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Introducción
La interdependencia entre narcotráfico y política configura una de las principales barreras para mejorar la seguridad, la transparencia, la convivencia, la calidad de vida, entre otros valores sociales (Blume 2022; Scott y Marshall 2023). A pesar de los ideales y los esfuerzos de varios grupos para alcanzarlos, estos desafíos a menudo parecen inalcanzables (Sergi 2024). Los sueños institucionales para controlar el tráfico de sustancias ilícitas y las consecuencias que esto trae, requiere considerar las agencias de personas y grupos, que velan por sus intereses. Producto de estas interdependencias incontroladas, la violencia sigue generando anomia: ha crecido tanto en número de víctimas como en intensidad, por lo que muchos se preguntan si son los síntomas de un estado fallido (Dursun 2020).
La corresponsabilidad en las formas creativas de la crueldad contemporánea, parece haber sido convertida en axioma (Voeten 2020). Con el deseo de superar las violencias pasadas, se han conformado ejércitos que luchan a favor o en contra. El asunto es que ya no solo son dos bandos, y tal diversificación, también incluye a los instrumentos. El desorden social aumenta porque el monopolio de la violencia no está exclusivamente en manos del Estado, y muchos grupos se resisten al caos actual. El narcotráfico es la principal manifestación del crimen organizado e incluye el control de zonas fronterizas.
El territorio ancestral de los grupos indígenas no es ajeno a estas disputas en regiones interculturales, máxime si el estudio se ubica en la frontera sur, la cual divide a México de Guatemala, en el Estado de Chiapas. La narcopolítica le pisa los talones a los Tsotziles y Tseltales. Estos pueblos originarios, habitantes de los Altos de Chiapas, han sido marginados y discriminados históricamente, desde los tiempos coloniales hasta la actualidad (Varón y Delgado 2024). El control social ya no cumple su función de apaciguar los desacuerdos entre las comunidades, siendo relevante comprender otras formas de resistencia asumidas por la sociedad civil frente a las alianzas del narcotráfico y la política.
Este artículo busca responder la pregunta: ¿cómo los Tsotziles y Tseltales de los Altos de Chiapas, México, han resistido la envestida de diversos grupos de carteles que han penetrado en su territorio? Para este ejercicio reflexivo, el documento se divide en cuatro partes. En la primera, se presenta el marco analítico que se apoya en la teoría de dependencia de recursos. Planteada inicialmente por Pfeffer y Salancik (1978), se propone comprender las influencias entre las interdependencias generadas por la necesidad de las transacciones con el medio ambiente.
En segundo lugar, la metodología se ajusta al estudio exploratorio de corte cualitativo, que se basa en el trabajo de campo, desarrollado entre los meses de septiembre de 2023 y enero de 2024. Se triangularon las técnicas de observación participante, entrevistas desestructuradas y revisión de fuentes secundarias que se evidencian en los resultados. Las consideraciones finales permiten señalar que las comunidades estudiadas han logrado permanecer distantes al poder de los narcos, desarrollando estrategias de migración silenciosa a municipios adyacentes, donde los carteles aún no tienen presencia. También se ha aumentado la cohesión social basada en el sistema de cargos políticos, que impide a integrantes de organizaciones externas a las indígenas, alcanzar roles de representación en las altas jerarquías administrativas.
Marco teórico
La alianza entre narcotráfico y política configura uno de los principales retos para la seguridad en distintos países de América Latina (Badillo y Mijares 2021), los estados africanos de Mali y Niger (Raineri y Strazzari 2022), el Sudeste Asiático (Thanh-Luong 2022) y en general, para la gobernanza global del crimen (Jakobi 2020). En este sentido, se requiere comprender las tendencias históricas, presentes y futuras del tráfico internacional de drogas (Giommoni, Gundur y Cheekes 2020). A pesar de la urgencia, los esfuerzos policiales y de seguridad no parecen ser efectivos para contrarrestar el tráfico de drogas. En América Latina se han analizado las políticas de seguridad contra el narcotráfico en México, Brasil y Colombia (Estrada, Moscoso y Andrade 2016).
El narcotráfico es la principal manifestación del crimen organizado, vigente también en zonas de frontera (Goodhand 2021). En la triple frontera andina, incluye el transporte terrestre y fluvial de drogas desde Bolivia y Perú hacia Chile (Troncoso 2017). Igual situación ocurre entre Ecuador, que en pocos años ha pasado de ser un país de tránsito a un país productor, ingresando al crimen organizado, con prácticas de minería ilegal y un ascenso a la economía del narcotráfico, por su frontera norte con Colombia (Rivera y Bravo 2020; Rivera y Bravo 2023).
Diversos son los estudios entre México y Estados Unidos, que prestan atención a la seguridad nacional y su vínculo con la seguridad pública, para hacer frente al narcotráfico, mediante el uso de las Fuerzas Armadas (Sánchez y Juárez 2019; Amaya 2020; Lupsha 2021). Pese a los múltiples esfuerzos desarrollado por distintas instituciones y organizaciones para frenar el poder seductor del narcotráfico, la oferta mundial se ha duplicado entre los años 2014 y 2020.
Como gran parte de la cocaína proviene de América Latina, de países como Colombia, Perú y Bolivia, la Unión Europea (UE) ha intensificado su respuesta a los crecientes homicidios generados por el control del tráfico (Selleslaghs 2016; Stambøl 2016). En el 2023, la UE comenzó a negociar acuerdos internacionales sobre el intercambio de datos personales entre Europol y varios países latinoamericanos. Se califica de prioritaria, la cooperación para combatir el comercio de drogas ilegales (Marc 2024). Estas estrategias dejan de lado las acciones realizadas por la sociedad civil.
Con el fin de profundizar los vínculos entre el narcotráfico y la política, se requiere concentrar los esfuerzos en la teoría de la dependencia de recursos. Esto permite analizar las organizaciones, tanto legales como ilegales. Jeffrey Pfeffer y Gerald R. Salancik (1978) propusieron comprender la influencia entre las interdependencias generadas por la necesidad de las transacciones con el medio ambiente. Estos intercambios permiten obtener recursos escasos, necesarios para la supervivencia organizacional. Algunas estrategias develadas en esta relación han sido la cooptación, las alianzas, las coaliciones, la cartelización, el poder, el conflicto y la resistencia (Pfeffer 2020; Saavedra y Sanabria 2020).
En Bolivia, Colombia, Ecuador, México y otros países de la región se han acuñado expresiones como narcopolítica,1 narcogobierno, narcoestado o narcodictadura para comprender la actividad política de organizaciones del Estado, que han sido influenciadas por el poder del narcotráfico. Dineros provenientes del negocio ilegal de las drogas, irrumpieron mediante un nuevo actor socio-económico, que se articuló con diversos sectores de las elites empresarial y política (López 1995).
El fenómeno de la narcopolítica no es un tema reciente. La financiación de campañas electorales de aspirantes a la presidencia, congresistas, concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, entre otros cargos de elección popular, con dinero producto del narcotráfico, lleva más de tres décadas. Los estudios estructurales permiten entender que el narcotráfico no solo ha cooptado al poder ejecutivo y legislativo. El paso de investigador a investigado incluye abogados, jueces, fiscales, fuerzas armadas, militares y policías. El listado crece con la inclusión de directores de antinarcóticos, funcionarios de aduana, trabajadores de entidades de control, entre otros, que aparentemente luchan para erradicar la producción y el transporte de drogas, así como de “emprendimientos ilícitos” (Gaussens 2022; Martens 2022; Constantine et al. 2023).
Las acciones institucionales también son de vieja data. Desde los años 90, se han generado estrategias para controlar prácticas desarrolladas por el narcoestado. El Departamento para el Control de las Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) denominó “cartel” a la organización dedicada al tráfico de cocaína y el lavado de activos. Emprendimiento de los llamados “carteles” de Cali, Medellín y norte del Valle fueron sancionadas en 1995 por medio de la lista Clinton y sus líderes fueron extraditados. El mismo tratamiento recibieron las empresas legales usadas como fachada, dentro de las medidas adoptadas en la guerra estadounidense contra la producción ilegal de drogas en Colombia (Nieto 2019). Varios investigadores establecen relaciones entre los carteles de las drogas, los comportamientos empresariales y políticos, por su presencia en carteles empresariales, denunciados en la contratación estatal, deslegitimados por ser actos anticompetitivos y focos de corrupción (Palacios 2019; Varón 2022).
Las políticas de Clinton lograron en parte debilitar a los carteles colombianos, posibilitando de paso, el ingreso y el fortalecimiento de carteles mexicanos a los Estados Unidos. La aparición inicial de estos carteles se dio a finales de los 80 y desde entonces, se han transformado. Posterior al desmantelamiento de los cárteles de Colombia en la década de 1990, las rutas fueron cambiadas. El ingreso de narcóticos hacia Estados Unidos se desplazó desde el sur de Florida, hasta la frontera estadounidense a través de México. La transición política que vivió México desde el año 2000, influyó en la evolución de los cárteles (Bunker 2013). En diciembre de 2006 se inició la estrategia contra el narcotráfico, teniendo resultados cuestionables por debilidades del Gobierno Federal (Cervantes 2017).
Analizar la violencia en México causada por el narcotráfico involucra tres perspectivas: competencias estratégicas, descentralización y anomia (Vázquez del Mercado 2012a). Estas competencias y el cambio de centralización son incluidas por la teoría de la dependencia de recursos. El crecimiento de los carteles de Sinaloa y los Zetas llegó a generar el 80% de las muertes relacionadas con el crimen organizado (Vázquez del Mercado 2012b). Como muchos países latinoamericanos, México presenta grandes retos en la lucha contra el narcotráfico, así como la comprensión de la influencia política.
En la revisión de la literatura se encontraron pocos estudios que visibilicen las estrategias generadas por la sociedad civil, y comunidades indígenas en particular, para no sucumbir ante el encanto de los narcotraficantes. Es irrelevante preguntar si agentes del narcotráfico desarrollan nexos envolventes hacia la política, o si son los políticos quienes tienen mayor interés en consolidar estos vínculos, debido a la riqueza y el prestigio acumulado por los narcos. La dependencia es recíproca, de forma que las organizaciones requieren del esfuerzo mancomunado para el logro de objetivos colectivos. Incluso también sirve como estrategia para desarticular organizaciones del narcotráfico (Sahin y Matusitz 2013; Blume 2022). Sin embargo, la guerra contra las drogas ha facilitado la expansión de las inversiones corporativas, de empresas que buscan recursos escasos como tierra, fauna, flora, agua, elementos químicos, etc., invadiendo territorios ancestrales de los pueblos indígenas (Bartilow 2020).
Escándalo tras escándalo, la narcopolítica no sólo es generadora de una profunda y continuada narcoviolencia, sino que muchos analistas hablan de ser la causante de un cambio cultural denominado “narcocultura” (Maihold y Sauter 2012; Valenzuela 2012). Esto ha provocado el debilitamiento de las estructuras de gobierno, el aumento de la desinstitucionalización y desregionalización, el consecuente crecimiento de la inseguridad y la violencia en América Latina en tiempos de Covid-19 (Rivera y Rivera 2022). Los narcotraficantes, con la exhibición de símbolos de poder, riqueza económica y prestigio social han terminado por socavar las bases morales de las sociedades actuales.
Cabe recordar que desde el mesolítico e incluso mucho antes, la mayoría de los pueblos han utilizado una o más sustancias con fines religiosos. Por medio de formas no refinadas, guardan profundas raíces en la cultura y la economía local, configurando parte de su identidad. Con una mayor modernización y globalización, las circunstancias y condiciones bajo las cuales los pueblos indígenas producen, comercializan y utilizan estas sustancias, continúa cambiando. A su vez, sirven como agentes en la creación y defensa de geografías morales locales e indígenas (Mathewson 2004).
Las políticas de lucha contra las drogas asumidas en Canadá podrían reproducir las desigualdades a las que históricamente ha sido sometida la población indígena (Marshall 2015). Los narcotraficantes en la región Tarahumara, el norte de México, ejercen un tipo de soberanía que promulga el racismo, el despojo y relaciones de poder asimétricas, que reproduce la violencia colonial (Del Rocio y Okowí 2021). Otro caso semejante se ha encontrado en la comunidad purépecha de la sierra central que ha sido cooptada por el narcotráfico (Gledhill 2017).
Todos los casos no son semejantes al vivido en Chihuahua donde se agrava el cambio climático. Los tarahumaras compiten con grupos de narcotraficantes por recursos como la tierra y el agua. Esto ha generado desplazamiento, reclutamiento de niños, y otras formas de cooptación de este grupo humano (Argomedo 2020). La comunidad étnica de la sierra de Guerrero ha resistido a la conquista de los narcos. Ha logrado expandir los sistemas normativos locales para construir regímenes de autonomía étnica regionales, en una larga historia de movilización social (Ley, Mattiace y Trejo 2019). Situación similar ocurre con una comunidad nahua en la costa pacífica del estado de Michoacán, que tiene una larga historia de defensa exitosa de sus tierras comunales (Gledhill 2017). Este artículo busca llenar un vacío en la literatura, ya que son escasos los trabajos que abordan las formas de resistencia frente al narcotráfico entre las comunidades indígenas mexicanas de la frontera sur, en límites con Guatemala.
Metodología
Siendo coherente con la teoría de dependencia de recursos, la investigación desarrollada fue cualitativa y exploratoria. Cualitativa porque permitió comprender cómo las comunidades Tsotziles y Tseltales de los Altos de Chiapas han experimentado el poder de narcotraficantes que desean ingresar al territorio. Y exploratoria porque priorizó el punto de vista nativo, sin tener en cuenta una estructura obligada, coherente con la información registrada. Se realizó trabajo de campo durante septiembre de 2023 y enero de 2024. En este período se aplicaron tres técnicas: observación participante, entrevistas desestructuradas y revisión de fuentes secundarias.
Producto de la observación se llevó un diario de campo en el que se registraron actividades por 92 días. Se entrevistaron a 5 líderes indígenas que contaban con edades entre los 45 y 50 años. Tardaron en promedio una hora cada una, realizadas en San Cristóbal de las Casas, Magdalena Aldama, San Juan Chamula y Tenejapa, en el estado de Chiapas. El acervo de las fuentes secundarias fue constituido por 32 documentos. Se descartaron 14 porque no representaban argumentos emic, característicos de la población.
Se incluyó el análisis del discurso, para revisar los datos y organizarlos siguiendo una secuencia histórica. Durante la triangulación se eliminaron aquellos que procedían de una sola fuente, con el fin de controlar la subjetividad desmedida, cuestionada en este tipo de estudios. Se prestó atención a losenunciados y expresiones de los líderes. Debido a los sentimientos de miedo y temor que viven los integrantes de las comunidades, se omitieron nombres propios, para garantizar el anonimato.
Resultados y discusión
Tsotziles y Tseltales de los Altos de Chiapas en resistencia
Para entender a las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas, cabe señalar que detentan dos tipos de administraciones locales, las cuales colaboran, cohabitan y coparticipan de forma conjunta en las comunidades. Por un lado, está el gobierno oficial o “constitucional”, denominado de esta forma por los pobladores, y por otra parte está el gobierno “tradicional”. Es así que el primero se sujeta a las elecciones electorales llevadas a cabo por el gobierno estatal, con una frecuencia de tres años y especialmente organizadas por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado Chiapas (IEPC). A su vez, las autoridades tradicionales efectúan anualmente el cambio de gobierno, con la condición de haber formado parte del sistema de cargos dentro de la comunidad, y cuyo nombramiento puede darse por consenso o imposición de la población indígena a mano alzada. Se debe aclarar que para los dos casos se cumplen con celebraciones de ceremonias y rituales con su correspondiente parafernalia, propia de la transición de poder (Martínez et al. 2019).
La heterogeneidad y riqueza cultural en los Altos de Chiapas se ve reflejada en los grupos étnicos de la zona, como los Tsotsiles y Tseltales quienes tienen como raíz lingüística el chol del protomaya, y pueden observarse en sus 17 municipios (Programa Nacional de Desarrollo 2013). La zona no cuenta con grandes recursos económicos, aunque recurren a la explotación forestal, pastoreo, agricultura y talabartería. Es importante mencionar que especialmente en el caso de San Cristóbal de las Casas, está muy presente el turismo, venta de piel, y otras artesanías trabajadas en tela, ámbar y orfebrería. Con todo ello, los indígenas de la zona no poseen grandes recursos materiales, ni tampoco con potenciales oportunidades laborales en cualquier tipo de industria.
Al mismo tiempo, los pueblos originarios habitantes de los Altos de Chiapas han sido marginados y discriminados histórica y sistemáticamente, desde la época colonial hasta el presente. Puede entenderse desde el colonialismo interno a raíz de los procesos independentistas que vivieron las naciones latinoamericanas, siendo denominados como “mestizos”. Al ser una mezcla de españoles e indígenas, se posicionaron en el poder y bajo un discurso de asumirse como la nueva raza. Se colocaron por encima de los pueblos originarios de quienes solamente sustrajeron sus narrativas de habitantes históricos y autóctonos. (González 2007; Iturriaga et al. 2021).
La convergencia de las dinámicas económicas que más bien han mantenido en la pobreza a las comunidades chiapanecas junto con la ideología neocolonialista o colonialismo interno ha provocado una miseria histórica hacia los pueblos originarios de la zona (Coneval 2022). Ante esta situación, los indígenas han sostenido una férrea resistencia desde la época colonial, principalmente mediante rebeliones armadas que fueron registradas entre los Tseltales en 1712, o bien en 1722 en Ocosocuautla (Pérez 1996). Ya a mediados del siglo XX, Bruno Traven (2018) narra de forma literaria la precariedad de los indios Chamulas quienes se revelan en contra de la explotación laboral al tratarlos prácticamente como esclavos. Por rebelarse como castigo, fueron colgados, para que les sirviera de escarmiento y evitaran que el resto de los habitantes de la zona hicieran lo mismo.
Desde 1970 hasta finales del siglo XX, los gobiernos mexicanos contuvieron a los indígenas para que no se revelaran a través del uso fuerza. Otras mediante cooptación política, o por la introducción de recursos mediante programas sociales. Sin embargo, los rezagos económicos y sociales se mantuvieron presentes en el estado, y los Altos de Chiapas no fueron la excepción (Cadena 2022). Esto condujo uno de los mecanismos de resistencia al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994 (Losada y Silva 2017).
La irrupción del EZLN en los Altos de Chiapas vino a romper los esquemas políticos, sociales, económicos y jurídicos, no sólo del estado sino también del país e incluso de Latinoamérica. Generó una nueva forma de ver a los indígenas, porque hicieron llamados para acudir al diálogo y la interculturalidad. El contexto histórico devino en sus inicios, en una confrontación armada debido, entre otras cosas, a la presencia de un Estado rígido. Se vio obligado a dar un alto al fuego, para iniciar de forma simultánea el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y proyectar un México de paz, con capacidad inmediata para resolver sus asuntos internos.
Si bien se declaró un alto al fuego, se mantuvo una guerra de baja intensidad, y el uso de las armas se vio sustituido por otros recursos que de igual manera resultaron hostiles. En primer lugar, se toleró la presencia de por lo menos 12 grupos paramilitares en la zona en conflicto, de los cuales se destacan Paz y Justicia, Los Chinchulines, Máscara Roja y el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA) (Galindo 2015). Esto dio paso a diversos actos de violencia porque se hostilizaba a las comunidades indígenas proclives al neozapatismo y por ende se dieron desplazamientos masivos (Salazar 2014). Actos como la matanza de Acteal en 1997, donde asesinaron a 45 indígenas Tsotsiles, 18 mujeres adultas de las cuáles cuatro estaban embarazadas, 16 niñas entre 8 meses y 17 años y cuatro niños entre 2 y 15 años, mientras que 26 personas terminaron heridas, mayoritariamente niños con lesiones perdurables (Melenotte 2017).
Por otra parte, se mantuvo una violencia simbólica, verbigracia al operarse una confrontación mediática a través de los discursos en medios de comunicación masiva como noticieros televisivos o radiofónicos. También en publicaciones periódicas como diarios informativos y revistas. De otro lado, los discursos de los líderes del EZLN, académicos proclives al movimiento y luchadores sociales sin soslayar el apoyo de la sociedad civil, presente en marchas, mítines, manifestaciones artísticas en conciertos, festivales, canciones, pinturas, murales, fotografías y documentales (Rubertone 2021).
Otra estrategia estatal que tenía como propósito romper la estructura social de los indígenas Tsotsiles y Tseltales de los Altos de Chiapas se hizo a través del carácter permisivo y en ocasiones promovido sutilmente para el ingreso de grupos de creencias religiosas distintas a las que se encontraban históricamente en la zona (Vallverdú 2005). Esto se explica, entre otras cosas, porque la cohesión social entre los indígenas rebeldes se había dado preponderantemente en una estructura religiosa católica de la corriente de la teología de la liberación. Tal situación derivó en enfrentamientos violentos entre grupos católicos y protestantes donde familias enteras fueron expulsadas de sus comunidades por no profesar el mismo credo (Lobatón 2023). Aunque el arzobispado de San Cristóbal de las Casas de Chiapas había intentado conciliar mediante el diálogo, a las partes en conflicto, los resultados fueron infructuosos.
Sin embargo, no se puede soslayar que, desde inicios del siglo XXI, se ha venido incrementando la presencia del crimen organizado en todo el territorio mexicano, en el estado de Chiapas y particularmente en la región de los Altos de Chiapas. Se hace notable en la siembra de opiáceos, por lo que se vuelve en un ingreso directo o indirecto en los habitantes de la región. Esto obedece no sólo a un aparente crecimiento del crimen organizado a nivel nacional e internacional, el trasiego de narcóticos en su paso desde el sur del continente americano hacia Estados Unidos de América teniendo como vía obligada a México. También responde al actuar del Estado mexicano de una guerra de baja intensidad donde la dinámica del paramilitarismo trascendió a los grupos de narcotráfico quienes habían cooptado, agredido, secuestrado o asesinado a líderes políticos, indígenas o no, con fines de poder político y económico.
Empero, al tratarse de violencia, las comunidades indígenas mexicanas han intentado a su manera, zanjar la situación. Los casos más emblemáticos como ya se señalaron han sido la defensa de Cherán, Michoacán en el 2011 (Gledhill 2017; Gasparello 2018) y el sistema de autogobierno de las comunidades neozapatistas de Chiapas conocido como “Los Caracoles” que habían funcionado desde el 2003 (Guillén 2014; Ávila 2018). Si bien no son los únicos ejemplos, habían sido una muestra exitosa de un resguardo de su población. El cambio se ha dado, como se expresó anteriormente, en el estado chiapaneco donde los cárteles de la droga penetraron al interior de las comunidades debido a que su posición geográfica, los proyecta como un espacio estratégico para el trasiego de narcóticos al tener frontera con Guatemala.
Un ejemplo claro de lo que sucede en la región se advierte el 24 de septiembre del 2023. Los chiapanecos fueron testigos del paso de una caravana del Cártel de Sinaloa (CS) por la carretera entre Frontera Comalapa y San Gregorio Chamic, precisamente dos municipios que hacen frontera entre México y Guatemala (Marcial 2023). Aunque los propios habitantes de la región mencionan que también se han asentado en alcaldías como Motozintla, Chicomuselo, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera y Siltepec, donde también hacen acto de presencia los efectivos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) (Bellinghaussen 2023).
Cabe destacar que, desde hacía tiempo en el país, los carteles como el de Sinaloa y los Zetas llegó a gestar el 80% de las muertes violentas del crimen organizado (Vázquez del Mercado 2012b). En la zona ya había signos de la existencia de la delincuencia organizada y el dato más reciente se ubica en el año 2020, en que se señaló la operación de seis cárteles de la droga: los ya mencionados CS y CJNG; además de Los Zetas, Zona Metropolitana y Centro del Territorio Chiapaneco; y los Beltrán Leyva, del Golfo y San Juan Chamula, dispersos en otras 15 regiones de la entidad federativa (Espino 2020).
A modo de resistencia, los habitantes de aquellos municipios chiapanecos organizados en los Caracoles como Jacinto Canek decidieron trasladarse sigilosamente hacia otro municipio adyacente (Bellinghaussen 2023). La inquietud se ha extendido hacia las mismas parroquias católicas y en general se han desplazado familias enteras. Tal violencia presente en extorsiones y hostigamientos a los poblados enteros, han causado migraciones y desplazamientos, disminuyendo la eficacia de la democracia indígena. Se dificulta llevar a cabo las asambleas, debido a que los líderes de los pueblos originarios, y los integrantes de los sistemas de cargos, se ven penetrados en la estructura del gobierno local (Topete y Díaz 2014). Finalmente, esto condujo a que las comunidades zapatistas a través de su vocero, el subcomandante Moisés, declarara el 6 de noviembre del 2023 la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y las Juntas del Buen Gobierno, también conocidas como los Caracoles (Ferri 2023).
En relación con los cargos públicos, entre los indígenas en general se da la peculiaridad de la existencia del sistema de cargos (Mesri 2020). Esta especificidad se presenta porque los puestos son rotativos y para alcanzar el nombramiento más alto en la jerarquía administrativa, se requiere haber transitado por todos los cargos, en un momento topil, en otro alcalde. Pero puede suceder que después de haber ocupado el nombramiento con mayor responsabilidad como presidente municipal, se puede pasar posteriormente a ser síndico, que tiene un reconocimiento menor. Al mismo tiempo se da la posibilidad de que el cargo sea impuesto por la comunidad, y que sea de carácter honorario, por lo cual resulta complicado, ya que hay que dedicarles mucho tiempo a las tareas que se le encomiendan, además de trabajar para solventar sus propios gastos y los de su familia, por lo cual pueden terminar endeudados al terminar su gestión.
Ciertos cargos se consiguen gracias a la inversión en gastos comunitarios como las celebraciones con comidas y bebidas con una asistencia abierta a la población (Shimizu 2022). Pero no basta con tener dinero, es requisito indispensable pertenecer a la comunidad, es decir, que el vínculo social, histórico y cultural cobra un valor importante en la estructura político administrativa de los pueblos originarios.
Ahí existe una pequeña fisura donde el crimen organizado ha pretendido incursionar en el poder, a veces tratando de inyectar recursos económicos, otras amenazando a los posibles gobernantes y unas más asesinando a los futuros alcaldes. Empero, las comunidades indígenas han sabido resistir los embates de los grupos que los han amenazado al organizarse y cohesionarse, montándose en su propia estructura histórica, social y manifiesta en sus usos y costumbres (Cosh 2023).
Conclusiones
Los conceptos propuestos por la teoría de dependencia de recursos, permite analizar las estrategias organizacionales para comprender las dinámicas en la que participan distintos grupos, al competir por recursos escasos como tierra, agua, flora, fauna y otros. Diversas comunidades indígenas en México, entre las que se encuentran los Tsotsiles y Tseltales de los Altos de Chiapas, han podido resistir los intentos de los carteles de la droga para apoderarse de sus gobiernos locales y sus territorios. Los sistemas normativos indígenas dotan a las comunidades de mecanismos internos que le dificultan a la narcocultura tomar el control absoluto. Es necesario reconocer aspectos históricos, que resaltan las diversas formas de resistencias, vividas en el fronterizo Estado de Chiapas. Actualmente, el gobierno federal aplica políticas públicas por medio de programas sociales, con los cuales pretende atacar las causas del crimen organizado.
Las comunidades estudiadas han logrado permanecer distantes al poder de los narcos, debido a dos estrategias identificadas durante la investigación: en primer lugar, el traslado sigiloso hacia municipios adyacentes a donde no han tenido injerencia los carteles; y, en segundo lugar, la cohesión social se ha prolongado al permanecer fuertes con el sistema de cargos políticos, impidiendo que los integrantes de organizaciones compitan por recursos escasos, y evitando que alcancen altos niveles en la jerarquía administrativa. Obviamente, la violencia ha tocado sus puertas en diversos momentos, siendo objeto de asesinatos selectivos, endeudamientos y otras formas que los narcos usan para detentar su fuerza y poder. La ausencia de legitimidad les impide llegar a lugares que permita la gestión de los recursos indígenas.
Para finalizar, con los estudios identificados se deberían desarrollar trabajos comparativos considerando la literatura establecida sobre el tema, teniendo en cuenta a los grupos asentados en la frontera sur con Guatemala, junto con otras comunidades étnicas que han logrado resistir las estrategias desarrolladas por los narcos como en el caso del pueblo de Cherán, Michoacán, o diversos grupos en Guerrero. Sería relevante tomar casos de estudio de otras comunidades incrementando estudios de corte comparativo entre indígenas en América Latina, cuyos países han experimentado disputas por el territorio, al ser considerados corredores estratégicos para la producción, el transito e incluso, el consumo de sustancias ilegales.
