Introducción

El propósito de este estudio es analizar desde un enfoque cualitativo-explicativo -en cual se busca determinar causas (^{Hernández Sampieri, Fernandez y Baptista 2003}, 84) - la renovación de la doctrina, para generar un sentido de entendimiento y aportar al debate académico. Inicialmente se abordan las reformas históricas de la fuerza para caracterizar su naturaleza interméstica.¹ Posteriormente, se define el contexto internacional de la renovación doctrinal a través la transformación del Sistema Internacional Contemporáneo y su respuesta con las Revoluciones en Asuntos Militares (RAM); y desde el plano doméstico, la trasformación misma de la fuerza producto de la confirmación del CREI I y su transversalidad con las políticas de gobierno del sector defensa. Partiendo de la hipótesis que el ENC ha renovado su doctrina de manera congruente con los desafíos y amenazas que trae el Sistema Internacional Contemporáneo, sin dejar de lado las amenazas clásicas a la seguridad, se contrasta con el enfoque ampliado de la seguridad, teniendo como referencia la teoría liberal de las disciplinas de las Relaciones Internacionales. Esto implica examinar y contrastar los vínculos entre variables como la cooperación internacional, la atención a las amenazas no antrópicas, y el fortalecimiento la autoridad civil, contenidas discursivamente en la Doctrina Damasco, como las respuestas concretas a los factores estructurales determinados por el Sistema Internacional Contemporáneo con la teoría liberal de las Relaciones internaciones.

La evolución histórica del ENC desde la perspectiva internacional

El ENC ha sido una de las instituciones estatales que más se ha sometido a cambios y trasformaciones (^{Torres del Río y Rodríguez Hernández 2008}; ^{Atehortúa Cruz y Vélez Ramírez 1994}), lo cual no es extraño en la medida en que, como garante de la soberanía del Estado, se ha visto abocado a estar a la par de las amenazas que afectan la seguridad hemisférica y defensa del país. Durante la primera mitad del siglo XX, el reto principal para la Fuerza fue alcanzar su profesionalización. La Primera Misión Militar Chilena -con claro ascendente prusiano-, llegó durante el gobierno de Rafael Reyes, en cabeza de “Francisco Javier Díaz y Pedro Charpin Rival (1909-1911), quienes tenían claro el modelo de un Ejército profesional al que aspiraba la élite civil del llamado 'Partido Republicano' dominante en la primera década del siglo XX en Colombia” (^{Atehortúa Cruz 2001}, 138).

La “reforma militar” implementada por el general Reyes, condujo a la creación la Escuela Militar de Cadetes y la Escuela Naval en 1907, instituyendo así, el principio de la carrera militar a partir de la academia y la educación militar. No obstante, el carácter aislacionista de Colombia en materia internacional durante este periodo repercutió en la baja profesionalización del Ejército como una fuerza de choque frente a amenazas internacionales tal como lo afirma el mismo ^{Atehortúa (2001}, 39): “Ni siquiera en la corta guerra con el Perú, en 1932, el ejército colombiano pudo erguirse como símbolo de identidad nacional”.

La Segunda Guerra Mundial instituyó las relaciones binacionales ente Colombia y Estados Unidos como hoy las conocemos. A pesar de los vaivenes diplomáticos gestados por el comportamiento de las empresas estadounidenses en Colombia y el incipiente nacionalismo, a partir de la presidencia de Eduardo Santos (1938-1942), el péndulo se inclinó por la colaboración a la causa de los aliados en la guerra, que se materializó tempranamente en cooperación militar. Los acercamientos que empezaron con una misión naval en 1938 -desplazando la tradicional asistencia británica-, terminaron incorporando una la misión aérea en 1939 para “ayudar en el desarrollo y funcionamiento de la aviación del Ejército Colombiano” (^{Bushnell 1984}, 19).

Sin embargo, el auge de la cooperación militar con el gobierno del “buen vecino” se dio ante la caótica y agitada situación del orden mundial que allanó el terreno para la intensificar los programas militares en América Latina. La intención de Estados Unidos era involucrar a las repúblicas latinoamericanas en la defensa del hemisferio contra los poderes del Eje, y la responsabilidad de Colombia, justamente, descansaba en la colaboración con la defensa del Canal de Panamá, aunque careciera de los medios efectivos para llevar a cabo la tarea (^{Bushnell 1984}, 66). El modesto equipamiento que poseía el país databa de los años 30, e incluso, “en una ocasión, un consejero militar norteamericano predijo que el ejército colombiano quedaría sin munición en menos de una hora de fuego efectivo” (^{Foreing Relation United States 1940}, 58). De esta manera, en 1942, los gobiernos firmaron el primer Convenio de Préstamo y Arriendo de equipamiento para su modernización.

La segunda mitad del siglo XX, la modernización del Ejército se caracterizó por la institucionalización de la doctrina de contención al comunismo. El fin de la Segunda Guerra Mundial dejó enfrentadas a las principales potencias vencedoras: Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Durante la postguerra, el presidente Harry Truman se esforzó por conseguir la anuencia de las repúblicas latinoamericanas en favor de la contención del comunismo y para ello planeó homogenizar los equipos militares, organizar los ejércitos del hemisferio y aumentar la ayuda militar y las misiones de entrenamiento. Otro instrumento para logar el objetivo fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Rio de Janeiro de 1947 (TIAR) que, aunque no estipulaba en el corpus del texto directamente la obligación de lucha contra el comunismo, resultaba obvio que se trataba de uno de sus compromisos implícitos (^{Prieto Ruiz 2013}, 45).

Entre tanto, en Colombia comenzó a gestarse el enfrentamiento bipartidista que sería a la postre, el germen de las FARC (^{González, Bolívar y Vásquez 2003}, 53). Con la cooperación por parte de Estados Unidos, el gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez (1946-1950) consiguió la firma de un nuevo contrato para sustituir el firmado en 1938. Esto se cumplió mediante canje de notas del 20 de noviembre y el 3 de diciembre de 1946; y según ^{Prieto (2013}, 46): “Estos convenios permitían que militares estadounidenses entrenaran tropas colombianas, que las adiestraran en el manejo del equipo militar adquirido en ese país, y también asesoraban a los mandos militares colombianos en planes de defensa y las compras de armamentos que Colombia quisiera hacer”. Así, Estados Unidos había logrado desplazar con éxito las misiones europeas que habían asesorado e instruido a los militares colombianos e igualmente, liderar la política de seguridad de defensa hemisférica conociendo de primera mano las debilidades de los ejércitos de las repúblicas latinoamericanas.

Hasta este punto, se puede afirmar que, en la modernización, la profesionalización, el equipo y el entrenamiento táctico de operaciones del Ejército colombiano, Estados Unidos ha desempeñado un papel protagonista, logrando vincular a Colombia en sus propios objetivos de política internacional -lucha contra el nacional socialismo y el comunismo-. Sin embargo, a partir de los años de la contención al comunismo y la lucha contra las drogas, inició una etapa interméstica² en la cual, las necesidades de trasformación del ENC; es decir que los retos, amenazas y desafíos en materia de seguridad dejaron de regirse por procesos externos, y emergieron dentro del país nuevas amenazas que afectaron la seguridad nacional e incluso regional.

El fenómeno del narcotráfico y el ascenso sistemático de la presencia de las guerrillas a lo largo del territorio, a partir de la década de los años 60, reforzó los mecanismos de cooperación militar con Estados Unidos. Mientras que, para la lucha contra el primer fenómeno, los recursos fueron destinados a la Policía Nacional para su profesionalización y el envío de quipos para la interdicción de rutas del narcotráfico (^{Guaqueta 2005}, 30), para la contención de las guerrillas, el Ejército recibió el apoyo norteamericano al punto de influir en la formulación de una doctrina contrainsurgente homologando la política con la del resto de países de América Latina con la Doctrina de Seguridad de Nacional (DSN).

Sin embargo, la dinámica del conflicto armado en Colombia trajo la expansión de las guerrillas (1984-2002) en medio de dos procesos de paz frustrados y el levantamiento del paramilitarismo (^{Grupo de Memoria Historica 2016}, 117). La incursión de los grupos guerrilleros en el narcotráfico llevó al aumento de su presencia en zonas de frontera agrícola del país desafiando seriamente el control del Estado; esto es lo que algunos autores han mencionado como el avance de la Guerra de Guerrillas a la Guerra de Posiciones (^{González, Bolívar y Vásquez 2003}, 57-58) e incluso a llevó al país al borde de ser denominado como Estado Fallido por la comunidad internacional.

El panorama cambió con la política de internacionalización del conflicto colombiano. La coyuntura del Plan Colombia coincidió con la rápida implementación de la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y el desdibujamiento de la tajante distinción entre lucha antinarcóticos y la lucha contrainsurgente (^{Rojas Rivera 2006}, 23). Los atentados en Nueva York y Washington DC (9/11) redefinieron las prioridades de la agenda de seguridad internacional de Estados Unidos y permitió la inscripción de los grupos armados ilegales que hacían presencia en Colombia dentro de la lista de organizaciones terroristas del mundo, bajo la denominación de Combate al Terrorismo. En esta coyuntura, al igual que durante la Segunda Guerra Mundial y la temprana Guerra Fría, Estados Unidos destinó recursos de cooperación militar para comprometer a Colombia, nuevamente, en sus objetivos de política exterior. Así, el ENC fue el mayor destinatario de recursos para su fortalecimiento (^{Rojas Guevara 2016}, 112), ayuda materializada en el Plan Colombia (^{Rojas Rivera 2006}). De esta forma la etapa interméstica se profundizó al involucrar nuevamente a Colombia en sus objetivos de política exterior.

La combinación de la Política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), y la acción del Ejército fortalecido por el Plan Colombia, inclinó definitivamente la lucha contrainsurgente a favor del Estado. Con el repliegue estratégico de la entonces guerrilla FARC, denominado Plan Renacer a finales del mandato Uribe, emergió al interior del Ministerio de Defensa la necesidad de replantear la estrategia con la cual se pudiera combatir estos grupos al margen de la ley y nació el Comité de Revisión Estratégica e Innovación, llamado CRE-I, como una primera fase hacia la trasformación del Ejercito (^{Rojas Guevara 2016}, 112-113). Justamente, según el mismo coronel Rojas Guevara, este proceso incorpora la segunda gran reforma al Ejército Nacional de Colombia -después de la Reforma de Reyes -en su historia.

La Revolución en Asuntos Militares (RAM) en el contexto de transformación del Ejército de Colombia

La transformación del Ejército de Colombia hace parte de una gran ola de cambios que las fuerzas armadas contemporáneas alrededor del mundo han venido realizando condicionadas por los nuevos desafíos planteados ante la consumación de la Guerra Fría y la guerra contra el terrorismo; y la denominada Revolución en Asuntos Militares (RAM) expresa estos cambios propios del Sistema Internacional Contemporáneo (^{Colom Piella 2014}). La discusión sobre RAM postmoderna según Guillem ^{Colom Piella (2008}, 115-130), tuvo sus comienzos con la Guerra de Vietnam. Esta demostró que el sistema militar de los Estados Unidos había llegado al límite y que fue incapaz de hacer frente a una fuerza irregular y en aparente desventaja tecnológica obligándolo a iniciar un proceso de innovación tecnológica, doctrinal, táctica, y organizativa la cual culminaría en 1991.

En la década de 1990, con el colapso de la hegemonía soviética en el hemisferio oriental, Estados Unidos emergió como la superpotencia vencedora en el sistema internacional soportado por los países OTAN. Así, Estados Unidos se vio en la necesidad de replantear su estrategia militar de cara al nuevo escenario estratégico que ello trajo. Las operaciones Escudo y Tormenta del Desierto, en el marco de la guerra del Golfo Pérsico, significaron la puesta en escena del músculo militar de Estados Unidos. Esta experiencia trajo una flexión al ámbito de los estudios en seguridad y defensa en la medida en que representaba una nueva forma de conducción de operaciones militares en un contexto histórico específico y condicionado por la aparición de nuevas tecnologías, tácticas, doctrinas y organizaciones; que mostraron como resultado la evidente ventaja estratégica a las fuerzas estadounidenses frente las fuerzas iraquíes (^{Colom Piella 2008},135-138).

Con la experiencia de los años noventa a partir de la primera década del siglo XXI, los Estados Unidos profundizaron la ola reformadora de sus Fuerzas Armadas con atención a las nuevas realidades que en materia de seguridad y defensa planteó la nueva configuración del sistema internacional, como el surgimiento de las denominadas nuevas amenazas; entre las que se destaca el narcotráfico y el terrorismo como las de más alto impacto para el caso colombiano. El proceso de transformación militar se dio a conocer por Donald Henry Rumsfeld, secretario de defensa de George W. Bush (2001-2009), quien determinó tres pilares básicos para el proceso: naturaleza, marco jurídico y capacidades de las FFAA. Desde el plano interpretativo, según el historiador Clifford Rogers, una RM era un fenómeno que se manifestaba cuando importantes cambios sistémicos en la esfera cultural, política, social, demográfica o económica se articulaban de tal manera que lograban transformar completamente el Estado, la sociedad y su relación con la guerra (Rogers 2000). Así, se puede establecer que las RAM, es sí mismas, son indicadores de transiciones y de cambios en el sistema internacional.

El proceso reformador estadounidense tomó proporciones hemisféricas, en la medida en que Chile y Brasil emprendieron el camino hacia su propia reformulación militar. Así según la Corporación de Estudios Estratégicos (CEES), las trasformaciones militares en el ámbito regional serían la piedra angular de la seguridad hemisférica (2006). Colombia, de esta manera decide modernizar su Ejército al modelo de trasformación en un momento coyuntural y adecuado en la medida en que puede concretar sus esfuerzos operacionales hacia otros aspectos de la amenaza, distintos a la clásica amenaza insurgente que afectó la estabilidad del Estado por más de medio siglo.

Para el coronel Rojas, la revisión de la doctrina militar del Ejército fue motivada por factores que incluyen riegos y amenazas que han venido en aumento en el plano nacional e institucional como en el internacional, y no por decisiones apresuradas o derivadas de otra índole como podría interpretarse son como un resultado del proceso de La Habana³. En contraste, algunas de las variables factuales que avocaron una revisión a la doctrina actual fueron:

• El Plan de Transformación del Ejército (inició en 2011)

• Los cambios en las amenazas a la seguridad nacional

• La incorporación de nuevas tecnologías

• Las áreas operacionales dinámicas

• Las lecciones observadas y aprendidas

• Necesidad de un lenguaje profesional común con otros ejércitos del mundo (interoperabilidad)

• Estandarizar y actualizar conceptos propios de la ciencia militar

• Garantizar el conocimiento y la aplicación efectiva del marco jurídico en la conducción de las operaciones (^{Rojas Guevara 2016}, 110).⁴

El entorno estratégico del sector defensa y de transformación militar en Colombia

Hasta este punto, se puede indicar que la trasformación del ENC obedece a múltiples factores anclados a factores históricos y la alta complejidad del Sistema Internacional Contemporáneo. Desatacamos para el análisis: i. la influencia histórica de los Estados Unidos; ii. Las complejas realidades de la amenaza que se manifiestan el plano interméstico; y iii. La ola de Revolución en Asuntos Militares (RAM) que ha penetrado en los países del hemisferio y que se convierte en el norte de cooperación militar a nivel internacional.

Ahora es pertinente identificar los nuevos retos que afrontará el ENC frente al proceso de transformación. Los retos a nivel interno de las FFMM que presenta Edwin Cruz en Fuerza Pública, Negociaciones de Paz y Postacuerdo en Colombia, emergen de la necesidad de reformar la Doctrina de Seguridad Nacional (doctrina contrainsurgente):

“/.../ al igual que en otros casos la transición requiere una reforma estructural que, entre otras cosas, garantice un control democrático del estamento armado, redefina la doctrina militar basadas en la DNS, el sistema educativo, la reducción del pie de fuerza y el gasto en seguridad y defensa, el reclutamiento militar, los criterios para hacer caso justicia en casos de violación de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, y las funciones de las distintas Fuerzas /…/ en suma se requiere de una política militar y no solo una política de seguridad y defensa para la transición” (^{Cruz Rodríguez 2016}, 61)

En efecto, para atender a estos retos, el Ministerio de Defensa de Colombia (MDN) ha sido el engranaje entre la alta política, y la fuerza militar en terreno. El Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad: Guía de Planeamiento Estratégico 2016-2018 es el eslabón ente las políticas de Defensa y Seguridad consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”; La Política de Defensa y Seguridad “Todos por un Nuevo País”; Plan Estratégico del Sector Defensa y Seguridad, Guía del Planeamiento Estratégico 2016-2018; materializadas al interior del ENC a través de: Comité Estratégico de Transformación e Innovación (CETI); y el Comité de Diseño del Ejército del Futuro (CEDEF), el cual sirvió de referente para la creación del Comando de Transformación del Ejército del Futuro (COTEF). Un aparte de la Guía del Planeamiento Estratégico del Sector Defensa y Seguridad (2016-2018), del cual parte la argumentación con relación al contexto interno, así: “

El cambio en las exigencias de un Estado que pasa de enfrentar un conflicto interno a enfrentar los requerimientos de un país en paz no puede producirse de forma súbita sino a través de una transición. Se tratará de un período híbrido que combinará elementos de los dos escenarios: un conflicto en cierre y el nuevo escenario de un país en paz. Es por ello por lo que en este nuevo entorno estratégico será fundamental conservar unas Fuerzas Armadas motivadas, modernas, fortalecidas y eficientes, a n de garantizar la irreversibilidad de los acuerdos alcanzados y enfrentar de manera decisiva el resurgimiento o desarrollo de nuevas amenazas” (Ministerio de Defensa Nacional 2016).

En el marco de la política del sector de Seguridad y Defensa colombiano se reconoce el escenario de postacuerdo. Actualmente el Estado colombiano solo ha firmado el Acuerdo Final de Paz con la guerrilla de las FARC, situación que a luz del Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación “Victoria” y “Victoria Plus”⁵, se reconoce al Ejército de Liberación Nacional (ELN), hasta tanto no firme un Acuerdo de Paz, como un Sistema de Amenaza Persistente (SAP). En otras palabras, las FFMM están en la obligación constitucional de contrarrestar, a través de una ofensiva militar contundente, las acciones del ELN en contra de la población civil y la Seguridad Nacional. Por otro lado, la Directiva Permanente No.15 de 2016 del MDN, ordena a las FFMM la asistencia militar a la Policía Nacional, que a petición de la misma o de la autoridad civil competente, apoye con el uso de la fuerza letal, la lucha contra los Grupos Armados Organizados (GAO), Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) y las estructuras disidentes de las FARC. Lo anterior, en el marco jurídico que otorga del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la Constitución Política de Colombia.

Lo anterior permite identificar claramente la variable postacuerdo con la guerrilla de las FARC como el eje central de la actual Política Pública del Sector de Defensa y Seguridad, en la medida que la principal problemática que se plantea de cara a este escenario es la llegada actores como el SAP, ELN, GAO, GDO y disidencias de las FARC en las áreas donde como grupo armado hacían presencia. Las directrices del MDN son los pilares de la política de gobierno en que descansa la transformación del Ejército. Desde el plano institucional dentro de la Fuerza es la renovación de la doctrina, ya que ésta es la que indica cómo la Fuerza conduce operaciones militares. Es en ese sentido, que a partir de agosto de 2016 el ENC adopta el concepto operacional de Operaciones Terrestres Unificadas (OTU) con el propósito de responder de manera adecuada a los nuevos retos que impone el actual escenario estratégico (^{Ejército Nacional de Colombia 2016a}).

De la Seguridad Clásica a la Seguridad Humana

Como vestigio de la Guerra Fría, la doctrina contrainsurgente privilegió el poder militar que constituyó el medio de estabilización de la balanza del poder en el sistema internacional. Teóricamente, el triunfo de los realistas frente a los idealistas sobre la interpretación de las relaciones entre los actores del sistema internacional en la postguerra en 1945 fue posible porque los problemas sobre la seguridad colectiva se basaban en conflictos de las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial -Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)-, y que representaban modelos ideológicos opuestos. En el periodo de la Guerra Fría, en pleno auge de la era atómica, por lo tanto, la seguridad internacional estuvo planteada desde la agenda militar de los Estados.

El fin de la Guerra Fría significó una coyuntura de trasformaciones y de cambios en el sistema internacional. A la par de las trasformaciones militares aquí detalladas, la caída del Muro de Berlín representó un momento para reflexionar, debatir y ampliar el paradigma tradicional militar de la seguridad internacional hasta entonces vigente. El triunfo de las ideas democráticas occidentales fomentó el auge de las ideas liberales (Peréz de Armiño 2006). Así la doctrina clásica de seguridad nacional⁶ ha ido dando paso a la seguridad humana, una expresión que considera que el individuo debe ser objeto de protección ante amenaza cada vez más globales y complejas (^{Bassedas, 2012}). El Informe de Desarrollo Humano de 1994 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su segundo capítulo Nuevas Dimensiones de la Seguridad Humana incorporó al debate académico la necesidad de la ampliación del concepto de seguridad, e introdujo el concepto de seguridad humana, que según el PNUD, se expresa en un niño que no muere, una enfermedad que no se difunde, un empleo que no se elimina, una tensión étnica que no explota en violencia, un disidente que no es silenciado (^{PNUD 1994}, 25-26). La seguridad humana no es una preocupación por las armas: es una preocupación por la vida y la dignidad humana” (^{PNUD 1994}, 25). La tabla 1 enlista y compara las amenazas de a la seguridad desde los dos enfoques, el tradicional y el ampliado de la seguridad humana:

Desde la teoría de la disciplina de las Relaciones Internacionales, si bien, el realismo tiene como premisa la ausencia de la moral en el ejercicio del poder en el sistema internacional -de naturaleza anárquica- y el imperio de la razón de Estado entre otros elementos⁷; el liberalismo⁸, en contraste, es la teoría que explica mejor el enfoque en la seguridad humana. Como ideología anglosajona y heredera la tradición idealista, retoma el papel de la moral y la ética como una de las condiciones para la formulación de las políticas hacia los individuos. Según Andrew Moravcsik (1997) se puede fundamentar en tres premisas: i. el otorgamiento de una alta primacía a los actores sociales, y en especial a los individuos, en la elaboración de las políticas estatales, y la búsqueda de su bienestar a través de éstas; ii. Los Estados o las demás instituciones políticas representan a los actores sociales, por lo cual el comportamiento estatal está sujeto a la presión que éstos ejercen conforme a sus intereses individuales fundamentados racionalmente; y iii. el sistema internacional interdependiente configura el comportamiento estatal (^{Sánchez & Rodríguez 2005},16).

De lo anterior se deriva que el individuo es relevante para los liberales en el análisis de las relaciones internacionales, para la garantía de su libertad y sus derechos (^{Sutch & Elias 2007}, 65). Igualmente, la teoría por raigambre histórico y filosófico, pugna por el predominio del derecho internacional, los derechos humanos, la cooperación económica y la justicia en un mundo interdependiente. Así, la cooperación es, en sí misma, un canal propio de los liberales, como lo consagra el célebre ensayo de Immanuel Kant sobre la Paz Perpetua, que contrasta con la lóbrega visión de Thomas Hobbes, en donde en su estado de naturaleza los individuos tienden a aniquilarse unos a otros para asegurar su subsidencia.

Así, la seguridad humana enfatiza en dos componentes principales del paradigma liberal: la libertad respecto del miedo y la libertad respecto de la necesidad y los relaciona con todas las amenazas a la supervivencia y la vida digna de los seres humanos. La interpretación que hacen ^{Sánchez y Rodríguez (2005}, 22) sobre el enfoque resulta cierto cuando afirman que “Un mundo libre de temor es, en síntesis, el objetivo que plantea Naciones Unidas, lo que conduce a reconocer una nueva realidad internacional marcada por una exclusión social que va en detrimento de la estabilidad de los ciudadanos”. Adicionalmente, la seguridad humana forma parte del desarrollo humano, concierne a la gestión de la crisis y compete la atención de tanto de civiles como de militares (^{Kaldor 2010}, 282) cómo se verá a continuación.

La Seguridad Humana, un eje articulador del Ejército Multimisión

El Ejército Nacional de Colombia, en pleno proceso de trasformación hacia el Ejército del Futuro 2030, reconoce la vertiginosa transformación del sistema internacional en el curso de las últimas décadas, e incorpora principios del enfoque ampliado de seguridad en su Doctrina Damasco; sin dejar atrás el principio constitucional fundamental de asegurar la supervivencia y la soberanía de Estado nacional. Es notorio que el ENC amplió su visión de las amenazas, hacia aquellas que afectan la libertad y el desarrollo del ciudadano colombiano, desde un punto de vista más comprensivo sobre estas nuevas realidades. Es de esta manera que se interpreta la incorporación de la Seguridad Humana como un eje del Ejército Multimisión que se espera entregar al país en el año 2030; es decir, el Ejército Multimisión proyecta la idea de una Fuerza polivalente encargada de diversificar la atención a las amenazas no solo a la seguridad nacional sino también al ser humano. Para el Gral. (Rva) Fabricio Cabrera,

el Ejército es una institución que ha jugado un papel determinante en la construcción del Estado, especialmente en las regiones de la periferia, en donde en muchas ocasiones la única presencia que este ha tenido ha sido la figura del soldado; por lo tanto su experiencia en el conocimiento de los territorios es única y ventajosa en relación con otras instituciones del gobierno /.../ Esta profunda conciencia institucional asegura que la formulación en relación con los nuevos retos y amenazas de múltiple naturaleza, económica social en diversas zonas apartadas del país (^{Cabrera 2006}, 146)

Entre las acciones más notorias que proyecta el ENC a la atención de las amenazas no antrópicas (ver tabla 2), por ejemplo, se destaca en el marco del Plan Campaña Espada de Honor III -Plan de Guerra, emitido desde Comando General de las Fuerzas Militares que contiene dos esfuerzos primordiales: i. la ejecución sostenida de las operaciones militares y; ii. el esfuerzo no armado- el programa Soldados Guardabosques en el departamento del Tolima (^{Ejercito Nacional de Colombia 2015}). La iniciativa se ancla al espíritu de la doctrina de institucionalizar operaciones no letales y de apoyo a las autoridades civiles.

Ejército apoya a las autoridades civiles mediante la realización de tareas que hacen parte de las operaciones de Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil (ADAC). Puntualmente, esta clase de operaciones se definen como el soporte proporcionado por las FFMM, y todas las instituciones que integran el sector defensa, a solicitudes de asistencia de las autoridades civiles para emergencias nacionales de cualquier índole (^{Ejército Nacional de Colombia 2016b}, 1).

Las características de las operaciones de ADAC son distintas a las de otras tareas que conforman la Acción Decisiva (AD) ofensivas, defensivas y de estabilidad, debido a que estas se enfocan en el empleo de medios no letales, en la medida que el propósito son las personas, con el fin de salvar vidas, mejorar la calidad de vida, proteger la propiedad (pública y privada) y apoyar la recuperación social del territorio, salvaguardando siempre los derechos y garantías de la población civil. En otros términos, se trata de garantizar condiciones humanitarias, de Derechos Humanos (DD. HH.), de orden público y de la seguridad desde aspectos más amplios que el factor netamente militar. ADAC se encarga así de asegurar las libertades civiles de la población en el territorio colombiano, cuando esté en riesgo la estabilidad institucional democrática.

Un segundo elemento que vincula la proyección del Ejercito Nacional con la interpretación liberal armoniza con la profundización del compromiso de la estricta observancia a los Derechos Humanos (DD. HH). A pesar de que en el pasado el Ejercito cometió errores que reconoce, para supéralos, la directriz del general Alberto Mejía es que la Fuerza sea la garante y protectora de los derechos fundamentales (^{Ejercito Nacional de Colombia 2016b}, IX), y específicamente establece la misma doctrina que: “Las FF. MM. están sometidas al imperio de la ley, donde se reconocen los Derechos Humanos como aquellas prerrogativas inherentes al ser humano” (^{Ejército Nacional de Colombia 2016c}). De igual forma, el ENC acata los compromisos internacionales en materia de Derecho Internacional Humanitario (DIH) aplicado al caso de Colombia y ejerce el uso legítimo de fuerza que le consagra la carta política contra quienes quieran afectar el orden constitucional y legal o quienes atenten contra los (DD. HH). Este principio, sintoniza con los establecidos por la ONU en cuanto busca la seguridad de vivir en sociedad, bajo el amparo de la seguridad política⁹.

La Doctrina Damasco también reconoce en el inminente proceso de globalización, la creciente importancia que se le da a las nuevas tecnologías digitales y la certeza del reto de pasar el Ejército al espacio de la cooperación en el ámbito del multilateralismo (^{Kaldor 2010}, 288). Los conflictos no provienen de forma exclusiva de Estados antagonistas, en el actual mundo interconectado pueden provenir incluso de entes desterritorializados tales como: las redes del terrorismo, redes de hackers informáticos, las redes de tráfico de armas y de trata de personas, los cárteles de narcotráfico, y las epidemias de enfermedades, entre otros. Si bien desde el contexto de los teóricos de la interdependencia el papel militar es minorizado, el Ejército Multimisión busca expandir su campo de acción para hace frente a estas amenazas en diversos aspectos de las relaciones internacionales como la cooperación militar con base en la interoperatividad con otras Fuerzas para el apoyo de misiones de paz como la OTAN.

Conclusiones

En primera instancia, el actual proceso de transformación del ENC se percibe como un fenómeno intermestico a partir del análisis de las experiencias de modernización históricas. El plano domestico del postacuerdo deja ver una oportunidad para la transformación de una fuerza contrainsurgente a una fuerza multimisión que responde a los nuevos desafíos e interpretación que exige el contexto internacional. Cabe recordar que la necesidad de la interoperabilidad con otras fuerzas a nivel mundial es otro elemento que motiva la transformación, y por lo tanto la Doctrina Damasco puede interpretarse como parte de la otrora tendencia hacia la homologación de los factores doctrinales, tácticos y organizativos para combatir las amenazas del ámbito internacional -el Nacional Socialismo en los años 40 y el Comunismo a partir de los años 50-.

En el marco de las Revoluciones en Asunto Militares (RAM) si bien, el proceso de transformación del Ejército de Nacional llega de forma tardía en comparación con otros países de la región como Chile, Perú y Brasil, difícilmente se puede encontrar un momento histórico más propicio para llevar a cabo la tarea de la redefinición de la doctrina militar en Colombia. El postacuerdo ofrece un panorama amplio para el replantear las nuevas amenazas que se ciernen sobre del territorio nacional en un ambiente operacional volátil, incierto, complejo y ambiguo (VICA).

Académicamente, identificar y describir las amenazas y los roles de la Fuerza en su transformación carece de sustento como un fin en sí mismo, sino se alimenta de una interpretación que explique y aporte a la discusión de la seguridad de los campos propios de la disciplina de las Relaciones Internacionales. Por ello, se puede concluir que el proceso de transformación del Ejército, si bien, continua la tendencia del realismo teórico en la medida en que la soberanía, la integridad territorial y combate a las amenazas tradicionales se constituyen como ejes medulares de la transformación, el paradigma liberal está presente en el proceso en la medida en que se visibilizan las amenazas a la seguridad humana que afectan al individuo. El trabajo de la profesora Mary Kaldor enfatiza que las intervenciones humanitarias en el mundo se intensificaron en la medida en que los antiguos conflictos derivados de la guerra fría cesaron. De aquí la necesidad de enfatizar en el enfoque ampliado de la seguridad para consolidar una paz estable y sostenible.

Siguiendo la línea de ^{Kaldor (2010}, 279), la seguridad humana atañe a la seguridad del individuo y de las comunidades más que a la seguridad de los Estados, y comprende tanto los derechos humanos como el desarrollo humano. La seguridad suele concebirse como la ausencia de violencia física, mientras que el desarrollo se entiende en el sentido de desarrollo material -la mejora en los niveles de vida-, sin embargo, para la autora, se trata de una distinción desacertada. Ambos conceptos comprenden el “estar libre de temores” y el estar libre de las necesidades” (^{Kaldor 2010}, 281). La terea de la seguridad, entonces, es hacer frente al vulnerabilidad externa, no solo las guerras, sino también en las catástrofes naturales y los desastres provocados por factores no antrópicos, tal como se ha establecido en la Damasco con las operaciones de Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil (ADAC). De modo que la seguridad humana forma parte del desarrollo humano, pero se encuentra, si se quiere, en el frente de combate del mismo. Concierne a la gestión de la crisis. Incluye tanto elementos civiles como militares; ofrece una manera de actuar, un conjunto de principios para la gestión de la crisis. ^{Kaldor (2010}, 282) añade que “nuestra manera de actuar en la crisis se convierte en un símbolo de como una institución es percibida en general. La seguridad se encuentra estrechamente vinculada con la legitimidad de la política. Nos sentimos seguros si confiamos en nuestras instituciones si las vemos actuar con eficacia en las crisis”.

De esta manera, la aplicación de la seguridad humana, interpretada desde la óptica liberal de las Relaciones Internacionales, como complemento de la seguridad tradicional, resulta una herramienta efectiva contra las amenazas emergentes en periodos complejos como el postacuerdo vigente en Colombia. Aun cuando su intención de aplicación está escrita en la Doctrina Damasco, implica un cambio en la mentalidad de cada uno de los integrantes de la Fuerzas Amadas, que consideran que su función es derrotar un enemigo (^{Kaldor 2010}, 288). En realidad, en las guerras contemporáneas que implican maniobras en un ambiente operacional complejo, ante la imposibilidad de victoria, se propone en cambio, el establecimiento de zonas seguras en las que sea posible buscar soluciones pacíficas, en otras palabras, se trata de reforzar en la mentalidad de los hombres y mujeres que integran la Fuerza el énfasis en las tareas de estabilización (^{Kaldor 2010}, 288). En el Ejercito Multimisión, que ha decido ampliar su visión de la seguridad para el año 2030, la misión que debe primar es la de posibilitar y estabilizar.