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Introducción
En años recientes, la confrontación estratégica entre la República Popular China y Estados Unidos ha impactado las dinámicas comerciales y migratorias de América Latina (Polga-Hecimovich 2025). México ocupa un lugar clave en este escenario: por un lado, actúa como frontera de contención migratoria para los Estados Unidos (Amarela 2017); por otro, emerge como receptor potencial de inversiones chinas bajo el modelo de relocalización industrial o nearshoring (Oropeza García 2024).
En este contexto, en este artículo se examina cómo esas disputas geopolíticas de alto nivel permean escalas locales, nacionales y regionales, tomando como caso articulador la Plaza Izazaga, un complejo comercial de grandes dimensiones ubicado en el centro de la Ciudad de México, conocido también como México Mart. Se trata de un edificio de varios pisos que concentra mayoristas de origen chino, y funciona como nodo de distribución de mercancías asiáticas, sobre todo textiles, electrónicos y artículos de bajo costo, hacia cadenas formales y redes de comercio popular. En este espacio trabajan, en condiciones de informalidad regulada, personas migrantes de diversos países latinoamericanos, lo que convierte a la plaza en un punto de cruce entre flujos de bienes y trayectorias de movilidad humana. En 2024 y 2025 la Plaza Izazaga fue objeto de operativos sucesivos de inspección, decomiso de mercancías y anuncios de extinción de dominio, que la colocaron en el centro del debate público sobre piratería, comercio chino y seguridad económica. Por la temporalidad de estas intervenciones y por el tipo de actores involucrados, Izazaga no es un caso aislado, sino parte de un patrón más amplio de respuesta estatal.
La temporalidad del análisis comienza en 2019, cuando el entonces presidente de EE. UU. Donald Trump amenazó con imponer aranceles a México si no reforzaba su política migratoria (BBC News 2019), además mencionó que observa a México como una “puerta trasera” para el ingreso de ciertos productos chinos (Yang y Lee 2025). En respuesta, el Estado mexicano adoptó una serie de medidas que incluyeron:} la imposición de aranceles a productos textiles de origen asiático (Marcial Pérez 2024); el endurecimiento del control migratorio en zonas urbanas y fronterizas (Cattin 2025), y operativos en espacios comerciales como Izazaga (Medellín Hernández 2025). A partir de ello, se plantea la pregunta ¿de qué manera las disputas geopolíticas entre Estados Unidos y China incidieron en los operativos implementados por el gobierno federal mexicano en la Plaza de Izazaga durante 2025?
El objetivo del artículo es demostrar que estas acciones no son eventos aislados, sino parte de una política estatal articulada que combina control territorial urbano, control de la movilidad migratoria y medidas comerciales como forma de gestión frente a la presión internacional. No se parte de una hipótesis única, pero se propone que los operativos en la Plaza Izazaga condensan disputas geoeconómicas entre Estados Unidos y China, que se expresan en intervenciones locales dirigidas a un enclave de comercio informal y a actores en situación de vulnerabilidad. Se propone que estas intervenciones no solo responden mecánicamente a presiones externas, sino que forman parte de una estrategia del Estado mexicano, que gestiona de manera selectiva las demandas de ambas potencias. En este marco, el endurecimiento comercial hacia mercancías de origen chino en espacios como Izazaga funciona como gesto compensatorio que acompaña la negociación del papel de México como socio de contención migratoria de Estados Unidos durante el periodo analizado.
Aunque no existe evidencia documental que vincule directamente los operativos en Izazaga con las presiones diplomáticas de EE. UU., el análisis parte de una coincidencia temporal y de una lógica estatal que articula comercio, migración y política exterior. Con esta lectura se propone entender esas acciones como parte de una autonomía relativa acotada o una autonomía reactiva, donde el Estado mexicano gestiona selectivamente las presiones externas mediante medidas simbólicas y territoriales hacia actores con menor capacidad de respuesta.
La relevancia de la investigación radica en su propuesta de lectura multinivel: permite observar cómo los espacios urbanos, la economía informal y la movilidad humana se entrelazan con procesos internacionales de disputa y negociación (Hernández-Cordero 2007; Racaud, Kago y Owuor 2018; Basualdo, Domenech y Pérez 2019). Al situar el caso mexicano dentro de un patrón más amplio, que incluye la relocalización industrial de empresas chinas, la política arancelaria mexicana y la gestión del trabajo migrante, se busca aportar a comprender las nuevas formas de soberanía fragmentada y adaptación estratégica del Estado mexicano. La Plaza Izazaga funciona como un escenario articulador donde se condensan las tensiones geoeconómicas contemporáneas: en un mismo enclave urbano convergen mercancías de origen asiático, redes de intermediación local y trabajo migrante, bajo una vigilancia estatal que responde a la confrontación comercial entre China y Estados Unidos.
Marco teórico
Para construir el marco analítico, se retoman algunas premisas teóricas como las que ofrece la geopolítica, desde la perspectiva de la reconfiguración territorial, aunada a la noción de escalas, de enclaves comerciales y de (in)movilidad. Estas herramientas permiten observar cómo se articulan los intereses estratégicos y económicos de los actores globales con las dinámicas locales, así como identificar las formas en que ciertos espacios urbanos se transforman en nodos de poder, tránsito o contención dentro de un entramado más amplio de relaciones transnacionales.
La geopolítica clásica surge a finales del siglo XIX como una herramienta para entender el poder territorial de los Estados en relación con la geografía. Friedrich Ratzel (1897), Halford Mackinder (1904) y Karl Haushofer (1925) fueron algunos autores que consideraron el espacio como un recurso estratégico que determina el destino de las naciones. Este enfoque se ve influenciado por el determinismo ambiental y la lógica de competencia entre los Estados, y se concibe al mundo como un tablero dividido entre potencias que se expanden y sus zonas de influencia (Flint 2011).
A finales del siglo XX, el auge de las teorías críticas en ciencias sociales impulsó una transformación en la manera de entender la geopolítica. No solo se analizan acciones de los Estados, sino que se producen representaciones, prácticas y discursos que reconfiguran el poder en el espacio. Se consolidó la idea de una geopolítica crítica (Ó Tuathail 1996), un enfoque de denuncia el carácter performativo y discursivo de la geopolítica al poner énfasis en las escalas (Agnew 1994, 2003), es decir, no solo se produce poder en la esfera estatal.
La geopolítica crítica demuestra que el espacio es un lugar no neutral, constantemente disputado por muchos actores como el Estado, las corporaciones, los medios, las instituciones locales e incluso los migrantes. Esta perspectiva es útil en contextos como América Latina, espacio en donde los conflictos espaciales se articulan con historias coloniales (Walsh 2003), interdependencia económica (Flores Flores 2024) y relaciones de poder asimétricas (Sanahuja y Stefanoni. 2022; González Sarro 2020). La geopolítica no son solo guerras, sino también prácticas cotidianas (Sundberg 2017), formas de gobierno territorial (Valdez Gordillo 2014), y procesos de control y exclusión que operan a nivel local y global (Sanz Jofré 2015).
La geopolítica no solo se centra en las fronteras interestatales o los conflictos militares, pues se integran elementos como circulación de bienes, personas, capitales y datos. Este giro responde a una transformación del poder global, en el que Estados-nación continúan siendo actores clave, pero se articulan a nuevas formas de gobernanza económica y migratoria a través de acuerdos multilaterales, empresas transnacionales y estrategias de control extraterritorial (Sassen 2007; Mezzadra y Neilson 2013).
Los flujos comerciales son elementos constitutivos del orden geopolítico. En la actualidad, estos flujos implican movimientos de mercancías, la reconfiguración de cadenas de valor, relocalización industrial y la presión por asegurar territorios logísticos seguros. Es una de las razones por las que la geopolítica entre China y Estados Unidos se expresa no solo en medidas arancelarias, sino también en la disputa por zonas de inversión y redes de infraestructura (Farías 2023; Moyo 2020).
Para abordar el tema de las escalas, es preciso retomar la idea de geopolítica crítica (León 2016; Moraes 2003; Harvey 1996; Santos 1990) y se inserta la noción de reconfiguración territorial a través de la modificación de los espacios para la adaptación específica de lógicas de acumulación de ganancias (Haesbaert 2004). Esta espacialidad es apropiada y adaptada a las necesidades reproductivas de la sociedad que marcan la pauta para una reconfiguración territorial capitalista (Luna Nemecio 2019). El proceso modifica el uso del suelo, la infraestructura física, así como las formas de control, apropiación y simbolización del espacio (Harvey 2012). En un contexto de globalización desigual, algunas rutas (Ceceña y Prieto 2023) y ciudades operan como nodos de ensamblaje transnacionales y escenarios donde se sedimentan las consecuencias de las disputas geoeconómicas (Besserer y Nieto 2021).
En ese sentido la producción del espacio no puede analizarse sin la noción de escalas. Desde Henri Lefebvre se insiste en que la producción del espacio es social, lo que implica atravesar relaciones de poder, prácticas cotidianas e imaginarios colectivos. Este énfasis sobre el espacio percibido, el concebido y el vivido permite entender que existen escalas espaciales no estáticas sino neutrales, y como construcciones históricas en disputa (Lefebvre 1974). Posteriormente Neil Brenner retoma algunas propuestas para argumentar que la globalización ha generado una nueva escala del Estado y del capital, lo que reconfigura vínculos entre lo local, lo nacional y lo global (Brenner 2001). Estas escalas son procesos relacionales, es decir lo local no existe sin relación con lo global, sino que se constituye con y a través de él (Brenner 2004). Por esa razón, algunos espacios como Izazaga deban analizarse como ensamblajes multiescalares donde se condensan intereses transnacionales, estrategias estatales y prácticas económicas cotidianas.
Las escalas no son solo relaciones interconectadas complejas, Erik Swyngedouw (2004) propone el análisis multiescalar acompañado de una crítica al poder, ya que toda escala es una arena de lucha política. La construcción de escalas no es solo analítica, pues también tiene un carácter performativo cuando se define qué es local, qué es global, cuáles son los actores que se disputan en la legitimidad, los recursos y la autoridad (Swyngedouw 2004). En América Latina, esta perspectiva es útil para comprender decisiones comerciales y migratorias al intentar analizar cómo se las retoma en foros globales para materializar intervenciones específicas a menudo bajo lógicas de seguridad y control (Gandini, Álvarez Velasco y Feldmann 2024). Esta idea de las escalas permite revisar que espacios como Izazaga no solo son realidades locales, sino producto de articulación multiescalar en la que confluyen flujos globales, decisiones nacionales y prácticas territoriales situadas. Los conflictos geopolíticos globales impactan en la multiplicidad de escalas, desde de tratados comerciales a operativos locales de vigilancia. Esta traducción de tensiones macro a intervenciones micro es analizada desde la geografía política (Smith 1992; Brenner 2004). Las escalas no son niveles fijos sino procesos socioespaciales donde se negocian y producen relaciones de poder.
Además, la migración internacional tiene un papel geopolítico central; más allá de ser un fenómeno colateral, los flujos migratorios en cierta medida están gestionados, seleccionados y canalizados por los Estados y actores regionales. La gobernanza migratoria se convierte en un terreno de negociación de soberanías, de instrumentalización del movimiento humano como moneda de diplomacia o como actor de presión ante formas de inclusión y exclusión (De Genova 2017; Walters 2011). En ese tenor, la migración se vincula con la seguridad, así como con el comercio y el mercado laboral, lo que genera enclaves de (in)movilidad, donde confluyen mercancías, cuerpos y vigilancias (Andersson 2014; Garelli y Tazzioli 2017).
Se entiende por gobernanza de las migraciones a un conjunto de políticas de control con rostro humano que reconfiguran las formas de control fronterizo y de clasificación de las poblaciones bajo un lenguaje de gestión ordenada y humanitaria sin abandonar lógicas securitarias (Domenech 2013). Esta perspectiva dialoga con la gestión de las migraciones, que es un proyecto político impulsado por Estados y organizaciones internacionales donde se define quiénes pueden moverse, cómo y en qué condiciones, más que un campo de soluciones técnicas (Geiger y Pécoud 2010). La gobernanza global de las migraciones se sostiene en narrativas que presentan la movilidad como fenómeno normal y potencialmente benéfico para todas las partes, pero que tienden a despolitizar las asimetrías entre Estados de inmigración, de emigración y a visibilizar los conflictos distributivos que atraviesa el régimen (Pécoud 2015).
Esta doble articulación entre comercio y migración se materializa en espacios específicos que concentran los efectos de estas tensiones globales. En el caso de México, lugares como la Plaza Izazaga funcionan como microescenarios de la geopolítica global en los cuales las disputas por mercancías de origen chino revelan los límites, las contradicciones y las adaptaciones del Estado mexicano ante las presiones externas.
El nearshoring se refiere a un proceso de reconfiguración geoeconómica en el que segmentos de producción y servicios se relocalizan cerca de los mercados de consumo, sobre todo en el marco de las cadenas de valor estadounidense, que se desplazan parcial o selectivamente desde Asia hasta México y otros países. El nearshoring en México se inscribe en la búsqueda de cadenas más resilientes después de la pandemia, el auge del nacionalismo económico y la intensificación de la rivalidad Estados Unidos-China. Además, el país funciona como plataforma industrial de larga data, aunque con nuevas tensiones sobre captura de valor, upgrading y dependencia tecnológica (Gereffi 2025). El nearshoring no es solo una oportunidad neutra, sino un proceso condicionado por políticas de seguridad económica estadounidense, por cuellos de botella energéticos y por la capacidad desigual del Estado mexicano para traducir la llegada de inversiones en desarrollo interno (Garrido Nogera y García Muñoz 2025)
En materia migratoria, México ha dejado de ser un país de origen: ahora es un país de tránsito, destino y contención. A partir de 2019, algunas presiones de Donald Trump obligaron a México a consolidar su papel como tercer país seguro de facto, esto implica endurecer el control fronterizo y expandir la Guardia Nacional en zonas de cruce irregular (Ortega Velázquez 2020).
La dinámica evidencia a México como frontera geográfica y como espacio en el que se articulan lógicas comerciales, diplomáticas y securitarias. El país es parte de un conglomerado de regímenes de movilidad diferenciada; por una parte, promueve la facilitación comercial hacia el norte, por otra, aplica restricciones a los flujos humanos provenientes del sur. México es un caso paradigmático de fronterización internalizada (Heins 2025), donde el control migratorio se ejerce más allá de la frontera física, para reconfigurar espacios legales y económicos.
La internalización de la frontera designa el desplazamiento de los controles migratorios desde los márgenes territoriales del Estado hacia su interior institucional y social, de modo que la policía, los tribunales, las políticas de bienestar e incluso los espacios urbanos cotidianos se vuelven dispositivos de filtrado de la movilidad y de la pertenencia, lo que prolonga el trabajo de la frontera más allá de garitas y aeropuertos (Menjívar 2014; Heins 2025). En el contexto europeo, se ha descrito como un proceso de internalización del control migratorio que combina la reintroducción de controles en fronteras internas con nuevas formas de destierro y deportación interna dentro del espacio Schengen, con lo cual se reconfigura la geografía soberana de la Unión (Brandariz y Fernandez-Bessa 2025). Desde una escala más micro, la internalización también se manifiesta en la expansión del trabajo fronterizo hacia campos como los servicios sociales, donde el entrelazamiento entre política de bienestar y régimen de extranjería transfiere responsabilidades de control a nuevas burocracias y hace deportables a determinados sujetos al legitimar su exclusión mediante criterios de merecimiento (Borrelli 2025).
El caso de la Plaza Izazaga y del territorio mexicano ilustran este fenómeno. La confrontación entre China y Estados Unidos por la hegemonía comercial y global puede parecer distante, pero sus efectos se materializan en acciones como operativos de incautación, el refuerzo del control migratorio y el discurso oficial que criminaliza el comercio asiático informal. Dichas acciones no se presentan como hechos aislados, son parte de una lógica estatal de gestión territorial que responde a presiones externas como la amenaza de imposición de aranceles de Estados Unidos, y a intereses sobre el control urbano y migratorio. México se encuentra en una paradoja, entre la contención migratoria y la apuesta comercial por el nearshoring, que es la relocalización de empresas en México para sortear costos arancelarios estadounidenses (Pereda Careaga 2024) y opera en paralelo con la intensificación de políticas migratorias en todo el territorio nacional (Guillén López 2024).
Esta coincidencia no es casual, el Estado mexicano actúa como un mediador estratégico entre el flujo de mercancías y el flujo de personas, lo que despliega algunos mecanismos diferenciados de control según la escala y el tipo de actor involucrado. La frontera, la ciudad y el enclave comercial son espacios que cruzan lógicas de comercio global, de seguridad nacional y de contención migratoria. En este marco de globalización contemporánea, las ciudades no son solo escenarios de materialización de procesos económicos mundiales sino nodos que articulan flujos de mercancías, capitales, cuerpos y políticas. Se transforman en espacios de gestión geoeconómica donde conviven lógicas de comercio internacional, seguridad y movilidad humana (Sassen 2001; Harvey 2005). Este carácter estratégico convierte a ciertos enclaves urbanos en territorios sensibles a la acción estatal en contextos de tensiones geopolíticas.
La noción de ciudad como nodo geoeconómico permite comprender cómo la Plaza Izazaga en Ciudad de México y otras zonas urbanas concentran funciones logísticas, redes de distribución informal y formas híbridas de gobernanza. Estos espacios son plataformas de comercio informalizado, y objetivos de políticas de control territorial, vigilancia y reordenamiento urbano (Serna Luna 2021; Zaremberg Lis 2011; Costes 1989).
Algunos enclaves a través de prácticas comerciales (Stefoni 2017) o rurales (Camargo Martínez 2021) forman parte de lógicas transnacionales. Es decir, estos espacios se vinculan entre dos o más de manera continua a través de prácticas o personas (Glick Schiller, Basch y Blanc-Szanton 1992). Aunque no es objeto de esta investigación, se podría hablar del concepto de enclave comercial transnacional, que alude a espacios urbanos interconectados con circuitos globales de mercancías donde convergen prácticas económicas, redes migratorias y marcos normativos fragmentados. Estos enclaves operan como nodos globales articulados para la globalización desde abajo, lo que permite el flujo de bienes, legales o ilegalizados (Mathews 2011).
Estos espacios comerciantes, comerciantes migrantes, intermediarios locales, transportistas y actores estatales interactúan en una economía que usa categorías clásicas de formal o informal y legal o ilegal. Sitios de transnacionalidad que expresa capital corporativo, cadenas de aprovisionamiento que incluyen pequeños comerciantes, trabajadores migrantes y estrategias de supervivencia económica (Lins Ribeiro 2012).
Estos enclaves funcionan como zonas de intersección entre mercados globales y políticas nacionales, pero también como espacios disputados donde el Estado negocia su presencia mediante vigilancia, fiscalización y cooptación. En el caso de algunas ciudades, los barrios chinos o las zonas de comercio informal o ferias interregionales son leídos como expresiones materiales de la inserción periférica, lo que a su vez evidencia la globalización desigual, segmentada y conflictiva (Lins Ribeiro 2010).
Esta idea de globalización desde abajo se refiere a procesos de conexión transnacional impulsados no por grandes corporaciones o instituciones, sino por actores periféricos como comerciantes, migrantes y trabajadores informales que operan al margen o en tensión de lógicas dominantes del capital global (Portes 1997; Mathews 2012; Alba Vega 2012). Estos actores tienen la capacidad de configurar redes de intercambio de movilidad que permiten el intercambio y la circulación de mercancías, capitales y saberes que construyen una infraestructura alternativa al de la globalización, y desafían su carácter jerárquico y centralizado.
En Latinoamérica esto es visible con el comercio informal de productos chinos, que genera enclaves comerciales entre los que se encuentran ferias tianguis y circuitos de distribución popular en diversas ciudades como São Paulo o Ciudad de México (Lins Ribeiro 2010). Estas dinámicas no solo facilitan el acceso a mercancías accesibles, también son paisajes urbanos, relaciones laborales y reflejos de las políticas de control estatal. Así, la Plaza Izazaga representa uno de estos nodos en donde convergen mercancías asiáticas, redes de intermediación local y prácticas de informalidad regulada en un contexto de vigilancia Estatal promovida por las amenazas estadounidenses de imposición de aranceles. Analizar este espacio permite observar que la globalización desde abajo ocurre, coexiste y se colisiona con lógicas de seguridad, migración y comercio controlado.
La relación entre comercio informal y migración es relevante en contextos urbanos de América Latina, donde la informalidad se constituye como una forma relevante de empleo y un mecanismo de inserción socioeconómica para poblaciones migrantes. Algunos estudios documentan cómo los mercados informales no sólo absorben fuerza de trabajo excedente, sino que también las personas migrantes despliegan estrategias de subsistencia y agencia (Slavnic y Öberg 2025; Samaniego Erazo et. al. 2020; Cross 1998; Visser y Guarnizo 2017).
El comercio es una forma de evasión normativa o precariedad estructural, además de un espacio de articulación entre mercancías y trayectorias migrantes. Algunos enclaves comerciales chinos en América Latina permiten observar de qué manera migrantes, no necesariamente chinos, movilizan, distribuyen y venden mercancías de origen asiático (Telemicro 2025; Bayona Velásquez 2022; Sgrignoli et al. 2015; Toledo Piza 2025; Zhan Ting 2025).
La triangulación entre comercio, migración y trabajo permite comprender nuevas formas de movilidad laboral transnacional donde las condiciones legales se miden mediante espacios comerciales. La informalidad es una dimensión estructural del empleo en la región, y también un campo de disputa entre el control comercial, la economía global y las prácticas de subsistencia de poblaciones migrantes (Visser y Guarnizo 2017).
Aunque existe una relación entre comercio informal y migración en el sentido de que diversos migrantes trabajan en esos espacios, la intención de este texto es analizar cómo el gobierno mexicano gestiona e intenta balancear algunos costes políticos sobre estos actores. Es decir, a través de una línea temporal y circunstancial, es posible tejer una relación entre las amenazas de imposición de sanciones o mantenimiento de acuerdos económicos realizados por Estados Unidos, el incremento de control migratorio en territorio mexicano y la imposición de medidas restrictivas al comercio chino en México.
En cuanto a las políticas migratorias contemporáneas, intentan regular el movimiento y las distintas formas de inmovilidad, entre las que se encuentran la segmentación y la espera. Algunos espacios operan como lugares de contención más que de tránsito (Ferreira Scavitti y Montoya 2023). El control de flujos ocurre tanto en las fronteras interestatales como en espacios que articulan mercados informales, vigilancia institucional y tolerancia selectiva (Xiang y Lindquist 2014). Algunos de estos enclaves son zonas de gestión ambivalente que permiten la permanencia temporal de migrantes, pero bajo condiciones de vulnerabilidad legal, laboral y espacial. Algunas políticas de contención tienden a tercerizar el control para desplazarlos a lugares donde la precariedad actúa como forma de gobierno (Scheel 2019). La precarización y la ambigüedad jurídica producidas por el Estado hacia migrantes sin estatus definido facilitan una suerte de tolerancia estratégica, en la que el Estado no regulariza, pero sí vigila, permite que los migrantes participen en ciertas dinámicas de movilidad que posteriormente convierte en enclaves (Natter, Norman y Stel 2023). En el caso del gobierno mexicano, será una tolerancia de la movilidad que se intercambiará en negociaciones con Estados Unidos en momentos cruciales.
El concepto de autonomía relativa propuesto por Mario Ojeda (2015) constituye una herramienta clave para interpretar la política exterior mexicana frente a Estados Unidos. Propone que México, como país periférico y vecino de una potencia, no podía aspirar a una autonomía absoluta, pero sí a una capacidad de maniobra estratégica en función de sus intereses nacionales. Esta autonomía aplicaba de manera limitada en diversos frentes, mientras en otros cedía de acuerdo con las condiciones internacionales, con suma perseverancia en márgenes de decisión en áreas relevantes para el gobierno (Ojeda Revah 2015). Este marco se utilizó durante la Guerra Fría y no se pretende trasladar su aplicabilidad actual, sino enmarcarla como un referente histórico del hacer mexicano en materia de política exterior en un contexto histórico específico de disputa entre dos Estados con aspiraciones hegemónicas.
En el contexto actual, el concepto podría tomar vigencia si se observa cómo el Estado mexicano gestiona presiones comerciales, migratorias y diplomáticas por parte de Estados Unidos. La firma del T-MEC, las amenazas arancelarias de Trump de 2019 y de 2025, la contención migratoria en territorio mexicano, la imposición de aranceles a China y el cierre de enclaves chinos en Ciudad de México son ejemplos de escenarios en donde el gobierno mexicano articula concesiones estratégicas para defender sus intereses.
La respuesta simultánea del gobierno mexicano ante la presión estadounidense incluye el endurecimiento migratorio o aranceles a productos textiles asiáticos. En este sentido, operativos en centros comerciales como la Plaza Izazaga se pueden interpretar bajo la lógica de autonomía relativa con un equilibrio pragmático, por el cual México responde a la presión del Norte mediante acciones selectivas que redirigen al costo político hacia sectores no centrales como los migrantes o los comercios informales. Esta autonomía no radica en oponerse de manera frontal, sino que, al administrar flujos de mercancías y personas, protege sus intereses macroeconómicos sin confrontar directamente a Estados Unidos como socio comercial dominante.
El escenario geopolítico de 2025 y la vigencia del concepto de autonomía relativa enfrentan nuevas tensiones. Aunque la noción tiene márgenes de maniobra específicos, sigue siendo útil para comprender la acción de México y cómo se relaciona con la renovada presión arancelaria de Washington, además de la creciente expectativa de control migratorio eficaz en su frontera sur. La política exterior mexicana ha respondido mediante estas operaciones operativas y simbólicas que buscan preservar equilibrios sin confrontar a su socio estratégico. En la sección de discusión, se retomarán estas tensiones entre subordinación estructural y maniobra táctica para evaluar qué punto persiste o se redefine.
En suma, el marco teórico propuesto permite interpretar enclaves urbanos no solo como espacios funcionales al comercio global o a la migración laboral, sino como zonas de condensación de conflictos geoeconómicos y respuestas estatales y multiescalares. La articulación entre comercio informal, migración y control son visibles a través del caso mexicano. No son procesos marginales, sino que forman parte de una estrategia más amplia propuesta por el gobierno mexicano para distribuir las cargas políticas y comerciales a actores ilegalizados y marginalizados. El andamiaje conceptual permite leer de manera densa el caso empírico desarrollado en el apartado de discusión.
Metodología
Este trabajo utiliza un enfoque cualitativo basado en investigación documental para analizar cómo las disputas geopolíticas globales se traducen en la vigilancia de flujos tanto de mercancías como de personas en México. La estrategia metodológica es el estudio de caso (Soto Ramírez y Escribano Hervis 2019; Stake 2017; Gundermann Kröll 2004), centrado en de México como enclave y nodo del comercio informal vinculado a redes asiáticas de comercio y de movilidad internacional. Paralelamente, se incorporan fuentes hemerográficas y discursos oficiales que permiten vincular estas intervenciones con el endurecimiento simultáneo del control migratorio en fronteras y ciudades, entendiendo ambos frentes como parte de una misma lógica estatal de contención y negociación.
Para construir el análisis documental (Ocaña‑Fernández y Fuster‑Guillén 2021), se emplearon dos técnicas: la revisión hemerográfica (Paré y Kitsiou 2017) de prensa nacional e internacional, y una lectura de documentos oficiales bajo una perspectiva de análisis crítico del discurso (Van Dijk 2016) vinculados al comercio, la migración y la relación bilateral México-Estados Unidos. Las fuentes hemerográficas seleccionadas permiten construir una cronología de las intervenciones estatales mexicanas e identificar marcos discursivos que justifican estas medidas. Por otra parte, el análisis discursivo de fuentes oficiales sirvió para examinar cómo el Estado mexicano comunicó su posición en relación con las presiones estadounidenses y el comercio con China (Rodríguez Mega 2025), lo que facilita la lectura crítica del subtexto diplomático implícito en estas intervenciones.
La selección del caso mexicano en los ámbitos comercial y migratorio como unidades de análisis se funda en su visibilidad mediática y relevancia estratégica durante episodios clave de la tensión comercial entre México, China y Estados Unidos (Rosete 2024). Aunque el análisis profundiza en este enclave, se sostiene que Izazaga no es un caso aislado, sino que es representativo de un patrón más amplio de respuesta estatal frente a las presiones geopolíticas globales. Este patrón combina la vigilancia sobre nodos comerciales con redes transnacionales, y el endurecimiento simultáneo del control migratorio en fronteras, pasos y ciudades mexicanas. Mediante este se demuestra que ambos frentes funcionan como mecanismos complementarios para redistribuir el costo político de las disputas globales. Esto permite explorar la hipótesis implícita de que el entrelazamiento entre comercio, migración y política exterior toma forma concreta en acciones territoriales sobre espacios y poblaciones considerados periféricos o informales.
En términos de fuentes de información, el análisis se sostiene en un corpus hemerográfico y documental construido de manera intencional entre 2018 y 2025, a partir de buscadores en línea y de los archivos digitales de prensa nacional como Reforma, El Universal, La Jornada e Infobae; de medios internacionales como El País, BBC Mundo, y de revistas especializadas en política internacional. A ello se suman comunicados consultados en portales institucionales, conferencias y documentos oficiales de las secretarías de Economía, de Relaciones Exteriores, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, y el gobierno de Estados Unidos. Las notas periodísticas y documentos se seleccionaron de acuerdo con criterios de pertinencia temática; es decir, referencias explícitas a la Plaza Izazaga, al comercio de mercancías de origen asiático, a la imposición o amenaza de aranceles y al control migratorio en México. Además, se consideró su relevancia para reconstruir la secuencia temporal de operativos y decisiones de política comercial y migratoria vinculadas a la confrontación entre China y Estados Unidos.
El alcance de este trabajo se delimita a un estudio de caso intrínseco centrado en el corredor comercial de la Plaza Izazaga y su entorno inmediato en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Analíticamente, se concentra en la articulación entre comercio de mercancías de origen asiático, políticas de reordenamiento del espacio urbano y prácticas de control migratorio, sin pretender realizar generalizaciones empíricas más allá de este microescenario. Temporalmente, el análisis se acota al periodo 2018-2025, cuando se intensifican tanto la confrontación estratégica entre China y Estados Unidos como las intervenciones gubernamentales sobre el comercio callejero en la zona.
Resultados y discusión
La competencia entre China y Estados Unidos ha configurado la confrontación estratégica global y la forma en la que los Estados se adaptan al contexto internacional. La disputa se expresa en frentes como el comercio internacional, la innovación tecnológica, la inversión en infraestructura, y el control de rutas logísticas y flujos de datos (Allison 2017; Doshi 2021). Con la guerra comercial declarada por Trump en 2018, la rivalidad trasciende en el ámbito económico por la supremacía del orden mundial. La imposición de aranceles, la restricción a empresas chinas como Huawei y la presión sobre aliados estratégicos para contener la influencia de Pekín son parte de una lógica de desacoplamiento económico selectivo que va a configurar alianzas globales.
América Latina, y especialmente México, cuenta con una posición estratégica en esta disputa. China intenta incrementar sus inversiones en infraestructura, manufactura y comercio en la región, mientras que Estados Unidos ha redoblado esfuerzos para mantener su influencia a través de presiones diplomáticas y condicionamientos económicos (Campbell y Ratner 2018). México es un espacio bisagra, pues su economía está integrada al T-MEC, pero también es un destino atractivo para empresas de todo el mundo que buscan eludir las restricciones arancelarias impuestas por Estados Unidos (Gereffi 2025). México es un país de paso de productos, pero también de personas; el papel de México ante la competencia entre Pekín y Washington se manifiesta en políticas migratorias, comerciales y territoriales. El Estado mexicano gestiona de manera selectiva las presiones externas a través de concesiones estratégicas que eviten la confrontación directa y que, al mismo tiempo, den márgenes de maniobra para ambos socios.
La confrontación estratégica entre China y Estados Unidos no solo es una disputa comercial o tecnológica, sino un eje articulador de la geopolítica contemporánea. Desde la guerra comercial de 2018 a la carrera por el liderazgo en el desarrollo de inteligencia comercial, de la infraestructura 5G y nuevas rutas tecnológicas, la competencia entre ambas potencias redefine las alianzas, los acuerdos económicos y los márgenes de soberanía en regiones periféricas como América Latina (Riggirozzi y Tussie 2012; Heine, Fortin y Ominami 2025). Es un espacio disputado por sus recursos naturales, por el potencial de consumo y por la influencia simbólica y estratégica. La iniciativa de la Franja y la Ruta, o la nueva ruta de la seda, tiene eco en varios países latinoamericanos, lo que provoca inquietud en Washington, que responde con medidas de represión económica, condicionamiento en cooperación y discursos de seguridad hemisférica (Schulz 2021).
En ese escenario, México ocupa una posición ambigua y estratégica al ser socio clave del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); su margen de acción frente a China se encuentra condicionado por las reglas del comercio norteamericano. El país es receptor de inversiones asiáticas como parte del nearshoring propuesto por las medidas de relocalización industrial, lo cual produce tensiones diplomáticas como la presión estadounidense para limitar los vínculos comerciales con China. Esto recuerda a momentos históricos y a algunos postulados conceptuales como el de la autonomía relativa durante la Guerra Fría, en donde el gobierno mexicano maniobró entre dos polos de poder mediante diferentes estrategias comerciales, políticas y sociales (Ojeda Revah 2015; Meyer Cosío 2008).
El impacto comercial de esta confrontación se materializa en espacios urbanos y fronterizos ligados de manera temporal. En esos espacios la presión comercial se traduce en operativos aduaneros, restricciones a mercancías e inspecciones reforzadas, mientras se llevan a cabo políticas migratorias más severas, que buscan mantener alineadas las medidas de control al interés de seguridad de Estados Unidos. Estos flujos migratorios y comerciales se entrecruzan como dimensiones complementarias del orden geoeconómico.
La geografía que ocupa México le confiere un rol dualista en la arquitectura geopolítica regional, pues es la frontera sur de Estados Unidos y la parte umbral de América Latina. Esta ubicación es interpretada como un espacio bisagra (Caballero 2017) en el que convergen circuitos de mercancías, personas, capital y controles diferenciados, lo cual condiciona la política interior y exterior del país.
En el ámbito comercial, la firma del T-MEC ha consolidado al país como socio económico del norte global, lo que ancla sus políticas industriales y aduanales a los intereses de Estados Unidos. De forma paralela, México intensifica sus relaciones con China y otras economías asiáticas a través de diversas maneras, sobre todo mediante el comercio informal. El nearshoring y las zonas de importación triangulan fricciones con los compromisos norteamericanos de México (Gallagher 2016).
Entre 2018 y 2020 la política exterior de Estados Unidos hacia México combinó medidas comerciales punitivas con una narrativa antiinmigrante explícita. La administración de Trump usó la amenaza de los aranceles como una estrategia de presión directa. En mayo de 2019 anunció la imposición progresiva de tarifas a todas las importaciones mexicanas, si el gobierno mexicano no incrementaba su control sobre los flujos migratorios (Casillas y Paredes 2019). La estrategia mezcló herramientas económicas con condicionamiento migratorio que configuró una diplomacia coercitiva donde las fronteras y los acuerdos comerciales se convirtieron en instrumentos de negociación. El gobierno mexicano, al observar el posible riesgo a la economía mexicana, desplegó a la Guardia Nacional en sus fronteras y firmó compromisos de contención migratoria (Cárdenas Alaminos 2023; Hirschfeld Davis y Shear 2019).
El discurso antiinmigrante opera como una estrategia de legitimación de medidas coercitivas que posteriormente se vinculará con el comercio. Esta idea de descontrol permite al gobierno estadounidense ampliar la idea de amenaza demográfica y económica. Ante esta narrativa, México debe evaluar concesiones migratorias y económicas. Es otra razón por la que migración y comercio van de la mano: la estrategia de negociación coercitiva y la imposición de aranceles como amenaza de Estados Unidos aplica para el tema migratorio en un primer momento y para el tema comercial de manera posterior. A través de este frente de migración y comercio, el Estado mexicano administra las presiones geopolíticas a través de acciones simbólicas y mediáticas dirigidas a migrantes y comerciantes para distribuir el costo político de la confrontación entre China y Estados Unidos.
La Plaza Izazaga o México Mart se encuentra en José María Izazaga 89, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El edificio cuenta con 16 pisos y un promedio de 40 tiendas por piso. Un letrero español dice “México Mart”, pero un letrero en mandarín indica “Ciudad de Comercio Internacional de Yiwu, China” (Álvarez Torres 2024). Las autoridades realizaron operativos en marzo, julio y noviembre de 2024 para suspender las actividades del inmueble; en el de noviembre, denominado “operación limpieza”, se incautaron de unas 90 mil piezas de mercancía de distintas marcas y se anunció que se aplicaría la extinción del dominio (Rosete 2024). Tras meses de negociaciones, en marzo de 2025 la plaza reabrió con un modelo más regulado y un piso dedicado a artesanías mexicanas (Reyes Padrón 2025).
Antes del cierre de Izazaga 89 se vendían artículos como ropa, electrónicos, accesorios y juguetes de origen chino a precios bajos. El edificio sirve como macroplaza y nodo de distribución para comercio formal e informal; los administradores son chinos y sus empleados en su mayoría son migrantes hondureños, venezolanos, o colombianos que reciben pagos en efectivo y trabajan sin contrato ni prestaciones (Álvarez Torres 2024). El mercado se extiende por varias plazas: Izazaga 38, de 12 pisos; Izazaga 151, de 5 pisos, y Flamencos, de 9 pisos, todas con rótulos en chino y especializadas en electrónica y textiles.
Los actores involucrados por parte de los administradores son comerciantes chinos asentados en plazas mexicanas provenientes de Zhejian, provincia donde se encuentra la ciudad de Yiwu. Entre los trabajadores latinoamericanos contratados en la informalidad, existen redes de diableros o cargadores que suelen ser mexicanos o migrantes que mueven la mercancía entre bodegas y puestos. La plaza cuenta con vigilancia privada y presencia de la Policía Bancaria Industrial (Álvarez Torres 2024).
La Plaza Izazaga es un enclave urbano que refleja las dinámicas de circulación de mercancías de origen chino a través de circuitos de comercio estructurados; es poco clara la línea de la legalidad o la ilegalidad. La ambivalencia legal, permite comprender este enclave como un marco gris, donde el Estado mexicano instrumentaliza la situación dependiendo de sus necesidades globales y locales. Su configuración material expresa las transformaciones del capitalismo global en contextos urbanos periféricos y es un escenario de tensiones crecientes entre China y Estados Unidos; su visibilidad pública y política crecen como un blanco de operativos que revelan una lógica estatal de vigilancia económica. Este enclave es ejemplo de una plataforma que territorializa conflictos comerciales y decisiones de política exterior que se implementan a través de intervenciones concretas sobre espacios considerados informales o periféricos (Lins Ribeiro 2009).
El gobierno mexicano adopta una lógica de seguridad pública, regulación comercial y control migratorio para enfrentar las amenazas comerciales y financieras con las que amenaza el gobierno de Donald Trump. El 28 de noviembre de 2024, las secretarías de Marina, de Seguridad Ciudadana y de Economía realizaron la Operación limpieza con la que decomisaron miles de productos considerados ilegales en Izazaga 89, valorados en 7 millones de pesos, y solicitaron la extinción del inmueble.
Esta movilización ocurrió por las denuncias colocadas ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) por empresas como Disney, Marvel y Nintendo, por la venta de productos asiáticos sin licencias para el uso de marcas y personajes (Santiago 2024). Las autoridades justificaron operativos en nombre de la legalidad y la defensa de la industria mexicana. Marcelo Ebrard, de la Secretaría de Economía, afirmó que la operación aseguró a cuarto de millón de productos provenientes de Bangladesh, China, Malasia y Vietnam. En ese contexto, incluso el secretario Ebrard ironizó sobre el tema. Negó la relación contextual comercial: “Ya parece que Trump me va a decir: ‘Oye, I am very worried with the China place in Mexico City in Izazaga’. No no me dijo eso” (El Financiero 2024). Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) informó que colocó sellos a un local ubicado dentro del complejo comercial por incumplir con la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Norma Oficial Mexicana NOM-024-2013 Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos, por tener productos con información solo en inglés y no en español (Carrasco 2025).
Desde el marco propuesto, Izazaga puede leerse como un enclave comercial transnacional y un nodo geoeconómico donde convergen flujos de mercancías de origen chino, redes de intermediación local y trabajo migrante en condiciones de informalidad regulada. Se trata de un ejemplo de globalización desde abajo, pues la circulación de mercancías asiáticas se sostiene en actores periféricos como comerciantes callejeros, cargadores y trabajadores migrantes, más que en grandes corporaciones visibles (Lins Ribeiro 2010; Mathews 2012). Al mismo tiempo, la plaza funciona como un ensamblaje multiescalar: decisiones tomadas en la escala geopolítica de la confrontación China-Estados Unidos se traducen en inspecciones locales, amenazas de extinción de dominio y reordenamientos urbanos que reconfiguran el uso del espacio y las condiciones de (in)movilidad laboral que viven quienes trabajan ahí (Brenner 2004; Swyngedouw 2004).
En este sentido, Izazaga no es solo un mercado “problemático” que opera en una frontera difusa entre legalidad e ilegalidad. Es un enclave donde se articulan comercio informal, migración y control territorial, tal como lo sugiere la literatura sobre enclaves comerciales chinos y economías urbanas periféricas en América Latina (Lins Ribeiro 2012; Alba Vega 2012). Su visibilidad mediática y política la convierten en un blanco privilegiado para la acción estatal, lo que permite observar cómo las tensiones geoeconómicas entre China y Estados Unidos se materializan en intervenciones concretas sobre un espacio urbano considerado informal y prescindible.
El discurso se centró en la antipiratería y la protección a la industria mexicana (Rosete 2024). Sin embargo, algunos especialistas como el politólogo de la UNAM Marco Arellano y Gustavo López Montiel cuestionan la Operación Limpieza. Se preguntan ¿cómo entraron esos productos? ¿Quién maneja las aduanas? ¿Qué ocurre con los productos de Tepito, Plaza Meave y San Juan de Letrán, y los tianguis repartidos por toda la capital? (Santiago 2024). Es una decisión política que parece generar una narrativa de cumplimiento de la ley. La Operación Limpieza busca enviar un mensaje a Estados Unidos, cuyo presidente amenazó con imponer aranceles si México no pone alto a las importaciones chinas y al tráfico de drogas (Santiago 2024).
Leída desde la geopolítica crítica, la Operación Limpieza no es solo un operativo técnico para combatir la piratería, es una intervención selectiva sobre un enclave visible de comercio chino que permite al Estado mexicano producir una imagen de firmeza frente a la ilegalidad, mientras preserva los pilares estructurales de su relación económica con Estados Unidos. Desde el concepto de autonomía relativa, puede entenderse como una concesión estratégica. El gobierno mexicano dirige la sanción hacia un espacio comercial periférico y fácil de estigmatizar, lo que redistribuye los costos simbólicos y materiales de la confrontación China-Estados Unidos sobre comerciantes y trabajadores con escasa capacidad de respuesta política, al mismo tiempo que evita tensar de manera frontal los compromisos adquiridos en el T-MEC (Ojeda Revah 2015). De esta forma, la plaza opera como escenario donde se escenifica el cumplimiento de la legalidad y la defensa de la industria nacional, pero también como un dispositivo de gestión diplomática, en el que la represión económica se concentra en un enclave menor para mantener abiertos otros canales de intercambio más estratégicos.
En el caso de la contención migratoria mexicana, aunque se reconocen registros sobre la participación de personas migrantes en el comercio informal (Álvarez Torres 2024), este texto no pretende analizar las trayectorias laborales dentro de espacios como la Plaza Izazaga. Se propone, más bien, una lectura de la situación estructural de la migración como una variable gestionada por el Estado mexicano en su posicionamiento geopolítico. Desde 2019, el gobierno mexicano activó estrategias de contención territorial, ante las medidas implementadas por Estados Unidos como la amenaza al gobierno mexicano de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas (Isacson, Meyer y Morales 2014; Shear, Swanson y Ahmed 2019). Estas medidas implicaron que se desplegara la Guardia Nacional en puntos fronterizos y se reforzaran dispositivos de control a través de procesos de ilegalización (De Genova 2024; Torre Cantalapiedra 2020).
Estas políticas migratorias pueden leerse como parte del mismo patrón de fronterización internalizada que recorre el territorio mexicano. Se refuerzan los controles en las fronteras interestatales, así como se habilitan enclaves de (in)movilidad en ciudades y espacios comerciales, donde la espera, la precariedad laboral y la ambigüedad jurídica funcionan como tecnologías de gobierno sobre poblaciones migrantes (Ferreira Scavitti y Montoya 2023; Heins 2025). La presencia de personas migrantes que trabajan en el comercio informalizado de Izazaga no es una simple coincidencia laboral, pues forma parte de una tolerancia estratégica a la movilidad. En esta, el Estado permite su inserción económica en condiciones desventajosas y, al mismo tiempo, mantiene la posibilidad de sancionarlos o expulsarlos en función de las necesidades de negociación con Estados Unidos (Scheel 2019; Natter, Norman y Stel 2023). En este sentido, Izazaga constituye un nodo donde se cruzan las lógicas de contención migratoria y de globalización desde abajo, lo que refuerza la idea de que comercio y migración son frentes complementarios de la gestión estatal de la confrontación geoeconómica entre China y Estados Unidos.
La articulación de estas políticas migratorias busca que los costos de presión diplomática y económica se redistribuyan hacia actores con menor capacidad de negociación, en el caso de migrantes en tránsito. En el caso mexicano no solo se contienen flujos migratorios para complacer a su vecino del norte, también se negocia su rol regional como proveedor de mano de obra internacional (Sandoval Palacios 2004) y regulador de flujos laborales informales a través de un uso simbólico de soberanía.
Desde una lectura de economía política global, el caso de la Plaza Izazaga permite precisar quiénes ganan y quiénes pierden en la actual reconfiguración geoeconómica. Mientras las grandes empresas que operan en las cadenas de suministro entre China, México y Estados Unidos conservan márgenes de maniobra y capacidad de negociación, los costos de la confrontación se desplazan hacia actores situados en posiciones subalternas, como comerciantes mayoristas y minoristas de plazas comerciales, trabajadores precarizados y parte de la población migrante que participa en estas redes de distribución. El Estado mexicano ocupa una posición intermedia, obtiene beneficios acotados en forma de inversiones, estabilidad macroeconómica y reconocimiento como socio estratégico, pero lo hace a través de una gestión selectiva de las presiones externas, que combina gestos de firmeza comercial en enclaves visibles como Izazaga con el reforzamiento de su papel como frontera de contención migratoria de Estados Unidos. De este modo, la geopolítica crítica, la economía política global y la gobernanza de las migraciones se enlazan en un mismo plano analítico, y muestran cómo un enclave urbano comercial condensa desigualdades estructurales y distribuye de forma asimétrica los riesgos y las oportunidades de la confrontación entre potencias.
Conclusiones
La investigación permite comprender cómo a través de una estrategia de cooperación coercitiva el gobierno estadounidense ejerce presión hacia el gobierno mexicano con la amenaza de imponer aranceles. México responde a esa confrontación con políticas que regulan el movimiento de personas y de productos. En ambos casos el gobierno mexicano monta un discurso de control territorial que le otorga un margen de maniobra ante Washington.
En el caso de la Plaza Izazaga se observa cómo el discurso mexicano se justifica con acciones contra la piratería, la protección a la industria mexicana y a los derechos de autor. La Plaza Izazaga no se extinguió, como postulan las autoridades mexicanas, fue utilizada como un escenario mediático que le permitió adquirir un espacio para productores de artesanías mexicanas. Se encontró una posible beta de investigación etnográfica al observar que migrantes de todo el mundo trabajan en los comercios chinos. Aunque existe una relación entre estos temas la investigación, en este trabajo se demuestra que comercio y migración están unidos al ser monedas de cambio frente al gobierno estadounidense.
La política exterior de México se entiende en el artículo como un posicionamiento de equilibrio pragmático frente a la confrontación estratégica entre Estados Unidos y China, que combina la retórica de la diversificación de alianzas con una fuerte dependencia económica y securitaria respecto de su vecino del norte. Este marco se traduce, a escala local, en decisiones concretas sobre la regulación del comercio de mercancías de origen chino, el uso del espacio urbano y el control de la movilidad migrante, que reconfiguran la Plaza Izazaga como un microescenario donde se materializan tensiones geopolíticas globales. Así, las dinámicas observadas en la zona no se explican solo por la lógica de la economía informal o por políticas urbanas aisladas, sino como efectos territoriales de una política exterior que busca conciliar las presiones arancelarias y de seguridad de Estados Unidos con la creciente presencia comercial china. Esta articulación permite vincular de manera explícita los marcos conceptuales propuestos sobre geopolítica, producción del espacio urbano y control de la movilidad con las prácticas y conflictos que se desarrollan en la Plaza Izazaga.
En el apartado conceptual se encuentra la oportunidad de desarrollar la noción de enclave comercial transnacional y el proceso de producción de legalidad e ilegalidad. Aunado a ello, quedan algunas dudas para investigaciones venideras como ¿cuál es la dinámica de las personas migrantes que trabajan dentro del comercio informalizado, en especial en la Plaza Izazaga? ¿Qué ocurre con los productos artesanales que se venden en la Plaza Izazaga?, ¿serán objeto de la apropiación cultural indebida?
