2. La vulnerabilidad en la configuración urbana de Latinoamérica

El IPCC define la vulnerabilidad como la propensión o predisposición a verse perjudicado, lo cual abarca una variedad de conceptos y elementos que incluyen la sensibilidad o la susceptibilidad al daño y la falta de capacidad para hacer frente y adaptarse (IPCC 2014, 128). Esa definición ha sido objeto de diversas críticas, pues deja de lado cuestiones estructurales como los retos que se derivan de la urbanización y justifica los efectos adversos del cambio climático en la falta de capacidad individual o comunitaria.

Desde principios de los noventa, los estudios sobre riesgos ambientales y desastres han consolidado una visión más holística y de carácter crítico respecto a la vulnerabilidad: véase ^{Blaikie (1989}), ^{Lavell (1994}), ^{Oliver-Smith (1994}), ^{Wilches-Chaux (1989}; 1993) y ^{Watts y Bohle (1993}). La vulnerabilidad trata sobre condiciones contextuales sociales y ecológicas que resultan en la incapacidad de afrontar o asegurar el bienestar frente a la variabilidad y el cambio climático (^{Eriksen et al. 2007}). En ese sentido, es posible hablar de la vulnerabilidad como marginación, lo cual permite entender mejor la relación entre los procesos de urbanización y los daños potenciales de riesgos vinculados al cambio climático.

Lo anterior es importante pues en América Latina se ha priorizado un modelo de expansión urbana desorganizado, cuyo crecimiento ha tenido lugar en zonas poco apropiadas para el asentamiento, donde la exposición a riesgos ambientales es mayor, y donde se carece de servicios e infraestructura básica (^{Hardoy y Pandiella 2009}). El trabajo de ^{Roberts y Wilson (2009}) permite comprender las causas de la urbanización contemporánea en Latinoamérica. Los autores explican que, durante la década de 1980, los cambios macroeconómicos regionales dirigidos por la economía neoliberal fueron la fuerza que movió el desarrollo urbano en Latinoamérica. El libre mercado, la privatización y la reducción de la intervención del Estado en la economía permitieron al sector privado proveer a las ciudades vivienda, transporte, infraestructura de comunicaciones y espacios comerciales. Ese esquema trajo como consecuencia nuevos patrones de segregación espacial.

Posteriormente, explican ^{Roberts y Wilson (2009}), el segundo tipo de desarrollo urbano en Latinoamérica fue influenciado por los cambios suscitados a finales de los años ochenta y principios de los noventa, orientados por la descentralización y la democratización de las formas de gobierno. En ese periodo se promovieron una serie de reformas que hicieron del gobierno local el responsable de proveer los servicios básicos para la calidad de vida de la población. Con eso se dio pie a una ciudad moderna, en donde el valor de la tierra y la demanda relativa son factores básicos que promueven el fenómeno de la segregación socioespacial. En ese sentido, la diferenciación espacial es algo natural en el sistema capitalista: se crean vecindarios con distintos niveles de calidad de vida y acceso a los servicios.

Junto a las fuerzas del mercado, ^{Roberts y Wilson (2009}) también reconocen que las políticas estatales desempeñan un papel central en la segregación. Se refieren a la falta de claridad en los títulos de propiedad, a la carencia en el poder adquisitivo frente al mercado de suelo, a la mala distribución del ingreso y a la combinación de actividades económicas y asentamientos informales.

Esto se traduce en problemas como la tendencia a relegar a personas en estado de pobreza hacia zonas periféricas. El proceso de descentralización de los años noventa en Latinoamérica, según ^{Roberts y Wilson (2009}), se encuentra con dificultades como la inadecuada capacidad de gobierno local, así como la falta de coordinación de las distintas dimensiones y escalas gubernamentales. Concluyen que los retos que enfrenta la ciudad latinoamericana se relacionan sobre todo con los problemas que traspasan las fronteras urbanas y la distribución de los servicios en cuanto a demandas poblacionales específicas.

La crítica a los procesos de urbanización neoliberal se articula con bastante claridad en el trabajo de ^{Sanzana (2016}). El texto explora la reconfiguración de las ciudades bajo la globalización capitalista y la producción de enclaves urbanos. Explica que la planeación neoliberal de la urbanización, que inició en los años noventa, se articuló bajo una estrategia de privatización de los municipios, comercialización de los centros urbanos y mercantilización de los espacios públicos. Esto ha generado problemas como expansión urbana, segregación y gentrificación, fragmentación socioespacial, construcción de “fortalezas” para las élites, privatización y escasez de servicios, entre otros. El autor considera este fenómeno como un crecimiento colonialista en el que la expresión espacial de la ciudad se da a través de los intereses de élites con poder político y económico, privilegiando las oportunidades de negocio a partir de la expansión.

3. Crecimiento urbano en el área metropolitana de Guadalajara: vulnerabilidad al cambio climático en algunas zonas prioritarias de Zapopan

El área metropolitana de Guadalajara (AMG) es una de las tres ciudades más importantes de México, en términos económicos y demográficos, junto con la ciudad de México y Monterrey. Se ubica en el estado de Jalisco, en el occidente del país y actualmente está conformada por los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo.

El crecimiento del AMG ha sido abrupto en los últimos años: entre 1980 y 2010, sin considerar Zapotlanejo, la extensión territorial pasó de 20 000 a 53 000 hectáreas, con una población de 2,2 a 4,4 millones, respectivamente (Lara y Mateos 2015). En 2015 se contabilizó un total de 72 463 hectáreas de superficie urbanizada y 5 000 000 de habitantes, según el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG 2017).

En un estudio clásico, ^{Walton (1978}) realiza una semblanza histórica de la urbanización en Guadalajara, dividida en cuatro etapas: Colonia (1530-1810), independencia (1810-1910), revolución (1910- Segunda Guerra Mundial) y contemporánea (1950-actualidad). La primera etapa se caracteriza por la fundación de Guadalajara como capital del territorio conocido como Nueva Galicia (1575), con un desarrollo urbano a partir de colonias y barrios a manera de cuadrícula (cuadras). Durante la segunda etapa, el puerto de San Blas, en el estado de Nayarit, al noroeste de Jalisco, incrementa los enlaces comerciales del país y Guadalajara. Así, la ciudad adquiere un papel central en la distribución económica, lo cual permite una expansión productiva y genera segregación de clase, a partir de una organización socioespacial que destinó ciertas zonas de nuevas colonias para los ricos y otras para la clase obrera.

La tercera etapa es testigo de las reformas anticlericales y del uso de la tierra, que derivaron de las luchas revolucionarias. El gobierno federal otorgó poder a las nuevas élites de la iglesia y la aristocracia rural para el desarrollo de obras urbanas. Para el inicio de la cuarta etapa, la expansión poblacional y territorial se dirigía en todas direcciones y continuaban los patrones de segregación. Esta última es la etapa en la que se da el crecimiento más abrupto en la historia de la ciudad.

^{Walton (1978}) explica que, durante la etapa contemporánea de urbanización de Guadalajara, se tuvo un crecimiento de la población casi exponencial. Esto fue causado principalmente por tres factores: el incremento natural, la migración urbana y la extensión del área de tierra, lo cual incorporó nuevos centros de población. Para el autor, la segregación socioespacial de Guadalajara ha sido producto de dos factores: la especulación económica de la tierra, que ha promovido la construcción diferenciada de vivienda y la intervención del Estado en la construcción de infraestructura urbana.

Lara y Mateos (2015) describen los patrones de crecimiento urbano en el AMG entre 1980 y 2012 (lo que Walton podría considerar como parte de la etapa contemporánea) a partir de dos periodos. El primero corresponde a la expansión de 1980 a 1990. La ciudad adopta un modelo de expansión radial, como parte del cual comienza una grave deficiencia de la infraestructura de movilidad y el Estado pasa de su carácter “promotor” a uno “facilitador”, en cuanto a la construcción de vivienda social.

En el segundo periodo, de 2000 a 2010, la expansión metropolitana sigue un patrón lineal y disperso hacia la periferia, mezclando las zonas de uso residencial con el industrial. Se da un uso extensivo del suelo, que propicia las llamadas “islas de modernidad” como nuevos centros de consumo, entretenimiento y empleo. De tal modo, los autores sostienen que el AMG, a finales del siglo XX, se convirtió en una metrópoli policéntrica. Así, se crearon las bases para un modelo territorial disperso, fragmentado y heterogéneo.

Lara y Mateos (2015) son claros en exponer las consecuencias de ese proceso de crecimiento urbano: un modelo insular periférico que conecta islas de modernidad, fraccionamientos cerrados y asentamientos informales. El AMG adquiere un triple contraste, según los autores. Hacia el oriente, una ciudad densamente poblada, con índices de media y alta marginación; por el poniente, baja densidad poblacional con baja y muy baja marginación, y un área suburbana fragmentada con población que vive en zonas con índices de alta y muy alta marginación. Explican que la raíz del problema, en buena parte, tiene que ver con la inapropiada descentralización administrativa, que transfirió las competencias urbanísticas a los municipios, sin considerar su tamaño o recursos. También dejan claro que la política habitacional fue construida bajo el subsidio, y bajo el mercado privado de vivienda como principal factor de distribución.

De tal modo, en el AMG se han creado espacios de alta marginación, donde la vulnerabilidad es latente, debido a una planeación que prioriza la acumulación del capital y los intereses del mercado en lugar del bienestar social. Aunado a esto, se debe recordar la interacción de la ciudad con los diversos riesgos ambientales que tienden a darse con mayor frecuencia e intensidad debido al cambio climático. En ese sentido, podría decirse que los procesos de urbanización inciden en la distribución socioespacial de la vulnerabilidad frente al cambio climático.

Según el Plan Estatal de Acción Ante el Cambio Climático (PEACC) (Universidad Autónoma de Guadalajara y Universidad de Guadalajara 2014), los riesgos más frecuentes en el AMG son las inundaciones, los incendios, la incidencia del dengue y las olas de calor. Las proyecciones del incremento de temperaturas a partir del modelaje de dos escenarios climáticos implican una problemática de disponibilidad de agua y alimentos, así como serios retos en los sectores transporte, vivienda, energía, desarrollo urbano y salud. El propio PEACC reconoce que las poblaciones más vulnerables son las que habitan en zonas marginadas.

El municipio de Zapopan es un claro escenario de contrastes y desigualdades. Se ubica en el primer lugar en el estado de Jalisco en cuanto a indicadores de bienestar como el índice de desarrollo humano elaborado por el Consejo Estatal de Población Jalisco (COEPO 2010). Al mismo tiempo, en Zapopan existen zonas con alta marginación al norte y oeste, mientras que, al centro, la marginación es muy baja. Incluso cuenta con algunas de las zonas más ricas del país. En el año 2010, la población alcanzó un total de 1 294 901 personas, de las cuales aproximadamente el 23% (297 827) vive en estado de pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL 2010).

Algunos de los espacios que interactúan mayormente con riesgos asociados al cambio climático coinciden con la zonificación de espacios estratégicos que ha delimitado la llamada “Estrategia municipal para la prosperidad urbana 2030” (Gobierno de Zapopan 2016). Dos de los espacios que se podrían considerar de mayor vulnerabilidad son El Colli, donde históricamente se suscitan eventos como inundaciones e incendios, y Las Mesas, donde también son frecuentes los casos de inundación y proliferación de enfermedades vectoriales, sobre todo dengue (mapa 1).

Mapa 1 Dos espacios de atención prioritaria en el municipio de Zapopan, por índice de marginación urbana 

Siguiendo el tratamiento al riesgo de inundación en algunas notas periodísticas, se observa que, por ejemplo, en dos colonias de Las Mesas (Lomas de Tabachines y Arroyo Hondo), el 11 de junio de 2018 se reportaron daños a 39 viviendas, de las cuales tres sufrieron desplome (El Informador 2018). En estas mismas colonias se ha registrado una incidencia de enfermedades vectoriales mayor al resto del municipio de Zapopan, particularmente dengue (El Informador 2017). El mosquito portador de la que es considerada una enfermedad tropical emigró de la costa de Jalisco al AMG a finales de la década del 2000, al encontrar un ambiente más propicio en la ciudad, en buena parte debido al incremento de las temperaturas (El Informador 2009).

En el caso de El Colli, se ha documentado un poco más el riesgo de inundaciones. Se sabe que, entre 2012 y 2016, el número de viviendas afectadas en colonias de la zona fue 316, aproximadamente (Gran y Ramos 2019). Además, los testimonios de la población afectada en El Colli recogidos por Gran y Ramos recalcan que varias personas (sin referir número exacto) han perdido la vida durante inundaciones, al ser arrastradas por la corriente que el agua crea en la cercanía de los antiguos arroyos. También comparten que cada año hay vecinos que pierden buena parte de sus bienes debido al ingreso del agua a sus viviendas. En ambos casos, El Colli y Las Mesas, el riesgo está relacionado con la ubicación de asentamientos humanos en espacios que anteriormente eran los cauces naturales de arroyos (fotografía 1) y con el estado de marginación en lugares donde se carece de servicios básicos y de la infraestructura para mitigar o prevenir las afectaciones.

Fotografía 1 Viviendas cercanas a un arroyo en la colonia Miramar, en la zona de El Colli 

4. Conclusiones: adaptación al cambio climático… y a los retos de la urbanización

Tras una breve descripción del crecimiento urbano en el AMG y una muestra del riesgo de inundaciones en dos áreas de atención prioritaria (Las Mesas y El Colli), queda claro que la problemática es compleja. Por un lado, se tiene el cambio climático como un multiplicador de riesgos y de nuevos retos socioambientales. Por el otro, los procesos de urbanización, que configuran el estado de vulnerabilidad en la ciudad.

Las ciudades latinoamericanas podrían estar enfrentando generalizadamente ese reto, considerando que los patrones de urbanización han sido similares para esta región del sur global. Debe mencionarse que, durante el año 2000, 791 000 000 de personas se encontraban viviendo en espacios marginados alrededor del mundo, cifra que aumentó a 881 000 000 en 2014 y que se espera que alcance los 1600 000 000 para el 2025 (UN-HABITAT 2016). Ese patrón de crecimiento poblacional en espacios marginados es característico de Latinoamérica; incluso podría pensarse la marginalidad como un término clave de la urbanización en la región (^{Lezama 1993}).

Los informes provenientes de instancias internacionales como el IPCC señalan con gran certeza que nos encontramos habitando una era geológica inducida por la acción del ser humano, el Antropoceno, en la que los escenarios son catastróficos (^{Watts y Bohle 2015}). Ante esto, surge un discurso que recalca la urgencia de adaptarse al cambio climático. “¡Adapt or die!” ha sido una frase bastante utilizada en la prensa e incluso en trabajos académicos.

Actualmente se formula un sinnúmero de programas y políticas orientadas a enfrentar las inclemencias del cambio climático, posicionando la problemática como un pilar de los planes de desarrollo tanto global como local. Sin embargo, ¿hasta qué punto se ha caído en “culpar” al cambio climático de diferentes problemáticas socioambientales, dejando de lado cuestiones estructurales como los procesos de urbanización, que marginan y, por tanto, incrementan el estado de vulnerabilidad de las poblaciones más desfavorecidas?

En sí, el cambio climático se concibe mediante un imaginario apocalíptico, con un alto fetiche por el control y la reducción de los gases de dióxido de carbono (CO₂), lo cual se traduce en la privatización del clima mediante el mercado de bonos de carbono (^{Swyngedouw 2010}). En ese sentido, la formulación y la implementación de los procesos de adaptación corren el riesgo de responder exclusivamente a las exigencias de ganancias económicas y control sociopolítico por parte de ciertos grupos hegemónicos (^{Barkin 2013}).

Los procesos de adaptación deben tener como centro el bien común y el bienestar de las personas. En un contexto urbano, esto será imposible si no se contemplan la desigualdad, los intereses económicos y las relaciones de poder inmersas en la configuración urbana, y cómo esto distribuye desproporcionadamente la vulnerabilidad.

Analizar la relación entre cambio climático y ciudades es una tarea importante, para evadir el riesgo de promover políticas y prácticas de mal adaptación. Se considera que dicha mal adaptación podría estar responsabilizando tan solo al cambio climático de los impactos de ciertos riesgos ambientales como los incendios y las inundaciones, dejando de lado la incidencia de una mejor planeación urbana en la reducción de la vulnerabilidad. Frente a casos de ciudades fragmentadas, con alta desigualdad y marginación social como el AMG, las poblaciones (sobre todo las más desfavorecidas) no solo requieren adaptarse a los riesgos que se derivan del cambio climático, sino además, a los retos que derivan del crecimiento urbano acelerado, fragmentado y disperso.

Por lo tanto, es necesario repensar el papel de la ciudad frente al cambio climático, sobre todo en términos de su incidencia en la distribución socioespacial de la vulnerabilidad. Esto es especialmente importante considerando que nos vamos acercando a un mundo cada vez más urbanizado, en el que la mayor parte de la población vive en ciudades.