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Introducción
En Ecuador el sector de la minería metálica a gran escala ha sido económicamente marginal hasta el día de hoy. Sin embargo, desde inicios de los 90, al igual que en la casi totalidad de los países de América Latina (Chaparro 2002), con asesoría e intervención directa del Banco Mundial, los gobiernos neoliberales que se sucedieronprogresivamente reformaron y sofisticaron el marco legal para promover la inversión extranjera directa.1De ese modo, en el periodo neoliberal y en un contexto de aumento de la inversión minera en América Latina, con el arranque del llamado “superciclo” minero, a partir del año 2000, se otorgaronen concesiones mineras millones de hectáreas, el equivalente a cerca del 20% del territorio nacional (Acosta2009). Fueron entregadas a empresas juniors, superponiéndose con áreas protegidas, territorios indígenas y fuentes de agua; todo ello, sin consulta previa a las poblaciones afectadas ni controles ambientales (Latorre y Herrera 2013; Sacher y Acosta 2012).
La presencia y las actividades de empresas mineras transnacionales, en particular juniors,2 provocaron numerosos conflictos sociales en las comunidades directamente afectadas. Mientras tanto, el aporte del sector minero al Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano seguía siendo muy reducido: no superó el 0,35% durante el periodo 2000-2007 (Cisneros 2008). Entre 2006 y 2007, la conflictividad social asociada con la megaminería alcanzó un auge sin precedente, con la generalización de las movilizaciones en todo el país. La llegada de Rafael Correa al poder en 2007, y los debates desarrollados en el marco de la Asamblea Constituyente despertaron esperanzas para los movimientos sociales rurales y urbanos de oposición a la megaminería. Incluso,se logró la expedición del llamado “Mandato Minero” en abril de 2008, que ahuyentó a numerosas empresas juniors(Sacher 2017).
Sin embargo, en los años que siguieron ala adopción de la Constitución (noviembre de 2008) el Gobierno de Rafael Correa progresivamente diseñó una “nueva institucionalidad minera”, orientada a asegurar la continuidad de los megaproyectos mineros más avanzados, la cual proveyó un apoyo multifacético a la megaminería (Sacher 2017). A la par, esta fue declarada “sector estratégico” por el Gobierno, con la pretensión de promoverla con iniciativas nacionales, como la creación de la Empresa Nacional Minera del Ecuador(Enami EP). También se pretendía maximizar la captación de la futura renta minera y privilegiar la inversión pública y social en las comunidades directamente afectadas (Sacher yAcosta 2012; Latorre y Herrera 2013). En los últimos años, el Gobierno firmó los primeros contratos de explotación con las empresas propietarias de los megaproyectos cupríferos y auríferos Mirador y Fruta del Norte (en 2012 y 2016, respectivamente), en el sur del Ecuador.Entre los megaproyectos mineros promocionados por el Gobierno de la “Revolución Ciudadana” se encuentra Llurimagua,en la parroquia García Moreno, que es el que nos interesa en el presente artículo. La zona, conocida como Íntag, se encuentra en un valle al norte del Ecuador, en la provincia de Imbabura, cantón Cotacachi. En el mapa 1 podemos apreciar la ubicación y las concesiones mineras vigentes en el área.
Creemos que el conflicto por la apropiación del territorio que se da en la Reserva Comunitaria de Junín (en lo adelante, RCJ), ubicada en el mismo sitio del (supuesto) yacimiento de Llurimagua, ejemplifica la disputa de un espacio ante el avance del capital extractivo.El objetivo del presente artículo es analizar en qué medida el megaproyecto cuprífero y el conflicto social asociado implican procesos de des-re-territorialización (en el sentido de Haesbaert 2011; 2013), como parte de los cuales el territorio está en el centro y en permanente disputa y reapropiación.
Nuestro enfoque combina la ecología política y la geografía crítica. Creemos que las categorías que proporciona esta última (“territorio”, “territorialización” y “des-re-territorialización”) cobran relevancia en el marco del avance del capital hacia nuevos espacios de acumulación y de un proceso de acumulación originaria continua (o por desposesión) generalizado en la región (Sacher 2015; Sacher 2017). La actual tendencia al gigantismo que conoce el sector megaminero mundial ha dado a este proceso un carácter extensivo. Esa realidad material coloca el territorio en el centro de la disputa y de la conflictividad social que suelen provocar la instalación y las actividades de los proyectos megamineros. El trabajo que aquí presentamos se apoya principalmente en una metodología cualitativa, basada en la revisión de fuentes secundarias y trabajo de campo. Este último consistió en una serie de visitas a Íntag, entre 2014 y 2017, en las que se realizaron entrevistas, un ejercicio de cartografía participativa,3observación participante y transectos (Chambers 1994).
El artículo está organizado de la siguiente forma: en un primer momento presentamos los elementos teóricos a partir de los cuales desarrollamos nuestro análisis. A continuación, describimos algunos aspectos característicos del territorio considerado, para más adelante hacer un recuento del conflicto minero, buscando establecer los hitos de la resistencia a la minería y la creación dela RCJ. Luego exponemos un panorama de los desafíos de esta nueva territorialidad,en un contexto deinterés renovado por el proyecto minero en la zona. Finalmenteesbozamos algunas conclusiones.
El territorio como punto de partida
La geografía crítica permite entender el espacio como un campo político en disputa y analizar las problemáticas en torno al acaparamiento y la “producción” del territorio y la “naturaleza”, no solo desde el ámbito material, sino también desde el simbólico. La ecología política crítica, por su parte, permite analizar la apropiación del espacio (y su historia), tomando en cuenta las diferentes estructuras sociales de poder y productoras de desigualdad que lo atraviesan, como (por supuesto) la clase social, pero también el género y la etnicidad. A continuación, definimos con mayores detalles los conceptos básicos manejados en el presente artículo.
Territorio, territorialidad y territorialización
El espacio, concepto general y abstracto, designa un contenido físico no neutral, donde se reproducen relaciones sociales de producción fuentes y objetos de conflictos políticos (Lefebvre 1974). Este espacio, a su turno, constituye un territorio, en cuanto se apropia, se controla y es atravesado por relaciones de poder.En ese sentido, podemos definir el territorio como un espacio controlado y apropiado simbólica y emocionalmente, que pone en evidencia el posicionamiento y las relaciones de poder de diferentes actores en disputa (Svampa y Viale 2014). Es así como el concepto de territorio implica hablar de la producción de un espacio geográfico, por un sujeto que ejerce dominio y una relación de poder o facultad de apropiación. Sack (citado en Haesbaert 2013) argumenta que un espacio con acceso controlado (espacial y materialmente) se convierte en un territorio.
La apropiación y dominación material e inmaterial4del espacio que constituye el territorio y el carácter dinámico de esta lleva al concepto de territorialidad(mejor dicho, de territorialidades), que traduce la existencia de una amplia gama de prácticas de apropiación (Haesbaert 2011). La territorialización, por otra parte, se refiere al proceso de cambio de una práctica de apropiación hacia otra. Es posible un proceso de desterritorialización cuando un actor pierde el control sobre el espacio, es decir, cuando sus prácticas de apropiación y su dominio del territorio (su territorialidad) son amenazados por los de otro actor presente. Haesbaert afirma, sin embargo, que una desterritorializaciónsiempre está acompañada de una reterritorialización o nueva forma de apropiación del territorio, por uno de los actores en disputa en él(Haesbaert 2011; 2013). Es así como la geografía crítica considera al territorio una categoría histórica y socialmente situada, sometida a permanentes ciclos de des-re-territorializaciones, de duraciones variables. El concepto de territorio ha tomado significancia en el discurso de los movimientos sociales en las últimas décadas.
Con el avance del capital minero en la región latinoamericana, a los conflictos históricos por el uso y la tenencia de la tierra se ha sumado una generalización de los conflictos ocasionados por la ocupación y conversión de muchos territorios a la lógica del capital megaminero. En consecuencia, autoras y autores que han analizado los movimientos sociales de oposición a la megaminería han demostrado la importancia del análisis del territorio en este campo (por ejemplo, Bebbington 2007; Sola Álvarez2011; Svampa, Bottaro y Sola Álvarez 2009; Svampa 2011; Machado Aráoz 2014). Así, evidenciaron el carácter antagónico de las territorialidades y territorializaciones comunitarias, por una parte, y de las de las grandes empresas mineras y el Estado, por otra. En esta investigación retomamos esos planteamientos y ponemos en el centro los conceptos de territorio, territorialidad y territorialización, para analizar el contexto del megaproyecto Llurimagua en la zona de Íntag, contrastar los distintos actores en conflicto e identificar los diferentes procesos de “des” y “re” territorialización que están en marcha en la zona.
El nacimiento de la resistencia a la minería en Íntag
Antes adentrarnos en la megaminería y el conflicto que desató, precisamos mencionar algunas de las prácticas de apropiación del espacio de las comunidades aledañas, es decir, atributos de la territorialidad inteña anteriores al interés minero en la zona. Para ello nos remontamos a la colonización de estas tierras, ya que algunas prácticas tienen su origen en ella y persisten hoy día. Resaltamos dos en particular, por su relación con este estudio: el arraigo de la práctica de la tala y la quema y las prácticas de solidaridad y asociatividad.
La zona fue poblada de forma relativamente reciente. A inicios del siglo XX se poblaron las superficies planas, pero desde 1960 la migración-igual que sucedía en gran parte del país- se orientó hacia áreas montañosas, con mayor pendiente y más dificultad en el acceso.5Las familias que migraron a estas zonas fueron alentadas por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), que establecía que, para otorgar los derechos sobre una propiedad, tenía que demostrarse su uso; al menos el 50% del predio debía estar cultivado. La forma más rápida y barata de cumplir ese requisito fue la implementación de potreros, para lo cual se talaron y quemaron bosques (Kocian, Batker y Harrison-Cox 2011; Latorre, Walter y Larrea 2015). Esta dinámica se convirtió en una práctica común en la zona.
Hasta hace poco los mayores tenían en el chip que hay que talar todo porque si no, les van a quitar la tierra… fue nefasta porque aquí en Íntag desaparecieron bosques, maderas finas, vertientes de agua… y la forma más fácil de apresurar eso fue quemando… entonces talaban el bosque y quemaban, ni siquiera se aprovecharon las maderas. Quedaron muchas zonas deforestadas (PresidenteAsociación Agroartesanal de Caficultores “Río Íntag”,Apuela, Ecuador, 12 de mayo de 2015).
Debido a tales prácticas, en el periodo 2000-2008 la tasa de deforestación para el cantón de Cotacachi fue aproximadamente del 1% al año; una tasa alta que amenaza la permanencia de los bosques a corto y mediano plazo en la región (Latorre, Walter y Larrea 2015). Podemos decir que la tala y quema son prácticas muy arraigadas en la zona inteña, en particular en las zonas altas, como las de nuestro caso de estudio. Según las numerosas conversaciones que hemos tenido con habitantes de la zona, esta práctica ha permanecido. Aunque en algunas comunidades como Junín y Chalguayacu Alto se ha hecho un esfuerzo por usar de manera mesurada la tala, se realiza parafabricar postes para alambrados y otros usos domésticos. Se busca mantener los bosques a partir de la conciencia de que protegen los nacimientos de agua, evitando que se sequen (mapeo comunitario comuneros de Junín, 17 de mayo de 2015).
El aislamiento de la zona de Íntag, la ausencia del Estado, la imposibilidad económica de contratar mano de obra y la eventual herencia de prácticas indígenas fueron los factores que, con mayor probabilidad, favorecieron las prácticas solidarias de trabajo como la minga o la mano-prestada en Íntag. En nuestras repetidas estancias en la zona hemos podido constatar que este tipo de prácticas persisten hasta hoy día, en función de la supervivencia. Según López Oropeza (2012) las iniciativas organizativas que se han desarrollado en la zona, de las que hablaremos más adelante, se basan en relaciones asociativas y solidarias y son una de las características del territorio.
La megaminería como amenaza de des-re-territorialización
Obligado a siempre renovar sus oportunidades de inversiones rentables, el gran capital extractivo avanza hacia nuevos espacios de acumulación,legitimando su presencia con el discurso de que hay zonas “sacrificables”e“improductivas”(Svampa 2011). Así es como en América Latina-en la selva amazónica, bosques primarios, páramos y zonas de glaciares, nuevos espacios donde el capital megaminero busca maximizar sus tasas de ganancia- el territorio entra en disputa con su avance (Smith 2006; Sacher2017).
Es ilustrativa la situación la zona de Íntag, donde la japonesa Bishimetal (subsidiaria de Mitsubishi) empezó los primeros trabajos de exploración minera avanzada en la década de 1990, después de la promulgación del primer código minero, de corte neoliberal.Si bien en un principio la empresa no encontró resistencia a su actividad en la zona, las primeras expresiones de rechazo se manifestaron cuando se evidenció la contaminación de fuentes de agua importantes para la comunidad, así como cuando la empresa empezó a despedir personal(pobladora de Junín, 16 de mayo de 2015).La contaminación significó, para muchos comuneros y muchas comuneras, una clara amenaza a sus formas de relación y apropiación de su espacio de vida, es decir,su territorialidad.
Las manifestaciones materiales de los impactos ambientales reforzaron las impresiones que había producido en las comunidades la publicación de las conclusiones de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)(poblador de Chalguayacu, abrilde 2015). Estos sugerían que la explotación del yacimiento de cobre de Junín conllevaría un conjunto de impactos aún más preocupantes: deforestación de la zona, contaminación del río Íntag, derrumbes, impactos en flora y fauna, desertificación, cambios de clima local, desplazamientos de las comunidades e, incluso, reubicación de decenas de familias que vivían en la comunidad de Junín (JICAy Metal Mining Agency of Japan 1996, 1998; Kocian, Batker y Harrison-Cox 2011).
Con las conclusiones delos EIA, la comunidad tomó consciencia de la ambición de la empresa de transformar y apropiarsede su territorio. Este nuevo diseño no toma en cuenta su territorialidad, viene de otra manera de entender el espacio y pone en riesgo la base material de su vida.Es una amenaza de desterritorialización. En ese momento, un grupo de guardabosques y otra organización promotora de la agricultura ecológica, que se habían organizado frente a la deforestación y por la agroecología en otras parroquias de Íntag, conocieron sobre la iniciativa minera en Junín y se articularon, dando origen a la organización Defensa y Conservación de Íntag (Decoin), en 1995. Para entonces, el proyecto minero y sus amenazas habían sido conocidos por Organizaciones no Gubernamentales (ONG) nacionales y extranjeras. Estas y la Decoin fueron fundamentales en la comunidad, para tejer redes de apoyo nacionales e internacionales y sensibilizar a la población sobre los impactos de la minería (Bebbingtonet al. 2007).
Una Reserva Comunitaria e iniciativas productivas para reapropiarse del territorio
Es con esos antecedentes que la comunidad empieza a oponerse al proyecto megaminero en su territorio,en la década de 1990. De modo paralelo a acciones directas de resistencia, como la quema del campamento de la compañía Bishimetal(Bebbingtonet al. 2007) sepropusieron iniciativas productivas alternativas a la megaminería. Estas buscaban fortalecer otro modelo territorial, que no fuera dependiente del extractivismo, sino que se orientara en la defensa del territorio y su reapropiación. Entre tales iniciativas encontramos la comercialización de café orgánico, el turismo ecológico, la producción agroecológica, las artesanías de cabuya y la elaboración de productos de aloe vera para aseo personal. Una de las mujeres que ha participado enlas iniciativas explica:
Desde el 96 nosotros hemos venido luchando porque no se dé esta explotación minera, pero así suelticos, sin proyectos, sin nada. Entonces nos decía la gente ‘ustedes por qué es lo que se oponen, hagan algo productivo y para ver si lo de ustedes entra ingreso económico o la minería’ (Integrante de Asociación Artesanal Femenina de Producción Agrícola El Rosal (ASOFEPAR), 13 de abril de 2015).
Frente a las críticas que enfrentó el proceso de resistencia, viniendo a veces de los mismos pobladores de Íntag-según las cuales sólo se ejercía oposición y no se proponían alternativas de ingresos a la megaminería para la zona- las personas organizadas respondieron con ejemplos concretos de proyectos productivos. Las iniciativas se dieron tanto en la parroquia donde estaba el proyecto minero como en otras de la región inteña, en el marco de una propuesta territorial zonal e incluso cantonal cuyos promotores definen como ecológica, transparente y participativa(Integrante de la Corporación de Talleres del Gran Valle, 17 de abril de 2015). En ese contexto se consolida el Consorcio Toisán, en 2005, con el objetivo de impulsar una propuesta territorial que,a partir de iniciativas asociativas, agrupa a aproximadamente 1600 familias en las siete parroquias de Íntag(miembro del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotacachi, 3 de diciembre de 2014).
LaRCJ, una estrategia de apropiación
La RCJnace de un espacio reapropiado. Los hombres que habían trabajado para la Bishimetalen la exploración de las partes altas de Junín se sorprendieron por la belleza del bosque y cascadas en esa zona. Ese espacio, donde la empresa japonesa realizó sustrabajos de exploración, no era reconocido como propio por la comunidad, en esa época.
Bueno, lo de las cascadas no se conocía. Con los senderos que hicieron estos japoneses de la Bishimetal para hacer los pozos de perforación, hicieron los senderos, entonces ahí, con esos senderos que dejaron ellos, ya se fueron, ahí ya nosotros conocimos las cascadas… Como ahí no había turismo comunitario antes, entonces después le hicimos arriba turismo, que es muy excelente para turismo, las cascadas muy bonitas (presidente de la comunidad de Junín, 16 de junio de 2015).
El testimonio del presidente de la comunidad de Juníncoincide con lo que las personas mayores del lugar afirman, en cuanto a que, aunque a veces se hacían tareas de cacería en el área, fueron los trabajos de la compañía japonesa los que hicieron que la comunidad recorriera de manera regular este espacio. En esa línea, una mujer mayor de Chalguayacu afirma que antes de los trabajos no era usual ir.
Entrevistadora (E): Y en la reserva, ¿antes qué había? ¿Usted se acuerda? Antes de los japoneses. Integrante de Ecojunín (IE): Ahí no íbamos. E: ¿No iban? I.E.: Nosotros ni sabíamos de turismo, ahí no sabíamos ir… E: ¿Entonces, quién iba? I.E.: Nadie… solo eran terrenos que había de dueños, pero como ya vinieron esos ingenieros buscando minerales, entonces ahí no teníamos que dejarles entrar, pero como no sabíamos, contentos estaban andando en el bosque, no pensamos que van a destruir (integrante de Ecojunín, 17 de junio de 2015).
Así, el reconocimiento de un bosque nativo y las cascadas y su importancia ecológicase dieron con el inicio del conflicto con la compañía japonesa y con la constatación del potencial turístico del espacio, que fue visto como una oportunidad de ingresos para la comunidad. La Decoin y los comuneros plantearon la creación de una reserva comunitaria de 1.500 hectáreas (Miembros de la Decoin, 19 de abril de 2015). De esta manera, con apoyo económico canalizado por la Decoin, en 1999 la comunidad de Junín consiguió comprar el predio donde había estado el campamento de la Bishimetal, con el objetivo de que no volviera a ser usado con intereses mineros (Miembros de la Decoin, 19 de abril de 2015; presidente de la comunidad de Junín, 16 de junio de 2015). Desde ese momento hasta 2009,la comunidad compró otros predios, incluso a 15 posesionarios que no tenían títulos de propiedad legalizados (mapeo comunitario comuneros de Junín, 17 de mayo de 2015).
El bosque nublado ha sido un atractivo promovido por la Red Ecoturística de Íntag (REI), otra organización zonal, en sus guías turísticas. Ello ha permitido que sea conocido por visitantes nacionales y extranjeros, tanto por sus atributos como por su historia de resistencia a la megaminería. Para potenciar el turismo, en el año 2000, a través del trabajo en minga6 se construyeron las cabañas EcoJunín, que hacen parte de la REI. Según se determinó en sus estatutos, las personas socias debían estar opuestas al proyecto minero: “Socio que apoya la empresa minera será destituido” (presidente de la comunidad de Junín, 16 de junio de 2015). En la actualidad hay aproximadamente 40 socios. A lo largo de los últimos años, varios fueron expulsados por incumplir los reglamentos.
La RCJ integra el área protegida de la cordillera del Toisán, protegida por una ordenanza del Municipio de Cotacachi emitida en agosto de 2008. Esta Ordenanza “que reserva y controla el área natural “Toisán" de la zona de Íntag, para el desarrollo ambientalmente sustentable”, declara un proyecto de consolidación de reservas comunitarias amplio, que promueve defender el “desarrollo ambientalmente sustentable”, conservar fuentes hídricas, la biodiversidad y los valores naturales, arqueológicos y culturales de la zona. La RCJ tiene una extensión de 18.009 hectáreas, entre las parroquias de García Moreno y Peñaherrera, y está situada en la zona de amortiguamiento de un área protegida importante a nivel nacional: la Reserva Nacional Ecológica Cotacachi-Cayapas. También se suma la RCJa las 42.000 hectáreas de bosques manejados comunitariamente que existen hoy en toda la zona de Íntag (Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi s.f.).
Como vemos, la RCJ nace como estrategia de apropiación de un espacio que, de antemano no formabaparte material del territorio de los pobladores y las pobladoras de la zona.Además, frente a la posibilidad de que el espacio en el que habían habitado estas familias y sus antepasados fuera diseñado y moldeado en función del extractivismo, convirtiéndose en un espacio para la acumulación de capital (“abstracto”, por analogía con el trabajo abstracto de la producción capitalista) (Lefebvre 1974; Gaudreau 2013), la comunidad propone la producción de otro tipo de espacio. Se reapropia delque invadió una empresa minera transnacional, pero que no tenía un uso particular con anterioridad, más allá de la caza esporádica. Hacen de él un espacio para la conservación comunitaria de su bosque y fuentes hídricas y para el turismo ecológico, en beneficio de la resistencia a la minería y de ingresos para las familias de la zona.
Así, se empieza a intervenir y controlar el acceso a este espacio, aspecto necesario para la definición de un territorio, como plantea Sack (citado en Haesbaert 2013). Con el nuevo ejercicio de dominio sobre este espacio, la comunidad se lo reapropia, de forma que crea una nueva territorialidada su alrededor. Una evidencia física y simbólica de tal hecho se puede apreciar en la foto1. En un rótulo que estaba colocado en la entrada de la RCJ, se podía leer “Reserva Comunitaria Junín. Prohibido el ingreso sin autorización”. De manera emblemática, pocas semanas después de haber reanudado los trabajos de exploración en la RCJ, una de las primeras tareas de los nuevos operadores de los trabajos mineros (Enami EP y la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), de quienes hablaremos a continuación) fue destruir este rótulo.
Es relevante que se haya propuesto una reserva como respuesta a la iniciativa minera, pues sus alrededores son una zona donde la colonización ha estado atada a arraigadas prácticas de tala, quema y deforestación. Quizás se trató de una manifestación de la sensibilización ambiental derivada de los talleres de formación sobre minería que siguieron muchos comuneros y muchas comuneras. En efecto, la sensibilización fue el fruto de la relación con ONG ambientales como la Decoin, yexpuso a la población a conceptos de conservación ambiental y a la idea de detener la deforestación.
Es así como la amenaza a su territorialidad que representó la megaminería llevó a la comunidad a redefinir dicha territorialidad, su relación con el espacio y, sobre todo, cómo controlarlo, buscando su reapropiación. La percepción, ocupación y apropiación del territorio correspondiente a la RCJ fueron radicalmente modificadas por las amenazas sobre la territorialidad de varias comunidades de los alrededores, esencialmente de Junín, Chagualyacu Alto y Chagualyacu Bajo. Este ejemplo muestra que la misma amenaza de desterritorialización y reterritorialización asociada con la megaminería despertó un proceso de reterritorialización activa.
En efecto, se trató de una reterritorialización en la cual las comunidades tuvieron la posibilidad de participar activamente, al contrario de la reterritorialización megaminera, a la cualhubiesen tenido que someterse.En nuestro caso, el proceso de des-re-territorialización propuesto por Haesbaert no ocurrió según una secuencia lineal, implicando primero una des-territorialización y luego una re-territorialización impuesta por parte del capital megaminero. En su lugar, la población expuesta a una amenaza de desterritorialización reaccionó con procesos propios de reterritorialización, alrededor de una nueva territorialidad.
Territorialidades en disputa
Pese a la declaratoria de reserva comunitaria, a finales de la década de 1990 y a la realización de proyectos de turismo comunitario, la población nunca alcanzó a establecer un dominio sin rival sobre el territorio reapropiado. Ha habido intentos y acciones por parte de empresas mineras transnacionales, orientadas a seguir planificando el espacio para la explotación minera, primero en la década de 2000 y luego en los años recientes.
Cuando se compraron los predios para la RCJ, la comunidad de Junín no se había constituido jurídicamente. Por ello, si bien hubo promesas de compra-venta, no hubo títulos legalizados a su nombre (presidente de la comunidad de Junín, 16 de junio de 2015). En 2002 la concesión minera fue retomada por Roque Bustamante, un expresidente de la Cámara de Minería, que dos años después se la cedió a la junior canadiense Ascendant Copper Corporation. Mientras tanto, algunos de los antiguos posesionarios que ya habían vendido sus predios a la comunidad para la Reserva Comunitaria, vendieron de forma fraudulenta los mismos terrenos a la compañía canadiense (presidente de la comunidad de Junín, 16 de junio de 2015).
La Ascendant Cooper Corporation buscó iniciar trabajos de exploración en el año 2004. Sin embargo, la presencia de la empresa ocasionó conflictos en las ya sensibilizadas comunidades, ante los posibles impactos de la minería en su territorio. Las comunidades, reapropiadas de la zona donde declararon la RCJ, se negaban a perder el dominio sobre su territorio. Las organizaciones locales, con apoyo de su red internacional, buscaron presionar a las autoridades locales para impedir los trabajos de exploración de la compañía (Bebbington et al. 2007).
En 2005, para impedir que el espacio de la Reserva fuera usado para la minería, los comuneros destruyeron el campamento de la AscendantCooper Corporation (Latorre y Herrera 2013).Luego, en 2006, hubo enfrentamientos violentos entre comuneros y un grupo de seguridad contratado por la empresa (Álvarez 2009). Había una clara disputa por el territorio, que llevó a acciones violentas por parte de la transnacional canadiense, para buscar el acceso a un espacio, su apropiación y la legitimidad de tomar decisiones y ejercer control sobre él. La Ascendant Cooper Corporation, sin embargo, tuvo que abandonar su proyecto después de una serie de reveses, incluyendo su expulsión de la bolsa de valores de Toronto, en enero de 2010 (Deneault y Sacher 2012).
En cuanto a los predios que integraban la RCJ, la comunidad pudo legalizar algunos de ellos en 2007, al obtener la personería jurídica; otros no pudieron legalizarse porque están a nombre de la Ascendant CooperCorporation. Aunque 1.292,1 hectáreas de la empresa se investigaron por la comisión anticorrupción y fueron revertidas al Estado (Decoin 2007), en el catastro rural de 2015(Alcaldía de Cotacachi 2015)figuraban 45 predios a su nombre, sumando 1.909,16 hectáreas. Evidenciamos que aún en este catastro existen inconsistencias con la legalidad de los predios de la reserva.
Así, la empresa canadiense Ascendant Cooper Corporation buscó apropiarse de estos terrenos, en un nuevo intento de territorializar el espacio, para el desarrollo de la minería. Aunque no consiguió avanzar en los trabajos de exploración minera, sus esfuerzos por conseguir el control del espacio mediante la compra de prediosse constituyen hoy como uno de los obstáculos para legalizar los predios de la comunidad, para la RCJ.De tal modo, esta se ha mantenido como reserva de hecho y se ha ejercido control sobre su acceso, manteniendo eldominio sobre el territorio.
Enami EP-Codelco: la nueva des-re-territorialización
En 2009, con la nueva Ley de Minería, la ampliación de la participación del Estado en las regalías y con la construcción de una “nueva institucionalidad minera”, que implicaba un control estatal mayor del sector, nace la Enami EP. Esta empresa estatal asumió la concesión de Íntag en 2011, en asociación con Codelco, empresa minera pública chilena y primera productora de cobre a nivel mundial (Codelco s.f.). El proyecto antes llamado Junín se renombró Llurimagua y se planteó el inicio de nuevos trabajos de exploración minera avanzada (una nueva campaña de perforaciones), con el objetivo de definir con más precisión los límites económicos y geológicos del yacimiento.
Llurimagua es un proyecto estratégico para el Gobierno y se ha considerado un espacio de “sacrificio”, que debe ponerse en función de los intereses “nacionales”(Svampa 2011). Su importancia se ha reflejado en el empeño por iniciar el proyecto. El ingreso de los técnicos de la empresa, con el objetivo de hacer una nueva versión del EIA para la fase de exploración avanzada, generó enfrentamientos con los comuneros. A raíz de estos incidentes fue encarceladoel presidente de la comunidad durante nueve meses y se consolidó un discurso de deslegitimación de las organizaciones de Íntag (por ejemplo, en distintos Enlaces Ciudadanos).7
En una ejemplificación clara de la existencia de un “Mineralo-Estado” ecuatoriano (Sacher 2017), hubo una estrategia interinstitucional para el ingreso de los técnicos, según indica el Informe de Gestión de la ENAMI EP de 2014(Enami EP 2014). En este ingreso participaron fuerza pública, ministerios8 y la gobernación de la provincia. La primera impuso su control sobre el espacio. Con este dispositivo, el Gobierno de la “Revolución Ciudadana” logró lo que la fuerza paramilitar de seguridad privada al servicio de la canadiense Ascendant Cooper Corporation no pudo años antes: permitir el ingreso de actores interesados en desarrollar actividades mineras a la zona de reserva, controlada por los comuneros.
El inicio de los trabajos de exploración de EnamiEP y Codelco significó el miedo y la resignación de la comunidad frente al apresamiento del presidente, la militarización y vigilancia permanente de la zona, que rompían su cotidianidad (Murillo 2016; Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial Ecuador 2015). De ese modo, el Gobierno implementó un dispositivo de poder (Antonnelli 2009) que permitió disciplinar a la población y contener el conflicto.
En este nuevo periodo,9el Gobierno de Correa, a través de una combinación de mecanismos de contención del conflicto (criminalización de la protesta, cooptación de dirigentes, políticas coercitivas, deslegitimación de las voces críticas e inversión social), ha conseguido anular la capacidad de cambio institucional progresista de la movilización social de años precedentes (Latorre y Herrera 2013, 112)
En Íntag, igual que en otras zonas del país, estos mecanismos han servido para disciplinar a las poblaciones, obtener su resignación a la presencia y actividades megamineras y desarticular la movilización y organización con la que usualmente se había respondido a las propuestas de minería a gran escala. Así, la Enami EP y Codelco lograron ingresar a la reserva comunitaria y empezar su campaña de exploración. El EIA para estas actividades, publicado en 2014 (CARDNO 2014), no habla de la existencia de bosque primario en la concesión minera Llurimagua y desconoce a la Reserva Comunitaria. Tampocoestudia las afectaciones de las actividades mineras sobre la Reserva Nacional Cotacachi-Cayapas, cuya zona de amortiguamiento se superpone a la concesión minera. Sin embargo, sí se menciona que hay especies que se verían afectadas porque se desplazan entre la Reserva Cotacachi Cayapas, la Cordillera de Toisán y Junín Alto, zona que coincide con la RCJ.10
Por otra parte, se negó la existencia del bosque primario que otros estudios reconocen(Alianza JATUN SACHA/CDC-ECUADOR 2005). La vulnerabilidad ambiental de la zona ha sido reconocida incluso por el Ministerio de Ambiente, que en el Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas planteó “fortalecer el frente de defensa de las zonas de amortiguamiento en el valle de Íntag, ante las permanentes presiones para la explotación minera” (Ministerio del Ambiente del Ecuador 2007, 175).
El informe de CARDNO fue cuestionado por comuneros y académicos. Estos últimos mencionaron que presentaba “una serie de errores metodológicos y faltas de rigor inaceptables” (Sacher et al. 2014, 11) y que sus resultados no garantizaban que las actividades mineras fueran a respetar los ecosistemas o la salud humana. Pese a tales falencias, el Ministerio de Ambiente les otorgó a Enami EP y Codelco la licencia ambiental para la exploración avanzada, en diciembre de 2014. La circulación por el espacio estuvo controlada en ese año por la fuerza pública, sobre todo entre mayo y julio (Integrante de la Decoin, 13 de mayo de 2015), y aún sigue presente. Según lo que observamos durante el trabajo de campo, algunos comuneros, documentalistas y académicos buscaron ingresar a la RCJ, en junio de 2015, sin éxito ya que se restringía el acceso bajo el argumento de que ahora es consideradauna “zona industrial”, por lo que se están desarrollando los trabajos de exploración.10 Así, la disputa de territorialidades en la parte alta de Junín sigue vigente, mientras continúen los trabajos de exploración en el área.
En la zona de Íntag ha habido inversión social significativa, asociada con el proyecto minero. A esta la podemos interpretar como parte de la aplicación del dispositivo de poder y de la legitimación del proyecto minero usados por el Gobierno. Ecuador Estratégico,11 como parte de la nueva institucionalidad minera, ha tenido un papel importante. Ha realizado una serie de proyectos de inversión social que, si bien aportan infraestructuras y servicios a las comunidades, participan tanto de la obtención de la “licencia social” como del disciplinamiento de las poblaciones. Así se han planificado proyectos de agua potable, construcción de centros de salud, de unidades Educativas del Milenio, electrificación y Unidades de Policía Comunitaria (Ecuador Estratégico 2014). Se diseña el espacio en función de un proyecto que aún no ha terminado su fase de exploración ni tiene contrato de explotación, buscando una legitimidad previa a su posible implementación.
En ese nuevo escenario, el espacio que fue reapropiado y reterritorializado como reserva comunitaria, en la década de 1990, empieza nuevamente a transformarse. Las empresas desconocen su uso como reserva y destino ecoturístico, imponiéndose un uso industrial para la futura extracción de minerales. Asimismo, la comunidad que defendía la RCJ ha perdido la capacidad de dominio y decisión que tenía sobre ese espacio. La capacidad de resistencia de la comunidad para defender su territorialidad se vio debilitada por la aplicación de un dispositivo de poder. Han perdido también la apropiación simbólica del espacio: sus instalaciones y senderos construidos para el ecoturismo en la RCJ son usados hoy para actividades relacionadas con la exploración, por lo que se ha cambiado el sentido y el uso del espacio.La suma de estos hechos conduce a una apropiación y un dominio material e inmaterial de la RCJ por parte de las empresas mineras; estamos asistiendo a una nueva des-re-territorialización, esta vez exógena.
Conclusiones
En este artículo partimos de un enfoque teórico orientado por la ecología política y la geografía crítica, a partir de los conceptos de territorio, territorialidad y des-re-territorialización manejados por Rogerio Haesbaert,para analizar la disputa por la apropiación y el control de la zona de Íntag en Ecuador, un espacio invadido por capitales megamineros. Así, analizamos cómo las actividades de exploración minera en las últimas dos décadas y el conflicto social que generaron se enmarcan en un proceso continuo y contradictorio de des-re-territorialización.
El avance del capital minero en la zona de Íntag respondea un proceso planetario en las últimas décadas, asociado con la búsqueda de oportunidades rentables de inversión por parte del capital transnacional. El capital se mueve a lugares donde puede alcanzar ganancias más elevadas, buscandola producción de espacios que conducen a grandes desigualdades, apropiándose de territorios y adecuándolos a sus necesidades de acumulación.
En primer lugar, reflexionamos sobre la fundación de una reserva comunitaria en un bosque que solo empezó a ser parte del territorio de la comunidad a raíz de los primeros trabajos de exploración minera, en la década de 1990. Si bien este bosque no había sido usado ni era considerado propio por parte de los habitantes de Junín, los trabajos de exploración de la japonesa Bishimetal y la formación ambiental ofrecida en las comunidades aledañas por ONG y grupos organizados opuestos a la minería, permitió que fuera reapropiado. De allí nace el interés y se constituye un territorio para la conservación y el ecoturismo: la RCJ.
La Reserva fue una estrategia de apropiación del espacio ante el temor de que fuera convertido en un territorio orientado solo a la acumulación de capital extractivo nacional y transnacional. La apropiación fue tanto simbólica como política y material, se controló el acceso al espacio y se ejerció dominio sobre este. En otras palabras, se dio un proceso de des-re-territorialización, que llevó a la creación de una nueva territorialidad en la que se planteaba imponer el megaproyecto. Esta desafió incluso las prácticas arraigadas y tradicionales de la zona, como la tala y la quema, basadas en una depreciación del bosque.La posible desterritorialización por la imposición de un proyecto megaminero desde actores externos implicó una reterritorialización, en la que quienes decidieron fueron los comuneros, redefiniendo su territorialidad.
Enfatizando el cambio permanente del territorio, describimos la disputa de territorialidades que se han dado a raíz de la continuidad y las diferentes etapas de la presencia de empresas megamineras a lo largo de los últimos 20 años. En los distintos intentos jugó un papel muy importante el control del espacio a través del uso de la fuerza, pero también el miedo y la legitimación del proyecto. El miedo yel dispositivo de poder usados por el Gobierno de Rafael Correa en el primer lustro de la décadade 2010 podrían haber sido decisivos a la hora de disciplinar la resistencia, obtener la resignación de la población y lograr ingresar al espacio de la RCJ.
Todo ello evidencia la contradicción que existe entre las territorialidades megamineras y las de los pueblos que están expuestos a su dinámica. Nos muestra,además, cómo las transformaciones que el territorio experimenta pueden analizarse desde el cambio de territorialidades. El ejemplo de Íntag y la RCJratifican la pertinencia del concepto de desterritorialización y, como bien lo propuso Haesbaert (2013), quesuele implicar una subsecuente reterritorialización. Mostramos, sin embargo, que estos procesos están inscritos en una dinámica contradictoria, en la cual la misma amenaza de desterritorialización puede desatar un proceso endógeno de reterritorialización. Ello constituye un obstáculo a la misma dinámica de reterritorialización inicial. En otros términos, el ejemplo de Junínnos muestra que,en el marco de la conversión de territorios a la lógica del capital transnacional, no se trata de una dinámica secuencial (“des” y luego “re” territorialización), sino de un proceso contradictorio en el cual coexisten territorialidadesantagónicas.
