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1. Introducción
Las pensiones de alimentos constituyen una problemática en la sociedad chilena. El incumplimiento de pensiones alimenticias es altísimo, pues existe un 84 % de adeudamiento (Vargas Pavez y Pérez Ahumada 2021). De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2020), en el año 2017, 580 389 personas recibían ingresos por concepto de pensión alimenticia y un 87,4 % eran mujeres. En el informe del Consejo de Derechos Humanos (2015) se indica que en Chile cada año se demanda a aproximadamente 25 000 padres por el impago de las pensiones de alimentos y nueve de cada 10 demandantes son mujeres. Asimismo, más del 56 % de las mujeres que reciben pensión son el principal sustento económico de su familia (Ministerio de Desarrollo Social y Familia 2020).
En noviembre de 2022 entró en vigor el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y a inicios de 2023 ya se habían superado los 80 000 registros (Ministerio Secretaría General de Gobierno 2023). En el segundo semestre de 2023 se excedieron los 112 000 deudores, de los cuales un 96,9 % eran hombres (Olivares 2023). En mayo de 2023 entró en vigor la Ley 21484 que instaura el pago permanente de las pensiones para cada hijo o hija de la persona deudora. Ante la magnitud
de esta problemática la legislación chilena ha establecido sanciones adicionales hacia quienes adeuden pensiones de alimentos, entre las que sobresalen la retención de retiros de los fondos individuales de las pensiones de vejez, la cual fue una práctica económica recurrente en Chile durante la pandemia (Dirección de Estudios Corte Suprema 2020), restricciones para renovar el pasaporte, suspensión de la licencia de conducir, arresto nocturno o completo y embargo de bienes (BCN 2022).
En América Latina el estudio de las pensiones de alimentos se ha abordado principalmente desde la disciplina del derecho, focalizándose en la comparación de tipificaciones sobre la violencia económica (Córdova López 2017) y vacíos normativos en las legislaciones (Londoño Vásquez 2020). Existen también investigaciones que se enfocan en la vulneración de los derechos de las infancias, pero escasamente se aborda el fenómeno como una violencia hacia las mujeres (Arroyo 2020). Dentro de las pocas investigaciones desarrolladas en esta materia desde las ciencias sociales destacan trabajos recientes realizados en Argentina (Hasanbegovic 2018), Brasil (Rangel 2006), Colombia (Deere y León 2021) y Ecuador (Castillo Sinisterra 2020). Estos estudios entienden el impago de las pensiones de alimentos como una forma de violencia económica y patrimonial que atenta contra la autonomía de las mujeres. En Chile las investigaciones realizadas en la última década acerca del tema plantean que las medidas sancionatorias no han sido efectivas y que los procedimientos en el sistema judicial aún poseen limitaciones para determinar la capacidad económica de quien adeuda y para localizar y notificar al alimentario (Valdivia et al. 2014; Vargas Pavez y Pérez Ahumada 2021).
Estos trabajos han contribuido a visibilizar y a problematizar el impago de las pensiones de alimentos. Sin embargo, poco se conoce sobre las experiencias situadas de las mujeres en torno a esta práctica económica. El presente artículo tiene como objetivo explorar dichas experiencias desde una perspectiva de género, aportando al debate académico y público sobre las dimensiones culturales, sociales e institucionales que subyacen en las tensiones en torno a la corresponsabilidad en el ámbito reproductivo.
2. Familia y roles de género
La familia como institución se estructura a partir de normas culturales de género. Los roles de padre y madre se construyen mediante los parámetros hegemónicos de la feminidad y la masculinidad, otorgando responsabilidades y tareas diferenciadas a mujeres y hombres en lo que respecta a la crianza y al cuidado de hijos e hijas. Para Montecino (1996), la construcción cultural de los roles familiares en la sociedad chilena se caracteriza por las figuras de la madre sacrificada y el padre ausente, que emergen debido a procesos históricos y sociales propios de América Latina. Esta construcción cultural de la maternidad y de la paternidad constituye la base de la 159 división del trabajo por género en la familia (Valdés 2009).
En las últimas décadas las dinámicas de la familia chilena han cambiado significativamente. Esto se expresa en el aumento de divorcios, en el crecimiento de familias monoparentales con mujeres al frente de los hogares y en el acelerado incremento de hijos nacidos fuera del matrimonio (Olavarría 2014; Valdés 2009). Esta crisis de la familia conyugal en Chile se vincula también a un creciente rechazo a la dependencia en las relaciones de pareja, la cual sería entendida por las mujeres como una forma de sumisión y de amenaza a la autonomía (Sharim 2010).
La familia chilena se ha transformado también por la multiplicidad de roles que han asumido las mujeres a raíz de su creciente participación en el mercado laboral. No solo ha aumentado el porcentaje de mujeres que tienen un trabajo remunerado, en parte por un sistema capitalista neoliberal que las obliga a asalariarse sin modificar la división sexual del trabajo, sino que también han emergido expectativas sociales en relación con la autonomía económica de las mujeres y con su contribución monetaria en los hogares (Yopo Díaz 2022; Undurraga y López Hornickel 2021; Mora 2006). Incluso, la autonomía económica de las mujeres se ha erigido un requisito de la vida familiar y un parámetro normativo de la “buena madre” (Yopo Díaz 2021).
Sin embargo, y pese a estas transformaciones, las mujeres son aún responsables de las tareas reproductivas, reflejando la persistencia de los roles tradicionales de género en la familia (Gómez-Urrutia y Herrera Vásquez 2019). En ese sentido, el hogar y la familia se articulan a partir de relaciones de subordinación, socializando y reforzando la feminización de la reproducción social a través de la división sexual del trabajo (Benería 2021). Así, la conformación sociohistórica de la feminización de la reproducción continúa sobrecargando a las mujeres, otorgándoles una doble jornada de trabajo caracterizada por el desafío de compatibilizar labores de producción y reproducción (De Oliveira y Ariza 2000).
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestra que las mujeres dedican aproximadamente el doble de horas al día a tareas domésticas y de cuidados, independientemente de su vínculo con el mercado laboral (INE 2016). Esta doble o triple jornada de trabajo demuestra la prevalencia del mandato de la “madre sacrificada” (Montecino 1996) que instala la soledad, el sacrificio y la abnegación como principios centrales en la construcción de la feminidad. En este contexto, la conciliación del trabajo remunerado y el cuidado de los hijos es vivida por las mujeres a partir de una dualidad en la que el trabajo remunerado tensiona el ejercicio de la maternidad, pero a la vez es un requisito para el cuidado de los hijos y el cumplimiento de los estándares normativos de la “buena madre” (Arteaga Aguirre et al. 2021; Yopo Díaz 2021).
Por su parte, la constitución de la paternidad también posee una importante carga histórica, configurada a partir de una figura masculina autoritaria y ausente en el hogar y en la crianza de los hijos (Montecino 1996). En la familia tradicional la pater nidad se erige como el apogeo de la identidad masculina pues materializa el mandato del rol de proveedor y sostenedor económico del hogar. Si bien la emergencia de otras maneras de ejercer la paternidad ha tensionado el rol tradicional de los hombres dentro de la familia, siguen existiendo fuertes resistencias a la corresponsabilidad en la crianza y en el cuidado de los hijos. Por ejemplo, solo el 0,23 % de los padres trabajadores ha hecho uso del permiso posnatal (Benvin y Olmedo 2020).
3. Violencias de género en la familia
Dentro del núcleo familiar existen diferentes experiencias de violencia, ya sea física, sexual, psicológica o económica. Las primeras tres tienen mayor visibilidad, pues tienden a reconocerse con mayor facilidad (Deere y León 2021; Córdova López 2017; Vázquez-García y Muñoz Rodríguez 2013). La violencia económica hacia las mujeres se ha definido como la limitación de la capacidad de administración y control de los recursos económicos con el propósito de coartar la autonomía (Deere y León 2022; Asencios-González et al. 2018). En términos empíricos, la violencia económica puede expresarse en la prohibición de buscar empleo, en el hurto o apropiación de ingresos económicos, y en la sustracción y destrucción de bienes, documentos personales o propiedades (Soraire 2020; Asencios-González et al. 2018).
La violencia económica se estructura a partir del género y afecta negativamente la autonomía y el bienestar de las mujeres y de sus hijos e hijas. Contreras, Beltrán y Puga y Cortés-García (2022) argumentan que la violencia económica repercute en las posibilidades de subvertir las propias experiencias de violencia, pues la dependencia económica impide alcanzar una mayor autonomía. Además, Deere y León (2021) señalan que las separaciones de pareja pueden agudizar la violencia económica por la misma dependencia económica. En ese sentido, el proceso de empobrecimiento de las mujeres es una de las consecuencias de las rupturas de relaciones, pues el hacerse cargo de la crianza de los hijos trunca sus posibilidades de acceder a mayores oportunidades educacionales y laborales (Arroyo 2020; Ortiz Rodríguez, Picazzo Palencia y Alvarado Lagunas 2017).
La violencia económica se acentúa cuando las relaciones de pareja están mediadas por vínculos de filiación. Zaldívar-Cerón et al. (2015) sostienen que un factor relevante en la separación de pareja es la presencia de hijos o hijas, ya que la expareja puede subyugar económicamente a la mujer mediante amenazas. El pago de pensiones de alimentos es uno de los puntos de negociación económica más conflictivos, pues los padres intentan disminuir la cuota alimentaria, incluso a través de actos de amedrentamiento (Hasanbegovic 2018; Ramos Escobedo 2007). De esta manera, el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias y la vulneración de los deberes económicos paternales hacia hijos e hijas constituyen una de las principales expresiones de violencia económica hacia las mujeres.
4. Metodología
Las experiencias de incumplimiento del pago de pensiones de alimentos que se presentan en este artículo fueron recogidas en el marco de un proyecto de investigación sobre autonomía económica de las mujeres en Chile. Durante la investigación se indagó empíricamente en las experiencias a través de las cuales las mujeres producen, gestionan y controlan ingresos propios en ámbitos asociados al trabajo, al emprendimiento, a la propiedad, deudas, ahorros y subsidios, entre otros. Se utilizó un diseño cualitativo (Denzin y Lincoln 2005) basado en entrevistas semiestructuradas realizadas de forma presencial entre los meses de abril y diciembre de 2022; para las entrevistas se usaron grabadoras digitales. Todas las entrevistas fueron transcritas literalmente para mantener la integridad de las expresiones y lenguajes utilizados por las participantes. Se realizó un muestreo intencional estratificado (Flick 2007) a partir de las variables edad, nivel socioeconómico y ciudad de residencia con el fin de seleccionar una muestra de 80 mujeres adultas de entre 30 y 60 años que tuvieran un trabajo remunerado y que vivieran en las ciudades Antofagasta, Santiago de Chile y Temuco. Todas las participantes aceptaron voluntariamente formar parte de la investigación y firmaron consentimientos informados. En este artículo sus nombres han sido anonimizados a través de seudónimos para resguardar su privacidad.
Para el análisis de las experiencias de incumplimiento del pago de pensiones de alimentos se seleccionó una submuestra de participantes que cumplieron con la condición de tener al menos un hijo o una hija (59). Luego, se realizó una revisión exhaustiva para seleccionar aquellas participantes separadas, formal o informalmente, de los progenitores de sus hijos o hijas y para quienes las pensiones alimenticias impagas fueran significativas en sus experiencias de autonomía económica (18). En la tabla 1 se expone una caracterización sociodemográfica de las participantes seleccionadas para el análisis. Estas participantes tienen entre 30 y 39 años (5), entre 40 y 49 años (6), y entre 50 y 60 años (7) y se definen como de clase media (12), clase media baja (2) y clase baja (4). Más de la mitad son solteras (11), algunas son divorciadas (6), y solo una es casada. En cuanto a la ocupación, la mayoría son profesionales en empresas públicas o privadas (8) y técnicos superiores, profesionales de bajo rango o microempresarias (7). Algunas de ellas se dedican también a ocupaciones manuales sin calificación en el sector de servicios (3). Las entrevistas de estas participantes tuvieron un rango de duración entre los 33 y 105 minutos, con un promedio de duración de 68 minutos y fueron procesadas a través de un análisis temático holístico y categorial (Elliot 2005).
*Nivel socioeconómico.
5. Resultados
Todas las participantes que son madres y que estaban separadas o divorciadas de los padres de sus hijos o hijas al momento de la entrevista, describen sus experiencias con respecto al incumplimiento del pago de pensiones de alimentos como difíciles y problemáticas. Algunas declararon no haber recibido nunca recursos económicos. Otras que sí los han recibido relataron que, por un lado, no son suficientes para cubrir los costos asociados al cuidado de sus hijos e hijas, y por otro, que los pagos han sido esporádicos debido a la voluntad y a la situación laboral de los padres. Las pocas participantes que sí han recibido una pensión de alimentos de manera estable achacan este logro a largos y desgastantes procesos judiciales.
A pesar de los matices en las experiencias de pensiones de alimentos impagas entre las participantes, en ellas subyacen importantes trabas culturales, sociales e institucionales que limitan el ejercicio de la corresponsabilidad económica en la crianza y el cuidado de hijos e hijas. Las experiencias de las participantes sugieren que parte importante de estas trabas tienen que ver con las resistencias por parte de los padres a cumplir con la obligación de proveer recursos económicos para sostener las vidas de sus hijos e hijas. Sin embargo, estas experiencias también sugieren que focalizarse exclusivamente en la falta de voluntad o capacidad de los
padres para pagar las pensiones de alimentos no es suficiente para dar cuenta de la complejidad que caracteriza el alto nivel de incumplimiento de las pensiones de alimentos. A partir del análisis de las experiencias de estos incumplimientos, identificamos cuatro dimensiones adicionales que obstaculizan el ejercicio de la corresponsabilidad económica en la crianza y en el cuidado de los hijos e hijas: la feminización de la reproducción, el miedo a la dependencia, la vulnerabilidad a la violencia y la revictimización institucional.
Feminización de la reproducción
Algunas de las madres entrevistadas decidieron no pedir el pago de pensión de alimentos aludiendo a una feminización de la responsabilidad reproductiva sobre el embarazo. Especialmente cuando hijos e hijas nacen fuera de las relaciones de pareja, las mujeres se definen como responsables de “cuidarse” y de gestionar los métodos anticonceptivos para evitar la concepción y el embarazo. Esto conlleva la reticencia a corresponsabilizar al hombre por las consecuencias reproductivas de la sexualidad. La visión de Paula lo refleja así.
Yo cuando veo mujeres que de repente le reclaman que, no sé si será muy machista lo que voy a decir, pero (...) reclaman porque el papá no les da la pensión alimenticia, y tú dices, pero la culpa es de ellas, no es de nadie más, porque ella escogió a esta persona con la que quiso tener relaciones y quedó embarazada porque también es una responsabilidad, o sea, no es (...) o sea si tú no quieres tener hijos yo creo que hay que cuidarse (entrevista a Paula, Temuco, abril de 2022).
Fresia es una de las participantes que decidió no pedir pensión de alimentos al padre de su hija por sentirse responsable de su embarazo. Esta decisión fue en parte consecuencia de que el progenitor, quien además era su jefe en el trabajo, rehusó sus deberes reproductivos y se distanció de Fresia durante el proceso de gestación. Para ella, la ausencia de demanda por corresponsabilidad económica se sustenta también en el hecho de que el padre no haya tenido interés en construir vínculos afectivos ni emocionales con su hija. El desencanto con la paternidad lleva a desistir de exigir el pago de las pensiones de alimentos para evitar que los progenitores se involucren de forma tardía en la vida de los hijos o las hijas.
Y después él va a decir que sí, pero ¿qué va a pasar?, que va a andar maldiciendo cada mes esa plata que va a tener que poner, cuando yo hubiese preferido que le hubiera dado amor a mi hija, aunque no le hubiera dado ni un peso. Entonces eso fue como no, yo no le voy a andar rogando. Fueron pasando los años, y después, cuando me decían “oye, pero es que demándalo” y yo decía ¿para qué?, ¿para que venga a exigir derechos? Mi hija es mía. Él no tiene ni un derecho ahora (entrevista a Fresia, Temuco, abril de 2022).
La feminización de la reproducción en las experiencias de pensiones de alimentos impagas se revela no solo en la mayor responsabilidad de las mujeres en la concepción y en el embarazo, sino también en las persistentes asimetrías de género alrededor de la crianza y del cuidado de hijos o hijas. Por un lado, las entrevistadas dan cuenta de fuertes expectativas sociales con respecto a hacerse cargo de la alimentación, de la educación, de la salud y de la recreación de los hijos y las hijas. Para Ester “la mujer se hace cargo de los hijos, la mujer es la que tiene que encargarse de cocinar, de que haya comida, la mujer tiene que ver que la ropa esté limpia, que esté planchada porque cuando tú te transformas en mamá es como que mamá viene con todas esas cosas” (entrevista a Ester, Temuco, abril de 2022).
Por otro lado, consistente con las emergentes necesidades y expectativas de autonomía económica, sobre ellas recae también la responsabilidad de trabajar y endeudarse para cubrir las necesidades básicas de sus hijos e hijas. Esta responsabilidad tensiona las figuras del padre proveedor y de la madre cuidadora, pues las entrevistadas se ven confrontadas con la necesidad y la expectativa de sostener económicamente a sus infantes. Junto con hacerse cargo de la crianza y del cuidado luego de la separación, Ester tuvo que trabajar y endeudarse para poder cubrir las necesidades de sus hijas.
Yo tenía que pagar a la nana,1 tenía que pagar la casa, tenía que pagar la comida y todo lo que yo hacía no tiene, nunca ha tenido valor, ¿me entiendes?, o sea, que la casa estuviera limpia, ordenada, que hubiese calefacción, que sí hubiese la ropa limpia, planchada, ayudarlos en lo que pudiera (…). Entonces a mí no me daba el dinero, entonces tuve que empezar a trabajar más, más, más, más, más, más horas y (…) siguiendo haciendo lo otro igual. Pero llegó un minuto en que ya no me daba y tenía que endeudarme (entrevista a Ester, Temuco, abril de 2022).
Estas continuidades y cambios con respecto a la feminización de la reproducción coexisten también con una prevalencia del rol secundario de los padres en relación con las responsabilidades reproductivas y económicas. La percepción de que el hombre “ayuda” o “aporta” constituye un obstáculo importante para establecer una distribución equitativa de las responsabilidades reproductivas y una corresponsabilidad económica en el cuidado de hijos e hijas a través del pago de pensiones de alimentos. En este sentido, mientras los hombres se pueden desentender de las responsabilidades económicas de sus hijos o hijas por no querer o no poder entregar la pensión de alimentos, la mujer debe “hacer de todo” para satisfacer sus necesidades. Esta fue la experiencia de Loreto, quien señala:
Sí, porque ahí yo no entiendo cómo, por qué una mujer no hace eso, o sea, y por eso te decía yo, una mujer como sea, vende pan amasado, hace humitas, repara ropa, hace aseo a una casa, pero tiene las luquitas para su hijo, pero en los hombres es como (...) “no tengo”. (…) “No tengo” y los hijos mientras, ¿cómo comen? Entonces la mujer ahí sí ella saca adelante a los niños (entrevista a Loreto, Santiago de Chile, junio de 2022).
Estas persistentes asimetrías de género en la atribución de responsabilidades económicas asociadas al cuidado de los menores, pero también del tiempo, energía y dedicación necesarias para la crianza, se reflejan claramente en la figura simbólica del “papito corazón”. Relatando su experiencia sobre las responsabilidades de crianza y cuidado con el padre de su hija, Constanza menciona:
Ya para mí personalmente “papito corazón” es un papito que va a buscar, ponte tú, su hijo el fin de semana por medio, cuando le corresponde, pero no te pregunta si el niño tiene tarea, si tiene que estudiar y lo lleva al Mampato2 y lo lleva al McDonalds y van al cine y lo pasan chancho, y al hijo le gusta estar con el papá, porque lo pasa chancho con el papá, porque no es como cuando está con la mamá, que la tarea, que estudia, que no sé, lávate las manos, ¿cachai? Eh, pero que después se va y hasta ahí no más llegó, ¿cachai?; como papito de fin de semana, lo pasa bacán porque súper entre salir con el papá porque qué rico, vamos al mall y vamos a esto, pero el papá después en dos semanas que no llama, no se preocupa, no sabe si le falta algo, ¿cachai? Para mí eso es como un “papito corazón” (entrevista a Constanza, Santiago de Chile, junio de 2022).
Miedo a la dependencia
Las tensiones en torno al incumplimiento del pago de pensiones alimenticias se configuran también a partir de un rechazo a perpetuar relaciones de dependencia económica con los padres. Para algunas participantes recibir ingresos para la crianza y el cuidado significa reproducir relaciones de poder asimétricas y subordinarse a prácticas abusivas. En este contexto, el no pedir o no recibir la pensión de alimentos es una forma de reafirmar la propia autonomía, y a su vez, de evitar nuevos tipos de violencias. Para Celia, no solicitar la pensión de alimentos fue una forma de independencia.
Ya ok, yo me embarqué aquí y tengo, y yo soy, tengo mis dos -siempre decía- tengo mis dos manos y mi cabeza y buena para trabajar. Y no tengo que andarle pidiendo nada a nadie y después, porque además, eso de pedirle al padre de tu hijo que te ayude, porque es ayuda, no es como una responsabilidad, significa que también tienes que aceptar que te diga lo que quiera decirte, que te prohíba salir, comprar, ¿por qué?, todo lo que pasa. Entonces a mí me daba mucha más independencia no hacerlo, no cobrar una pensión alimenticia, no pedir plata; sentía que me valoraba más (entrevista a Celia, Temuco, abril de 2022).
El miedo a la dependencia se entrelaza con fuertes mandatos y aspiraciones de poder sola y de valerse por sí misma. El ser autosuficientes a través del trabajo y poder sacar adelante a sus hijos o hijas es vivido por las entrevistadas como una estrategia de seguridad económica frente a la incertidumbre del pago de pensiones de alimentos y también como un orgullo, una forma de amor propio y un componente central de su sentido de autovalor. Clara lo relató de la siguiente manera:
Yo creo que si hubiera sido distinto no sería la mujer que soy hoy, porque eso me impulsó (…) a trabajar y a trabajar duro; y a querer valerme por mí misma, no solo para mí, sino también porque había otra personita que dependía de eso. Así que (…) yo creo que fue bueno en su momento. Entonces, yo creo que las mujeres sí tienen eso, de ese amor propio, de decir ¿saben qué?, yo puedo sacar a mis hijos adelante y no necesito pedirle nada a nadie (entrevista a Clara, Temuco, abril de 2022).
El poder sola y valerse por sí misma se asocia con una expectativa y una aspiración de no pedirle nada a nadie. Algunas de las participantes manifestaron reticencias a recibir pensión de alimentos porque implicaba tener que “llorar” y “mendigar”, prácticas que significaban visibilizar no solo una necesidad económica, sino también una incapacidad para sostener la familia y el hogar. Además, esta reticencia a pedir la pensión de alimentos se entrelaza con un rechazo a “obligar” y a “molestar” a los padres para que se preocupen por sus hijos. Estas fueron las razones por las que Katherine decidió no pedir la pensión de alimentos.
Es que lo que pasa es que se nota que los hombres ya no están ni ahí con una, entonces ¿para qué le vas a estar exigiendo que te den pensión si no están ahí?, porque tienen hijos por todos lados. ¿Me entiende o no? Entonces ah, ¿qué voy a estar molestando?, no, tirar no más para delante. Hay que tirar no más para adelante. Y tiré para adelante. Siempre he tirado sola para delante porque yo no necesitaba del papá de mi hija y (...) ir a llorarle, que acá, que allá, no. Yo siempre he sido mamá y papá para mis niñas (entrevista a Katherine, Antofagasta, octubre de 2022).
Vulnerabilidad a la violencia
El incumplimiento del pago de pensiones de alimentos se entrelaza también con distintas expresiones de violencias de género en el marco de la relación de pareja. Una de estas violencias de género tiene que ver con la restricción de la contribución económica de los padres como una forma de castigar a las mujeres por poner fin a la relación. En esta práctica de violencia económica, el no pago de pensiones de alimentos se utiliza como un medio de extorsión y deprivación económica con fines relacionales y afectivos. Para Ester, poner término definitivo a su relación significó el castigo económico del padre de sus hijas.
Después nunca más, nunca más y eso significó un odio, una rabia porque al final quien puso el punto sobre la i fui yo. Y les pasa a muchas mujeres que dicen ya no más, ¿y qué hacen los hombres?, te castigan. En dinero, principalmente en dinero, dinero, dinero, dinero. Eh, te dan una cantidad de dinero y tú dices, pucha, pero falta, “no, es que no puedo; no es que no puedo” (entrevista a Ester, Temuco, abril de 2022).
Pedir informal o formalmente el pago de la pensión de alimentos también significa vivir diversas situaciones de violencia económica. Críticas por mala gestión económica, por la negligencia financiera o cuestionamientos por el uso del dinero y considerar que los gastos de los hijos o las hijas son lujos innecesarios, son algunas de las acusaciones que las madres tuvieron que enfrentar por parte de sus exparejas. Estas prácticas de violencia económica se orientaron no solo a deslegitimar a las mujeres como administradoras de los ingresos y gastos de sus hijos o hijas, sino también a legitimar el incumplimiento en el pago de la pensión de alimentos. Para Pía, recibir una pensión de alimentos significó someterse a cuestionamientos sobre el uso de los recursos económicos.
Sí, porque cuando empezó a darle la pensión alimenticia, “¿en qué la gastas?, ¿en qué esto?, ¿en qué no está eso?, esa es la plata de la Dani”. Incluso la Daniela, cuando él tenía visita, llegó diciendo, “pero esa es mi plata, tú no la puedes gastar”. Sí, me cuestionó porque el papá, obviamente le decía que esa era su plata. Entonces yo no se la podía gastar, era para ella. Y era muy chiquitita, entonces igual como que me dejó en shock. Yo tuve que ir a psicólogo y ella me dijo que tenía que demandarlo porque era ya demasiado acoso por la plata y todo el cuento (entrevista a Pía, Santiago de Chile, agosto de 2022).
Algunas de las participantes también relataron que recibir el pago de la pensión de alimentos se volvió un proceso conflictivo y desgastante. Si bien lograron obtener ingresos para cubrir parte de los gastos de crianza y cuidado de sus hijos o hijas, hacerlo tuvo altos costos personales y relacionales que involucraron constantes discusiones y peleas. En ese contexto, algunas mujeres desistieron de seguir demandando el pago de pensión de alimentos y decidieron asumir por sí solas los gastos. Ester se vio obligada a asumir más gastos para evitar las peleas con su exmarido.
Una misma es responsable, pero yo también tengo que asumir que aquí también hubo un responsable, que fue mi exmarido, que, si bien nunca ha dejado de pagar la pensión alimenticia, pero hubo muchas cosas que él podía haber pagado y no las pagó y yo para no seguir peleando con él, porque eran peleas terribles, al final para evitarme esas peleas las asumía yo (entrevista a Ester, Temuco, abril de 2022).
La solicitud de pago de pensión de alimentos también aumenta significativamente la vulnerabilidad a sufrir otros tipos de violencia de género. Para algunas participantes, demandar al padre de sus hijos o hijas significó recibir amenazas de quitarles la custodia y las consecuentes acusaciones. Por su parte, otras recibieron amenazas de agresiones, maltrato y violencia física, incluyendo amenazas de muerte. Cuando Ivette hizo la petición de retención del 10 % del sueldo de su expareja por incumplimiento en el pago de pensión de alimentos, este la amenazó de muerte.
Es su nivel de machismo, tanto que él no deposita pensión alimenticia porque yo no soy capaz de administrar los gastos de mi hijo. Así es, entonces cuando salió del 10 %, yo hice la retención del 10 % y él a mí me amenazó de muerte. Me mandó un audio diciéndome que me iban a encontrar en partes, que iba a mantener entretenida a mi mamá por harto tiempo porque me iban a encontrar en distintos lados, distintos, que me iba a acordar de él toda la vida, me iba a hacer famosa (entrevista a Ivette, Santiago de Chile, mayo de 2022).
Revictimización institucional
Los relatos de las madres dan cuenta de que la judicialización de la corresponsabilidad y la demanda ante tribunales por el pago de pensiones de alimentos constituyen estrategias de seguridad económica. Frente a la imposibilidad de llegar a acuerdos informales en torno a la distribución económica de la responsabilidad reproductiva, algunas participantes recurrieron a tribunales para garantizar los ingresos con el fin de cubrir los gastos de crianza y cuidado de los hijos y las hijas. Este fue el caso de Tamara.
El primero sí, el primero fue bien constante, después con el tiempo, porque en la buena me di, ahí aprendí que en la buena onda uno no logra mucho, siempre tiene que ser vías tribunales y cosas así, porque los amarraba de alguna manera y los obligaba, porque si no es como, chuta, hoy día no tengo, ¿y quería que haga? Entonces ya, ¿y yo qué hago con el niño? (entrevista a Tamara, Santiago de Chile, mayo de 2022).
Sin embargo, existen importantes obstáculos para realizar las demandas por pensión de alimentos ante tribunales y también limitaciones en el ejercicio efectivo de los dictámenes judiciales. Por un lado, el proceso para realizar las demandas por concepto de pago de pensión de alimentos es muy difícil, ya que requiere de conocimiento, tiempo y dinero, a lo que se suma que existe falta de información y problemas de accesibilidad e implica someterse a un escrutinio exhaustivo de la gestión económica y de las condiciones de vida. Esto es percibido por las mujeres como una forma de revictimización. Así lo declara Ivette:
La asistente social vino a mi casa para ver si yo tenía en buenas condiciones a mi hijo, cuando a él [al padre] nunca le hicieron peritaje porque a mi hijo lo hacía dormir en una botillería. Entonces, como yo tengo el cuidado del niño yo tengo que cumplir con la casa, yo tengo que cumplir con su pieza, yo tengo que cumplir con su espacio de juegos, su espacio de estudio que sea aparte, yo tengo que tener los controles al día y sí, se entiende, porque yo tengo el cuidado del niño (…), pero yo por solamente tener el cuidado de mi hijo ya soy enjuiciada en ese momento (entrevista a Ivette, Santiago de Chile, mayo de 2022).
Muchas veces estos obstáculos terminan por disuadir a las mujeres de optar por la vía judicial para regularizar la corresponsabilidad económica y reclamar la pensión de alimentos. Constanza también hace referencia a algunos de estos obstáculos en su relato sobre el juicio por pago de pensión de alimentos.
Oh no, fue horrible, fue horrible porque la primera vez yo le comuniqué que quería la mediación para que quedara como todo súper legalmente establecido y él me decía “no, ¿pero para qué va a quedar como todo legal si podemos hacerlo de palabra?” (…).
Cuando vas a tribunales, yo tuve que ir acá a la corporación judicial de Santiago para que me facilitaran un abogado porque no podía pagar un abogado, ¿cachai?, y, bueno, ahí me tuvo que entrevistar una asistente social, tuve que llevar todas mis cuentas, todo, todo, todo para acreditar como todo lo que gano y lo que gasto, entonces me dijo “ya, sí necesitas un abogado”, mucho gasto con la CMR3 [risas], así, mucho gasto (entrevista a Constanza, Santiago de Chile, mayo de 2022).
Además, la ineficacia de las demandas y la incertidumbre de los resultados, los largos plazos de los juicios, la espera para recibir el pago de la pensión, los bajos montos de las pensiones asignadas, su insuficiencia para cubrir parte de los gastos de hijos e hijas y la ineficacia de las medidas decretadas por los tribunales de familia configuran experiencias mayoritariamente insatisfactorias con la judicialización de la demanda por pago de pensión de alimentos. Dámaris demandó al padre de su hijo y aunque el tribunal decretó el pago de la pensión de alimentos y una orden de arresto frente debido al incumplimiento de esta, nunca pasó nada.
Yo le compraba los pañales, yo le daba su leche porque yo del papá no recibí apoyo. Me dieron la prioridad a mí, incluso le habían sacado una pensión al papá, pero el papá nunca me pagó. Le mandé orden de arresto, pero al final ahí quedó, nunca hicieron nada. Así que nunca más lo molesté tampoco (entrevista a Dámaris, Antofagasta, noviembre de 2022).
6. Discusión
Los hallazgos que se presentan en este artículo sobre incumplimiento del pago de las pensiones de alimentos tienen importantes implicaciones para pensar las intersecciones entre familia, género y violencia. En primer lugar, tal incumplimiento constituye una clara expresión de violencia económica, no solo porque afecta negativamente la autonomía económica de las mujeres, sino porque la privación de recursos económicos las obliga a intensificar sus jornadas de trabajo y a recurrir al endeudamiento, aumentado así su cansancio, agobio y malestar. Estos hallazgos son consistentes con investigaciones previas realizadas en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, en las cuales se caracteriza la violencia económica en cuanto práctica que limita la capacidad de las mujeres de producir, administrar y controlar sus ingresos con el propósito de coartar su autonomía (Deere y León 2022; Soraire 2020; Asencios-González et al. 2018).
Además, estos hallazgos enriquecen el conocimiento previo sobre la violencia económica en América Latina y permiten avanzar al mostrar que este fenómeno se expresa tanto en prácticas -por ejemplo, la prohibición de buscar empleo, el hurto o la apropiación de ingresos económicos y la sustracción y destrucción de bienes, documentos personales o propiedades- como en el incumplimiento del pago de las pensiones de alimentos. Junto con lo anterior, estos resultados sirven de antecedentes empíricos novedosos para repensar la relación entre autonomía y violencia al evidenciar que recibir ingresos económicos por concepto de pago de pensiones de alimentos no solo fortalece la autonomía económica de las mujeres, también aumenta su vulnerabilidad a la violencia económica, física y psicológica.
El impago de las pensiones de alimentos se entrelaza con roles tradicionales y emergentes de género que refuerzan la feminización de la reproducción en el ámbito de la familia. Las expectativas de la sociedad en torno a las mujeres como sujetos con autonomía económica, pero además con la responsabilidad de sostener financieramente a sus familias y estar a cargo de la crianza y el cuidado de sus hijos e hijas, configuran trabas culturales y simbólicas para el ejercicio de la corresponsabilidad económica en el ámbito de la familia. En este sentido, las pensiones impagas constituyen formas de privación económica y también de afirmación del autovalor, formas que dan cuenta de ambivalencias en los procesos de subjetivación femenina que se articulan a partir de mayores aspiraciones de equidad de género, pero que a su vez privan a las mujeres de los soportes sociales para consolidar su autonomía.
El incumplimiento del pago de las pensiones de alimentos da cuenta de la persistencia de la figura simbólica del padre ausente y de la fragmentación de la identidad masculina definida a partir del sostenedor económico del hogar y de la familia, lo cual muestra los matices en la emergencia de nuevas masculinidades y paternidades. Es más, las tensiones en torno a la corresponsabilidad económica en el ámbito reproductivo demuestran una instrumentalización de los vínculos de filiación como medio para perpetuar relaciones de dominación y violencia en la pareja, y cómo ello reproduce dinámicas asimétricas de poder entre hombres y mujeres en el ámbito de la familia.
El presente artículo realiza un aporte sustantivo al conocimiento sobre la violencia económica en América Latina y contribuye a develar los desafíos para avanzar hacia una mayor corresponsabilidad económica el ámbito de la familia en la región. Sin embargo, este trabajo presenta también algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta al momento de interpretar estos resultados. El artículo se enfoca en las experiencias de incumplimiento del pago de las pensiones de alimentos de mujeres adultas con trabajo remunerado y residencia en zonas urbanas, lo cual puede no representar las experiencias de violencia económica de mujeres de distintos rangos etarios, situación laboral y lugar de residencia. Esto es relevante porque condiciones como la vejez, la ausencia de acceso a ingresos propios y el hecho de vivir en zonas rurales pueden aumentar la vulnerabilidad de las mujeres a sufrir violencia de género en el ámbito económico.
Avanzar en la equidad de género y en la justicia económica requiere abordar las actuales tensiones culturales, sociales e institucionales que existen alrededor del incumplimiento de las pensiones de alimentos en particular y de la violencia económica en sentido general. Para ello, futuras investigaciones podrían indagar empíricamente en las justificaciones de los progenitores para incumplir con este deber familiar y determinar en qué medida las iniciativas legislativas implementadas en los últimos años han transformado la forma en que madres y padres perciben el incumplimiento de las pensiones de alimentos. Además, otros estudios podrían adoptar también una perspectiva interseccional para determinar de qué forma el género, la clase, la edad, la etnia, la raza, la discapacidad, entre otras características, configuran diferentes vulnerabilidades ante la violencia económica en el ámbito de la familia. También se podrían explorar las experiencias de violencia económica más allá de la pareja, de la familia y del hogar en relación con la deuda y el sistema financiero.
7. Conclusiones
El pago de las pensiones de alimentos es uno de los principales desafíos en torno a la equidad de género y a la justicia económica. A pesar de las importantes medidas implementadas para sancionar la ausencia de corresponsabilidad económica en el cuidado de hijos e hijas, todavía existen múltiples tensiones relacionadas con el impago. Parte importante de estas tensiones tiene que ver con el alto nivel de incumplimiento de los progenitores y las amplias asimetrías de género alrededor de este deber familiar. Sin embargo, focalizarse exclusivamente en la falta de voluntad o capacidad de los hombres no es suficiente para dar cuenta de la complejidad de las dimensiones culturales, sociales e institucionales que subyacen alrededor de la corresponsabilidad económica en la sociedad chilena.
Los hallazgos presentados en este artículo muestran que la persistencia de la feminización de la reproducción y la ausencia de corresponsabilidad en la crianza y el cuidado de hijos e hijas están en la base de las tensiones en torno al incumplimiento del pago de las pensiones de alimentos. Particularmente, la continuidad de la responsabilización de las mujeres sobre el embarazo, la concepción y el cuidado, junto con crecientes normas de autonomía económica vinculadas a expectativas de las madres como sostenedoras económicas de sus hijos e hijas, constituyen un obstáculo para la redistribución equitativa de responsabilidades económicas en la familia.
Una de las principales conclusiones del estudio en que se basa este artículo tiene que ver con la resistencia por parte de las mujeres a solicitar el pago de las pensiones de alimentos para evitar la dependencia económica y reafirmar su propia autonomía en cuanto eje de su sentido del autovalor. Asimismo, lo hacen para minimizar su vulnerabilidad a la violencia física, psicológica y económica, y para evitar la revictimización institucional caracterizada por procesos judiciales percibidos como ineficaces, inciertos y altamente demandantes. En conjunto, estos hallazgos sugieren que comprender las tensiones en torno a las pensiones de alimentos impagas en la sociedad chilena requiere abordar las dinámicas familiares de género sobre la corresponsabilidad económica en la crianza y en el cuidado de los hijos y las hijas.
