Introducción

Al menos en las últimas décadas, el chavismo ha sido uno de los temas por excelencia en las agendas de investigación tanto de la ciencia política como de la economía. En la primera, se ha abordado su tendencia al autoritarismo, régimen híbrido o gobierno competitivo en el sistema de preferencias de Dahl, según el pluralismo crítico de los años ochenta, cuestionando así, los obstáculos de la democracia radical y las estrategias de articulación hegemónica del proyecto bolivariano. En la segunda, el estructuralismo y neoestructuralismo han desplegado estudios con fundamento en las teorías del desarrollo y subdesarrollo que tienen origen en el pensamiento de Raúl Prebisch y la escuela cepalina de los años cincuenta.

Por su parte, la teoría de la dependencia¹ ha descrito, predominantemente, el modelo venezolano, mientras que el posestructuralismo de finales del siglo XX presentó sus “alternativas al desarrollo” y “postdesarrollo” (buen vivir) bajo el marco analítico de los extractivismos. Estos últimos critican la valoración económica de los recursos naturales según su demanda en el mercado internacional y señalan la importancia de los ecosistemas naturales y las colectividades sociales para superar la tradición smithiana del crecimiento.

Ahora bien, el caso venezolano en general y el chavismo en particular resultan relevantes para establecer la relación del Estado con el extractivismo a través de las manifestaciones culturales, legitimaciones y modos de apropiación con que ha operado en los últimos 20 años. A partir de aquí, se exploran las variables: “modelo de desarrollo” y “acción política” con énfasis en los incentivos de la renta petrolera durante la era chavista.

El artículo, que despliega las discusiones de los autores, se divide en seis partes: el petróleo y el modelo de desarrollo, las rupturas del Estado, el peso histórico de las exportaciones, el proyecto benefactor de la revolución, la diplomacia petrolera y, por último, presenta algunas conclusiones.

A lo largo del texto, se responden las siguientes preguntas: ¿qué cambios históricos configuraron el petroestado venezolano a la llegada del proyecto bolivariano?, y, ¿cuáles fueron las acciones económicas y políticas más significativas del chavismo en el manejo de los recursos petroleros? Finalmente, el aporte del trabajo define la “paradoja chavista” como una maniobra de financiación de políticas sociales que actúa mediante el discurso de “democratización del petróleo”, asegurando la permanencia de Chávez y Maduro en el poder.

El petróleo y el modelo de desarrollo en contexto

El debate sobre el modelo de desarrollo no es nuevo. Venezuela heredó la exportación de materias primas del siglo XV (pacto colonial) hasta finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, cuando Estados Unidos suplanta a Inglaterra como centro de economía mundial, produciendo la periferización de las economías latinoamericanas.

Con el descubrimiento y extracción del crudo, el Estado se convirtió en el principal agente de deificación de la nación petrolera (^{Coronil, 1997}). La relación mítica con el “oro negro” no fue un suceso aislado, ya que “la riqueza del petróleo envolvió a la sociedad (…), e hizo que su presencia se sintiera como parte de un paisaje inmemorial” ^{(Coronil, 1997, pág. 82)}. Ahí nace el pensamiento mágico en la formación social e identidad cultural venezolana. Ahora bien, para ilustrar este dato, en este apartado, se resaltan tres hechos importantes sobre el petróleo en los últimos siglos: 1) el impacto del proceso social del trabajo, 2) la nacionalización y transformación de la estructura económica y, 3) las consecuencias del régimen extractivista.

En primer lugar, se puede asegurar que los gobiernos pre-chavistas vivieron del pacto Estado-mercado en perjuicio de la fuerza laboral, ya que apadrinaron a las élites de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) y la Confederación de Trabajadores Venezolanos (CTV), quienes exaltaron los intereses privados por encima de las reivindicaciones de la clase trabajadora (^{Britto-García, 2003}).

Entre los factores de este daño destaca la ausencia de transferencia tecnológica. Las trasnacionales monopolizaron el aparataje industrial, importaron equipos especializados y dejaron sin margen de maniobra a los trabajadores que fueron contratados por las filiales. El conflicto entre el Estado y el mercado afectó indudablemente a la mano de obra. Muestra de ello fueron las protestas sociales de “El Caracazo”, donde miles de personas “bajaron de los cerros” en rechazo al programa de ajustes de Carlos Andrés Pérez (CAP en adelante).

En segundo lugar, la nacionalización del petróleo encerró trampas jurídicas en cuanto al cobro de impuestos a los inversionistas extranjeros, la discusión de leyes tributarias y la defensa de la soberanía (^{Britto-García, 2003}). Venezuela se convirtió en un paraíso de evasión tributaria por parte de empresarios y personajes públicos.

Posteriormente, la nacionalización capturó el total de la renta para el control de los recursos y ganancias, con una participación de más del 94%, según ^{Rodríguez Sosa & Rodríguez Pardo (2013}). La inversión del sector privado internacional que excluyó a los nacionales junto con el alza de los precios permitió patrimonializar (no estatalizar) sin mayor preocupación por el gasto público ^{(Rodríguez Sosa & Rodríguez Pardo, 2013)}. Además, aparecieron secuelas en la importación de costos y la exportación de beneficios (^{Mendoza Potellá, 2016}). Lo que hubiese sido una oportunidad para expandir el mercado petrolero, propició la acumulación de riqueza entre los actores estatales y las transnacionales.

Además, la visión de crecimiento económico impulsada por empresarios y élites políticas, proyectó la imagen de un país de oportunidades y progreso, que, con las legitimaciones del modelo extractivista, y priorizó la búsqueda de ingresos por encima de las demandas sociales y ambientales. A partir de aquí se hace pertinente la crítica al desarrollo interpuesta al caso venezolano.

Según esta perspectiva, los extractivismos remiten la apropiación de recursos naturales que se exportan en grandes cantidades, se anclan a la globalización y derivan de procesamientos mínimos o en algunos casos no se procesan, por lo que se convierten en productos primarios, (^{Gudynas, 2015}), además de la dependencia a los mercados internacionales en más del 96% de las exportaciones.

En Venezuela, por ejemplo, el petróleo ha sido el componente sustancial de la economía que, al ser la principal actividad de comercio exterior, organiza política y económicamente la sociedad, y genera el plusvalor para la discrecionalidad del Estado. A diferencia de otros países donde la empresa petrolera se encuentra en manos del mercado, la estatización de la industria, años más tarde, revela algunos aspectos a destacar.

Para empezar, la nacionalización del petróleo en 1976 no detuvo las políticas de ajuste neoliberal del Gran Viraje ni la crisis de la deuda (años ochenta). El país continuó las relaciones comerciales con aquellas corporaciones que aseguraron la compra del crudo, especialmente, Estados Unidos.

Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) jugó un papel importante en la regulación de impuestos y, entre otras cosas, definió los términos de asociación de los Estados con el mercado internacional (^{Coronil, 1997}). Venezuela priorizó la exportación a los compradores extranjeros y con ello mantuvo la economía a raya.

Años después, CAP se concentró en resolver la crisis distanciándose de la población más vulnerable. No en vano fue el hombre que presidió el mayor auge petrolero y marcó los parámetros del desarrollo de las próximas décadas (^{Karl, 1997}). Pero su gobierno, que respondió al contexto de expansión global del capital, tomó decisiones en torno al VIII Plan de la Nación y el Programa de Ajuste Estructural (PAE) que desmejoraron la política social. Sus programas pasaron de implementar estrategias de inversión social a transferencias directas, indirectas y subsidios que, finalmente, no resolvieron las condiciones desiguales de la población, sino que crearon un patrón de dependencia hacia el asistencialismo estatal.

En lo geopolítico, predominó la tendencia utilitarista de la eficiencia con el ajuste a los parámetros de la economía mundial y prevaleció la dinámica de periferización que comenzó en el siglo XIX y prosiguió en el siglo XX (^{Amin, 2001}; ^{Prebisch, 2012}). De modo que, las exigencias del capital tendieron a la neoliberalización de sociedades políticas diferenciales, lo que generó que los modos de producción (o extracción) capitalista se mundializaran. Si algo identificó a Venezuela hacia finales de los ochenta y mediados de los noventa fue la combinación del modelo clientelar con las políticas del “Consenso de Washington” (endeudamiento con el FMI y suscripción de la ideología neoliberal) a la luz de la decadencia del Estado.

La subordinación al capitalismo mantuvo “el control o dominio sobre todo un sector productivo” (^{Gudynas, 2015}, pág. 48) sin relación con el mercado interno. Por tanto, Venezuela siguió los flujos de integración del mercado internacional y su lógica de expansión del capital, apegándose al ajuste estructural.

Pese al mal clima, se intentó transformar la estructura productiva y el sistema político. La firma del Pacto Andino², en su caso, reorganizó el aparato estatal y promovió alianzas entre fuerzas, élites políticas y capital internacional (^{Coronil, 1997}), mientras que, en lo político se impulsó la reforma estatal que reforzó el aprendizaje de las élites para atender la crisis petrolera. La Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE)³ modificó la Ley Orgánica del Sufragio y propuso la descentralización política (^{Kornblith, 1996}), pero no evitó el desastre económico ni la muerte política de CAP.

Los expertos, aseguran que, los actores estatales pudieron reemplazar el petróleo para que los ciudadanos ejercieran el rol de propietarios y gozaran de beneficios sobre la explotación (^{Maza Zavala, 1988}), pero no lo hicieron. La relación entre los administradores y la ciudadanía (con derecho constitucional de posesión) empeoró cada vez más.

El excedente petrolero “identificado sustancialmente como la participación fiscal en el ingreso global de la explotación” (^{Maza Zavala, 1988}, pág. 62) frenó el resto de sectores productivos gracias a la concentración monoexportadora. En otras palabras, la base principal de la liquidación del patrimonio provino de la naturaleza, lo que impidió la transformación económica.

Por esta razón, es que el país ha retornado una y otra vez a la crisis estructural en perjuicio de la democracia y la economía cautiva o de enclave (^{Maza Zavala, 1988}; ^{Gudynas, 2015}). Los expertos confirman que, para superar la cultura petrolera a raíz de su consecuente mitificación, se debe promover la diversificación de las fuerzas productivas en condiciones que permitan gestionar la plusvalía relativa y garantizar el provecho del trabajo según la mano de obra empleada.

Las alternativas al desarrollo, dicho sea de paso, pueden modificar esta realidad, pues la extracción del petróleo es cónsona con el sistema de producción capitalista, y como se ha dicho antes, depende de la expansión global del mercado que sustenta el sistema de precios internacionales, en el cual confluyen intereses que pueden ser aprovechados para generar el cambio estructural. Pero para ello, es indispensable conocer la configuración histórica del Estado venezolano y a partir de allí mirar las condiciones de posibilidad.

Rupturas del Estado venezolano

A lo largo de la historia de Venezuela se registran varias rupturas en el funcionamiento del Estado, que, por su naturaleza, se vinculan con el modelo de desarrollo vigente desde el siglo XIX. En este apartado aparecen tres hitos históricos dignos de destacar: 1) la modernización estatal, 2) la reforma y nacionalización petrolera, y 3) el advenimiento de la era chavista. Todas se combinan para explicar la configuración del “petroestado” venezolano (^{Karl, 1997}; ^{Lander, 2018}).

La primera etapa consolidó el ideal de riqueza y los primeros pasos de apertura al capital extranjero. Juan Vicente Gómez (1908-1930) otorgó concesiones a las empresas foráneas y modernizó el Estado atribuyéndole rasgos liberales. Años antes, Venezuela había dependido de la exportación cafetera en manos de las élites terratenientes hasta el período de apropiación del subsuelo para la venta internacional.

Un siglo después se produjo la segunda ruptura: la nacionalización del petróleo impulsada por CAP en 1976. La centralización de la toma de decisiones generó imaginarios de contemporaneidad, según ^{Coronil (1997}) y se fundó “la Gran Venezuela.” Durante esta fase no menos de 7.000 millones de dólares se traspasaron por motivo de indemnización a las trasnacionales. El Estado contrató servicios no medulares externos y cedió a la presión empresarial (^{Mendoza Potellá, 2016}).

Años atrás, se aprobó la reforma de la Ley de Hidrocarburos en 1943 que reconoció los recursos naturales como propiedad del Estado y se fortaleció la imagen de la sociedad exportadora de naturaleza bajo una visión del mundo occidentalizada que le permitiría salir del subdesarrollo, producto de la periferización (^{Coronil, 1997}; ^{Amin, 2001}).

Además, la búsqueda de beneficios económicos por parte del sector privado condensó la actuación de los partidos políticos que gobernaron desde la afiliación al “carné”. Con la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en 1958, Acción Democrática consagró la Carta Magna de 1961. El 23 de enero de ese año se aprobó el texto que inauguró el nuevo “sistema político-constitucional […] centralizado de partidos” (^{Brewer-Carías, 2001}, pág. 15). Dicho sistema cayó en crisis política luego del bipartidismo del Pacto de Puntofijo⁴.

Tras la modernización, reforma y nacionalización petrolera, toda la capacidad estatal se abocó al régimen monoexportador. De allí que, el Petroestado combinó históricamente una economía débil con la dependencia al mercado internacional. Por tanto, su carácter centralizado e intervencionista desplegó cambios en la estructura de propiedad, sistema tributario y sistema político (^{Karl, 1997}). Así, todos los problemas sociales, económicos y políticos del país dependían del petróleo.

Por último, surge el tercer momento de ruptura: la era chavista⁵. La concepción de Estado durante la revolución bolivariana se analiza, en lo sucesivo, en el Enfoque Estratégico Relacional (EER), cuyos efectos emanan del equilibrio de fuerzas cambiantes que operan en el campo social (^{Jessop, 2017}).

El proyecto político chavista suscribió una visión hegemónica que adhirió actores de los sectores populares. Su estrategia de poder se basó en la mediación de las relaciones sociales en función de selectividades estratégicas. El gobierno acumuló fuerzas en las bases, que, si bien no prosperaron por la vía revolucionaria, impulsaron el Estado benefactor actual. Además, siguiendo a ^{Poulantzas (1979)}, se articularon nociones prácticas de política. Es decir, que el Estado no operó como un sujeto ni una cosa, sino como un campo estratégico de vinculación, construcción de relaciones de intercambio, negociaciones y pactos.

En efecto, el chavismo atrajo a las mayorías gracias “al mantenimiento de un patrón de comportamiento electoral anti partidocracia (…) de carácter estatista” (^{Alcántara 2013}, 595-596), que, entre sus rasgos distintivos, apeló a la movilización de los sectores sociales sosteniéndose de la “cooptación estatal” (^{Aponte Blank, 2016}; ^{González, 2007}; ^{Salazar, 2015}; ^{Romero & Quiñonez, 2008}). Este escenario se asoció al predominio de la tradición de las exportaciones que arrojó beneficios en cuanto a la movilización de recursos.

El peso histórico de las exportaciones

A la luz de la historia, las exportaciones comenzaron en el siglo XV con el café, cuero y cacao. En el siglo XVI el cuero sobresalió, mientras la agricultura se mantuvo en alza gracias a las plantaciones de cacao, tabaco, algodón y caña de azúcar. En el siglo XVII y XVIII la producción de caña de azúcar, tabaco y cueros (^{Domínguez & Franceschi, 2010}) predominó. Pero el papel central en la economía colonial lo ocupó el cacao, pues en el siglo XVII su producción alcanzó las 30.000 fanegas, de las cuales se exportaron hasta 25.000 manteniendo el crecimiento.

La exportación de cacao en el régimen de acumulación mercantil se administró por la Corona y su producción se asoció a la explotación de esclavos, mayormente negros, instalados en territorios costeros que vendieron su fuerza de trabajo convirtiéndose en asalariados durante la guerra de la Independencia (^{Halperín Donghi et al., 1997}).

Posteriormente, entre los siglos XVI y XVIII la tendencia se orientó a las exportaciones agrícolas, hasta bien entrado el siglo XIX, cuando se mantuvieron como principal fuente de riqueza. En cuanto a las reservas minerales, los depósitos de hierro en Guayana (El Callao, hoy estado Bolívar) cristalizaron la explotación de yacimientos entre 1882 y 1885 a la par del fomento al sector cafetero, según ^{Coronil (1997}).

Las exportaciones pasaron del “pacto colonial” al control de la burguesía nacional, por tanto, el régimen de propiedad de la tierra y la explotación de recursos crearon un imaginario latifundista que se trasladó al petróleo. De acuerdo con ^{Sanoja Obediente & Vargas-Arenas (2019}), se experimentó el cambio del modelo monoexportador agropecuario al rentismo monoexportador petrolero.

Para ilustrar estas afirmaciones, a continuación, se presentan brevemente los datos de las exportaciones en los tres últimos siglos a modo de recuento sobre la extracción de los rubros agrícolas y minerales que permiten valorar el peso del petróleo en las relaciones de comercio exterior de Venezuela.

Inicialmente, durante el siglo XIX, el café ocupó un lugar significativo en el comercio mundial, especialmente en Maracaibo y Puerto Cabello, mientras que La Guaira se convirtió en un nicho de exportación por su cercanía a Caracas (^{Banko, 2016}). Desde allí, se insertaron las primeras casas de comercio con Europa hacia Hamburgo, Inglaterra y Estados Unidos. Las relaciones con estos países se consolidaron en el proyecto patriótico de la Gran Colombia.

De los países que recibieron más exportaciones, Estados Unidos cotizó más de 24.131.478 de pesos; Gran Bretaña unos 13.951.440 y Alemania no menos de 11.489.283. En suma, las ganancias corresponden a 49.572.201 en el periodo 1831-1848 (Gráfico 1). Es lo que se conoce como la “etapa preindustrial de Venezuela”.

Gráfico 1 Exportaciones en el siglo XIX 

A mediados del siglo XIX, cuando se exploraron los primeros yacimientos petroleros, los procesos de adaptación tecnológica permanecieron en manos de las trasnacionales. La tecnología importada acompañó la extracción de recursos, por lo que renovar y adaptar el cambio quedó como una de las tareas pendientes del Estado (^{Quintero, 2018}).

Bien entrado el siglo XX, las exportaciones constituyeron el principal ingreso de la nación. En los años noventa, según el informe económico y comercial de la Oficina Económica y Comercial de España en Caracas, Venezuela se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) sosteniendo la liberalización de la economía que eliminó aranceles a las empresas privadas (Oficina Económica y Comercial de España en Caracas - OECEC, 2016).

El interés de los países avanzados en el petróleo venezolano en el siglo XX, sobre todo por parte de Europa y Estados Unidos, conllevó al uso de nuevas formas de energía, surgimiento del capital monopolista y advenimiento de la fase imperialista ^{(Trompiz, 2016)}. En ese siglo, el endeudamiento empeoró las condiciones políticas y económicas. En los años 1902, 1912, 1920 y 1929 las exportaciones venezolanas cayeron, así como los precios de las materias primas; hubo una disminución del poder adquisitivo en las economías industrializadas, se desvalorizó el dólar y se transitó de lo agroindustrial al extractivismo neto (^{Cartay, 1996}).

Después de la primera extracción realizada en 1914 por la empresa neerlandesa Shell se iniciaron las exportaciones comerciales a gran escala. En 1924, el Estado adquirió 6 millones de bolívares por dicho concepto y en 1930 superó los 300 millones (^{Coronil, 1997}). Una vez creada la OPEP, se equilibraron los precios del combustible fósil y se fijaron valores entre 1,63 USD por barril y 27,6 USD (Gráfico 2) a finales del siglo XX. El valor más alto fue de 29 USD en los ochenta, según el portal estadístico Estatista® (Gráfico 2).

Fuente: Estatista (2020)

Gráfico 2 Precio del crudo por barril desde nacimiento de la OPEP 

A partir de 1980 se instala en el imaginario latinoamericano la idea de riqueza en recursos naturales, según la cual los ingresos petroleros permiten a los países en vías de desarrollo transitar hacia la industrialización (^{Terán Mantovani, 2014}). El paradigma de la maldición de recursos, según Terry Lynn Karl, explicó no solo la formación del “petroestado” y su capacidad desigual de operatividad, sino las variables intervinientes de la burocracia venezolana en conjunción con mecanismos institucionales e incentivos generales provenientes de las rentas, así como también los impactos económicos y los consensos políticos en la transición democrática.

En una lectura similar, ^{Rodríguez Sosa & Rodríguez Pardo (2013}) señalaron que la discrecionalidad del Estado en el manejo de la distribución de ingresos propició la aparición de un contrato fiscal con prioridad en el gasto público por encima del ahorro y la relación contribuyente-Estado. A la luz del paradigma de la eficiencia, sus críticas a los incentivos sostuvieron que, a mayor riqueza de recursos, menor crecimiento. Por tanto, la “enfermedad holandesa” y la volatilidad de las variables económicas en el manejo del gasto público junto con el desincentivo a la inversión, interfirieron en el crecimiento de la productividad creando daños irreversibles ^{(Rodríguez Sosa & Rodríguez Pardo, 2013)}.

Pues bien, con la llegada del siglo XXI las exportaciones crecieron, pero no lograron un rendimiento estable. Según datos del Banco Central de Venezuela (BCV)⁶, en el 2001 la economía se vio afectada por la caída de los precios. En ese año, los bienes FOB, bienes FOB públicos y bienes FOB públicos petroleros alcanzaron un total de 88 356 millones de dólares (Gráfico 3) y se desaceleró la producción en el mercado global, lo que impactó negativamente a los exportadores por la disminución interanual del comercio mundial, según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC)⁷.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central de Venezuela (2018)

Gráfico 3 Exportaciones de bienes FOB del Siglo XXI en miles de millones de dólares 

A finales del 2001, se interpuso un decreto por vía habilitante sobre la Ley de Hidrocarburos y 48 textos más que otorgó facultades al Ministerio de Energía y Petróleo para administrar las actividades de hidrocarburos y fomentar la creación de empresas de propiedad estatal con injerencia directa de los recursos extractivos. El Estado adquirió el 30% de las regalías en cuanto a la explotación medida en volúmenes, razón por la cual la Federación de Cámaras de Industria y Comercio (Fedecámaras) convocó movilizaciones nacionales en señal de descontento con la decisión. Así surgió el golpe de Estado del 2002.

En menos de dos días, se instaló un gobierno de facto encabezado por Pedro Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras. Tras el rechazo generalizado de la población y la detención de Chávez en un fuerte militar desconocido, los sectores organizados de Caracas pidieron el restablecimiento del chavismo y consolidaron una victoria, esta vez no electoral, sino popular, catalogada como el día de la dignidad.

Una vez recuperada la economía, se designaron nuevos directivos de PDVSA y se renovaron altos mandos militares y gabinetes del Ejecutivo. En 2003, 2004 y 2005 las exportaciones ascendieron de 65.000 millones de dólares a 97.000 y 136.000 millones de dólares, aproximadamente. Entre el 2006 y 2007, los precios del petróleo dotaron a la economía de un esplendor vigoroso. El precio por barril subió de 61 a 69 USD (Gráfico 1) con exportaciones que ascendieron a 163.000 y 175.000 millones de dólares, según la comparación (Gráfico 3).

En 2008, la crisis global de la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos generó un contexto de volatilidad de los mercados financieros. El petróleo no bajó, sino que fijó una media de 94 USD por barril al cierre del año, pese a que los meses anteriores el valor alcanzó los 145 USD. Expertos de todo el mundo indicaron que la alta demanda del petróleo elevó exponencialmente su valía. Las exportaciones de Venezuela obtuvieron 276.503 millones de dólares, siendo la cifra más alta del siglo XXI.

En su lugar, los años 2009 y 2010 tendieron a la baja al venderse apenas 168.587 y 193.209 millones de dólares por exportaciones públicas y petroleras de bienes FOB, lo que simbolizó en el primer caso un 61% menos de ventas y en el segundo alrededor del 70%; mientras que en el 2011 y 2012 las cifras se acercaron al 2008 con 272.636 y 287.274 millones de dólares adquiridos (Gráfico 3).

Vale destacar, que la media más alta en los precios del crudo fue de 107 USD y 109 USD por barril en los años 2011 y 2012. Los valores en 2013 y 2014 se mantuvieron casi fijos con exportaciones de 261 391 y 219 450 millones de dólares. En el 2015 la crisis se agudiza y, a diferencia del 2014, las exportaciones bajan un 49% atrayendo al país 108.472 millones de dólares con un precio de 49 USD por barril.

En ese año, el gobierno chavista dejó ver las fallas más severas de su modelo de distribución de la renta. Las tesis de ecología política de Eduardo ^{Gudynas (2009}) explican este cambio. La apropiación de la naturaleza y la exportación de materias primas en el mercado internacional subordinaron la administración de recursos del Estado a las visiones del proyecto hegemónico mediante políticas compensatorias (^{Gudynas, 2009}; ^{Gudynas, 2015}).

De las tres condiciones básicas: 1) un alto volumen de extracción, 2) recursos sin procesar o, bien, con escaso procesamiento, y 3) 50% o más de exportación de un solo recurso (o varios), Venezuela ocupó la segunda generación de extractivismos por su hincapié en el crecimiento con efectos colaterales sobre la naturaleza.

El “Socialismo del Siglo XXI” no superó la lógica extractivista, sino que conformó una clase estatal neopatrimonial que ejecutó políticas de inclusión frágil fundamentadas en la apropiación de los recursos naturales (^{Peters, 2019}; ^{Gudynas, 2015}). Aunque los intentos por redimir el problema continuaron, las estructuras económicas permanecieron intactas y el gobierno de Nicolás Maduro retrocedió a la institucionalidad débil del petroestado de los años setenta, a través de su propio modelo benefactor.

El Estado benefactor chavista

El Estado benefactor es aquel que mientras emplea políticas compensatorias, brinda concesiones al capital sin regulaciones. Además, combina la democracia electoral, donde el poder no pertenece a una familia sino a una clase política, con mecanismos de redistribución petrolera (^{Gudynas, 2015}). La caridad, benevolencia y compasión son rasgos propios del discurso extractivista y la simulación de entrega de recursos al pueblo.

Justamente, Chávez habló en múltiples ocasiones de la riqueza de los recursos naturales⁸ bajo ideales de prosperidad y bienestar. En efecto, reprodujo las formas de poder político mediante prácticas discursivas (^{Van Dijk & Mendizábal, 1999}) que se acoplaron a la paradoja extractivista. Su pensamiento económico era desarrollista, nacionalista y popular con ideas inspiradas en los proyectos militares de Torrijos, Alvarado y Torres (^{Serrano Mancilla, 2014}). Tras experimentar las consecuencias de la época de ajuste neoliberal (1980-1990), el exmandatario desplegó una auténtica narrativa sobre el desarrollo.

Una vez en el poder, la extracción y revalorización de los recursos minerales fueron temas primordiales para Chávez. El petróleo actuó como centro estratégico global y se utilizaron los eufemismos: “democratizar los recursos”, “bienestar del pueblo”, “promover la participación en la renta”, “garantizar la soberanía”, entre otros. Es por esta razón, que Venezuela reprodujo la lógica Estado-sociedad-renta que la convirtió en una sociedad rentista. ^{Peters (2019}) adujo la prevalencia de relaciones Estado-sociedad y Estado-negocios al proyecto bolivariano, que lejos de resolver las contradicciones internas, intensificó la crisis.

Sin ir muy lejos, la teoría de la dependencia, el paradigma de la maldición de recursos y la hipótesis de la “década idílica” (^{Domínguez & Caria, 2016}) conciben las políticas venezolanas, al igual que los “progresismos del giro a la izquierda” de Ecuador y Bolivia, como un proyecto de privilegios, beneficios y concesiones hacia el extractivismo.

Sin embargo, a pesar de las fallas atribuidas, el chavismo modificó la calidad de vida de los estratos más bajos. Los indicadores sociales muestran la reducción del 54% de pobreza en los hogares, así como el 74% de pobreza extrema en 2003, y 26% en 2008 ^{(Weisbrot, Ray & Sandoval, 2009)}. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoció a Venezuela en 2005 como país libre de analfabetismo ^{(Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores - MPPRE-, 2016)}. Algunas de sus políticas se abocaron al paradigma de la justicia social en la corriente más igualitarista que postula la intervención estatal.

Pero Chávez, que cambió el curso de la redistribución, no abandonó el ideal de desarrollo como crecimiento económico (^{Peters, 2019}; ^{Gudynas, 2015}) que tanto se le cuestiona. Por el contrario, el Estado fungió como socio del mercado, al mismo tiempo que se objetó el papel de las empresas extranjeras.

^{López-Maya & Panzarelli (2011}) comprueban estas hipótesis. Según las autoras, el chavismo ratificó los antecedentes históricos del petroestado e impulsó la creencia mítica del progreso. Igualmente, limitó la democratización, debilitó las instituciones e impulsó ciudadanías restringidas que despertaron críticas y disidencias.

Al frenar los contrapesos, mantuvo un modelo de gobierno, que, si bien introdujo innovaciones participativas, generó selectividades estratégicas con ciertos actores. Por ende, los partidos políticos, organizaciones de izquierda, movimientos sociales cedieron a las compensaciones económicas sin aportar alternativas en el debate público (^{López-Maya & Panzarelli, 2011}); más allá de las críticas de las comunas de Lara, los movimientos anti extractivistas, los indígenas del estado Bolívar, entre otros.

La compensación económica resultó vital en la acción política del chavismo y las instituciones respondieron a peticiones desde arriba, pues, “una gran parte de la renta petrolera [se destinó] discrecionalmente a personas y grupos cercanos al gobierno y sin ningún mecanismo de transparencia” (^{Peters, 2019}, pág. 11). De allí, la exigencia de los grupos sociales afines al gobierno que pidieron su parte del presupuesto de la nación.

Hoy en día, la crisis económica mantiene su raigambre política en la continuidad de Nicolás Maduro ^{(López-Maya, 2018)}. Algunos analistas pasan por alto el capital político del chavismo en los sectores populares donde se glorifica y mitifica al líder, tanto o más que al petróleo. No obstante, los más críticos subrayan las prácticas asistencialistas en el manejo de la renta petrolera, lo cual, sin duda, incide en el campo político venezolano.

Como consecuencia de la “era chavista” se cuentan los empresariados comunitarios (^{López-Maya 2016}; ^{López-Maya, 2019}; ^{Lander 2004}; ^{Lander, 2007}; ^{Lander, 2019}) que replican la viveza criolla del sistema de partidos y las formas clientelares de gobiernos pasados. Aunque Chávez intentó borrar el esquema corporativo y ampliar los derechos en la Constitución de 1999, paradójicamente reforzó las contradicciones del modelo rentista en su dimensión política (^{Lander, 2007}; ^{Lander, 2018}).

Por último, emergieron nuevas élites provenientes de las clases medias y sectores urbanos que, junto con los Consejos Comunales, promovieron estrategias de agitación y movilización de las unidades territoriales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que, a su vez, distribuyeron los cargos de las instituciones del Estado. A escala internacional, se reincidió en el viejo modelo de diplomacia petrolera.

La diplomacia petrolera

En mayor o menor medida, las relaciones internacionales (especialmente con Estados Unidos) no variaron significativamente. Rómulo Betancourt y CAP aplicaron la cooperación en el marco del Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) posicionando a Venezuela como un actor importante en el tablero mundial.

Hacia los sesenta, Betancourt solicitó ayuda a los Estados Unidos a través de un trato preferencial que le negaron, por lo que impulsó la creación de la OPEP (^{Serrano Mancilla, 2014}). Mientras que, CAP en su primer mandato (1974-1979) desarrolló una diplomacia populista que consolidó al país como una superpotencia de Cooperación Sur-Sur (CSS). El expresidente promovió el Programa de Acción para el NOEI bajo principios de cooperación internacional para el desarrollo basados en equidad en las importaciones y exportaciones (^{Domínguez Martín, 2015}).

La reciprocidad del NOEI resurgió con la diplomacia de Chávez y su idea de “integracionismo latinoamericano”. Contrario a lo que parece, sostuvo el mismo esquema de CSS con nuevo nombre. El liderazgo de Venezuela en la OPEP la llevó a protagonizar espacios y proyectó la imagen de una nación tercermundista y antiimperialista (^{Domínguez Martín, 2015}). El chavismo operó a través de la venta del crudo en la agenda de la OPEP, sellando pactos formulados en el pensamiento bolivariano de la “patria grande” con sus coetáneos de la región.

Conclusiones

La paradoja chavista radica en la interdependencia de la sociedad rentista y el Estado compensador con el petróleo. La redistribución de recursos atendió las demandas de los sectores populares, pero descuidó las fallas estructurales de la economía, cuyos cambios configuraron el modelo agroexportador del siglo XIX, el régimen petrolero fiscal del siglo XX y el extractivismo del siglo XXI.

La nacionalización del crudo en 1976 permitió al chavismo, años después, retomar el clientelismo con apoyo en los incentivos del Estado. La mitificación del crudo nunca se abandonó y se exaltó la administración de la riqueza por encima de la valoración humana del trabajo y los efectos ambientales. Las exportaciones dinamizaron los ingresos, mientras que las relaciones internacionales, bajo el esquema de CSS, restituyeron la diplomacia petrolera.

Análogamente, el Estado representó para los actores la posibilidad de encarar el juego político por efecto de oposición. Mientras el gobierno enfrentaba a los adversarios internos y externos, las élites se aliaron con otros grupos (países y gobiernos) para debilitar la base económica y generar daños irrefutables, que desde el 2015 se han vuelto insostenibles.

Por otra parte, aunque los sectores afines al gobierno conquistaron derechos, transformaron condiciones de vida y desarrollaron nuevas realidades, al interior del chavismo, se fomentó la intolerancia a la crítica y la persecución de disidentes revolucionarios. Mientras que, al margen del discurso oficial, se negoció con los empresarios.

Finalmente, las decisiones económicas basadas en la improvisación de la última década llevaron al país a un abismo sin fondo. La crisis más grave, que comenzó en el 2015, se intensificó con los flujos migratorios masivos y el colapso de los sistemas de seguridad social, educación, salud y servicios públicos. Todo lo contrario, a lo que el chavismo alguna vez prometió que cambiaría.