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Hortal, A. (2023). Combatiendo la violencia de género a través de políticas públicas conductuales: alcances y limitaciones. Retos Revista de Ciencias de la Administración y Economía, 13(25), 63-77. https://doi.org/10.17163/ret.n25.2023.05
Introducción
En los últimos años se ha estudiado la economía conductual como herramienta para mejorar las políticas públicas. La publicación Nudge (Thaler y Sunstein, 2009) introdujo enfoques conductuales en la formulación de políticas con el objetivo de influir en los procesos de toma de decisiones de los individuos y abordar su racionalidad acotada para mejorar el bienestar y promover el progreso de la sociedad. A pesar de las investigaciones en esta área, existe poca atención en el tema de la violencia de género. Este estudio pretende realizar un análisis exhaustivo de la bibliografía actual sobre las políticas públicas conductuales, destacando los diversos enfoques utilizados en los distintos ámbitos. Además, se busca explorar las posibles aplicaciones de la economía conductual en el ámbito de la violencia de género con el objetivo de reducir y eliminar los casos. La prevalencia de la violencia de género es un problema de salud pública y de derechos humanos que afecta a las personas, familias y comunidades a nivel mundial. A pesar de los esfuerzos realizados por los gobiernos, organizaciones y defensores para abordar este problema, los índices de violencia de género siguen siendo alarmantes. Algunos autores indican que “las intervenciones deben apoyar a los hombres para que asuman la responsabilidad de su propio comportamiento” (Devaney, 2014, p. 480), mientras que otros piden revisar las leyes de arresto por violencia doméstica sin orden judicial (Chin y Cunningham, 2019) o abordar el problema desde otras perspectivas. La economía conductual, con su enfoque en la comprensión y la influencia en los procesos de toma de decisiones, ofrece soluciones nuevas e innovadoras de este problema. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, la investigación y las intervenciones actuales en el campo de la economía conductual no han considerado el tema de la violencia de género. Por lo tanto, este estudio revisa la literatura actual y aborda la aplicación de la economía del comportamiento para reducir y eliminar la violencia de género.
Herbert Simon publicó Administrative Behavior (1947), donde critica el enfoque de la economía clásica y neoclásica y la teoría de la administración a la hora de describir los procesos racionales (Hortal, 2017). Las contribuciones de Simon a la economía conductual se centraron en la idea de la racionalidad acotada (Simon, 1957, 1982): las personas no siempre son capaces de procesar toda la información disponible y tomar decisiones racionales. De igual forma, argumentaba que esto se debe a las restricciones cognitivas tales como la atención, la memoria y la capacidad de procesamiento limitadas, así como a la complejidad del entorno para la toma de decisiones. Simon afirmó que las personas suelen recurrir a atajos mentales o heurísticos para tomar decisiones (Simon, 1977), en lugar de analizar detenidamente toda la información disponible. También sugirió que las preferencias y los valores de las personas pueden estar influidos por su contexto y por cómo se les presenta la información.
De igual forma, las investigaciones de Amos Tversky y Daniel Kahneman (1972; 1974, 1981) identificaron desviaciones sistemáticas de las normas clásicas de racionalidad que son predecibles y resultan del uso de procesos heurísticos en nuestro sistema cognitivo. En ocasiones, estos heurísticos pueden provocar sesgos que distorsionan nuestra percepción de la realidad y conducen a comportamientos irracionales. El trabajo de Tversky y Kahneman ha influido significativamente en nuestra comprensión de la toma de decisiones y ha tenido implicaciones en campos como la economía, la psicología y la ciencia política. Una de las principales aportaciones de su investigación fue la teoría de las perspectivas: un marco para entender cómo las personas toman decisiones en momentos de incertidumbre (Kahneman y Tversky, 1979). Según la teoría de las perspectivas, las personas no siempre toman decisiones basadas en la utilidad esperada, como menciona la teoría económica clásica. En su lugar, a menudo se ven afectadas por las pérdidas y ganancias potenciales, y suelen evitar las pérdidas en vez de adquirir ganancias. Esta teoría ha influido a la hora de explicar una amplia gama de fenómenos en la toma de decisiones, como la aversión al riesgo, los efectos de encuadre y el efecto de dotación. También ha tenido importantes aplicaciones prácticas en campos como el marketing, las finanzas y la formulación de políticas.
En el área de la formulación de políticas, Richard Thaler (colaborador de Kahneman) y Cass Sunstein desarrollaron un enfoque de las intervenciones basado en percepciones conductuales (teniendo en cuenta los sesgos cognitivos de nuestra racionalidad acotada). En 2008 publicaron el libro Nudge, en el que examinan cómo pequeñas intervenciones basadas en cambios en la estructura de la elección pueden alterar positivamente el comportamiento de las personas. Estos nudges[1] pueden lograr que las personas alcancen sus objetivos para tener una vida más feliz según su propio juicio (Gold et al., 2020; Sunstein, 2020). Debido a que a las personas les resulta difícil (por sus limitaciones cognitivas y su racionalidad acotada) conseguir lo que se proponen, los políticos pueden organizar el entorno haciendo que ciertas opciones se destaquen más que otras, de forma que la mejor elección se convierta en la más fácil. Estos nudges también pueden utilizarse para mejorar la sociedad (aspectos medioambientales, salud pública, donaciones de órganos o incluso durante pandemias (Martínez y Fernández, 2020).
Tras la publicación de Nudge (Thaler y Sunstein, 2009), el nudging se convirtió en un marco para desplegar intervenciones basadas en la evidencia (Hortal, 2020a) para mejorar el bienestar de las personas organizando el entorno de elección. Las ciencias del comportamiento se han aplicado a las políticas públicas, dando lugar a la aparición de diversos enfoques de intervención, como budges (algo en movimiento) (Oliver, 2013, 2018), boosts (impulsos) (Grüne-Yanoff y Hertwig, 2016; Hertwig y Grüne-Yanoff, 2017; Reijula et al., 2018), nudge plus (llamadas de atención más fuertes) (Banerjee y John, 2021), meta-nudges (Dimant y Shalvi, 2022), virtue-nudges (Hortal, 2022) o shoves (empujones) (Sunstein, 2013). Mientras que los nudges pretenden promover el bienestar, se ha introducido el término “sludge” para referirse a las intervenciones intencionadas o no intencionadas que utilizan técnicas similares, pero con el propósito de disminuir el bienestar. Thaler introduce el término “sludge”, refiriéndose a intervenciones de tipo nudge que disminuyen el bienestar de las personas. Aunque los nudges son intervenciones diseñadas para mejorar la vida, “las mismas técnicas de nudging pueden utilizarse con otros fines” (Thaler, 2018).
El objetivo de este artículo es considerar las distintas formas en que estos enfoques pueden complementar las iniciativas de las políticas públicas para eliminar o reducir los casos de violencia de género, reducir sus efectos y ayudar en la persecución de los agresores. En este artículo, además de “violencia de género”, se utilizan otros conceptos como “violencia en la pareja” o “violencia doméstica”.
Los términos “violencia de género”, “violencia en la pareja” y “violencia doméstica” se refieren a formas de violencia o abuso que se producen en el seno de las relaciones o los hogares. Estos términos se utilizan a menudo indistintamente, y pueden incluir abuso o coacción física, sexual, emocional o económica. La “violencia de género” es un concepto amplio que se refiere a cualquier forma de violencia o abuso que se ejerce contra alguien por razón de su sexo. Esto puede incluir violencia o abuso contra mujeres, hombres o personas no binarias. Es importante destacar que no toda la violencia en una relación es violencia doméstica (Kuennen, 2020) y que la violencia doméstica y la violencia de género son fenómenos relacionados pero distintos. La “violencia en la pareja “ se refiere explícitamente a la violencia o abuso que ocurre dentro de las relaciones íntimas, entre cónyuges, parejas casuales o parejas formales. Puede incluir abuso o coacción física, sexual, emocional o económica. La “violencia doméstica” se refiere a la violencia o abuso que se produce dentro del hogar, normalmente entre miembros de la familia o del hogar. Puede incluir abuso o coacción física, sexual, emocional o económica. Los tres términos engloban una serie de comportamientos y acciones utilizados para controlar, intimidar o dañar a otra persona en una relación o en el ámbito doméstico. Se refieren a problemas graves que pueden afectar negativamente a la salud física y mental de quienes los sufren.
Aunque estos conceptos de violencia no son iguales y no se refieren a los mismos hechos son similares, por lo que pueden usarse cuando nos referimos a cómo pueden utilizarse las políticas públicas de comportamiento para reducir el número de casos.
Criterios de selección
A la hora de realizar este estudio sobre las políticas públicas de comportamiento y su posible aplicación a la violencia de género, se utilizaron los siguientes criterios para seleccionar los artículos:
Relevancia del tema: los artículos deben pertenecer a la política pública conductual y la violencia de género, con un enfoque en la reducción y eliminación de los casos de violencia de género. El objetivo de la revisión fue identificar estudios relevantes en el área de las políticas públicas conductuales. Los criterios de inclusión se basaron en diversos factores, como la fecha de publicación, el número de citas, la autoría y la revista. La revisión buscaba descubrir estudios que utilizaran intervenciones conductuales como nudges o boosts. Debido a la naturaleza limitada de la literatura en este campo, se incluyeron en la revisión todos los artículos relevantes que cumplían los criterios predeterminados.
Uso de palabras clave: los artículos incluyeron palabras clave (del campo de la política pública conductual y la economía conductual): como “behavioral public policy”, “nudge”, “libertarian paternalism” y “behavioral economics”. El estudio también buscó relaciones entre estos términos y los conceptos “violencia de género”, “violencia doméstica”, “violencia contra las mujeres” y “violencia en la pareja”.
Fecha de publicación: los artículos deben ser relativamente recientes, con una fecha de publicación dentro de los últimos diez a cinco años.
Calidad de la investigación: los artículos deben basarse en métodos de investigación rigurosos y proporcionar un análisis exhaustivo del tema.
Reputación de la revista: los artículos deben estar publicados en revistas de renombre dentro del campo, como Behavioral Public Policy, considerada una de las principales revistas en el área de las políticas públicas conductuales.
Al utilizar estos criterios y los operadores booleanos “y”, “o” y “no” a través del buscador académico Google Scholar, se seleccionó un grupo de artículos con una idea de la política pública conductual aplicada a diversos problemas, al tiempo que reconoce las futuras aplicaciones en la violencia de género.
La revisión fue exploratoria (Stebbins, 2001) proporcionando un enfoque amplio del área con el fin de resaltar la falta de investigación entre la economía conductual, las políticas públicas y la violencia de género. La estrategia de selección y síntesis de estudios en esta revisión bibliográfica sobre violencia de género y políticas públicas conductuales se llevó a cabo de forma sistemática y objetiva. El objetivo de la revisión se centró en responder a la pregunta de investigación sobre la necesidad de un aumento de los enfoques conductuales en la implementación de intervenciones que buscan reducir la violencia de género. Los estudios se seleccionaron utilizando criterios de inclusión y exclusión, como la fecha de publicación, la metodología utilizada (favoreciendo los estudios que utilizaron ensayos controlados aleatorios, pero considerando otros enfoques) y la clasificación de las revistas. A continuación, se sintetizaron los resultados y la información obtenida de los estudios seleccionados.
Debates sobre el estado de la cuestión
Violencia de género
La violencia de género es un fenómeno estructural, social, político y relacional que ocurre sistemáticamente en todo el mundo (Ramírez Velásquez et al., 2020) y es el resultado de un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres (Jaramillo-Bolivar y Canaval-Erazo, 2020). Según Francesca Poggi (2019), para que los responsables de las políticas públicas puedan abordar y reducir eficazmente la violencia de género, es importante contar con una definición clara y específica del término dentro de los marcos legislativos y políticos. La Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 48/104 de 20 de diciembre de 1993) proclamó que “la violencia de género es un término que abarca una serie de comportamientos y prácticas nocivas que se perpetúan por temas de género, y puede incluir el abuso físico, sexual o emocional, así como la discriminación y la coacción económica o social”. Se define como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. La violencia de género suele estar arraigada a las normas sociales de género y los desequilibrios de poder entre hombres y mujeres, y es un problema a nivel mundial que afecta a todos los sectores sociales y económicos y puede producirse en diversos entornos, como el hogar, la comunidad y el lugar de trabajo (Hatch-Maillette y Scalora, 2002; Hatch-Maillette et al., 2007), afectando a la salud de las mujeres e incluso a su autoestima (Velarde et al., 2022).
Jenni Klugman (2017) afirma que la violencia de género es un problema generalizado que afecta a una de cada tres mujeres. El confinamiento debido al COVID-19 ha incrementado el número de casos (Lorente-Acosta, 2020; Ruiz-Pérez y Pastor-Moreno, 2021), por lo que la comunidad internacional ha reconocido cada vez más la necesidad de erradicar este tipo de violencia. En este sentido, el 5to objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas busca alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, no solo para poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, sino también para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, erradicar prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina, identificar y valorar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y garantizar la participación plena y útil de las mujeres en los procesos de toma de decisiones. Además, el objetivo incluye proporcionar acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, conceder a las mujeres los mismos derechos de acceso y control sobre los recursos económicos como la tierra y la propiedad, y utilizar la tecnología para mejorar el empoderamiento de las mujeres. Po lo que se insta a los gobiernos a aplicar políticas y leyes para lograr la igualdad de género y empoderar a todas las niñas y mujeres.
Con el fin de reducir o eliminar la violencia de género, los responsables de las políticas públicas han recurrido a esfuerzos legislativos basados en mandatos y sanciones (paternalistas). Los gobiernos y otras instituciones también recurren a intervenciones (Hester y Westmarland, 2005) basadas en herramientas educativas e información para crear conciencia, sin embargo, no son suficientes. Según la ONU (2022), “la violencia contra las mujeres y las niñas sigue amplificándose en los espacios digitales, en particular contra las que participan activamente en la vida política y pública y ejercen la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación”. La ONU afirma que, aunque la violencia de género es un problema generalizado, pocos países han tipificado este tipo de violencia como delito independiente; además, los datos sobre este tema suelen ser incompletos y poco fiables. La ONU aconseja que los países deben invertir en la recopilación de datos exhaustivos y fiables sobre la violencia de género, incluida información desglosada por sexo, edad y género. Las políticas que intentan abordar la violencia de género “deben basarse en pruebas sobre las economías en desarrollo (evaluaciones de procesos, evaluaciones cualitativas y evaluaciones de impacto con un diseño deficiente) y en evaluaciones de impacto más rigurosas llevadas a cabo en los países desarrollados” (Morrison et al., 2007, p. 25).
La mayoría de las investigaciones enfocadas a este tema tienden a dejar de lado los últimos avances de las ciencias del comportamiento, que intentan cambiar la conducta teniendo en cuenta la racionalidad acotada de las personas. Las siguientes secciones recogerán las diferentes estrategias que han ido surgiendo dentro del campo de las políticas públicas conductuales para revisar el estado actual de la cuestión, explorando los usos actuales de los conocimientos conductuales en la violencia de género. A continuación, se analizarán las diferentes contribuciones al tema y se ampliarán estos enfoques como posibles soluciones para combatir la violencia de género.
Herramientas de política pública conductual
Nudges
La teoría de los nudges, las políticas públicas y la psicología indican que ciertas alteraciones en el entorno o en la presentación de opciones pueden influir en las decisiones y el comportamiento de los individuos, haciendo que algunas opciones se destaquen más que otras. Algunos autores ya han sugerido que los nudges deberían funcionar con otros tipos de intervenciones y siempre con enfoques educativos (Hortal, 2020b). El objetivo de un nudge es mejorar la toma de decisiones y los resultados sin limitar la libertad o la elección, por lo que pueden considerarse libertarios, ya que no eliminan opciones y son paternalistas (Epstein, 2018; Hansen, 2016; Krpan y Urbaník, 2021), pues influyen en el comportamiento de las personas. En lo que respecta a la violencia de género, estas intervenciones suelen dirigirse a víctimas, supervivientes, sus amigos y familiares o instituciones en un esfuerzo por facilitar los comportamientos deseados (denunciar, apoyar, aguantar mientras se espera una respuesta, asistir a juicios, etc.). Los recientes cambios en las políticas públicas han desplazado “el foco de atención desde las víctimas y los agresores hacia la comunidad, compartiendo esta responsabilidad con todos los miembros de la comunidad” (Moreno Martín et al., 2019, p. 876), incluso con instituciones como las religiosas (Boddé, 2014). Un estudio reciente resume los grupos destinatarios y los comportamientos de la siguiente manera:
Se identifican cinco grupos para la prevención y reducción de la violencia contra las mujeres: (1) autores pasados y futuros de violencia, (2) víctimas de violencia, (3) familiares y amigos de las víctimas, junto con transeúntes, (4) profesionales y profesionales del área (es decir, agentes de policía, profesionales médicos, trabajadores sociales, periodistas, jueces) y (5) el público en general. (Almeida et al., 2016, p. 7)
Según Dan Kahan, “a los reformadores les resulta más conveniente utilizar una estrategia simple de nudges que con el tiempo induciría a los responsables de la toma de decisiones y al público en general a tolerar menos la violencia doméstica” (Kahan, 2000, p. 630). El enfoque conductista de las políticas públicas reconoce los prejuicios y la racionalidad acotada de las personas y los aprovecha para aumentar las posibilidades de alcanzar con éxito el objetivo propuesto. Por lo tanto, los nudges pretenden simplificar la consecución del comportamiento deseado, eliminando los nudges conductuales y destacando algunas opciones.
Por ejemplo, un informe sobre las recomendaciones basadas en las ciencias del comportamiento para mejorar las vidas de los supervivientes (Garnelo et al., 2019), destacó posibles intervenciones, proponiendo “ideas de intervenciones que pueden adaptarse a los servicios para determinar su impacto” (Garnelo et al., 2019, p. 5). De igual forma resumieron sus objetivos de la siguiente manera: “i) enfatizar la confidencialidad del apoyo para minimizar la aversión a la incertidumbre de los supervivientes; ii) racionalizar los procesos para reducir la fatiga en la toma de decisión entre los proveedores de servicios; y iii) aliviar la carga cognitiva de los supervivientes durante el proceso”.
Con el fin de ejemplificar cómo las políticas públicas de comportamiento pueden abordar temas relacionados a la violencia de género, los siguientes puntos contienen una serie de sugerencias para usar los nudges. Estos nudges son recomendaciones para diferentes tipos de proveedores de servicios, incluidas las líneas de ayuda, el sistema de justicia penal, los centros de acogida, los proveedores de asistencia sanitaria y los profesionales de la salud mental:
Para las líneas de ayuda (Taylor et al., 2019), el informe sugiere minimizar el miedo a las represalias borrando los registros de llamadas de los teléfonos móviles.
Para el sistema de justicia penal, se sugiere informar al personal sobre su impacto social para superar el agotamiento y resaltar el impacto positivo de su trabajo en los sobrevivientes.
Para los centros de acogida, se sugiere aprovechar el apoyo social de personas afines, como antiguos residentes o amigos y familiares, y proporcionar mensajes de texto de apoyo para contrarrestar la sensación de aislamiento. Otros incluso han defendido el uso de hoteles durante la pandemia de COVID-19 (Mantler et al., 2021).
Para los proveedores de atención sanitaria, el informe sugiere hacer hincapié en la confidencialidad y dar información clara sobre los requisitos de notificación, introducir protocolos de formación y detección condicional, y ayudar a los supervivientes a darse cuenta de sus progresos en el tratamiento de las enfermedades mentales.
Los proveedores de atención sanitaria también pueden centrarse en los patrones de comunicación, ya que “el riesgo de experimentar violencia en las relaciones se reduce a si los patrones de comunicación y los conflictos se convierten en objeto de intervención de la atención sanitaria de los profesionales” (Maria et al., 2016, p. 1267).
Existen diferentes formas de aplicar el nudging para promover la igualdad de género (Waylen, 2018) y prevenir la violencia con pequeños cambios en el entorno o en la presentación de las opciones. Por ejemplo, el lugar de trabajo podría utilizar un lenguaje no sexista en las descripciones de los puestos de trabajo u ofrecer las mismas oportunidades de promoción profesional a hombres y mujeres, pues podría ayudar a reducir el riesgo de violencia de género al crear un entorno más igualitario y respetuoso. El nudging también puede fomentar la intervención de los espectadores, por ejemplo, brindándoles información sobre cómo intervenir de forma segura o facilitando a que las personas denuncien los casos de violencia. Algunos estudios también han explorado el uso de respuestas digitales durante la pandemia (Emezue, 2020).
Las imágenes violentas también pueden utilizarse, ya que el “morbo” por verlas puede ayudar a entender más claramente lo que ha sucedido y puede contribuir a la credibilidad de los hechos, estableciendo verdades y ayudando a no olvidar. El horror de las imágenes a veces tiene la posibilidad de mover a las personas (Villanueva et al., 2018, pp. 18-19) o crear conciencia. Aunque en ocasiones las imágenes pueden banalizar y legitimar la violencia (Villanueva y Bayarri, 2021), también pueden desencadenar un efecto de responsabilidad en el espectador (Belli y Fernández Villanueva, 2021, p. 7).
Por ejemplo, tomando en cuenta que las agresiones sexuales y el acoso son cada vez más frecuentes en zonas urbanas como Delhi, y que las mujeres a menudo son incapaces de protegerse en estas situaciones por diversos motivos, algunos autores (Sehji y Banerjee, 2021) sugieren el uso de nudges sociales como forma de diseñar campañas visuales en espacios públicos para las personas que puedan perpetrarlas: “Se crearon conceptos gráficos para entrar en la mente del perpetrador redirigiendo el flujo de pensamientos mientras se encuentra en el espacio público” (Sehji y Banerjee, 2021, p. 339).
Otros autores han considerado el uso de mensajes de texto para recordar los juicios a supervivientes, víctimas y testigos, pero algunos ensayos no han observado ninguna mejora con la ayuda de mensajes de texto (Cumberbatch y Barnes, 2018). El estudio descubrió que los mensajes de texto tenían un efecto mínimo en la presencia de víctimas y testigos en los tres tribunales de magistrados estudiados. No obstante, la investigación indicó que los mensajes de texto son una forma fiable, eficiente y rentable de comunicarse con los testigos. Un estudio más reciente relacionado con un contexto diferente (comparecer ante un tribunal como acusado) ha demostrado que los nudges conductuales en forma de mensajes de texto y los cambios en la redacción del formulario de citación pueden mejorar la asistencia a los juicios (Fishbane et al., 2020).
Los nudges también pueden ser contraproducentes (Bolton et al., 2018). Por ejemplo, el grupo Oxford Policy Management contrató a Busara, una organización de investigación y asesoramiento que utiliza la ciencia del comportamiento para diseñar y evaluar intervenciones destinadas a promover el desarrollo social y económico, para realizar una encuesta en Zambia con el fin de probar posibles nudges sociales relacionados con la violencia de género y la concienciación (Busara, 2018). El estudio descubrió que un nudge social que consistía en explicar la violencia de género a la comunicad por medio de un vídeo informativo tuvo resultados opuestos: los participantes eran menos propensos a denunciar un caso de violencia de género contra su vecino, “posiblemente debido a la responsabilidad social y al efecto espectador” (Busara, 2018, p. 3).
Boosts
La mayoría de las políticas públicas conductuales desde 2008 han hecho hincapié en el nudge como enfoque no coercitivo y no monetario para modificar el comportamiento de las personas. Sin embargo, existen otros enfoques conductuales para lograr este objetivo. Uno de ellos es el boosting (Hertwig y Ryall, 2020; van Roekel et al., 2021), que es una perspectiva libertaria no monetaria que trata de “fomentar la competencia de las personas para tomar sus propias decisiones” (Hertwig y Grüne-Yanoff, 2017, p. 973). Mientras que los nudges se centran en el comportamiento, los boosts pretenden cambiar las competencias de las personas “a través de cambios en las habilidades, los conocimientos, las herramientas de decisión o el entorno externo” (p. 974). Los nudges y los boosts reconocen la racionalidad acotada de las personas, mientras que el boosting reconoce las competencias y una forma de fomentarlas.
El boost hace hincapié en la capacidad de aprendizaje de los individuos (Bradt, 2019; Sims y Müller, 2019) y diseña intervenciones que se mantienen incluso cuando la intervención está ausente, o la estructura de elección ha cambiado. Según Ralph Hertwig, “si los individuos carecen de la capacidad cognitiva o la motivación para adquirir nuevas habilidades o competencias, es probable que la intervención más eficaz sea el nudging” (Hertwig, 2017, p. 149). En el mismo artículo, Hertwig subraya que el boost puede ser una estrategia eficiente cuando los responsables políticos intentan fomentar un cambio de comportamiento duradero en los casos en que los gobiernos no actúan en función de los individuos o permiten que las empresas privadas creen entornos de elección perjudiciales o manipuladores (pp. 154-156).
Budges y shoves
Otros estudios destacan el uso de enfoques más paternalistas. Los budges y shoves (Mojašević y Nikolić, 2022; Oliver, 2018; Sunstein, 2013) utilizan las ciencias del comportamiento para ofrecer alternativas de regulación en las políticas públicas. Los budges son intervenciones regulatorias desplegadas por el sector público (Oliver, 2013) que están basadas en la economía del comportamiento y dirigidas a influir en el comportamiento de las empresas privadas. Estas intervenciones están diseñadas para abordar situaciones en las que las acciones de las empresas privadas tienen consecuencias negativas para los individuos o la sociedad. Por otro lado, los shoves (Sætra, 2019; Shachar y Greenbaum, 2019), son medidas regulatorias que también se basan en la economía del comportamiento, pero implican una intervención más fuerte y suelen ser más restrictivas. Los nudges se utilizan a menudo para contrarrestar errores en el comportamiento individual y pretenden proteger a las personas de sí mismas. Un ejemplo de nudge podría ser la prohibición de fumar, creada para proteger a los individuos de las consecuencias negativas de fumar y reducir la prevalencia general del tabaquismo en la sociedad. Este enfoque implica un mayor grado de interferencia en las elecciones personales de estilo de vida en comparación con el paternalismo libertario, que trata de influir en el comportamiento mediante nudges al tiempo que permite a los individuos tomar sus propias decisiones.
Nudges, sludges, y auditorías de sludge
Mientras que el nudging fomenta comportamientos que aumentan el bienestar de las personas (y a veces el bienestar social), el sludging desalienta tales comportamientos (Hortal y Segoviano, 2023). El sludging se refiere a procedimientos innecesarios o excesivos (intencionados o no) que dificultan el acceso de las personas a bienes, oportunidades y servicios (Luo et al., 2022; Madsen et al., 2021; Newall, 2022; Shahab y Lades, 2021; Sunstein, 2021). Estos procedimientos pueden adoptar muchas formas, como burocracia u otros requisitos administrativos que hacen perder tiempo o recursos económicos, o pueden resultar frustrantes, estigmatizantes o humillantes. Los sludges pueden tener efectos nocivos en los miembros vulnerables de la sociedad, como consumidores, empleados o estudiantes, y pueden privarles el acceso a recursos u oportunidades importantes, por lo que las instituciones y empresas deben realizar auditorías periódicas para identificar los sludges y caracterizar sus costes, determinando cómo reducirlos. Las auditorías de sludges (Sunstein, 2020) pueden ayudar a identificar las áreas en las que los sludges causan daños y en las que puede ser más beneficioso reducirlos o eliminarlos. Esto puede resultar importante en el contexto de la violencia de género, ya que los sludges pueden afectar significativamente a los grupos vulnerables y pueden contribuir a crear barreras que impidan a las personas acceder a ayudas o recursos. Mediante la realización de auditorías de sludges y la adopción de medidas para reducirlos, las instituciones privadas y públicas pueden contribuir a proteger a las personas de los efectos negativos de un procedimiento innecesario o excesivo.
Contribuciones al estado de la cuestión
Desde el punto de vista de las políticas públicas, resulta necesario considerar una serie de opciones a la hora de abordar el tema de la violencia social y de género. Las herramientas políticas tradicionales, como los mandatos, las leyes y las campañas informativas, pueden sensibilizar y promover el cambio de forma eficaz. Para cambiar comportamientos arraigados en la cultura, no basta con modificar leyes o sancionar conductas que antes eran aceptadas, sino transformar los valores que conforman dichas actitudes (Moreno Martín et al., 2019). De igual forma, es importante buscar estrategias más novedosas provenientes del campo de las políticas públicas conductuales que puedan ofrecer otras herramientas que pueden utilizarse junto con intervenciones más tradicionales para reducir la violencia de género de manera efectiva. El artículo examinará estos diversos enfoques y considerará sus posibles usos para abordar este problema.
Los nudges, como herramientas de política pública conductual, tienen muchas distinciones, y los investigadores las han ido clasificando con el objetivo de identificar su alcance, por lo que sería importante ver cómo estas distinciones podrían ayudar en la lucha contra la violencia de género. Por ejemplo, Nudge Plus (Banerjee y John, 2021), es un tipo de intervención que tiene la capacidad de incluir un elemento deliberativo en la estructura de elección. Los self-nudges (Reijula y Hertwig, 2020) pueden hacer que el receptor del nudge también sea el creador de la elección, aumentando la autonomía del sujeto y la posibilidad de llevar el nudge a diferentes contextos. Meta Nudges (Dimant y Shalvi, 2022) es un enfoque que sugiere que en lugar de influir directamente en los usuarios finales podría resultar más eficaz utilizar “influenciadores sociales” como intermediarios para influir indirectamente en el comportamiento de las personas; sin embargo, estos enfoques aún no se han utilizado en la lucha contra la violencia de género. Por ejemplo, los meta nudges implican dirigirse a individuos que tienen la capacidad de moldear el comportamiento y las normas de otros con el objetivo de cambiar el comportamiento de los receptores. Esta estrategia puede tener más éxito en la consecución de los resultados deseados en comparación con el intento directo de influir en los receptores. El enfoque meta nudging podría aplicarse al tema de la violencia de género, dirigiéndose a las personas que tienen la capacidad de influir en el comportamiento y las normas de los demás, con el objetivo de reducir los casos de violencia de género. Esto podría implicar trabajar con personas influyentes en la sociedad, como líderes comunitarios, figuras religiosas u otras personas que tengan una gran influencia en sus comunidades para promover la igualdad de género y el comportamiento no violento. Los self nudges pueden ser utilizados por los profesionales para garantizar el cumplimiento de los esfuerzos en la reducción de los casos. Los nudge plus pueden agregarse a las intervenciones que ya aplican nudge a las supervivientes (un nudge que mantiene a las supervivientes en una terapia de ayuda puede añadir un componente deliberativo sobre la necesidad de permanecer en la terapia o sobre la importancia de presentarse a los procesos judiciales).
Los nudges morales son un tipo de intervención que busca afectar el comportamiento de las personas para ayudarles a desarrollar hábitos virtuosos. Según Hortal (2022), los nudges morales están diseñados para ayudar a las personas a realizar acciones virtuosas, en otras palabras, pretenden motivar a las personas a participar en comportamientos que se consideran virtuosos o moralmente buenos, con el objetivo de ayudarles a interiorizar estos comportamientos como hábitos. Esto puede implicar proporcionar información sobre los beneficios de un comportamiento virtuoso o facilitar acciones virtuosas. Por ejemplo, un nudge moral podría consistir en establecer un sistema para facilitar las donaciones a una organización benéfica que luche contra la violencia de género o en ofrecer su tiempo como voluntarios en este tipo de organizaciones, con el fin de motivarles a adoptar comportamientos filantrópicos. Otro ejemplo podría ser proporcionar información sobre los beneficios sociales de denunciar casos violentos. En general, los nudges morales tratan de influir en el comportamiento de forma que ayude a las personas a ser más virtuosas.
Un tema que se ha planteado en relación con la teoría de los nudges es la posibilidad de que sus efectos se disipen cuando la estructura de elección deje de estar presente, lo que sugiere que los cambios en el comportamiento y la toma de decisiones provocados por los nudges pueden no mantenerse a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un estudio reveló que los nudges pueden tener el potencial de producir efectos indirectos temporales “en algunos comportamientos” (Van Rookhuijzen et al., 2021, p. 1). Sin embargo, es importante destacar que la sostenibilidad de los nudges es debatible, y se necesitan más estudios para comprender plenamente las consecuencias a largo plazo de estas intervenciones.
Las intervenciones no paternalistas que se centran en las competencias (en lugar del entorno de elección), como el boosting, también pueden ayudar en este tema. Este tipo de intervenciones pueden dirigirse a las competencias del público en general o incluso de quienes trabajan con víctimas y supervivientes, pueden ayudar a las personas a aprender a identificar los casos y a denunciarlos, y pueden aumentar la capacidad de identificar el lenguaje violento o de comprender los datos y las estadísticas sobre casos de violencia. Por ejemplo, “un boost a largo plazo del razonamiento bayesiano [...] podría fomentar la competencia de las personas para traducir activamente cualquier probabilidad que encuentren en frecuencias y simplificar así los cálculos bayesianos” (Hertwig y Grüne-Yanoff, 2017, p. 977).
Teniendo en cuenta que los enfoques libertarios tienen sus limitaciones, las intervenciones paternalistas basadas en boosts también podrían utilizarse como parte de una estrategia para abordar la violencia de género. Una de las formas en que podrían utilizarse los boosts para luchar contra la violencia de género es regulando el comportamiento de las empresas privadas de forma que promuevan la igualdad de género y eviten la violencia contra las mujeres. Esto podría implicar la aplicación de políticas y normas que obliguen a las empresas a tomar medidas para prevenir y abordar la violencia de género en sus lugares de trabajo, o a proporcionar recursos y ayuda al personal que haya sufrido este tipo de violencia. Por otra parte, los poderes públicos podrían abordar la violencia de género a través de medidas normativas más restrictivas. Por ejemplo, los gobiernos podrían aplicar leyes o políticas que prohíban determinados comportamientos que contribuyen a la violencia de género (uso de vocabulario, microagresiones, etc.). También podrían incluir programas obligatorios de formación o educación para las personas que hayan sido condenadas por delitos de violencia de género, o penas más estrictas para quienes incurran en ese tipo de comportamiento. Algunas investigaciones estudian el uso de la realidad virtual en este tipo de educación (Dolezal et al., 2022).
Por lo tanto, las auditorías de sludge pueden utilizarse para identificar y evaluar los elementos o procedimientos burocráticos que pueden tener efectos negativos sobre el bienestar, en particular para las poblaciones vulnerables como las víctimas y supervivientes de la violencia de género y doméstica. Esta auditoría implica un examen sistemático de la estructura de elección y los procesos de toma de decisiones dentro de una política o programa en particular, con el objetivo de identificar cualquier barrera que pueda impedir a los individuos acceder al apoyo o los recursos que necesitan. Por ejemplo, una auditoría de sludge de un centro de acogida para víctimas de violencia doméstica puede detectar que el proceso de admisión del centro es demasiado complejo o largo, lo que dificulta el acceso de las supervivientes a los servicios que necesitan. La auditoría también puede identificar que el refugio no es de fácil acceso en transporte público, lo que puede ser una barrera para los supervivientes que no tienen vehículo propio. Una auditoría de sludge puede ayudar a identificar formas de eliminar o mitigar estas barreras, facilitando el acceso de los supervivientes al apoyo necesario. Otro ejemplo de cómo puede utilizarse una auditoría para ayudar a las supervivientes y víctimas de la violencia de género y doméstica es examinando la estructura de elección de un programa de asistencia social. Por ejemplo, una auditoría de un programa que proporciona ayuda financiera a las supervivientes de la violencia doméstica puede identificar que el proceso de solicitud es excesivamente complicado, pues requiere una extensa documentación y múltiples visitas a una oficina local, lo que puede dificultar el acceso de las supervivientes a la ayuda que necesitan, especialmente si no pueden abandonar a su agresor o sufren traumas u otros problemas de salud mental. La auditoría puede ayudar a identificar formas de racionalizar el proceso de solicitud y facilitar a los supervivientes el acceso a la ayuda que necesitan.
Discusión y conclusiones
Según Almeida et al. (2016, p. 8), las medidas de economía conductual (Hartmann et al., 2020) y de políticas públicas conductuales pueden abordar eficazmente la violencia de género. Estas medidas pueden dirigirse a diversos grupos, incluidos los agresores, las víctimas, los profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia doméstica y de género, y el público en general, para reducir o detener la ocurrencia de la violencia, disminuir la reincidencia, empoderar a las mujeres (Alonso, 2018) y mejorar el apoyo a las víctimas y sobrevivientes. Las intervenciones conductuales también pueden ayudar a los policías, los especialistas médicos, los trabajadores sociales, los medios de comunicación, el sistema judicial (DeMichele et al., 2018) y el público en general a apoyar a las víctimas y sobrevivientes, cambiar las actitudes hacia la violencia, fomentar la denuncia de casos y acelerar los procesos legales. Además, las medidas de política pública conductual pueden contrarrestar la representación de la violencia como “crímenes pasionales” y fomentar la participación en iniciativas preventivas.
El campo de las políticas públicas conductuales implica la aplicación de conocimientos de las ciencias del comportamiento, como la economía conductual y la psicología, para crear políticas que impacten el comportamiento humano (Oliver, 2017). Hemos visto cómo estas intervenciones pueden tomar muchas formas como nudges, boosts, shoves u otras medidas regulatorias, y pueden utilizarse para manejar diferentes problemas relacionados con la violencia de género. Aunque las políticas públicas de comportamiento pueden ser un instrumento eficaz en la lucha contra la violencia de género, resulta necesario identificar los límites de este enfoque. La violencia de género y la violencia doméstica son temas complejos con raíces sistémicas en normas sociales y culturales, sistemas de poder y patrones de opresión. Entre los factores que contribuyen a esto se encuentran la desigualdad de género, el patriarcado, las dinámicas de poder y la opresión, pero este abordaje subraya las limitaciones de centrarse únicamente en el comportamiento individual. Por ejemplo, una intervención conductual puede tener como objetivo motivar a la gente a ahorrar más dinero facilitándoles la tarea, pero puede que no aborde las razones subyacentes por las que la gente no ahorra, como los bajos salarios o el alto coste de la vida. En este caso, la intervención puede no ser suficiente para abordar el problema de manera significativa.
Otra limitación de las políticas públicas conductuales es que pueden no ser eficaces a la hora de abordar temas relacionados con las normas sociales y culturales o los sistemas de poder. Por ejemplo, las intervenciones que pretenden abordar la violencia de género pueden estar limitadas en su capacidad de cuestionar los roles de género profundamente arraigados y las dinámicas de poder que contribuyen al problema. En estos casos, se requieren enfoques más estructurales como la educación, la legislación y el cambio de las normas sociales para abordar el problema de manera integral.
Es importante reconocer que los enfoques conductuales parten del supuesto de que las personas no siempre son plenamente racionales en su toma de decisiones, lo que significa que los responsables políticos también pueden mostrar una racionalidad acotada a la hora de diseñar y aplicar intervenciones conductuales. No existe una solución única para este problema, por lo que deben combinarse diversas herramientas políticas para abordarlo eficazmente. Los enfoques conductuales son una estrategia clave pues influyen positivamente en el cambio de comportamiento, lo que es crucial para brindar esperanza a las víctimas, a las supervivientes y a la sociedad en general.
