1. Introducción

Durante el decimocuarto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en Montevideo, Uruguay, en 2017, se definió una nueva estrategia de identidad colectiva para las luchas por la despenalización y la legalización del aborto en la región. Dicha estrategia renovó el impulso de la organización regional y los repertorios de acción colectiva con impacto en el concierto global, especialmente en lo que respecta a la negociación de reglas.

La disputa por la autonomía reproductiva de las mujeres es crucial en el derecho a decidir de forma libre acerca de los proyectos de vida y sobre todo con respecto al propio cuerpo en cuanto territorio político (^{Gómez Grijalva 2012}). Se trata no solo del poder de decisión de una persona sobre el desarrollo individual de su vida, sino de entender un proceso que forma parte de una condición de posibilidad determinada por múltiples factores y situado en un contexto sociohistórico que lo traduce en una cuestión política.

Sería lo que hooks (2020), ^{Curiel (2017}) y ^{Davis (2004}) explican acerca de la intersección entre raza, clase y género para el abordaje del tema, dado que se ubica en un lugar central de la estructura de reglas que moldean nuestras sociedades, reproducidas en prácticas profundamente arraigadas de la cultura patriarcal en interdependencia con el colonialismo y con el sistema capitalista (^{Bellucci 2014}; ^{Federici 2010}). El derecho al aborto, como práctica históricamente estigmatizada y criminalizada desde hace siglos, debe entenderse desde esta complejidad ya que no es el evento lo que se sanciona, sino la desobediencia de los roles asignados por dicha cultura de opresión sobre los cuerpos tutelados.

Si tomamos en cuenta la historia reciente desde mediados del siglo XX, podemos comprobar que es una cuestión que ha estado presente en las discusiones internacionales desde las primeras conferencias mundiales sobre población, específicamente a partir de la celebrada en 1965 en Belgrado. En el acta de esa conferencia se constata que la discusión pasó a tener otros elementos, pues hasta entonces se centraba mera- mente en las estadísticas demográficas y allí comenzaron a evidenciarse aspectos más sofisticados que nutrieron la discusión, sobre todo al incluir dimensiones -y otras consideraciones- sociales en las variables analizadas.

Se hablaba acerca de que las tasas de natalidad se habían reducido en los territorios donde el aborto voluntario fue legalizado y que “tales decisiones parecen haber ocurrido siempre en respuesta a una demanda o presión popular ya existente” y con el propósito tentativo “de transferir los muchos abortos voluntarios ilegales de antes a instituciones médicas, donde la operación puede llevarse a cabo con más garantías” (ONU 1965, 45). Es posible relacionar estas consideraciones en los debates mundiales con la creación del Instituto de Investigación para el Desarrollo Social de las Naciones Unidas (UNRISD, por sus siglas en inglés). Esta institución fue la responsable de problematizar el rol de las mujeres y su estatus en el desarrollo económico y social, aportando nuevos enfoques al conocimiento establecido. Sin embargo, recién en los años 90 se produjo un cambio de paradigma en el lenguaje con la conferencia de 1994 celebrada en El Cairo donde se reconocieron los derechos sexuales y reproductivos, los cuales incluyen entre varios temas los servicios de abortos seguros.

Estos procesos en la construcción de estándares internacionales no son ajenos a una buena parte de las articulaciones de los movimientos feministas y de las organizaciones no gubernamentales que defienden estos derechos. Por el contrario, hay momentos de sinergia entre estos y una suerte de efecto boomerang (^{Keck y Sikkink 2000}) que resulta novedoso analizar desde las relaciones internacionales con la perspectiva de la gobernanza regional basada en la identificación de un proceso de negociación de reglas, en un determinado ámbito que escapa a la exclusividad de los Estados.

La literatura define la gobernanza, en términos internacionales, ¹como un proceso de adaptación e interacción continua de un conjunto de mecanismos en el cual una multiplicidad heterogénea de actores y agentes (públicos, privados, formales e informales) negocian (directa o indirectamente) sobre un tema común por medio de estrategias frente a intereses que suelen ser antagónicos y que funcionan pese a no contar con una autoridad formal (^{Botto 2006}, 2012; ^{Rosenau y Czempiel 1992}; ^Smouts1998). Por tanto, en el plano regional la gobernanza es aquella que sucede en una región determinada sin estar exenta de las interacciones globales. Observar y analizar estos procesos permite comprender la forma en que se resuelve el establecimiento de instituciones, discursos y marcos regionales que conforman la realidad política cuya construcción se produce teniendo en cuenta la pluralidad de actores (^{Herz 2018}). No obstante, son menores las contribuciones de trabajos que además observen estos procesos desde una perspectiva teórica y práctica de los feminismos, es decir, incluyendo en el análisis el aporte de los feminismos a estos procesos en general y con referencia al tema de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente al aborto.

Las distintas escalas internacionales, globales y regionales se configuran en cuanto instancias de negociación y construcción de reglas que resultan provechosas para incidir, sobre todo en estándares y herramientas más eficientes para el cambio social que se busca. Se trata de plataformas de apelación e interpelación para la acción colectiva transnacional que conforman una suerte de estructura múltiple de oportunidades políticas, pues son complementarias y no excluyentes entre los niveles de acción (^{Botto 2004}; ^{Klandermans 1997}; ^{Oberschall 1997}; ^{Tarrow 2005}). Por estos motivos, resulta pertinente comprender el complejo entramado de las dinámicas de negociación entre quienes buscan actualizar las reglas del juego y quienes persisten en conservarlas. Son estos los aspectos medulares de una contienda que también escapa a la exclusividad de los Estados, al mismo tiempo, son múltiples y diversos los actores en disputa y los factores que influyen en esta.

En el presente artículo me enfoco en las trayectorias de los feminismos y del mo- vimiento transnacional en defensa del derecho al aborto por dos razones de peso. La primera es que representa la fuerza de cambio cuya centralidad está en denunciar y erradicar el estigma, la criminalización y la persecución hacia quienes deseen ejercer el derecho a decidir en contraste con las fuerzas del statu quo que persisten en sostener la opresión, el tutelaje y las consecuencias que de ello se derivan. Además, hay que señalar que su criminalización, penalización y prohibición no reduce su práctica, por el contrario, fomenta condiciones inseguras que ponen en riesgo la vida y la salud de muchas mujeres, adolescentes y niñas que buscan interrumpir una gestación no desea- da (ver más en ^{Bearak et al. 2020}). La segunda es que las características del movimiento transnacional sobre esta cuestión, estudiado desde el marco de la gobernanza, conforma una agenda de investigación no convencional de las ciencias sociales y en particular de las relaciones internacionales, para indagar las interrelaciones de la política regional y global a partir de axiomas que salen del ámbito exclusivo de los Estados.

En este sentido, se propone un abordaje desde la gobernanza regional y con perspectiva feminista para el análisis de la situación del derecho al aborto en Amé- rica Latina y el Caribe. Para tal fin, el presente artículo se divide en tres partes y sigue un criterio cronológico que permite comprender la sucesión de los hechos y la utilización de los elementos conceptuales clave para la lectura y el abordaje. En el primer apartado se exponen los principales antecedentes de la gobernanza regional en los derechos sexuales y reproductivos, destacando la organización transnacional feminista y sus efectos. En el segundo apartado se presenta la caracterización de los eventos y las estrategias que dieron lugar al estallido de la marea verde y los hechos que la muestran activa hasta junio de 2024. En el último, se plantean los desafíos inferidos del análisis y que permanecen, además de unas reflexiones a modo de cierre.

2. Antecedentes de la marea verde en la gobernanza: democracia, encuentros y acción colectiva transnacional

Las discusiones en torno al aborto, a su legalización, despenalización y al acceso a servicios seguros son históricas. Para los movimientos que defienden y promueven su reconocimiento por considerarlo un derecho es una lucha de largo aliento y central en la disputa por la autonomía, la libertad, la justicia y la soberanía reproductiva, especialmente de mujeres, niñas y adolescentes de poblaciones vulnerables, dado que entrelaza los múltiples aspectos de la cultura de opresiones que sujeta unos cuerpos sobre las decisiones de otros. Por ello se dice que el derecho al aborto representa una deuda de las democracias,² pues es uno de los puntos donde se evidencia la discriminación basada en estereotipos sexistas, la desigualdad en el acceso a la información y a la salud integral, en la toma de decisiones y, por consiguiente, en el ejercicio de la sexualidad sin mandatos impuestos, de forma libre y segura.

En el marco institucional formal, contemporáneo e internacional estas discusiones fueron ubicadas dentro del ámbito demográfico de la salud poblacional y más tímidamente en relación con la cuestión de “la mujer”. En dicho marco, a mediados de los años 80 el Gobierno estadounidense, durante la administración de Ronald Reagan, sancionó la ley que prohibía a las organizaciones no gubernamentales que recibían donativos de asistencia sanitaria de parte de Estados Unidos difundir inforación o servicios de salud con referencia al aborto. La globalgag rule, o ley mordaza global, impedía que estas organizaciones destinaran fondos a brindar servicios de aborto, referencias o información o para abogar por políticas para la liberalización o legalización en sus países. Su objetivo era evitar que se propagara cualquier información relacionada con el aborto y que esta práctica fuera considerada un “método de planificación familiar” (CRR 2018).

Pese a estos intentos por desalentar la organización transnacional a favor del acceso seguro y por coartar las discusiones multilaterales, en los años 90 comenzó a notarse un cambio de paradigma pues se planteó un abordaje de la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de derechos y de manera integral. Si bien hablar del aborto como un derecho refiere a un posicionamiento político que surge de los movimientos sociales feministas a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, las negociaciones están imbricadas en la disputa por la autonomía reproductiva para modificar un sistema de reglas que es, a su vez, una fuente de desigualdad.

La recuperación de los sistemas democráticos en muchos de los países de la región durante aquel periodo, particularmente en Sudamérica, produjo una reactivación del tejido social organizado que hasta entonces debía estar clandestino o exiliado. Tal activación fue clave para disputar diversas agendas progresistas, sobre todo de derechos humanos en múltiples niveles de la arena política y de forma transnacional como estrategias de presión articuladas. Cabe resaltar que los derechos humanos tienen inherentemente un carácter transnacional dada la institucionalización de la estructura de la Organización de Naciones Unidas (ONU). No obstante, la introducción e instalación de temas y especificidades referidas a los derechos humanos de las mujeres fue gracias al legado de las alianzas y trayectorias de organizaciones sociales que datan de principios del siglo XX e incluso de antes (^{Cabezas González 2014}; ^{Friedman 2009}; ^{Gargallo 2004}). Esto permitió generar agendas puntuales que en muchos casos derivaron en conferencias internacionales sobre temas relativos a proteger y promover derechos. Entre los legados más relevantes y vigentes están los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe.

Estos encuentros constituyen uno de los antecedentes de articulación transnacional feminista más importantes del tiempo reciente (^{Chen 2004}). Su relevancia para indagar la lucha por el derecho al aborto y las estrategias para acceder a servicios seguros y oportunos como elemento fundamental de la autonomía reproductiva, se remonta al quinto encuentro celebrado en 1990 en la Ciudad de San Bernardo, Argentina. En este evento se produjeron dos acuerdos clave de articulación estratégica. En primer lugar, se decidió que el 28 de septiembre se celebraría el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe y que esta fecha fuera el nombre que llevaría la campaña de articulación regional (28S). Se escogió esta fecha para conmemorar la aprobación de la Lei do Ventre Livre (Ley de Libertad de Vientres) en 1871, la cual otorgaba la libertad a todos los hijos e hijas de las mujeres esclavas. En segundo lugar, de forma complementaria, se tomó la decisión de llevar a cabo en cada uno de los países campañas para lograr el objetivo a través de la búsqueda del mayor apoyo posible.

Tales decisiones también estaban estrechamente relacionadas con la conformación de redes de defensa de derechos humanos: la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) creada en 1984 y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) fundado en 1987. CLADEM, entre otras organizaciones, había participado en varias de las conferencias de la ONU, por ejemplo, en la de 1993 en Viena, donde se reconoció la violencia hacia las mujeres como una violencia por motivos de género y una violación de los derechos humanos. En la declaración de esta conferencia se estableció un programa de acción que incluía en el artículo 41 “la importancia del disfrute por la mujer del más alto nivel de salud física y mental durante toda su vida” y “el derecho de la mujer a tener acceso a una atención de salud adecuada y a la más amplia gama de servicios de planificación familiar, así como a la igualdad de acceso a la educación a todos los niveles” (ONU 1993, 22).

Al año siguiente, en 1994, la Organización de Estados Americanos (OEA) asumió los compromisos de dicha conferencia gracias a la presión de las organizaciones feministas y habilitó el espacio para generar mecanismos de protección, promoción y prevención de los derechos humanos de las mujeres. Así, en junio de 1994, en la ciudad brasileña Belém do Pará, se firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, un hito histórico y mundial en términos de lenguaje por la definición de violencia contra la mujer, por sus especificidades y por su propuesta de monitoreo que una década después comenzaría a implementarse mediante el Seguimiento de la Convención Belém do Pará, el cual era coordinado por un comité de expertas que se encargaba de relevar información y compararla con los informes presentados por los Estados firmantes y por los que aportaban organizaciones de la sociedad civil.

Tres meses después de la firma de la convención, en El Cairo se firmó la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo cuya letra representa una de las guías de interpretación global en materia de salud, sexualidad y reproducción más significativas del siglo XX puesto que se precisa conceptualmente la desunión entre reproducción y sexualidad, especialmente para las mujeres, niñas y adolescentes en contraposición al statu quo que sostiene la capacidad de gestar como un deber.

Este avance de reconocimiento de los denominados derechos sexuales y reproductivos quedó plasmado en el programa de acción producto del acuerdo alcanzado en la conferencia. Esto constituye un parteaguas con respecto a la manera de abordar estos temas al hacer explícito el reconocimiento de los derechos humanos para el abordaje de las cuestiones de población y desarrollo ya no solo como una mera cuestión de control demográfico. Además, sentó las bases de aquellas dimensiones críticas y necesarias de atender para promover la autonomía de las mujeres y reforzar medidas para lograrlo (ONU 1995, 125).

Si bien este programa no fue ratificado por los Estados miembros -lo que significa que carece de carácter vinculante para imponer alguna sanción por incumplimiento, se evidencian claras posturas que reflejan intereses, según lo que entienden y consideran (o no) que son los derechos sexuales y reproductivos. Estas posturas se expresaron en mayor medida en reservas, a pesar de establecer explícitamente que la implementación se enmarca en el derecho y en las leyes de cada país. Sin embargo, los países con una fuerte injerencia de sectores del fundamentalismo religioso manifestaron su rechazo a través de reservas a determinadas cuestiones específicas en el lenguaje.

Por ejemplo, no incluir al aborto o las interrupciones del embarazo al referirse a estos derechos, oponerse en algunos casos a la unificación de la familia en inmigración internacional, al matrimonio homosexual, a las familias diversas, etc. (^{Galdós Silva 2013}). Sin embargo, estas injerencias se hicieron más patentes luego de la Conferencia de la Mujer, realizada en 1995 en Beijing. A partir de ese momento los sectores fundamentalistas elaboraron la llamada “ideología de género”, la cual fue impulsada por un grupo de intelectuales católicos convocados por el Vaticano para articular la resistencia contra el avance de las pautas feministas. Este concepto, según ^{Kuhar y Paternotte (2018}), fue extensamente difundido por los movimientos antia- borto y en contra de los derechos LGBTIQ+.

Una suerte de cambio de paradigma se muestra en ese enfoque de derechos, expresado en la promoción del adelanto y la autonomía de las mujeres, las niñas y adolescentes en los objetivos para la sostenibilidad y la interdependencia de estas cuestiones mundiales de población, desarrollo y ambiente, adoptando medidas socio y macroeconómicas con el fin de alcanzar las metas acordadas. La Declaración y el Programa de Acción de Beijing establece que “la mujer controle su propia fecundidad ya que es considerada la piedra angular de los programas de población y desarrollo” y que son “los derechos humanos de las mujeres, niñas y muchachas parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales”. En la declaración se menciona la importancia de la “plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en la vida socioeconómica, civil, cultural y política a nivel nacional, regional e internacional” (ONU 1995, 10-11).

Estas expresiones también demuestran lo construido hasta ese entonces. Es decir, recuperan las discusiones y acuerdos de conferencias previas y de foros mundiales y también las implicaciones que hubo en la producción y difusión de las pastillas anticonceptivas (^{Felitti 2012}). A su vez, esos años coincidieron con los preparativos de la conferencia sobre la mujer que se realizó al año siguiente a la de población y desarrollo, esta vez en la ciudad de Beijing, cuyo resultado fue, además de la declaración, el establecimiento de la plataforma de acción donde se estipulan los objetivos tendientes a generar condiciones y compromisos para revertir la situación de las mujeres en el mundo.

Si bien entre la Convención de Belém do Pará, la conferencia de El Cairo y la de Beijing el lenguaje y la temática son particulares, sus puntos de contacto se hallan en el reconocimiento de un sistema desigual de género y en el activismo de mujeres y feministas organizadas para estar presentes y para presionar en cada oportunidad. Al observar las listas de participantes en cada proceso es posible dar cuenta de ello, en general desde América Latina y el Caribe y en particular de organizaciones nacionales y regionales dedicadas a la defensa y a la promoción de los derechos humanos de las mujeres.

Los años que rodean el cambio de siglo dan cuenta de distintos logros que el movimiento había conseguido en materia de poder colectivo. Destacándose no solo los que responsabilizan a los Estados de actualizar políticas, sino también el despliegue de estrategias múltiples para generar la transformación deseada.³ Señalamos al menos tres hechos significativos a nivel regional. El primero tiene que ver con el lanzamiento de una campaña para una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Re- productivos entre los primeros años del nuevo siglo y que estuvo activa hasta 2016 aproximadamente. Una convención en la que se pretendía negociar, en el ámbito de la OEA, con las organizaciones no gubernamentales y a favor de la salud sexual y de la autonomía reproductiva de todas las personas. El segundo es el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica pues estableció la diferencia entre concepción y fecundación in vitro e intracorpórea (Corte IDH 2012). La Corte estableció que no se puede decir que el derecho del feto es absoluto y que la decisión de ser o no ser madre o padre es parte del derecho a la vida privada. En el tercer caso tenemos los consensos de las conferencias regionales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre mujeres y población y desarrollo. Aunque este último no cuenta con el mismo carácter vinculante en términos normativos, resultó importante a nivel regional.

En particular me refiero al Consenso de Brasilia de la Conferencia Regional de Mujeres de 2010 y al Consenso de Montevideo de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 2013. En el Consenso de Brasilia se evaluó el progreso una vez que se cumplieron 15 años de la Conferencia de Beijing y 10 años de la formulación de los objetivos de desarrollo sostenible. El consenso refleja un análisis sobre la relación entre Estados, mercados y familias como instituciones sociales construidas a partir de decisiones políticas que pueden generar condiciones para revertir o perpetuar las desigualdades de género. Por su parte, en el Consenso de Montevideo, además de ser una instancia de seguimiento del Programa de Acción de El Cairo, se propusieron estrategias para el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los desafíos en materia de población y desarrollo para los próximos 20 años.

Durante el cambio de siglo las organizaciones de mujeres y las nuevas dinámicas Norte-Sur impulsaron estudios que fortalecieron la defensa del rol de las mujeres y de las feministas organizadas en la construcción de la región institucional e identitaria. Las protestas de las mujeres contra el ALCA (^{León y León 2002}) y el análisis desde las perspectivas feministas en las escalas de acción de los movimientos sociales, que van más allá de las naciones (^{Cabezas González y Machado Brochner 2019}; ^{Jelin 2003}; ^{Keck y Sikkink 2000}), sirven de valiosos ejemplos. Su novedad no es tanto la inclusión de variables y perspectivas de género o el estudio de los feminismos que se desarrollan desde principio y más a mediados del siglo XX, sino la consideración de la interdependencia constitutiva entre la diversidad de actores e instituciones involucrados en un mismo proceso de negociación de reglas.

Sin embargo, dichas negociaciones no estuvieron automáticamente impregnadas por una perspectiva de género materializada, a pesar de la trayectoria de las redes de mujeres y feministas en las discusiones y en los espacios de organización social, lo que supuso un camino más largo para incidir en los distintos niveles al momento de incluir el enfoque de género en las demandas.⁴ Además, hay que señalar las reacciones opositoras a dichos avances de la agenda feminista en varios ámbitos institucionales, sobre todo a nivel regional, en respuesta a las incidencias logradas durante la primera década del siglo XXI.

3. Un grito global que no se puede amordazar: autonomía reproductiva bajo disputa

Entre la complejidad y la diversidad de los marcos regulatorios y la puja de poder que venimos relatando, el año 2017 se puede considerar decisivo para el movimiento por el derecho al aborto en Latinoamérica y el Caribe. Durante la asamblea de la campaña 28S, en el marco del Decimocuarto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se optó por utilizar el pañuelo de verde por considerarlo un símbolo de lucha en las diferentes campañas nacionales y de algunas redes regionales, entre ellas la RSMLAC. La elección tuvo que ver con la connotación que tuvo en Argentina durante la Campaña Nacional Por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En palabras de ^{Felitti y Ramírez Morales (2020}, 113), “el pañuelo logró ser un objeto que identifica globalmente al movimiento por el aborto legal y también la congregación y acción colectiva más allá de esa demanda específica”.

Por ello, también se acordó asignar la coordinación regional a la campaña argentina a propósito de la referencia en su historia de organización y por las movilizaciones con gran impacto mediático e internacional que venían ocurriendo en el país. Entre las principales manifestaciones organizadas en Argentina se encuentran “Ni una menos” en 2015, el paro internacional de 2016 y la marcha federal de un grito global por el aborto legal en 2017, convocada y encabezada por la campaña. Al año siguiente de aquella movilización, en 2018, fuimos testigos de la primera gran agitación de la marea verde, fruto de los antecedentes que venimos relatando de construcción de sentidos, de coordinación de estrategias y por la propia campaña que supo articular un apoyo social amplio, federal y transversal. Por primera vez se trataba en el Congreso de la Nación el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado desde la campaña y la forma de acompañar este hecho fue a través de estrategias de movilización e incidencia en articulación con múltiples colectivos locales e internacionales.⁵

A pesar del rechazo al proyecto de ley en la Cámara de Senadores de Argentina, la acción colectiva transnacional que se produjo en torno al proceso dio cuenta de una victoria que fue la despenalización social del aborto. Es decir, “el aborto salió del clóset” ya que todo el mundo estaba hablando del tema y eso dio lugar al fortalecimiento de alianzas, estrategias y solidaridades a nivel global no solo para apoyar el proceso argentino, sino también para sensibilizar, concientizar y responsabilizar a los Estados sobre la urgencia de resolver una problemática mundial de esta magnitud.

En este sentido, lo que se pone de manifiesto es la interacción de estructuras de oportunidades políticas multinivel (subnacional, nacional, regional e internacional) donde la estructura de movilización otorga y genera nuevos incentivos que masifican la interpelación y por consiguiente la convocatoria, que no solo será de organizaciones, agrupaciones y colectivos, sino también de personas independientes autoconvocadas, o sea, solidaridades individuales que se suman a la visibilización de la causa. Y este aspecto es un elemento diferenciador en cuanto al repertorio de movilización que ya no responde solamente a una fórmula más unificada de partidos políticos o de organizaciones partidarias, sino también a columnas en una marcha o a intervenciones artísticas autogestivas.

Por lo tanto, la interacción también será estratégicamente de las distintas configuraciones que asuman la acción colectiva transnacional, es decir, de las redes a partir del intercambio de información, experiencias y recursos, de las coaliciones donde se coordinan tácticas para incidir en la opinión pública a partir de las alianzas entre periodistas, en instituciones formales para la negociación de normas y en ámbitos más informales, especialmente en “la calle”. Todo eso se complementa con el elemento del movimiento social que está presente en diversos espacios públicos: las plazas, las universidades, las escuelas, los teatros, los cines, los hospitales e incluso a través de los “redazos” que tuvieron que reemplazar la presencialidad durante el confinamiento social a causa de la covid-19.

Además de lo que ocurrió en Argentina en 2018 y de su correlato con los pronunciamientos del PARLASUR y la UNASUR a favor del debate (PARLASUR 2018; ^{Leone 2019}), también podemos mencionar el triunfo de Irlanda en ese año, de Corea del Sur en 2019, de Polonia y Argentina en 2020, de México en 2021 y de Colombia y Estados Unidos en 2022, a pesar de que este último significó un retroceso a diferencia de los primeros. Se trata de ejemplos de la acción colectiva transnacional en torno a procesos que, aunque suceden en el plano nacional, están conectados en un plano “más allá del Estado”; sobre todo con el pedido de justicia por Beatriz,⁶ elevado ante la Corte en 2022 pero recién al año siguiente, en marzo de 2023, se iniciaron las audiencias públicas estimando en aquel entonces que en diciembre se dictaría la sentencia, algo que a junio de 2024 todavía no había ocurrido.

Mientras tanto, las articulaciones a través de las redes sociales, las iniciativas virtuales de acompañamiento, difusión y pedido de apoyo mediante adhesiones e interpelaciones mediáticas y la presentación de instrumentos legales para apoyar el caso, son claves para momentos de definiciones. Fundamentalmente para Centroamérica y el Caribe, una región que tiene las leyes más restrictivas y privativas respecto a los derechos humanos de las mujeres y de otras identidades no binarias. Las demandas de reconocimiento de autonomía por parte de los movimientos de mujeres, feministas y del colectivo LGBTIQ+ pueden variar en su formato, pero coinciden en el propósito final. Ya que se deben a las discusiones al interior del movimiento, a las propias estrategias regionales o locales que puedan darse según las estructuras de gobierno y a los objetivos que el activismo se proponga en cada lugar.

Por ejemplo, en Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití, Perú, Venezuela, Ecuador o Paraguay, que tienen las legislaciones más restrictivas, las demandas buscaban la despenalización de al menos dos o tres causales que permitan acceder efectivamente al aborto: cuando la vida de la mujer está en peligro o cuando el embarazo fue producto de una violencia sexual, por citar solo dos. En cambio, en México y Colombia la disputa fue para que no se considerara un delito hasta ciertos plazos de la gestación mediante reconocimientos constitucionales, ya sea para despenalizar o para el establecimiento de la inconstitucionalidad de la penalización. En el caso de Colombia, la Corte Suprema de Justicia despenalizó el aborto voluntario hasta la semana 24 de gestación y en el de México la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que ninguna mujer debía ser castigada por practicarlo.

A propósito de las movilizaciones y de las manifestaciones para concientizar sobre la importancia de la despenalización social del aborto, los sectores más conservadores y opositores, que ya venían demostrando reacciones ante los avances feministas, duplicaron sus esfuerzos en América Latina y el Caribe. En los espacios interamericanos como la OEA se observa una presencia mucho más numerosa de estos sectores, especialmente desde 2019 y 2020 cuando comenzaron a recibir mucho más financia- miento que en años anteriores (^{Cariboni et al. 2020}).

En 2020, además de la pandemia, una alianza de Gobiernos antiaborto impulsó la firma de un Consenso en Ginebra con el que se pretendía volver al lenguaje y a las conceptualizaciones de la salud de la mujer que se empleaban hasta 1990, desconociendo los acuerdos de las declaraciones y estrategias establecidas en las conferencias de El Cairo y Beijing. Estas demostraciones reaccionarias de los sectores fundamentalistas advirtieron lo que sucedería un año después cuando empezaron las especulaciones en torno a la Corte Suprema de Estados Unidos y al borrador para anular el fallo Roe vs. Wade, lo que implicó un gran retroceso para una de las normativas más viejas y necesarias -aunque insuficientes- de ese país. Los Gobiernos más llamativos de esta coalición también tuvieron un manejo gubernamental bastante cuestionable respecto a las medidas relacionadas con la pandemia, desacreditando sus consecuencias letales y promoviendo cierta agitación social antivacunas (^{Taj 2020}).

A fines del año 2021, y a pesar de que la pandemia persistía, la marea verde se organizó para acompañar el caso de Manuela ante la Corte IDH, cuya sentencia, favorable para su familia, responsabilizó al Estado de El Salvador (Corte IDH 2021) por violar derechos humanos fundamentales. La sentencia además instó a los magistrados a capacitarse en género, al personal de salud ante emergencias obstétricas y también a regular el secreto profesional que suele ser violado con fines persecutorios para criminalizar a las mujeres. A finales de ese año, y desligándose de los procesos que llevaba adelante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,⁷ comenzaron los debates en el Tribunal Supremo de Estados Unidos para restablecer las regulaciones relativas a la despenalización del derecho al aborto bajo el caso Dobbs vs. Jackson (Supreme Court of The United States 2021).

Finalmente, 24 de junio de 2022 la Corte Suprema aprobó el fallo conocido como el caso Dobbs vs. Jackson que reinterpreta las cláusulas constitucionales y que determina que los estados pueden prohibir el aborto en sus legislaciones. Esta decisión revocó los casos Roe vs. Wade (1973) y Planned Parenthood vs. Casey (1992) que aseguraban la práctica constitucionalmente (^{Liptak 2022}). Este retroceso de más de medio siglo en Estados Unidos da cuenta de la arremetida antiderechos que venía preparándose desde hacía varios años y que hizo una demostración de fuerza reaccionaria luego de los avances en las agendas de cambio social.

La preocupación se propagó no solo por el despliegue antiaborto, sino por las llamativas asociaciones con los discursos de la ultraderecha neoliberal que ponían en cuestión un amplio acuerdo de derechos humanos y de perspectivas básicas: el género, la interseccionalidad, la integralidad de la salud, entre otras. Sin embargo, dos cuestiones interesantes surgieron al respecto. Por una parte, la solidaridad y la movilización transnacional en apoyo de las compañeras estadounidenses, convocada por la Women’s March bajo la consigna we are still the resistance. En Argentina y en otros puntos de la región hubo movilizaciones en las embajadas estadounidenses exigiendo que no se abandonara el reconocimiento del derecho para acceder de forma segura y no punible a un aborto voluntario.

Por otra parte, se elevó por primera vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una denuncia sobre la prohibición absoluta del aborto. El 5 de enero de 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte el caso de Beatriz sobre la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí se responsabilizaba internacionalmente a El Salvador de violación de derechos, lo que impidió que Beatriz pudiera acceder a una interrupción legal, temprana y oportuna ante una situación de riesgo grave para la vida y ante la inviabilidad del feto con la vida extrauterina (CIDH 2022).

En febrero de 2022 se produjo la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Colombia que despenalizaba el aborto hasta la semana 24, un hecho profundamente relevante para nuestra región y con la experiencia de articulación de Causa Justa, una iniciativa de coordinación inspirada en la experiencia comunicacional de la campaña de Argentina que nuclea a diversas organizaciones del país y que tuvo un impacto enorme a nivel transnacional. Así, Causa Justa “por la eliminación del delito de aborto” se transformó en un ejemplo para muchas sobre la forma idónea de comunicar en redes sociales y de incidir en el tema a partir de esta experiencia de despenalización.

En agosto de 2022 este movimiento convocó en Bogotá a una II Reunión Latinoamericana y del Caribe sobre el Derecho al Aborto con el objetivo de establecer nuevas estrategias, tomando en consideración las lecciones aprendidas.

El año 2023 tuvo como protagonista y epicentro de la marea a Centroamérica, subregión clave en estos asuntos a pesar de los esfuerzos mediáticos por invisibilizarla, pues frente a la causa de pedido de justicia para Beatriz, por primera vez la Corte IDH cuestionó la penalización absoluta del aborto, incluso cuando la vida de la mujer corre peligro. En línea con las presentaciones de la madre, de las compañeras de Beatriz y de las organizaciones aliadas, la defensa no solo está en erradicar las vulneraciones derivadas de la prohibición, restricción y criminalización absolutas, sino en eliminar las sistemáticas violaciones de derechos de las que los Estados son responsables.

En noviembre de 2023 se logró lo que después de seis años se estaba esperando ansiosamente, se llevó a cabo el Decimoquinto Encuentro Feminista Latinoamericano y Caribeño en El Salvador, con más de 1600 personas. En la histórica marcha del 25 de noviembre, como se hacía al finalizar cada encuentro, las calles del centro de El Salvador se llenaron de verde y violeta con demandas y consignas feministas por todas partes, especialmente con el pedido de “Justicia para Beatriz” y la denuncia al Estado para que garantice derechos en lugar de vulnerarlos. El despliegue en esa movilización dejó ver la marea de pañuelos verdes gracias a las organizaciones que tanto habían trabajado para eso a nivel local y en articulación regional, entre ellas la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Sombrilla Centroamericana.