Seguridad humana desde una perspectiva feminista crítica

El concepto de seguridad humana desde una perspectiva feminista crítica posee un carácter interdisciplinario y crítico de la concepción dominante y tradicional de la seguridad nacional. Tal perspectiva reconoce que las mujeres deben participar en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de planes de desarrollo y seguridad en sus comunidades con el fin de identificar los asuntos que agravan de forma directa su inseguridad en contextos específicos. Así, dicha perspectiva combina las nociones de seguridad humana desde la teoría crítica, las críticas feministas de la seguridad nacional, la noción de interseccionalidad de la feminista Kimberlé ^{Crenshaw (1991}) y el concepto de matriz de dominación de Patricia ^{Hill Collins (2000}). El marco teórico referido pone particular atención a las relaciones de poder y comprende que la inseguridad se vincula con la vida diaria de las personas en formas sexistas, racistas, clasistas y geográficas en las fronteras de Ecuador.

Al explicar algunas discrepancias y complementariedades entre el feminismo crítico y la seguridad humana, el concepto propuesto de esta última, desde una perspectiva feminista crítica, sirve para analizar las experiencias de inseguridad de las mujeres y el contrabando de combustible y gas en las fronteras de Ecuador. Una primera discrepancia hace referencia a la crítica feminista que cuestiona y desafía el término “humano” del concepto de seguridad humana, pues este se ha construido como una categoría de exclusión de género que oscurece las matrices de poder que diferencian a los individuos desde lo social (^{Marhia, 2013}: 19). El discurso de la seguridad humana tiene sus raíces en el enfoque del desarrollo con base en capacidades como libertades. Dicho enfoque, concebido por Amartya ^{Sen (1999}), ve al individuo como un selector autónomo y preocupado en proteger su propia vida y dignidad. Sin embargo, tal perspectiva no reconoce que la seguridad, el bienestar y la capacidad de elegir de un individuo dependen de su ubicación social y red de relaciones sociales (Marhia, 2013: 22). Por ejemplo, el término “humano” no supera ciertos silencios de género (^{Hudson: 2005}, 155-157). Por tanto, la dimensión de género se pasa por alto, proporcionando un conocimiento parcial de los problemas de seguridad.

En el presente artículo se asume que la seguridad humana y la seguridad feminista, vistas desde una perspectiva crítica, no son corrientes teóricas irreconciliables. A pesar de que la seguridad humana aparece como el principal cambio de paradigma del enfoque estadocéntrico de la seguridad a partir de 1994, principalmente debido al cambio de la naturaleza de las amenazas al final de la Guerra Fría, el feminismo ya había propagado conceptos y referentes de seguridad similares a partir de la década de 1980 (^{Nuruzaman, 2006}: 286, 298). El análisis feminista de la seguridad también presta atención a la persona y a la comunidad más que al Estado o al sistema internacional (^{Tickner, 1997}: 624). Tanto la seguridad humana como el feminismo muestran una profunda insatisfacción con el paradigma de seguridad realista que interpreta la seguridad por intermedio del lente restrictivo de la seguridad del Estado.

La seguridad humana desde una perspectiva feminista crítica es incluyente de la interseccionalidad y del concepto de matriz de dominación. Dicha perspectiva considera que la noción de “hermandad” y la implícita asunción del feminismo blanco de la existencia de intereses comunes entre todas las mujeres son problemáticas. Si bien es cierto, en la teoría feminista, el término interseccionalidad fue introducido por la académica estadounidense y feminista negra Kimberlé Williams ^{Crenshaw (1991}; 1989), una de las fundadoras de la teoría crítica de la raza; no obstante, la interseccionalidad tiene una larga historia en el feminismo negro. Por ejemplo, la noción de “doble vulnerabilidad” o “vulnerabilidad múltiple” (^{Beal, 1970}; ^{King, 1988}) ya se había manifestado en el pensamiento antirracista feminista con el objeto de entender múltiples fuentes de discriminación.

La interseccionalidad estudia las experiencias de discriminación de varios grupos sociales, en particular, de las mujeres de color. De este modo, la interseccionalidad conceptualiza la relación entre los sistemas de opresión a medida que estos construyen nuestras múltiples ubicaciones sociales en jerarquías de poder y privilegio. De hecho, las condiciones de inseguridad experimentadas por las mujeres se sustentan en sistemas de desigualdad que por lo general son influenciadas por las otras dimensiones de sus identidades, como etnia, raza, clase, nacionalidad, etc. Estas y otras categorías de identidad influyen los marcos de dominación, exclusión y marginalización en la sociedad. Por esta razón, los conceptos de interseccionalidad y matriz de dominación ofrecen una base teórica para entender cómo interactúan diferentes tipos de discriminación que al interconectarse agravan las condiciones de seguridad humana de las personas. De este modo, el clasismo, el racismo y el sexismo como sistemas de dominación se encuentran interconectados en la vida cotidiana de los habitantes en las zonas de frontera. Esta situación agrava aún más las precarias condiciones de seguridad humana que enfrentan las mujeres. La intersección de múltiples identidades se incorpora dentro de sistemas de poder, tales como las prácticas de seguridad nacional que reproducen las jerarquías de raza, clase y género que afectan la seguridad de las mujeres que buscan seguridad económica mediante diversas estrategias de sobrevivencia.

Los conceptos de interseccionalidad y matriz de dominación entienden que la violencia contra las mujeres no es solo una cuestión de relaciones de poder de género, sino que también se construye dentro de los sistemas de estratificación de clase, raza y otras formas de opresión. De este modo, la aplicación de una perspectiva feminista crítica a la seguridad humana debe ser entendida como un enfoque progresivo para la comprensión de los problemas de seguridad con el fin de garantizar políticas públicas eficaces en la solución de problemas sociales, económicos, culturales y ambientales en contextos de seguridad multidimensionales. Las políticas de seguridad humana desde un enfoque del feminismo crítico toman en cuenta todos los factores interrelacionados que crean inseguridad en la zona a intervenir. Por ejemplo, uno de estos factores se refiere a la desigualdad basada en las intersecciones de raza, género, clase y ubicación geográfica. Este tipo de desigualdad interseccional se sostiene en sistemas de opresión como el sexismo, el racismo y el clasismo, los mismos que provocan altos grados de inseguridad en las mujeres como resultado de un acceso desigual a educación, salud, fuentes de empleo y participación política. Una perspectiva crítica feminista de la seguridad humana considera que, si bien es cierto la seguridad de las mujeres se alcanza con el equitativo acceso a oportunidades económicas, sociales y políticas, es necesario también transformar las relaciones de poder socialmente construidas que han fomentado desigualdades estructurales y exclusión. De este modo, la seguridad humana desde una perspectiva feminista crítica promueve una política pública más consciente de las múltiples identidades y los procesos de diferenciación que provocan inequidad, la cual se refleja en la inseguridad experimentada por las mujeres en provincias fronterizas.

En fin, la seguridad humana desde una perspectiva del feminismo crítico analiza la seguridad humana como un enfoque emancipador para las mujeres y sus comunidades en las provincias de frontera en las que el estudio se llevó a cabo. Además, dicho enfoque de seguridad cuestiona el enfoque de seguridad nacional empleado en las zonas de fronteras para combatir el contrabando y ve a la frontera no como una línea divisoria entre los Estados; por el contrario, la entiende como un espacio de integración, interacción social, encuentro cultural y una manera de vivir, en la que las múltiples identidades de las mujeres y de las autoridades de seguridad fronteriza se interconectan manifestando relaciones de poder asimétricas.

Contrabando y seguridad nacional en Ecuador

Un enfoque en seguridad nacional contempla como referente de seguridad al Estado. Es decir, promueve una agenda política que enfatiza la protección de la soberanía nacional, la integridad territorial y los intereses del Estado. En este sentido, la seguridad nacional como política gubernamental tiene como objetivo la creación de condiciones favorables a escala nacional e internacional destinadas a defender valores nacionales frente a amenazas reales y potenciales (^{Trager & Simonie, 1973}: 36). La seguridad nacional también incluye una política de defensa tradicional y las acciones no militares de un Estado para garantizar su capacidad para sobrevivir como entidad política (^{Louw, 1977}). Este artículo examina la política de seguridad nacional ecuatoriana que se lleva a cabo en las zonas fronterizas con el fin de controlar el contrabando.

Es importante mencionar que el Acuerdo de Paz de Itamaraty de 1998, que finaliza la disputa territorial entre Ecuador y Perú, motiva al Estado ecuatoriano a replantear su política de seguridad en términos menos militares y más multidimensionales. Tal como señala el Plan de Seguridad Integral (2011), la Conferencia Especial sobre Seguridad celebrada en México en octubre de 2003 animó a Ecuador a discutir y adaptar el concepto de seguridad del Estado de acuerdo con la nueva realidad del país y del contexto internacional. Como resultado, los responsables del diseño de la política de seguridad han reconocido que muchos conflictos son provocados por amenazas no tradicionales dentro de las naciones en lugar de entre las naciones. Se empieza a considerar como amenazas a la seguridad nacional aquellas provocadas por actores no estatales, tales como criminales transnacionales, narcotraficantes, terroristas y contrabandistas en las zonas fronterizas. En esta coyuntura, el Plan de Seguridad Integral del 2011 define el contrabando de productos subsidiados, tales como combustibles y cilindros de gas hacia Colombia y Perú, como nueva amenaza a la seguridad nacional e intereses económicos del Estado.

Con el afán de penalizar el tráfico ilegal, almacenamiento, adulteración y sustracción de derivados de hidrocarburos, la Ley n.º 2007-85 Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y al Código Penal, publicado en el ROS n.º 170 del 14 de septiembre de 2007 insta a que se incluya en el Código Penal un capítulo denominado “De los delitos relativos a la comercialización ilícita de combustibles derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles.” De esta manera, las nuevas reformas a la ley se construyen con base en lo que las autoridades han definido como un delito que amenaza los intereses del Estado. Como resultado, los mecanismos empleados por las autoridades para la implementación de la ley promueven operativos, confiscaciones, sanciones y multas a los individuos involucrados en dichas actividades de contrabando consideradas criminales.

A pesar del carácter punitivo de la ley, el contrabando de combustibles y gas ha creado una economía subterránea en las zonas fronterizas. La economía de la frontera está produciendo un desarrollo regional y un flujo de comercio fronterizo basado en “lo que es caro aquí es barato allá” (Carrión, 2011: 1). Los contrabandistas, por su parte, se han convertido en actores de esta economía. El principal incentivo para el contrabando de combustible y cilindros de gas es la diferencia de precio entre los países; Ecuador subsidia tanto los combustibles como los cilindros de gas. En dicho país, el precio oficial de un cilindro de gas de 15 kilogramos es de USD 1,60. En Colombia, el mismo cilindro llega a costar USD 20 y en Perú USD 22. De acuerdo con la Policía Nacional de Ecuador en la provincia de Carchi, el cilindro de gas subsidiado es contrabandeado por entre 37 rutas clandestinas en la frontera norte; esta actividad involucra alrededor de quinientas familias (^{El Comercio, 2012}). Los contrabandistas realizan tres o cuatro viajes diarios entre Tulcán e Ipiales de un lado a otro del puente de Rumichaca, y movilizan un cilindro de gas en cada trayecto (^{Entrevista a oficial del Centro de Formación de Vigilancia Aduanera, 2013}).

Sin bien es cierto, tanto en la frontera norte como en la frontera sur se presenta el contrabando de gas y de combustible, no obstante, debido a la matriz económica y productiva en las provincias del El Oro y Carchi existen algunas diferencias:

En la frontera norte, el producto estrella de contrabando es el gas, el GLP. Y en la frontera sur, el producto estrella, el que más buscan las personas que se dedican a esta actividad informal e ilegal, es el diésel, combustible líquido básico. Y esto puede explicarse con lo productivo que son las diferentes zonas. Tanto El Oro como Tumbes tienen mayor producción en relación con Carchi, Sucumbíos y la parte de Ipiales en Colombia. Entonces acá [provincia de El Oro] el diésel se usa para básicamente el sector de las camaroneras; y hay muchísimas camaroneras también en el lado del Perú (^{Entrevista a Director Regional de la Agencia de Control Hidrocarburífero ARCH-El Oro, 2013}).

Otra diferencia va ligada a la influencia de las sanciones y a la resistencia a los operativos de control del contrabando. El comercio informal en la frontera norte ha sido de modo tradicional un estilo de vida; sin embargo, este tipo de comercio ha variado debido a la capacitación que se les da a comerciantes para modificar el comportamiento evasivo y al temor a las sanciones establecidas tanto en el Código Orgánico de la Producción como en el Código Orgánico Integral Penal. En la frontera con el Perú, las sanciones tienen menor influencia. Los habitantes se resisten al control del contrabando de múltiples maneras. Por ejemplo, las acciones de resistencia se manifiestan mediante la quema de más de diez puentes de madera para cruzar un canal. En dos horas esos puentes se restablecieron, porque al otro lado hay puentes prefabricados adecuados a las dimensiones del canal (^{Soriano, 2015}).

El incremento de operativos conjuntos busca implementar la ley y disminuir las pérdidas económicas producidas por el contrabando de combustible y tanques de gas. La Comisión Binacional para Combatir el Contrabando fue creada en el año 2007, fecha en la que Perú y Ecuador acordaron incrementar esfuerzos comunes. Durante la IX reunión Ecuador-Perú para la Lucha contra el Contrabando en septiembre de 2013, el representante del Ministerio Coordinador de Seguridad de Ecuador afirmó que el Estado ecuatoriano pierde 37 millones de dólares al año debido al contrabando de combustible en la frontera con Perú (^{El Comercio, 2013}). Si bien es cierto, los operativos de control del contrabando se han incrementado, la presencia del Estado en las zonas de frontera solo se ha limitado a mayor presencia militar, policial y aduanera.

A pesar de que el contrabando ha sido una forma tradicional de vida de las poblaciones que habitan en las zonas fronterizas y no un delito, los hombres y las mujeres que participan en esta actividad son considerados como criminales por las autoridades de seguridad ecuatorianas. Durante una entrevista, un funcionario de aduanas menciona que algunos afroecuatorianos en la provincia de Carchi son miembros activos de lo que el discurso de la seguridad fronteriza ha enmarcado como “redes de contrabando”:

En la frontera norte hay gente [afroecuatorianos] que “trabajan” para llevar la fruta a Colombia... Ellos se han calificado a sí mismos como pobres, utilizan la pobreza como un chantaje emocional, e incluso nos dicen que están dedicados a trabajar. Pero por debajo de la fruta, más de una vez, nosotros [los funcionarios de aduanas] hemos descubierto otro tipo de mercancía. La fruta se ha convertido en un espacio para camuflar otro tipo de contrabando. Se ha encontrado combustible, piezas de automóviles, productos agrícolas, droga, y electrodomésticos (^{Entrevista a oficial del Centro de Formación de Vigilancia Aduanera, 2013}).

El testimonio del funcionario de aduanas muestra molestia y asombro con la “audacia” de la comunidad afroecuatoriana dedicada al contrabando en la frontera norte, usando la pobreza, en sus palabras, como un “chantaje emocional” para justificar la participación en esta actividad. En este contexto, el discurso de la seguridad fronteriza del oficial aduanero sugiere la necesidad de ejercer un poder disciplinario para castigar a los afroecuatorianos contrabandistas.

Pese al control represivo por parte de las autoridades de seguridad en las zonas fronterizas, el contrabando no se ha erradicado por completo. Dadas las características multidimensionales de esta “amenaza”, la misma no puede ser abordada con un enfoque basado de modo exclusivo en la seguridad nacional desde un punto de vista militar, pues este es insuficiente para resolver las raíces de un escenario complejo de seguridad. Sin embargo, las fuerzas de seguridad implementan la ley mediante el despliegue de actividades de control del contrabando en las fronteras, tales como patrullaje, captura de personas que participan en dichas actividades y confiscación de mercadería destinada a ser contrabandeada. La seguridad nacional, como paradigma basado en la protección de los intereses del Estado, no considera las necesidades de seguridad humana de las personas que habitan en las provincias fronterizas. Tal agenda de seguridad nacional no da atención al bienestar de los ciudadanos ni de sus comunidades. Por el contrario, la seguridad nacional se limita a una visión centrada en el Estado utilizada para proteger de forma exclusiva los intereses políticos y económicos del mismo, creando más inseguridad para los habitantes de la zona fronteriza.

Seguridad nacional y mujeres contrabandistas en las fronteras de Ecuador

Si bien es cierto las redes de contrabando están constituidas por hombres y mujeres, no obstante, un gran porcentaje de mujeres participan en el contrabando hormiga (contrabando en pequeñas cantidades). Algunas de ellas son reclutadas por comerciantes informales que tratan de evadir los controles por medio del microtráfico. Dichos comerciantes pagan a las mujeres aproximadamente seis dólares por viaje; con tres viajes al día ellas reciben $18 dólares. (^{Entrevista a oficial de Aduana en Chacras-El Oro, 2013}). Por otra parte, la Agencia de Control de Hidrocarburos cree que solo las grandes redes de contrabando consiguen una ganancia superior a los $3000 dólares por mes. Se trata de un negocio rentable en un país como Ecuador en el que el salario mínimo es de $366 dólares. A pesar de que el contrabando hormiga se ha convertido en una estrategia de supervivencia a corto plazo para las mujeres que viven en las provincias ubicadas en la frontera, dicha estrategia no elimina las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres en su vida diaria y que agravan sus condiciones de inseguridad.

Las detenciones de mujeres demuestran cómo las prácticas de seguridad en la frontera se encuentran impregnadas de un poder disciplinario que busca ejercer control y vigilancia sobre ellas. Según datos de la Dirección Nacional de Vigilancia Aduanera (DNVA), 193 mujeres fueron detenidas por presuntamente estar involucradas en actividades de contrabando durante el 2012, mientras que, entre enero y mayo de 2013, 70 mujeres fueron detenidas. Datos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos de la Policía Nacional de Ecuador (Uideh) demuestran que en 2013 se llevaron a cabo 188 operativos de control, en 8 de los cuales 11 mujeres fueron detenidas. Durante el año 2014, la Subsecretaria de la Policía del Ministerio de Interior indicó que se realizaron 122 operativos en los que se detuvieron a 14 mujeres. Si bien es cierto pocas mujeres han sido detenidas por medio de prácticas de control fronterizo, dichos datos no indican si estas mujeres detenidas son los únicas involucradas en contrabando en sus comunidades.

Mientras que el control del contrabando promueve un discurso de “amenaza a la seguridad” con el fin de contener las estrategias de sobrevivencia de las mujeres de las zonas de frontera, las experiencias de inseguridad de estas mujeres, en relación con sistemas interseccionales de discriminación tales como aquellos basados en inequidad por condición de clase, raza, género y lugar de residencia, no son consideradas relevantes para los enfoques convencionales de seguridad. Sin embargo, si estas mujeres contrabandean bienes subsidiados considerados por el Estado como recursos estratégicos para la economía ecuatoriana, tales como tanques de gas y gasolina, ellas definitivamente se convierten en blanco de control de los operativos enmarcados en la política de seguridad nacional. Como resultado, las mujeres contrabandistas que rompen los parámetros tradicionales de feminidad son criminalizadas y construidas como amenaza a los intereses nacionales mediante un discurso masculinizado de seguridad fronteriza. Tal construcción, que muestra relaciones de poder asimétricas, niega las circunstancias que han motivado la participación de las mujeres en dichas actividades.

Las prácticas de vigilancia fronteriza afectan la vida cotidiana de las mujeres. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) en la provincia de El Oro ha identificado 16 985 familias en Huaquillas para realizar la distribución de un cilindro de gas por mes y por familia (Entrevista a funcionario ARCH, 2013). Sin embargo, esta iniciativa de control aumenta la carga de trabajo de las mujeres en el hogar:

Usted sabe, en este momento tenemos una escasez. ¿Quién se ve afectado por la escasez de los cilindros de gas? Las mujeres y sus familias. En Huaquillas esto es aún peor. Debido a que un tanque de gas se asigna a una familia al mes, las mujeres se ven obligadas a cocinar en carbón y leña. Esto aumenta nuestra carga de trabajo (^{Entrevista con mujer en Machala, 2013}).

En las redes de contrabando prevalece una dinámica de poder basada en el género y la clase. Las mujeres en los escalones más bajos de la red son las que son capturadas y luego encarceladas por las autoridades de seguridad fronteriza (^{Entrevista con mujer en Machala, 2013}). De acuerdo con mi conversación con mujeres en Huaquillas, es más importante capturar a las redes de tráfico más grandes que a los pequeños contrabandistas que solo se involucran en esta actividad para sobrevivir y mejorar mínimamente su seguridad económica (Taller de trabajo en Huaquillas, 2013). Las participantes en Huaquillas concluyeron que la seguridad fronteriza crea más inseguridad para las mujeres que ya tienen limitadas oportunidades de empleo y educación en la zona.

Además, los funcionarios de aduanas interactúan con las mujeres involucradas en contrabando no de la misma manera que lo hacen con los hombres. El Código Penal de 1872, 1906, 1938, reformados y codificados hasta 1971, contienen el mismo enunciado en el artículo 58: “…Ninguna sentencia en la que se imponga pena de reclusión se notificará a una mujer embarazada”. En la Ley 106, RO 365, 21-VII-1998, los asambleístas constituyentes que elaboraron la Constitución de 1998 agregaron: “…Ninguna mujer embarazada podrá ser privada de la libertad, ni será notificada la sentencia que le imponga penas de prisión o reclusión, sino 90 días después del parto”. Por ejemplo, de acuerdo con un oficial de la aduana, las mujeres afroecuatorianas de Valle del Chota utilizan el embarazo como una estrategia para pasar mercadería de contrabando por la frontera norte:

La gente de la comunidad afro del Valle del Chota entendió que para las autoridades de control someter a mujeres es súper delicado. Primero, porque es muy difícil someter a una mujer a pesar de ser agresiva. Es muy difícil someterla, esposarla y ese tipo de cosas. Y aún más todavía […] son muy hábiles cuando están embarazas. Y utilizan mucha gente y hay protección legal a una mujer embarazada, no puede estar detenida y si no sabes que está embarazada y la detienen, un juez la pone inmediatamente en libertad. Por esto se caen los procesos [...]. Entonces sí hay mujeres participando en eso [contrabando]. Generalmente son usadas; que yo conozca no son líderes, no ponen capital. Niños también, niños de brazos. Van con niños [las mujeres], esto es terrible. A mí me ha tocado vivir más de una vez. Tú detienes un camión con gente y detrás viene un camión con más gente que es la fuerza de choque. Entonces se bajan mujeres con niños en brazos desde el camión. Entonces, ¿cómo puedes hacer una acción coercitiva? […] Yo recuerdo que una vez hicimos un operativo. Le hicimos el seguimiento desde la frontera y aquí en el peaje de la entrada a Quito le abordamos. No tienes idea: se bajaron mujeres, se acostaron debajo de las llantas del carro adelante y atrás y muévele, pues, al carro. Después llego la prensa, imagínate cómo quedas, eres un inhumano. Entonces ellos saben que con eso se te cayó todo. O sea, utilizan de manera audaz a mujeres y niños (^{Entrevista a un oficial de Aduana, 2013}).

En el anterior testimonio se evidencia la manera en la que las identidades de género, raza y origen étnico influyen en las autoridades fronterizas que definen quiénes son los contrabandistas y las estrategias que utilizan en las fronteras ecuatorianas. Según la mentalidad patriarcal del oficial de aduana, el embarazo implica construcciones sociales basadas en ideas de feminidad y vulnerabilidad, las mismas que limitan a las autoridades de seguridad fronteriza tratar a las mujeres contrabandistas de la misma manera como tratan a los hombres. Por esta razón, se cree que los hombres afroecuatorianos “permiten” a las mujeres usar el embarazo como una estrategia para contrabandear con éxito y así evitar un “merecido” castigo por ser desobedientes al control de seguridad en la frontera. Sin embargo, a partir de este testimonio, se puede inferir que solo las mujeres afroecuatorianas tienen la suficiente audacia para usar el embarazo como una “estrategia” para transportar productos de contrabando. Si este es el caso, por un lado, los comentarios del funcionario de aduanas no solo son sexistas, sino también racistas. Dichos comentarios reflejan la existencia de procesos de diferenciación y sistemas de opresión en los discursos y las prácticas de control del contrabando en la frontera. Por otro lado, el testimonio alega que los hombres contrabandistas utilizan a las mujeres embarazadas para tener éxito en sus actividades “ilegales”, con lo que niega absolutamente la capacidad de acción de las mujeres y la voluntad propia para participar en el contrabando. Por ejemplo, en la provincia de Carchi, mujeres contrabandistas trabajan juntas con sus parejas para aumentar los ingresos de la unidad familiar (^{Entrevista a exsubsecretario de la Senplades región-1, 2013}). A partir de este caso, se puede inferir que las mujeres que participan en el contrabando empujan los límites de la feminidad, pero la transgresión de dichos límites todavía contribuye a la función de cuidado tradicionalmente asociada al rol femenino de la mujer de velar por el bienestar de sus familias y comunidades.

Desde la perspectiva de la criminología feminista, Amanda ^{Burgess-Proctor (2006}: 27, 43-44) recomienda examinar el vínculo entre la inequidad y el crimen desde una perspectiva interseccional. El análisis de las formas en que las mujeres y (los hombres) experimentan un tratamiento diferenciado en el sistema de justicia penal en virtud de su raza, clase y las características de género deben basarse en un marco interseccional que sea informado por el feminismo multirracial. En el mismo orden de ideas, Meda ^{Chesney-Lind (2006}) enfatiza que los sistemas de control social, tales como el sistema de justicia, buscan controlar el comportamiento femenino. Con frecuencia, los intereses patriarcales se superponen con sistemas que también refuerzan privilegios de raza y clase. De este modo, la construcción de quién es un delincuente se basa en estereotipos y discriminación y se refleja en prácticas de seguridad en las zonas de frontera.

Las mujeres afroecuatorianas que se resisten a las construcciones tradicionales basadas en identidades de género impuestas a sus cuerpos son castigadas por los operativos de seguridad fronteriza. En dicho orden de ideas, la construcción de la identidad de género como performatividad ha sido ampliamente discutida por Judith ^{Butler en su libro Gender Trouble Feminism and the Subversion of Identity (2006}: 24, 190). Butler argumenta que los cuerpos de los individuos no son libres de llevar a cabo el género como lo desean; más bien, una matriz de inteligibilidad constituye los límites del sexo, o en palabras más concretas, con el fin de evitar consecuencias punitivas, el género debe ser realizado en varias ocasiones dentro de límites culturales e históricos. Dado que los roles de género son el resultado de una construcción social, histórica y cultural, las mujeres que participan en el contrabando en las fronteras de Ecuador empujan estos límites, transgrediendo construcciones sociales consideradas “femeninas”. Al desafiar parámetros socialmente establecidos de feminidad de acuerdo con su rol de género, las mujeres contrabandistas son castigadas por la sociedad por medio de prácticas disciplinarias de control fronterizo.

Es importante tomar en cuenta que la participación de las mujeres y sus comunidades en las actividades de contrabando no puede ser combatido solo con un enfoque de seguridad nacional; es necesario aplicar un marco de seguridad humana desde la perspectiva del feminismo negro, el mismo que incluye las intersecciones de género, raza, clase y ubicación geográfica. La seguridad nacional -como paradigma de seguridad centrado de forma exclusiva en la protección de los intereses y valores políticos y económicos del Estado- ha fallado en proteger a las personas, negando una mayor atención al bienestar de las mujeres y sus comunidades. Además, sistemas de opresión basados en género, clase, raza y ubicación geográfica de los habitantes de las provincias de frontera han perpetuado las desigualdades interseccionales que han motivado a las mujeres a dedicarse al contrabando. Tales desigualdades de carácter interseccional han fomentado el acceso desigual a educación, trabajo remunerado, servicios de salud y atención integral frente a la violencia doméstica, empeorando las condiciones de inseguridad de las mujeres.

Inseguridad y desigualdades interseccionales experimentadas por las mujeres

Acentuadas desigualdades regionales, étnicas y de género en Ecuador han afectado principalmente a la población indígena y afroecuatoriana. La discriminación racial y de clase se agrava en el momento en que se cruza o intersecta con la violencia de género. Tal discriminación interseccional provoca la falta de acceso a educación de calidad, a servicios de salud, a trabajo bien remunerado y genera propensión a la violencia doméstica.

La educación es un sector que mantiene desigualdades basadas en sistemas interseccionales de discriminación en relación con género, clase, raza y lugar de residencia. En general, los hombres y las mujeres mestizas son el grupo social más privilegiado en términos de acceso a la educación. Según datos de la tasa de analfabetismo por grupo étnico y género, el 26,7% de las mujeres indígenas y el 13,7% de los hombres indígenas son analfabetos, mientras que solo el 5,9% de mujeres mestizas y el 4,2% de los hombres mestizos son analfabetos (^{INEC, 2010}). Las mujeres montubias y afroecuatorianas también poseen niveles de analfabetismo altos, con 14,7% y 7,8%, respectivamente. La tasa de analfabetismo por ubicación geográfica muestra que las mujeres rurales tienen el porcentaje más alto, con un 15,2%, en comparación con las mujeres urbanas, quienes representan el 4,6% (^{INEC, 2013}). Indicadores de analfabetismo y escolaridad muestran que las mujeres indígenas permanecen en una situación de inequidad muy desventajosa. Las mujeres indígenas poseen en promedio de menos de 4 años de estudio en 2010, comparado con el promedio nacional que es superior a 7-8 años (^{Senplades, 2013: 36}). Por tal motivo, las políticas públicas dirigidas a reducir el analfabetismo no se pueden orientar a todas las mujeres sin considerar rasgos de identidad basados en condiciones de género, raza, clase y lugar de residencia.

La violencia de género es otra fuente de discriminación que se presenta en mujeres de minorías étnicas y es perpetrada de acuerdo con el nivel de educación. Datos estadísticos sobre la violencia de género por etnia demuestran que el mayor porcentaje de violencia se presenta en las mujeres indígenas, con el 67,8%, y en las afroecuatorianas, con un 66,7%. En todos los niveles de la educación, la violencia de género es superior al 50%. Sin embargo, en las mujeres que tienen niveles más bajos de educación, la violencia alcanza el 70% (^{INEC-CDT, 2011}).

El racismo limita las oportunidades laborales de las mujeres indígenas y afroecuatorianas. Es necesario analizar el racismo y el sexismo imbricado en las ocupaciones disponibles para ellas, tales como trabajadoras agrícolas y empleadas domésticas. En particular, estas desigualdades entrelazadas afectan de forma directa las experiencias de inseguridad y opresión de las mujeres indígenas y afroecuatorianas, quienes sienten el racismo no del mismo modo que lo experimentan los hombres indígenas y negros, y el sexismo no de la misma manera que lo perciben las mujeres mestizas. Ciertamente, la ubicación social de las mujeres promueve circunstancias de desigualdad que limitan sus oportunidades para aumentar su autonomía financiera y mejorar su calidad de vida. En sociedades étnicamente diversas, tales como la ecuatoriana, es importante hacer frente a la inseguridad causada por condiciones de desigualdad mediante un lente interseccional. Las políticas de empleo no pueden dirigirse a un número limitado de mujeres ecuatorianas, por lo general mujeres mestizas de clase media. Las políticas de empleo con un enfoque inclusivo de las intersecciones de género, clase, raza y desigualdades geográficas deben insertarse en planes de desarrollo y de seguridad humana. Estos deben ir encaminados a mejorar la seguridad económica y la dignidad de todas las mujeres y sus comunidades, en especial en áreas críticas como las zonas fronterizas.

En fin, las estadísticas respecto a clase, raza, origen étnico y lugar de residencia (rural-urbano) de la población informa a los responsables del diseño de políticas públicas sobre la diversidad de las mujeres y los hombres con el fin de hacer frente a las múltiples experiencias de desigualdad imbuidas en sistemas de opresión como el patriarcado, el clasismo y el racismo. La desigualdad no se basa solo en el género, sino también en la raza y la condición socioeconómica.

Conclusiones

El análisis sobre la seguridad de las mujeres en las fronteras ecuatorianas entiende el desarrollo y la seguridad humana como aquel incluyente de las intersecciones de género, raza, clase y ubicación geográfica. La concepción de seguridad propuesta en este artículo fomenta una fuerte participación de la comunidad y reposiciona a las mujeres y sus potencialidades en el centro de los objetivos de seguridad humana. También reconoce que la construcción de modelos de desarrollo y seguridad centrados en las personas aprecia el conocimiento y la cultura local. Es decir, tal concepción entiende que son las propias mujeres y sus comunidades las que pueden hacer frente a sus propios problemas de inseguridad al ser incluidas en las discusiones de los planes de seguridad y garantizando una efectiva implementación de lo propuesto por ellas. En fin, enfatiza la idea de la solidaridad de grupo como un proceso social que fomenta los esfuerzos de las mujeres y el trabajo conjunto en beneficio de ellas mismas, sus familias y sus comunidades en las siete dimensiones del enfoque de seguridad humana³.

Al ampliar el enfoque de seguridad centrado en el Estado a uno que incluya la seguridad humana desde las intersecciones de género, raza, clase y ubicación geográfica, se busca superar la violencia estructural contenida en los sistemas de dominación que han naturalizado las desigualdades y han limitado el alcance de la justicia social. Una perspectiva interseccional del enfoque de seguridad humana promueve la necesidad de ver a las mujeres como agentes de cambio y con la capacidad de transformar sus condiciones de inseguridad siempre y cuando el acceso a servicios básicos, educación, empleo y participación política se garantice por medio de políticas públicas. Por tanto, una política de seguridad humana debe atacar la interseccionalidad de la desigualdad que agudiza las condiciones de inseguridad de las mujeres. Un enfoque de seguridad humana desde una perspectiva feminista crítica debe ser visto seriamente como una alternativa que busca disminuir desigualdades interseccionales y que observa a las mujeres que se involucran en el negocio del contrabando no como criminales.