INTRODUCCIÓN
Uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta nuestra sociedad en la actualidad es el tránsito hacia una economía verde conforme a los principios del Proceso de Transición Justa (PTJ) para garantizar un desarrollo sostenible, con mercados laborales inclusivos, generadores de empleos verdes, y conseguir una sociedad socialmente justa. Pues bien, la creación de empleos verdes es uno de los retos principales, puesto que este proceso implica la destrucción o reconversión de empleos en sectores altamente contaminantes y la creación de nuevos empleos verdes en sectores no contaminantes, empleos que, a su vez, deben ser dignos, de calidad, estables y sostenibles, para evitar nuevos focos de desigualdad y pobreza, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Principios del Trabajo decente, que son el fundamento último del PTJ.1 Para el cumplimiento de estos objetivos es fundamental la actuación de los poderes públicos con diferentes medidas de carácter transversal, dada la complejidad de este PTJ.2 Este estudio se centrará en analizar exclusivamente los aspectos sociolaborales más relevantes en relación con los empleos verdes, aunque su regulación necesariamente deberá quedar integrada en otras políticas públicas, como puedan ser, a modo de ejemplo, las políticas de inversiones públicas para la creación de empleos verdes, de calidad e inclusivos en el sector de las energías renovables, la gestión forestal, la agricultura sostenible o la protección del suelo.3
UNA APROXIMACIÓN AL SIGNIFICADO DEL CONCEPTO EMPLEO VERDE
El punto de partida a la hora de delimitar qué son los empleos verdes es el proceso de transición justa, puesto que es uno de sus instrumentos de implementación. Como es sabido, el PTJ es una respuesta a los efectos del cambio climático que pretende sustituir un modelo de producción con un alto impacto ambiental por otro respetuoso con el medioambiente, hallando su fundamento último en un modelo de desarrollo sostenible que busca un crecimiento sostenido, sostenible e inclusivo para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los Principios del Trabajo Decente (PTD).4 En cuanto a los ODS, responde principalmente al Objetivo 8: trabajo decente y crecimiento económico, cuyas metas son promover el pleno empleo y el trabajo decente para todas las personas, abarcando aspectos tan relevantes como la desigualdad por razón de sexo; el desempleo entre las personas jóvenes, la creación de espacios de trabajo seguros y la protección social de las personas trabajadoras, aunque también presenta estrechas conexiones, entre otros, con los objetivos 4: educación y formación para y en el empleo; 1: erradicación de la pobreza y 5: igualdad de oportunidades, mientras que los PTD se fundamentan en el diálogo social, la protección social y los derechos en el trabajo y empleo, en un entorno de empresas sostenibles y que creen empleos de calidad.5
Pues bien, partiendo de los principios apenas expuestos, por transición justa como mecanismo del desarrollo sostenible hay que entender: "aquel que permite satisfacer las necesidades de la generación actual sin restar capacidad a las generaciones futuras para satisfacer las suyas. El desarrollo sostenible abarca tres dimensiones -la económica, la social y la ambiental- que están interrelacionadas, revisten igual importancia y deben abordarse conjuntamente".6
En este contexto, como ya ha sido señalado, uno de los mayores retos del proceso de transición justa es la creación de empleos verdes. No se puede ignorar que este proceso implica la eliminación de trabajos directos e indirectos en sectores altamente contaminantes, con el riesgo de exclusión social que lleva aparejado para las personas trabajadoras que desempeñen servicios en dichos sectores, pero, al mismo tiempo, generará nuevos empleos en sectores vinculados a la transición justa, como son las nuevas tecnologías. Pues bien, la finalidad no es otra que garantizar que estos nuevos empleos verdes sean decentes, de calidad e inclusivos para todos los grupos y colectivos sociales. En este contexto, el empleo verde -decente- es aquel que:
contribuye a preservar o restablecer la calidad del medio ambiente, ya sea en la agricultura, la industria, los servicios o la administración. En la práctica, estos empleos: i) reducen el consumo de energía y de materias primas; ii) limitan las emisiones de GEI; iii) reducen al mínimo los residuos y la contaminación; iv) protegen y restablecen los ecosistemas; y v) hacen posible la adaptación de las empresas y las comunidades al cambio climático. Todo ello implica que el empleo verde es un trabajo decente que reduce de manera considerable los efectos negativos en el medio ambiente de la actividad económica, hasta llevar en última instancia a la instauración de empresas y economías sostenibles.7
Así pues, son empleos verdes aquellos que conjuguen el trabajo decente con o bien una actividad económica respetuosa con el medioambiente o bien proporcionen productos o servicios verdes,8 pudiendo identificarse dos grandes categorías. Una, la relacionada con actividades nucleares que tienen como finalidad la protección del medioambiente, y otra, las actividades conectadas, que tiene como objetivo la producción de bienes y servicios no ambientales, pero ligados con el medioambiente. A su vez, por sectores vinculados al empleo verde cabe señalar, dentro de las actividades nucleares, las actividades vinculadas al suministro de energía; transporte de personas y mercancías; manufacturas; edificios; gestión de materiales; venta al por menor y agricultura, mientras que en el segundo grupo cabría situar control y prevención de la contaminación atmosférica; tratamiento y depuración de aguas residuales; gestión, tratamiento y reciclaje de residuos; control y prevención de la contaminación del suelo y acústica; gestión de los espacios naturales, del agua y áreas forestales; energías renovables y eficiencia energética; investigación y desarrollo; servicios ambientales a empresas y entidades; y educación, formación e información ambiental y administraciones pública.9
Sobre el impacto que la creación de empleos verdes supone en el actual modelo de relaciones laborales son dos los principales cambios, tanto en el nivel del empleo como en su composición. En primer lugar, los cambios en el modelo productivo conllevan necesariamente transiciones de mano de obra en el mercado de trabajo, tanto en el mismo sector productivo como entre sectores diferentes, lo que implicará la necesidad de recolocar y reubicar a personas trabajadoras durante el PTJ. Y, en segundo lugar, también se producirán cambios en la calidad del empleo, puesto que se modificarán las condiciones de trabajo, lo que afectará a un sinfín de aspectos como la seguridad y salud en el trabajo, los derechos colectivos, los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar o la jornada de trabajo.10
Pues bien, partiendo de estos cambios, el PTJ plantea dos desafíos principales.11 Por un lado, la creación de empleos de calidad en estos procesos de reestructuración y reubicación de la mano de obra y, por otro, evitar, en la medida de lo posible, que estos procesos de adaptación supongan la destrucción de empleo y se generen nuevos focos de desigualdad. Así, es necesario emprender una serie de actuaciones para dar respuesta a estos desafíos en la creación de empleos verdes. Destacan por su importancia tres aspectos prioritarios: la formación profesional; la incorporación de la perspectiva de género; y el rol del diálogo social para garantizar la participación de las personas trabajadoras en el PTJ.12
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE EMPLEOS VERDES COMO INSTRUMENTO DEL PROCESO DE TRANSICIÓN JUSTA
Con carácter previo al análisis de tres de las cuestiones más relevantes para garantizar el éxito de la creación de empleos verdes decentes y de calidad durante el PTJ, es imprescindible que estas medidas vayan acompañadas por otras actuaciones por parte de los poderes públicos para garantizar su éxito. Así, en primer lugar, hay que elaborar datos estadísticos específicos sobre el impacto del PTJ en el empleo y la eficacia de las medidas a la hora de crear empleos verdes para detectar carencias o la necesidad de nuevas medidas. En segundo lugar, se deben adoptar políticas activas de empleo integradas a su vez en políticas públicas macroeconómicas dirigidas no solo al fomento del empleo, sino también a atender las demandas formativas de los nuevos empleos verdes y la integración de colectivos especialmente vulnerables, como son los jóvenes, mujeres, personas desempleadas o el sector de trabajos informales o no remunerados. Y, en tercer lugar, es necesario asegurar sistemas de protección social que resguarden a los más débiles para evitar situaciones de pobreza y exclusión social.13
LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Uno de los pilares fundamentales de las políticas de empleo verde para garantizar el éxito del PTJ y aprovechar al máximo las oportunidades de empleo que ofrece es dotar a las personas trabajadoras de competencias profesionales específicas para el acceso y desempeño de estos trabajos, así como en los procesos de reestructuración y recolocación, prestando especial atención a colectivos vulnerables como son las personas jóvenes, las personas desempleadas o las mujeres.
Esta es una cuestión especialmente compleja, ya que abarca tanto el contenido de la formación como los sistemas de impartición de la misma. Para este aspecto es fundamental que todo el proceso de puesta en marcha se realice mediante un sistema de estrategias formativas específicas, teniendo en cuenta las necesidades que se planteen, evaluando, con carácter previo, las demandas del mercado laboral, incluyendo la revisión y armonización de los perfiles laborales y de capacitación profesional, con la finalidad de facilitar tanto el tránsito de las personas trabajadoras entre sectores de producción como los procesos de reconversión que supone el PTJ. En este sentido, para rentabilizar al máximo las oportunidades de empleo que ofrece el PTJ,14 es fundamental que el proceso de implementación de estas estrategias sea lo más transparente y accesible posible, por un lado, a través de un sistema público de ofertas de cursos de formación y, por otro, mediante la creación de bases de datos que recoja las ofertas formativas y de empleo verde para mejorar la calidad de la información y el asesoramiento durante el PTJ.
En cuanto a su contenido, en primer lugar, y como punto de partida, hay que formar en capacidades y competencias específicas en los nuevos yacimientos de empleo verde que se centran fundamentalmente en los ámbitos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, incorporándolas a los programas de estudios de formación básica y aprendizaje permanente.15 En segundo lugar, también hay que proporcionar formación para los procesos de transición de mano de obra entre los sectores verdes y no verdes y evitar, de esta manera, que nadie quede excluido, por lo que será necesario la adquisición y desarrollo de competencias profesionales en prácticas empresariales ecológicas y en tecnologías respetuosas con el medioambiente.16 Y, en tercer lugar, deben idearse sinergias entre los sistemas de educación a todos los niveles de estudio, formación profesional y grados universitarios, y todos los sujetos y entidades encargadas de impartir formación, incluyendo también a las asociaciones de empresarios, para tener la información más completa posible de las necesidades formativas que plantea el PTJ, incluso anticipándose a ellas.17 En este punto, es fundamental reforzar el papel del diálogo social en los sistemas de formación profesional y desarrollo de capacidades laborales para el mercado laboral, tanto en el momento de acceso como en el proceso de adaptación a los empleos verdes.
LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
En segundo lugar, el proceso de transición justa sí o sí ha de incorporar la perspectiva de género, puesto que las mujeres son un colectivo especialmente vulnerable a los cambios del PTG por los riesgos de perpetuar e incluso generar nuevas desigualdades sociales.18 En este sentido, se recuerda la importancia de asegurar la plena participación y liderazgo de las mujeres en la economía y el acceso a los recursos económicos, tanto para garantizar su presencia en condiciones de igualdad de derechos en todo el proceso de transición justa como para aumentar sus oportunidades de empleo y lograr unas condiciones de empleo decentes.19
Por ello, para lograr ambos objetivos es imprescindible incorporar la perspectiva de género en todas las fases de las políticas de empleo verdes, tanto en su definición como aplicación y seguimiento, asegurando la participación efectiva de las mujeres.20 A modo de ejemplo, en la Estrategia Española de Transición Justa se recalca la importancia de que las políticas de fomento del empleo verde garanticen que las mujeres se aprovechen de las oportunidades del PTJ y reduzcan, al mismo tiempo, las desigualdades existentes incorporando, para ello, la perspectiva de género en todas las medidas que se adopten en el empleo y protección social.21
Pues bien, las principales medidas de actuación para la realización de dichos objetivos pasan, en primer lugar, por la recogida de datos con perspectiva de género que permitan conocer la realidad del trabajo femenino en los sectores de empleo verde y formular propuestas de actuación específicas para crear empleos verdes decentes para las mujeres, así como evaluar el impacto que el PTJ tiene sobre el colectivo de trabajadoras para evitar nuevos focos de desigualdad.22 En segundo lugar, hay que garantizar el acceso a la formación profesional e incrementar el número de mujeres que estudien materias relacionadas con las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, carreras de empleos verdes, para garantizar su acceso a dichos empleos,23 puesto que hay que asegurar su acceso a la formación continuada en dichos ámbitos para "reforzar la posición de las mujeres en la sociedad, evitar los estereotipos de género y garantizar empleos que respondan plenamente a las necesidades y al carácter de la integración de las mujeres" como forma de garantizar el empoderamiento de las mujeres a través de la educación durante el PTJ.24 Y, en tercer lugar, hay que garantizar unas condiciones de empleo dignas, con especial mención al salario, el trabajo no remunerado y la protección de la salud, así como la protección social.25
LA RELEVANCIA DEL DIÁLOGO SOCIAL
Uno de los pilares del proceso de transición justa para la creación de empleos verdes es el diálogo social, que adquiere un papel relevante en tres cuestiones fundamentales, 26 siendo los convenios de transición justa el instrumento adecuado para la consecución de estos objetivos.27 De hecho, expresamente se señala que los gobiernos deberían:28 "b) promover y participar activamente en el diálogo social, en todas las etapas del proceso, desde la fase de formulación de políticas hasta la ejecución y evaluación, y hacerlo en todos los niveles, desde el nacional hasta el nivel de la empresa, en consonancia con las normas internacionales del trabajo", mientras que los interlocutores sociales deberían:
a) promover la sensibilización de sus miembros y guiarlos en cuanto al marco para una transición justa; b) desempeñar un papel activo en la formulación, la aplicación y el seguimiento de las políticas nacionales de desarrollo sostenible; c) fomentar la participación activa de sus miembros en el diálogo social a todos los niveles, y d) propiciar la incorporación de disposiciones ambientales a través de la negociación colectiva a todos los niveles.
En cuanto a sus principales actuaciones, en primer lugar, y en materia de formación, el diálogo social desempeña un papel fundamental para asegurar que las personas trabajadoras adquieran las competencias necesarias para garantizar una transición justa, tanto en la fase de reconversión como en la de creación de nuevos focos de empleos, mediante la formación continua y la formación para el desarrollo de competencias digitales, que es una de las principales demandas del PTJ.29 En segundo lugar, su rol es esencial para limitar o evitar el impacto negativo de las medidas de reestructuración en las condiciones de trabajo y en el empleo, asegurando un mejor aprovechamiento de los recursos locales y, al mismo tiempo, protegiendo a los colectivos más vulnerables por los efectos del PTJ.30 Y, en tercer lugar, también sirve para incorporar la dimensión de género con carácter transversal en todas las medidas que se adopten fruto del diálogo social. Un ejemplo de ello es que los nuevos avances digitales y tecnológicos pueden favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar mediante el teletrabajo y otras fórmulas de trabajo a distancia -foco de empleos verdes y espacio de regulación de la negociación colectiva-, lo que puede incrementar la participación laboral de las mujeres y mejorar sus condiciones laborales.
A MODO DE CONCLUSIÓN
El proceso de transición justa es un proceso especialmente complejo, ya que en su implementación hay que tener en cuenta no solo los resultados a conseguir -crecimiento económico sostenido e inclusivo que garantice el desarrollo social-, sino también el proceso de su implementación -que no dé lugar a nuevas desigualdades o a perpetuar las existentes-. En este contexto, los empleos verdes se convierten en el instrumento más adecuado para garantizar estos objetivos en el mercado laboral, pero para ello han de quedar integrados en macropolíticas públicas de transición justa que tengan en cuenta todas las fases y aspectos de dicho PTJ. Por ello, tanto los poderes públicos como el diálogo social tienen un papel clave para garantizar el éxito de los empleos verdes y la participación de las personas trabajadoras. Igualmente, es un proceso especialmente complejo en su contenido en el marco laboral, ya que hay que idear medidas que faciliten tanto la transición de mano de obra entre sectores productivos verdes y no verdes como la incorporación a los nuevos focos de empleo producto del PTJ, asumiendo un papel fundamental la formación específica en competencias laborales y profesionales. A su vez, la transición justa ha de ser una transición gestionada con perspectiva de género si se quieren cumplir realmente los objetivos marcados. Para finalizar, es necesario señalar que el actual contexto de incertidumbre marcado por crisis de índole social, económica, financiera, climática, guerras, que condicionan el PTJ, no puede servir de excusa para incumplir los objetivos señalados, puesto que el cambio climático es una cuestión que ya nos afecta en nuestra vida cotidiana, por lo que se hace imprescindible adoptar medidas con una visión global y transversal para cambiar, o al menos ralentizar, sus efectos.