Introducción

El propósito de este trabajo es mostrar a la crisis fronteriza sucedida en el año 2015 entre Colombia y Venezuela como una afrenta o retroceso a los esfuerzos de integración regional promovidos, primordialmente, por las organizaciones internacionales, a la luz del liberalismo institucional como teoría de las relaciones internacionales.

En agosto de 2015, tras ciertos incidentes protagonizados entre policías y presuntos miembros de grupos al margen de la ley, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió cerrar los pasos fronterizos de Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia en la frontera con Colombia. El resultado de esta decisión fue la expatriación de más de más de mil ciudadanos colombianos, lo que generó una fuerte crisis humanitaria fronteriza que se agudizó con el estado constitucional de excepción (^{Sánchez de Rojas Díaz, 2015}: 5) y la militarización de dichos pasos fronterizos. Esto forzó a que cientos de familias se desplazaran con enseres domésticos y niños en sus hombros. Las imágenes captadas por los medios de prensa internacional, atrajo la atención de algunos organismos como la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Todo esto en el lapso de aproximadamente veinte días.

Ante esta situación, la integración regional puede verse amenazada, más aun frente la imposibilidad de sus organismos regionales para dar respuesta al problema. Ni la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) ni la Organización de Estados Americanos (OEA) han brindado una solución definitiva a los problemas fronterizos, incluyendo corredores humanitarios e incluso una solución de refugio de una medianía permanente.

Es importante acotar que, la crisis de la frontera entre Colombia y Venezuela es una demostración del debilitamiento de las organizaciones regionales y del avance de las nuevas dinámicas de seguridad sobre la región, posteriores al 11 de septiembre de 2001. En tal sentido, Sánchez afirma que la Unasur no pudo dar una solución inmediata a esta crisis, cuestión que sí logró en 2008, durante el bombardeo colombiano a la región ecuatoriana de Angostura, evitando con su intervención diplomática otro tipo de consecuencia (ibid,: 7).

Por otro lado, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) se preocupó en sumo grado por las cifras que arrojó el estado de excepción decretado por el presidente Maduro. En total, la crisis contabilizaba en su primer informe de situación, a siete días del decreto, 1088 repatriados, de los cuales 244 eran menores de edad, 929 albergados y más de 4000 que retornaron voluntariamente ante la violenta situación (^{OCHA, 2015: 1}).

Ahora, cabe analizar si las acciones del presidente Maduro y su posterior crisis constituyen una grave amenaza a los intereses de integración regional y si la misma no se enmarca nuevamente en el debate, tan antiguo, entre securitización y neorrealismo versus liberalismo institucional. Adicionalmente, se centra la cuestión de si los grupos al margen de la ley y la violencia en las fronteras son causas o consecuencias de esta crisis.

Podría entonces afirmarse que los asuntos fronterizos aún manejan dinámicas lejanas a los intereses de integración y que las políticas de seguridad en estas zonas son netamente realistas. Por tanto, ¿de qué manera desentrañar esta dialéctica? Una opción es hacerlo mediante un análisis académico de las acciones tomadas por los Estados a favor o detrimento de la integración; a la vez, enmarcar estas dentro de la protección a los derechos humanos que propugnan los organismos regionales de integración.

El presidente Nicolás Maduro, desde varios escenarios mediáticos, incluidos la televisión pública y la revista gubernamental Nueva Frontera de Paz, ha expresado su decisión de continuar con el estado de excepción con respuestas enérgicas a la “constante agresión de los elementos más rancios de la burguesía y sus aliados narcotraficantes contrabandistas, paramilitares, entre otras secuelas del capitalismo” (^{Maduro, 2015: 2}), legitimando con esto, sus decisiones poco humanitarias desde el escenario de la seguridad para la nación venezolana.

La dinámica ha sido la misma de siempre en materia de derechos humanos. Un régimen autoritario, por un lado, y la falta de respuesta internacional, por el otro. Los organismos internacionales poca o nula incidencia tuvieron en la crisis, no solo desde la vía diplomática, con un Gobierno venezolano cerrado a sus decisiones, sino desde el apoyo a las víctimas.

La securitización fronteriza, un enfoque realista

Los episodios de violencia¹ ocurridos en la frontera colombo-venezolana se enmarcan dentro de la securitización. Esta teoría de alcance medio dentro de las relaciones internacionales, se caracteriza por la construcción de amenazas, las mismas que por su carácter emergente exacerban o tienden a recrudecer las acciones políticas del Estado, llevando así a una ruptura de normas para enfrentar dichas amenazas (^{Buzan, Weaver y DeWilde, 1998}: 37). Entonces, y de acuerdo con la teoría, el Estado venezolano es un agente securitizador y las zonas fronterizas son concebidas como amenazas constantes. Estas zonas se securitizan por medio de reformas legales o mediante la ruptura del orden jurídico establecido (^{Buzan 2006: 35}).

La securitización en este sentido, se denomina restringida, pues se ciñe a la aplicación de medidas coercitivas de carácter militar para enfrentar a la amenaza (^{Buzan, Weaver y DeWilde, 1998}: 134); por ello, la misma se relaciona con los postulados realistas de relaciones internacionales. Para el realismo, la anarquía internacional, así como la falta de un gobierno central, junto con la multitud de unidades y el conflicto inherente entre las mismas, son los postulados básicos para su teoría (^{Morgenthau, 1994}: 217).

Con estas breves consideraciones teóricas, la amenaza fronteriza, construida por medio del discurso, encuentra legitimidad en el campo de acción militar mediante el cierre de fronteras y posterior violación al derecho a la movilidad de los ciudadanos colombianos que residen en las zonas de conflicto. Lo que cabe analizar aquí es si la militarización y demás acciones exacerbadas del Gobierno venezolano atentan contra la integración regional. Por otro lado, el Gobierno colombiano procedió a mediar a través de organismos como la OEA la reapertura de las fronteras y evitar con ello la deportación de cientos de ciudadanos colombianos. Es importante destacar que el cierre de frontera y posterior militarización de la misma es potestad de Venezuela, en ejercicio del estado de excepción constitucionalmente consagrado donde Colombia, únicamente podría interpelar a las negociaciones para la reapertura de la misma. Podría abordarse el tema de la falta de seguridad en las fronteras por parte del Estado colombiano, sin embargo, la medida securitizante es tomada de manera exclusiva por el Estado venezolano.

Las posiciones son diversas y pueden ser amalgamadas desde la teoría. No existe proceso securitizante restringido² que se aleje de la militarización, así como tampoco existe un accountability o rendición de cuentas que pueda ser puesto en marcha dentro de estos procesos; por ende, no solo constituyen un atentado a la integración regional, sino que afectan a los derechos humanos (movilidad e integridad) de poblaciones marginales, exacerbando así la crisis migratoria.

Estamos ante un claro ejercicio de poder militar dentro del territorio de un Estado soberano. Esto, en palabras de ^{Jackson y Sorensen (2007}), es el retorno al pensamiento constante de guerra y a la seguridad fronteriza como principal interés de defensa. Las actuaciones de Maduro doblegan el interés regional y el institucionalismo liberal. ^{Tickner y Pardo (2003}) sostienen que la visión realista de frontera solo se gesta con facilidad en contra de grupos al margen de la ley, sosteniendo el caso del conflicto colombiano. Los Estados ven poco probable ser derrotados por un grupo minoritario, por eso activan de manera presuntamente eficaz a sus fuerzas del orden para restituir la institucionalidad democrática sobre zonas desbordadas por la violencia.

El realismo clásico de Morgenthau delinea ciertos postulados que no varían con respecto a las acciones militares de países como Venezuela. Para el internacionalista mencionado, “las sociedades nacionales deben su orden y su paz a la existencia de un Estado que, dotado con el poder supremo dentro del territorio nacional, guarda la paz y el orden” (^{Morgenthau, 1994: 235}). Salvaguardar la paz y el orden se convierte, para el Gobierno venezolano, en la prerrogativa más importante, sin interés de la integración regional, por una razón primordial: la paz y el orden se constituyen en la base del Estado; aquel Estado que ejerce el monopolio de la violencia legítima, visto así por Weber y caracterizado por Morgenthau como tal.

El interés nacional venezolano de supervivencia supera a la posibilidad de integración y al respeto a los estándares internacionales de derechos humanos. ^{Waltz (1988}: 13) explica este fenómeno aduciendo que el interés nacional se convierte en una guía que obliga a los líderes a tomar decisiones de forma casi automática, pues no existe mayor ámbito de decisión si se quiere la supervivencia estatal.

Concordante con ello, Freddy ^{Rivera (2012}: 21) señala que las políticas securitizadoras no son deseables; todo lo contrario, pues conllevan el quebrantamiento de normas establecidas y por lo general tienden a fundamentarse en estados de excepción o decretos presidenciales. Por ello, necesariamente la falta de rendición de cuentas expone a la sociedad civil al detrimento de sus derechos humanos, cuestión clara en este caso de estudio, que por su notoriedad internacional atrajo la ayuda humanitaria de diversos organismos internacionales.

Es importante aclarar que la integración regional parte de la cooperación, aquella cooperación que solo es loable dentro de un sistema internacional liberal. ^{Keohane (1988}: 132), precursor del liberalismo institucional, expresa que esta teoría de por sí da por hecha la existencia de intereses mutuos entre los actores internacionales (Estados, Organismos Internacionales y ONG) que por ende llevarán a la cooperación. Sin embargo, distingue la cooperación de los intereses mutuos, señalando a la primera como una suerte de adaptación, lejos de un juego de posibilidades donde los intereses mutuos son mayores a los contrapuestos.

Por ello, para Keohane el compromiso entre Estados y actores internacionales adquiere validez, como en este caso en la integración regional, cuando se ponen de común ciertos acuerdos que conllevan a beneficios para todos los actores de la integración:

La riqueza y el poder se vinculan en las relaciones internacionales por medio de las actividades de actores independientes de los cuales los más importantes son los Estados, no subordinados a una jerarquía gubernamental mundial. No hay ningún distribuidor de recursos con autoridad: no podemos hablar de una “sociedad mundial” que tome decisiones acerca de resultados económicos. No existe ningún grupo de normas consistente ni activable. Si los actores pretenden incrementar su bienestar por medio de la coordinación de sus políticas, deben hacerlo pactando y no invocando algún tipo de directiva esencial (^{Keohane, 1988}: 33).

Los liberales consideran a la cooperación internacional como parte de la economía mundial. Los intereses de integración regional se enmarcan dentro de la cooperación internacional y los postulados liberales, es por ello que no puede pretenderse insertar políticas securitizantes como la venezolana dentro de un contexto de integración regional. La política internacional en materia de seguridad es analizada a la luz del contexto de las organizaciones internacionales (^{Keohane, 1988}: 37).

Es importante entender que la crisis en la frontera colombo-venezolana no es por sí sola un asunto que merezca políticas de securitización, pues no se adecúa a lo que la teoría establece como amenaza a la seguridad estatal. Si se hace un ejercicio lógico de razonamiento, se puede observar que si bien las escaramuzas en las líneas de frontera afectan la seguridad fronteriza venezolana,³ las mismas fueron esporádicas. Por ende, los decretos del Gobierno chavista encarnado en Maduro para securitizar la frontera e iniciar los procesos de deportación de miles de colombianos constituyen una afrenta al presunto orden sudamericano propuesto por la Unasur.

^{Rodrigo Álvarez Valdés (2009: 3}), en su ensayo sobre “Unasur: desde la perspectiva subregional a la regional”, concluye algo similar a lo que este trabajo plantea, pues afirma que la Unasur difícilmente logrará constituirse en un referente de integración regional si en su pilar no se encuentra, en primer término, la confianza en la seguridad y la consolidación de una zona sudamericana de paz, poniendo fin a conflictos fronterizos antiguos y nacientes, mediante un Consejo de Seguridad Sudamericano, que permita, por medio de la confianza, el desarrollo de medidas que conlleven a las naciones a estrechar lazos entre sus propias fuerzas armadas, considerando las áreas de cooperación y las distintas relaciones entre las mismas. Además, coincide en indicar que otro de los retos que enfrenta la organización es la necesidad de reconocimiento y legitimidad que deben brindar al organismo los propios Estados mediante el reconocimiento de este ente supranacional en el cual todos deberán tener participación activa. Claramente, seis años después las conclusiones de Álvarez no se han dilucidado en prácticas integradoras que permitan desarrollar a la región.

Lo que Álvarez señala en términos académicos podría aseverarse como el retorno a un enfoque liberal, tendiente a buscar la cooperación y consenso entre actores internacionales, además de la propuesta de un Consejo de Seguridad que procure la confianza entre los mismos con la tendencia de amalgamar las preocupaciones securitarias de las naciones en un solo organismo internacional. La tendencia a buscar la integración regional parte de un análisis liberal de las relaciones entre países de la región, lo cual, a mi forma de ver, deja de lado los constantes roces fronterizos, nacidos del Plan Colombia y consolidados en los grupos armados y el tráfico constante en las fronteras colombianas.

La Unasur y a su vez el referido Álvarez, apoyado por ^{Briones (2008}), prescinden de un análisis securitario del conflicto armado colombiano y de su visión internacional como un problema regional, caracterizado por los picos de violencia en los gobiernos de Uribe que polarizaron el conflicto, generando que Colombia, de acuerdo con la ^{Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) (2007: 3}), sea el segundo país con mayor cantidad de desplazados y refugiados en el mundo.

El planteamiento liberal de apoyo regional a la seguridad parte de la idea, estructurada en la teoría, de medidas de confianza mutua. Este tipo de medidas son caracterizadas por ^{Tulliu y Schmallberger (2001}: 112) como aquellas emprendidas por los Estados con el afán de generar políticas militares nacionales que permitan superar problemas comunes o errores que podrían llevar a posibles tensiones, el afán de las mismas es introducir transparencia y predecibilidad en las relaciones militares estatales, visibilizando las intenciones y reduciendo las dudas sobre posibles ataques o acciones militares sorpresa, frenando de cierta manera el uso coercitivo de la fuerza militar.

En apariencia, se registra una dialéctica entre las acciones tomadas en la frontera colombo-venezolana y el afán de integración regional propuesto por Unasur, que plantea, nuevamente, la discusión entre realismo y liberalismo. Con un gobierno venezolano tan polarizado, la solución no parece avizorarse para los refugiados colombianos, generando así, de cualquier modo, el detrimento en los derechos humanos de los refugiados y desplazados, tanto colombianos como venezolanos en frontera.

Las acciones securitarias llevadas a cabo por el presidente Maduro son el resultado de la desproporcionalidad del uso de la fuerza por parte del Estado. Son muchas las familias que se desplazan por la complicada geografía fronteriza, cargando a sus espaldas los pocos enseres que son parte de su diario subsistir.⁴ Por si ello fuera poco, la crisis abordada en el presente texto se aunó a aquella mundial de los refugiados sirios en Europa, de manera contextual, pues en los mismos días que el presidente Maduro expulsaba colombianos, ofrecía refugio a ciudadanos sirios. Sin embargo, tanto sirios como colombianos, son solo el eslabón débil del poder: la cadena de efectos securitarios poco hace por apoyar a los marginales. Todo lo contrario, son las muestras del grosero uso del poder y de la existencia de políticas realistas en los países, tanto en crisis como desarrollados que no esperan la oportunidad de negar el refugio y convertir a los seres humanos en problemas para la seguridad de la nación. En el siguiente acápite insertaré a la crisis dentro del problema mundial de refugio y su dinámica violatoria a los derechos humanos. La frontera no solo revela lo grave de la situación, sino que lejos de integrar divide a los seres humanos en legales e ilegales.

Corolario: los derechos humanos, el eslabón más débil de la cadena securitaria

Los derechos humanos en estricto sentido se ven constantemente amenazados por las políticas estatales securitarias. Freddy ^{Rivera (2012}: 22) señala que existe una completa disociación entre estas medidas y el respeto a los derechos humanos; sin embargo, a su modo de ver, una correcta rendición de cuentas y control institucional puede ser el puente que permita caminar por la escabrosa quebrada al vacío entre la ruptura de normas y el respeto a los derechos humanos. Dicho autor coincide en apreciar a la securitización como un proceso que carece de controles institucionales; por ende, genera mayor vulnerabilidad a los derechos humanos. No obstante, señala que la existencia de control constitucional podría amalgamar estos procesos con los regímenes de derechos humanos (Rivera, 2012: 23).

En similar sentido es importante llegar a establecer una visión de los derechos humanos. Dicha perspectiva comporta un análisis amplio, pues el hecho de que estos derechos partan de perspectivas declarativas y sean difusos conlleva por parte del Estado una obligatoriedad de garantizar los mismos. Precisamente lo opuesto sucede cuando se ponen en marcha las políticas securitarias.

Ferrajoli conceptualiza a los derechos humanos de manera amplia, puntualización que sirve para este trabajo porque permite ahondar en su verdadero significado y la amplitud del mismo. Para el mencionado tratadista, los derechos humanos son fundamentales y por tal comportan ciertas características que los hacen innatos a la calidad de ser humano, pues los mismos corresponden universalmente a todos los seres humanos por estar considerados como personas (Ferrajoli, 2008: 19).

La política securitaria venezolana analizada en el presente trabajo conlleva una problemática grave. Rivera coincide en indicar que los desplazados son la forma más brutal donde se evidencian las falencias gubernamentales para la protección del derecho humano: los seres humanos que son desplazados, en este caso los colombianos que son desterrados de Venezuela, son invisibilizados en el país de llegada y lanzados a una suerte de peregrinaje en el cual, lejos de encontrar la protección necesaria para sus derechos humanos, son propensos a ser soslayados por su Estado de origen, ocasionando una doble violación de derechos humanos estatal (^{Rivera, 2012: 21}).

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios llegó a establecer, a menos de dos meses de la crisis, una situación sumamente alarmante en la frontera colombiana norte. En estos informes se evidencia la nula existencia de intención estatal venezolana de apoyo a la crisis, así como lo cruel de las políticas securitizadoras que llevaron al Gobierno venezolano a violar los derechos humanos de miles de refugiados colombianos, asimilándolos a grupos al margen de la ley y culpándolos de la situación por el simple hecho de su lugar de nacimiento (^{OCHA, 2015: 3}).

En lo que respecta al derecho humano a la vivienda, los albergues alertaban la presencia de más de 600 personas en ese momento en el Departamento de Norte de Santander, en la frontera colombiana. De estas personas muy pocas contaban con acceso a la educación en escuelas cercanas a los albergues, la asistencia sanitaria y médica era escasa y la reinserción a la sociedad colombiana compleja (ibid.).

Cabe aquí, entonces, realizar un análisis de la proporcionalidad de las medidas securitarias en contraposición a los derechos de los ciudadanos colombianos refugiados. Una simple escaramuza entre grupos armados y militares venezolanos generó la pérdida de derechos ciudadanos de miles de ciudadanos colombianos, que, desde ese momento, se vieron obligados a peregrinar en buscar de ayuda internacional, ya que sus propios gobiernos los invisibilizaron. El uso del poder militar para la verificación de las deportaciones de los refugiados fue evidente durante este proceso.

Luiz Guilherme ^{Arcaro Conci (2015}: 141) señala que la integración sudamericana podría llegar mediante la estabilización de los tratados internacionales de derechos humanos en las legislaciones internas. Por otro lado, aquello llevaría a propender a una coherencia gubernamental con respecto a los derechos humanos. Aun así, el problema subsiste, ya que dicha perspectiva se diluye en el mar de las securitizaciones; estas medidas de seguridad que rompen ordenamientos jurídicos establecidos en distintos países y en ese mismo orden avasallan, también, normas y estándares internacionales de derechos humanos.

Por otro lado, un criterio más acertado, planteado por el jurista brasileño, consiste en velar por un control de convencionalidad en la aplicación de los estados de excepción o de sitio que conllevan las medidas securitarias. Esto implica que los órganos encargados verifiquen si estas políticas gubernamentales, plasmadas en criterios jurídicos, se componen con el Tratado de San José y su declaración de Derechos Humanos (^{CorteIDH, 2010: 4}). Al respecto, conviene afirmar que este mecanismo solo tendrá validez si los Estados que pretenden usarlo, más allá de ser suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos, tengan una coherencia jurídica por el respeto de los tratados internacionales (^{Arcaro Conci, 2015}: 143)

Entonces, planteado el escenario con respecto a los derechos humanos, se avisora un problema más álgido: si existen mecanismos como el control de convencionalidad o los controles institucionales, ¿por qué la crisis colombo-venezolana concluyó con graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado venezolano? La respuesta no es sencilla y puede esbozarse desde varias aristas: la primera tiene que ver con la crisis diplomática existente entre los dos Gobiernos, la disociación de la diplomacia genera políticas securitarias poco amigables. La experiencia lo ha manifestado a viva voz en los episodios fronterizos de Chile y Perú o en el bombardeo a Angostura en Ecuador.

Por otro lado, y más allá de la crisis diplomática o de las divergencias ideológicas entre los Gobiernos de Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, es importante acordar que la securitización de por sí es una medida que busca exclusivamente el interés nacional, dejando de lado la diplomacia. Se podría decir que la securitización es un triunfo del hard power sobre el soft power.

Por ello, a pesar de las buenas intenciones del control de convencionalidad expresado en los altos tribunales de justicia, así como en el ejercicio del poder jurisdiccional, no es loable para crisis migratorias, puesto que los mecanismos de excepción pasan por alto los controles judiciales. Un ejemplo claro fueron los estados de excepción continuos durante el conflicto colombiano, en especial aquellos decretados por el presidente Uribe.

Los mecanismos de control institucional exigen de parte del Estado una fuerte institucionalidad; esta precisamente es la falencia de los Estados sudamericanos. La nula rendición de cuentas de los tomadores de decisiones y del poder público en general torna a las políticas securitarias en una suerte de loterías militares, en las cuales no se puede saber, sino hasta su conclusión, la repercusión de las mismas para los derechos humanos.

Desde una posición académica la respuesta podría encontrarse probablemente en que las democracias latinoamericanas -tan golpeadas o heridas últimamente- encuentren la forma de fundar instituciones sólidas que homologuen estos mecanismos. Una suerte de freno al amplio embate del poder militar en zonas con altos niveles de marginalidad, lo cual solo conlleva la deshumanización del individuo, la pérdida de valores humanistas y el sacrificio del bien jurídico y derecho humano más sagrado: la vida.

Conclusiones

La integración regional como concepto es muy utópico si la región no define mecanismos de control institucional que brinden coherencia entre el discurso y la práctica en materias como la política pública y la seguridad.

Si de algo adolece Sudamérica actualmente es de falta de institucionalidad. Los cambios gubernamentales rompen el esquema institucional establecido y tienden a adecuarlo, nuevamente, a sus intereses. Por ello, haciendo una suerte de ejercicio lógico a futuro, la pregunta a plantearse es: ¿qué sucederá con la frontera cuándo el régimen de Maduro concluya? Entonces cabe inferir una respuesta desde los actores, razón por la cual se puede entender que las estructuras institucionales son débiles y dependen de un gobierno para su funcionamiento y legitimidad en uno u otro sentido.

La débil institucionalidad del Gobierno venezolano, así como de su par colombiano, ha generado que la crisis fronteriza sea un asunto de nula solución, o, mejor expresado, de solución autoritaria y poco humana. No podemos hablar de integración regional si continuamos securitizando nuestras fronteras y violando el derecho a la movilidad de los ciudadanos, debiendo acotar que el discurso de la Unasur ha sido recurrente en referencia a la ciudadanía sudamericana.

La integración regional como concepto aplicable a la región es, aún, irreal. Las crisis fronterizas, como la sucedida en agosto de 2015 entre Colombia y Venezuela o el Bombardeo de Angostura en 2008, refuerzan la idea de una visión sudamericana realista de la seguridad; esta se encuentra arraigada no solo en las propias fuerzas armadas sino en las decisiones de los gobernantes que devienen en atentatorias de derechos humanos fundamentales.

La securitización restringida, aquella en la cual la militarización es la respuesta a los asuntos de seguridad nacional, es la herramienta política de preferencia en muchos gobiernos para enfrentar asuntos que pueden ser solucionados por otras vías.

Los caminos democráticos del consenso y la rendición de cuentas inexistentes demuestran una débil institucionalidad que se impone como una restricción a la integración. Ya sea mediante medidas de confianza o excesiva diplomacia, la Unasur tiene un largo camino con respecto a los derechos humanos y a las poblaciones fronterizas. La seguridad nacional se ha convertido en la piedra de tope de los derechos humanos, deslegitimando a los gobiernos constitucionales y alertando a los organismos internacionales.