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Mendoza, M. (2022). La utilización política del terrorismo en la campaña presidencial peruana de 2021. Universitas-XXI, 36, pp. 243-268. https://doi.org/10.17163/uni.n36.2022.10.
Introducción
El 2021 fue un año de profundas mutaciones para el país andino. En un contexto signado por la expansión del SARS-CoV-2 que exhibió crudamente las consecuencias del neoliberalismo sobre un sistema de salud agobiado por la desinversión y los efectos de la crisis política desatada a fines de 2020, se desarrollaron las elecciones generales para el período 2021-2026. En estos comicios se eligieron un presidente, dos vicepresidentes, ciento treinta congresistas y cinco representantes del Parlamento Andino.
La primera vuelta, desarrollada el domingo 11 de abril, se disputó entre dieciocho partidos y coaliciones partidarias, evidenciando la profunda fragmentación del sistema partidario y la dificultad para establecer alianzas de sectores con intereses compartidos.
La polarización entre representantes de la derecha radical y la izquierda se profundizó de cara a la segunda vuelta, disputada el 6 de junio entre Keiko Fujimori por Fuerza Popular y Pedro Castillo Terrones por Perú Libre, quien resultó electo presidente por un margen de 0,252 % frente a Fujimori.
Las elecciones del Bicentenario constituyeron un fiel reflejo de la histórica disputa entre la costa —núcleo del poder político-económico y pivote indispensable para el modelo exportador de recursos primarios— y la sierra —generadora de esas riquezas y colocada en un lugar de subsidiariedad desde los procesos de centralización estatal—. Asimismo, exhibieron la profundización de la fragmentación político-partidaria que Perú experimenta desde el colapso del sistema de partidos ocurrido a fines de la década de 1980.
En este escenario electoral se hizo presente también otro elemento de continuidad de la historia peruana, heredero del período del conflicto armado interno (1980-2000): la instrumentalización del terrorismo para desprestigiar al adversario. En efecto, si bien la figura del terrorista cobra fuerza durante esta fase de recrudecimiento de la violencia, es en el período posconflicto que se observa una utilización instrumental del terrorismo sobre las diversas formas de disidencia. Esta utilización se torna cada vez más frecuente sobre aquellas personas o colectivos que constituyen una amenaza —real o ficticia— al orden establecido.
Esta investigación analiza la utilización política del terrorismo en la campaña para la primera y segunda vuelta electoral correspondientes a los comicios presidenciales de 2021 en Perú como una estrategia para desprestigiar al adversario y construirlo como un enemigo. En tanto han sido las élites dominantes las que han empleado esta caracterización para deslegitimar a sus contrincantes de izquierda o a todo aquel que amenace el orden —neoliberal— establecido, para desarrollar esta hipótesis nos centraremos en los discursos y mensajes emitidos por las fuerzas de derecha.
Con el objetivo de dilucidar cuáles son las estrategias discursivas utilizadas en las últimas elecciones presidenciales por los grupos dominantes peruanos para erosionar la reputación de un candidato potencialmente peligroso para la conservación de sus intereses, se desarrolla un análisis crítico del discurso tomando como elementos los mensajes emitidos en debates presidenciales, plan de gobierno, campaña gráfica y alocuciones públicas de los candidatos y fuerzas de derecha en medios de comunicación.
Inscribimos este análisis coyuntural en una lectura de larga duración que permita identificar continuidades y cambios en las estrategias de criminalización que las élites, principalmente limeñas, despliegan toda vez que sus privilegios son cuestionados.
Los estudios sobre criminalización en América Latina
Los estudios sobre criminalización se han centrado principalmente en situaciones de protesta social, los cuales han sido abordados desde una diversidad de perspectivas en la literatura latinoamericana.
El enfoque predominante es el jurídico, dentro del cual destaca la corriente del nuevo derecho penal que advierte sobre la institucionalización del derecho penal del enemigo (Jakobs, 2006), centrado en la sanción preventiva de un sujeto considerado peligroso, aún cuando este no hubiera cometido un delito. En esta línea se ubican las reflexiones de Máximo Sozzo (2016), quien desde la perspectiva de la criminología crítica argentina señala la creciente utilización de este modelo punitivo aleccionador en Sudamérica. Del mismo modo, el sociólogo y jurista argentino Roberto Gargarella (2008) ha denunciado la judicialización de la política para controlar la disidencia.
En el campo de estudios jurídicos peruanos, destacan los trabajos de Mirtha Vásquez (2015, 2018) que analizan el despliegue de mecanismos antidemocráticos y la “política criminalizadora” de la protesta social que los gobiernos peruanos han implementado desde Fujimori. Asimismo, el trabajo de Juan Carlos Ruiz-Molleda del Instituto de Defensa Legal (2020) efectúa una reconstrucción de las legislaciones de las dos décadas precedentes que tendieron a un recrudecimiento de las penas y a una menor tolerancia a la disidencia, especialmente en relación con los defensores y defensoras de los derechos humanos del país andino. Estos trabajos se centran predominantemente en las tasas de encarcelamiento y los procesos judiciales como expresión de la criminalización.
En este artículo se entiende a la criminalización como un proceso que incluye el encarcelamiento, pero que lo excede, identificando otras instancias de aislamiento, estigmatización y persecución de los grupos criminalizados para legitimar y naturalizar el despliegue de una respuesta violenta, como es la utilización de un calificativo que retrotrae al período más reciente de conflictividad social para erosionar su legitimidad mediante su construcción como una amenaza.
Entendemos al terrorismo, coincidiendo con Calveiro (2012), como una construcción política, ideológica y jurídica funcional a las actuales formas de organización, acumulación y concentración del neoliberalismo. Las fronteras borrosas que exhibe el término permiten consolidar intersticios legales que, si bien vigentes durante estados de excepción (Schmitt, [1932] 1991), se aplican sobre poblaciones identificadas como amenazas (Agamben, 2007).
Ello nos remite a una especificidad del tipo de violencia estatal característico de la región: su despliegue histórico no sobre un enemigo externo, sino interno (Centeno, 2014). Desde la segunda mitad del Siglo XX y hasta fines de la década de 1990, ese enemigo interno adquirió el calificativo de subversivo o terrorista, siguiendo los términos delimitados por la Doctrina de Seguridad Nacional y bajo sistemas políticos dictatoriales (Feierstein, 2014) y se definía por su presumible vinculación con agrupaciones comunistas. En el período analizado en este artículo, la utilización del calificativo terrorista es resignificada, se aplica sobre sujetos sociales diferentes y además transcurre en un escenario de democracia formal.
La construcción político-mediática del enemigo terrorista en el Perú posconflicto: genealogía y vigencia de la práctica del “terruqueo”
Las investigaciones que se han centrado en la utilización política del terrorismo como medio para deslegitimar luchas sociales, expresiones de disidencia o candidaturas presidenciales de carácter antineoliberal, son escasas en el campo de estudios peruano. No obstante, algunos trabajos contribuyen a la comprensión del análisis que se propone en este artículo.
Cabe mencionar, en primer lugar, el trabajo de Flores-Galindo, quien en Buscando un Inca (1994) reflexiona sobre la identidad peruana y los imaginarios en torno a lo andino que en ella se conjugan. Allí sostiene que, durante el conflicto armado interno, el lenguaje fue transformándose a la par de las torturas y asesinatos que se cometían sobre poblaciones andinas:
‘Senderista’ fue sustituido por ‘terrorista’ y esta palabra con el tiempo fue sinónimo de ‘ayacuchano’, que a su vez equivalía a cualquiera que fuese indio o mestizo, anduviera mal vestido, usara deficientemente el castellano…Decirse ayacuchano era admitirse incurso en la ley antiterrorista. De esta manera, la guerra, al terminar en 1984, se convirtió en una arremetida del lado occidental del Perú contra su vertiente andina. (p. 334)
En una línea similar, se destaca el trabajo de Peralta-Ruiz (1996), quien en su tesis doctoral titulada Prensa, opinión pública y terrorismo en Perú (1980-1994) explora el tratamiento noticioso de tres periódicos de alcance nacional (El Comercio) e internacional (El País de España y The New York Times de Estados Unidos) sobre la violencia política desplegada por Sendero Luminoso. Allí concluye que los contenidos y comentarios de estos medios emitidos desde el inicio del conflicto armado interno hasta la captura de todos los líderes de la organización contribuyó a la espectacularización de la violencia política senderista frente a la opinión pública.
En su análisis sobre el tratamiento informativo de cada medio analizado, señala que el periódico de referencia limeño se alejó de un discurso “estructural, histórico y antropológico” como el que afirma sostuvieron los periódicos internacionales analizados, enfatizando en “la naturaleza demencial, criminal, resentida y polpotiana de la violencia senderista” (p. 385). Ello respondía, según el autor, a su identificación con el poder político de turno y, en especial, con el Ejército y la doctrina de seguridad nacional.
Por otra parte, Aguirre (2011) analiza la mutación de la palabra terrorista a “terruco” en el contexto del conflicto armado interno y su utilización posterior como un insulto dirigido a una diversidad de actores, desde “defensores de derechos humanos, familiares de detenidos y otras víctimas de la violencia política, y personas de origen indígena en general” (p. 103). Afirma que, si bien el origen de la palabra no es claro[1], su uso coloquial y cotidiano contribuyó a la naturalización del vínculo entre indígena o serrano y terrorista. Más aún, dicha naturalización, operada en el marco de la política contrainsurgente para atemorizar a la población sobre la amenaza que representa un cambio de sistema, opera desde entonces para desprestigiar tanto a población indígena como a personas que se identifican con los valores de la izquierda, el progresismo o la defensa de los derechos humanos. En efecto, refiere a la campaña presidencial de 2011, cuando Ollanta Humala, quien por entonces se mostraba como representante del “giro a la izquierda” y en su campaña política proponía la “gran transformación”, era tildado de “terruco”, aun cuando él mismo, en su cargo de comandante del Ejército, había participado de las acciones contrasubversivas.
Asimismo, el propio Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR, 2008) afirma que fue el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) el que, después de la captura en 1992 del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y tras el autogolpe que instaló una suerte de “democradura” o “dictablanda”,[2] comenzó a utilizarse instrumentalmente el terrorismo con fines de propaganda en operaciones dirigidas por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), principalmente contra miembros de la oposición e, incluso, de su propio gobierno.
En relación al contexto electoral que analizamos, destaca el trabajo de Bedoya- Forno et al. (2021), quienes exploran el uso del “terruqueo” por parte de fujimoristas hacia Pedro Castillo. El “terruqueo” es definido por estos autores como una construcción imaginaria empleada para:
Desacreditar a un grupo o a un individuo, convirtiéndolo en un blanco claramente identificable. Malintencionadamente representadas como terroristas, estas personas se convierten en enemigos, o al menos son presentadas como tales en los discursos políticos, militares y mediáticos. (p. 13)
Asimismo, el artículo de Álvarez Chávez (2021) constituye un aporte fundamental, en tanto analiza los imaginarios sociales presentes en los discursos emanados durante la segunda vuelta electoral entre Castillo y Fujimori e identifica una utilización del “fantasma del comunismo”, que es asimilado automáticamente al terrorista, al indígena serrano y opuesto al desarrollo, así como a la amenaza de “venezuelanización” que su victoria representaría. La arremetida contra la figura de Castillo y su acusación de terrorista por parte del partido fujimorista conducen al autor a plantear la posible emergencia de un fenómeno que denomina “neo-fujimorismo” o “nuevo fascismo a la peruana” (p. 339).
Huanca-Arohuanca (2021a) también refiere al fantasma del terrorismo y su presencia en la primera vuelta electoral de 2021. Concluye que es posible evidenciar la vigencia de la lucha ideológica entre una izquierda nueva en ascenso y una derecha radical y vetusta, la discriminación de la costa hacia la sierra y la desinformación presente en los medios de comunicación peruanos (p. 3). En un artículo posterior, Huanca-Arohuanca (2021b) se concentra en el poder mediático y la manipulación ejercida por los multimedios difundiendo mensajes de odio y racismo hacia las comunidades serranas e indígenas en general.
Asimismo, Pierina Pighi-Bel en un artículo periodístico publicado a seis días de realizarse la segunda vuelta (BBC, 30 de mayo de 2021), aporta una reflexión breve sobre cómo se ha utilizado el “terruqueo” en la campaña entre estos dos candidatos. Además de referir al uso del término en la década de 1990, cuando era empleada mayoritariamente para referirse a los opositores al fujimorismo, a partir de los 2000, sostiene Pighi-Bel, se utiliza para desacreditar a quienes apoyan las condenas por violaciones a los derechos humanos del expresidente. Añade, incluso, una utilización del término para referir a quienes critican al modelo económico neoliberal.
María Sosa-Mendoza (junio de 2021) añade que, en esta coyuntura electoral, la palabra comunista se presentó como un “sinónimo de expropiación, de miseria, de terrorismo, de recorte de libertades, de Cuba y Venezuela (…) equivalía a ser un resentido social, pero también a ser ‘andino e ignorante’”. En consecuencia, todo candidato, político, intelectual, periodista o votante que asumiera una posición de relativa aceptación a una propuesta de Castillo, fue sometido a la misma campaña de estigmatización.
Como se evidencia en los siguientes apartados, en el período posconflicto estas prácticas no se implementan de manera aleatoria, sino sobre aquellos personajes, movimientos o expresiones de cambio que erosionan o son percibidos como potenciales amenazas al modelo neoliberal.
Materiales y método
Esta investigación utiliza una metodología cualitativa y, en tanto prioriza el análisis de las construcciones sociales, políticas y mediáticas sobre el terrorismo que se difundieron en el marco de un proceso electoral, se opta por la técnica de análisis crítico del discurso (ACD).
El abordaje clásico propuesto por Van Dijk, orientado a explorar, desde un enfoque multidisciplinar, las relaciones entre el discurso y la sociedad y, particularmente, la incidencia del discurso en la reproducción de las desigualdades invita a retomar una de sus principales interrogantes: “¿Cómo son capaces los grupos dominantes de establecer, mantener y legitimar su poder, y qué recursos discursivos se despliegan en dicho dominio?” (1999, p. 24). Esta pregunta nos conduce a centrarnos en los “recursos de manipulación y de dominación utilizados por las elites, pues estas son las que tienen un control específico sobre el discurso público”.
En primer lugar, cabe señalar que la capacidad de acceder a los recursos mediáticos necesarios para canalizar sus intereses y difundir sus mensajes fue desigual en el caso de Castillo y Fujimori. En efecto, la figura de Keiko Fujimori no era desconocida en la coyuntura electoral analizada, sino que, además de ser la hija del exdictador y ocupar el cargo de congresista entre 2006 y 2011, quedó en segundo lugar en la carrera presidencial en tres oportunidades (2011 contra Ollanta Humala, 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski y 2021 contra Castillo).[3] Castillo, en cambio, contaba con un escaso nivel de notoriedad a nivel nacional cuando se desarrolló la primera vuelta y fue invisibilizado por los grandes medios de comunicación peruanos y las encuestadoras en los análisis preelectorales.
En segundo lugar, se señala que la capacidad de controlar los discursos emanados y con capacidad de llegada a la ciudadanía, tampoco fue equitativa, mediando una sobrerrepresentación de las propuestas de Fuerza Popular y su presentación como los “salvadores de la República” frente al peligro del comunismo representado por Castillo.
En última instancia, es menester señalar que estas reflexiones persiguen el propósito de visibilizar prácticas y discursos que exhiben la vigencia del racismo estructural y la persistencia de imaginarios que erosionan el sistema democrático y obstaculizan la capacidad de construir alternativas al neoliberalismo imperante desde la década de 1990. Dilucidar, entonces, cómo las élites dominantes contribuyen a la reproducción de prácticas y discursos racistas y clasistas mediante la utilización de estereotipos y prejuicios que retrotraen a una época de enfrentamientos armados con la finalidad de propagar el terror entre la población constituye, por ello, uno de los objetivos principales de esta investigación.
Con estas premisas, se torna evidente que el foco de la campaña de “terruqueo” fue Pedro Castillo, sus aliados políticos y sus seguidores, siendo los partidarios de derecha los emisores de estos mensajes. Para desarrollar el análisis, se utiliza una combinación de materiales que permitan construir una lectura diacrónica del uso de estas tipificaciones en el período oficial de campaña, comprendido entre marzo y junio de 2021.[4]
En primera instancia, el debate presidencial correspondiente a la primera vuelta electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones en tres rondas los días 29, 30 y 31 de marzo y transmitido por televisión abierta y los dos debates de candidatos correspondientes al ballotage realizados el 1° de mayo en Chota (Cajamarca) y el 30 de mayo en Arequipa que constituyen el núcleo del análisis.[5] A este se suma la exploración de las propuestas de la candidata de derecha, Keiko Fujimori, en su Plan de Gobierno, junto con los afiches y carteles que acompañaron la “campaña anticomunista” y las alocuciones públicas y mensajes mediatizados de representantes de la derecha para la segunda vuelta que contribuyeron a la campaña de deslegitimación del candidato “antisistema”.
Como herramienta de comunicación política, los debates presidenciales permiten, en articulación con los planes de gobierno, conocer las propuestas de los candidatos y su posicionamiento en torno a los principales temas de la agenda política (Benoit & Henson, 2007), así como analizar la construcción y representación de identidades y alteridades (Kanashiro, 2007).
En el caso analizado, al tratarse de un escenario político atomizado por la crisis política y sociosanitaria, en una sociedad con una endémica debilidad partidaria para resolver las problemáticas de la ciudadanía (Nercesian & Mendoza, 2020), esta herramienta resulta útil, además, para visibilizar las estrategias discursivas de confrontación entre ideas y modelos de país. En efecto, coincidimos con Giordano (2021) en que los debates presidenciales televisados constituyen una herramienta “a la que se ha recurrido mayormente para la legitimación de ciertas posiciones en contextos de fuerte crisis institucional, política y/o económica” (Giordano, 2020).
Por otra parte, el análisis de las alocuciones públicas y campañas de los representantes de derecha y fuerzas afines a la candidata que se posicionó como defensora del modelo neoliberal y el tratamiento mediático de la “campaña anticomunista” nos permite comprender cómo circularon dichos discursos en la arena pública.
Resultados
Primera vuelta: entre las denuncias de corrupción, el discurso de “mano dura” y el peligro de “venezuelanización”
La primera vuelta electoral se llevó a cabo el 11 de abril entre dieciocho listas y coaliciones partidarias. Los efectos de la crisis política iniciada en noviembre de 2020 se harían presentes en la coyuntura electoral. En aquella oportunidad, las protestas callejeras se desplegaron rápidamente en varias ciudades de Perú —a pesar de la crisis sociosanitaria— ante el anuncio de destitución de Martín Vizcarra del cargo de la presidencia por “incapacidad moral permanente” y su reemplazo por un líder opositor —Manuel Merino— y un gabinete que la ciudadanía percibía como ilegítimo en tanto no había emanado de una elección popular.
Al igual que en otros países de la región, las protestas se conjugaron con una impugnación al modelo neoliberal que se tradujo en una demanda de reforma constitucional tendiente a superar la Constitución fujimorista de 1993 y dar inicio a un proceso de refundación. El año del Bicentenario se encaminaba a convertirse en un momento bisagra de la historia peruana. Sin embargo, las elecciones evidenciarían más continuidades históricas que señales de cambio.
En la primera vuelta se articularon tres procesos: múltiples candidaturas de diversas expresiones ideológicas, dispersión de votos con bajos porcentajes obtenidos por cada coalición partidaria[6] y altos niveles de abstención electoral.[7] La polarización entre candidatos de la derecha y la izquierda comenzaba a dibujar el escenario de segunda vuelta: de un lado, la derecha dictatorial en la figura de Keiko Fujimori, su vertiente empresarial representada por Rafael López Aliaga y su variante del liberalismo ortodoxo representado por Hernando De Soto. Del otro, la izquierda más radical, representada por Verónika Mendoza, Marco Arana y el propio Pedro Castillo, dirigente campesino y maestro oriundo de Cajamarca.
Primer debate presidencial
Para el primer debate presidencial, organizado por la Junta Nacional Electoral y difundido por TV Perú, se dividió a los dieciocho candidatos y candidatas en tres rondas, realizadas el 29, 30 y 31 de marzo. Cada encuentro tuvo una duración de 2 horas y 20 minutos. Los ejes de debate fueron: 1. Medidas frente a la pandemia, 2. Educación, 3. Seguridad ciudadana 4. Integridad pública y lucha contra la corrupción y 5. Argumentos finales. A los fines de la investigación, nos enfocamos en las alocuciones de tres candidatos de derecha entre los seis que mejor se posicionaron en la primera vuelta:[8] Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Hernando De Soto.
El primer día fueron convocados César Acuña de Alianza para el Progreso, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, George Forsyth de Victoria Nacional, Verónika Mendoza de Juntos por el Perú, Alberto Beingolea del Partido Popular Cristiano y Marco Arana del Frente Amplio.
En su intervención correspondiente al primer eje, Keiko Fujimori sostuvo que: “La pandemia ha desnudado dos hechos muy significativos: el hecho de que los presidentes de la República sean absolutamente incapaces, ineficientes y tengan taras ideológicas” (Jurado Nacional de Elecciones, 29 de marzo de 2021), en relación con la gestión de la pandemia de Vizcarra y el presidente interino Francisco Sagasti, quien asumió el cargo tras la renuncia de Merino. La candidata de Fuerza Popular explicaría que estas “taras ideológicas” habían impedido al país obtener ayuda económica por parte del sector privado y, cuando las vacunas comenzaron a comercializarse, adquirirlas a otros laboratorios además del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de procedencia rusa.
Tras la alocución de Marco Arana, quien sostuvo que los problemas ligados a la crisis sociosanitaria tenían su origen en la Constitución fujimorista, Keiko respondió con una defensa de esta carga magna, a la que le atribuyó la capacidad de generar “paz y desarrollo” en contraposición a la del ’79, que habría generado “caos, violencia, pobreza”. Según la candidata, fue “gracias a esos ahorros de esa economía sostenible que se ha dado gracias a la Constitución de 1993”, que se pudieron entregar bonos a las familias más perjudicadas por las medidas preventivas de aislamiento.
En el segundo eje, consignado a educación, sostuvo que era necesario eliminar los textos escolares cuyos contenidos señalen que “el terrorismo es un conflicto armado. Eso es una barbaridad”. En el eje de seguridad ciudadana, propuso “mano dura” para “frenar la delincuencia y la corrupción”, apeló a la necesidad de reformar el sistema penitenciario y construir nuevas cárceles que ofrezcan una solución al hacinamiento, oportunidad que empleó para aludir a sus propias experiencias como interna, calificadas por la candidata como injustas.
A continuación, la candidata agradeció “a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por habernos dado seguridad durante tantos años, por habernos ayudado a vencer al terrorismo y por seguir poniendo el pecho frente a esta pandemia”. Culminó su intervención en este eje reiterando que solo con mano dura se podría superar la delincuencia que promovieron “los gobiernos débiles y blandengues” y sentenció: “así como Alberto Fujimori derrotó al terrorismo, yo, Keiko Fujimori, voy a derrotar a la delincuencia”.
En el diálogo mano a mano con Arana, correspondiente a la sección de preguntas ciudadanas, la candidata vinculó directamente a la izquierda con la desinversión, la diseminación del caos y la violencia y la destrucción de la economía: “Nosotros desde Fuerza Popular vamos a combatir y no vamos a permitir que Usted condene al Perú a la pobreza, a la desigualdad, a la pobreza. A la izquierda radical le digo no”.
El segundo encuentro se desarrolló el 30 de marzo entre Daniel Urresti de Podemos Perú, Pedro Castillo de Perú Libre, Hernando de Soto de Avanza País, José Vega de Unión por el Perú —quien se retiró al principio del debate afirmando que no garantizaba la democracia— Andrés Alcántara de Democracia Directa y Ollanta Humala del Partido Nacionalista Peruano.
Hernando de Soto tomó a Ollanta Humala como eje de sus principales ataques y en varias oportunidades hizo referencia a su propia contribución a la lucha contra el terrorismo y la captura de Abimael Guzmán, atribuyéndose en primera persona tal victoria y minimizando, al mismo tiempo, la participación del candidato Humala en tal contienda, al no haber sido víctima de intentos de asesinato por parte de SL como lo fue él. Asimismo, en línea con su pensamiento económico, se atribuyó la transformación liberal del país y su participación protagónica en la redacción de la Constitución de 1993 como sus principales logros en materia política.
El último día fueron convocados Rafael López Aliaga de Renovación Popular,[9] Julio Guzmán Cáceres del Partido Morado, Yonhy Lescano de Acción Popular, Rafael Santos de Perú Patria Segura, Daniel Salaverry del Partido Democrático Somos Perú y Ciro Gálvez de Renacimiento Unido Nacional.
La corrupción ocupó buena parte del primer eje, con acusaciones cruzadas sobre quiénes habían sido responsables directos o indirectos de la crisis sociosanitaria, la desinversión en salud y el colapso de las unidades de cuidados intensivos.
En el eje seguridad ciudadana, López Aliaga anunció que, de ser elegido, propondría una modificación del Código Penal para garantizar que los delitos menores “que quiten la paz y la tranquilidad a todos los peruanos” sean penados con cárcel efectiva, los delitos mayores sean procesados en la Colonia Penal Agrícola del Sepa[10] —y, por ende, su reapertura— incluyendo cadena perpetua a los “violadores, presidentes, congresistas, gobernadores regionales, alcaldes, jueces, fiscales y demás funcionarios corruptos”, y expulsión a los extranjeros que comentan delitos “contra los peruanos” (JNE, 30 de marzo de 2021).
Asimismo, propuso eliminar “las leyes caviares[11] comunistas para defender a nuestra Policía y Fuerzas Armadas del abuso y persecución de jueces civiles como ocurre actualmente”. Cerró su alocución refiriendo a la necesidad de controlar la zona del VRAEM[12] “actualmente dominada por terroristas y narcos” y explotar la región mediante actividades agroexportadoras y turísticas y restablecer los comités de autodefensa contra el terrorismo.
En sus argumentos finales, advirtió sobre el peligro de “venezuelanización” de Perú: “Peruanos, este 28 de julio es diferente. O nos vamos a ser potencia mundial o vamos a ser Venezuela y seguiremos con la misma corrupción de tantos años de presidentes y congresistas corruptos”.
Plan de Gobierno “Rescate 2021”
El segundo documento que utilizamos para el análisis es el Plan de Gobierno de Keiko Fujimori 2021-2026 denominado “Rescate 2021”. En la Introducción, firmada por la propia candidata, se hace referencia a una distinción tajante entre dos modelos que han gobernado el país durante los últimos cincuenta años. En línea con su intervención en el debate presidencial, en este documento se distingue entre un modelo, dominante entre las décadas de los setenta y ochenta, que generó “pobreza, inseguridad y caos” y un Estado débil que permitió “que grupos terroristas impongan la violencia y el miedo entre la población”, cuyo germen se puede encontrar en la Constitución de 1979; y un modelo, el que instauró su propio padre, cuyo pivote esencial es la Constitución de 1993, eje de una economía abierta. Con esta apertura evidenciaba que su espacio no promovería ni avalaría una nueva Constitución.
En la sección 2.3. Seguridad y Defensa Nacional (p. 39), el Plan de Gobierno hace alusión a la doctrina de nuevas amenazas para señalar que, en la lucha contra estos nuevos enemigos, “nuestros verdaderos héroes”, es decir, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, “han sido y son hoy también maltratados, no reconocidos, vilipendiados y hasta humillados por sectores comunistas que buscan destruir la institucionalidad y estabilidad del país (…) ese sector que busca alejarnos y dividirnos”.
Finalmente, en la Visión del Plan de Gobierno retoma la retórica heroica desplegada en el debate presidencial y establece una línea de continuidad histórica entre el proceso de restauración iniciado por su padre y el que su gobierno desarrollaría: “Es el momento de rescatar nuestro país. El Fujimorismo ya lo hizo antes cuando estábamos en medio del ataque terrorista y la hiperinflación generada por el populismo siempre tóxico para la economía de una nación” (p. 85).
Durante la campaña para la primera vuelta, Castillo no fue el foco de los ataques de sus adversarios de derecha, en parte porque no esperaban que tuviese un buen desempeño. El resultado obtenido en primera vuelta del candidato campesino sorprendió incluso a los analistas políticos y a los encuestadores, quienes lo ubicaban por debajo del cuarto puesto. En efecto, los expertos vaticinaban que la segunda vuelta se disputaría entre representantes de la derecha (Observatorio del Sur Global, 2021).[13] En consecuencia, los blancos de los ataques fueron principalmente Verónika Mendoza, quien ya había sido víctima de una campaña de miedo en las elecciones de 2016 y Marco Arana, a quienes se señalaba como apologistas del terrorismo y afines a ideas comunistas que conducirían a convertir a Perú en “otra Venezuela”.
El análisis de estos dos elementos nos permite visualizar que, durante la primera vuelta electoral, se configuró un escenario de polarización entre dos modelos de país que guarda continuidad con la dinámica que adoptan las campañas electorales en el período posconflicto: por un lado, los representantes del modelo de neoliberalización autoritaria que propuso Fujimori y, por el otro, aquellos que sostienen una posición reformista, con mayor presencia estatal y participación ciudadana en la toma de decisiones. Los representantes de los sectores dominantes emitieron un discurso de apelación al pasado y a la gesta histórica del fujimorismo durante la década de 1990 materializada en la derrota de la subversión y la instauración del modelo económico neoliberal.
La figura de Keiko se posicionó, al igual que en escenarios electorales previos, como la representante de dichos intereses y tanto en el debate como en su plan de gobierno estableció una línea de continuidad entre aquel proceso iniciado por su padre y su propia gesta histórica: el rescate del país frente al peligro de “venezualización”. En esta instancia, las estrategias discursivas de negativización se centraron en la vinculación de la izquierda con la desinversión, la violencia y la destrucción de la economía y la presentación del liberalismo económico, la mano dura y la defensa de la Constitución de 1993 como la salvaguarda ante aquella amenaza.
Segunda vuelta: entre la campaña anticomunista, la demonización de Castillo y la instrumentalización de los imaginarios terroristas
Según establece el sistema electoral peruano, un partido debe obtener el 50 % de los votos válidamente emitidos para considerarse ganador en primera vuelta. Dado que ninguna de las listas logró este porcentaje, se estableció el 6 de junio para el desarrollo de la segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor cantidad de votos.
Segundo debate presidencial de candidatos
El 1 de mayo se llevó a cabo el debate presidencial entre los dos candidatos en la plaza central de la ciudad de Chota, Arequipa (región de Cajamarca), cuna del maestro Castillo. Los temas abordados en esta instancia fueron: 1. Salud, 2. Educación, 3. Economía y reactivación económica, 4. Seguridad y lucha contra la corrupción. Muchas de las propuestas que difundieron los candidatos habían sido anunciadas por otros medios. La campaña del miedo, sin embargo, fue nuevamente protagonista.
En el eje Economía y reactivación económica, tras la intervención de Castillo, la candidata afirmó que “El comunismo tiene como política mentir, mentir, para que algo quede en el pueblo” (La República, 1 de mayo de 2021), relacionando en el imaginario popular al candidato de Perú Libre con la manipulación ejercida por la mano derecha de Hitler, Joseph Goebbels. En su alocución final, hizo mención nuevamente a la cruzada heroica del fujimorismo y el “pueblo unido” para enfrentar el terrorismo.
Tras el debate, los periodistas de La República encargados de la cobertura del acto señalaron como clara ganadora a la candidata fujimorista, al obligar a Castillo a explicitar y aclarar puntos de su programa de gobierno y evidenciar la radicalización de su discurso político. Respecto a la propuesta de Keiko de distribuir el canon directamente entre la población de las regiones mineras en un 40 %, la periodista calificó la medida de “revolucionaria”, mientras que Castillo “se ha movido más a la izquierda de la estatización”.
Asimismo, acusó a Castillo de “ideologizar el tema de las vacunas” y proponer políticas poco factibles y contraproducentes, como las propuestas de estatización, en palabras de la periodista, de todos los recursos extractivos y “toda la propiedad privada”.
Tercer debate presidencial de candidatos
El segundo y último debate se realizó el 30 de mayo en Arequipa y tuvo una duración de tres horas. Los temas se organizaron en seis bloques: 1. Perú del Bicentenario; 2. Salud y manejo de la pandemia; 3. Economía y promoción del empleo; 4. Educación, ciencia e innovación; 5. Lucha contra la corrupción e integridad pública; y 6. Derechos humanos, políticas sociales y atención a poblaciones vulnerables.
En el bloque 1, Fujimori responsabilizó a Castillo “con su lenguaje y mensajes de odio, división y lucha de clases” por generar las agresiones contra periodistas y ciudadanos que se movilizaron el sábado 29 de mayo en Lima en apoyo a Keiko bajo la consigna “Caravana Cívica por la Familia y la Democracia”. En el cierre del bloque 2, dedicado a la gestión estatal de la pandemia, sostuvo que “Nuestros enfermos no se curan con comunismo, el COVID no se detiene con la lucha de clases, la pandemia no se debate con piedras”.
En el bloque 3, consignado a debatir sus propuestas sobre economía y promoción del empleo, el candidato Castillo exhibió dos portadas de los periódicos El Comercio y La República referidos a su propuesta de modificación del sistema de pensiones en las que se evidenciaba una manifiesta intención del primero en propagar el miedo al comunismo y a la estatización. Mientras que La República consignaba “Perú Libre plantea reforma de AFP sin tocar fondos de los afiliados”, El Comercio titulaba “Castillo plantea una confiscación de los ahorros de afiliados a las AFP”.
Además de la centralización del ataque en la figura de Castillo, el uso de la palabra confiscación exhibía una clara intencionalidad de vincular un eventual gobierno de Castillo con una política de estatizaciones y expropiaciones. Continuó su alocución esclareciendo sus propuestas: “Nosotros no vamos a quitarle sus ahorros a la gente que trabaja, respetaremos la propiedad privada (…). Vamos a impulsar una economía popular con mercado, el mercado no puede controlar al Estado” (JNE, 30 de mayo de 2021).
El debate alcanzó su punto más álgido en la sección de diálogo consignada al bloque 5, destinada a las propuestas de lucha contra la corrupción. Castillo sostuvo que la candidata Fujimori no tenía autoridad moral para exponer sobre esta temática, acusación a la que Keiko respondió fingiendo una confusión de Castillo con Cerrón para hacer referencia directa al exgobernador regional de Junín y fundador del partido, acusado y sentenciado por corrupción en 2019 (Chanjan et al., 29 de junio de 2021).
A continuación, la candidata afirmó que:
Yo me comprometí en todo momento, al inicio de la campaña, a no terruquear, y lo he cumplido a cabalidad. Aquí los únicos que terruquean son ustedes mismos, cuando salen informes periodísticos (…) donde hay más de 240 miembros del MOVADEF[14] (…) participando activamente de su partido.
A lo largo de toda la campaña de segunda vuelta, el ataque a Pedro Castillo fue sumando adeptos de distintos sectores sociales, políticos y culturales. Fue acusado de apostar a la presidencia para instaurar una dictadura comunista que habilitara la toma del poder por parte del terrorismo de Sendero Luminoso (Noriega, 2021).
En sus múltiples alocuciones públicas, Keiko lo acusó de mentiroso, violento y de aliarse con corruptos, e infundió el miedo entre la población a la pobreza, el desempleo y la desinversión, tergiversando las propuestas de Castillo y convirtiéndolas en amenazas de estatización, cierre de importaciones y desabastecimiento.
La construcción del enfoque “nosotros” vs. “ellos” en los discursos político-mediáticos
La amenaza de que un campesino y profesor de primaria, representante de un partido de izquierda, procedente de la ciudad nortina de Chota (provincia de Cajamarca) pudiera convertirse en presidente, activó todas las alarmas entre las élites dominantes, el gran empresariado y los conglomerados mediáticos afines al modelo neoliberal, quienes se alinearon en un férreo apoyo a Fujimori.
La potencial reconfiguración de un “nuevo nosotros”, en palabras de Montoya- Rojas (2021) “identificado con los otros de antes, los ninguneados, los invisibles, los sin nombre, los ‘cholos de mierda’, ‘los indios de mierda’, ‘los negros de mierda’”, impulsó una campaña de odio, miedo y racismo para desacreditar al candidato y, por extensión, a sus votantes y seguidores.[15]
En una conferencia de prensa brindada tras la confirmación de la ONPE de su participación en la segunda vuelta junto con Pedro Castillo, Fujimori emitió un mensaje de unión y reconciliación. Incluso sostuvo que evitaría “caer en el facilismo” de hacer campaña de miedo explotando las “debilidades” de su oponente. Sin embargo, antes de finalizar la conferencia manifestó que “el oponente ha planteado la vieja tesis comunista de la lucha de clases, del odio y la confrontación” (RPP, 14 de abril de 2021).
Rápidamente aparecieron en las calles de Lima, Arequipa y Cajamarca carteles con consignas anticomunistas: “Protege tu trabajo y tu libertad. No al comunismo”, “Piensa en tu futuro. No al comunismo”, “¿Sabes que el voto en blanco le suma al comunismo?”, “El comunismo genera miseria y pobreza”, “Defendamos la inversión y el empleo”, “Voto por la democracia. No al comunismo”, “Votar en blanco es votar en rojo” y “10 soles, sueldo mínimo en Venezuela. Yo voto por mi familia”.
Si bien Fuerza Popular negó la autoría de estos carteles y lo atribuyó a sus seguidores, elemento que resulta poco creíble por el alto costo de mantenimiento que implican (Durand, 27 de mayo de 2021), investigaciones posteriores develaron que una de las agencias publicitarias involucradas, en particular la que colocó carteles en la ciudad de Arequipa, tiene vínculos con el fujimorismo (El Búho, 12 de mayo de 2021).
Los excandidatos presidenciales de derecha que quedaron en el camino se alinearon para apoyar a Keiko, manifestando que emprenderían una campaña nacional para explicar “qué es el comunismo que propone Castillo”, como manifestara López Aliaga (Nodal, 21 de mayo de 2021). También se sumaron a la campaña “No al comunismo” doce jugadores de la selección nacional, quienes se manifestaron a favor de la democracia en sus redes sociales.
El escritor Mario Vargas Llosa también convocó a la ciudadanía a votar a Keiko Fujimori en tanto representaba el “mal menor”. En un extenso análisis publicado en el Diario Crónica de México, afirmó que Castillo establecería una economía popular con mercados, inspirada en las propuestas de Evo Morales y Rafael Correa. Asimismo, advirtió sobre la amenaza que su eventual gobierno podría significar para el país: nacionalización de las empresas y yacimientos mineros, petroleros y energéticos, derogación de la Constitución y refundación del país en un proceso “calcado del que inauguró el comandante Chávez en Venezuela, el Socialismo del siglo XXI, que ha obligado a más de cinco millones de venezolanos a emigrar a los países vecinos para no morirse de hambre” (Crónica, 4 de junio de 2021).
En pocas palabras, Vargas Llosa definía un eventual triunfo de Castillo como la inexorable llegada de todos los males: hambre, pobreza, desinversión, desempleo, fraude electoral. Y un inevitable golpe de Estado para restaurar el orden. En un video enviado para apoyar la candidatura de Fujimori desde España, sostuvo que Castillo impondría una dictadura y su gobierno sería sinónimo de atraso.
Gracias al apoyo mediático y corporativo que el fujimorismo detenta desde la década de 1990, la candidata logró hacer confluir en el imaginario colectivo que una eventual presidencia de Castillo equivaldría a una dictadura y se posicionó como la salvaguarda de la democracia. Desde el arco político de derecha acompañaron esta campaña las expresiones de López Aliaga “Muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo” en la marcha desarrollada el 8 de mayo en Lima bajo la consigna “Salvemos a la democracia y nuestra libertad”, así como la convocatoria de Hernando De Soto a los líderes mundiales como Bush, Clinton y Macron a aunar esfuerzos contra el “intento comunista para controlar Latinoamérica” (RPP, 29 de mayo de 2021).
Desde el plano intelectual, las manifestaciones de Vargas Llosa respecto a la amenaza de un golpe de Estado como consecuencia de la victoria de Castillo; y desde el ámbito mediático, el apoyo a Fujimori y la mayor cobertura a la candidata de derecha, confluyeron hacia un mismo fin: propagar el terror en torno a la figura de Castillo y presentar a Fujimori como la representante de la democracia.
En definitiva, la estrategia de negativización de la izquierda que había operado durante la primea vuelta se volcó en la instancia de ballotage sobre la figura de Castillo, sus aliados y seguidores. En los debates de candidatos, el elemento central del discurso de Fujimori fue el riesgo que representaría una potencial victoria de Castillo para la democracia y la libertad, intentando capitalizar el descontento ciudadano frente a la idea de empobrecimiento y desempleo que subyace a los imaginarios sobre Venezuela y otros países de la región que optaron por una alternativa reformista, calificada por ella y otros representantes de la derecha como “comunistas”. Pero en esta etapa da un paso más y presenta a la figura de Castillo como un enemigo terrorista, vinculado con remanentes senderistas.
Conclusiones y discusión
El análisis precedente permite visualizar las estrategias discursivas que se desplegaron a lo largo de la campaña presidencial peruana de 2021 por las élites dominantes y sus representantes. Éstas fueron: 1. la negativización de Pedro Castillo mediante su construcción como un enemigo terrorista; 2. la presentación de Fujimori como la protectora de la democracia y la libertad frente a la amenaza comunista; 3. y la apelación a la memoria social sobre el conflicto armado interno que avivó el miedo al retorno del terrorismo. Estas estrategias no se dieron de manera lineal, sino que se fueron reconfigurando a medida que se desarrollaba la campaña.
El análisis crítico del discurso nos permite interpretar este uso instrumental de imaginarios, percepciones y miedos sociales a una estrategia básica de polarización y señalamiento de fronteras entre nosotros y ellos (Van Dijk, 2003), que operó mediante una sobrerrepresentación mediática de las propuestas de Fuerza Popular y su presentación como los “salvadores de la República” frente al peligro del comunismo representado por Castillo.
Esta polarización entre nosotros, los defensores de la democracia y ellos, sus detractores que intentan instaurar una dictadura comunista, se evidenció con mayor énfasis en la segunda vuelta electoral. Al respecto, se sostiene que la memoria social sobre el conflicto armado interno y la lectura de “los dos demonios” que predominó en el Informe de la CVR, moldeó y aún moldea las percepciones e imaginarios sociales con los que se analizan prácticamente todas las situaciones de conflictividad en el Perú contemporáneo, desde las ocurridas en el marco de una protesta antiextractivista,[17] manifestaciones populares como la de 2020 o las que se conjugan en una elección presidencial.
Asimismo, la demonización de Castillo se construyó apelando a modelos mentales presentes en la ciudadanía. Fue por medio de la instrumentalización del miedo al retorno del terrorismo que fue posible polarizar la elección como una situación de “héroes” y “villanos”. La figura de un maestro serrano, de izquierda, que proponía acabar con el Perú de las élites, se conjugó fácilmente con la figura del líder senderista. Una vez construido como enemigo, los ataques contra su candidatura y contra su persona aparecían legitimados ante la amenaza que su gobierno representaría.
Si bien el “terruqueo” contra el actual presidente Pedro Castillo no constituye una novedad en la historia peruana posconflicto, la coyuntura de 2021 fue visibilizada como una oportunidad histórica, un punto de inflexión, tanto para quienes propugnaban una profundización del neoliberalismo extractivista como para quienes proponían un cambio de sistema.
A la carga simbólica que representaban las Elecciones del Bicentenario, debemos añadir las impugnaciones al neoliberalismo visibilizadas en las protestas de 2020 desarrolladas en medio de una crisis sociosanitaria que develaba las limitaciones del modelo. Las élites en su conjunto percibieron estos acontecimientos como reales amenazas a la preservación de sus intereses, protegidos por el “modelo económico concentrador de riquezas” (Durand, 2021) diseñado por el fujimorismo y su Constitución neoliberal, y articularon todo el andamiaje económico, político y mediático para resguardarlos.
No obstante, el enfoque coyuntural propuesto, el análisis previo debe inscribirse en una lectura de larga duración que permita comprender la instrumentalización del terrorismo en el contexto político de las elecciones de 2021. En efecto, la criminalización de los pueblos serranos y selváticos mediante su homologación con el terrorismo responde a prácticas legitimadas y naturalizadas de estigmatización y discriminación de estas poblaciones. Su transformación durante el período del conflicto armado interno condujo al pasaje del “indio ocioso” al “indio peligroso”, dando inicio a las prácticas de “terruqueo” y a su utilización en contextos de democracia formal por parte de las élites dominantes para deslegitimar a un adversario, construyéndolo como un enemigo peligroso.
