Introducción

La economía paraguaya siempre fue agroexportadora y en ese sentido extrativista, pero desde mediados de la década de 1990, es impulsada por el agronegocio sojero que, ex plotando los avances de la ingeniería genética, se transmuta en neoextrativismo, y aún hoy (2018), con poco más del 40% de su población viviendo en áreas rurales, sigue siendo el único país latinoamericano con economía basada en la agricultura (^{Banco Mundial 2009, 31}). Lo novedoso del extractivismo actual en Paraguay, asociado con su inserción en el régimen agroalimentario neoliberal, tiene que ver con su escala, su incidencia en la reconfiguración de las clases sociales y en los daños que causa.

En este artículo se considera el proceso de separación del campesinado de sus me dios de producción sin proletarizarlo, examinando la relación entre trabajo y estruc tura social. Por ello, el trabajo analiza las peculiaridades del neoextrativismo en Para guay y sus efectos en la reconfiguración de la estructura de clases, específicamente, en el desarraigo campesino sin proletarizarlo, desde donde se perfilan los escenarios del conflicto de clase que puede esperarse.

Esta investigación estudia datos secundarios de los últimos años (2001-2016); en ese tiempo, la salida a la sobreacumulación requirió el desplazamiento del capital bus cando espacios en los que pudieran explotarse recursos naturales para la producción de granos básicamente; la soja transgénica en Paraguay tuvo y continúa hasta ahora con una expansión tan notable que hoy es el país más transgenizado de América Latina considerando la proporción de la superficie arable con cultivos transgénicos. Esa circunstancia permite prefigurar situaciones que podrían repetirse en países que repliquen la experiencia.

La estructura social antes del nuevo orden agroalimentario

Para comprender los cambios impulsados por el orden alimentario neoliberal que ganan fuerza desde principios de este siglo, debe tenerse en cuenta la estructura so cial preexistente. En una formación social carente de una burguesía nacional que planteara algún desarrollo del país y sin el principal actor subalterno, la oligarquía ganadera fungía como clase dominante, a la que se sumó la emergente burguesía financiera especulativa pos-Itaipú que deviene hegemónica. Los intereses del bloque en el poder no se orientaban a algún planteo del desarrollo del mercado interno ni a la industrialización del país.

Como actor subalterno progresista, quedaba el campesinado movilizado puntual mente en sus luchas locales por la tierra y, limitadamente, planteando por medio de sus organizaciones propuestas de alcance nacional. Este hecho marca una de las peculiaridades en relación con otros países de la región; estos pequeños productores de poco menos de 300 mil unidades familiares hacían parte del modo de producción campesino que, hasta la década de 1980, constituía el principal sector productivo, de tal modo que, en 1980, su producción de algodón representaba el 33,6% de las exportaciones primarias, mientras que la soja del entonces incipiente sector del agro negocio representaba solo el 13,5%. Las relaciones con el modo de producción capi talista estuvieron mediadas por el capital comercial a través de la comercialización de cultivos de renta, como se dijo básicamente del algodón, y el abastecimiento de insu mos para la producción y artículos de consumo que complementaban la producción de alimentos de la propia parcela. Por esas vías, el capital comercial extraía excedentes del sector campesino que asumía el costo de su reproducción con su propia produc ción de cultivos de autoconsumo.

La marcada asimetría de las relaciones del sector campesino con la oligarquía latifundista se expresaba en la estructura de tenencia de la tierra caracterizada por su extrema desigualdad, al punto que el coeficiente de Gini de Paraguay en 1991 llegó a 0,93, el más alto entre los 133 países estudiados en el informe sobre desarrollo mundial del ^{Banco Mundial (2009)}. Esta concentración creció aún más con el agro negocio que ocupó progresivamente todas las tierras disponibles (^{Ezquerro-Cañete y Fogel 2017}).

En el análisis de los procesos de cambio que sufre con la irrupción del régimen agroalimentario neoliberal, resulta pertinente destacar que el campesinado se consti tuye como actor no solo por sus relaciones con el capital comercial y con la oligarquía ganadera, sino también por sus rasgos culturales como colectividad etnocultural que habla una lengua indígena, el guaraní, y que comparte agravios históricos que lo des califican y lo discriminan, así como también tiene en su memoria luchas compartidas enraizadas en el pasado. Esa identidad como colectividad etnocultural, como esta mento en términos weberianos, más que como clase se fortalecerá en sus crecientes conflictos en defensa de sus territorios invadidos por brasileños y brasiguayos en el avance del agronegocio.

Las luchas campesinas eran puntuales y se orientaban a la reivindicación de fincas que ocupaban y que se consideraban tierras públicas, en tanto las ligas agrarias que constituyeron la organización nacional más importante que llegó a plantear propues tas de alcance nacional fueron desmanteladas a sangre y fuego por la dictadura mi litar ya a inicios de 1970. Esta organización buscó alternativas al expolio del capital comercial y enfrentó el cercamiento de sus campos comunales.

El trabajo asalariado permanente de campesinos se limitaba básicamente a unos 60 mil trabajadores, por cierto subremunerados, empleados por la oligarquía ga nadera en sus establecimientos. En cuanto al trabajo asalariado temporal, unas 35 mil explotaciones campesinas, sobre todo las que cultivaban más de una hectárea de algodón, contrataban trabajadores provenientes de otras unidades familiares campe sinas para tareas temporales como la cosecha. Era una fuerza de trabajo disponible de aproximadamente 85 mil campesinos provenientes de fincas muy pequeñas, que operaban en unidades familiares de subsistencia, que podían reproducir su condición campesina complementando su pequeña producción de autoconsumo con el trabajo asalariado temporal.

La referida estructura de clases y grupos sociales tuvo alteraciones aún antes del auge del agronegocio; la misma hacía parte de relaciones de dominación que estaban articuladas por un régimen dictatorial. Precisamente al amparo de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), se constituyó “un empresariado de frontera” ligado con la triangulación comercial y el contrabando (^{Borda 1994}). Este grupo que opera ba al margen de la ley llegó a tener tanta incidencia como el de la burguesía financiera y mantiene hasta hoy su posición, garantizando su impunidad mediante sus estre chos vínculos con el poder del Estado; curiosamente las ilegalidades que alimentan la constitución y expansión de este actor están legitimadas por el propio Estado que hace concesiones en el marco de la alianza conservadora (^{Fogel 2015}).

En esa formación social, el Estado respondía a los intereses de las clases domi nantes y el patrimonio público se consideraba parte del patrimonio del dictador que distribuía bienes públicos, entre ellos, tierras fiscales como prebendas a los altos funcionarios y otros allegados a su sector más cercano; esto se hacía por medio del Partido Colorado, uno de los pilares de la dominación de Stroessner que operaba como un partido de patronazgo, articulado en clientelas. Los intereses comunes del emergente bloque dominante no se orientaban a alguna propuesta de desarrollo del mercado interno ni a la industrialización del país. Desde la década de 1990, ya con la expansión del agronegocio sojero, el campesinado comenzaba a sufrir un proceso más acelerado de descampesinización.

El neoextractivismo y la reconfiguración de la estructura de clases

La relación entre trabajo y clase se altera sustancialmente con la incorporación del orden agroalimentario neoliberal en la economía agraria del país desde la década de 1990. El tipo de relación con el capitalismo agrario global que condicionó fuer temente la reconfiguración de la estructura de clases resultó de la expansión de la economía brasileña, que fue ya visible tres décadas atrás en el inicio de la inserción progresiva de capital y de empresarios sojeros provenientes del Brasil. El desarrollo desigual se dio tanto al interior de Paraguay como entre los dos países y resultó de la expansión de la agricultura capitalista a escala global (^{Costa Garay 2014}).

El referido desarrollo asociado con la mayor economía de la región determina, en las décadas siguientes, cambios sustanciales en la estructura social con la sojización de la región oriental. El nuevo modelo extractivo con escasas regulaciones responde a la lógica de enclave ligado con Brasil y representa una nueva relación sociedad-naturale za, en tanto la naturaleza desempeña un papel de proveedor de recursos sin conside rar sus límites, ya que la soja transgénica reduce la sustentabilidad de la producción al no reponer, en tierras aptas, ni la mitad de los nutrientes extraídos. La misma lógica extractiva que lleva a la destrucción de los recursos naturales y a la alarmante defo restación que contribuye también al cambio climático termina castigando a los más pobres que sufren las consecuencias de la expansión del cultivo de soja transgénica (^{Fogel 2015}). La expansión de la producción de la soja transgénica se multiplica por tres en los años 2001-2016, llegando a 3 080 000 hectáreas y a 9 millones de tonela das en la campaña 2012-2013; la superficie cultivada es tan notable que desde el año agrícola 2002-2003 al 2015-2016 se multiplicó por 2,2 (cuadro 1).

Cuadro 1 Expansión de la superficie cultivada de soja 

Fuente: ^{CAPECO 2017}.

El insólito crecimiento del agronegocio en Paraguay responde a varios factores, algunos ligados con cuestiones institucionales como los altos niveles de corrupción, las peculiaridades de su estructura de clases con el notable peso de la oligarquía en el control del Estado, la calidad de sus recursos naturales, las tasas impositivas muy bajas y las condiciones favorables de los mercados internacionales con el sustancial aumento de la demanda de las commodities, particularmente del aceite de soja y de la semilla de soja. El notable incremento del precio de estos productos se refleja en la distribución presentada en la figura 1; así, el precio del aceite de soja entre 2002 y 2013 se multiplicó por más de tres. El incremento de los precios que impulsó el boom de las commodities cesó en 2013, pero la caída posterior no frenó la expansión de la soja que seguía siendo altamente rentable.

Fuente: UNCTADSTAT 2014

Figura 1 Índice de precios de soja y aceite de soja en el mercado internacional 2001-2014 (índice 2000 = 100) 

La intensa sojización tiene consecuencias estructurales, sociales, económicas y am bientales. Entre las consecuencias sociales, debe mencionarse el éxodo campesino y los estragos en la salud pública,¹ sin embargo, en este trabajo nos focalizaremos en la separación de los campesinos de su medio de producción acompañada de la dismi nución del trabajo asalariado rural.

El deterioro del sector campesino y la reconfiguración de la estructura agraria

Prestando atención a la reconfiguración de la estructura social agraria, se aprecia que una de las consecuencias más importantes de la expansión del agronegocio sojero es el debilitamiento notable de la agricultura campesina que ya se podía observar en 2008, año del último Censo Agropecuario (^{MAG 2009}). En ese año, la agricultura campesina tenía estratos muy diferenciados, así, de 117 229 unidades productivas censadas, casi la mitad del total de explotaciones campesinas tenía una superficie menor a cinco hectáreas con una extensión media de apenas 2,03 hectáreas; teniendo en cuenta que se trata de suelos desgastados, puede suponerse que estas explotacio nes campesinas -salvo el uso intensivo de fuerza de trabajo como en la producción hortícola- no tenían posibilidades de cubrir adecuadamente la subsistencia con lo obtenido en la producción de la parcela que detentaban (cuadro 2). Por lo tanto, este estrato no tiene condiciones para retener la fuerza de trabajo familiar.

El estrato siguiente de explotaciones que llegaban a 66 218 unidades productivas tiene una superficie media que no llega a siete hectáreas y se desenvuelve también en condiciones muy precarias en cuanto al medio básico de producción que es la tierra. El proceso de minifundización en los años 2001-2016 ha disminuido aún más el tamaño de estas parcelas que representan, entre los dos estratos de minifundios, el 63,5% del total de unidades productivas rurales.

Las unidades familiares campesinas que detentan 20 hectáreas y menos represen tan más del 80% de la denominada agricultura familiar campesina y, a pesar de la di ferenciación interna, comparten algunas características, pues aunque ese sector hasta principios de la década de 1980 contribuyó sustancialmente al total de las exporta ciones, ahora (2018) está confinado en su mayor parte a suelos marginales en parcelas pulverizadas, habiendo disminuido la superficie cultivada por estos productores de 685 056 hectáreas en 2002 a 339 525 en 2014 (^{Ortega 2016}), lo que equivale a una pérdida de más del 50% en 10 años. Pero no solo la superficie cultivada por el sector campesino disminuyó, sino que también los rendimientos bajaron dramáticamente; así, el algodón de 2041 kilos/hectárea en el año agrícola 1990-1991, llegó a 892 ki los/hectárea en 2012-2013 (^{Birbaumer 2017}).

En ese proceso, el actor campesino asentado en suelos viables está en vías de ex tinción. De manera fulminante, el agronegocio avanza expulsando a campesinos e indígenas y a comunidades enteras, reconfigurando el territorio. Pues aun cuando esa pequeña agricultura preste servicios ambientales, promueva una agricultura ecológica y un sistema alimentario saludable, es descalificada como arcaica y obstáculo para el desarrollo en la visión prejuiciada de los actores del agronegocio y considerada no viable por las políticas públicas.

Debido en gran medida a la expansión descontrolada del agronegocio, el campe sinado se reconfigura y repliega en áreas marginales; este estrato de productores de subsistencia que hubieran sido asalariados por otras unidades campesinas, quedaron, como se verá, con esa opción sustancialmente disminuida. En ese contexto de retrac ción de la economía campesina, el Estado identifica al actor campesino como objeto de políticas asistenciales, en vías de desaparición como sector productivo y, en la na rrativa de las gigantescas corporaciones biotecnológicas, los productores campesinos ya son descartados.

El proceso de concentración de la tierra que se acentúa con la expansión del agro negocio resulta notable desde mediados de la década de 1990, tal como puede verse examinando los cambios en el período intercensal 1991-2008. Por una parte, se ob serva la expansión de la frontera agrícola y, por otra, la disminución de las explotacio nes menores a 200 hectáreas, tanto en cantidad como en superficie, en contraste con las explotaciones mayores en tamaño que crecieron en los mismos aspectos (cuadro 3). El proceso de concentración de la tierra está estrechamente asociado con su aca paramiento por parte de productores brasileños que, en una suerte de prolongación de la economía brasileña, controlan la mayor parte de superficie de los departamentos fronterizos.

Cuadro 3 Variación en el período intercensal en la cantidad de explotaciones y en la superficie ocupada 

Fuente: ^{MAG 2009}.

La agudización de la concentración de la tierra se nota ya en el Censo Agrope cuario de 2008 (^{MAG 2009}), aunque el proceso es de larga data. En este sentido, a comienzos de este siglo la tenencia de la tierra en Paraguay mostraba el contraste entre muy pocos con mucha tierra y muchos campesinos carentes de ella; ya en 1997, Paraguay, con un Índice de Gini de 0,93, ocupó la penúltima posición en un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) sobre la dis tribución de la tierra abarcando 74 países (^{Hetherington 2014}); en un estudio más reciente de OXFAM sobre datos del Censo de 2008, este Índice llegó a 0,94 (^{Ezque rro-Cañete y Fogel 2017}).

Así, entre 1991 y 2008, la cantidad total de explotaciones agropecuarias dismi nuyó en 6,0%; el estrato de explotaciones menores a 200 hectáreas que comprende las unidades familiares campesinas se retrajo en cantidad y en superficie ocupada (15,6%). Durante ese período, la superficie total ocupada por el estrato de 20 hectáreas y menos disminuyó del 6% al 4%. Considerando un período de tiempo mayor, la superficie media de la agricultura familiar campesina asistida por el Ser vicio de Extensión Agrícola fue de 13,4 hectáreas en el año agrícola 1990-1991, la que descendió a 5,9 hectáreas en 2012-2013 (^{Birbaumer 2017}). En el estrato de explotaciones mayores a 500 hectáreas, éstas aumentaron en cantidad y en super ficie ocupada. La superficie ocupada por las explotaciones mayores a 100 mil hec táreas que llegaban a 600 se incrementó en un 30% durante el período intercensal considerado (cuadro 3).

En el estrato de propietarios de fincas que oscilan entre 31 mil hectáreas hasta más de medio millón de hectáreas, la mayor superficie corresponde al capital extranjero, incluyendo a la Secta Moon (590 mil hectáreas), al Grupo Espíritu Santo (136 559 hectáreas) y al Grupo Favero (129 817 hectáreas). El grupo de grandes propietarios incluye también a los más influyentes de medios de comunicación y al grupo de em presas del Presidente Cartes, lo que proporciona una evidencia adicional a la estrecha conexión entre monopolio de la tierra y poder político en Paraguay (^{Guereña y Rojas 2017}). Por ello, es importante notar que los dueños de la tierra están vinculados con el capital comercial y el capital financiero, además de sus actividades en el agronego cio como ganaderos o sojeros y, en algunos casos, como rentistas.

En una suerte de maldición de la soja transgénica, su tecnología va asociada con la creciente concentración de tierra. En ese sentido, la necesidad de más tierra resulta de economías de escalas de producción, uno de los cambios estructurales que trae apare jadas la tecnología RR de Monsanto,² que asocia la mayor rentabilidad con mayores extensiones de tierra. En efecto, las nuevas tecnologías de producción basadas en el paquete tecnológico bajan el costo de producción por hectárea y unidad de producto, viabilizando la incorporación de un nuevo equipamiento productivo asociado con aumento de capital, lo cual requiere para su amortización la incorporación de mayor superficie de tierra por unidad productiva (^{Fogel 2017}).

Del notable desarrollo del agronegocio sojero emergen nuevos sujetos que recon figuran la estructura de clases y comprenden actores globalizados como las grandes corporaciones del régimen agroalimentario neoliberal, los empresarios del agronego cio y los rentistas. Considerando las formas de tenencia de la tierra (cuadro 4), llama la atención la frecuencia de fincas detentadas o alquiladas y concomitantemente la de rentistas arrendatarios; en este sentido, resulta pertinente notar que las fincas meno res de 20 hectáreas que se consignan como sojeras en el Censo Agropecuario de 2008 (^{MAG 2009}) y que representan las dos terceras partes del total de explotaciones que en esa fuente figuran como productores de soja en realidad son fincas de arrendata rios, ya que la soja como cultivo de escala no es viable en explotaciones pequeñas. En el contexto emergente, los campesinos que acceden a parcelas con suelos apetecidos por el agronegocio con el arrendamiento de su tierra obtienen ingresos que difícil mente lograrían con la producción propia.

De los 22 456 propietarios que perciben rentas por arrendar sus tierras, 17 691 son pequeños productores que detentan parcelas menores de 20 hectáreas que dan en arriendo pequeñas superficies; en el otro extremo, 586 propietarios son rentistas con parcelas mayores a mil hectáreas cedidas en arriendo básicamente a sojeros, que perciben por lo menos medio millón de dólares al año por el alquiler de sus tierras (cuadro 4).

Por lo menos una parte de estos detenta tierras que son bienes públicos y que con forman casos emblemáticos de acumulación por desposesión. Por ello, resulta notable que 268 grandes productores con fincas mayores a mil hectáreas fueran registrados en el Censo de 2008 (MAG 2009) como meros ocupantes, pero podría suponerse que se trata de tierras fiscales y que quienes las poseen están usurpando bienes públicos.

En cuanto a los nuevos actores con posición dominante en la emergente estruc tura social, los más importantes llegaron al país con el régimen alimentario neo liberal. Entre ellos, los representantes de las grandes corporaciones trasnacionales que explotan biotecnología y que se constituyen como los protagonistas económicos más importantes en el régimen alimentario neoliberal. Las principales corporaciones transnacionales operan en el país y, en tanto actores globales, controlan diversas fases del proceso productivo, esto es: desarrollo, producción, procesamiento, exportación y/o distribución de los productos biotecnológicos, especialmente soja, aceite de soja y carne vacuna para sus clientes, los empresarios medianos y grandes del agronegocio a los que subordina.

A escala global, algunas de estas corporaciones controlan la producción de insu mos, mientras que otras monopolizan la exportación de los productos del agronego cio; incluso las que integran un tercer grupo también controlan el procesamiento. Solo cinco corporaciones -Syngenta, Dow, Basf, DuPont y Bayer-Monsanto- con trolan el 75% del mercado; y, luego de la fusión de Bayer con Monsanto, se espera que la transnacional resultante controle el 25% del mercado mundial de pesticidas y el 30% del mercado de semillas.

El poder económico de estas grandes corporaciones biotecnológicas y la narrativa de las mismas diseminada con el apoyo mediático, sumado a sus prácticas desho nestas, explican en gran medida la adhesión a sus ideas por parte de las élites locales que exaltan las supuestas bondades de la propuesta. Desde el Estado, el apoyo a estas corporaciones es incondicional y se da tanto a escala legislativa como judicial y gubernamental; el caso paraguayo evidencia que la acumulación por desposesión o usurpación de bienes públicos, básicamente de tierras fiscales en la fase neoliberal, se da con el uso creciente de la violencia con intervención del Estado, criminalizando la resistencia campesina. La separación campesina de sus medios de producción -pre vista por ^{Lenin (1972)}- se da más por la compulsión física directa que por mecanis mos de mercado.

En la fase de producción de los transgénicos, los empresarios son básicamente brasileños que acaparan las tierras arables y que están subordinados a las grandes corporaciones que controlan la tecnología y los mercados. Con la dinámica de la concentración, aumenta la superficie cultivada de soja y disminuye la cantidad de productores; los brasileños víctimas de la concentración de la tierra fundiaria anexa da por fincas más grandes acaban entregando sus tierras a proveedores de insumos y regresan a Brasil (^{Avalos et al. 2017} y ^{Lima 2016}).

En el caso de la carne bovina, la participación de empresas brasileñas se da en todas las fases de la cadena, abarcando la producción, procesamiento, exportación y distribución. Un caso que llama la atención es el de la JBS, una de las empresas cár nicas más grandes a escala global, que se hizo notable por casos de corrupción; esta empresa contó con multimillonarios subsidios del Gobierno brasileño por medio del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) (^{Última Hora 2017}; ^{ABC Color 2017}).

La expansión del agronegocio, tal como se dio y se sigue dando, que expulsa población sin generar empleo, reconfigura el territorio sin los actores tradicionales de mayor peso demográfico y sociocultural. En ese proceso, el Estado deja de ser productor de territorio y la configuración, producción y articulación del espacio pasa a ser controlada por actores dominantes con intereses que determinan las relaciones con los que aún permanecen en los espacios rurales severamente intervenidos.

Desarraigo y relaciones de trabajo

Con el marcado predominio del capitalismo agrario, corporizado en las empresas sojeras, no se dio un proceso de proletarización campesina que hubiera permitido la explotación del trabajo de los campesinos separados de sus medios de produc ción. Estos, ya desarraigados, optan por la migración; de hecho, con la expansión del agronegocio sojero, el trabajo asalariado temporal demandado básicamente por las unidades productivas campesinas disminuye entre 1991 y 2008 en un 75%, llegando la caída del empleo femenino a un 95% durante ese período, debido a la sustancial disminución de la producción de algodón, la disminución de unidades productivas campesinas y la pulverización de los minifundios. Sin embargo, el empleo asalaria do rural permanente no sufrió cambios en el período referido, permaneciendo en 81 700 trabajadores (cuadro 5).

Cuadro 5 Trabajo asalariado rural temporal y permanente, 1991-2008 

Fuente: ^{Riquelme y Vera 2013, 44}.

Antes de la expansión del agronegocio sojero en el sector del algodón, el capital extraía excedentes de los productores campesinos incorporados en forma subordi nada al mercado nacional de exportación por medio de una red de intermediarios o patrones que vendía el algodón a las desmotadoras de los exportadores (^{Weisskoff 1992}). Y los intermediarios, por su parte, extraían excedentes con la provisión de insumos y artículos manufacturados de consumo.

En las condiciones de deterioro de la agricultura campesina, la misma pierde ca pacidad de retener a la fuerza de trabajo familiar. Así, mientras en el año agrícola 1990-1991, considerando la población apoyada por servicios de asistencia técnica, tenían 6,8 personas por finca, esta cantidad se reduce a 3,8 en 2012-2013 (^{Birbau mer 2017}). La intensidad del desplazamiento de la fuerza de trabajo campesina por el agronegocio sojero se aprecia en la distribución del cuadro 6, donde se puede apreciar que, mientras las explotaciones menores a cinco hectáreas generaron en promedio empleo para 32 trabajadores permanentes y 234 trabajadores temporales por mil hec táreas, las explotaciones de mil hectáreas y más emplearon solo a un total de 28 233 empleos permanentes, lo que representa 1,1 trabajador por mil hectáreas. El trabajo temporal proporcionado por estas grandes explotaciones es menos de un trabajador. Esta disminución de la fuerza de trabajo implica también la reducción de fuerza de trabajo para la propia producción de subsistencia (^{Weisskoff 1992}) que hubiera per mitido subsidiar la fuerza de trabajo para el agronegocio que, como se vio, considera innecesarios a trabajadores campesinos; la contribución campesina al agronegocio se da por medio de la desposesión de sus tierras y los campesinos ya desarraigados optan por la migración.

Cuadro 6 Empleo por cada mil hectáreas según tamaño de finca. 

Fuente: CAN 2008, con base en ^{Birbaumer 2017}.

Los expulsados por la soja migran a cinturones urbanos en ocupaciones marcadas por la precariedad; de hecho, atendiendo a categorías de ocupación, mientras la terce ra parte de la población económicamente activa total son cuentapropistas y el 59,4% se ocupa en unidades productivas unipersonales o con menos de cinco trabajadores, el 44% de los asalariados del sector privado no percibe el salario mínimo vigente. Tras lo cual es importante destacar la fragmentación de los trabajadores que no desarrollan en relaciones de dependencia y que la población ocupada en el sector primario solo llega al 21,7% (^{DGEEC 2016}).

Los estudios sobre el trabajo en Paraguay coinciden en la inserción laboral preca ria que predomina especialmente en jóvenes, población rural y mujeres (^{OIT 2014}); con el vuelco de la agricultura hacia los servicios, el 45% de los nuevos empleos se da en el pequeño comercio. Se trata de empleos informales, de baja productividad y pobremente pagados (^{Banco Mundial 2017}); el 80% de los ocupados tiene empleos que no pueden considerarse de calidad (^{Fernández 2015}). Solo el 16% de los ocupa dos en el país trabaja en empresas con más de 20 trabajadores y los complejos agroin dustriales que procesan el aceite de soja solo dan ocupación a 1361 personas debido a su elevada tecnificación (^{Levy et al. 2018}). Un estudio reciente resalta el hecho de que la demanda de trabajo librada al mercado desregulado no implica trabajo decente para todos ni seguridad social, sino más bien su precarización creciente (^{Lachi y Rojas Scheffer 2015}).

Asimismo el remanente de la población campesina queda dañado en su salud debido a la exposición directa a los biocidas utilizados en los cultivos transgénicos, lo que constituye un menoscabo del colectivo campesino. La figura 2 ilustra los estragos causados por los agrotóxicos reflejados en crecientes tasas de mortalidad por mega lomas malignos. Las estadísticas del ^{Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (2017)} muestran también cómo escala la tasa de mortalidad infantil por deforma ciones congénitas; los registros del Sistema Nacional de Estadísticas Biosanitarias son deficientes en el caso de alteraciones neurológicas también causadas por exposición a plaguicidas, según abrumadora evidencia de investigaciones en ciencias biomédicas (^{Fogel 2017}).

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 2017

Figura 2 Cáncer. Tasa de mortalidad por 100 mil habitantes 

La lucha social en el campo. Escenarios

En la nueva matriz socioeconómica paraguaya, los actores dominantes son los agentes de las grandes corporaciones biotecnológicas y sus clientes, los empresarios del agro negocio sojero. Una sociedad fragmentada como la que se describió a lo largo de estas páginas, sin articulaciones centrales que den dirección y firmeza a sus movimientos, no da sustento a actores sociales esenciales. Más bien, el papel de clase subalterna para sí, con conciencia de sus intereses como colectivo y con propuestas para su prosecución, corresponde básicamente a los campesinos organizados que ahora están severamente afectados por el agronegocio fuertemente apoyado por el Estado. Expul sados del campo, los desarraigados se integran a una masa fragmentada y creciente de trabajadores urbanos y la lucha social se debilita.

A su vez, el desarrollo de las fuerzas productivas y la biotecnología de las grandes corporaciones provocan el desarraigo campesino sin llegar a la proletarización; siendo éstas portadoras de las semillas de su destrucción, junto con el uso creciente de bioci das, no logran controlar las plagas que ella misma genera y, en ausencia de una lucha social fuerte, autodestruyen al campesinado.

Para concluir

Las proposiciones planteadas muestran diversas consecuencias de la producción de cultivos transgénicos que dinamizan el régimen alimentario neoliberal. Además del apoyo irrestricto del Estado, el agronegocio, articulado por grandes corporaciones biotecnológicas, requiere de un tercer pilar, el de la tecnología de la ingeniería gené tica, que es capital intensivo y en esa medida ahorrador de fuerza de trabajo. Esta es una de las manifestaciones del desarrollo agrario capitalista actual que desarraiga a poblaciones campesinas sin proletarizarlas.

El uso no sostenible de los recursos naturales por parte del agronegocio impedi rá a mediano plazo la reproducción de la tecnología en uso. La misma, además de producir daños irreversibles en el medio ambiente, causa severos daños en la salud. Estudios biomédicos referidos muestran la relación entre exposición a plaguicidas, utilizados crecientemente por los cultivos transgénicos, con daños neurológicos, dis tintos tipos de cáncer y malformaciones. Como en toda investigación, ésta plantea nuevos interrogantes y la necesidad de profundizar algunos aspectos particularmente relevantes, tal es el caso de la incidencia del neoextrativismo en la salud pública, que serán encarados en futuros trabajos.