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Introducción
Brasil es uno de los países más desiguales del mundo. Una de las dimensiones en la que se sustentan las inequidades es la tendencia a la elitización de la política. Diniz et al. (1989) sostienen que la transición hacia la democracia no supuso una ruptura en relación con el estilo autoritario y la histórica distancia entre los dirigentes y sus bases sociales; por el contrario, el accionar estatal se mantuvo como algo cerrado, de baja visibilidad y transparencia, sumado a una ausencia de mecanismos de rendición de cuentas (accountability) y vínculos de naturaleza clientelista y de prebendas. La complejidad social y la pluralización de las identidades que emergieron en la transición democrática (Domingues 2009) y que impulsaron durante las últimas décadas el accionar de un amplio conjunto de nuevos movimientos sociales no se tradujo en una transformación sustantiva de los mecanismos de las cúpulas predominantes en el funcionamiento del Estado y en la política brasileña. Los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), más allá de las profundas transformaciones sociales y la reducción de ciertas desigualdades económicas, tampoco parecen haber modificado sustantivamente esta lógica y la reciente crisis institucional1 se presenta como la prueba más fehaciente de ello.
Por otra parte, este funcionamiento de las instituciones públicas debe considerarse de modo relacional. Las características que asumen los mecanismos existentes para la toma de decisiones surgen de la lucha social, del conflicto entre los diversos actores organizados que pugnan por establecer y consensuar los principios normativos por los cuales regirse. Los derechos políticos y ciudadanos no deben entenderse como un universo al que se accede, sino como un proceso dinámico que define sus alcances y dimensiones en la lucha política (Machado da Silva 2004). De este modo, los derechos ciudadanos no son un a priori que se conquista, más bien, son una práctica que se construye y (re)produce constantemente, y mediante ella se sedimentan progresivamente ciertas pautas ilegítimas de funcionamiento de la política.
Los contenidos y características que asumen estas luchas se encuentran en estrecha relación con la cultura política predominante y con las capacidades de las organizaciones para llevar adelante sus reclamos. De esta manera, las movilizaciones políticas y sus formas concretas de articulación se vinculan con los procesos de significación social. En otras palabras, la definición de aquello que es “disputable” y de los mecanismos para encauzar esas luchas se encuentra atravesada, por un lado, por la constitución identitaria de un nosotros y unos otros, una subjetividad colectiva (Domingues 1999) que presupone ciertos sentidos comunes en la construcción de significados que hagan plausible esa indignación, ese móvil que subyace a la movilización de un conjunto de personas (Cefai 2009). Por otra parte, se encuentran las organizaciones que canalizan esas preocupaciones, con sus respectivas formas y repertorios de acción, fruto de su propia historia constituida sobre la base de ciclos de luchas e interacciones pasadas y presentes (Tilly 1978).
En el caso de las organizaciones consideradas aquí, la identidad que unifica y moviliza a estos actores se construyó a partir de la favela. Desde estos territorios, históricamente, sus habitantes han encontrado los enclaves que constituyen sus móviles políticos.2 Es en estos lugares que se forja esa subjetividad colectiva que posibilita la organización que impulsa los reclamos de estos sectores, vinculados, generalmente, con los problemas de estos espacios (Machado da Silva 2002). La favela como identidad supone una construcción conceptual utilizada para conferir un sentido determinado sobre las situaciones y características de estos territorios, al mismo tiempo que enmarca las experiencias de sus habitantes, contribuyendo con la construcción de ciertos sentidos compartidos por los residentes de estos espacios. Cabe resaltar que este constructo se ha forjado históricamente sobre la base de los escalafones más bajos de las diversas jerarquías sociales -concretamente, las étnico-raciales, socioeconómicas, éticas y territoriales-. La aceptación de estas jerarquías y principalmente de la desigualdad como principio normativo, es la base de la integración subordinada (Machado da Silva 2002) de estos sectores sociales. Esto marca, decididamente, los sentidos que definen lo disputable para los habitantes de estos territorios y las estrategias para llevar adelante estas luchas.
En ese contexto, este artículo indaga en las características que asumen las prácticas políticas y los movimientos que articulan la organización de los sectores populares en la ciudad de Río de Janeiro, a partir de un estudio etnográfico realizado entre 2010- 2015 sobre las disputas en torno a las obras de urbanización en la favela Santa Marta. Con este objetivo, en primer lugar, se discute la incidencia de la violencia urbana en las prácticas políticas de las favelas; en segundo lugar, se presentan sucintamente las políticas de urbanización y los efectos sobre las organizaciones locales; y por último, se indaga en la organización de los habitantes de estos territorios en relación con los realojos del área denominada como Pico del morro en un contexto marcado por las obras para los megaeventos3 donde más de 200 mil personas fueron realojadas.4
Política y violencia urbana
En Río de Janeiro, al igual que en la muchas ciudades de América Latina, buena parte de los debates sobre las prácticas políticas de los sectores populares se han organizado mayoritariamente en función de dos enclaves: por un lado, las discusiones sobre las nociones de clientelismo y ciudadanía (Machado da Silva 1967; Diniz 1982; Zaluar 1985; Gay 1996; Alvito 2001; Burgos 2003; Valladares 2005) y, por otro, los movimientos sociales y el crecimiento del tercer sector (Diniz 1983; Boschi 1987; Diniz et al. 1989; Machado da Silva y Ziccardi 1983; Machado da Silva y Ribeiro 1985; Zaluar 1998; Burgos 1998; Machado da Silva 2002; 2004; Domingues 2009; Cortés 2014).
Durante las últimas décadas, el crecimiento exponencial de la violencia urbana aglutinó las preocupaciones públicas y las discusiones sobre sus consecuencias en la organización social. Las favelas se encuentran en el centro de este debate, en la medida en que en estos espacios se exponen las escenas más truculentas de las confrontaciones armadas y las peores consecuencias de las mismas. Las disputas entre los narcotraficantes -quienes adoptaron a las favelas como centros logísticos de acopio, fragmentación, distribución y comercialización de cocaína (Machado da Silva 2012)- y la policía militar -guiada por las premisas de la “guerra al crimen” que implican “eliminar” al enemigo (Misse 2010) y una opinión pública que apoya la represión violenta (Leite 2000)- en definitiva han alterado profundamente la vida en estos territorios y su organización política.
En primer lugar, Bourgois (2010) sostiene, con base en su trabajo de campo en Harlem en 1980, que los procesos de significación social en los contextos signados por la violencia urbana desarrollan ciertas particularidades. Una de ellas versa sobre la interiorización de los estereotipos negativos con los que se designa a los ejecutores de esa violencia, lo que refuerza la búsqueda por diferenciarse de estos estigmas mediante la exacerbación de la pertenencia a los valores hegemónicos, lo que Machado da Silva (2008) definió como limpieza simbólica. Wacquant (2010, 199) incluso va más allá y señala que una manera de evitar este estigma es pasárselo al otro, es decir, identificar al de al lado como ese sujeto estereotipado, retroalimentado este mismo proceso y fortaleciendo este fenómeno que “genera distancia social entre los residentes, crea desconfianza social y socava cualquier forma de solidaridad, así como la posibilidad de acción colectiva, e incluso la capacidad de protestar”. Esto se trasluce en las favelas cariocas en el uso del gentilicio “favelado” para la categorización de “otros” habitantes de estos espacios.
Esta noción es utilizada para designar y diferenciarse de los niveles más bajos de las jerarquías económicas, políticas y educativas, e incluso de la autosustentación material frente a aquellos que usufructúan de ciertas políticas sociales de transferencias de ingresos. Esta preocupación por distanciarse y exacerbar la pertenencia a los valores hegemónicos conlleva, por un lado, una fuerte fragmentación interna de las identidades, lo que dificulta la formación de un “nosotros”, dimensión necesaria para la edificación de cualquier reclamo colectivo. Por otro lado, la limpieza simbólica implica una defensa del statu quo y una postura fuertemente acrítica de las acciones del Estado en estos territorios, más aún sobre aquellas que poseen un fuerte consenso social, como es el caso de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP). Incluso, buena parte de los reclamos sobre el uso desmedido de la violencia policial versa, solamente, sobre su falta de selectividad (Machado da Silva 2008).
Por otra parte, en los territorios marcados por la violencia urbana, destaca Bourgois (2010, 62), predomina el silencio sobre los aspectos relacionados con la misma, como una medida de precaución que termina diluyendo habilidades sociales, aislando a las personas unas de otras, dificultando las acciones políticas y las organizaciones colectivas. En esta línea, Machado da Silva sostiene que “uno de los efectos y componentes del orden social violento es la ley del silencio”, el cual “parece ser más pernicioso de lo que normalmente se imagina: no se trata apenas de cerrarse para los “de afuera” […], sino de la incomunicación entre sus propios miembros producida por el miedo y por la desconfianza” (Machado da Silva 2000, 43).
El miedo y la desconfianza hacia los otros y hacia las organizaciones políticas en el sentido más amplio es una constante en estos espacios urbanos y un tema discutido en la literatura (Borges 2003; Leite 2008; Birman 2008). Esto, además de atentar contra la participación de los habitantes en los ámbitos colectivos y manifestaciones públicas, vuelve más frágil aún los soportes necesarios para la articulación de acciones y, principalmente, de manifestaciones públicas, las cuales habitualmente se terminan por circunscribir al espacio físico de la favela. Por otra parte, cuando las movilizaciones políticas de los favelados atraviesan las fronteras de estos territorios hacia los espacios públicos, son usualmente catalogadas en los medios de comunicación y por dirigentes políticos como actos que responden a los intereses de los narcotraficantes, reforzando el vínculo entre estos territorios y sus moradores con los agentes designados como responsables de la violencia urbana. De esta manera, sistemáticamente se coloca un manto de duda sobre las denuncias y reivindicaciones impulsadas por estas organizaciones, contribuyendo con su descrédito (Leite 2008).
Según un dirigente de la Asociación de Moradores de Santa Marta, detrás de estas acusaciones se encuentran aquellos que procuran debilitar o “fragilizar” la organización interna de las favelas para disminuir la resistencia a las intervenciones públicas y privadas en estos espacios.
- Dirigente: El nombre de eso es criminalización. La sociedad criminaliza a las favelas. Hoy nuestra lucha es descriminalizar a las asociaciones de moradores, hoy para la sociedad todos los presidentes de las asociaciones de moradores son conniventes con el narcotráfico, son asociados al narcotráfico… Queda muy fácil, porque cuando el Estado quiere sacar a alguien de la asociación, sale diciendo que el presidente es narcotraficante, dicen eso en la televisión y acabó con esa asociación. - Entrevistador: Pero, ¿qué está por detrás de esas acusaciones? - Dirigente: Fragilizar, fragilizar la organización y las comunidades quedan sin representatividad, y ahí ellos hacen los que ellos quieren. Cuando tienes representatividad, ellos saben que tú puedes tener un movimiento, darle una organización, una unión con otras asociaciones (entrevista con dirigente de la Asociación de Moradores de Santa Marta, octubre de 2014).
Además, Burgos (1998) sostiene que la criminalización de las organizaciones de las favelas dificulta la articulación con otros movimientos sociales y particularmente con los partidos políticos, que prefieren evitar un posible escándalo público. Tal vez esta sea la explicación de la escasa presencia de los partidos políticos brasileños en las favelas cariocas. Más allá de algunos militantes, y principalmente de personas con vínculos con ciertos jerarcas políticos, es sumamente extraño encontrar algún tipo de representación partidaria institucional en estos territorios. Incluso buena parte de los movimientos sociales que operan en estos espacios se adscriben a las miradas autonomistas del Estado y, por tal motivo, poseen vínculos y relaciones no orgánicas con los partidos políticos, incluidos los movimientos de izquierda.
Por último, desde finales del año 2008, a raíz de los fracasos sucesivos de las políticas de seguridad pública orientadas por la guerra al crimen y el desarrollo de los megaeventos donde Río de Janeiro ocupó un lugar central, se instalaron en las favelas las denominadas Unidades de Policía Pacificadora (UPP). Esto supuso una nueva complejidad para la organización política de los habitantes de estos espacios. En primer lugar, esta política retoma las premisas históricas que designan a las favelas como espacios regidos por una lógica distinta a la hegemónica y, por tal motivo, sostienen que estas unidades simbolizan un “avance” del Estado sobre espacios gobernados por la “ley del narcotráfico”. De este modo, las UPP, como parte de sus cometidos, se proponen normativizar estos territorios y lo realizan mediante una lógica plenamente autoritaria. Esto implicó que las actividades culturales, sociales y políticas dentro de las favelas requirieran de la autorización previa de la autoridad de las UPP, lo que trajo aparejado fuertes conflictos y una redefinición de las movilizaciones locales. En segundo lugar, estas unidades se transformaron en los interlocutores territoriales de ciertas agencias del Estado y de organismos internacionales, así como de determina das organizaciones sociales y también de empresas privadas que han desarrollado diversas intervenciones en las favelas con UPP como una señal de apoyo a esta política de seguridad pública. Esto atentó contra las organizaciones locales de la favela y la manutención de canales de diálogo y negociaciones con las instituciones públicas, así como la articulación con otras organizaciones sociales y fundaciones privadas.
Estas unidades han posibilitado la regulación de los servicios públicos y la formalización de la economía de la favela permitiendo que el mercado “suba” al morro, pero sin que suceda lo mismo con las garantías de una ciudadanía plena (Ost y Fleury 2013). Si antiguamente los reclamos sobre los servicios públicos eran canalizados por medio de las asociaciones de moradores, ahora estos deben realizarse directamente a las empresas. Esto generó que buena parte de los socios y contribuyentes que financian estos movimientos dejaran de aportar, dudando de su utilidad práctica en el nuevo contexto. Por otro lado, a partir de la formalización de la economía de la favela, los comerciantes constituyeron sus propias asociaciones, impulsadas por la prefectura de Río de Janeiro, donde se discuten estrictamente los problemas relacionados con sus actividades. Esto también incidió en la pérdida de centralidad de las asociaciones de moradores como centro de articulación política de los habitantes de las favelas.
Si la propia identidad de los favelados y la aceptación de la desigualdad como principio normativo atenta contra la movilización colectiva, estableciendo un sentido de lo disputable reducido y distante, la violencia urbana minó las bases de la esfera pública de la favela en múltiples niveles, que van desde las discusiones cotidianas en estos territorios hasta la construcción simbólica de este problema que posiciona a los favelados y sus organizaciones como una amenaza. Estos elementos son centrales a la hora de comprender las dimensiones que poseen las acciones políticas y las manifestaciones públicas de los habitantes de estos territorios.
Las obras de urbanización en Santa Marta
Durante la década de 1990 comenzó el emblemático programa de urbanización denominado Favela-Barrio. Este, bajo los influjos de las luchas urbanas durante la década de 1980, se propuso transformar estos territorios en espacios “integrados” a la ciudad formal desde el punto de vista de la infraestructura urbana. Conjuntamente se planteó la necesidad de negociar estos proyectos con los representantes de las favelas, con el objetivo de que las características que asumieran estas obras fueran el fruto de un acuerdo entre las partes. De este modo, se estableció un espacio formal que incluía directamente en la gestión pública a las asociaciones de moradores, lo que significaba un canal de diálogo directo entre las favelas y el Estado. Las consecuencias que tuvieron las primeras acciones del Favela-Barrio fueron múltiples y ampliamente debatidas. Por un lado, Burgos (1998) señala que el histórico déficit político de las favelas estaba siendo suplido por este programa: “A través de él, el poder público se aproxima a los excluidos y puede ver y escuchar de cerca aquello que ya no se consigue expresar en la arena política”. Agrega que si la Prefectura extiende el programa a todas las favelas de la ciudad, podemos esperar que se favorezca una revitalización de la capacidad de organización política de las favelas incidiendo positivamente en la reducción del déficit de derechos sociales y políticos mediante la democratización de las instituciones (Burgos 1998, 51).
Por otra parte, Machado da Silva (2002, 12) argumenta que, como instrumento de democratización, el programa Favela-Barrio no solo tiene un papel limitado, sino que resulta contraproducente, en la medida en que la argumentación técnico-financiera sobre la que se fundamenta el proceso selectivo excluye a los moradores y a sus organizaciones de tal decisión. Asimismo, los conflictos entre los órganos involucrados y la falta casi absoluta de coordinación completan la opacidad en la toma de decisiones, lo cual, además de encarecer y atrasar la implementación, conlleva la necesidad de reiterar la selección. Esto, según Machado da Silva (2002, 13), redunda en que no solo permite sino que “estimula la manipulación política y canaliza la movilización, segmentándola y circunscribiéndola a la cuestión de cómo, a partir de criterios cuya determinación fue inaccesible, cada favela consigue localizarse individualmente”. Esto agregó un nuevo nivel de complejidad para la organización política de los sectores populares ya que “todo esto provoca una pulverización hiperlocalista de los intereses, enflaquece el conjunto de las movilizaciones y despolitiza las reivindicaciones, circunscribiéndolas a la dimensión administrativa y técnico-financiera en la calidad de pequeños lobbies” (Machado da Silva 2002, 13).
En este escenario, en 2004 comenzaron las obras de urbanización en la favela Santa Marta, ubicada en la zona sur de Río de Janeiro, donde habitan aproximadamente 6 mil personas. Como lo estipulaban los programas mencionados, las obras en Santa Marta fueron acordadas con una comisión de representantes de la favela donde, según lo expresado por uno de sus integrantes, se trazaron los lineamentos de la urbanización. En la primera parte de las obras acordadas se construyeron: la red de agua potable, los desagües pluviales de las casas y de las veredas, que también fueron construidas en esta fase al igual que las escaleras de hormigón, las barandas de seguridad, el plano inclinado5 y las viviendas en la favela para aquellos que perdieron su hogar como consecuencia de las obras. Esta fase concluyó en mayo de 2008, meses antes de la implementación de las UPP, y no culminó la totalidad de las obras previstas; entre las ausencias más notables, se encuentra el plano inclinado del otro lateral de la favela. Más allá de esto, el conjunto de obras es descrito por los habitantes de Santa Marta como una transformación radicalmente positiva. Además de los beneficios evidentes, el plano inclinado posibilitó la recolección de residuos en la favela, con todo lo que esto implica en términos sanitarios, sumado a su uso para transportar materiales de construcción, electrodomésticos pesados y garrafas de gas. Una habitante de Santa Marta describe estas transformaciones:
- Yo bajaba embarazada, con mi primera hija fue tranquilo, pero la segunda fue difícil porque ella fue muy grande, estaba con una barriga gigante y tenía que bajar (desde la mitad del morro) con esa barriga y mi otra hija en brazos, cargaba con una dentro y otra afuera, fue muy difícil, mucho trabajo porque mi marido tenía que trabajar para sustentar la casa, en ese momento la cosa no daba para hacer otra cosa, bajaba para el prenatal, el control del pediatra, todo… Me emociono solo de recordarlo. Todavía, los días que llovía mucho, me colocaba una bolsa en los pies, para no llegar llena de barro, toda sucia; no da para ir al doctor con tierra en los pies. Era más difícil bajar, con las obras mejoró mucho. - ¿No había médicos que llegaran hasta acá? - No, no había no, nosotros teníamos que llegar hasta a ellos, ni la sala (de atención médica) de abajo estaba en 2004 (entrevista con una habitante de Santa Marta, agosto de 2013).
Sin pretender restar importancia a las obras realizadas, resulta evidente que estas no presentan la misma calidad que las efectuadas en otras partes de la ciudad. Sin ingresar en los detalles estéticos -por mencionar un ejemplo ninguna de estas obras tiene revestimientos ni terminaciones- además de la ausencia de saneamiento cloacal, los desagües pluviales tienen varias partes a cielo abierto que funcionan como válvulas de escape cuando se satura la capacidad de bajada de los caños o se obstruye de algún modo. Esto significa que cuando llueve mucho o se junta mucha basura, dos situaciones que son habituales, los caños se desbordan e inundan partes de la favela. Cabe destacar que en estos desagües circulan todos los efluentes no sanitarios de los hogares, generando además de males olores, focos infecciosos. En este sentido, estas obras reflejan el doble estándar que tiene el Estado a la hora de realizar intervenciones urbanas y negociarlas con sus respectivos habitantes. Esto refuerza la condición de “ciudadanos de segunda” para los cuales se instrumentan las soluciones más económicas y precarias en oposición a las inversiones realizadas en otras partes de la ciudad. Sin embargo, en la memoria colectiva de los habitantes de Santa Marta aún prima el recuerdo de lo que era la favela antes de las obras y cómo estas contribuyeron a mejorar su vida.
En línea con Favela-Barrio, el programa Morar Carioca, lanzado por la Prefectura de Río de Janeiro en 2009, prometía, una vez más, construir ámbitos de diálogo efectivos con los habitantes de las favelas para desarrollar proyectos de urbanización de forma articulada. Sin embargo, luego de varios meses de trabajo y concursos abiertos, la Prefectura decidió desmantelar los proyectos alegando problemas financieros. Una vez más, los favelados que participaron de estas instancias se veían presos de la frustración y desconfianza del accionar estatal, cuyos criterios de funcionamiento aparecen como opacos e ilegibles.
Con la desarticulación de las instancias de negociación del Morar Carioca, los habitantes de esta favela perdieron todo tipo de contacto formal con la Prefectura y el transcurso del proyecto de urbanización. En noviembre de 2011, a partir de un rumor que llegó a uno de los referentes de los movimientos sociales de Santa Marta, sus habitantes se enteraron que serían retomadas las obras en la favela y que existía una licitación abierta que implicaba realojar un conjunto de viviendas.
Cabe destacar que en 2009, como parte del proyecto de urbanización, la Prefectura instaló en Santa Marta un Puesto de Orientación Urbanística y Social (POUSO), el cual tenía como principales objetivos: mapear y regularizar las construcciones existentes en la favela, fiscalizar las obras de construcción de las casas y todas las acciones referidas a la concesión de la autorización oficial para habitarlas con miras a la futura regulación de la tenencia de la vivienda y el suelo (Cunha y Mello 2011, 461). En este marco, en el año 2010, el Instituto de Geotécnica del Municipio de Río de Janeiro efectuó un mapa geotécnico -un estudio sobre las propiedades del suelo y de las rocas en función de las edificaciones realizadas- para definir potenciales áreas de riesgo. Este trabajo concluyó que existían 18 mil viviendas en 117 favelas en zonas de “alto riesgo”.6 A partir de esta definición, los habitantes de estas casas serían realojados, en principio, en viviendas del programa Minha Casa, Minha Vida o recibirían alquileres sociales (Aluguel Social), lo que supone en ambos casos trasladarse a zonas periféricas de la ciudad.
En Santa Marta fueron identificadas inicialmente 52 casas en lo que se conoce como el Pico do morro. Sin embargo, según algunos habitantes de esta área, en la región delimitada hay 150 viviendas. Si bien estas viviendas estaban incluidas en el plan de urbanización original acordado con los representantes de la favela, fueron excluidas de las obras ejecutadas en la primera fase, por lo que hasta el presente tienen caños aéreos para recibir agua, los caminos son de tierra rellenados con escombros, no poseen alumbrado público, el saneamiento y los desagües son con pozos negros.
La organización en torno a la erradicación del Pico del morro
Frente al supuesto reinicio de las obras, los referentes políticos locales y otros vecinos convocaron a una asamblea para organizarse frente a los realojos de viviendas del morro:
Tomé la iniciativa de convocar esta reunión, porque desde el fin de la primera parte de la urbanización en el año 2008, las obras están paradas […] desde nuestro grupo venimos reclamando al Estado la presentación del nuevo proyecto, porque ellos cambiaron el proyecto original de urbanización […] pero no tenemos la información sobre lo que ellos cambiaron […]. Oficialmente nosotros no sabemos nada, yo conozco a personas que trabajan en el gobierno y me dijeron que la intención es trasladar a las personas de la parte alta para un edificio de aquella región de la piedra, al lado de las UPP. Por eso es que estamos pidiendo la nueva presentación del proyecto para poder discutir qué es lo mejor, ellos van a comenzar las obras de nuevo, ya tienen un acuerdo con la empresa que hizo el muro.7 Esa es la información que yo tengo (transcripción de un fragmento de la presentación inicial de la asamblea por parte de una referente de los movimientos sociales de la favela, noviembre de 2011).
En esta instancia participaron unas 35 personas aproximadamente, las cuales en su mayoría eran damnificados por las obras de urbanización de la primera fase o habitantes de la zona a ser hipotéticamente intervenida y que nadie tenía la menor idea en qué consistía exactamente dicha intervención. Por tal motivo, el citado referente llamó a la unidad de todos los habitantes, en la medida en que nadie conocía los cambios en el proyecto y lo que se iniciaba en el Pico no se sabía dónde terminaría:
Este no es un problema del Pico, es un problema de todo Santa Marta, si nosotros no hacemos una fuerza ahora, ellos van a continuar y nadie sabe lo que está en ese proyecto. Entonces todo el mundo tiene que participar, porque hay mucha gente del Pico que está dudando, “si ellos dan una casa está bien, yo salgo”. Ese “está bien” es muy complicado, nosotros no podemos aceptar la primera propuesta, hay que tener alguna resistencia para sacar una cosa mejor […] ¿Cuál es el tamaño del apartamento que ellos van a entregar? Esos de acá abajo son mayores que los últimos que hicieron que son muy pequeños, o aquellas casas de dos pisos, ¿cuál es el criterio? (Transcripción de un fragmento de la presentación inicial de la asamblea por parte de una referente de los movimientos sociales de la favela, noviembre de 2011).
El presidente de la asociación de moradores también participó de este encuentro y señaló que, luego de enterarse del reinicio de las obras, llamó al entonces responsable de la Dirección de Obras Públicas y actual gobernador del estado de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, para reclamarle por la falta de diálogo. Según su relato, este le comunicó que construirían cuatro edificios en la favela para los futuros desplazados, información que incrementó aún más la incertidumbre y las dudas acerca de la magnitud de las obras.
Sin embargo, el consenso entre gran parte de los participantes de esta reunión era no confiar en el gobierno y organizarse en torno a los puntos centrales que debían ser discutidos con los representantes estatales cuando llegara el momento.
Hay mucha gente que creyó en el gobierno, salió de la casa y se jodió, ahora no cobran ni el alquiler social, son ellos mismos que están pagando el alquiler (fragmento de la exposición de un morador del Pico de Santa Marta, noviembre de 2011).
Otro de los participantes trajo a colación el rol del POUSO, en la medida en que se necesita la autorización de esta institución para hacer reformas edilicias y, en los hechos, esto se transformó en una prohibición de las construcciones y del mantenimiento necesario en las viviendas, incluso de aquellas cercanas a la floresta atlántica y el desgaste de los materiales que esto supone.
Lo que las personas del Pico queremos es tener derecho a quedarnos en el Pico, tener derecho a hacer las mejoras sin el control del POUSO, que dijeron que estaban para ayudarnos, arquitectos e ingenieros, pero al final ellos solo están para controlarnos. Nosotros queremos calles, abastecimiento de agua, iluminación, la Light8 sacó las viejas (lámparas) y no colocó nuevas, estamos en la oscuridad, pagamos la tasa de alumbrado público […] Ellos tienen que presentar el proyecto con claridad y conversar con nosotros y considerar nuestra opinión (referente de los vecinos organizados en torno a la erradicación del Pico del morro, noviembre de 2011).
En estas experiencias e intercambios se alimenta tanto la desconfianza hacia el accionar estatal como se refuerzan las conceptualizaciones sobre su carácter autoritario. En paralelo, y frente al inicio de actividades públicas para dar a conocer su situación a los demás habitantes de la favela, la indignación inicial se comenzó a transformar en una demanda colectiva que se proponía elaborar un conjunto de puntos para, eventualmente, negociar con el gobierno. La primera de estas actividades fue en diciembre de 2011, en la cancha de fútbol situada entre la UPP y el Pico, con una concurrencia aproximada de 30 adultos y una gran cantidad de niños. Nótese que la cantidad de participantes ni siquiera alcanza a la totalidad de los posibles damnificados, sumado a que varios de los presentes no son habitantes de Santa Marta. En esa oportunidad tomaron la palabra uno de los damnificados por el desalojo del Pico y un referente de los movimientos sociales. Además de repasar las condiciones de vida en esta parte de la favela y el notorio empeoramiento desde la instalación del POUSO a raíz de la prohibición de efectuar mejoras en estas viviendas, ambos revindicaron la organización política de los habitantes y convocaron a la unión de Santa Marta para luchar contra las remociones de las viviendas. La falta de atención de los concurrentes a este evento resultaba llamativa: las personas continuaron tomando cerveza y conversando mientras que unos pocos escuchaban los breves discursos, exponiendo de algún modo las expectativas depositadas en estas acciones y en la política como mecanismo de transformación social. En los días siguientes a este hecho, se pintaron carteles, colocados en las viviendas y en los muros de piedra del Pico, con leyendas contrarias al desalojo y sintetizadas en la frase: “Favela modelo, de qué? Expulsão branca”.9 Esta consigna refleja la definición de las autoridades estatales sobre Santa Marta como la “favela modelo” de las políticas públicas y el incremento en los costos de vida en estos territorios que simboliza un realojo encubierto.
Este fue el puntapié inicial de un conjunto de actividades de similares características que buscaron encolumnar a la población de Santa Marta detrás de esta problemática y, en un sentido más amplio, los movimientos sociales procuraron fortalecer a los favelados como un actor político, capaz de posicionarse en el espacio público y desarrollar un diálogo abierto y democrático con las instituciones estatales. En palabras de uno de estos referentes:
Luchar por derechos es una cosa que debería ser común, pero aquí en Brasil no lo es. ¿Qué es derecho? ¿Quién debe luchar por derechos? Aquí las personas no son estimuladas para eso […] Hay que ser pacíficos, ¿Qué es ser pacífico? Es pedir, por favor, ¿me das una casa para vivir? Esperar que alguien lo resuelva por uno… nosotros no somos estimulados a ser protagonistas, nosotros siempre somos estimulados a esperar que alguien haga las cosas por nosotros (entrevista a referente de los movimientos sociales de Santa Marta, noviembre de 2014).
Esta mirada difiere de las posturas políticas que se presentan como “pragmáticas” en la favela, más centradas en la resolución de las problemáticas cotidianas y articuladas, en buena medida, a partir de una red de contactos interpersonales, como lo describe un dirigente de la asociación de moradores:
Nosotros estamos para aproximarnos al gobierno […] El gobernador es nuestro amigo, el prefecto es nuestro amigo […] cerca de ellos tenemos más chance de traer recursos, obras e infraestructura para nuestras comunidades (entrevista con dirigente de la Asociación de Moradores de Santa Marta, octubre de 2014).
No obstante, estas posturas no condicen necesariamente con la polarización conceptual resaltada en parte de la literatura sobre la política en las favelas. Estas definiciones son dinámicas y, en los hechos, nada impide que no se puedan articular entre sí en la búsqueda de un objetivo determinado. No obstante, estas concepciones sientan las bases de las lógicas organizativas de la política en estos territorios, en esta línea, los habitantes del Pico, en cuanto colectivo en formación, nacen bajo las influencias de estas organizaciones y, de un modo u otro, oscilan entre estas influencias políticas, como se expondrá a continuación.
Varios meses después, en julio de 2012, las autoridades estatales, por medio del POUSO, informaron formalmente a los habitantes del Pico su intención de desalojar esa zona por las recomendaciones del informe geotécnico y la intención de realojar a las familias afectadas en un edificio a ser construido sobre el lado opuesto al plano inclinado y en la mitad del morro. No obstante, muchos de los habitantes de esta área de Santa Marta son la tercera generación de sus familias que viven en este lugar; es decir, en algunos casos hace más de 50 años que viven en esta región de la favela. Ellos sostienen que, desde las lluvias de 1988 que afectaron a toda la favela y a la ciudad entera, no han tenido más problemas que aquellos relacionados con estar localizados en el área más silvestre de la favela. En contrapartida, esta ubicación más distante les posibilitó acceder a mayores parcelas de suelo, lo que no solo constituye un capital en sí mismo, sino que posibilita una de las estrategias centrales de reproducción material de las familias de los sectores populares denominadas puxadinhas. Estas consisten en transformaciones de las viviendas que permitan, por ejemplo, afrontar cambios en la conformación familiar o espacios que se pueden tornar en una fuente de ingresos por medio de su arrendamiento, entre otras múltiples posibilidades. Los usos de la vi vienda y este tipo de estrategias son parte de los aspectos que las autoridades estatales suelen pasar por alto en sus intervenciones, más aún cuando no se generan instancias de diálogo. En este sentido, parece necesario problematizar los principios normativos que subyacen a las políticas urbanas y de vivienda, a los efectos de democratizar y reconocer la pluralidad de formas de habitar y construir la ciudad.
En esta misma línea, otro de los argumentos centrales de aquellos que no quieren dejar esta parte de la favela se relaciona con vivir en la zona sur de Río de Janeiro, donde se concentran los barrios de mayor poder adquisitivo. Esto se vincula, como lo exponen los habitantes de Santa Marta, con el acceso a servicios públicos de mejor calidad, no en vano las favelas de esta área poseen mejores indicadores socioeconómicos que las ubicadas en las restantes regiones. Asimismo, las consecuencias en esta región de las problemáticas asociadas con las favelas le otorgan una mayor visibilidad pública a las mismas, tornándolas en objeto de buena parte de las iniciativas estatales. Vinculado con su ubicación y con las políticas públicas, principalmente con las UPP, se encuentra, por ejemplo, el desarrollo de un mercado de turismo en las favelas de esta región. Esto genera un conjunto de discusiones que no solo se refieren a los impactos económicos de esta actividad en estos territorios, también se remiten a la presentación pública de estos espacios, a la construcción de su memoria histórica, la difusión de las actividades, demandas, denuncias, reflexiones de las personas y colectivos que habitan estos espacios, entre otras dimensiones (Freire-Medeiros y Menezes 2016; Freire-Medeiros et al. 2016).
El conjunto de estas diversas inequidades concatenadas entre sí y expresadas territorialmente son definidas por Misse (1999; 2008) como acumulación social de la violencia. Esto remite, por un lado, a la agregación de ciertas desventajas sociales en un segmento de la población que habita un lugar determinado y, por otro lado, al uso de recursos compartidos tanto por agentes criminales como por las fuerzas públicas responsables de su represión. Esta acumulación territorial de inequidades, según un habitante del Pico de Santa Marta, posee una menor intensidad en las favelas de la zona sur, producto, justamente, de la institucionalidad que opera en este sector de la ciudad:
- Las favelas en la zona norte son muy diferentes a las de la zona sur. - ¿Por qué? - Porque allá, la cosa es diferente, allá se tiene un montón de cosas que aquí no hay, como esas personas que agarraron el lunes (se refiere al procesamiento de decenas de efectivos de la Policía militar que conformaban una asociación ilícita que dirigía el transporte público clandestino, entre otros ilícitos), hay personas armadas de otra forma, hay otro sistema, y las personas son formadas en ese sistema. Esa cuestión hace una diferencia muy grande con las favelas de la zona sur. - ¿Todo eso no sucede en las favelas de la zona sur? - No de ese jeito.10 (Nota de campo, diálogo con un morador de Santa Marta, mayo de 2014).
En este sentido, a partir de las experiencias cotidianas de los habitantes de estos territorios, los damnificados por la erradicación del Pico comenzaron a elaborar sus demandas en relación con un conjunto de dimensiones vinculadas al derecho a la ciudad. En este caso concreto esto significa: reivindicar la pluralidad de usos del espacio y de la vivienda, luchar por la participación en la producción del territorio urbano y reclamar por el usufructo de los bienes y servicios públicos. Estos objetivos, sostiene Harvey (2008), requieren transformaciones colectivas y la articulación de extensos consensos políticos que posibiliten remodelar tanto los procesos de urbanización como la libertad de rehacerse a sí mismo. No obstante, en el contexto que se constituía este movimiento, surgían diferentes organizaciones en las diversas favelas afectadas por estos informes técnicos y por las múltiples obras relacionadas a la Copa Mundial de Fútbol (2014) y los Juegos Olímpicos (2016).11 Si bien varios de estos militantes entendían que debían integrarse en un frente político más extenso, otros consideraban que esta agregación operaba en contra de la consecución de sus inte reses, los cuales se definían como más específicos que los problemas de las “favelas”. En otras palabras, estos militantes entendían que mejoraban sus posibilidades en tanto se distanciaran de los grandes conflictos urbanos asociados con las favelas y las conceptualizaciones estigmatizantes que recaen sobre sus organizaciones, demandas y denuncias. La limpieza simbólica también instiga la hiperfragmentación de las organizaciones, que un contexto político donde se entiende que cuanto más específicos y concretos sean los reclamos, se tienen mejores posibilidades.
Luego de la comunicación oficial en el año 2012 y la negativa de buena parte de los habitantes de esta región a aceptar la propuesta, se intensificaron los controles referentes a la “autorización-prohibición” de realizar mejoras en las viviendas. Esto llegó a un punto máximo de tensión cuando un propietario, sin autorización del POUSO, cambió parte de su casa de madera por ladrillos debido al estado de los materiales y el riesgo de derrumbe. Una vez constatada la reforma, los funcionarios de la Prefectura y el gobierno del Estado, escoltados por los agentes de la UPP, derrumbaron la casa entera;12 una muestra de poder que claramente buscaba aleccionar violentamente a todos los habitantes de la favela.
Esta situación redirigió las fuerzas de esta incipiente organización hacia la búsqueda por flexibilizar los criterios del POUSO en la medida en que varias casas de esta región poseen pilares y paredes de madera que, sin el mantenimiento adecuado, corren riesgo de derrumbe. No obstante, el riesgo señalado por el informe geotécnico se presentó como una barrera incuestionable para las agencias estatales, que se escudan en la supuesta objetividad técnica, como destaca Magalhães (2017), para desarrollar sus políticas de control sobre esta población. El argumento técnico también fue asumido por la asociación de moradores, que poco a poco se fue distanciando de este conflicto. En este escenario, los propietarios de estas viviendas, en vez de reformas estructurales que suponían una confrontación directa con las autoridades, comenzaron a efectuar pequeñas reparaciones para mantenerlas en pie y convivir con la falta de infraestructura básica y el riesgo de derrumbe.
Hacia 2014, en las vísperas electorales, el por entonces candidato al gobierno del Estado de Río de Janeiro, Pezão, visitó Santa Marta y prometió continuar con las obras de urbanización previstas en la favela. Los habitantes del Pico del morro lograron tener un encuentro con él donde les comunicó su apoyo al proyecto de urbanización diseñado por los técnicos estatales, que no incluía el Pico, pero se comprometió a no expulsarlos por la fuerza, lo que fue celebrado como una victoria por este colectivo.
Por último, cabe destacar que la suerte de aquellos que aceptaron la propuesta de realojo efectuado por gobierno del Estado no fue mejor. A estos se les ofrecieron tres opciones para abandonar el lugar: a) un alquiler social por un tiempo extendido; b) un apartamento en el edificio a ser construido en Santa Marta; c) la compra asistida, donde se le ofrece un dinero al damnificado para la compra de un inmueble o terreno que debe ser elegido de común acuerdo entre las partes. Sin embargo, la experiencia de estos vecinos del Pico también se vio fuertemente marcada por la arbitrariedad de las diversas agencias e instituciones que intervienen en la implementación de estas iniciativas. Una de estas personas que aceptó la propuesta de realojo narraba de este modo su experiencia:
Quiero salir de aquí, mira mi casa, le digo casa para no decir lo que verdaderamente es. Ellos no dejan hacer ninguna obra y yo no quiero tirar mi dinero por eso acepté la propuesta de ellos. Después de un tiempo encontré un terreno con una casa pequeña en la región de las sierras, el dinero de la compra asistida no alcanza para comprar nada en la ciudad y yo también quiero salir para trabajar la tierra de nuevo. Soy viejo, vivo solo, mis hijos son grandes, en fin, acepté la propuesta de ellos. Yo le dije eso para una persona de la Prefectura, ahí él me derivó para una secretaría social, ellos me dijeron que ahí solo era lo del alquiler social, pero yo no quiero eso porque todo el mundo sabe que es papo furado,13 bien, ya no recuerdo exactamente, pero me derivaron al gobierno del Estado… En fin, durante dos meses recorrí todas las secretarías de la Prefectura y el gobierno, a decir verdad en todas partes me trataron muy bien pero no conseguí resolver nada. La persona vendió el terreno, y abandoné (la búsqueda) (nota de campo, diálogo con un morador del Pico del morro, mayo 2014).
En este sentido, independientemente de la posición en relación al realojo, las acciones estatales no se muestran permeables a las demandas y necesidades de los habitantes de estos territorios, fortaleciendo el carácter autoritario del funcionamiento institucional y de las políticas públicas desarrolladas en estos espacios.
Consideraciones finales
Las políticas públicas desarrolladas por los sucesivos gobiernos del PT transformaron la vida en las favelas cariocas, particularmente, mediante el incremento del poder de compra del salario mínimo, las políticas sociales, de seguridad pública y las obras de urbanización. Sin embargo, los avances en términos de democratización de la política han sido muy pocos. La tradición elitista de sus instituciones se mantiene como una constante histórica, raramente perturbada por las diversas coyunturas políticas. Hasta el presente, gran parte de las luchas de los movimientos de la favela continúan siendo destinadas a abrir espacios de participación, luchas que consumen buena parte de las energías de estas organizaciones. Más aún, cuando luego de generar estos ámbitos, sus reivindicaciones son ignoradas o los acuerdos construidos son desconocidos por las autoridades, lo que abre nuevos frentes de disputas que dificultan, aún más, las articulaciones internas.
El Estado, por medio de la producción normativa y de las políticas públicas, (re) produce nociones y categorías que finalmente se constituyen en las fronteras de lo legítimo, definiendo las acciones que se encuentran por fuera de su racionalidad como prácticas ilegítimas que, de un modo u otro, amenazan al funcionamiento institucional del orden social que se procura regular. En este sentido, por un lado, la favela encarna paradigmáticamente esta amenaza, siendo justamente esta condición la que define en términos predominantes estos territorios. Por otro lado, para los habitantes de estas zonas, la favela es un enclave identitario a partir del cual se traba un vínculo con el ámbito político y un tipo de relación con el Estado y sus diversas agencias. Es a partir de esta identidad que buena parte de esta población ha encontrado la forma de organizar históricamente sus luchas sociales y políticas. De este modo, la favela representa al mismo tiempo un estigma del cual distanciarse y una plataforma común para la acción colectiva. En el desarrollo de estas tensiones y ambivalencias, se encuentra el futuro de estos espacios y de la democracia brasileña.
