1. Introducción
Los procesos de crecimiento y configuración de las ciudades a lo largo del tiempo corresponden objetivamente a procesos históricos en los que confluyen, de manera simultánea, dialéctica y compleja, una cantidad de factores y elementos que interactúan y operan de forma directa en el territorio, la población, la cultura, el medio ambiente, la economía y la política.
En el caso del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), como en casi todas las grandes ciudades de América Latina, los procesos de expansión de la mancha urbana y el crecimiento industrial a través de las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta del siglo XX, correspondieron a momentos históricos que estuvieron determinados simultáneamente por factores como la instauración de dictaduras militares (Diaz, 2019) y el Plan Cóndor, la transición del modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI), impulsado por la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) en la lógica de las Naciones Unidas y en la instauración de sistemas político-económicos neoliberales en la perspectiva del Consenso de Washington1 .
Quito, como la mayor parte de ciudades en América Latina, se fue configurando como palimpsestos compuestos por capas superpuestas de desorden urbano y jurídico, de desigualdad social y geográfica, así como de escenarios socioecológicos caóticos (Harvey, 2018), que implicaron invariablemente escenarios de conflicto y contradicción, lo que se denomina también ciudad neoliberal (Brites, 2017).
La complejidad demográfica y el aumento poblacional, en las siete zonas urbano-industriales que son parte de este estudio, provocaron a lo largo de las últimas décadas procesos continuos de desbordes y conurbaciones territoriales que estuvieron ligados a la migración de la población rural hacia Quito, y a la proliferación de zonas suburbanas, marginales, de exclusión y pobreza, que paulatinamente fueron modificando la ciudad, el territorio, el uso del suelo, los sistemas productivos, la cultura y la convivencia; modificaron también las expectativas de la población, las dinámicas de movilidad, las concepciones, costumbres e imaginarios.
Las zonas urbano-industriales del DMQ, en el transcurso de las décadas de los años setenta y ochenta, al inicio del período neoliberal, reflejaron la existencia de varias ciudades en una: la ciudad difusa, la urbanización sin ciudad (Borja, 2016); la ciudad simultánea (González y Pérez, 2018), la ciudad paralela y segregada (Jirón et al., 2010), la ciudad vallada (Smith, 2009), la ciudad industrial (De Mattos, 2010); y, a partir del presente análisis, se caracteriza también a las dos grandes zonas-urbano-industriales dentro del DMQ como la ciudad ocupada.
En este contexto, el artículo se enfoca en el análisis de los procesos a través de los cuales la industria manufacturera se ubicó en territorios que paulatinamente se convirtieron en zonas urbanas densamente pobladas; la existencia de conflictos entre lo urbano y lo industrial, por la existencia de intereses y dinámicas diferentes, condicionaron a lo largo de las últimas décadas la transición de la ciudad difusa hacia la ciudad consolidada contemporánea.
En este estudio, el análisis de lo industrial y lo urbano alude a dos procesos socio-económicos diferentes que coexisten en el mismo territorio y que están regulados por concepciones y normas jurídicas marcadamente disímiles, y que guardan relación con los modelos de desarrollo de los que surgieron.
Las zonas urbano-industriales de Quito representan tanto fragmentos territoriales como sociales y ecosistémicos que, siendo parte de la ciudad y de su configuración, fueron creciendo y evolucionando a la luz del desorden territorial; son fragmentos de ciudad cuya estructura física y dinámica poblacional se encuentran condicionadas por la lógica industrial.
Las actividades industriales en las zonas urbanas implican una diversidad de interacciones tendencialmente negativas con lo poblacional y ambiental; el procesamiento de materia y energía en los procesos productivos deriva de forma automática en la generación de desechos que se eliminan adecuada e inadecuadamente, dependiendo de cada fábrica y de la rigurosidad, o no, de las normas existentes2, la existencia de distintos tipos y niveles de riesgo, la circulación de vehículos pesados de carga y descarga, la ocupación del espacio público, e incluso la perturbación paisajística urbana con señalética industrial, grandes muros y vallas, garitas y sistemas de seguridad.
En las zonas urbano-industriales han coexistido y han actuado, de manera simultánea, tanto los poderes oficiales como los poderes fácticos; los primeros representados por el orden jurídico existente y por las estructuras estatales nacionales y locales para la gobernanza, y los poderes fácticos o de hecho, representados por grupos hegemónicos (Gramsci, 1999) que han actuado de manera directa en el territorio, imponiendo la lógica industrial sobre lo urbano y condicionando la cotidianidad ciudadana, el derecho a la ciudad, la utilización y control del espacio público y el régimen jurídico (Urabayen y León, 2018).
En este contexto, tanto histórico como teórico, el objetivo de esta investigación es analizar la incidencia del neoliberalismo y del socialismo del siglo XXI como modelos de desarrollo, en el crecimiento, expansión y consolidación de las zonas urbano-industriales en el DMQ. El objetivo es abordado tanto desde la perspectiva de lo industrial-manufacturero, como desde los procesos de urbanización; involucra lo territorial, el uso del suelo y los efectos en lo socioecológico. La pregunta de investigación que orienta el presente trabajo es ¿de qué forma el desarrollo y crecimiento industrial ha determinado los procesos de urbanización y crecimiento urbano?
Métodos
El proceso metodológico empleado, para crear un enfoque integral del problema, analiza la confluencia de factores simultáneos relacionados con lo urbano en lo industrial y viceversa; por ello se utilizó un enfoque metodológico mixto con un diseño explicativo secuencial (Creswel y Clark, 2007) donde el análisis de datos de corte cualitativo se mezcló con lo cuantitativo para comprender la complejidad del objeto de estudio.
Para el análisis de lo urbano en lo industrial y viceversa, desde la perspectiva del neoliberalismo y del socialismo del siglo XXI, que correspondió a la primera fase de la investigación, se realizó un análisis del marco jurídico que estuvo vigente en el país desde el retorno al sistema democrático, la Constitución de 1979, que incluye las primeras aproximaciones al neoliberalismo, la Constitución de 1998, a través de la cual el país ingresó en la senda neoliberal y, finalmente, la Constitución del año 2008, que se promulgó en la lógica del socialismo del siglo XXI. De acuerdo con López (2002), los documentos escritos recogen y reflejan la vida de las sociedades modernas y los valores, patrones culturales y actitudes ante los problemas del hombre y de la sociedad. Por ello es de suma importancia considerarlos como material de análisis dentro de las investigaciones sociales. En este sentido, López recomienda realizar un análisis de contenido de los textos a través del cual se puedan construir categorías que den cuenta de los planteamientos básicos establecidos en los mismos. En este caso, la clasificación categorial de los documentos normativos se basó en identificar aspectos que ilustraran los siguientes elementos: a) sistema económico, b) enfoques de desarrollo y productividad, c) educación y medio ambiente en relación con la producción y d) derecho a la vivienda y territorio.
Con estas mismas categorías, y de manera complementaria, se realizó un análisis de los principales instrumentos de gobernanza del DMQ, ordenanzas relativas a los planes de desarrollo de la ciudad, lo territorial, el uso del suelo, lo urbano y los procesos de urbanización, lo industrial en lo urbano y viceversa.
Este proceso permitió el análisis global de lo jurídico en lo correspondiente a modelos de desarrollo, crecimiento y desarrollo de industriales manufactureras, expansión urbana, bordes, desbordes e imaginarios.
Como segunda fase del proceso, en la lógica de lo cuantitativo, se realizó investigación de campo en siete zonas urbano-industriales (Figura 1) que, con el paso del tiempo, han quedado completamente localizadas dentro de la zona urbana de la ciudad, ocupando aproximadamente 17.54 km2, ubicadas cuatro al sur y tres al norte de Quito.
La investigación de campo tuvo como propósito caracterizar aspectos relativos con el desarrollo urbano dentro de lo industrial y viceversa, identificando y caracterizando impactos y efectos relacionados con lo social y ecológico. Como instrumentos de apoyo en la toma de datos se utilizaron fichas y registros de observación, notas de campo que se adaptaron con base en otros instrumentos validados: sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, 2012), Libro verde del medio urbano, partes I, II y III (Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible, 2012), y Manual de capacitación sobre la evaluación del impacto ambiental (Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible -IISD-, 2016).
La información generada a través del estudio de campo permitió la creación de un amplio registro fotográfico y de imágenes de geolocalización de las industrias manufactureras a través de GPS Map Camer y UTM Geo Map y GPS, en las cuales se demuestra la invasión urbano-industrial.
Resultados
Lo urbano-industrial: del neoliberalismo al socialismo del siglo XXI
El retorno al sistema democrático en el Ecuador en 1979, posterior al período de las dictaduras militares (1963 - 1979), supuso la confluencia de múltiples elementos y factores que impusieron un nuevo orden políticoeconómico en el país; confluyeron en el desarrollo nacional un acelerado proceso industrializador a partir del boom petrolero de 1972, que incrementó el coeficiente de sustitución de importaciones del 44.3% a 73.3% en el período 1975-1982 (Vos, 1989) e incrementó el PIB industrial en casi 10% anual de 1971 a 1981 (Correa, 2009).
Los procesos de desarrollo económico, en la perspectiva de lo industrial, ocurrieron a la par con los procesos de crecimiento urbano como resultado de la migración de grandes sectores rurales hacia los centros urbanos; en 1962, en Ecuador, la población rural, asumida como fuerza laboral, correspondía al 65% de la población; mientras que, para 1982 esta se había reducido al 48% y la población urbana se había incrementado al 52% (Correa, 2009).
En el contexto de estos dos escenarios generales, al norte y al sur de Quito, los procesos urbanos se habían desbordado paulatinamente, expandiendo la mancha urbana hasta zonas rurales y periféricas en donde ya se habían establecido las industrias manufactureras; entre las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta, el crecimiento urbano se fue materializando a través del desorden, la desregulación y la ausencia de políticas públicas y de la imprecisión de las regulaciones existentes. Los procesos de urbanización en Quito, entre las décadas de los años setenta y noventa, fueron fenómenos que estuvieron acompañados de fuertes crisis sociales y económicas; el desbordamiento poblacional provocó el surgimiento de asentamientos de hecho o invasiones populares en territorios públicos y privados, de los cuales surgieron cientos de barrios ilegales e irregulares que originaron suburbios de exclusión y miseria alrededor de las zonas industriales.
Las zonas urbano-industriales se fueron adecuando a los procesos poblacionales a lo largo de los años; la convivencia de lo urbano con lo industrial ha ocurrido bajo dinámicas de orden y desorden territorial y jurídico; en el territorio se han establecido poderes de hecho o poderes fácticos que son ejercidos por el capital industrial, es decir por las empresas manufactureras que se han impuesto a las lógicas barriales, generando lo que en el presente artículo denominamos la ciudad ocupada, en donde priman los intereses de lo industrial por sobre los intereses y necesidades de la población.
Se presenta un análisis general de las constituciones del Ecuador de los años 1979 y 1998 (Tabla 1), en relación con el modelo económico que estuvo vigente durante los períodos en que el país funcionó dentro del esquema neoliberal que se profundizó a partir de la Constitución de 1998.
El análisis realizado, desde la perspectiva de lo urbano en lo industrial y viceversa, permite identificar la ausencia de políticas públicas o políticas de Estado en su vínculo con el desarrollo industrial, por una parte, y con la ambigüedad y/o ausencia de políticas públicas relativas al desarrollo urbano, el derecho a la vivienda, el uso del suelo y del territorio, y el derecho a la ciudad.
En la lógica del neoliberalismo3 se implementó en el país un sistema político-económico basado en el libre mercado y en la desregulación estatal, para que sean las dinámicas del capital financiero, industrial e inmobiliario las que regulen en función de sus propios intereses, o lo que correspondería a la nueva arquitectura financiera y productiva y el reescalamiento capitalista (De Mattos, 2010).
La Constitución de 1979 (Tabla 1), determinaba la implementación de una economía de mercado enfocada en el incremento de la producción, la libertad de trabajo y de comercio, dentro de la más pura lógica capitalista.
Sin embargo, en relación con el derecho a la vivienda y lo urbano, la Constitución de 1979 planteaba el desarrollo armónico del territorio, el estímulo orientado hacia áreas socialmente deprimidas y la distribución de recursos y servicios. No se establecían normas aplicables a la gobernanza local, evidenciando cómo los mecanismos de desregulación o la ausencia de políticas públicas terminaban favoreciendo los intereses de los grupos industriales que no tenían normas y responsabilidades que cumplir.
Por otra parte, la Constitución de 1998 determinaba la existencia de una economía social de mercado con enfoque de sustentabilidad, que en la práctica significó la abierta inserción del país en la larga y triste noche neoliberal (Correa, 2009).
La Constitución planteaba, entre populismos y demagogias, el desarrollo equilibrado y equitativo de la sociedad, el tratamiento similar a las actividades públicas y privadas y la distribución justa de las rentas del Estado; sin embargo, a la luz de esta Constitución se impuso el feriado bancario en marzo de 1999, la dolarización de la economía nacional en enero de 2000 (Oleas-Montalvo, 2020), llevando al colapso la economía nacional.
La Constitución de 1998 promovía el desarrollo de la productividad y, por tanto, de los sectores financiero e industrial; declaraba la necesidad de vincular la educación superior con los sectores productivos, pero no planteaba nada en relación con lo urbano, el derecho a la vivienda, el habitar, el espacio público, lo territorial y la ciudad.
En el análisis de la Constitución del año 2008 (del socialismo del siglo XXI, vigente hasta la actualidad), es visible que la economía nacional se centró en un enfoque social y solidario y se sustentó en la filosofía del Buen Vivir como eje central del desarrollo sustentable y equitativo, enfocado en los derechos de personas, comunidades, pueblos y nacionalidades (Tabla 2).
En el escenario de la productividad y lo industrial, la Constitución de 2008 se enfocó en el incremento de la producción nacional, la transformación de la matriz productiva y de la matriz energética y en la necesidad de la distribución igualitaria de los beneficios que se derivan de las actividades productivas y los medios de producción.
En relación con lo urbano, territorial y el derecho a la vivienda, el socialismo del siglo XXI implementó, desde la gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), planes de ordenamiento territorial, normas para el uso, ocupación y control del suelo; equidad territorial, regulación del crecimiento urbano, establecimiento de zonas verdes, manejo de fauna urbana, derecho al hábitat y a la vivienda digna, entre otros.
A partir del año 2017, en lo político-económico, el país inició un proceso de franco retorno al esquema neoliberal; la estructura jurídica ha priorizado intereses financieros, empresariales e industriales a través de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal Tras la Pandemia Covid-19, promulgadas el año 2021; han servido como escenario pospandemia, para desvincular personal de los todos los sectores productivos, incluido el sector industrial-manufacturero.
Orden y desorden jurídico local, lo urbano en lo industrial y viceversa
El crecimiento urbano y el desarrollo industrial en las últimas décadas, han puesto en evidencia concepciones técnicas y políticas de gobernanza implementadas por el Municipio Metropolitano de Quito (MMQ) en lo referente a ciudad, territorio, uso del suelo, procesos de urbanización, derecho a la ciudad, habitar, entre otros; han evidenciado también cómo en el territorio y en lo local se traducen las concepciones y las lógicas de los modelos de desarrollo imperantes.
Quito, en las últimas décadas, ha pasado de la ausencia de políticas públicas (desregulación) (Tabla 3), desde el retorno al sistema democrático y durante los procesos neoliberales, a la regulación y planificación estatal y de los gobiernos locales en el período del socialismo del siglo XXI (2008-2017).
En la misma tabla puede observarse cómo, el Plan Director de Urbanismo de la ciudad de 1967, herencia del período de las dictaduras militares, reconocía la necesidad de fragmentar territorialmente la ciudad y, por tanto, marcar la sectorización social y económica de la población, creando y oficializando zonas de exclusión y miseria, disputas territoriales, rupturas e invasiones como formas de transgresión al poder constituido, a los poderes de facto del capital financiero, industrial e inmobiliario.
Desde la década de los años ochenta, en el escenario neoliberal, hasta fines de la década de los noventa, El Plan Quito (1981) o Esquema Director de la ciudad, la Ley de Régimen del Distrito Metropolitano de Quito (1993) y el Código Municipal (1997), regulaban de manera general y mínima lo relacionado con la planificación de la ciudad y el uso del suelo, siendo prácticamente inexistentes las regulaciones en torno a lo industrial en las zonas urbanoindustriales (desregulación).
Por otra parte, las regulaciones en torno a impactos ambientales y ecosistémicos derivados de lo industrial, fueron también mínimas y a veces inespecíficas; a manera de ejemplo, el surgimiento de una nueva clasificación del uso del suelo solo oficializaba lo que en el territorio ya existía, sin modificar ni el orden, ni la dinámica de lo industrial en lo urbano.
Para contar con un análisis integral, se revisaron ordenanzas clave, promulgadas por el MMQ, tanto desde la perspectiva de lo urbano en lo industrial (Tabla 4) como de lo industrial en lo urbano (Tabla 5), desde el año 2003 hasta el año 2019 (del retorno al neoliberalismo).
En la lógica de lo urbano, la estructura jurídica tiene mayores precisiones y refleja procesos de maduración en la administración y gestión de la ciudad (Tabla 4); se renuevan e integran de manera técnica y compleja más elementos en la dinámica del territorio, lo poblacional y lo urbano, y el uso del suelo, entre otros.
La gobernanza de la ciudad evidentemente evolucionó; las prioridades sobre lo urbano cobraron coherencia y se materializaron en el territorio a través de: nuevas normas relativas a la arquitectura y edificación para lo residencial y urbano, ordenamiento vial, dotación de equipamientos, continuidad en procesos de regularización de barrios que fueron invasiones de hecho, implementación de políticas para al espacio público, arborización, regulación de derechos y deberes en torno al suelo urbano.
La lógica de la ciudad ocupada corresponde también a la forma en que se ocupa el suelo y el espacio público en las zonas urbano-industriales: la ruptura del paisaje, provocada por muros, cerramientos, tapiales, cámaras de seguridad (Figura 2); la circulación vehicular y peatonal condicionada por la dinámica industrial de carga, descarga, movilidad de tanqueros y vehículos pesados; la presencia de olores, partículas, polvillos; los equipamientos urbanos supeditados también a las necesidades industriales, entre otros.
Las ordenanzas relativas a lo urbano e industrial han buscado mediar entre los requerimientos y reivindicaciones ciudadanas y poblacionales, frente a las dinámicas y requerimientos industriales; se han implementado medidas para la buena vecindad y para reducir riesgos e impactos ambientales; sin embargo, los problemas y conflictos socioambientales en las zonas urbano-industriales solo se han modificado con el tiempo y se han negociado (silenciado) a través de distintas formas de clientelismos urbano-industriales (poderes fácticos).
Desde el enfoque de lo neoliberal, en el territorio se ha legitimado y garantizado la presencia de lo industrial para las siguientes décadas, sin proyecciones a corto, mediano o largo plazo para un replanteamiento integral de la ciudad. El derecho a la ciudad en las zonas urbanoindustriales es un derecho condicionado, sesgado y ocupado.
En la perspectiva del socialismo del siglo XXI, si bien son importantes la modernización y complejidad de la estructura jurídica, la sintonía con el enfoque de derechos de la Constitución de 2008, incluidos los derechos de la naturaleza y las concepciones sobre lo medioambiental, los ecosistemas y las diversidades, también es cierto que en el territorio y en la población, en la práctica no hubo modificaciones significativas. Al respecto, Gudynas (2018) sostiene que los impactos sociales y ambientales se terminan imponiendo en la sociedad desde el autoritarismo, y desde esa misma perspectiva provoca resistencias en los pobladores.
El socialismo del siglo XXI, en lo territorial y urbano, no modificó en absoluto la dinámica del poder de facto ejercido por el capital industrial.
Lo que es evidente en la política pública relacionada con lo industrial, incluso en la lógica de lo industrial dentro de lo urbano, es que se han diseñado medidas de protección y reducción de impactos, en especial relacionados con el medio ambiente y con la prevención de daños o efectos en la población de las zonas urbanas inmediatamente aledañas a las fábricas. Sin embargo, las lógicas y dinámicas urbanas siguen y seguirán supeditadas a las necesidades y comodidades de lo industrial.
Lo urbano-industrial, la dinámica compleja de lo incompatible
La incompatibilidad del uso del suelo entre lo residencial y lo urbano marca, de manera determinante, las interacciones e interrelaciones que se desprenden de la convivencia de dos realidades diferentes, asentadas en el mismo territorio; surgen de este contexto problemas y conflictos socio-ambientales que, a lo largo de las últimas décadas, se han ido transformando, resolviendo en algunos casos y complejizando en otros.
Los intereses y las concepciones diferentes que subyacen a la convivencia de lo industrial y lo urbano son los ejes fundamentales en los que existen y se manifiestan las incompatibilidades relacionadas con el uso del suelo, el espacio público y el derecho a la ciudad; mientras que, para la lógica de los pobladores, lo urbano es el territorio en el que ocurre y se desenvuelve la vida y lo cotidiano, lo social y lo cultural (Figura 3); para lo industrial, el territorio es el espacio en el ocurren y deben seguir ocurriendo procesos, a gran escala, de transformación de materia y energía para la generación de bienes y ganancias.
Los barrios y los pobladores han evolucionado y se han transformado a lo largo del tiempo. Han cambiado sus organizaciones barriales, sus intereses y necesidades; han dejado paulatinamente de ser suburbios marginales a ser barrios consolidados en una ciudad compleja, simultánea, ocupada. En la misma lógica, las industrias han pasado de viejos procesos productivos a la utilización de nuevas y modernas tecnologías enfocadas en la calidad y el aumento de la producción.
Como puede observarse (Tabla 6), la estructura general de los barrios de las siete zonas urbano-industriales corresponde a barrios consolidados que, en las últimas décadas, han conseguido dotarse de la infraestructura y equipamientos necesarios; sin embargo, se mantienen como zonas inseguras, populares y de alta densidad poblacional.
La presencia de lo industrial en lo urbano, a pesar de las normas existentes y de la maduración en las comprensiones técnicas por parte del gobierno local, seguirá generando un contexto social, geográfico, ambiental, urbanístico e incluso paisajístico invariable en las siguientes décadas (Tabla 7); la estructura de las siete áreas urbano-industriales del estudio, en cuanto a sus componentes, rutinas y conflictos, han cambiado en distintos momentos y en diferentes niveles.
Por el contrario, el proceso de acostumbramiento al paisaje, a la dinámica existente, a las rutinas sociales creadas en torno a lo industrial, la inseguridad e incluso los riesgos existentes, se van naturalizando; las externalidades de la producción industrial, en términos ambientales y poblaciones, se dejan de visibilizar, y se van silenciado las narrativas críticas, diferentes ycuestionadoras, así como se van transformando los imaginarios, como aspiraciones, expectativas y sueños de los pobladores (Tablas 7 y 8).
Conclusiones
Mirar la ciudad desde la diversidad de escenarios y perspectivas, hace posible la construcción no de una, sino de muchas narrativas posibles y de múltiples discursos que, en esencia, son el reflejo tanto de las concepciones teóricas, ideológicas y políticas empleadas, como de las comprensiones técnicas, sociales y humanas sobre lo territorial, población, urbano, industrial.
La diversidad de posibilidades en la narrativa y en el discurso surge en torno a la forma de leer, entender, habitar, convivir, el territorio y la ciudad; pero también, de manera más puntual y precisa, corresponde a la forma en que lo cotidiano se hace cultura urbana en medio de condicionamientos impuestos por la dinámica industrial; representa formas de cohabitar espacios de ruptura que están en permanente disputa; corresponde a la capacidad de mantener vivos y claros los imaginarios que construye la gente, la familia, el barrio y la comunidad.
Para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada ¿de qué forma el desarrollo y crecimiento industrial han determinado los procesos de urbanización y crecimiento urbano?, se hace imprescindible concluir que, siendo dos procesos diferentes, el desarrollo urbano en las zonas industriales, siempre ha estado condicionado por lo industrial y por los modelos de desarrollo que han estado vigentes; la presencia-ausencia de políticas públicas y sus niveles de maduración y complejidad, han reflejado el contexto socio-político y económico; la transición entre el neoliberalismo, el socialismo del siglo XXI y el retorno al esquema neoliberal, en el fondo no han modificado la ciudad, que se construyó al amparo del sistema capitalista.
La perspectiva de la ciudad ocupada que se plantea aquí alude tanto a lo territorial-urbano como a lo socio-cultural, a las dinámicas poblacionales supeditadas a las prioridades económicas y de clase del capital industrial. Las actividades productivas y empresariales imponen lógicas y dinámicas a la convivencia ciudadana, se normalizan y se silencian a fuerza de costumbre, se obliga a la convivencia con riesgos e impactos en lo social y ambiental.
Es interesante ver cómo, a lo largo de las últimas décadas, las zonas urbano-industriales se han reconfigurado de manera permanente, a pesar de la ausencia o de la imprecisión de las políticas públicas; por una parte, en esas zonas, la ciudad ha pasado de ser la ciudad marginal, suburbial, difusa, a ser la ciudad consolidada, simultánea, popular, densamente poblada, ocupada.
Finalmente, la incompatibilidad del uso del suelo entre lo residencial urbano y lo industrial manufacturero, tiene implícitos una complejidad de elementos y factores disonantes; los intereses sociales y económicos de los pobladores y de los sectores industriales representan intereses de clase también incompatibles e infranqueables; a la postre, más allá de la buena vecindad, el desarrollo necesita políticas a largo plazo que permitan la construcción de sociedades democráticas, justas, equitativas e incluyentes, y ciudades inteligentes, amigables, saludables y sustentables.