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Introducción
La Constitución de 1991 en Colombia es resultado del proceso constituyente originado por la organización y movilización de la sociedad civil frente a la crisis socio-política que vivía el país, como consecuencia del Frente Nacional (1958-1974), pacto político en el que miembros del Partido Liberal y Partido Conservador se alternaron el poder presidencial durante 16 años. Este pacto de élites, que cerró toda posibilidad de participación democrática de otras fuerzas sociales, generó una ola de crisis política cargada de corrupción y clientelismo, falta de transparencia, garantías y representatividad. Al mismo tiempo, los carteles del narcotráfico de Cali y Medellín le declararon una guerra abierta al Estado y a los grupos guerrilleros, por lo que aniquilaron tanto a los líderes y militantes del pensamiento de izquierda como a la policía y a altos funcionarios del Estado, entre ellos, al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, así como a los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán Sarmiento, Carlos Pizarro León Gómez y Bernardo Jaramillo. El Estado enfrentaba, así, la pérdida de su legitimidad institucional.
En medio de esta violencia socio-política surge la propuesta estudiantil de la “séptima papeleta” para las votaciones de congresistas y asambleístas del 11 de marzo de 1990, iniciativa que buscaba la aprobación de una Asamblea Nacional Constituyente que cambiara la Carta Magna de 1886. Instaurada dicha Asamblea, el movimiento social afrodescendiente (MSA) participa de manera activa de ella, con el objetivo de lograr la titulación colectiva de sus territorios, reconocimiento identitario y el establecimiento de formas de economía propia diferentes a las de explotación de recursos por parte de las empresas mineras. Este movimiento exigía el reconocimiento como grupo étnico, lucha que se vio reflejada, en lo posterior, en el artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991, el cual dispone la creación de una ley que reconozca a las comunidades negras que han ocupado las tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico colombiano, de acuerdo con sus prácticas tradicionales, junto con el derecho a la propiedad colectiva.
Dado lo anterior, el presente estudio analiza de qué manera participó el movimiento social afrodescendiente en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Este artículo, que parte de los antecedentes historicos previos a la Asamblea y que hace uso del enfoque de los movimientos sociales, utiliza literatura especializada referente al MSA para identificar el proceso organizativo, la lucha de las demandas por la etnicidad, las tensiones políticas entre el movimiento y el Estado, así como las denuncias sobre violación de los derechos humanos. La metodología se complementó con la revisión de archivos de El Tiempo, diario de circulación nacional que fue escogido dado que es uno de los mas importantes del país y de amplia circulacion nacional. De forma paralela, se realizaron algunas entrevistas a líderes afrodescendientes que indagaron por las formas de acción, los discursos y las agendas de las organizaciones afrocolombianas en la década de 1990.
Para cumplir el objetivo, el presente artículo hace uso de dos dimensiones teórico-analíticas de la sociología política. La primera es la estructura de oportunidad política (EOP), empleada para analizar las estructuras que generan las condiciones para que se formen y actúen los movimientos sociales “creando procesos organizativos, participativos, e identificando las relaciones y alianzas con estructuras e instituciones, donde se obtienen recursos y se crean redes de oposición frente a los poderosos” (Tarrow,1999, p. 89). La segunda dimensión es la teoría de la sociedad civil, estudiada por Lechner (1994) y Cohen y Arato (2000), quienes analizan el desenvolvimiento de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos políticos desde sus lógicas, espacios y dinámicas de acción, en contextos democratizantes. Desde esta perspectiva, a los movimientos sociales se los reconoce como “heterogéneos y se diferencian del Estado, por su posición antiautoritaria y por la capacidad de generar formas de organización y participación para influir con sus demandas la esfera pública” (Cohen y Arato, 2000).
Entender los movimientos sociales y su forma de hacer política implica estudiar la “política de la influencia”, que se explica como “la presión indirecta de la sociedad civil sobre el sistema político, que se ejerce apelando a la crítica, la movilización y el convencimiento, que tiene un enorme valor en la esfera pública” (Olvera, Callejas y Nervo, 2003). El análisis de la política de la influencia cuestiona cómo las organizaciones y los movimientos sociales participan, si lo hacen de forma directa o indirecta o si combinan diferentes formas de lucha o recurren a estrategias defensivas u ofensivas para intervenir en las decisiones del Gobierno, lo que se conoce como la “política del poder” (Zamosc, 2005, p.214).
Por tanto, el estudio de la política de la influencia da cuenta de las formas en las que los movimientos sociales y la sociedad civil inciden en la esfera política instituciónal de la nación, mientras que la política del poder se puede ejercer como la participación directa de nuevas instituciones públicas emergentes de la sociedad civil. Ejemplo de ello es la creación de consejos y de agencias de control o de participación electoral, para obtener legitimidad y representación en diferentes estancias, que también “puede[n] canalizarse por la vía de estrategias de movilización, protestas, boicots, en todas las formas de acción contenciosa, que incidan en el espacio público” (Zamosc, 2005, p. 214).
Este artículo se divide en cuatro partes para su discusión: la primera aborda los debates conceptuales sobre la configuracion del MSA junto con la discusión teórica de la EOP, la sociedad civil, la política de la influencia y la política del poder. En la segunda parte se estudia el contexto de oportunidad y crisis del Estado frente a la participación de las organizaciones afrocolombianas. La tercera parte se enfoca en el análisis del movimiento afrocolombiano y la política de la influencia en la ANC de 1991. Se finaliza con unas conclusiones.
Debates académicos sobre el movimiento afrodescendiente
A inicios de 1980 surge el interés, desde la antropología, por “aportar al reconocimiento étnico, el multiculturalismo y organización del movimiento afrodescendiente, conceptos que se ampliaron en la esfera académica, a través de los debates sobre la violencia, las asimetrías étnicas y el ocultamiento de la etnicidad afrocolombiana” (Arocha, 1998, p. 354). Este interés se traduce, para finales de la misma década, en mayores debates académicos, discusiones que se enfocaron en el reconocimiento de la “inclusión, la violencia de las minorías étnicas, la etnicidad en la agenda política institucional, la participación de los afrodescendientes en la reforma constitucional y la ley 70 de 1993” (Castillo, 2007, p. 310).
A inicios de la década de 1990 la discusión sobre el movimiento afrodescendiente se centra en la alteridad, etnización y el enfoque afroamericanista, con el propósito de crear un modelo conceptual y explicativo que incluía las discusiones sobre teorías de la cultura, el análisis histórico, modelos conceptuales y explicativos, encuadres metodológicos y estrategias narrativas para identificar los aportes y las debilidades del enfoque afroamericano como base de análisis para futuras investigaciones (Restrepo y Rojas, 2004). Otros estudios aportaron, desde la perspectiva histórica, el concepto de raza, las huellas de la africanía, el orden racial, la identidad nacional, la adaptación y la resistencia negra, el mestizaje, el blanqueamiento y la nacionalidad colombiana. “El propósito global de este tipo de producción académica fue caracterizar el orden racial en Colombia para entender cómo se configuró el proceso del mestizaje en términos físicos, culturales y morales, analizando sus tipologías y dinámicas” (Wade,1993, pp. 178). Estas reflexiones académicas sistematizaron la historia y la acción colectiva del movimiento afrodescendiente.
2. Crisis del Estado y participación de los movimientos sociales
A inicios de la década de 1970 se abre en Colombia el debate politológico y sociológico sobre la estructura de oportunidades políticas (EOP) en el marco de la crisis estatal que enfrentaron los Gobiernos,1 la emergencia de nuevos actores sociales en el plano político, la falta de un Gobierno con capacidad de mantener el monopolio de la violencia sobre el territorio colombiano y el cierre de la participación de la sociedad civil en escenarios políticos. Así, la EOP examina las estructuras formales, las instituciones y las alianzas generadas por grupos, asociaciones y movimientos civiles en relación con las demandas al sistema político. Por ende, esta categoría sirve para entender “cuándo y cómo se desencadena la acción colectiva, cómo las condiciones están relacionadas con el impacto, la perdurabilidad y el cómo obtener recursos y crear redes de oposición frente a las limitaciones externas que presentan en los momentos de crisis políticas” (Tarrow, 1999, p. 89). Para comprender la EOP, Sidney Tarrow (2004) sugiere estudiar cinco elementos:
El grado de apertura-cierre de acceso político formal de nuevos actores.
El grado de estabilidad-inestabilidad de las preferencias políticas.
La disponibilidad y posición estratégica de los potenciales socios o aliados.
Los conflictos políticos o la emergencia de divisiones en el seno de las élites.
La disminución de la capacidad del Estado para reprimir la disidencia.
El análisis de los movimientos sociales mediante la EOP plantea el análisis de tres temas: los ciclos de protesta y las oportunidades políticas, las oportunidades políticas en el contexto internacional y la estructura de oportunidad política como variable dependiente (McAdam, McCarthy y Zald, 1999). Bajo estas categorías se estudia el sistema político, la participación de los movimientos sociales y la accíon colectiva y se buscan respuestas al dónde surge y cómo se desarrolla la sociedad civil. La existencia de la acción colectiva y sus formas de representación consideran a los líderes de los movimientos sociales personas importantes para “realizar objetivos estratégicos, como para inscribir en la arena pública acciones expresivas y simbólicas” (Cefaï y Trom, 2008).
Este ha sido el caso de los educadores, el sector judicial y la salud, obreros industriales como azucareros, petroleros, mineros y textiles, quienes se organizaron y presentaron sus demandas a la sociedad y al Gobierno en la década de 1970 (Salazar, 2016, p. 231). La acción política de estas organizaciones se hizo mediante las movilizaciones con bloqueos de vías, toma de entidades públicas y paros cívicos.2 El objetivo de la sociedad civil era romper la centralidad del poder exigiéndole al Gobierno la garantía de los derechos civiles y políticos y solicitando a los grupos guerrilleros el cese al fuego contra la población. Mientras tanto, el clientelismo en el sistema electoral, los sobornos en el sistema judicial (Gallón, 1979), la malversación de recursos estatales, el crecimiento de la deuda externa y la agudización de la violencia se tomaban las estructuras del Estado. Como respuesta a la crisis, el Gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) terminó respaldando a las fuerzas armadas en el control del orden mediante el “estado de sitio” (Gallón, 1979).
Otro factor que contribuyó a la agudización de la crisis estatal fue el fenómeno del narcotráfico. La violencia del narcotráfico se desbordó durante el Gobierno de Virgilio Barco Vargas, quien declaró de forma abierta la guerra contra los carteles de la droga después del asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989, por lo que anunció la extradición de narcotraficantes requeridos por Estados Unidos. Para este momento los movimientos y actores sociales tuvieron tres candidatos políticos asesinados,3 aumentaron las masacres, en tanto que incrementaron las desapariciones forzadas y se reprimió con violencia cualquier manifestación social, mientras que las confrontaciones armadas entre guerrilla y paramilitares sembraron el miedo en las regiones. Todos estos factores hicieron que la sociedad y los defensores de los derechos humanos cuestionaran la legitimidad gubernamental.
Dicho escenario fue utilizado para que las diferentes organizaciones y grupos de la sociedad civil buscaran la participación política en el proceso constituyente, identificando “las dimensiones consecuentes, que no necesariamente deben ser formales o permanentes en el entorno político y que ofrezcan incentivos para que la gente participe en acciones colectivas que permitan lograr sus expectativas ya sea a través del éxito o fracaso” (Tarrow, 1997, p. 118).
Participación del movimiento social afrodescendiente
El MSA tiene por antecedentes una serie de manifestaciones cívicas y encuentros regionales y nacionales que desembocarán en la conformación de la Coordinadora Nacional de Comunidades Negras (CNCN), creada para centralizar, coordinar y poner en marcha las acciones acordadas en la conferencia y, a la vez, ampliar las redes de comunicación a escala regional. Ejemplo de estos encuentros fueron el Primer Congreso de las Américas Negras, dirigido por Manuel Zapata Olivella, en la ciudad de Cali, en 1979; el Centro para la Investigación de la Cultura Negra (Cidcun), creado por Smith Córdoba (Caicedo, 2011); el Primer Encuentro de Comunidades Eclesiales de Base (CEB), en 1979; el Círculo de Estudios de la Problemática de Comunidades Afrocolombianas-Soweto, cuyo fundador, Juan de Dios Mosquera, también dio paso al Movimiento Nacional por los Derechos de las Comunidades Afrocolombianas-Cimarrón, en 1982; el Primer Congreso de Movimientos Cívicos, en 1983, del cual se estructura la Coordinadora Nacional de Movimientos Cívicos; y el Encuentro Nacional Agrario, que da origen a la Coordinadora de Organizaciones Agrarias de Colombia en 1984 (Restrepo y Rojas, 2004).
En 1985 surge la primera Coordinadora de Vivienda Popular (Conavip) y la Comisión Nacional de Juntas de Acción Comunal (JAC); en 1986 se organiza el seminario titulado “La participación del negro en la formación de las sociedades latinoamericanas”, coordinado por Alexander Cifuentes en Bogotá (Pulido, 2011, p. 26). Ese mismo año se realiza el Segundo Encuentro de Movimientos Cívicos y la fundación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). En 1987 se celebra la reconstrucción de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).
En medio de esto, los afrodescendientes del departamento del Quibdó realizaron en 1986 un paro cívico que denunciaba el abandono total y la ausencia de mejoras sociales por parte del Estado en dicha región del país. También presionaron a las instituciones a escala regional y nacional, en compañía del Movimiento Cimarrón y la Organización Indígena Emberá-Wounaan, para lograr el Acuerdo de Buchadó, el cual concedía el manejo de sus territorios ancestrales a las organizaciones afroindígenas. La intervención de los misioneros verbitas y claretianos fue fundamental en la concienciación y organización del campesinado para detener los efectos negativos de las madereras y otras empresas extractivas en los territorios de Quibdó. De igual manera, el vicariato apostólico de la ciudad de Buenaventura, con monseñor Gerardo Valencia Cano, contribuyó al cambio de percepción del movimiento y levantó una verdadera crítica de la Iglesia frente a la realidad que vivía el país (Echeverry y Bernal, 2015).
Frente al desencanto de la política partidista, las demandas de las comunidades afrodescendientes se dieron en torno a la lucha por la autonomía de sus territorios y el reconocimiento de la identidad como pueblos étnicos. Esto “permitió el surgimiento de escenarios de encuentro y deliberación política denominados pre-asambleas que dieron origen a encuentros, propuestas políticas, construcción de una coordinación nacional, participación en escenarios electorales nacionales, estrategias de lobby, alianzas y negociación con otras fuerzas políticas” (Castillo, 2007, p. 194).
Política de la influencia: asociatividad en las comunidades afrocolombianas
La población afrodescendiente colombiana se encuentra distribuida en cuatro grandes zonas: en las tierras bajas de litoral Pacífico, norte del Cauca y Valle del Cauca, zonas ribereñas del bajo y medio Magdalena, y bajo Cauca. Estos territorios tienen significado ancestral para los afrodescendientes porque suponen una organización propia y el desarrollo a escala local de procesos económicos particulares. Ejemplo de ello es el proceso organizativo de finales de la década de1980, en la cual se desarrollaron identidades étnicas fundamentadas en la defensa colectiva del territorio, lucha que alcanzó su esplendor con “la reforma constitucional mediante el artículo Transitorio 55 (AT55) de la Constitución Política de 1991, que garantiza a las comunidades negras el derecho colectivo sobre el territorio” (Grueso y Rosero, 2001).
El asociacionismo civil fue utilizado por los afrodescendientes para organizarse y emprender la lucha por sus demandas específicas sobre el territorio. El asociacionismo, desde una perspectiva teórica, se define como “un grupo de individuos que voluntariamente unen sus acciones con un propósito común en un marco de pluralidad y respeto mutuo” (Olvera, Callejas y Nervo, 2003). Las primeras formas de asociación de los afrodescendientes se dan a finales de la década de 1970, mediante la conformación autónoma de movimientos cívicos y culturales étnicos en la región del Pacífico. Estas formas organizativas “fueron una respuesta de las comunidades a las élites, especialmente el Partido Liberal,4 que transformó la política de necesidades e intereses de la población a un sistema clientelar en la región del Pacífico” (Agudelo, 2002, p.75).
De movimientos cívicos a organizaciones locales
Entre las décadas de 1970 y 1980 hay un cambio de actores, demandas y escenarios que dan lugar a las movilizaciones y luchas de los afrodescendientes. Las primeras organizaciones locales fueron del Pacífico rural, con demandas étnico-territoriales que reclamaban el derecho a la titulación colectiva. El caso emblemático fue el Movimiento de Integración de los Pobres para el Desarrollo, el cual luchó contra la clase política tradicional y las administraciones del poder local en el municipio de Guapi, pueblo ribereño ubicado en el departamento del Cauca.
Desde 1975, se gestó en el norte del Cauca un proceso de asociacionismo pro defensa de los derechos ciudadanos. En Buenaventura, en 1978 surgió la Organización Liberal de Avanzada (OLA), “un movimiento renovador de las costumbres políticas que consiguió un importante impacto a nivel electoral al obtener, durante dos períodos consecutivos, concejales que le permitieron a la organización moverse con mayor libertad política” (Agudelo, 2002, p. 113). En el municipio de Tumaco, ubicado en el departamento de Nariño, “la experiencia asociativa más conocida, fue la cooperativa Coagropacífico que logró organizar a todos los productores rurales que abarcaban el territorio de cinco ríos en el noreste de Tumaco, llegando a formar más tarde el Movimiento Minga” (Agudelo, 2002, p. 115).
En estas luchas, el componente diferenciador consistió en utilizar el currulao5 como estratégia para manifestar sus inconformidades y demandas de salud y educación. Con esta forma de protesta se fue artículando la demanda por la identidad afrodescendiente, logrando movilizaciones que paralizaban el puerto del sur de Colombia. En el distrito especial de Buenaventura se crearon las “Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos que más tarde se denominó Movimiento de Integración Social del Pacífico (Mispa)” (Agudelo, 2002, p. 117), con el interés de renovar las formas de organización popular amplia en la gestión y de aplicar descentralización sobre la participación. Para lograr estos objetivos el movimiento realizó acciones de capacitación sobre la descentralización y organizaron Juntas Administrativas Locales (JAL) que fortalecieron así la participación electoral.
En el departamento del Chocó los procesos organizativos afrodescendientes, como los de la Asociación Campesina Integral del Bajo Atrato (ACIA), fueron el resultado de la lucha contra las empresas multinacionales que practicaban la explotación intensiva de madera en la región. En 1988 la ACIA instauró una demanda al Estado colombiano, en la que se le solicitó que a los afrodescendientes se les considerará comunidades autóctonas por su particularidad cultural, lo cual otorgaba autoridad para que reclamaran “el derecho a la propiedad del territorio que han ocupado ancestralmente” (Castillo, 2007).
Alrededor de la lucha por el territorio se dieron las primeras relaciones interétnicas entre indígenas de la organización Emberá Wounaan (Orewa) y los afrodescendientes de la Asociación Campesina del Rio San Juan (Acadesan). Ambas organizaciones demandaron al Estado la titulación de un amplio territorio indígena-afrodescendiente y que se “reconocieran las tierras de ambas comunidades en una sola legislación particular que protegiera sus derechos y les permitiera ser autónomos sobre este territorio denominado por estas organizaciones como bi-étnico” (Castillo, 2007).
La convergencia de estas dos organizaciones, junto con su experiencia organizativa como de lucha por el territorio, fue un referente nacional para que surgieran la Organización de Campesinos del Baudó (Acaba), la Organización de Campesinos del Bajo Atrato (Opoca), la Organización Popular del Alto Baudó y de la Asociación Campesina del Alto de San Juan (Asocasan), organizaciones que más tarde se convirtieron en los componentes de las mesas de trabajo del departamento del Chocó (Castillo, 2007). Estas formas organizativas sirvieron de base para lo que fue la Coordinadora Nacional de Comunidades Negras (CNCN), la cual participó en el proceso constituyente de 1991.
La política de la influencia: de la asociatividad al escenario preconstituyente
La política de la influencia de las organizaciones afrocolombianas en el proceso constituyente de 1991 activó múltiples formas de asociación, mecanismos y redes de comunicación durante las deliberaciones previas a la ANC. De modo simultáneo, en el escenario público se dinamizaron acciones para desarrollar demandas colectivas, movilizaciones y protestas. Estas acciones generaron articulación colectiva a escala regional y conquistaron los meso-espacios políticos,6 conectando la esfera de la política pública y fortaleciendo la participación y representación de los afrodescendientes para entablar sus demandas en la esfera de la política institucional.
Dicha política de la influencia se articuló con elementos propios de los procesos asociativos: formas de comunicación, estrategias discursivas, actividades educativas como elaboración de periódicos artesanales, charlas, foros y talleres en comunidades y universidades que estaban comprometidas con la lucha por el reconocimiento y la identidad afrodescendiente en la región. En la ANC, la política de la influencia tomó forma de estrategia nacional al combinar la movilización, la deliberación de la sociedad civil y las alianzas con otras fuerzas políticas para lograr la aprobación del Artículo Transitorio 55 de la Constitución Política.
La conquista de los mesoespacios políticos tuvo éxito porque el movimiento afrodescendiente trabajó en pequeños espacios de encuentro, en los que se produjo la deliberación, los debates y las propuestas se colocaron en la esfera pública. Desde este enfoque los espacios primarios de comunicación se denominan microsociológicos y se caracterizan por su amplia diversidad, que va desde “los cafés y lugares de encuentro casual, pasando por las asambleas formales de organizaciones sociales y civiles, o las reuniones políticas o académicas y los mítines” (Olvera, 1999). La conformación de los encuentros locales o microesferas públicas potenció al movimiento afrodescendiente a mediados de la década de 1990, cuando el Gobierno colombiano hizo pública la convocatoria para que todos los sectores de la sociedad civil pudieran participar en la ANC. Frente a esta iniciativa política, las comunidades afrodescendientes emprendieron acciones de difusión de sus demandas, por lo que lograron realizar encuentros preconstituyentes en los que se debatieron cada una de las demandas sobre la identidad y el territorio.
En este proceso, con miras a la convocatoria de la ANC, los líderes afrodescendientes realizaron “el primer encuentro pre-constituyente en Cali en 1990, con el propósito de crear una propuesta conjunta de acción de las comunidades afrodescendientes para darse a conocer como sector político partícipe de la sociedad colombiana” (Grueso, Rosero y Escobar, 2001). De esta forma, el MAS se presentó en la ANC como una organizaron de comunidades negras heterogéneas, por lo que lograron la presencia de 300 delegados provenientes de cerca de 120 organizaciones, seguido de un amplio ejercicio de deliberación y debate en relación con lo étnico, del cual surgieron sus representantes y se consolidaron sus demandas.
Bajo este escenario, las comunidades afrodescendientes construyeron redes de lealtad y solidaridad basadas en el disenso y el respeto por la diferencia de intereses, haciendo uso de redes de comunicación que fueron vitales en escenarios de encuentro y deliberación. No obstante, para las asambleas preconstituyentes se presentaron dificultades en el acceso a la información, de forma particular por las distancias y la ubicación de los territorios. Para que conozcan sus decisiones y expectativas políticas, los afrodescendientes utilizaron correos humanos encargados de recopilar los telegramas en los lugares más alejados:
El líder encargado tenía que ir desde la ciudad, adentrarse en el municipio o en la selva, ya fuera caminando o en canoa a varias horas de camino, para llegar al lugar donde estaba asentada la comunidad y allí convocar a asamblea a quienes estuviesen interesados, deliberar, juntar los telegramas y llevar las conclusiones de la asamblea para sumarlos a la Asamblea Nacional Constituyente (Carlos Cardona, entrevista personal, 25/6/2014).
Llevar a cabo el proceso comunicativo entre comunidades “[…] tardaba alrededor de quince días y en cada encuentro se realizaba el proceso de difusión y sensibilización, para lograr un espacio de deliberación en el cual la comunidad creara sus demandas para ser enviadas a las asambleas preconstitucionales” (Carlos Cardona, entrevista personal, 25/6/2014). Tanto los líderes como las bases sociales desafiaron este obstáculo, por lo que crearon un tejido comunicativo con elementos propios de su cultura e identidad, en medio de las mínimas condiciones económicas para trasladarse al interior del territorio. Utilizaron de forma estratégica el trabajo educativo para difundir y democratizar la información, para así lograr la igualdad en la participación política de los afrodescendientes.
El trabajo político del MSA en los escenarios preconstituyentes cobra valor en la ANC luego de la decisión de lanzar a su propio candidato. Carlos Rosero sería la persona que defendería la identidad afrodescendiente mediante dos objetivos claros: “Luchar contra la invisibilidad que el proyecto de nación mestiza había construido sobre la gente negra y obtener un conjunto de derechos relacionados con el territorio de la costa pacífica colombiana” (Castillo, 2007, p. 196). Rosero logró 3168 votos que no le alcanzaron para ocupar la curul en la ANC. Sobre esta situación, Jair Mena, líder comunitario, explica que:
El fracaso electoral se debió a la nefasta presencia del bipartidismo tradicional en la región del Pacífico, y también a presencias de la izquierda como el M-19, que cautivó con su accionar la atención de la población, en especial porque en su discurso denunciaban “la invisibilidad de las organizaciones afrocolombianas, la idea de blanqueamiento del proyecto integrador de la nación mestiza y la poca experiencia electoral de las organizaciones agrupadas en el CNCN, que no podía contrarrestar las practicas clientelistas del bipartidismo en la región del Pacífico” (Jair Mena, entrevista personal, 4/6/2014).
Influencia de los afrodescendientes en la esfera pública: el salto de lo local-regional
La influencia política del movimiento afrodescendiente inició con una serie de demandas locales en la esfera pública regional. Tiempo después, se dio el proceso asociativo de los comités territoriales y veredales que fortalecieron la Organización de Barrios Populares y Comunidades Rurales del Chocó (Obapo) y la Hacia, que generó campañas de conciencia medioambiental del río Atrato. Al mismo tiempo, “organizaciones como la Orewa aportaron conocimiento cartográfico desde el conocimiento indígena. La Obapo aportó el conocimiento de los pobladores sobre las relaciones rurales urbanas que se mantenían en el territorio. El objetivo de este proceso asociativo fue responder a la defensa del territorio que históricamente les pertenece” (Jair Mena, entrevista personal, 4/6/2014).
La incidencia política en el proceso constituyente
La política del poder busca conquistar posiciones dentro del Estado para participar de forma directa en las decisiones del Gobierno. Esta categoría analítica combina las diferentes formas de lucha, “recurre a la protesta, la gestión institucional y a estrategias institucionales como la creación de consejos, agencias de control o la participación electoral para conseguir legitimidad social y representación en diferentes estancias políticas” (Zamosc, 2005, p. 214). En medio de este proceso cobra valor el trabajo previo de las organizaciones y los líderes en escenarios preconstituyentes. Incluso, varias de “[…] estas fuerzas que convergieron en la coyuntura de la ANC decidieron apoyar los candidatos liberales7 o apuntaron hacia los candidatos de la izquierda que estaba representada por la guerrilla desmovilizada del M-19 y la Unión Patriótica” (Jair Mena, entrevista personal, 4/6/2014). Esto fragmentó a la Coordinadora, que empezó a ser vista como “un espacio donde se experimentó el encuentro y participación para afrontar la coyuntura de la ANC” (Grueso, Rosero y Escobar, 2001).
Luego de la perdida electoral de Rosero, el MSA estableció relaciones políticas con el movimiento indígena como estrategia para incorporar sus demandas en la ANC (Jair Mena, entrevista personal, 4/6/2014). “En este caso, en el departamento del Chocó la ACIA construyó relaciones interétnicas con los indígenas con su candidato Francisco Rojas Birry, quien asesoró las luchas territoriales de las comunidades afrodescendientes e indígenas frente a las disputas con las empresas de explotación maderera y minera” (Jair Mena, entrevista personal, 4/6/2014). A la par, algunos núcleos afrodescendientes que se identificaron con la CNCN también tomaron contacto con Lorenzo Muelas, quien fue el candidato indígena de la Asociación indígena de Colombia (AICO), pero Muelas fue claro: su defensa estaría más a favor de las comunidades indígenas que de las afrodescendientes.
5.2Cabildeo y persuasión en la ANC
El movimiento afrodescendiente persuadió a los constituyentes utilizando el cabildeo y el debate político como mecanismos para lograr transitar de la política de la influencia a la política del poder. “Los afrodescendientes pactaron alianzas con los constituyentes de las comisiones de la ANC, a través del diálogo, los acuerdos, la exposición de motivos, el lobby, lograron el reconocimiento de su identidad en la institucionalidad, en la esfera política pública y en la sociedad” (Jair Mena, entrevista personal, 4/6/2014).
Una de las estrategias de presión institucional fue la ejecutada por la Organización Nacional Indígena de Colombia, con el nombre del “telegrama negro”. Esta acción consistió en el envío
[…] mediante la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom)8 [de] más de 20.000 telegramas a la ANC manifestando las demandas y las problemáticas de la población. Los afrodescendientes solicitaban a la Asamblea que escucharan y aprobaran sus propuestas. Para llevar a cabo esta acción, una red de correos humano se desplazó hacia las veredas y las zonas ribereñas para llevar y traer los telegramas hasta dejarlos en las sedes regionales de Telecom y enviarlos a la ANC en Bogotá (Jair Mena, entrevista personal, 4/6/2014).
También realizaron acciones como la toma de la embajada de Haití9 en Bogotá que consistió en un mecanismo de presión al Gobierno para que la ANC tuviera en cuenta las demandas afrodescendientes en la Constitución. La combinación de estas acciones políticas generó “un espacio de negociación con el Ministerio del Interior y el movimiento afrodescendiente en el cual los líderes hicieron reclamo a los voceros del Ministerio por no tener un espacio para ellos en la Constituyente” (Jair Mena, entrevista personal, 4/6/2014).
En relación con las alianzas políticas electorales, los afrodescendientes pactaron con tres fuerzas políticas. La primera, con el movimiento indígena con dos candidatos propios y aliados a las comunidades indígenas y al movimiento social afrodescendiente. Esta alianza se enfocó en la lucha compartida por el territorio. Una lucha social de exclusión histórica que se había fundamentado en contra de la construcción de la nación mestiza y la lucha por un territorio biétnico en el cual la titulación también fuera para los afrodescendientes, teniendo en cuenta que los indígenas ya tenían su reconocimiento como resguardos indígenas en la Constitución.
El constituyente indígena Francisco Rojas Birry presentó las demandas de los afrodescendientes en la comisión segunda de asuntos étnicos de la ANC. Esta ponencia reflexionaba el porqué era necesario darle un carácter multiétnico y plural a la nación al argumentar que la unidad nacional se afianzaba mediante la diferencia y abriendo espacios para que los valores democráticos se manifestaran. Para ello, Rojas Birry presentó los cuatro derechos fundamentales de los grupos étnicos: “la etnicidad cultural, la autonomía, la propiedad territorial y la participación en los asuntos de gobierno” (Sánchez, Roque y Sánchez, 1993). Estos derechos fueron complementados con una estrategia para el reconocimiento de los territorios étnicos como entidades territoriales de la nación.
Dicha formulación se apoyaba en las siguientes postulados: 1) la autonomía en su formas de organización económica, social y política; 2) formulación de una ley de acuerdo con la población, recursos y las demandas territoriales; 3) legitimación de la autonomía de las entidades territoriales de acuerdo con la diversidad cultural; 4) la denominación de “nacionales” a los indígenas que compartan territorio fronterizo con Colombia; 5) la prohibición y sanción a toda forma de racismo y discriminación, y; 6) el reconocimiento y la garantía estatal de las formas de propiedad comunitaria y solidaria (Sánchez, Roque y Sánchez, 1993).
La segunda fuerza política fue la Alianza Democrática M-19 y la Unión Patriótica. Los afrodescendientes contactaron al académico y constituyente Orlando Fals Borda, quien realizó la exposición de motivos en la comisión de ordenamiento territorial, por lo que propuso: 1) la revisión de límites de las entidades territoriales; 2) la conformación de las entidades territoriales nuevas o con previa consulta popular; 3) realizar estudios técnicos y producir material cartográfico basado en argumentos sociodemográficos, culturales, económicos y ecológicos; 4) realizar con las instituciones especializadas una serie de consultas populares y especializadas en los sitios que experimenten los cambios señalados; y 5) producir y publicar periódicamente el mapa oficial de la República con las novedades efectuadas en las entidades territoriales y sus límites (ANC, Proyecto de reforma constitucional No. 14, p. 4).
La tercera fuerza política fue con el liberalismo del Caribe colombiano. Eduardo Verano de la Rosa, al realizar una ponencia sobre la administración y distribución territorial de los municipios de Colombia, propuso la creación de un Estado descentralizado en su gestión pública, insistiendo en la autonomía de las regiones en oposición a la centralización y toma de decisiones desde la capital de la república. Por último, fueron siete las ponencias que se presentaron en la comisión segunda como proyectos para que los territorios indígenas y étnicos se consideraran como entidades político-administrativas del país, junto con dieciséis proyectos territoriales destinados a legislar sobre la autonomía de los territorios indígenas y étnicos, ya sea de forma autónoma o como régimen de organización política, económica, social y por administración de recursos naturales de su territorio (Sánchez, Roque y Sánchez, 1993).
Conclusiones
La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en Colombia fue un referente histórico y político importante en la organización y participación del movimiento afrodescendiente colombiano en la esfera pública e institucional. El movimiento, que logró participación y representación de forma indirecta, tuvo su eje de lucha en el reconocimiento como grupo étnico con identidad y territorialidad. Bajo esta idea el movimiento logró el estatus de movimiento social afrodescendiente con presencia nacional.
Así, se transformó la forma de hacer la política para los afrodescendientes, dando un salto desde una política de la dispersión basada en el asociacionismo civil, de orden religioso y cultural prodefensa de los derechos humanos ciudadanos, a una política de movimiento social organizado con articulación, con líderes locales, regionales y nacionales que se identificaban con una plataforma de lucha en torno al reconocimiento de la identidad y la territorialidad de los afrodescendientes a escala nacional.
El movimiento transcendió con la política de la influencia, buscando legitimidad constitucional y reconocimiento social. De hecho, la aprobación del artículo transitorio 55 permitió que, desde lo constitucional, se introdujera la categoría de afrodescendientes. De este modo, fueron reconocidos en lo legal como grupo étnico con una identidad basada en prácticas tradicionales y ocupación ancestral del territorio, tanto de forma individual como colectiva.
El movimiento logró que el Gobierno colombiano reconociera de manera legal la Comisión Especial de Comunidades Negras (CECN), lo que significó para las comunidades afrodescendientes la conquista de otro escenario de poder, luego de instaurar las comisiones fijas y legitimadas por el Gobierno en la esfera de la política institucional. La institucionalización de esta comisión reforzó el reconocimiento constitucional del multiculturalismo y lo pluriétnico. Se fortaleció, así, la autonomía del movimiento afrodescendiente de cara al proceso constituyente, logrando que el tema de lo étnico se entienda desde los conceptos de lo rural, el territorio, el río y las zonas ribereñas. Es decir, una autonomía definida por los afrodescendientes de acuerdo con la particularidad de los contextos territoriales, las dinámicas culturales, los proyectos contextualizados y la implementación de las políticas que obedecen a las necesidades de las comunidades. Esto fue la base de un amplio proceso que desplegó y amplió el movimiento en los siguientes años, para continuar con la entrega de títulos colectivos a las comunidades que se ubicaban en zonas geográficas cercanas a los ríos y vertientes hidrográficas.
