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1. Introducción
La intensificación de la competencia estratégica entre China y Estados Unidos (EE. UU.) está transformando aceleradamente el orden internacional actual. El ascenso tecnológico y económico de China y la respuesta proteccionista y securitizada estadounidense se transforman en un punto crítico para América Latina. La región debe gestionar las influencias políticas de los dos países y evitar alinearse para poder arbitrar dentro del marco de la transición de poder entre ambos hegemones. Mientras que administraciones estadounidenses anteriores buscaron contrarrestar la influencia de Beijing con estrategias menos confrontativas, la segunda administración del presidente Donald Trump adoptó un enfoque más conflictivo que incluyó la amenaza repetida y la aplicación de aranceles, sanciones, e incluso presencia y acciones militares en el Caribe en medio de las crecientes tensiones con Venezuela. Esta disputa está cambiando la política exterior de los estados latinoamericanos que se manifiesta de forma concreta en sectores estratégicos como infraestructura, tecnología y seguridad. Es allí donde se entrecruzan intereses geopolíticos, dependencias estructurales y márgenes de maniobra diferenciados. Para la región, este momento plantea el dilema de cómo gestionar la creciente gravitación económica del gigante asiático y el rol histórico de EE. UU. en la seguridad regional sin caer en alineamientos rígidos.
Análisis recientes como el de Hirst et al. (2024) han caracterizado la situación actual como un orden internacional sin hegemonías, que resulta en un escenario fragmentado que podría ampliar las opciones estratégicas de los países de la región. Este artículo dialoga críticamente con esa interpretación. Si bien reconocemos que la ausencia de una única hegemonía clara puede generar oportunidades de maniobra, argumentamos que, en sectores estratégicos específicos, la rivalidad sino-estadounidense tiende a constreñir esos márgenes.
En este trabajo combinamos la teoría de la transición de poder, para examinar los cambios en la estructura del orden global y la literatura sobre estrategias de cobertura (hedging), para analizar la agencia de los Estados latinoamericanos. En este sentido, mostramos que la competencia entre grandes potencias se traduce en presiones selectivas y condicionalidades que limitan las opciones de política exterior de la región, aun en un contexto formalmente no hegemónico que parece caracterizarse más por dos hegemonías en pugna.
Sin embargo, debe entenderse que el espacio para que América Latina ejerza su agencia está marcado por un espacio desigual para cada sector que se investiga. Por ello, la pregunta de investigación que guía este estudio es: ¿Cómo se manifiesta la disputa estratégica entre China y EE. UU. en América Latina y cuáles son sus implicaciones para las estrategias de cobertura de la región? Nuestro objetivo es analizar a nivel sistémico, con la teoría de la transición de poder, cómo la redistribución del poder global está reconfigurando el margen de maniobra para los países latinoamericanos, y cómo estos países responden a la redistribución del poder con la teoría de cobertura; en enfocamos en las estrategias de política exterior de varios países de la región en tres sectores específicos.
El artículo está organizado de la siguiente manera. En la próxima sección examinamos la teoría de la transición de poder y el debate sobre la cobertura o hedging. Luego detallamos la metodología utilizada y los casos elegidos. A continuación, presentamos el examen empírico sobre los tres casos que abordan temas de infraestructura crítica, seguridad y tecnología, para ver cómo se han implementado estrategias de cobertura desde varios países de la región. Finalmente, ofrecemos reflexiones finales sobre el análisis comparativo.
Teoría de transición de poder
La teoría de la transición de poder, formulada por Organski (1958, 328-329), constituye una de las propuestas clásicas del análisis de las relaciones internacionales sobre la dinámica entre una potencia dominante y otra emergente. Este autor parte de la idea de que el sistema internacional posee una jerarquía estructurada de manera tal que una potencia hegemónica ocupa la cúspide y otros Estados se sitúan en niveles subordinados, con capacidades relativamente menores. Cuando una potencia emergente se acerca a la paridad con la potencia dominante, y si además se encuentra insatisfecha con el orden internacional, la probabilidad de conflicto global o de gran guerra se incrementa. En este marco, la transición de poder se da cuando la potencia emergente alcanza o supera el nivel de la potencia hegemónica, lo que supone una alteración de la jerarquía y genera una fase de inestabilidad sistémica (Lai 2011; Koch 2021).
Para Organski, el peligro mayor no está en una distribución equitativa de potencias, sino en el proceso de aproximación del retador, o retadores, a la hegemonía. Aplicado al caso de la relación entre China y EE. UU., el argumento sugiere que, al crecer económica y militarmente, el país asiático está en el proceso de desafiar a la hegemonía estadounidense, lo que implicaría un mayor riesgo de conflicto o al menos de reordenamiento global (Kai 2016). Autores como Kim y Gates (2015) señalan que, si bien Organski predijo el ascenso de China, él mismo también adoptó una postura más moderada frente a la inevitabilidad del conflicto grande entre China y EE. UU. Por su parte, Yilmaz y Wang (2019) proponen que la transición de poder entre China y EE. UU. no encaja del todo en el esquema clásico de Organski (1958, 321), ya que China no necesariamente adopta, de manera abierta, una postura revisionista del orden, sino que parece funcionar dentro del sistema existente.
En esta línea, cabe destacar que uno de los elementos centrales de la teoría -la insatisfacción del poder emergente con el orden vigente- es variable, por lo que la transición de poder no se reduce a la mera paridad de capacidades, sino que exige un análisis de aspectos cualitativos, como la intención, la insatisfacción y el contexto estratégico. Así, por ejemplo, Zhao (2025) argumenta la ausencia de un contexto de transición de poder entre China y EE. UU. en la región del Medio Oriente, pues, si bien China incrementa su presencia, su grado de insatisfacción con el orden norteamericano es bajo, mientras que EE. UU. conserva capacidad y voluntad para ejercer su papel dominante.
A partir de lo anterior, se pueden identificar tres líneas analíticas centrales para comprender el tránsito de poder entre China y EE. UU. Primero, la cuestión de la paridad de capacidades, que constituye el “umbral” señalado por Organski (1958). Si bien China ha registrado un crecimiento económico acelerado, avances significativos en modernización militar y un papel creciente en la provisión de ciertos bienes públicos globales, los indicadores comparativos muestran que EE. UU. mantiene ventajas relativas importantes -por ejemplo, en redes de alianzas, bases militares globales y capacidades tecnológicas-, lo que sugiere que la fase de aproximación a la paridad aún no se ha alcanzado plenamente y que el ritmo de la transición continúa siendo más gradual de lo que anticiparía el modelo clásico (Zhao 2025). Una segunda línea analítica es el grado de insatisfacción de la potencia emergente respecto al orden vigente. La literatura reciente subraya que la insatisfacción no es una variable fija, pues China muestra actitudes mixtas, colabora con instituciones internacionales existentes, al tiempo que desarrolla iniciativas propias, lo que genera ambigüedad sobre si su comportamiento puede considerarse “revisionista” en el sentido clásico (Yilmaz y Wang 2019).
Finalmente, la tercera línea corresponde a las condiciones de intención y oportunidad para desafiar la hegemonía. La transición tampoco depende solo de capacidades acumuladas, sino de la existencia de intención y oportunidad para disputar la hegemonía. En algunos ámbitos, esta transición no se está materializando debido a la ausencia de voluntad estratégica o a restricciones regionales que dificultan el desafío frontal (Zhao 2025).
Por ello, cabe subrayar que la posibilidad de conflicto sistémico entre China y EE. UU. se encuentra condicionada por la naturaleza del orden internacional y por los márgenes de maniobra de China dentro del sistema. En ese marco, si China se siente funcionalmente satisfecha con el sistema, o le resulta menos costoso acomodarse que desafiar, entonces la transición puede ser menos violenta, o incluso pospuesta. Este punto es importante, porque la literatura reciente apunta a que China no actúa como un desafiante descarado del orden, sino más bien como un actor que busca esferas de influencia sin romper radicalmente las instituciones dominadas por EE. UU.
No obstante, la sola lógica de paridad de capacidades resulta insuficiente para explicar escenarios de estabilidad prolongada sin conflicto, por lo que es pertinente incorporar la teoría de estabilidad hegemónica. En la formulación clásica de Gilpin (1981), esta teoría parte de la premisa de que un sistema internacional estable requiere la existencia de una potencia hegemónica que disponga de la capacidad y, sobre todo, la voluntad de aportar bienes públicos globales -como seguridad, apertura de mercados, estabilidad financiera-, y de imponer o facilitar las reglas del orden. En ese sentido, el declive o retirada de la hegemonía generaría un vacío estructural, que podría desembocar en inestabilidad, guerras o la emergencia de un orden multipolar menos regulado (Clark 2011; Schutte 2021).
Aplicada al caso de China y EE. UU., la lectura de la estabilidad hegemónica sugiere que la persistencia del orden liderado por el país norteamericano está condicionada por su capacidad para mantener sus prerrogativas hegemónicas, por la disposición y capacidad de China como potencia emergente de sustituir o complementar ese liderazgo, y por la disposición del país asiático -e incluso de otros Estados- para operar dentro del sistema hegemónico o reconfigurarlo. Esta perspectiva se conecta con la premisa señalada por Organski, debido a que, si China se siente funcionalmente incorporada al orden que EE. UU. lidera, la violencia sistémica puede moderarse o dilatarse.
La teoría de la estabilidad hegemónica examina que la provisión de bienes públicos globales implica costos crecientes y estructuralmente difíciles de sostener para la hegemonía (Gilpin 1981, 144-145). Cuando los costos crecen más que los beneficios, y la hegemonía se ve erosionada -ya sea por competidores emergentes o por el agotamiento interno-, el sistema entra en riesgo de desequilibrio (Kindleberger 1973). Esto es lo que Schutte (2021) ha denominado el “dilema de Gilpin”, o el enfrentamiento de altos costos en el sostenimiento del orden mundial por parte de EE. UU., a la vez que el ascenso de China limita su margen de maniobra.
La noción de la “trampa de Kindleberger” complementa esta perspectiva, pues aquí se advierte que el problema no es solo la competencia abierta, sino que en este marco de pugna las potencias involucradas en tensiones hegemónicas no suministran bienes públicos globales, particularmente porque esta competencia inhibe la capacidad, o la atención, de las potencias a proveer de dichos bienes (Nye 2017; Gaudreault y Duchesne 2022).
En efecto, el orden internacional puede quedarse sin liderazgo, lo que genera inestabilidad sin necesidad de guerra entre potencias. En el caso China-EE. UU., esta lectura sugiere que un riesgo clave es que la primera, aun sin retar frontalmente al sistema, pueda no estar interesada o no estar capacitada para asumir el liderazgo hegemónico, y que EE. UU. podría ya estar menos dispuesto a aportar los bienes públicos que antes.
En diálogo con la teoría de transición de poder, la teoría de estabilidad hegemónica permite matizar que la transición no implica necesariamente un enfrentamiento inmediato, sino que depende del grado en que China esté satisfecha con el sistema, y del margen que EE. UU. conserve para seguir siendo la hegemonía. Si China optara por acomodarse -por ejemplo, participando en las instituciones existentes, suministrando parcialmente bienes globales o ampliando su influencia de forma incremental-, entonces el mecanismo de estabilidad hegemónica podría prolongarse más allá de lo anticipado. De hecho, en otros estudios se ha observado que China ha participado de manera activa en el suministro de la infraestructura internacional, y ha mostrado cierto grado de aceptación del orden internacional liberal, lo que refuerza la hipótesis de que no actúa como un desafiante radical (Tzili-Apango 2016, 2019).
No obstante, esta estabilización flexible no elimina completamente el dilema de la hegemonía. Si EE. UU. ya no está dispuesto o es incapaz de asumir el coste de liderar, el orden se debilita. Si China no está dispuesta o capacitada para sustituirlo, se abre un interregno de liderazgo y vulnerabilidad (Estenssoro-Saavedra 2023). Si China crece, pero el orden que propone difiere del encabezado por EE. UU., podría generarse una transición más abrupta. Estudios críticos señalan que la teoría tradicional de la estabilidad hegemónica subestima la interdependencia económica, las redes institucionales transnacionales y los poderes no estatales -aspectos cruciales para el análisis de la era China-EE. UU.- (McKeil 2025).
El hecho de que China siga dependiendo del mercado norteamericano, que EE. UU. continúe teniendo una sólida red de alianzas globales, y que ambos estén interrelacionados comercial y financieramente, sugiere que la estabilidad hegemónica (o, al menos, la prolongación del orden existente) está siendo favorecida. De hecho, una lectura más optimista podría ser que el sistema pueda reinventarse bajo la dirección estadounidense o compartida, sin una guerra hegemónica abierta. Pero, al mismo tiempo, si EE. UU. reduce sus contribuciones al orden mundial (como ya ha sucedido, por ejemplo, con la retirada de Washington de los Acuerdos de París sobre el cambio climático y de la Organización Mundial de la Salud) y China no las reemplaza, o lo hace de manera distinta, la “trampa de Kindleberger” se manifiesta; el riesgo de desorden sistémico se eleva.
Estrategias de cobertura o hedging
Así como a nivel sistémico nos encontramos inmersos en este momento de interregno característico de esta etapa de transición de poder, resulta necesario pensar de qué manera los países latinoamericanos navegan las aguas de esta etapa. Para ello la teoría de hedging, o cobertura, ayuda a analizar las respuestas de los países de la región y su ejercicio de agencia en un contexto que restringe los márgenes de maniobra.
Esta teoría nace en el Sudeste Asiático, ya que esta región es un ejemplo de comportamiento de cobertura que ha experimentado una distribución difusa del poder y ha convivido con la ausencia de una única potencia hegemónica regional dominante al enfrentar múltiples influencias externas que caracterizarían los enfoques contemporáneos de la rivalidad entre EE. UU. y China (Sims y Tseen Fun Lee 2025). Fue así que en Asia los académicos rápidamente descubrieron que la rígida teoría binaria del equilibrio de amenazas entre balance y alineamiento no era suficiente para comprender las sofisticadas estrategias intermedias observadas en regiones como el Sudeste Asiático. En este sentido, Tessman y Wolfe (2011) señalan que la cobertura estratégica amplía la lógica de la teoría tradicional del equilibrio de poder para dar cuenta de una gama más amplia de comportamientos en política exterior.
Por ello, esta teoría resulta útil para analizar de qué manera la competencia entre EE. UU. y China se despliega en América Latina, donde los países implementan diversas estrategias para recalibrar sus políticas exteriores. Sobre todo porque la región ha sido históricamente influenciada por EE. UU., pero en los últimos 20 años, la creciente influencia de China de la mano del comercio y la inversión en infraestructura desafía la histórica supremacía estadounidense. Esta situación modifica el cálculo estratégico de los países de América Latina que actualmente buscan como extraer beneficios de los dos poderes volviendo al comportamiento de hedging más oportuno.
Kuik (2021, 301) señala que el término hedging se introdujo en las relaciones internacionales en los noventa, cuando se lo comenzó a usar para “describir el comportamiento de un Estado que adopta una posición intermedia entre las dos estrategias directas de equilibrio y ‘seguimiento de la corriente’, mostrando una combinación de elementos de participación selectiva, resistencia limitada y deferencia parcial” (Kuik 2021, 301). A pesar de ser un concepto inicialmente pensado para los estados del Sudeste Asiático, el concepto de hedging resulta útil para analizar cómo enfrentan distintos países latinoamericanos este momento de transición de poder.
Kuik (2021, 302) define a la cobertura como
un comportamiento de búsqueda de protección con tres atributos: (a) la insistencia en no tomar partido ni alinearse rígidamente; (b) los intentos de implementar medidas opuestas o contradictorias para mitigar múltiples riesgos en diversos ámbitos (seguridad, político y económico); y (c) la inclinación a diversificar y cultivar una posición de respaldo.
Mientras que González Pujol (2024, 193) define a la cobertura como “una estrategia integral de política exterior que combina enfoques competitivos y cooperativos y se utiliza para gestionar intereses nacionales en pugna en condiciones de incertidumbre sobre la futura distribución del poder”.
En este escenario, la teoría de cobertura resulta útil para analizar algunas de las estrategias que se han implementado recientemente en la región, donde los Estados combinan opciones de balanceo y alineamiento. Estas acciones de cobertura han llevado a los países latinoamericanos a buscar relaciones con ambas potencias para evitar alineamientos rígidos. Como señalan Zelicovich y Actis (2025), hay diversas expresiones del rango de opciones que comprende el ejercicio de cobertura; entre ellas puede mencionarse el no alineamiento activo (Fortín et al. 2021), el pragmatismo económico (Bloomfield 2016) y el multialineamiento (Klingebiel 2023).
Sin embargo, para Kuik (2021, 302-303), la cobertura es un tipo de comportamiento relacionado con el alineamiento, en tanto los Estados se posicionan entre dos poderes en competencia, navegando en un amplio rango de riesgos en un orden internacional anárquico caracterizado por el interregno de la transición de poder. Por ello, se debe entender a la cobertura en la región como la habilidad de los Estados para navegar la competencia estratégica entre China y EE. UU.
Podría pensarse que América Latina ha estado bajo la influencia regional hegemónica de EE. UU. y que, por eso, tiene poca capacidad de ejercer estrategias de cobertura, ya que la trayectoria hegemónica de EE. UU. en la región a lo largo del siglo XX podría implicar que no habría mayor margen de maniobra para ejercer estrategias de cobertura. Sin embargo, desde inicios del siglo XX la región latinoamericana desafía la idea de ejercicio de hegemonía regional por parte de EE. UU., lo cual muestra que varios países han implementado con éxito una diplomacia de doble vía, estableciendo relaciones económicas con China al mismo tiempo que han sostenido sus vínculos de seguridad con EE. UU. (González Pujol 2024).
Como señalan Landaburo y García-Sanz (2024, 16), las estrategias de cobertura aparecen cuando los Estados secundarios tienen simultáneamente incentivos y desincentivos para cooperar con la potencia principal. Los países, al ser presionados e incentivados en direcciones opuestas para cooperar, combinan un conjunto de políticas mixtas que a veces profundizan la cooperación con la potencia principal o hegemón regional y otras veces se distancian de esta preservando espacios de no alineamiento y autonomía. (Lim y Mukherjee 2019, 8 en Landaburo y García-Sanz 2024).
Sims y Tseen Fu Le (2025) señalan que solo un puñado limitado de países en la región latinoamericana han sido capaces de ejercer estrategias de cobertura. Argumentan que aquellos países que han ejercido una cobertura exitosa cuentan con una capacidad de estado robusta, gozan de estabilidad política y tienen fundamentos macroeconómicos resilientes. En este sentido, los autores, a través de la construcción de un índice de cobertura que combina como principales variables el comercio bilateral de mercancías entre los países latinoamericanos con China y EE. UU. y las importaciones de armas desde ambos poderes, encuentran que dos de los países más exitosos en su ejercicio de cobertura son Panamá y Uruguay. El resto de los países tiene una fuerte dependencia militar de EE. UU. que se refleja en que la región obtiene más del 99 % de sus principales armas de Washington o sus aliados, lo que limita el margen de cobertura para estos países (Sims y Tseen Fun Li 2025, 19).
Por ello, en las secciones empíricas exploramos las diversas estrategias de cobertura ejercidas por países latinoamericanos en distintos temas que consideramos fundamentales para entender de qué manera los países latinoamericanos han navegado este periodo de transición de poder mundial.
Metodología
Esta investigación es de naturaleza cualitativa y comparativa. Los tres casos elegidos ilustran cómo diferentes países de América Latina han empleado la cobertura para responder a la rivalidad entre EE. UU. y China. Perú, Brasil, México y Ecuador comprenden los cuatro países en la selección debido a sus diversas configuraciones de inserción internacional, capacidades estatales y patrones de compromiso con ambas potencias, lo que permite una gran variación empírica en las estrategias de cobertura de la región. Notablemente, los sectores seleccionados comprenden una mezcla de infraestructura estratégica, como puertos, tecnología 5G, y seguridad y defensa. Es precisamente en estas áreas donde la competencia sino-estadounidense se manifiesta más visiblemente y tiene importantes implicaciones para América Latina.
Perú, en particular, refleja la manifestación más destacada del avance del poder chino en la infraestructura regional, sobre todo el megaproyecto del Puerto de Chancay, que remodela las rutas marítimas y genera respuestas de seguridad en EE. UU. Por otro lado, Ecuador es elegido por su carácter ilustrativo sobre el análisis de seguridad y defensa en general, ya que se unen dos dinámicas clave: la expansión previa de la cooperación tecnológica china a través del sistema de seguridad ciudadana ECU-911, y las respuestas de EE. UU. al reabrir programas de seguridad, patrullas conjuntas y negociaciones de infraestructura militar.
Por último, Brasil y México son los dos mayores mercados digitales de América Latina, y se convierten en los casos en los que el impulso de despliegue del 5G adquirió mayor importancia estratégica. Brasil, con cierta autonomía y una política exterior cambiante, es un caso paradigmático de cobertura tecnológica, mientras que México, en estrecha asociación con EE. UU., enfrenta restricciones estructurales que condicionan las elecciones en el ámbito digital.
Estudios de caso
Infraestructura estratégica: Puerto de Chancay
En la actual fase de competencia estratégica entre EE. UU. y China, las infraestructuras portuarias y los corredores logísticos cobran central importancia como instrumentos de aseguramiento hegemónico de espacios globales. Como se explicó, la teoría de la estabilidad hegemónica sostiene que un poder dominante -históricamente, EE. UU.-mantiene un orden internacional estable al proveer bienes públicos globales que facilitan el libre comercio, la seguridad marítima y la cooperación internacional.
En este sentido, cuando China invierte en la infraestructura portuaria de América Latina, como en el megapuerto de Chancay en Perú, aparece el doble efecto de, por un lado, reforzar la infraestructura logística global -clasificable como un bien público global “intermedio‑complementario” (infraestructura que habilita otros bienes públicos) (Tzili Apango 2019)- y, por otro lado, desafía indirectamente la esfera de influencia de EE. UU., generando tensiones en la narrativa de seguridad estadounidense. Esto último sería resultado de lo que Herrera (2019) denomina “poder infraestructural”.
El proyecto del puerto de Chancay, liderado por la empresa china COSCO Shipping Ports, que adquirió el 60 % del capital junto con la empresa peruana Volcan, sitúa a Perú como puerta del Pacífico hacia Asia y conecta América del Sur con rutas marítimas asiáticas. En conjunto con el desarrollo del corredor bioceánico o marítimo‑Pacífico, esta obra revela cómo China apoya una lógica de provisión de infraestructura estratégica que trasciende lo meramente bilateral, enmarcando a la región latinoamericana en sus ambiciones logísticas globales. Cabe recordar que, tan solo en América Latina y el Caribe, China ha participado en la construcción de más de 30 puertos de aguas profundas (Ziemer, Han y Powers-Riggs 2025).
Desde la teoría de la estabilidad hegemónica, la infraestructura logística puede entenderse como un bien intermedio que facilita beneficios transnacionales, como el libre comercio y la conectividad. En este sentido, la inversión china en proyectos como el puerto de Chancay no busca reemplazar la hegemonía estadounidense, sino insertarse funcionalmente en un sistema que aún le resulta útil. Este matiz conduce al entrelazamiento con la teoría de la transición de poder, la cual infiere que una potencia emergente (China) podría eventualmente desafiar la hegemonía existente (EE. UU.). Sin embargo, en el caso de la infraestructura logística latinoamericana, China parece satisfecha funcionalmente con el sistema de libre comercio y de globalización económica que el mismo EE. UU. estableció. Más bien, lo que entra en tensión es la reacción estadounidense. A decir de Maiza-Larrarte y Bustillo-Mesanza (2025), China erosiona parcialmente el poder estadounidense en la región, aunque todavía está lejos de reemplazarlo.
En este sentido, China opera dentro del orden, mientras que EE. UU. percibe que ese orden cambia y que corredores alternativos pueden erosionar su posición estratégica.
Precisamente, la narrativa de seguridad marítima estadounidense se ha articulado a partir de estos cambios infraestructurales. Según Ziemer, Han y Powers-Riggs (2025), China ha comprado, financiado y construido puertos clave en América Latina, lo que le ha permitido penetrar las redes de comercio marítimo y acercarse a la zona de influencia estadounidense. Esto ha provocado la alarma en Washington, no porque China esté necesariamente construyendo una base militar, sino porque está configurando corredores logísticos alternativos que podrían reducir la relevancia o accesibilidad de los ejes tradicionales dominados por EE. UU., como el canal de Panamá, el Atlántico norte o los puertos de la costa este de EE. UU. Esto coincide con la literatura que señala que China ha optado por estrategias de bajo perfil militar, privilegiando mecanismos económicos de influencia (Yilmaz y Wang 2019).
Los corredores bioceánicos -ya sean ferroviarios, portuarios o mixtos- Atlántico‑Pacífico y el desarrollo de puertos de aguas profundas como Chancay pueden considerarse instrumentos de aseguramiento hegemónico por China, en tanto le permiten asegurar rutas, nodos logísticos, presencia en espacios geográficos clave y conectividad global. Asimismo, este caso muestra que Perú ha podido ejercer una estrategia de cobertura geoeconómica, en tanto ha sido capaz de aprovechar la inversión china en este proyecto sin sufrir grandes presiones de EE. UU. ni romper sus vínculos políticos ni de seguridad. El caso de Chancay evidencia que, en sectores aún no plenamente securitizados, los países de la región pueden diversificar socios y extraer beneficios.
Este aseguramiento es menos agresivo que el militar tradicional, y basado en la infraestructura económica, pero no deja de ser estratégico. China parece asegurar sin aspirar (al menos por ahora) al papel de élite dirigente del orden internacional, como lo ha hecho históricamente EE. UU., sino más bien bajo el pragmatismo de facilitar que sus exportaciones lleguen más rápido y con menor costo, y que los flujos de importación de materias primas latinoamericanas hacia Asia se intensifiquen. Esto reforzaría la tesis de que China es un “retador moderado” dentro del sistema, que actúa para ampliar su margen de maniobra sin pretender aún reemplazar a la hegemonía (Amr 2025).
Por su parte, y al sentir una pérdida de ventajas estratégicas, EE. UU. reacciona profusamente, redoblando su discurso de seguridad marítima, revisando sus alianzas, incrementando su atención en puertos en el hemisferio occidental, reconsiderando la relevancia del sistema de comercio marítimo que hasta ahora dominó, e incluso incrementando su presencia militar y vigilancia marítima en el Caribe y otros espacios del hemisferio occidental. Así, el proceso parece exponer una hegemonía en transición porque EE UU. ya no está tan cómodo con su posición y busca revalidarla. Esto coincide con el argumento de Urdinez et al. (2016), sobre que la presencia china en América Latina debe entenderse como parte de un statecraft económico que pone en cuestión la hegemonía estadounidense, incluso sin reemplazarla. También, estas reactividades confirman una dinámica típica de hegemonías en declive parcial, en las que la potencia dominante intenta revalidar su liderazgo ante señales de erosión estructural.
Seguridad: ECU 911 versus cooperación en seguridad de Ecuador con EE. UU.
Jenne (2020) remarca que China tiene tres razones para involucrarse con la región en este tema. Primero, las relaciones de seguridad son importantes para el rol que cumplen los Estados internacionalmente. Segundo, China se ha referido a este ámbito como un elemento clave para expandir y vigorizar sus relaciones en la región. Tercero, la cooperación en seguridad es considerada de alto nivel para China y es la presencia que EE. UU. considera más problemática en la región. Particularmente el caso del ECU 911 es relevante en tanto es un proyecto de seguridad ciudadana de envergadura que ha aparecido reiteradas veces para EE. UU. como penetración y dependencia tecnológica china en un sector de seguridad sensitiva (Quiliconi y Rivera Rhon 2021).
En el caso de Ecuador, el presidente Rafael Correa (2007-2017) se alejó del tradicional alineamiento hacia EE. UU., lo que fue facilitado por el ascenso de China como un socio económico y político cada vez más crucial. En ese contexto, comienza a partir del año 2011 la construcción del Sistema de Seguridad Integrado ECU 911 con financiamiento y tecnología china. El sistema se vuelve infraestructura crítica, ya que es un sistema de seguridad nacional que coordina la respuesta a emergencias de manera integrada y centralizada, cubriendo el 100 % del territorio ecuatoriano, y es responsable de la gestión de emergencias de salud, seguridad, tránsito y otros servicios como alerta temprana de sismos.
Como señalan Álvarez y Vila Seoane (2024: 93-94), en febrero de 2012 el presidente Correa inauguró el primer centro del ECU 911 cerca de la ciudad de Guayaquil en Samborondón, que luego sería replicado hasta alcanzar 16 centros similares en todo el Ecuador. El proyecto fue implementado por una empresa china llamada China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) y en colaboración con Huawei. Cuando empezó a funcionar, tenía 7000 cámaras de videovigilancia instaladas en el país, pero en el año 2025 son solamente 5633 y, de ellas, solo funcionan 3606. Las cámaras no operativas no funcionan porque están dañadas o son antiguas, ya que CEIEC instaló el software hace 12 años y solo dio mantenimiento al sistema hasta el 2018 (El Vanguardista 2025).
El auge de la alianza técnica en esta tecnología crítica con China del ECU 911 fue durante la gestión del presidente Correa, pero su posterior declive debe contextualizarse en las administraciones de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2022). La gestión del presidente Moreno decidió degradar el concepto de seguridad integral y priorizó estrategias de seguridad más militarizadas que coincidieron con un realineamiento de Ecuador con EE. UU. (Jepson 2022) y relaciones más cautelosas con China. En esta administración se reanudó la cooperación en temas antinarcóticos con EE. UU., sumado a la firma de acuerdos de asistencia técnica y policial, y al restablecimiento de ejercicios conjuntos y presencia operativa limitada en frontera y zonas marítimas (Hurtado, Hurtado y Carlson 2022). Sin embargo, en 2018 Ecuador firmó el memorándum de entendimiento para ingresar a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y al Banco Asiático de Inversiones de Infraestructura. Como señalan Landaburo y García-Sanz (2024, 18), en la administración de Moreno “el posicionamiento de Ecuador frente a la creciente rivalidad entre EE. UU. y China exhibió la característica más distintiva de una estrategia de cobertura: el alineamiento ambiguo”.
El interés de EE. UU. por fortalecer las relaciones en el campo de la seguridad con los gobiernos de los presidentes Moreno y Lasso fue importante por tres motivos. Primero, porque era fundamental reducir la dependencia china que tenía Ecuador con respecto al armamento militar comprado y donado entre 2008 y 2016. Segundo, porque a EE. UU. le interesaba ejecutar préstamos de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (IDFC) en el sector de la videovigilancia, con el objetivo de reducir la dependencia tecnológica china del ECU 911. Tercero, porque ratificó la prioridad de la agenda de seguridad ecuatoriana al tráfico internacional de drogas por sobre los problemas domésticos de seguridad ciudadana (Quiliconi y Rivera Rhon 2021, 3).
La administración del presidente Lasso profundizó la orientación hacia EE. UU. en temas de seguridad y defensa, impulsado por un colapso acelerado de la seguridad interna, el aumento del crimen organizado transnacional, la necesidad de legitimidad internacional ante una crisis política interna, y una interpretación más securitizada de la presencia china en sectores estratégicos. Como señala Beittel (2023), hubo un incremento en la asistencia militar y en inteligencia, presencia operativa estadounidense en zonas costeras y marítimas, acuerdos bilaterales para reforzar la vigilancia terrestre, aérea y satelital, y donaciones de equipamiento y entrenamiento intensivo. Este giro consolidó a EE. UU. como el socio dominante en el sector seguridad y redujo los márgenes para la cooperación china en esa área.
Debemos tener presente que, a pesar de este realineamiento de Ecuador en términos de cooperación en seguridad con EE. UU., el gobierno de Lasso negoció un Tratado de Libre Comercio con China en tiempo récord, entre febrero de 2022 y enero de 2023, que entró en vigor en mayo de 2024 (Quiliconi y Vergara 2024). Todo esto en contexto de la pandemia, cuando China logró posicionarse como un socio confiable para Ecuador a través de donaciones y ventas de vacunas, y material médico en momentos de profunda crisis sanitaria (Hurtado, Hurtado y Carlson 2022).
El gobierno del presidente Lasso evaluó negativamente la dependencia tecnológica del ECU-911, y las implicaciones de ciberseguridad y acceso a datos estratégicos por parte de proveedores chinos. Sin embargo, el sistema siguió operando aunque la cooperación con China en este tema se mantuvo limitada y sometida a mayor escrutinio. Ecuador adoptó un desacoplamiento selectivo que reforzó la primacía estadounidense en el ámbito securitario y mantuvo la presencia china en áreas económicas menos sensibles.
El gobierno de Daniel Noboa, que comenzó en noviembre de 2023 luego del fin adelantado del gobierno de Lasso, ha mantenido una zigzagueante política exterior; ha buscado obtener beneficios de la segunda administración de Trump y de China. Esto fue evidente en la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a Quito en septiembre de 2025. Rubio llegó a Ecuador con una agenda centrada en seguridad, migración y comercio, y también el tema de contrarrestar la influencia de China en el país (Plan V 2025). A cambio, apareció la promesa de cooperación en seguridad frente al narcotráfico ofreciendo USD 19,5 millones para seguridad y drones, aunque es una suma insignificante. Esto se suma a la visita de la secretaria de Seguridad Kristi Noem en noviembre de 2025, que recorrió distintos lugares del Ecuador a fin de establecer nuevamente una bases militares en el país. Esto muestra un endurecimiento de la posición de Washington que marca de cerca la política de seguridad de Ecuador. En síntesis, Ecuador mantuvo estrategias de cobertura económica con China y preservó la dependencia tecnológica heredada del ECU 911, pero redujo su margen de maniobra en seguridad debido al deterioro interno por temas de narcotráfico y crimen organizado y por la presión de EE. UU.
Este caso revela dos mecanismos clave en el contexto de transición de poder: primero, la resiliencia de las dependencias tecnológicas, y, segundo, la capacidad de EE. UU. para recuperar influencia rápidamente en ámbitos de seguridad. La sensibilidad del sector de seguridad hace que el hedging encuentre límites estructurales para aquellos países que intentan mantener relaciones con ambas potencias.
Tecnología: el despliegue de la 5G en Brasil y México
El despliegue de las redes 5G en América Latina ha cristalizado una dimensión particularmente sensible de la disputa estratégica entre China y EE. UU. Incluso, se podría afirmar que el ámbito digital -sobre todo el desarrollo de infraestructura crítica como 5G- constituye en la actualidad una de las arenas donde la competencia por la transición de poder es más visible. Para Brasil y México, los dos mayores mercados digitales de la región, las decisiones regulatorias y geopolíticas en torno a Huawei revelan, simultáneamente, las posibilidades y límites del hedging latinoamericano y la consolidación de lo que Morales (2024) denomina “poder geodigital”, léase la capacidad de una potencia para influir en la organización, los estándares y las infraestructuras del ciberespacio en escala global.
Desde 2018, EE. UU. ha presionado a sus aliados globales para excluir a Huawei de las redes 5G, argumentando riesgos de seguridad nacional y posibles puertas traseras (U.S. Department of State 2020). Brasil y México se convirtieron en espacios clave de esta diplomacia tecnológica coercitiva, pues juntos representan cerca del 60 % de la demanda latinoamericana de servicios de telecomunicaciones (GSMA 2025). En este contexto, la expansión de empresas chinas (Huawei y ZTE) expresa una forma de poder estructural (Strange 1987), en el que China modela estándares, dependencias tecnológicas e infraestructuras críticas, sin necesidad de coerción militar abierta.
Al mismo tiempo, la oferta china de infraestructura 5G, la cual resulta ser más barata, escalable y acompañada de financiamiento estatal, permite a los países latinoamericanos sortear restricciones fiscales y acelerar su integración a la economía digital global. El doble efecto, integrador y estratégico, refleja que China no necesariamente actúa como un revisionista frontal del orden liberal, sino como un “retador moderado” que opera dentro del sistema, aunque lo reconfigura de manera gradual.
Brasil constituye el ejemplo más claro de hedging tecnológico en la región. Entre 2019 y 2021, el gobierno de Jair Bolsonaro osciló entre la presión estadounidense, que buscaba excluir a Huawei, y la dependencia estructural de sus operadores privados, para quienes la tecnología china ya era indispensable (Gazeta do Povo 2021). Finalmente, en la subasta 5G de 2021, Brasil adoptó una posición intermedia: no vetó de manera formal a Huawei y promovió exigencias técnicas que incentivaban una mayor diversificación de proveedores (Anatel 2021).
El gobierno de Lula da Silva ha profundizado este enfoque. Brasil ha sostenido que la decisión es técnica, lo cual reafirma su tradición de autonomía estratégica. Ello refleja lo que Sims y Tseen Fun Lee (2025) identifican como capacidad estatal robusta, condición que permite a algunos países latinoamericanos ejercer una cobertura equilibrada, cooperando económicamente con China sin romper los vínculos de seguridad con Washington. En términos de poder geodigital, Brasil reconoce que Huawei proporciona una infraestructura esencial para cerrar brechas digitales, expandir redes rurales y acelerar proyectos de industria 4.0. De forma simultánea, se beneficia de mantener abiertas sus opciones tecnológicas en un contexto de transición de poder global.
La situación en México es distinta, ya que su integración económica profunda con EE. UU. -particularmente vía el T-MEC- limita su margen para ejercer un hedging robusto. Aunque Huawei tiene presencia significativa en segmentos como nubes empresariales, smartphones y redes privadas, México ha evitado adoptar definiciones explícitas sobre proveedores de “alto riesgo”, con un enfoque pragmático que, hasta ahora, ha permitido la convivencia de actores chinos y occidentales (El Economista 2019).
Sin embargo, la presión estadounidense se hizo más visible a partir de 2022, cuando funcionarios de Washington advirtieron que la participación de proveedores chinos afectaría a la cooperación de seguridad y a la integración en cadenas de suministro sensibles (Elaluf-Calderwood 2022). Aunque México no ha vetado a Huawei, la ausencia de una estrategia nacional de ciberseguridad y la alta dependencia de EE. UU. en materia de seguridad y flujos de datos condicionan su autonomía digital. Así, México enfrenta restricciones estructurales, pues su margen de maniobra está más constreñido que el de Brasil por su dependencia en sectores que Washington considera estratégicos.
La presencia de Huawei en Brasil y México revela un dilema estratégico central. Por un lado, se ofrece infraestructura asequible y funcional que acelera la digitalización de la región. Por otro, Washington puede percibir el uso de la herramienta digital como una erosión de su influencia en el hemisferio occidental. Este dilema articula la noción de poder geodigital. Cuando China despliega redes, cables y centros de datos, no solo vende tecnología, sino que también crea dependencias técnicas, estándares propios, espacios de interoperabilidad alineados con su ecosistema normativo, y rutas de datos donde puede proyectar influencia material y simbólica (Segal 2016). Al provenir de un actor (aún) no hegemónico como China, el bien público global supuesto en la provisión de infraestructura 5G puede contribuir a la erosión relativa de la hegemonía estadounidense, acelerando el proceso de transición de poder en la región.
El despliegue de 5G en Brasil y México muestra que la competencia entre EE. UU. y China no se limita al comercio o la diplomacia clásica, sino que se manifiesta en la arquitectura técnica del mundo digital. Brasil ejerce un hedging sofisticado, mientras que México un hedging limitado. Sin embargo, ambos enfrentan el “dilema de Huawei”, en el que cada decisión tecnológica conlleva una implicación geopolítica. En consecuencia, la presencia digital de China en la región -materializada en 5G- constituye un mecanismo de poder geodigital que reconfigura dependencias, amplía la capacidad de China para fijar estándares y contribuye a una transición de poder sino-estadounidense. Lo anterior tiende a darse mediante la confrontación militar, sino por medio de la infraestructura del siglo XXI.
Conclusiones
La disputa sino-estadounidense no produce efectos homogéneos, sino que se desarrolla de distinta forma dependiendo del área que se analice. Podría pensarse que América Latina tiene poca capacidad de ejercer estrategias de cobertura dada la trayectoria hegemónica de EE. UU. en la región. Sin embargo, la comparación de los casos muestra que los países latinoamericanos han implementado con éxito una diplomacia dual que combina importantes relaciones económicas con China simultáneamente con alianzas en temas de seguridad con EE. UU.
La comparación de los tres casos muestra que la disputa estratégica sino-estadounidense se desarrolla de manera diferenciada dependiendo del sector analizado. El área de infraestructura permite mayor margen de maniobra, mientras que la de tecnología indica una posición intermedia que muestra una escalada de tensiones vinculadas al poder geodigital, y, finalmente, los temas de seguridad comprenden un área particular donde el hedging encuentra límites tradicionales y nuevos.
En infraestructura, observando el caso del Puerto de Chancay, existen mayores espacios para ejercer estrategias de cobertura. La inversión china en infraestructura se inserta funcionalmente en las necesidades de la región, contribuyendo a la provisión de bienes públicos intermedios sin implicar, por el momento, un desafío frontal a la centralidad estratégica de EE. UU. En este sector, la competencia se expresa más como tensión geoeconómica que como confrontación securitizada, lo que amplía el margen para decisiones pragmáticas por parte del Perú.
En temas de seguridad, ilustrados por el caso del ECU-911 en Ecuador, se puede apreciar que constituye un área en la cual las estrategias de cobertura encuentran límites más claros y estructurales. La securitización de la presencia tecnológica china, combinada con el deterioro de la seguridad interna y la reactivación de la cooperación estadounidense, ha reducido de manera significativa el margen de maniobra del Ecuador. Es decir, en temas considerados críticos por EE. UU., la capacidad de ejercer hedging se limita rápidamente y las decisiones tienden a derivar en realineamientos funcionales, aun cuando persistan vínculos económicos con China en otras áreas.
En el área de tecnología, el tema de las redes 5G en Brasil y México muestra un escenario intermedio. Mientras Brasil implementa una estrategia de cobertura sofisticada que se apoya en capacidades estatales más robustas y en una tradición de autonomía estratégica, México enfrenta restricciones estructurales vinculadas a su profunda integración económica y securitaria con EE. UU. El resultado es un hedging asimétrico, viable pero cada vez más vigilado y condicionado.
El caso latinoamericano aporta a la literatura global sobre hedging tres elementos centrales. Primero, muestra que las estrategias de cobertura no son exclusivas de contextos de multipolaridad regional, como el Sudeste Asiático, sino que también surgen bajo condiciones de hegemonía histórica persistente, aunque de manera más desigual y sectorialmente condicionada. Segundo, evidencia que el hedging en América Latina opera de forma diferenciada según el grado de securitización del sector, pues mientras infraestructura y tecnología permiten estrategias de cobertura relativamente estables, el ámbito de la seguridad impone límites estructurales más estrictos. Tercero, el caso latinoamericano subraya que la viabilidad del hedging depende menos de la distribución sistémica del poder que de capacidades estatales domésticas, trayectorias de dependencia y sensibilidad geopolítica del área en cuestión. Estos hallazgos sugieren la necesidad de una conceptualización más contextual y sectorial del hedging, particularmente relevante para regiones periféricas o semiperiféricas inmersas en transiciones de poder incompletas.
En síntesis, América Latina está experimentando de cerca la transición de poder y, aunque todavía existen espacios para involucrarse con estrategias de cobertura, el espacio es desigual y está condicionado por las capacidades estatales y las temáticas. La evidencia sugiere que, si bien la agencia latinoamericana persiste, esta se ejerce en un interregno marcado por presiones selectivas, condicionalidades cruzadas y una creciente instrumentalización económica y tecnológica de la competencia entre grandes potencias que restringe cada vez más el margen de maniobra de la región.
