2. Estrategias comunitarias en conflictos socioambientales: la narrativa de la resistencia

Un ejemplo claro de que prevalece el enfoque en la resistencia es el debate sobre la minería a gran escala en América Latina. Esta actividad extractiva constituye una de las más ambientalmente destructivas, por el uso de grandes extensiones de tierra, la remoción de montañas enteras, el consumo intensivo del agua y el alto riesgo de contaminación. Además, genera, entre otros impactos sociales, el desplazamiento (forzoso), la desintegración de comunidades campesinas e indígenas, el aumento de violencia y la patriarcalización de los territorios (^{Brain 2017}; ^{Vallejo, Zamora y Sacher 2019}). Esta actividad se ha expandido rápidamente durante las últimas décadas debido a una coyuntura internacional de creciente demanda por minerales, los altos precios de materias primas y un fuerte interés desde inversionistas chinas en desarrollar proyectos mineros (^{Bury y Bebbington 2013}). Aunque esta coyuntura llegó a su fin, este período dejó muchos conflictos que persisten hasta el día de hoy.

La literatura que aborda la expansión de la minería a gran escala por la región expone las campañas agresivas por parte de gobiernos nacionales y empresas transnacionales para promover este sector, y las estrategias que usan para legitimar proyectos mineros a pesar de sus impactos devastadores (^{Composto 2012}; ^{Shade 2015}; ^{Godfrid 2016}; ^{Sacher 2017}). En cuanto a las respuestas y estrategias comunitarias frente a esta expansión, la gran mayoría de estudios se enfocan en la resistencia como única respuesta (véase, por ejemplo, ^{Acuña 2015}; ^{Bustos, Folchi y Fragkou 2016}; ^{Paz 2014}; ^{Wagner 2019}). Con cimientos teóricos en la ecología política y los estudios de los movimientos sociales, en tales estudios se documenta los actores involucrados en las luchas, sus motivaciones, los discursos antimineros que manejan y los repertorios de acción en defensa de sus territorios y la vida.

Las posiciones o estrategias que no cumplen con la noción de la resistencia abierta reciben menos atención en estos análisis de los conflictos mineros, lo que puede dar la impresión de situaciones tipo “avatar” (^{Bebbington y Humphreys Bebbington 2011}, 131), en las cuales la expansión minera encuentra una respuesta comunitaria homogénea en defensa de la vida. Cuando son abordados aquellos actores comunitarios que no resisten o incluso apoyan la presencia de las empresas mineras, sus respuestas frecuentemente se entienden como productos de dominación o cooptación por parte de las empresas (^{Composto 2012}; ^{Gustafson y Guzmán Solano 2016}; ^{Sacher 2017}). ^{Machado Aráoz (2014}, 65-66) va más allá y describe a estos actores como “devotos” de las empresas con sus emociones y sentimientos “cabalmente mineralizados” y cuyos “corazones laten al ritmo de la Bolsa de Toronto”.¹

Otro debate que demuestra un patrón similar es el de los estudios sobre conflictos por el agua, las megaobras hidráulicas y el despojo territorial en América Latina. Este debate abarca el despojo de agua y el desplazamiento generado por represas hidroeléctricas, grandes plantaciones de la agroindustria y proyectos de riego impulsados por élites capitalistas y los gobiernos que los apoyan. En esos estudios se tiende a considerar a las comunidades y actores locales como víctimas de estos procesos de desposesión y violencia (véase, por ejemplo, ^{Bebbington et al. 2008}; Duarte-Abadía, ^{Boelens y Roa-Avendaño 2015}), sin abordar toda la complejidad de sus estrategias y capacidades de negociación y adaptación. Existe, entonces, la imagen de “conflictos dicotómicos entre los económicamente poderosos y los desposeídos, o entre ‘externos-opresores’ e ‘interno-comunidad’” (Boelens 2015, 265); en esta imagen la resistencia emerge como la respuesta comunitaria más estudiada.

Además, ^{Brown y Purcell (2005}) advierten sobre la “trampa local” en la que han caído muchos autores del campo de la ecología política, incluyendo aquellos de los dos debates mencionados aquí. Argumentan que no debe considerarse a la escala local como la más deseable para tratar los problemas ambientales, con lo cual se evita entender a las categorías de actores y los niveles de acción como estáticos y fijos. Al contrario, los actores locales también están insertados en intereses, redes o relaciones de poder a lo largo de escalas nacional, regional o global, rompiendo con su jerarquía.

La narrativa de la resistencia que señalamos en los debates sobre minería y conflictos de agua en América Latina se relaciona con un debate teórico más amplio que tiene una larga trayectoria en las ciencias sociales y que gira en torno a la pregunta ¿qué es la agencia? (Emirbayer y Mische 1998). Sin entrar con profundidad en este debate,² quisiéramos recalcar que la dicotomía que describe ^{Boelens (2015}) es muy común, así como la idea de que la única manera de escapar de la subordinación es la resistencia (Fletcher 2007). Sin embargo, al enfocarse en la resistencia local como única respuesta desde las comunidades afectadas por la expansión extractivista, se limita -quizá inconscientemente- la conceptualización de su agencia a actos de resistencia. Considerar, por otro lado, las otras respuestas comunitarias como mera “cooptación” producto de una “conciencia falsa” las vacía de agencia, según Fletcher (2007). Los debates exponen, entonces, una conceptualización bastante estrecha de lo que es la agencia humana que no hace justicia a la diversidad y complejidad que representan las respuestas comunitarias en conflictos socioambientales y a la agencia que tienen los actores involucrados.

3. Más allá de la resistencia: otras formas de agencia

Más allá de la resistencia, actores de la sociedad civil han entrado en otro tipo de espacios e interacciones para defender sus intereses en torno a los recursos naturales, territorios y bienes comunes. Por un lado, se han sumado a procesos de negociación o colaboración con gobiernos o corporaciones, por ejemplo, usando mecanismos de participación o consulta previa, instrumentos de compensación ambiental o pago por servicios ambientales. Varios autores analizan la complejidad de esos instrumentos institucionales o técnicos, que esconden procesos de despolitización y de reproducción de desigualdades entre actores (véase, por ejemplo, ^{Schilling-Vacaflor 2017}). Por otro lado, se han apropiado de espacios nacionales, regionales y globales para difundir sus demandas y construir nuevas alianzas, integrándose, entre otros, a las negociaciones internacionales sobre el cambio climático o aliándose con agencias de cooperación internacional y bancos de desarrollo (^{Claeys y Delgado 2016}). Varios estudios analizan además la conformación de redes multiescalas entre actores comunitarios que buscan fortalecer su visibilidad y capacidad de negociación e integración con el Estado (véase, por ejemplo, ^{Hoogesteger 2012}; ^{Dupuits y Bernal 2015}). Adicionalmente, ciertos actores de base buscan implementar alternativas ecoterritoriales y producir medios de vida sustentables para las comunidades en zonas afectadas por actividades extractivistas.

Además, los actores de base están cada vez más involucrados en procesos de coproducción de conocimientos -con gobiernos, expertos o académicos-, lo cual los ha llevado, por ejemplo, a legitimar conocimientos locales, indígenas o comunitarios como expertos, científicos y técnicos (Horowitz 2015). Goodwin subraya que

los ciudadanos desfavorecidos no solamente usan la coproducción como mecanismo de acceso a servicios públicos sino también como manera de renegociar su relación con el Estado y fortalecer sus derechos políticos y sociales. La coproducción tiene entonces el potencial de desafiar y reconfigurar relaciones de poder (2019, 504).

Por una parte, los procesos de coproducción de conocimientos revelan a los movimientos de base la posibilidad de actuar dentro de las estructuras estatales y de poder, más allá de los enfoques tradicionales de la resistencia (^{Laurie, Andolina y Radcliffe 2005}; ^{Dupuits et al. 2020}). Este concepto permite además romper con la dicotomía entre saberes expertos y saberes locales para acentuar sus cruces y procesos de adaptación mutua (^{Jasanoff 2004}).

Por otra parte, ^{Goodwin (2019}) subraya la necesidad de estudiar las raíces históricas de los procesos de coproducción, que muchas veces se vinculan con estructuras capitalistas e implican una pérdida de autonomía para las organizaciones de la sociedad civil. La coproducción suele implicar procesos de conmensuración y profesionalización para las organizaciones de base con el fin de que puedan adaptarse a las estructuras estatales y modernas, lo que implica riesgos en términos de desconexión con sus bases y de abandono de sus demandas iniciales (^{Dupuits et al. 2020}). La conmensuración y la profesionalización que se producen dentro de los procesos de coproducción tienden a ignorar los intereses particulares mientras los traduce y universaliza como parte de las estrategias de ampliación (^{Boelens y Zwarteveen 2015}). Ciertos autores hablan de “batallas de conocimientos” refiriéndose a los conflictos que surgen entre diferentes epistemologías, valoraciones y creencias alrededor de los recursos naturales (Boelens, Shah y Bruins 2019). Al mismo tiempo, los movimientos de base e indígenas pueden utilizar estratégicamente el conocimiento experto para ganar credibilidad y reconocimiento, revelando la complejidad de esas estrategias (^{Hidalgo-Bastidas, Boelens e Isch 2018}).

En fin, para entender a estas estrategias que van más allá de la resistencia y las relaciones de poder que las atraviesan, requerimos de un repertorio conceptual más amplio que ayuda a reconocer las diversas formas de agencia dentro de los conflictos socioambientales. Esto implica dejar atrás la idea de que tan solo la resistencia representa agencia, y considerar actores que eligen otros caminos para defender sus intereses como sujetos activos, quienes son conscientes de las relaciones en la cual se encuentran (^{Fletcher 2001}; ^{Quist 2018}). Requiere además resaltar la diversidad, ambigüedad y fluidez de las posiciones y estrategias dentro de los conflictos socioambientales. Por ejemplo, los actores comunitarios pueden perseguir estrategias distintas e incluso contradictorias, que cambian en el transcurso del tiempo (Horowitz 2011). A la vez, no se debe perder de vista la “danza dialéctica” de la agencia con la estructura (^{Chouinard 1997}, 363). Es decir, se debería ubicar las estrategias de los actores comunitarios dentro de una telaraña de relaciones de poder y “fuerzas políticas, históricas, económicas y sociales más amplias” (Horowitz 2012, 26) y, así, llegar a una conceptualización de una agencia situada (Horowitz 2011; ^{Van Teijlingen 2019}).

4. Presentación de los artículos

Los cinco artículos presentados en este dossier reflejan tanto la diversidad como la complejidad de las estrategias comunitarias más allá de la resistencia en contextos de conflictos socioambientales. Se enmarcan en corrientes teóricas y metodológicas diversas incluyendo la geografía crítica, la sociología, la antropología, la ecología política, la ciencia política y la historia.

El artículo de Angus Lyall, “Resistencia en retrospectiva: la multitemporalidad del extractivismo en la Amazonía”, abre este dossier con un análisis provocativo de la Ciudad del Milenio Playas de Cuyabeno, ubicada en la zona petrolera, al norte de la Amazonía ecuatoriana. Esta comunidad fue construida como obra compensatoria de reubicación por la extracción petrolera de la empresa estatal Petroamazonas, y fue celebrada como un ejemplo emblemático de la nueva política de redistribución del gobierno “posneoliberal” del expresidente Rafael Correa. Mientras muchos autores han criticado a las Ciudades del Milenio por ser proyectos impuestos que despojan a la población indígena de sus estilos de vida e identidades y por ser un intento a subordinarles a la lógica extractiva, el autor observa que estos análisis omiten las aspiraciones y motivaciones de los propios habitantes. Durante varios meses de trabajo de campo con quienes habitan en Playas de Cuyabeno, encuentra que allí las personas tienen posiciones muy distintas acerca de su vida en la Comunidad del Milenio, que no se ven reflejadas en la literatura establecida sobre el caso. Concluye que para entender las estrategias de negociación y apropiación en este espacio supuestamente “impuesto”, se debe tomar en cuenta el contexto histórico de relaciones étnicas y capitalistas que dan forma a las aspiraciones y la agencia de sus habitantes.

María Stephanie Valenciano-Hernández en “¿Agua para quién?: movilización comunitaria y negociación en el conflicto socioambiental del Parque Los Chorros, Costa Rica” aborda un proceso de negociación institucional entre el Estado costarricense y las comunidades de Atenas y Tacares afectadas por el crecimiento urbano descontrolado y el desabastecimiento de agua. En su análisis concluye que detrás de estos procesos de negociación y diálogo, que promueven principios de participación comunitaria, democracia e inclusión, se esconde la reproducción de asimetrías de poder entre los distintos actores. Por otro lado, muestra también cómo las comunidades tratan de usar las propias herramientas técnicas del Estado, una estrategia para apropiarse del proceso de negociación. En su artículo, revela la evolución del proceso de negociación desde un enfoque meramente técnico hacia el reconocimiento de una participación ciudadana más efectiva. Este estudio se enmarca en la literatura que aborda los conflictos socioambientales desde los procesos de negociación y movilizaciones multiescalas para subrayar sus ambigüedades, tensiones o usos estratégicos más allá de la dicotomía conflicto-cooperación.

En su artículo “Conocimiento como causa y medio de resistencia a la minería de gran escala: casos heurísticos del Ecuador”, Cristina Espinosa muestra el modo en que organizaciones y comunidades en Ecuador usan la producción de conocimiento como estrategia de negociación y contestación en el marco de la expansión de la minería a gran escala en este país latinoamericano. Examinando los casos de minería a gran escala en Intag, Azuay y en la Cordillera del Cóndor, describe cómo actores comunitarios combinan distintas epistemologías de manera estratégica, y así ensamblan un conocimiento híbrido que desmantela discursos hegemónicos que dominan los procesos oficiales del estudio de impacto ambiental. Concluye que estas iniciativas comunitarias de producción de conocimiento constituyen una forma de agencia que tiene un gran potencial para transformar los actuales regímenes de poder y conocimiento, e introducir otras epistemologías al debate público sobre la minería a gran escala en el país.

En el artículo titulado “Monitoreos hídricos comunitarios: conocimientos locales como defensa territorial y ambiental en Argentina, Perú y Colombia”, Astrid Ulloa, Julieta Godfrid, Gerardo Damonte, Catalina Quiroga y Ana Paula López analizan la emergencia de los monitoreos hídricos comunitarios (MHC) en tres países latinoamericanos como herramienta político-territorial alternativa a los monitores empresariales e institucionales implementados para evaluar los impactos socioambientales de la minería a gran escala. Argumentan que los MHC permiten contrarrestar la despolitización de los procesos de gobernanza ambiental y la falta de legitimidad e independencia de las mediciones, y revalorizar los conocimientos locales. Por otro lado, muestran también cómo los actores comunitarios aceptan adaptarse a las herramientas expertas y técnico-científicas del Estado y de la empresa minera para obtener el reconocimiento de sus territorios, y así reducir las asimetrías de conocimientos sobre el agua. También destacan el rol clave de las redes establecidas con varias ONG, activistas ambientales y la academia en esos procesos.

Finalmente, en el artículo “Educación popular: una alternativa en la resolución de conflictos socioambientales”, Carol Peña-Palma, José Terán-Serna, Ángel Gil-Torres y Marly Tafur-Osorio presentan un caso de investigación acción participativa como manera de fomentar la participación y el empoderamiento de las comunidades en la resolución de conflictos socioambientales. El estudio se desarrolla en la vereda rural de El Neme, departamento de Tolima, Colombia, que experimenta una pérdida de poder y autonomía vinculada con la producción de maíz transgénico, el conflicto armado y la desarticulación del tejido social. En este contexto, el proyecto de investigación se construyó como una cocreación de saberes con la academia, llevando a la conformación de una escuela popular ambiental, cuyo objetivo es crear procesos sociales desde una perspectiva crítica, territorializada y transformadora. Además, los autores movilizan la noción de capacidades basadas en la salud holística, un enfoque novedoso para entender la importancia de la educación popular como herramienta más allá de la resistencia frente a conflictos socioambientales.