INTRODUCCIÓN

El desarrollo ha sido un concepto que ha buscado desenvolverse en los territorios de manera homogénea, trascendiendo los territorios y uniformando la sociedad con el mismo atuendo, algo que el pensamiento occidental gestó con el discurso del expresidente Truman, que en 1949 deja en el ambiente de la sociedad una etiqueta en las mentes de los habitantes de Asia, África y Sur América como poseedores del subdesarrollo, comparando directamente su capitalismo industrializado con las economías diferenciadas.

Es por eso que pensar en la construcción de definiciones de desarrollo, nacidos y arraigados desde la perspectiva del “sur”, desde el pensamiento local, desde los procesos de base, serán los cimientos para consolidar los caminos de la planificación rural y de los territorios en cada uno de los sectores económicos, partiendo de los espacios de participación, los procesos comunitarios y cada una de las bases sociales que emprenden las comunidades asentadas fuera de las grandes urbes, llevando a cuestas la presión del crecimiento poblacional y la expansión de las ciudades.

El propósito de éste documento es reflexionar sobre las acciones sociales que han emprendido las campesinas de la vereda Requilina de Usme, bajo un trazado teórico y un análisis práctico, que conllevan hacia el uso de los espacios de participación local y distrital para la vinculación de nuevas prácticas productivas a través del turismo, como una herramientas para la conservación del espacio rural y una dinámica económica enmarcada en el uso del suelo.

El pensamiento centralizado se origina en los países del “norte”, en las universidades de la metrópoli, generando la forma de expandir dicho pensamiento en las zonas periféricas y así lograr cobertura frente a la “contribución” de la generación de riquezas a países con dinámicas, modos de vida y manifestaciones diferentes. Es por eso que el pensamiento occidental de una u otra manera, ha fragmentado sociedades y culturas en países como Colombia, generando así una división en los procesos de planificación del territorio, pero que a su vez han permitido acceder a la identificación de un país pluriétnico y multicultural desde

un pensamiento alternativo y decolonial de la sociedad (^{Escobar 2014}).

El tránsito histórico que recorrió el desarrollo de países subdesarrollados, ha sufrido ataques por parte de pensadores de las diferentes épocas con las que se ha chocado dicho proceso, impactando directamente en la dependencia de capital externo de los países de la periferia y la explotación social de los territorios, donde la historia debía finalizar (o continuar) en que “todos seriamos ricos, racionales y felices” (^{Escobar 2014}: 27).

Parte de las críticas del desarrollo fueron manifestadas en las propuestas teóricas liberales, donde no hay posibilidades de desarrollarse si la tecnología y el capital no están presentes; la marxista, que pretende dar un corte socialista, desligando al desarrollo del capital y la postestructuralista, que cuestiona la manera de cómo llegaron Asia, África y Sur América a ser subdesarrollados, entonces surge el interrogante sobre ¿cuál debe ser la perspectiva de desarrollo para los países latinoamericanos?

Los ajustes alternativos al desarrollo (^{Gudynas 2011}), buscan desestructurar las bases ideológicas occidentales y aprovechar los imaginarios de identidad, propósitos y prácticas de los países dolientes.

Replantear todo un sistema de construcción política con espacios conjuntos de participación social, deben ser planteados desde dinámicas sociales justas, desde el pensamiento multifacético y multicultural, con procesos de vinculación de la población y márgenes claros de visibilización y construcción colectiva (^{Escobar 2014}).

DESARROLLO

La producción agrícola se ha manifestado como uno de los tránsitos que debe recorrer el desarrollo rural de las naciones, sostén alimentario, con el fin de conservar dichos espacios protegiéndolos y velando por su conservación de los ambientes naturales (Naciones Unidas 1992).

Es por eso que en uno de los enfoques materializados del desarrollo rural, encaminado bajo la determinación de la revisión teórica que desde ^{Escobar (2014}) o ^{Gudynas (2011}) se pretende abordar, se realizan algunas aproximaciones desde dos mecanismos diferentes, pero interrelacionados entre sí: la participación ciudadana y la gestión pública, como construcción de nuevas formas de acción en lo que permite el estado local y lo que la sociedad busca de manera alterna, la obtención de un espacio en la agenda pública.

Desde allí la mirada debe ser de manera retrospectiva, desde los conceptos de participación y gestión, para lograr un conglomerado de sucesos cristalizados en lo que ha sido la construcción de una ruta turística a favor de la agricultura y las prácticas identitarias del campesino, la cultura rural y los mecanismo de acceso a la agenda pública desde los espacios de participación para permitir otras formas de desarrollar lo rural; manifiesto así, el agroturismo, factor intermediador entre la conservación de los ecosistemas rurales y la producción agrícola diferenciada.

La Constitución Política de ^{Colombia de 1991}, hace un preámbulo dirigido a toda su población, donde otorga el poder de la representación de los mandatarios y bajo el fortalecimiento de la unidad nacional por medio de un marco jurídico democrático y participativo, la garantía de un orden político económico y social (Constitución Política de Colombia 1991). La participación, derivada de la democracia, es la precisa para generar un orden social, que permita desarrollar una nación incluyente y que promueva un preámbulo a la representación efectiva del accionar civil.

El artículo 1 y 2 de la constitución también hacen un llamado a la participación como Estado social de derecho, con autonomía desde las organizaciones gubernamentales descentralizadas, bajo la premisa del respeto a la dignidad humana, promoviendo a ser parte de la prosperidad nacional, la conservación y protección del territorio y sus habitantes (Constitución Política de ^{Colombia 1991}).

Pero la participación también lleva a revisar los conceptos académicos que se han desarrollado para garantizar un manejo adecuado del concepto en términos operativos, ya que la participación es en sí un verbo de movimiento, de acción, de actuar, lo que Rebollo y Martí (Rebollo y Martí 2002) señalan como el medio para conseguir algo, no la finalidad de algo, logrando la conformación de acciones para lograr un objetivo desde la asociatividad, para el hacer (^{Dueñas y García 2012}).

La participación también ha sido relacionada con la intervención social en la toma de decisiones, donde las personas se agrupan para desarrollar acciones conjuntas, pasando del rol de observadores, al de protagonistas del proceso, personas que promueven el cambio y que constantemente hacen parte de los espacios habilitados para proponer y actuar (^{Dueñas y García 2012}).

Un aspecto importante que siempre se debe tener en cuenta es la voluntad de las personas que participan, permitiendo identificar escalas de participación como un proceso activo, dinámico, donde las personas, de acuerdo a los momentos y a las circunstancias, actúan de manera directa o indirecta, desde estados de ánimo y grados de compromiso (^{Geilfus 1997}).

La participación hace del actor un promotor de acciones y generador de cambios, construyendo espacios que permiten actuar de distintas formas hasta lograr procesos de incidencia política y construcción social, donde se visibiliza y reconoce también, la importancia de establecer la mirada hacia las necesidades sociales.

La participación ciudadana se puede entender como una forma de expresión de cultura cívica, caracterizada por un compromiso por lo público, por la comunidad, con responsabilidad y apropiación social (Cordounier 2008).

Debido a esto, también existen otras conjunciones con la palabra participación que promueve acciones específicas contextualizadas, pero que observando el dinamismo conceptual, puede llegar a sumarse a lo que se entiende por participación ciudadana; la participación social, la participación popular, la participación comunitaria, encaminadas hacia el accionar ciudadano, pues de algún modo, la participación ciudadana ha sido relegada a hechos políticos y votaciones electorales.

Participar entonces, es un concepto que dinamiza varios factores y características pertinentes a los niveles de participación y a los espacios en los que se participa, vista también como “una técnica, un proceso, un medio, un instrumento, una herramienta, una habilidad, una actitud, un estado de ánimo de conocimiento, una estrategia, pero también como una manera de comprender la condición humana” (^{Dueñas y García 2012}: 6). Éste acto, oficiado por las comunidades y garantizado por el gobierno, encamina un accionar hacia la colaboración y la proposición, orientando a dirigir objetivos sociales.

Institucionalmente el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica (DAPRE) hace uso oficial del concepto constitucional de la participación como:

El derecho que tiene toda persona de expresarse libremente y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, asimismo es el derecho que tienen todo los ciudadanos de participar activamente en el proceso de toma de decisiones que los afecte. (Constitución Política de ^{Colombia 1991}: 16)

Para ello ha enmarcado la participación ciudadana dentro de artículos constitucionales y leyes, estableciendo el marco jurídico de participación ciudadana como mecanismo de la ciudadanía para ejercer un derecho activo y garante de respeto.

Esto de alguna manera ha llevado a la utilización de dispositivos constitucionales de participación, pero cabe aclarar que la participación propuesta anteriormente y que se referenciará más adelante, es el proceso que lleva, en cierto grado, a la adquisición de poder y autogestión, actos de toma de decisiones contundentes (Benavides 2008).

Con la aparición del concepto management, su traducción a recorrido los espacios de interpretación encontrando así definiciones de gerencia pública, gestión pública y dirección pública, siendo las dos primeras traducciones al español, las de uso más frecuente (^{Sánchez 2002}).

Siguiendo por la misma línea, en Francia optan por la traducción de gerencia pública y en España por gestión pública, haciendo que los latinoamericanos usen de manera indistinta ambas traducciones generando desconcierto teórico por los estudiosos de la administración pública; Peter Drucker (1987) encontró indicios del surgimiento del management en los espacios militares, en universidades y las instituciones públicas modernas para ser tomados posteriormente por la empresa privada. Esto supone un carácter multifacético de manejo del concepto que no lo limita a ninguna aplicación operativa y ninguna situación contextual, sino que por el contrario, permite ampliar su aplicación a diferentes sectores (^{Sánchez 2002}).

^{Ospina (Ospina 1993}), señala que la administración pública genera un uso pasivo con funciones más administrativas, relegadas por el sistema capitalista y las funciones políticas del momento, entendida como disciplina aplicada bajo la utilización de conceptos tradicionales de administración.

En cambio la gestión pública, “connota una orientación más agresiva orientada a la acción y a la solución creativa de los problemas de la administración dentro de un contexto de innovación y con la ayuda de instrumentos racionales” (^{Ospina 1993}: 38), generalizando de alguna manera la mirada y otorgando procesos de reflexión a los métodos que se llevan a cabo por medio del uso de la gestión pública, aplicada al saber - saber y al saber - hacer.

Dado que el concepto también ha sufrido varias confusiones a la hora de su uso, debido a las interpretaciones, como gerencia, o llevada a diferentes instancias con el uso de la administración como gobernanza o gobernabilidad, se proseguirá con las definiciones anteriormente nombradas, debido a que institucionalmente también se han establecido varias definiciones para ajustar lo que se puede interpretar como gestión pública.

Cabe resaltar que los documentos institucionales de gobiernos, como el peruano o el colombiano, hacen referencia también al uso indistinto de gestionar y administrar, definiéndolos a ambos como acción y efecto de la acción, los peruanos entienden administración pública, como los procedimientos que desarrollan los organismos institucionales, públicos o privados que presten un servicio público, dependientes del gobierno; comprende además de eso los organismos que desarrollan funciones de interés público, por lo general los que regulan comportamientos e intereses de la sociedad (^{Bastidas y Pisconte 2009}).

Colombia refiere al concepto de administración pública como la actividad que desarrollan las entidades públicas gubernamentales para dar cumplimiento a los objetivos del estado, involucrándose en la planeación, ejecución y control de las acciones emprendidas, permitiendo la toma de decisiones, organización y operación de las herramientas, para que las decisiones sean puestas en desarrollo (^{Alzate 2009}).

Al respecto plantea Alzate, que gestión pública dirigida hacia la obtención de resultados, es para el gobierno colombiano:

La articulación permanente y continua de los procesos de planeación, ejecución y evaluación de las acciones que el Estado emprende, tendientes a dar cumplimiento a los compromisos democráticamente concertados y asumidos por los mandatarios electos para atender de forma integral, oportuna, transparente y eficiente las necesidades de la ciudadanía y dar cumplimiento a la función y competencias encomendadas por la Constitución y la ley a la Nación y a sus entidades territoriales

Es por eso que para el gobierno colombiano, resaltar los resultados obtenidos de las acciones ejecutadas por la administración, permite reconocer el proceso “integral, sistemático y participativo” (^{Alzate 2009}:29). El mismo camino recorrido hacia la búsqueda de resultados y fines, transita el gobierno peruano, con objetivos trazados hacia la implementación de la gestión pública, argumentados por acciones de configuración de espacios institucionales, que permiten garantizar las formas de actuar del Estado para la implementación de las políticas, suministrando así bienes y servicios, con el objeto de dar cumplimiento a sus funciones (^{Bastidas y Pisconte 2009}).

Al revisar la forma de entender y poner en función lo que se define como gestión pública, nos permite ingresar a los espacios de participación en los cuales hace injerencia la comunidad, gestados por los gobiernos en virtud de sus funciones; la efectividad de estos espacios se enmarca en la toma de decisiones que logra la sociedad y que interviene en la confianza de la efectividad de los mismo por parte de las comunidades.

Una de las garantías que otorga la participación, está ligada a la vinculación de la ciudadanía por medio de espacios de confluencia social habilitados por los gobiernos, donde coincidan las ideas que en materia de gobierno surgen de la comunidad, además, donde se legitimen las decisiones institucionales a través de propuestas sociales. Es un deber del gobierno abrir espacios de interlocución y es un derecho de la ciudadanía participar en estos espacios, generando mecanismos de apropiación y poder por parte de la comunidad, buscando alcanzar los objetivos establecidos por el estado, convirtiendo la política gubernamental en espacios participativos y democráticos.

La consolidación de la Red de Campesinos Veredales, la participación en los CGV (Centros de Gestión Veredal) y el aprendizaje por medio de visitas de experiencias exitosas en turismo rural y comunitario, dieron incentivos para crear la Corporación Campesina Mujer y Tierra, legalmente constituida en el año 2013, proyecto liderado por un grupo de campesinas de la vereda la Requilina, que en el año 2016 desprende la Fundación Ruta Agroturística La Requilina.

Este proyecto surgió, como primera instancia, para visibilizar las potencialidades del territorio, además de la búsqueda de alternativas ambientales sostenibles frente a la producción limpia de alimentos por medio de la construcción organizada y planificada, además, con determinaciones de gestión y control del territorio; ésta organización pretende con estas herramientas fortalecer el sentido socio ambiental y afianzar la identidad territorial campesina en los jóvenes del sector rural como medio de empoderamiento y construcción del tejido social.

La Fundación, en un inicio se conformó por 11 campesinas propietarias de fincas, que por medio de la gestión propia de recursos, elaboran proyectos autosostenibles para la realización y conformación de redes de producción limpia, esto las lleva a desarrollar un trabajo de cartografía social liderado por la misma Fundación, acompañado por grupos de estudiantes universitarios de las distintas instituciones de la capital del país interesadas en el tema.

El mapeo del sector veredal permite constatar la identificación de productos y servicios que cada una de las fincas puede ofertar en temas turísticos, construyendo así una ruta turística y un portafolio de servicios que consolide la ruta como un movilizador de la economía local.

El proyecto de la Ruta Agroturística, consolidado por la Fundación, encamino a los jóvenes del territorio a ser partícipes del afianzamiento de un producto articulado a toda la población de la vereda, esto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos y a permitir el relevo generacional que se debe dar en los procesos sociales (^{Dirven 2002}).

La conformación de una ruta llego a instancias institucionales por medio de la participación en los cabildos y mesas de trabajo habilitadas para la construcción del Plan de Desarrollo Distrital (PDD 2012-2015), en las cuales habían hecho parte las campesinas usmeñas, ya que además de los espacios de participación anteriormente nombrados, también hicieron parte de la Mesa Borde Rural, un espacio conformado por varias organizaciones sociales, no solo de la vereda sino de toda la localidad, conjuntamente con la localidad de Ciudad Bolívar. Esto permitió proponer, dentro de la agenda pública, la generación de productos alternos a los agrícolas por parte de los campesinos bogotanos, haciendo del territorio un espacio productivo y próspero en materia económica, social y cultural.

De los espacios de participación ciudadana propuestos por el gobierno local, además de la consolidación de otros espacios visibles por la institucionalidad en materia social y reconocimiento rural, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) lanzó una convocatoria para reforzar la idea recogida en las mesas de trabajo en la elaboración del PDD 2012-2015 (Plan de Desarrollo Distrital), y así implementar las estrategias de fortalecimiento rural de los procesos encaminados por los campesinos, convocando un grupo de organizaciones expertas en materia turística, social y construcción de procesos comunitarios para ponerse a la tarea de fortalecer la ruta agroturística adelantada por las campesinas de la Fundación.

Actualmente, el proceso económico propuesto por las mismas campesinas de la vereda Requilina, bajo el agroturismo y la iniciativa comunitaria, empieza a ser parte de la dinámica rural; simultáneamente y bajo este propósito, la ruta se convierte en una herramienta importante para la lucha contra la expansión urbana, visualizando y potencializando aún más la ruta agroturística.

Alterno a este proceso, hechos polémicos se discuten en espacios gubernamentales, centrados en los campesinos del sur de Bogotá que se están aglomerando para evitar que el gobierno local, junto con instituciones privadas, compren los terrenos que en el actual Plan de Ordenamiento Territorial ya tiene definidos como espacios de expansión urbanas. Estas acciones, que generaron disturbios, problemáticas sociales, personas detenidas, impactó de manera negativa a la comunidad, debido a que nunca habían optado por este tipo de trámites de resistencia, pero una de las respuestas estaba inmersa en la identidad cultural de cada uno de los habitantes de la vereda.

Ruta Agroturística La Requilina, actualmente generó iniciativas de resistencia, donde una de las problemáticas latentes, justo por su ubicación geográfica, es la de ser incluidos dentro de los espacios delimitados como zona de expansión urbana, fue detenida al diferenciar sus prácticas campesinas a instancias económicas como el turismo, actividad que llevo a la ruta agroturística a consolidar no solo el territorio rural, sino las herramientas de participación y contribución para generación de nuevas formas de desarrollo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda el proceso encaminado por este grupo de mujeres, se debe también pensar en las gestiones desarrolladas por el gobierno de turno, debido a las múltiples formas de acceso que generó espacios para que la participación ciudadana se viera reflejada en cada uno de estos espacios, en la construcción del documento base de política, en la conformación de asociaciones de personas y colectivos de líderes comunales y, en la importancia de reconocer las capacidades que la población rural tiene para la ciudad de Bogotá.

Hoy en día se debe empezar a plantear la forma de replicar las experiencias significativas de la ciudad a otras ciudades y que mejor, a otros países, partiendo de un accionar mucho más global que permita concebir redes y alianzas productivas del turismo con enfoques sostenibles, comunitarios y sociales en pro del desarrollo rural.

Además, la protección de la identidad cultural y la conservación del medio ambiente se deben dar desde procesos de base, acompañados por los gobiernos de turno y respaldado por el estado nacional, garantizando así la responsabilidad y participación de los actores privados, gubernamentales y sociales, sumando a estos las instituciones de educación, que reflexionan desde los aportes académicos en las iniciativas propias de las comunidades locales y que bajo proyectos sociales, advierten siempre ajustes y reestructuraciones puntuales en la dinámica política regional y local