Territorios-red vinculados a la basura

Los territorios en los que se instalaron el botadero de basura y los rellenos sanitarios en estudio pueden considerarse como territorios-red (Haesbaert 2011), ya que, más allá de los procesos históricos, los límites administrativos y las distancias geográficas entre ellos, se encuentran conectados por sus usos, en este caso, como receptores de residuos sólidos. Debido a que “la red es uno de los modos de organización presente en todo territorio” (Haesbaert 2011, 241), el concepto de territorios-red permite analizar las estrategias de producción de estos territorios y sus conexiones.

Como se expone en la Tabla 1, el botadero de basura de Río Azul inició operaciones en 1973 y fue clausurado en el 2007, tras 34 años de funcionamiento. Este botadero, que recibió diariamente 1200 toneladas de residuos (Castro 1991), fue administrado municipalmente, con la injerencia del Poder Ejecutivo. El botadero se construyó en la naciente del río de color azul que dio nombre al distrito, en un territorio rural caracterizado por la ausencia de servicios básicos, como agua, luz, educación, salud e infraestructura vial (Mora 2023). Asimismo, el botadero se instaló entre la comunidad de Río Azul y el Sanatorio Nacional Las Mercedes, para la atención de la enfermedad de Hansen, ubicado en Tirrases de Curridabat, en la provincia de San José (Jaramillo et al. 2009; Marchena 2014). El sanatorio, que se mantuvo abierto entre 1909 y 1979, jugó un papel central en los relatos de transformación del distrito, ya que habitantes de Río Azul subrayaron los vínculos entre el leprosario y el botadero, como espacios de reclusión de la lepra y los residuos sólidos, con los que convivió la comunidad (Mora 2023).

Tabla 1. Características de los territorios en donde se instalaron el botadero y los rellenos sanitarios 

Fuente: elaboración propia a partir de Castro (1991); Mideplan (2018; 2023); Pomareda (2024); Sandoval et al. (2010).

El cierre del botadero de Río Azul estuvo marcado por múltiples protestas que se desarrollaron durante los años noventa (Mora 2023; Ramírez 2005). José María Figueres Olsen, presidente de la República (1994-1998) que llegó al poder con un marcado discurso de desarrollo sostenible (Matute 1994; Mayorga 1994), rechazó la propuesta de construir un único relleno que recibiera los residuos sólidos de la GAM e impulsó el proyecto de crear rellenos regionales que permitieran cerrar el botadero de Río Azul (Mora 1996).

Con ese espíritu, a inicios de siglo, se crearon los rellenos sanitarios de La Carpio y El Huazo, con una vida útil aproximada de 15 años. Estos rellenos, administrados por la empresa privada Berthier de Costa Rica (Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. 2025), empezaron a construirse una vez aprobado el Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, por parte de la administración de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002) (Poder Ejecutivo 1998). La aprobación de este reglamento permitió que ingresaran las grandes corporaciones transnacionales de manejo de los residuos sólidos al país. Fue así como empezó a tejerse la red territorial que vincula a Río Azul con La Carpio y El Huazo.

El relleno sanitario de La Carpio, actualmente en operaciones, fue instalado en el distrito de Uruca, y recibió en la época de su apogeo 1200 toneladas diarias de residuos (Sandoval et al. 2010). De acuerdo con el Censo del año 2000, año cercano a la apertura del relleno, 32,6 % de la población de Uruca había nacido en el extranjero (Instituto Nacional de Estadística y Censos 2000). En La Carpio habita la comunidad binacional más grande del país, compuesta, principalmente, por población costarricense y nicaragüense (Brenes et al. 2008; Sandoval et al. 2010). Esta comunidad se ha visto marcada por diversos procesos de estigmatización territorial, relacionados con la población migrante que la habita y su condición socioeconómica (Masís y Paniagua 2007).

Es importante señalar que La Carpio tiene una historia trazada por los residuos. Dado que la comunidad se construyó en una antigua finca propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en ella se depositaron los residuos del Hospital México, también ubicado en el distrito de Uruca. En los relatos sobre el proceso de toma de tierras que dio origen a La Carpio, sus habitantes cuentan cómo los residuos hospitalarios se encontraban enterrados en el suelo sobre el que se asentó la comunidad (Sandoval et al. 2010). Posteriormente, en 2015, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) construyó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos. Mientras que las experiencias de quienes habitaban el distrito de Río Azul estuvieron marcadas por la cercanía del botadero de basura y del leprosario, las vivencias de quienes habitan La Carpio se han visto trazadas por el manejo de los residuos sólidos y las aguas residuales, configurándose ambos como territorios receptores de los residuos de la GAM.

Por su parte, el relleno sanitario de El Huazo fue instalado en un territorio semirrural y su cierre estaba previsto para el año 2020, aunque actualmente sigue funcionando. Este relleno recibe 2500 toneladas diarias de residuos sólidos (Pomareda 2024). Según el Censo del año 2000, el distrito de Salitrillos se encontraba habitado por 45,9 % de población urbana, es decir, más de la mitad de su población era rural (Instituto Nacional de Estadística y Censos 2000). Salitrillos limita con San Miguel, distrito del cantón de Desamparados, que se ha visto afectado debido a que por él transitan los camiones recolectores, con el fin de llevar los residuos hasta el relleno. A diferencia de los territorios de Río Azul y La Carpio, en El Huazo y en San Miguel no existió otra instalación previa en la que se recluyeran la enfermedad o los residuos.

Si bien no hay datos que permitan comparar el desarrollo social de los territorios en el momento de instalación del botadero y los rellenos, sí se puede afirmar que ninguno de estos es de alto desarrollo social. Río Azul fue clasificado como un distrito de bajo desarrollo, según el Índice de Desarrollo Social (IDS) de 2017, clasificación que cambió con la medición de 2023. Por su parte, los distritos de Uruca, Salitrillos y San Miguel son considerados de desarrollo social medio (Mideplan 2018, 2023).

En el mapa 1 se observan los territorios en donde se instalaron el botadero y los rellenos sanitarios en estudio. Un elemento que resalta en el mapa es la concentración del botadero y los rellenos en la GAM, así como la cercanía entre ellos, en particular, entre el botadero de Río Azul y el relleno sanitario de El Huazo.

Mapa 1. Ubicación del botadero de basura de Río y Azul y de los rellenos sanitarios de La Carpio y El Huazo 

Asimismo, se destaca que los tres fueron instalados en el límite de sus distritos. El botadero de Río Azul limita con los cantones de Desamparados y Curridabat, ambos en la provincia de San José. Por su parte, el relleno sanitario de El Huazo limita con el cantón de Desamparados. Asimismo, el relleno de La Carpio colinda con el cantón de Belén, en la provincia de Heredia. Por ello, habitantes de comunidades vecinas han denunciado las problemáticas relacionadas con el manejo de los residuos, a pesar de no habitar los territorios en donde se instalaron los rellenos. Valga señalar que el cantón de Desamparados, que limita con Río Azul y con El Huazo, ha tenido un papel central en los procesos de estigmatización territorial de la ciudad de San José, debido a que este populoso cantón es concebido como un territorio en el que habita población pobre, peligrosa y violenta (Jara 2021).

Red de territorios de sacrificio

El territorio-red que vincula las comunidades en estudio puede ser analizado como una red territorial de sacrificio, ya que en ella se conectan el botadero, los rellenos sanitarios y las vivencias de quienes habitan cerca de estas infraestructuras. Como se señaló, el concepto zonas de sacrificio hace referencia al proceso de constitución y permanencia de territorios expuestos a la contaminación y toxicidad que afectan a la población que los habita (Lerner 2010). En estos territorios se conforman organizaciones sociales que demandan se detengan y reparen los daños causados en sus comunidades y en sus cuerpos. No obstante, estas organizaciones enfrentan diversos obstáculos para acceder a la justicia ambiental (Barreda 2021; Bolados y Jerez 2019; Bolados y Sánchez 2017; Castilla 2022; Duer 2021; Giraldo 2022; Lerner 2010; Mora 2023 2024; Navarro y Barreda 2022; Olmedo y Ceberio 2021; Silveira et al. 2017).

Una manera de aproximarse a la conformación de esta red de territorios de sacrificio es estudiar las resoluciones a los recursos de amparo interpuestos ante la Sala Constitucional por las poblaciones afectadas por el botadero y los rellenos sanitarios bajo análisis. En Costa Rica, cualquier persona puede interponer recursos de amparo como estrategia para resguardar los derechos garantizados en la Constitución Política (Asamblea Nacional Constituyente 1949). Esta instancia fue creada en 1989 (Asamblea Legislativa 1989) y en 1996 se registró el primer recurso de amparo interpuesto por habitantes de Río Azul (Mora 2023). Por ello, en el Gráfico 1 se sintetizan el total de recursos interpuestos entre 1996 y el 2024.

Gráfico 1. Número de recursos de amparo interpuestos ante la Sala Constitucional, según botadero o relleno sanitario (1996-2024) 

A pesar de que existen diferencias en el tratamiento de los residuos entre el botadero y el relleno sanitario (Chidi Nzeadibe 2012; Weber 2012), las denuncias en los tres territorios son similares. Por ejemplo, en 1996, habitantes de Río Azul denunciaron la contaminación del agua y del río, los malos olores, la presencia de moscas, roedores y zopilotes, el peligro de deslizamiento del botadero y la acumulación de gases, debido a que los residuos no recibían ningún tipo de tratamiento (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica 1996).

Por su parte, en 2011, habitantes de El Huazo denunciaron que el relleno sanitario no cumplía con las directrices del Ministerio de Salud, lo que generaba contaminación y malos olores que afectaban a la salud y a la calidad de vida. En su resolución, la Sala documentó la ruptura de una tubería del relleno sanitario que transportaba lixiviados, lo que generó una fuga que cayó en el Río Guatuso, así como el colapso de un tanque de captación de lixiviados, que provocó que estos se dirigieran “hacia la vía pública, afectando, directamente, a la comunidad de El Huazo” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica 2011, 3).

Asimismo, en 2013 habitantes de La Carpio denunciaron que los camiones recolectores dejaban los residuos y los lixiviados esparcidos por la comunidad, lo que generaba la proliferación de malos olores y roedores. En el recurso también se mencionó la contaminación sónica provocada por el constante tránsito de camiones recolectores, y que los ríos Torres y Virilla se encontraban expuestos a la contaminación (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica 2013).

Si bien la mención a estas tres resoluciones no es exhaustiva y queda pendiente para próximos análisis, estas fuentes muestran que, a pesar de que en La Carpio y El Huazo operan rellenos sanitarios, los problemas por el manejo de los residuos no son radicalmente distintos a los denunciados por habitantes de Río Azul décadas antes, en donde operó un botadero a cielo abierto. En ese sentido, de acuerdo con estas fuentes, se puede señalar que la red de territorios de sacrificio estudiada se teje con las experiencias comunitarias de exposición a los malos olores, a los lixiviados, al constante tránsito de camiones y a la contaminación de los ríos.

Como señala Lerner (2010), las zonas de sacrificio se caracterizan por los procesos de alta conflictividad que se viven en su interior. En la Tabla 2 se mencionan algunas organizaciones que han planteado demandas en contra del botadero y los rellenos sanitarios, y el repertorio de protesta utilizado por estas.

Tabla 2. Organizaciones y repertorio de protesta presente en los territorios en donde se instalaron el botadero y los rellenos sanitarios 

Fuente: elaboración propia a partir de La Nación, CRHoy.com, Semanario Universidad, El Desamparadeño y Aserrí Informa

Durante los años noventa, la población de Río Azul realizó diversas protestas para solicitar el cierre definitivo del botadero, debido a las afectaciones tras el manejo de los residuos (Mora 2023). Entre estas acciones se destacaron los bloqueos de calle, que impidieron entrar a camiones recolectores al botadero, con el fin de presionar para que este se clausurara. Esta forma de protesta generaba que los residuos sólidos de la GAM no se recolectaran durante varios días (^{Alvarado 1997}; Espinoza 1992; Mora 1996; Solís 1996; Solórzano 1992, 1994; Valverde 1992).

Asimismo, con la apertura de los rellenos de La Carpio y El Huazo, el bloqueo ha sido la principal forma de acción de protesta utilizada, con la que se impide que los camiones recolectores ingresen a ambos rellenos. Distintos bloqueos se han presentado en La Carpio, con el objetivo de denunciar los malos olores con los que conviven (González 2019; Taboada 2021). Asimismo, estos habitantes han denunciado el surgimiento de depósitos ilegales de residuos en la comunidad (Soto 2016), lo que muestra que La Carpio se ha constituido en un territorio sacrificable, en donde estos se depositan sin ningún tipo de control. En 2013, en La Carpio también se presentaron bloqueos, tras el anuncio de la instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales, cuya operación se encuentra a cargo del AyA (CRhoy.com 2013; Diario Extra 2013). La comunidad solicitó que se creara una institución de educación secundaria, inexistente en ese momento, y rechazó la construcción de la planta de tratamiento. Por su parte, habitantes de Ciudad Cariari han denunciado su exposición a los malos olores provenientes del relleno sanitario, a pesar de que esta localidad se ubica en la vecina provincia de Heredia (Lara 2021).

Quienes habitan El Huazo también han recurrido al bloqueo (CRhoy.com 2018; Granados 2018; Otey 2018). A su vez, habitantes de Desamparados, cantón limítrofe con el relleno sanitario, han participado en las protestas, porque para depositar los residuos los camiones ingresan por este cantón, lo que genera malestares. De esta manera, destacan las protestas realizadas por residentes de los distritos de San Miguel, San Rafael e Higuito de Desamparados (Cabezas 2017; Chacón 2015; Guerrero 2015).

La respuesta gubernamental a las protestas ha sido el clientelismo y la represión a quienes habitan Río Azul, La Carpio y El Huazo. Tanto en Río Azul como en La Carpio, las distintas administraciones utilizaron la promesa de titulación de tierras como una estrategia para calmar los ánimos opositores al botadero y al relleno sanitario (Mora 2023; Sandoval et al. 2010). En cuanto a la represión, en el caso de Río Azul en varias ocasiones las fuerzas policiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) intervinieron la comunidad con gases lacrimógenos (Mora 1992, 1996; Mora et al. 1996). Lo mismo sucedió en las comunidades de La Carpio y El Huazo, ya que, ante las demandas comunales, el Gobierno envió a sus unidades policiales con el fin de eliminar los bloqueos (Navarrete 2018; Sandoval et al. 2010).

A partir de lo expuesto se puede señalar que, independientemente del mecanismo de manejo de los residuos, ya sea que estos se depositen en botaderos o en rellenos sanitarios, en ambas experiencias se concretan problemáticas ambientales, que han sido denunciadas por las comunidades que reciben los residuos sólidos de la GAM. Entre estas se destacan la exposición a los malos olores, a los lixiviados, la presencia de plagas de moscas o roedores, el tránsito constante de camiones, así como la contaminación de los ríos.

La red de territorios de sacrificio reconstruida a partir de estas experiencias permite mirar las dinámicas sociales de las comunidades que se definen como afectadas, no solo a partir de las dimensiones ambientales, debido a que las poblaciones que habitan en estos territorios se ven expuestas a procesos conflictivos y represivos. Las guerras de la basura, como David Pellow denomina a las dinámicas que surgen de la oposición a este tipo de proyectos (Pellow 2002), evidencian cómo las comunidades son obligadas a recibir los residuos sólidos que se producen colectivamente, lo que atiza los conflictos internos. De la misma manera, surgen o se profundizan los procesos de estigmatización tras la experiencia de vivir en un territorio en el que se depositan los residuos, ya que lo sucio, lo hediondo y lo asqueroso forman parte de una narrativa que se impregna en los cuerpos de quienes habitan estos territorios (Auyero y Swistun 2008; Cheshire y Zappia 2016; Mora 2023).

El tiempo es un elemento central de la articulación de la red de territorios de sacrificio, porque los botaderos o rellenos sanitarios son concebidos como proyectos de largo plazo. En ese sentido, y parafraseando a Javier Auyero, en el caso de las políticas de tratamiento de los residuos sólidos se puede observar un particular ejercicio político del tiempo, que puede ser definido como el tiempo de espera de los pobres (Auyero 2013). Quienes habitan estos territorios deben ser pacientes, dado que los residuos no pueden dejar de recolectarse y el fin de la vida útil de estos proyectos se encuentra directamente relacionado con la constitución de nuevos territorios, de manera que la red se va configurando a lo largo del tiempo.

Hoy, mientras los rellenos sanitarios de La Carpio y El Huazo se mantienen en funcionamiento, a pesar del fin de su vida útil y de la grave crisis en el manejo de los residuos sólidos que enfrenta la GAM (Ministerio de Salud 2024), el mecanismo político del tiempo se ha convertido en un elemento fundamental de los conflictos, ya que habitantes de las comunidades mencionadas denuncian cómo estos rellenos sanitarios todavía se mantienen en operaciones. Por su parte, la empresa EBI ha empezado a hacer las gestiones para crear un nuevo relleno sanitario en Turrúcares, en la provincia de Alajuela, lo que ya ha despertado la oposición comunal (Chacón 2022). Con esta propuesta, la red de territorios de sacrificio destinada a recibir los residuos sólidos de la GAM parece estar a punto de ampliarse. Mientras tanto, la espera continúa para quienes habitan La Carpio y El Huazo.