientras la sequía perduraba) y el acaparamiento de 5000 hectáreas de bosques con fines mineros enardecieron a las comunidades locales en la red. A la vez, en el norte provincial, el Movimiento Campesino de Córdoba inició una lucha muy desigual con muchos empresarios que desalojaban a familias habitantes ancestrales (como el caso de Ramona Bustamante y otros) a la vez que frenaban, cuerpo a cuerpo, el desmonte de miles de hectáreas de bosque chaqueño.

No es menor destacar que las territorializaciones del complejo desarrollista se pretendían localizar (y más de la mitad, en efecto, se localizaron) en la zona roja y amarilla de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 9814, pero no solo se encontraron con las resistencias presentadas, sino que muchas de ellas crecieron y tuvieron implicaciones directas en agentes del poder, como funcionarios públicos detenidos e imputados. El enojo y el descontento de las personas, que cada vez se iban movilizando más, continuó. La Ley 9814 no fue reconocida por el gobierno nacional tras la demanda iniciada por la Universidad de Río Cuarto.⁸

Aún sin ley, el bosque se sigue desmontando. El desastre ambiental al que lleva el complejo desarrollista contribuyó a que los días 12 de febrero de 2013 en Sierras Chicas, el 18 diciembre de 2014 en el sur de Córdoba y el 14, 15 y 21 de febrero de 2015 en Punilla, Sierras Chicas y el Este de la provincia de Córdoba, se vivieran las inundaciones que más víctimas ocasionaron en la historia de estas provincias: 22 personas muertas, cientos de heridos y miles de viviendas destruidas.

Las problemáticas se profundizan y, mientras el desmonte continúa y el desarrollismo inmobiliario lo acompaña, ahora es posible ampliar la definición del complejo a político-empresario-recreativo-mediático-comunicacional-académico, ya que agentes de las universidades Blas Pascal y Empresarial Siglo XXI, ambas entidades privadas, y de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se unían a conglomerados empresariales como la Fundación en Defensa del Agua (FUNDEA),⁹ o la Fundación Córdoba Mejora (^{Schneider, De Luca y Dassano 2018}). El complejo desarrollista busca así construir un discurso ecoamigable de producir y construir conservando.

De igual manera, no abandona su territorialidad y avanza ahora con el Grupo SICER, organizador de carreras de enduro y cuadriciclos en zonas rojas y amarillas de la Ley de Bosques, modifican el suelo y el bosque, financiados por empresas desarrollistas inmobiliarias (Juárez Beltrán, Edisur, Gama SA, Tagle S.A.) y la Cámara de Empresas Mineras. De esta forma hacen de la práctica deportiva del enduro la base para desmontar sin incendiar, pero cambiar el uso del suelo, para luego urbanizar o avanzar con la producción silvopastoril en áreas prohibidas por la Ley Nacional 26331.

4. El avance de la criminalización de la protesta y la resistencia

Desde el año 2012, en el que se tejieron amplias redes de vecinos en asambleas y organizaciones de base, se tuvo conocimiento de que la Gendarmería Nacional, a través de su área de inteligencia, había creado el llamado “Proyecto X”, y que todas estas organizaciones estaban en la lista a la que se pudo acceder. Este proyecto de inteligencia de gobierno consistía en registrar a todas las organizaciones sociales urbanas y rurales movilizadas y en resistencia por problemáticas ambientales, barriales, estudiantiles, culturales, LGTBIQ, y cualquier otra que no estuviera institucionalizada (es decir, que no fuera una ONG o una fundación); luego vigilaba su accionar y sus movimientos (^{Bonavena y Nievas 2014}). Advertidas o no del “Proyecto X”, muchas organizaciones sufrieron entre 2012 y 2014 el pirateo de su información organizacional, páginas web, redes sociales y correos electrónicos.

A su vez, se conoció que más de 200 intendentes y jefes comunales habían comenzado a viajar a Estados Unidos e Israel para asistir a cursos de gestión pública y seguridad de datos impartidos por la CIA, la DEA y el Ministerio de Defensa de Israel, financiados por el Banco Mundial y empresas multinacionales farmacéuticas (Bayer), de agua (Danone, Nestlé, Suez), seguridad (Securitas) y alimentarias. Al regresar, muchos de estos intendentes o jefes comunales contaron y acercaron a miembros de las asambleas al programa de una de las jornadas del curso “El terrorismo del siglo XXI: los movimientos sociales, los indígenas, el campesinado y los ambientalistas”. Al mismo tiempo, se capacitó a los jefes de gobierno de las ciudades y pueblos para fortalecer la seguridad ciudadana con cuerpos especiales de seguridad urbana, preparados para actuar ante este terrorismo. Por ello es necesario incluir en el complejo desarrollista a las fuerzas de seguridad.

Mientras este complejo desarrollista actúa, el movimiento campesino avanza en la inscripción de más de 200 planes de conservación que les permitirá a sus miembros percibir un ingreso pagado por el Estado, por los servicios ambientales que presta el bosque que ellos protegen, y que brinda alimento, medicinas y donde existe el proyecto Monte adentro, el mercado campesino, que posibilita la venta de sus productos en la ciudad (^{Paz y Rebollo, 2020}).

En la ciudad de Córdoba, las marchas por la emergencia ambiental de 2014 y 2015 articularon por primera vez a todas las organizaciones de lucha campesina, contra mineras, pueblos fumigados, en defensa de las reservas naturales y contra la empresa Monsanto. Esto último demostró hasta qué punto crítico había llegado la situación: en 2015, tras dos años del acampe en la entrada a la planta que se intentó construir desde la empresa Monsanto en Malvinas Argentinas ,y tras varios intentos violentos de desalojo forzoso de la asamblea del acampe contra Monsanto por parte de la policía de Córdoba (añádase a esto varias marchas multitudinarias replicadas en ocho países) la empresa se vio forzada a cambiar el proyecto y presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental. En medio de esta situación, el gobierno provincial ingresó un proyecto de ley en la Legislatura para tratar de calmar el conflicto, sancionando la Ley 10208 de política ambiental y exigiendo a Monsanto muchos más requisitos para instalarse, generando el retiro de la empresa y su proyecto de la provincia (Tito 2019).

Esta desterritorialización fue posible gracias al tejido asambleario y organizacional de base que se consolidó en Malvinas argentinas, y también en todas las instancias del Juicio de Madres de Barrio Ituzaingó contra las fumigaciones y su impacto en la salud. Otra ganancia de la lucha se manifestó en los 31 municipios y comunas que aprobaron ordenanzas y resoluciones prohibiendo las fumigaciones (unas 185 000 hectáreas donde no podrá realizarse monocultivos con implementos tóxicos) que generan cáncer o muerte en pueblos y barrios de ciudades (^{Ávila Vázquez 2014}; ^{Balmaceda, Deon y Omaña 2019}).

En la provincia existen, además, 31 áreas comunitarias protegidas, creadas para resguardar el bosque y las actividades deportivas, culturales, científicas y educativas. Todas ellas suman unas 360 000 hectáreas donde se disputa al complejo minero de canteras el territorio que este desea para llevar adelante el plan de remineralización de la región pampeana. Este plan del CEMINCOR contempla el cierre de caminos públicos, el acaparamiento minero de tierras en reservas hídricas y recreativas naturales como las de Sierras Chicas (que fueron creadas tras la inundación de 12 de marzo el 2000, con el fin de disminuir el riesgo ante eventos futuros de este tipo y para frenar el avance del desmonte). Fundamentalmente, el plan de CEMINCOR ha propuesto un avance minero en las cuencas serranas para producir harinas minerales y así “devolver la fertilidad a la tierra rural de la pampa argentina, a partir de la venta de minerales y fertilizantes” (CEMINCOR 2019).¹⁰

Más allá de este conflicto entre asambleas que defienden las áreas comunitarias protegidas y las mineras, esta propuesta de Reservas Hídricas y Naturales (RHN) dio pie para implementar estas experiencias a otras comunas y municipios con problemáticas similares, las que hoy están sumadas a este tejido asambleario-organizacional que lucha por la vida, el monte, la tierra y el agua, dispuestos a afirmarse contra el complejo desarrollista. Es central destacar que la estrategia de creación de RHN no es similar a la de Parques Nacionales, sino que pretende resguardar las cuencas hídricas mediante la reglamentación de estrategias para habitar con los bosques nativos y producir agroecológicamente. Las RHN se forjan desde colectivos sociales locales que habitan las cuencas serranas y que se autorganizan en asambleas, mesas vecinales, espacios feministas, barriadas autónomas (como Los Chañares en Tanti, San Jorge en Cosquín, Los Manantiales en Río Ceballos, Cabana en Unquillo, el ecobarrio de Salsipuedes, entre otros).

5. Territorialidades del complejo empresario-político-comunicacional-recreativo-policial

La Ley Nacional 26331 explicita que las leyes provinciales deben revisar participativamente sus OTBN cada cinco años. Por ende, a finales de 2015 la provincia debía convocar a una nueva COTBN de manera urgente para la actualización de la Ley Provincial 9814 de OTBN. Solo así se pondría fin a la inconstitucionalidad existente, facilitando al gobierno nacional el giro de fondos que estipula la ley para garantizar los planes de manejo y conservación del bosque presentados.¹¹

En la mencionada fecha, la provincia convocó a la COTBN, presidida esta vez por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Esta dio participación al Foro Ambiental Córdoba, el Movimiento Campesino de Córdoba (únicos grupos no miembros del complejo desarrollista), la Cámara de Empresarios Mineros, la Cámara de Desarrollistas Inmobiliarios, a la Sociedad Rural de Córdoba, al CARTEZ y otras organizaciones de la mesa de enlace. Esta COTBN elaboró un protocolo de trabajo, pero en agosto de 2016 este sería desarmado porque el complejo desarrollista ya tenía confeccionado el proyecto de ley.

El tejido de asambleas y organizaciones de base de toda la provincia, alertados de la situación, se reúnen a comienzos de noviembre en la ciudad de Córdoba y comprenden que la conferencia buscaba el permiso para el desmonte químico, la producción ganadera intensiva silvopastoril, el desmonte de aquellas áreas donde hubiera bosque nativo con especies exóticas invasoras, y la producción forestal intensiva. Dicho proyecto iba, incluso, en contra de las recientes leyes (10208, 26331, Resoluciones del COFEMA) sancionadas con ocasión de la creciente conflictividad ambiental.

Mientras tanto, los municipios de Sierras Chicas actualizaban con proyectos de ordenanza las Leyes 9841 y 10004 (para el planeamiento del Área Metropolitana de Córdoba), y presionados por el Instituto de Planeamiento del Área metropolitana (IPLAM), un organismo del gobierno provincial ocupado por arquitectos urbanistas miembros de empresas desarrollistas inmobiliarias, propusieron avanzar sobre más de 20 000 hectáreas de bosque. En esta región, importante territorio en resistencia al desarrollismo y rica en experiencias de alternativas societales al mismo,¹² fue donde se realizó la primera de las 33 asambleas provinciales que hasta el momento se han realizado, para evitar el avance desarrollista con una ley todavía en proceso de aprobación por parte de la Legislatura. Nacía allí la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CODEBONA).¹³

Tras presentarse más de quince veces en la Legislatura, el 28 de diciembre (el mismo día de cierre de sesiones) antes de que se aprobara la ley, la CODEBONA realizó una manifestación de más de 30 000 personas. Desde la Legislatura, cinco de los seis bloques opositores al oficialismo no le dieron apoyo a la nueva Ley de Bosques del complejo desarrollista, consiguiendo así la no aprobación. En el verano de 2017, los festivales, peñas y encuentros del verano se poblaron poco a poco de canciones, remeras, banderas y carteles para difundir la lucha de la CODEBONA. En Cosquín, durante los días del Festival Nacional de Folclore, más de 15 000 personas se movilizaron en el marco de la tradicional marcha por la tierra y el agua, a la que este año se sumaba de lleno el reclamo por los bosques.

A fines de febrero, el complejo desarrollista dirigido por el CARTEZ y la SRC emitió un comunicado buscando amedrentar a algunos artistas (José Luis Serrano, Raly Barrionuevo y otros), y comenzó una serie de reuniones en las Sociedades Rurales en aras de profundizar su accionar con manifestaciones (que no llegaron a concretarse) contra la CODEBONA y el Estado Provincial por no aprobar la ley. A comienzos de 2017, una nueva marcha de la CODEBONA ante el intento de tratamiento del proyecto de ley en la Legislatura movilizó más de 40 000 personas de manera pacífica, en una manifestación caracterizada por la multiplicidad de expresiones artísticas que representaron la diversidad cultural, biológica y los beneficios del bosque chaqueño a las comunidades locales. Ese día la ley no se aprobó, y tampoco pudo sancionarse en mayo, producto a una nueva marcha multitudinaria.

6. Reflexiones

La CODEBONA como experiencia colectiva ha definido un nuevo camino basado en la expresión autogestiva, artístico-cultural y en resistencia al complejo desarrollista. Si bien no es una lucha autonomista, sí es un combate emancipador, ya que también logró construir la Quinta Cartilla de presupuestos mínimos de participación (un acuerdo metodológico común, constituido en siete asambleas populares, para definir como se llevará adelante el proceso de participación para la Ley de Bosques). Se plantea esto como proceso emancipatorio, ya que se busca decidir en los territorios con un mecanismo del calibre de las audiencias públicas, que son consideradas como no vinculantes por parte del Estado, y que la ciudadanía movilizada desde colectivos minoritarios unidos, con el derecho de defender su territorio y ambiente.

Pero el 3 de agosto de 2017 se aprobó la Ley Agroforestal Provincial, y no hubo ni audiencias públicas ni espacios de participación. Los únicos dos bloques que se opusieron en la Legislatura rechazaron la ley por considerarla una medida de promoción industrial encubierta, que beneficia a los productores madereros, entre ellos la empresa multinacional Arauco, S.A. Una ley que, en comunidad con su compañera la Ley de Buenas Prácticas Agropecuarias, vino a fracturar (aunque no a romper completamente) las relaciones entre el movimiento socioambiental contra los desmontes y el movimiento campesino de Córdoba.

Esta ley es el corolario más actual de la territorialización a través de la colonialidad interna y externa del complejo desarrollista en lo local, sobre todo porque prevé la obligatoriedad de forestación del solo el 2 % de la superficie de los campos con especies exóticas o nativas, producidas en la selva paranense. Al respecto, la CODEBONA denunció que

se trata de un instrumento de fomento económico al establecimiento de monocultivos de pino y eucalipto, mediante el cual el Estado bonifica la plantación de estas especies exóticas para Córdoba, a su vez que invirtiendo millones en la compra de árboles misioneros clonados comprados a empresas (Biofábrica S. A.) que trabajan con la biogenética del bosque paranense que también está en riesgo al igual que sus comunidades, a la vez que esta ley pretende beneficiar a los grupos económicos del agronegocio con bonificaciones a sus costos de producción (CODEBONA, comunicado del 20 de agosto de 2017, publicado en sus redes sociales).

A su vez, para afrontar el desastre ambiental, el Banco Mundial financió una serie de obras hídricas para controlar las inundaciones en Sierras Chicas (Cabana, Unquillo y Ascochinga, La Granja) y el este y sur cordobés. Sin embargo, estas no se concretarán, debido a que las comunidades se han movilizado y articulado entre sí (y junto a la CODEBONA) para frenar los proyectos, tras conocer a través de los Estudios de Impacto Ambiental que las propuestas de represas buscaban facilitar el riego de campos con soja o grandes establecimientos ganaderos y convertirse en espacio para la recreación exclusiva de megaurbanizaciones cerradas de élite.

La tensión ha continuado hasta ponerle freno al megaproyecto de Autovía de Punilla (que pretende desmontar 15 000 hectáreas y alterar más de 20 microcuencas tributarias del río Cosquín) en el marco del Plan de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en una articulación histórica (más allá de sus diferencias ontoepistémicas) entre el pueblo nación comechingón y las asambleas socio-ambientales locales de todo Punilla y Sierras Chicas.

Las articulaciones que permitieron resistir a estos procesos, de lucha indígena, asambleario ambiental y campesina, son las que hace más de cinco años se comenzaron a afianzar también en la organización y participación de la Mesa de Derechos Humanos, que anualmente organiza una marcha el 24 de marzo por la memoria, la verdad y la justicia. Se trata de los mismos entramados sociales que se tejieron en redes sólidas con el colectivo de jóvenes contra la violencia y represión del Estado, que anualmente realizan la Marcha de la Gorra; las comunidades del pueblo nación camiar caminchingón o comechingón, sanaviron y ranquel, el colectivo de madres y familiares de víctimas del “gatillo fácil”; las feministas avanzando por Sierras Chicas, como colectivo movilizado contra y más allá del patriarcado y las violencias machistas. Colectivos a los que se suman los sindicatos de Luz y Fuerza, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Circulo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN), sectores del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (SURBACC), con quienes se colabora en las marchas del “Cordobazo”, contra las privatizaciones; o acompañando el reclamo del colectivo LGBTIQ+, quienes anualmente llevan adelante la marcha por la defensa y el respeto a las diversidades de géneros, las autoadscripciones y contra la represión y violencia machista.

Frente a un capitalismo que ha colonizado los territorios y los cuerpos, las territorialidades asamblearias emancipatorias, autonomistas, en defensa del ambiente, por la soberanía del agua y la alimentaria, pugnan por la dignidad de los pueblos y las minorías desde los pueblos, con resistencias desde los cuerpos, poniendo el arte y la palabra como armas de reivindicación del derecho a decidir sobre el territorio. Esta realidad está abriendo nuevas sendas de avance en el seno del ecocidio neocolonialista que vive el Gran Chaco sudamericano.

Hoy se pelea palmo a palmo por cada metro de bosque nativo, contra maquinarias y a través de la justicia, con una artillería creciente en lo comunicativo, que permite avanzar mediante asambleas de colectivos apegados al monte. Se ha avanzado en presentar la existencia de lo que ya se ha denominado complejo desarrollista, a la vez que hemos verificado las tensiones de su accionar colonialista interno con el campo político (ambiental) que actualmente se le resiste. Poco a poco se van articulando en cada localidad distintas alternativas societales, inmersas en la lucha por la preservación de su mundo.

Mientras más bosque se pierda más conflictividad habrá; mientras prevalezca el desastre ambiental, mayores serán las resistencias al desarrollismo. Por ello es necesario denunciar que estrategias como la de los circuitos de enduro, motocross y cuadriciclos, las jornadas de responsabilidad ambiental empresaria, las actividades empresariales ambientales en escuelas, la Ley Agroforestal, el reforzamiento con seguridad privada de los campos y ciudades, el marketing y la comunicación masiva de proyectos con un discurso ecoamigable o desde la economía verde, y muchas otras, son maniobras para disfrazar la acción y la territorialidad del complejo desarrollista, que se encuentra en franca crisis, pero en continuo auge.

Como se ha visto, la desterritorialización a la que poco a poco se obliga a avanzar al complejo desarrollista, ha sido posible gracias a la movilización social con un eje biocéntrico, apartada de la lógica partidaria, pero con un fuerte apego a la tierra. Se pueden plantear diversas preguntas: ¿qué resultados tendrán estas nuevas territorialidades y geografías de la lucha desde los pueblos?; o ¿qué implicaciones tendrá la represión que se viene gestando desde el desarrollismo neoliberal? La respuesta será siempre la misma: la piedra arrojada con violencia por el complejo desarrollista provocó un desastre mayor, y este desastre resulta doloroso. No obstante, lo que devuelven las comunidades atacadas no son piedras, sino palabras y pasos calmos desde los bosques, los barrios y las casas: caminatas de gente que marcha para cambiar el mundo.

Es por ello que las prohibiciones a la fumigación, la agroecología, las ferias agroecológicas, las redes de consumo consciente (^{Balmaceda, Deon y Omaña 2019}), los ordenamientos territoriales participativos, la bioconstrucción, las mingas, las áreas de conservación municipales y comunales y muchas otras estrategias asamblearias locales y autogestivas, están trazando un nuevo horizonte de vida.

Al cierre de este trabajo (en noviembre de 2020), las más de 410 000 hectáreas incendiadas en Córdoba se sumaban a las 1 255 000 hectáreas afectadas por incendios intencionales en el Gran Chaco, El Espinal y las costas y delta del Paraná. Esto moviliza a cientos de miles de personas reclamando una Ley de Protección de Humedales, la prohibición de venta de las tierras incendiadas y el cumplimiento de las leyes nacionales de protección de bosques nativos (26331 y 26815), para que no se cambie el uso de la tierra de áreas boscosas a negocios urbanos, recreativos, ganaderos o de canteras (^{Deon 2020}).

De este modo, despiertan con fuerza las redes Creando Brigadas Ambientales, los Jóvenes por el Clima, y diversos colectivos en defensa del bosque nativo, las cuencas hídricas y el derecho humano al agua, un ambiente sano y la participación social. En un contexto de vuelta del progresismo al poder nacional, muchos de estos reclamos intentan institucionalizarse, otros son debatidos y un grupo importante de ellos -que interpelan el desarrollismo sostenedor de un progresismo afianzado en la megaminería, la agriculturización¹⁴ (^{Hocsman 2014}) y la agroexportación- están entrando en disputas mediante espacios sociales autónomos, como el de la Unión de Asambleas Ciudadanas, el Colectivo Paren de Fumigar, la CODEBONA, la Multisectorial ambiental, entre otros espacios donde los actores movilizados siguen dando cuenta de las múltiples territorialidades en tensión.