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Ante la sentencia emitida por la Corte Constitucional del Ecuador sobre la eutanasia y las directrices para su regulación, en virtud del caso de Paola Roldán, se han planteado distintas posiciones para su ejecución.

Para los neurólogos, responsables de atender a pacientes con diversas patologías “incapacitantes e incurables”, es imperativo establecer una postura. Tal es así, que en países en que la eutanasia es legal, las enfermedades neurológicas corresponden a la segunda causa por la cual se la pide, posterior al cáncer, equivalente del 10 al 30% ⁽¹⁾.

La eutanasia “es la actuación que resulta en la muerte de una persona sujeta a una petición «informada, expresa y reiterada»” en el tiempo por la misma ⁽²⁾. Esta no constituye un acto médico, por lo que no previene ni reestablece la salud; contrariamente es el cese permanente del sufrimiento acabando con la vida.

El derecho a la vida es un derecho humano que se encuentra plasmado y garantizado en nuestra Constitución en su artículo 66.1 ⁽³⁾. Este derecho comprende la garantía de que nadie le pueda privar a otro de su vida de ninguna forma y, consecuentemente, debe gozar de una integridad personal. Este alcance va mucho más allá: continúa con el derecho a la vida digna, es decir, un derecho cuyo objetivo es que se garanticen los derechos y libertades para el desarrollo adecuado de cada persona.

La vida digna, garantizada en el artículo 66.2 de la Carta Magna, no se agota con el cumplimiento de garantizar la existencia de las personas, y mucho menos, el Estado no se limita a aquello sino, por el contrario, la intención es garantizar el desarrollo correcto de las personas lo cual implica, el desenvolvimiento de cada uno de una forma digna y libre a la luz del aparato Estatal ^(3)(4)(5).

Haciendo énfasis al caso Paola Roldán, la paciente tiene un diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que junto a otras enfermedades neurológicas (Tabla 1) producen un deterioro de la calidad de vida, convirtiéndolos en dependientes a terceras personas. Es tal la perdida de la autonomía, que, en algunos estudios en países como Estados Unidos e Irlanda, el 20% de los pacientes con ELA se someten a la eutanasia ⁽¹⁾⁽⁶⁾.

Aunque es cierto que el Estado garantiza taxativamente la vida digna de las personas para desarrollarse dentro del margen aplicable a nuestras leyes y principios, esto entra en duda cuando sabemos que pueden existir situaciones deplorables en que, bajo una enfermedad incurable o terminal, se puedan opacar completamente estos derechos tomados como principios.

En conclusión, la eutanasia genera diversos conflictos éticos y morales, que ponen en una balanza el respeto a la autonomía del paciente y el bien jurídico más preciado que es la vida. No obstante, el punto medio de esta dicotomía es que el sistema de salud pueda responder a las necesidades, expectativas de los pacientes y sus familias. El aliviar, cuando no se pueda curar, el comprender, empatizar y el brindar el apoyo emocional de forma constante es la máxima dentro de esta coyuntura, del cual el juez deberá tomar la decisión adecuada.