Español (pdf)
Articulo en XML
Referencias del artículo
Traducción automática
Enviar articulo por email
Citado por SciELO 
Similares en
SciELO 
Permalink
Introducción
En los últimos años, el narcotráfico en Paraguay ha desarrollado un proceso de reconfiguración generado por un profundo proceso de crecimiento y diversificación. Además de la producción de marihuana, el país se ha convertido en un importante centro regional de acopio y multiplicación de cocaína (Insight Crime 2024). Este fenómeno, que estaría apoyado en dinámicas socioculturales y económicas entre diversos estratos sociales, ha generado abundantes sospechas de corrupción, tanto en agentes provenientes del gobierno y el sector público como del privado-empresarial (Peris 2024). La acción narco, asimismo, ha causado graves problemas y profundas reconfiguraciones sociales en las poblaciones más vulnerables del país, especialmente, comunidades campesinas e indígenas (Moriconi y Peris 2022).
El 13 de diciembre de 2023, en Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay (Chaco), se produjo un caso que llamó la atención de la opinión pública: una mujer de etnia Ishir fue detenida por posesión de 80 bolsas de crack listas para la venta (Manena 2023). La mujer fue arrestada, pero, posteriormente, el suceso adquirió matices adicionales, pues la implicada se benefició con “prisión domiciliaria”. De acuerdo con la prensa, el privilegio habría sido logrado gracias a la intervención directa de un actual congresista, exautoridad departamental (Última Hora 2024).
Las interacciones entre la política y el crimen (en este caso el narcotráfico) no son hechos aislados. Diversas investigaciones periodísticas en el Paraguay han denunciado relaciones directas entre referentes políticos y grupos criminales (ver por ejemplo ADN Digital 2018 o Última Hora 2015) y han cuestionado el rol de la política en el lavado de activos provenientes del mundo del crimen (ver por ejemplo Hoy 2018 o Última Hora 2022).
Las presuntas ligaciones entre la política y el narcotráfico trascienden las barreras partidarias, creando un continuum en el que emergen órdenes sociales híbridos (Dewey et al. 2017; Schultze-Kraft 2018). En esos órdenes sociales, lo legal y lo ilegal se fusionan, de tal manera, que algunas legalidades pierden legitimidad y ciertas ilegalidades se legitiman y se transforman en medios efectivos para general bienes y servicios.
Contextos sociales como el descrito, lógicamente, abren las puertas para la expansión del crimen. Informes de organismos internacionales, primordialmente, los elaborados por la Revista America Quarterly (2023) mediante el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción y por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2023) con el Índice de Crimen Organizado GI-TOC, han confirmado la expansión del narcotráfico en Paraguay y su alta relación e implicación con políticos. Incluso, de acuerdo con el índice GI-TOC, Paraguay, en 2023, ocupó el cuarto lugar a nivel mundial en presencia del crimen organizado, destacándose el narcotráfico. Ambos estudios han demostrado cómo esta actividad ha ido copando terreno en el país, ya sea en espacios geográficos, en poblaciones humanas o en el sector dirigencial.
Retomando el ejemplo de la mujer Ishir, la penetración del narcotráfico en las comunidades indígenas de Paraguay se ha agudizado en la última década. Los grupos criminales se han aprovechado de la situación de vulnerabilidad de los pueblos nativos, ya sea utilizándolos como mano de obra o apropiándose de sus territorios (ABC Color 2024).
En el año 2014, la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI 2014) denunció ante el Ministerio del Interior que varias comunidades fueron amenazadas por grupos fácticos en el Departamento de Concepción. Lo que primariamente pudieron verificar, desde un relevamiento que realizaron, fue la elevada impunidad de numerosos crímenes que afectaron a la etnia Pãi Tavyterâ. Las trasgresiones se dieron en dos contextos que inquietaron a la región: uno, las restricciones que sufrieron por las haciendas privadas por donde pasaron los caminos vecinales; y dos, el accionar de las mafias del narcotráfico (Tierra Viva 2014).
Un caso paradigmático, inclusive, se dio en el Departamento de Amambay, territorio en el cual los Ybyraija padecieron el asesinato de tres de sus miembros por un comando armado vinculado, presuntamente, al narco brasilero Jarvis Chimenes Pavão. Según las estimaciones de la Fiscalía, los sicarios habrían tomado represalias, con los indígenas, por la supuesta colaboración de estos con autoridades de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) en el apresamiento del capo narcotraficante (EA 2014).
Este ecosistema paraguayo se encuadra dentro del concepto de gobernanza criminal (Alda 2021), entendido como la creación, por parte de entidades criminales, de órdenes sociales y normas que regulan el comportamiento, a menudo, con la colaboración, pasiva o activa, de actores estatales (Feldmann y Luna 2022; Lessing 2021). De acuerdo con Sampó (2021), la gobernanza criminal procura “explicar la relación que las organizaciones criminales establecen con ciertos sectores de la sociedad civil que, al mismo tiempo, pueden convertirse en capital político”. Así, la narcopolítica brotaría como una manifestación específica de la gobernanza criminal, una en la que los narcotraficantes utilizarían su poder económico y su capacidad de coerción para infiltrarse en las estructuras políticas y gubernamentales (Garay-Salamanca y Salcedo-Albarán 2021).
A pesar de su auge en los últimos años, los estudios sobre la gobernanza criminal en general, y la narcopolítica en particular, se han centrado en entender las relaciones entre los actores estatales y los criminales. Es así como se ha establecido que, por ejemplo, a través de la corrupción, la financiación de campañas electorales, la intimidación y/o la violencia, los grupos narcotraficantes tratarían de influir en las decisiones políticas para proteger sus actividades ilícitas y expandir su control sobre el territorio y la población (Trejo y Ley 2021). O que el objetivo de la narcopolítica se basa en el afán de consolidar el poder de los grupos criminales y asegurar la continuidad de sus operaciones. Al establecer vínculos con actores políticos y penetrar en las instituciones del Estado, los narcotraficantes debilitarían la capacidad de las autoridades para combatir el tráfico de drogas y socavarían los principios democráticos y el Estado de derecho (Lessing 2021).
En estos estudios, como explican Moriconi y Peris (2022), el Estado y lo legal aparecen como cuestiones legitimadas por sí mismas, mientras que lo ilegal es siempre ilegítimo. En ese sentido, es necesario entender las percepciones sociales de los actores intermedios sobre los extremos de este abanico conceptual: lo Estatal y lo criminal, lo legal y lo ilegal. En otros términos, es importante concebir los procesos y las razones que llevan a que la legalidad se deslegitime y la ilegalidad se transforme en un medio eficaz para resolver problemas y garantizar el suministro de bienes y servicios. En pocas palabras, que la ilegalidad se legitime como medio de vida (ver por ejemplo Moriconi y Peris 2019).
En este orden de ideas, el trabajo se centra en un estudio de caso en el que se procura entender las dinámicas sociales, las percepciones, y las razones por las cuales comunidades indígenas precarias del Chaco Paraguayo se transforman en blanco y, a veces, en actores del tráfico de drogas. De acuerdo con la opinión pública, en el caso de Paraguay, los narcotraficantes estarían aprovechando la vulnerabilidad y la marginación de las comunidades indígenas para establecer su control sobre los territorios y utilizar a la población como mano de obra en la producción y distribución de drogas. Al mismo tiempo, la complicidad de ciertos políticos facilitaría la expansión de las actividades ilegales y la impunidad de los actores involucrados.
Ante este panorama, este trabajo procura entender cómo se entiende el rol del narcotráfico en la zona, cuáles han sido las dinámicas culturales históricas, cuáles las relaciones entre la política y el crimen, quiénes son los actores involucrados y cuál ha sido la relación histórica y las percepciones de los grupos marginados sobre la política y el Estado de Derecho. El trabajo se divide en tres partes que continúan a la introducción. La primera explica la metodología y describe el caso de estudio. Luego se presentan los resultados divididos en dos dimensiones. La primera, referida al rol y el funcionamiento de los grupos narcotraficantes en la zona y; la segunda, sobre las percepciones de la comunidad sobre la política, lo legal y el Estado de Derecho. Por último, se presentan las conclusiones en diálogo con la literatura existente.
Planteamiento y metodología
A pesar del lugar central que Paraguay ha logrado en el mercado de la droga contemporáneo, principalmente en el Cono Sur Latinoamericano, son pocos los autores que se han centrado en este caso de estudio. Este artículo pretende dar mayor visión al caso paraguayo y, para ello, se concentra en el estudio de caso del Departamento de Alto Paraguay. Dicha demarcación geográfica, fronteriza con Bolivia y Brasil, se halla ubicada en la Región Occidental-Chaco. Esta es una de las zonas en las cuales más tipos de pueblos originarios han habitado: Ayoreo, Yshyr, Toba y Sanapaná (INE 2023). Según los datos del Censo (INE 2022), en Alto Paraguay la población nativa representó un 40% (4414) del total de habitantes (11 057).
El Departamento elegido, además, posee localidades como Toro Pampa, Bahía Negra, Puerto Casado y Fuerte Olimpo, puntos que, según informes fiscales, fueron de los más problemáticos en cuestión de narcotráfico: zonas liberadas, pistas de aterrizaje clandestinas y grandes incautaciones de drogas, especialmente, cocaína (Ministerio Público 2023). La investigación está basada en un enfoque cualitativo multi-método (Schmidt 2006) que incluyó: a) contextualización y análisis de documentos; b) métodos etnográficos, y c) entrevistas semiestructuradas en profundidad con informantes clave reunidos mediante la técnica de bola de nieve.
En primera instancia, se analizó el estado de la situación a través de la prensa y los casos reportados. La contextualización se consolidó con base en la revisión de literatura y el análisis de documentos y estadísticas sobre el crimen en Paraguay. Este primer paso sirvió para entender el ecosistema en el que se iba a desarrollar la investigación y proceder a la elección del caso de estudio.
En segundo lugar, se realizó trabajo de campo en la región. Se ejecutaron 18 entrevistas a referentes indígenas, antropólogos residentes en la zona, líderes espirituales, abogados y responsables de ONG. No obstante, seis entrevistas quedaron descartadas, por pedido expreso de los consultados, por aceptar hablar exclusivamente de manera confidencial, bajo la modalidad off the record. En resumen, para la elaboración de este artículo, quedaron 12 entrevistas, con un total de 607 minutos de grabación, promediando 50 minutos por indagación.
En términos etnográficos, se realizó un trabajo directo con los nativos, formando parte de ellos u oficiando en sus contextos. Se realizaron tres visitas a la zona, haciendo un relevamiento in situ de la configuración territorial, datos sistematizados en notas de investigación. Todas las actividades de investigación se llevaron a cabo de septiembre a noviembre de 2023.
Con respecto a las entrevistas, la investigación centró su indagación en dos momentos exploratorios de interés. Primeramente, se preguntó sobre la acción narco en las poblaciones indígenas de la zona (Dimensión 1). Algunas de las preguntas efectuadas fueron: ¿cuál ha sido el interés de los narcotraficantes en las poblaciones indígenas?, ¿cómo han impuesto su dinámica en la población?, ¿qué mecanismos o estrategias han usado con el fin de obtener sus propósitos? Aquí se obtuvo un panorama de la realidad social marcada por el narcotráfico.
Luego, se solicitaron impresiones en cuanto al accionar político en tales tierras (Dimensión 2). Interrogantes materializadas en: ¿qué significa el político para los indígenas?, ¿cuánta fue la representación percibida por ellos con respecto a sus autoridades?, ¿qué impresiones tuvieron del quehacer político en materia del bienestar de estos? Esta dimensión, consiguió entender el rol de los políticos, uno en función a los narcotraficantes y, otro, con las poblaciones originarias.
En resumen, al indagar en ambos aspectos, además de encontrar descripciones cotidianas de una configuración de realidad social marcada por los narcotraficantes, se pretendió entender, fundamentalmente, sobre cómo se configuró el fenómeno del accionar narco y luego establecer si existieron o no complicidades de las autoridades gubernamentales. Los resultados fueron sistematizados de la siguiente manera: a) ejemplificando los testimonios más valiosos para los objetivos de esta investigación, y b) mediante tablas de análisis. Por razones éticas y de seguridad, los entrevistados han quedado bajo el anonimato. Los consultados fueron codificados según como indica la tabla 1.
Resultados y discusión
Dimensión 1: el accionar narco en las poblaciones indígenas
Con respecto a la acción de los grupos del narcotráfico en las poblaciones indígenas, una introducción pertinente surgió del testimonio del sacerdote consultado. El padre, que, desde hace 16 años, ejerce como líder espiritual en una parroquia cercana a la localidad de Puerto Casado, comentó que:
Siempre existió el narcotráfico en el Chaco, decir que es algo nuevo, es mentir. Antes el indígena era la mano de obra del estanciero, que, por lo general, trabajaba a su vez con algún grupo de drogas, prestando su terreno para que bajen las avionetas. Los indígenas armaban las pistas, ponían las luces y descargaban la cocaína. Al narcotraficante no se lo veía, era una cuestión que se sabía que pasaba, pero era impersonal (Codificación: Religioso 1).
En la Región Occidental, territorio que comprende los departamentos de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes, la población nativa alcanzó a 51 876 personas, lo que representó el 26% del total de habitantes en aquella zona (213 083). De estos indígenas, el 66,2% se encontraba en situación de pobreza (INE 2023). El considerable peso poblacional, junto con las condiciones de vulnerabilidad, se convirtieron en factores clave que hicieron que los naturales ejercieran los trabajos más precarizados, los de “mano de obra” como comentaba el Religioso 1.
Un punto importante para resaltar es la observación acerca de que antes “al narcotraficante no se lo veía”. Sobre esta cuestión, el Informante de ONG 2 reflexionaba en torno a que, en la actualidad, el narco se siente más libre de mostrarse, pues ha entendido que el negocio lo manejan mejor ellos mismos, estando presentes en el lugar de los hechos:
En el pasado, se escuchaba, o se comentaba, que en una o en dos estancias bajaban los aviones. Pero ahora se ven cosas raras, autos blindados o terrenos que parecen un castillo. El estanciero, el que se dedica a la cría legal de ganado, es una persona bastante sensata, solo un narcotraficante anda en la opulencia. Se muestran abiertamente. Se dieron cuenta que obtienen más beneficios estando en el terreno, aquí manejan las operaciones desde donde se genera y, al controlar mejor, ganan mucho dinero (Codificación: Informante de ONG 2).
En similares palabras, el Informante de ONG 3 reflexionaba en el sentido que la figura del narcotraficante se ha vuelto cotidiana en la región:
Se siente más a los hombres que están metidos en esto. No te digo que se le ve todos los días al capo narco que lleva el negocio, pero si a los que trabajan para él, los intermediarios. Se nota perfectamente quien es quien acá, todos nos conocemos, somos muy pocos. Se mueven de cierta manera, pero ¿quién te maneja una camioneta con dos tipos armados? ¿Qué sujeto te va a entrar en una tierra indígena con armas? Obviamente que son ellos. (Codificación: Informante de ONG 3).
Los tres testimonios que se han referenciado son una clara muestra de que la presencia de los narcotraficantes, o “los intermediarios”, como lo expresó el Informante de ONG 3, se ha vuelto parte del paisaje diario de la realidad social estudiada. Incluso, tal similitud en las reflexiones fue un consenso en las 12 entrevistas realizadas. Según las indagaciones ejecutadas, el narcotráfico como fenómeno manifiesto no fue algo nuevo, pero sí se ha configurado de una alterna forma: ha dejado de ser algo impersonal, ya no es solo un rumor o sospecha; se puede ver a los representantes del ilícito negocio, se percibieron sus formas, sus conductas y estilos de vida característicos.
De igual manera, los 12 consultados aseveraron que la presencia de aquellos fue para poseer un mayor control. Al estar presentes en el terreno, pudieron ejercer mayor dominio en seguir el proceso. Así, el Antropólogo 3 lo manifestaba:
Acá la marihuana no existe, es muy difícil que haya plantaciones de eso porque la tierra no da. El Chaco, y más precisamente, Alto Paraguay, es el sitio ideal para la cocaína. Hay grandes terrenos, en cualquiera de ellos se puede hacer una pista clandestina y, lo más importante, está cerca de Bolivia. De Bolivia viene la pasta base, esta se multiplica con sustancias químicas que se contrabandean de la Argentina. Lo que te digo es que esto no es solo un lugar de subida o bajada de aviones, es todo un comando montado en función a la cocaína (Codificación: Antropólogo 3).
En el punto traído a colación, un referente nativo, cuya etnia se localizó entre los Departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, subrayaba:
Si hay más de estos tipos, es porque necesitan controlar mejor. No es tanto los aviones que vienen, si fuera eso solo, lo podrían hacer en otras partes. Acá hay intereses, la cocaína se mueve y se hace más, no es solo traer de Bolivia (Codificación: Referente Indígena 3).
La investigación ha alcanzado un momento crucial, ya que, gracias a los diversos testimonios recogidos, se pudieron identificar dos dinámicas que caracterizaron, en los días del presente, la actividad del narcotráfico en la región: mayor presencia de los narcotraficantes, primer factor, por una necesidad de estos de poseer más control en lo referente a la cocaína, segundo elemento. A pesar de que no se encontraron plantaciones de marihuana en el área estudiada, la cocaína se erigió como la sustancia ilícita predominante en este circuito de narcotráfico, siendo importada desde naciones andinas y sometida a procesos químicos utilizando precursores provenientes de Argentina, lo que permitió optimizar su rendimiento.
Sumado a lo expuesto, el 18 de abril de 2024, funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas llevaron a cabo múltiples operaciones contra el tráfico de estupefacientes en la mencionada zona (SENAD 2024). De acuerdo con los informes, se desarticularon dos centros operativos en los que se incautaron cocaína, crack, armamento y efectivo, tanto en la divisa local, guaraníes, como en dólares estadounidenses. Adicionalmente, numerosos reportes fiscales han descrito el decomiso de sustancias químicas en el Chaco paraguayo (Ministerio Público 2023). En consecuencia, la expansión de la presencia de narcotraficantes se atribuyó, primordialmente, a la transformación de esta región en un núcleo operacional para el tráfico del aludido narcótico.
Profundizando, el Informante de ONG 1, versó con respecto a la relación existente entre constituir un centro de operaciones con el uso y afán de necesitar nuevos territorios:
El que se dedica a la cocaína no puede tener en su casa su base. Se va a entregar solito si hace eso. Por esto, es que necesitan otras tierras, de terceros, sitios que les permitan poner sus laboratorios, juntar la carga, trazar la logística interna en el país y, también, en los cuales poder bajar los aviones. Ellos buscan controlar más lugares por esto, lugar ganado significa un mayor alcance en las operaciones, hacer mejor sus negocios (Codificación: Informante de ONG 1).
Al inquirir sobre “las tierras de terceros”, el abogado consultado, aquel que desempeña sus funciones en Asunción o Boquerón o Alto Paraguay, según como vayan apareciendo los casos de abuso a los indígenas, reflexionaba:
En el Chaco los territorios indígenas son demasiado atractivos. Primero, se establecen, en muchas ocasiones, como grandes terrenos, esto les da más espacio. Segundo, algunos de ellos son fronterizos, o muy cercanos, con Brasil o Bolivia, acá juegan con las dinámicas propias de las fronteras. Tercero, la situación de los indígenas: tienen hambre, frio, calor, demasiadas necesidades, ante cualquier oferta suelen prestar o rentar su suelo y, luego, no pueden sacarle más de ahí a los narcos (Codificación: Abogado 1).
El Antropólogo 1, además, se refería a las diferencias entre las tierras de un ganadero y de un indígena:
El ganadero te presta su pista para que bajen los aviones. Eso siempre fue así. Pero nunca lo va a hacer para que se haga todo un centro de operaciones. Además, el narcotraficante sabe que esas tierras no son de ellos. En el caso de los indígenas, sabe también eso, pero entiende que, al ser estos sujetos de menos derechos, incluso derechos nulos, tiene la impunidad para operar como si fuera que ese terreno es de él. El indígena no sabe lo que pasa ahí, son marginados a un espacio chiquito, dentro de lo que son sus tierras. Máximo, son usados para cargar las cosas. Mientras tanto, los laboratorios se hacen, las rutas se trazan. Si pasa algo, el narco huye y son ellos los que se quedan con el problema. Por eso, es demasiado beneficioso (Codificación: Antropólogo 1).
Los testimonios traídos a colación manifestaron la compleja relación entre: a) el narcotráfico; b) los intereses económicos de este negocio; c) la imperiosidad de obtener más control territorial; y d) la vulnerabilidad de las comunidades indígenas en el Chaco paraguayo. Los centros de operaciones se establecieron estratégicamente, con una intensión mentada, en tierras indígenas, aprovechando la extensión, la ubicación y la situación de marginación de sus habitantes. Esto permitió a los narcotraficantes expandir sus actividades ilícitas con mayor facilidad e impunidad, mientras que los originarios enfrentaron, o lo harían en el caso de ser descubiertos, los riesgos y las consecuencias de tal prontitud ilegal en sus haciendas. En otras palabras, y mediante la dinámica exteriorizada, los agentes del narco consiguieron llevar de manera óptima su negocio, sin tantos riesgos, con mayor margen de acción.
La pregunta clave, en este punto, fue: ¿cómo se apoderaron de estos territorios? Las respuestas giraron en virtud de a) la corrupción-ingenuidad de algunos líderes indígenas; b) el bloqueo de zonas; y c) el uso de la violencia, tanto en el poder de fuego como de palabras. Con respecto a la “corrupción-ingenuidad” de los líderes indígenas, el sacerdote mencionaba:
Si un narcotraficante quiere negociar con un campesino, sabe que tiene que hacerlo familia por familia. El campesino esta más empoderado, no dependen solamente de una persona y conocen el valor del dinero. Todo lo contrario, pasa con el indígena. En muchas etnias, lo que diga el líder, eso se hace. Entonces le ofrecen una camioneta, un poco de dinero y el tipo acepta. Eso es corrupción, pero también es un aprovechamiento de una situación de desconocimiento (Codificación: Religioso 1).
Asimismo, el Informante de ONG 4, resaltaba:
Le estafan. Le dicen que le van a alquilar su terreno y le dan nada, nada para lo que es el valor real. El líder cobra y cree que le puede sacar en cualquier momento. Después se dan cuenta del uso que le dan y ya es tarde. No se le puede sacar a tipos armados (Codificación: Informante de ONG 4).
Aquí, efectivamente, se puso de manifiesto la vulnerabilidad de las comunidades frente a las tácticas de corrupción y engaño empleadas por los narcotraficantes. La falta de empoderamiento, conocimiento y experiencia en negociaciones hizo que los líderes sean blancos fáciles para la corrupción, lo que permitió a los grupos criminales obtener acceso a sus territorios a cambio de beneficios materiales mínimos.
La segunda técnica fue el “bloqueo de zonas”. En este caso, los mejores alegatos, y de hecho fueron de lo único que se animaron a mencionar, emergieron por parte de los referentes indígenas consultados:
Nuestras tierras no se pueden vender. Tampoco le dejamos que entren. Compran los lugares que están alrededor y hacen como un cerco. Cierran los caminos y, si queremos salir, ya es muy difícil. Entonces no queda más que otra cosa que empezar a hablar con ellos (Codificación: Referente Indígena 1).
¿Qué vas a hacer si no podés salir de tu lugar? Al tener los terrenos de al lado, muchas veces con la complicidad de los ganaderos, ellos se imponen y nosotros no nos movemos más. Imposible es salir a hacer alguna cosa afuera, no se puede hacer nada. Siempre ganan (Codificación: Referente Indígena 3).
Si en el primer caso de apoderamiento se vio la ingenuidad o la corrupción de algunos líderes indígenas, acá brotó el poder económico. No existió alguien corrompible, hubo una población que se negó al narcotráfico. La solución, por lo tanto, fue aislarla. Se adquirieron las haciendas aledañas, comprando o llegando a un acuerdo con los ganaderos, y se controlaron los caminos y los pasos. Como lo expresó el Referente Indígena 1, “se les cercó”. Al ser una comunidad solitaria, las necesidades comenzaron a aparecer, no quedo otra opción más que la de negociar.
Por último, se manifestó la “violencia física y verbal”. Aquí, las razones explicativas se dieron en virtud al poder de fuego y la prepotencia del narcotraficante:
Se van armados. Muchas veces ni no preguntan, disparan al aire o maltratan a uno o dos de ellos. ¿Qué vas a hacer? Yo tendría miedo, vos también, ¿por qué ellos no tendrían miedo? Es una cuestión de vida o muerte acá (Codificación: Informante de ONG 1).
No siempre se van a disparar. Con hablar fuerte y mostrar las armas, ya es suficiente. Son grupos armados que no les importa absolutamente nada cuando tratan con indígenas. Se sienten libres, saben que no corren riesgos con ellos. Pueden disparar, coaccionar de todas las formas y, al día siguiente, nadie se enteró de nada. Se vive con miedo, esa es la verdad (Codificación: Antropólogo 1).
Si en la segunda forma de apoderamiento se recurrió a una presión tácita o impersonal, acá el narco mostró su faceta más cruel, el uso del fuego. En estos alegatos, se evidencia la violencia y la intimidación ejercida por tales grupos. Los entrevistados describieron situaciones en las que los narcotraficantes recurrieron a la fuerza y a las amenazas para imponer su presencia en los territorios nativos, aprovechando, fundamentalmente, la vulnerabilidad y el miedo.
La realidad social descrita fue alarmante. Los testimonios revelaron cómo estos narcotraficantes recurrieron a diversas técnicas con el fin de ejercer su negocio de una manera próspera. La síntesis de lo abordado en la Dimensión 1, por lo tanto, puede apreciarse en la tabla 2.
Dimensión 2: la acción política y la levedad de lo legal
La segunda dimensión de este trabajo procura entender las percepciones de los habitantes (indígenas) de la región sobre la política en general y sobre los actores políticos formales en particular. En el punto, las conceptualizaciones giraron en torno a “personas que nunca han aparecido”, especialmente, sobre aquellos que ocuparon algún cargo a nivel nacional.
No existe eso acá. Yo nunca vi a un diputado pisar este lugar. Nunca vienen, ellos no saben nada de nosotros. No sé ni el nombre del paraguayo que está en Asunción. Si algo se escucha es porque un amigo de afuera nos cuenta. No existimos para ellos (Codificación: Referente Indígena 1).
Jamás aparecieron, ni en esas épocas cuando se eligen autoridades. Estamos muy solos, nunca recibimos nada. Si algo se necesita, uno solo se la tiene que rebuscar. Al que está en Asunción poco le importa lo que pasa acá. No conoce nada de nuestra situación (Codificación: Referente Indígena 2).
Si un diputado hace bien su trabajo, nosotros no estaríamos, así como estamos. Falta agua, comida, demasiadas cosas se necesitan. Si alguien se preocupa por nosotros, no son ellos. Saben que no somos importantes para que ocupen el lugar en el cual están en Asunción (Codificación: Referente Indígena 3).
Los tres testimonios expresaron desencanto con la política y ausencia de presencia a nivel local, fundamentalmente de los representantes legislativos locales en el nivel nacional. Considerando que el sistema de representación política paraguaya se da en tres niveles (municipal, gobernación y nacional), la mayor queja se da en torno al diputado que debe llevar y defender los intereses y las necesidades locales en el ámbito nacional. Ante su ineficiencia, se lo describe despectivamente como “el paraguayo que está en Asunción”, quien no existe ni aparece y, por ello, no conoce “la realidad que padecieron los nativos” y “no se preocupa” por solucionar los inconvenientes.
Por su parte, el abogado entrevistado considera que la inexistencia del político nacional se debe, primordialmente, a que los indígenas no tienen peso electoral:
Es un Departamento que no tiene mucha población. Acá no son más de 13 000 personas las que están inscritas en el padrón. Si yo soy un político que quiere llegar a un cargo nacional, el de diputado, con 5000 votos ya puedo dar pelea. Para ellos, es más fácil convencer a otras personas que a los indígenas (Codificación: Abogado 1).
Según los datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Alto Paraguay tenía, a comienzos de 2023, a 15 045 personas en el padrón electoral. De ese número, en las últimas elecciones generales de 2023, participaron 10 000 electores, un 66,47% del total de inscritos (TSJE 2023). De hecho, el diputado electo consiguió 5632 votos. Al ser una demarcación territorial poco poblada, hacer política de manera nacional fue una tarea relativamente más ligera que en otras partes, ocasionando estrategias para conseguir los votos de manera más diferenciada, sin tener que recurrir al convencimiento de todos los sectores sociales.
El Informante de ONG 1 concordaba con lo antes expuesto, agregando que al indígena se lo tiene marginado, aplicando diversas técnicas para conseguir fines que convienen a la clase dirigencial ya establecida:
Si hablamos en el terreno municipal, ellos pueden conseguir algo. Pero, ¿cuánto puede hacer un concejal? No manejan a la policía, no pueden hacer ningún tipo de política pública de impacto. Acá, si querés conseguir algo, tiene que ser el diputado el que te haga el trabajo, que lleve la voz de lo que aquí ocurre a Asunción. Pero el diputado electo sabe que no necesita mucho de los indígenas, acordando con los estancieros y movilizando la maquinaria electoral de su partido, consigue los votos. El indígena no es peso electoral y, aunque tuviera, muchos de ellos no tienen cédula de identidad. Al no tener cédula, no pueden votar. Se les mantiene sin identificación, entonces no cuentan en unas elecciones (Codificación: Informante de ONG 1).
Según el Censo Nacional Indígena (INE 2012), solamente el 77% se había inscrito en el Registro Civil y apenas un 64% contaba con cédula de identidad. Así, y aunque en las elecciones de concejalía del año 2021 consiguieron ubicar a nueve concejales nativos en diversos distritos de todo el Departamento, esta representación no fue extrapolable a las elecciones de gobernador y diputado, pues los electos no fueron, ni representaron, a los indígenas (Villalba 2023).
La no representación de las cuestiones indígenas a nivel nacional pudo observarse en el accionar del diputado electo para el periodo 2023-2028. Aunque el mismo es el Vicepresidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, ninguno de los cinco proyectos presentados, desde julio de 2023 a mayo de 2024, correspondió a abordar la cuestión de los pueblos nativos (SIL 2024). Además, en su anterior mandato como diputado, 2013-2018, presentó 36 proyectos de ley, de los cuales solo uno tuvo el fin de expropiar una finca a favor de un pueblo indígena. Esta iniciativa, sin embargo, fue retirada y su trámite se truncó (SIL 2018).
Los políticos locales, como los concejales, no tuvieron mucha incidencia en mejorar la cotidianeidad de la población estudiada. Al ser un país de administración centralizada, el diputado o el gobernador fueron factores clave, pero estos no han alzado las reivindicaciones de los originarios. Al no necesitarlos para sus campañas electorales, incluso manteniéndolos fuera del sistema por no tener identificación, aquellos han quedado en un vacío total. La política nacional, la que tuvo impacto real, ha ignorado a los indígenas. Entonces, si estos no han importado, ¿cuál ha sido la representación que interesó al quehacer político?
El religioso entrevistado afirmó, sobre este punto, que:
El poder real se encuentra en los narcotraficantes. Son ellos los que marcan las pautas de que se tiene, y como se tiene, que hacer las cosas. Por lo general, lo que piden es libertad, que nadie les moleste. Que la policía no complique sus operativos, que no haya radares, que nadie aparezca. Mientras más aislado del ojo público se encuentra Alto Paraguay, mejor ellos pueden llegar a hacer su negocio (Codificación: Religioso 1).
De igual manera, el Informante de ONG 4 destacaba:
No es tanto a quien le representan los políticos, sino a quienes les sirven los políticos. El político acá está a merced del poder del narco. Directamente, hacen lo que ellos le piden, cuestión que significa liberar el departamento, que se imponga la ley del más fuerte. ¿Quién es el más fuerte? El narcotraficante (Codificación: Informante de ONG 4).
Así mismo, el Antropólogo 3 complejizaba:
Hay varios discursos que le sirven a los políticos nacionales para dejar en el olvido a este departamento. Algunos dicen que, al ser un lugar poco poblado, los problemas no tienen una real dimensión. Otras veces que la cuestión indígena es muy difícil, ya que, al existir varios clanes, ni ellos mismos se ponen de acuerdo y se pelean. También, que acá, solo la gente se dedica a la ganadería. Pero esto que se dice, es una forma para que no se ponga el foco en la región. Como somos pocos, como los indígenas son conflictivos y como sólo nos dedicamos a la ganadería, es mejor mirar a otras partes del país, donde están los problemas. Mientras, acá, se impone una autoridad, la del narcotraficante, mismo que tiene la libertad de hacer lo que quiera (Codificación: Antropólogo 3).
Gracias a los relatos traídos a colación, el funcionamiento del mando político en Alto Paraguay se basó en la no representación, en dejar al Departamento fuera del interés nacional, manteniendo una dinámica de funcionamiento en el cual lo cotidiano se enmarcó por el accionar del narcotráfico. Dicha zona fue vista con poco interés por el resto de la nación, pero esta realidad fue algo que se buscó, con un sentido mentado, por un acuerdo tácito entre los sectores políticos y del narco. Al quedar Alto Paraguay en el olvido, los traficantes de drogas tuvieron la libertad de hacer lo que quisieron, de llevar sus negocios sin ningún tipo de inconvenientes. El Referente Indígena 2 expresaba: “Los de la cocaína, son los dueños de todo”.
Según datos recabados desde el portal de Acceso a la Información Pública (2022), no existía en Alto Paraguay ninguna unidad fiscal evocada a la lucha contra el narcotráfico. Tampoco se constató agentes antidrogas comisionados en tal demarcación. Por último, de las 18 jurisdicciones nacionales, Alto Paraguay es el que menos presencia policial constó: nueve comisarías, tres subcomisarías, cuatro puestos policiales, ocho oficiales jefes, tres oficiales subalternos y 73 suboficiales. Fue el Departamento con menos presencia de seguridad pública en todo el país, razón por la cual, son entendibles las reiteradas narrativas que alertan sobre un acuerdo entre el narco y la política y que fueron relevadas tanto en las noticias recopiladas como en los testimonios recogidos.
De acuerdo con estar narrativas, si el Estado no se ha encontrado presente, fue porque no se ha querido. Haciendo uso de su poder real, los grupos narcotraficantes se habrían instalado como autoridad fáctica en el territorio y habrían obtenido privilegios. Uno de esos privilegios sería la implementación de lo que Dewey (2018) conceptualiza como “zonas liberadas”, y que el autor define como “un mecanismo informal de gobierno fundamentalmente político”, mediante el cual “las autoridades políticas y estatales comercian la suspensión de la aplicación de la ley a cambio de recursos materiales o inmateriales”.
Diversos testimonios recogidos describen el funcionamiento de estos lugares:
La zona liberada es que no exista control en las rutas de los policías, que los caminos que se trazan pasen por estancias privadas, lugares que ellos controlan, que nadie se anime a intervenir en un terreno donde tienen sus bases de operaciones. En definitiva, zona liberada es que puedan hacer lo que quieran (Codificación: Antropólogo 2).
Sobre todo, que no haya tantos policías o agentes de la SENAD fijos. Al no existir una persona de ley, ellos se imponen como la ley y hacen lo que quieren. Otra cosa importante, te fijaste que no hay radares. Si no hay radares, en el lugar en el cual todos saben que bajan y suben los aviones, es porque existió un acuerdo con los políticos (Codificación: Abogado 1).
Poder entrar en nuestras tierras y poder amenazarnos. Poder hacer que trabajemos gratis. Estamos atrapados en nuestras tierras, haciendo lo que ellos quieren. Nos usan a nosotros, a nuestros hijos, no les importa nada, son los que mandan (Codificación: Referente Indígena 1).
Las tres ejemplificaciones, desde distintos enfoques, sugieren ventajas del pacto entre políticos y narcotraficantes. Mientras el Antropólogo 2 enfatizó la importancia de gozar de autonomía para operar con mayor eficacia (sin fuerzas del orden, construyendo ellos mismos las vías, administrando terrenos y estableciendo pistas de aterrizaje y centros de procesamiento), el abogado destacó la facilidad ganada por la falta de ley, debido a la ausencia de autoridades públicas, los grupos criminales imponen un orden social alternativo, con normas y regulaciones propias. Mientras tanto, para el Referente Indígena 1, el beneficio se centra en disponer a su antojo de los nativos y sus territorios, y tener la potestad de explotarlos impunemente.
En este marco, es importante entender, también, cuales serían los beneficios de la clase política a la hora de apoyar, consolidar y extender un ecosistema como este. Las explicaciones, según los testimonios recogidos se centran en dos puntos clave: el financiamiento y el mantenimiento del statu quo. Sobre el primero, los Informantes de ONG 2 y 3 aseveraban que el dinero del narcotráfico es muy útil, especialmente, para las campañas electorales:
Ni por más que seamos pocos, igual se necesita mover la maquinaria electoral. Antes, cuando las elecciones eran por listas cerradas, el dinero se conseguía más fácil. Ahora cada candidato debe solventar su campaña, tanto en internas como en nacionales. Ahí aparece el narcotraficante, que paga a todos, tanto al oficialismo como a la oposición. Gane quien gane, ellos saben que tal o cual político le debe un favor (Codificación: Informante de ONG 2).
El político no se endeuda por su campaña electoral. Este busca conseguir alguien que le de plata para que su candidatura tome impulso, especialmente en el día de la votación, el día D, donde hay que pagar autos que muevan a las personas, hay que comprar los votos. Esa plata viene del ganadero, pero también del narcotraficante. Dinero prestado es tener un político alquilado (Codificación: Informante de ONG 3).
En relación con el segundo beneficio que busca el político con el narcotraficante, algunos testimonios comentaron que el narcotraficante se volvió un agente que mantiene la calma, el statu quo:
El político lo que menos quiere es tener problemas. Ellos le liberan la zona al narco, pero el narco tiene que mantener la calma. Los problemas si llegan a Asunción no le conviene a nadie, entonces el narcotraficante se vuelve en el que arregla algunas cuestiones. Mantienen la seguridad en algunos lugares y, en otros, son los que te consiguen cosas, agua o alimentos. Hacen una especie de asistencialismo a la población (Codificación: Informante de ONG 1).
Se sabe que traen médicos, peluqueros, me consta hasta que una vez pusieron plata para arreglar una pequeña escuela y en unos salones de eventos. Pero nada es gratis. Si hacen esto es para mantener con lo mínimo a las personas, entonces nada es tan grave, tienen algo, ni por más poco que sea. Acá, si se mira desde Asunción es porque hay sequía, pero se atiende solo a los ganaderos. De los pobres se encargan los religiosos y los narcotraficantes (Codificación: Antropólogo 2).
Según lo mencionado, el narcotraficante desempeñó de manera informal, pero efectiva en el día a día, las funciones que se esperarían de un mandatario. A los dirigentes, particularmente a los de nivel nacional, les interesó mantener Alto Paraguay en calma. La paz, de acuerdo con lo narrado, radicó en proporcionar a la población lo básico, garantizando así la permanencia de unos en los puestos electivos y, en el caso de los otros, desarrollar sus actividades ilícitas sin contratiempos. En consecuencia, el traficante de drogas no ha sido únicamente un actor ilegal, sino que también ejerció la gobernanza sobre los habitantes, erigiéndose como figura de autoridad y de asistencia a los sectores más desfavorecidos (ver tabla 3).
Conclusión
El artículo describe las percepciones sociales sobre el narco y la política en comunidades indígenas del Departamento de Alto Paraguay. Aunque el narcotráfico ha sido una práctica histórica en la zona, las dinámicas sociales cambiaron en los últimos años, generando un orden social híbrido en el que, según los testimonios recogidos, los rectores del narco habrían ganado poder, los grupos indígenas habrían quedado desprotegidos y a merced de los traficantes, y la política se habría desentendido de la comunidad y liberaría zonas para facilitar y proteger el negocio ilegal. El caso de estudio presenta características inmejorables para discutir con la literatura existente y entender la causas y razones por las que un orden social de este tipo puede emerger.
En primer término, se aprecia cómo el imaginario social reconoce que el tráfico de drogas siempre existió en la región, pero de una forma diferente, más oculta, con menos poder de coacción. En ese marco antiguo, el rol de los indígenas y los sectores precarios fue clave en la logística del mercado ilegal, dando apoyo en las pistas clandestinas, cargando y descargando las cargas, y haciendo trabajo de apoyo que requería mano de obra barata. Es decir, la emergencia, consolidación y naturalización del mercado ilegal contó con el apoyo tácito (activo o pasivo) de actores que, siendo hoy víctimas del misma, habrían sido parte necesaria de su posible desarrollo.
Como enfatizó Gramsci (1980) la expansión, legitimación y normalización de una práctica social debe contar con el consenso tácito de sectores amplios de la sociedad. En el caso estudiado, se trata de apoyo inicial, no de coerción. En los testimonios recogidos no se habla de amenazas a la hora de haber apoyado inicialmente el negocio. Por el contrario, en ese pasado narrado por los participantes del estudio, la posibilidad de participar del mercado de la droga surgía por una evaluación racional sobre las posibilidades existentes. Es así como las comunidades precarias, se sumaban a ese trabajo. Se da lo que Moriconi (2013) denomina como la lógica de la víctima-cómplice, la necesaria tolerancia social, por acción o por omisión, para que un flagelo se consolide y expanda en el tiempo.
Sin ese apoyo en la logística, la historia del narco sería otra. Y sin ese apoyo logístico, el mercado ilegal no se podría haber desarrollado y sus líderes no hubiesen podido adquirir (al menos de manera pacífica) el poder que ostentan en la actualidad, y que llevó, como bien indican los testimonios, a que las prácticas sociales, dentro del ecosistema estudiado, mudaran.
¿Hasta qué punto el poder económico y, por ende, de corrupción de los grupos narcos se basa en estas pequeñas acciones de apoyo social que determinan la posibilidad del mercado?
Las sociedades se transforman en víctimas de lo que alguna vez ayudaron a desarrollar (cómplices). A pesar de la importancia de estas tolerancias sociales, los estudios sobre la gobernanza criminal se han centrado en procurar entender los acuerdos normativos entre los grupos criminales y el estado o el sector político (Alda Mejías 2021; Blattman et al. 2021; Sampó 2021; García Pinzón y Mantilla 2021). En otras palabras, los estudios preocupados por la gobernanza criminal o la narcopolítica deberían dejar de preocuparse tanto por el adjetivo y prestar más atención al sustantivo. Y prestar más atención se refiere a no caer en el fundamentalismo democrático de pensar que la gobernanza (no criminal) o la política (no narco) son buenas per se y, también, mejores que las adjetivadas negativamente.
Lo que este estudio de caso demuestra, al igual que otros trabajos anteriores sobre el caso paraguayo (Moriconi y Peris 2019; 2022) es que el verdadero problema, las estructuras de oportunidad y los incentivos reales, no provienen de la presencia de lo ilegal, sino de la deslegitimación de la legalidad como imperativo categórico. En este ecosistema, no tiene sentido hablar de democracia o de legalidad. Ambos son medios que, debido a la ausencia de preocupación de los actores públicos y debido a la corrupción e impunidad percibida en el Estado, se deslegitimaron como motores de una vida que merece la pena ser vivida. Como explica Moriconi (2021) nadie quiere democracia para morirse de hambre o subsistir en la precariedad, pero cualquiera se contentará con una autocracia si puede vivir los placeres de Dubái o Doha. El problema no es sólo la calidad de la democracia, sino también la calidad y los intereses reales de las clases dirigentes y la necesidad de entender lo que es una vida que merezca la pena ser vivida (y ver si la democracia actual es realmente un medio que provee este tipo de existencia).
Pero incluso poniendo el foco en el narco y su relación con la política, es importante entender que el tráfico de drogas existe en todo el mundo, principalmente, en los países desarrollados de Occidente, donde el consumo es mayor. A pesar de que este rentable mercado existe en todo el planeta, con su oferta, su (abrumadora) demanda, sus áreas protegidas y liberadas, con sus tolerancias y legitimaciones, en América Latina ese mercado adquiere características preocupantes que no se encuentran en otras regiones: niveles de violencia extremo, vínculos alevosos con la política, relaciones directas con las fuerzas policiales, penetración territorial sin precedentes en otros lugares del mundo. En este sentido, este tipo de estudios de caso debería hacerse, en perspectiva comparada, con estudios de caso de mercados de drogas en países donde las características son diferentes. Trátase de entender cómo la gobernanza criminal de la sociedad o la narcopolítica pueden transformarse en gobernanza de lo criminal y políticas de regulación de mercados ilegales. Hasta que no se discuta abiertamente la posibilidad de legalizar estos mercados tan dañinos para la sociedad, y de esta forma de redefinir lo “criminal” (Moriconi 2024), lo cierto es que América Latina debe aprender a regular mejor la industria criminal, en este caso, de tráfico de drogas, que existe en todo el mundo. En pocas palabras, comparando con el resto de Occidente, no es el narco el problema, el problema es su gobernanza. Y ese debe ser el desafío.
