Neoliberalismo autoritario

Tras la crisis global de 2008, producto de la quiebra del mercado inmobiliario en Estados Unidos (Tansel 2017), se gestó un cambio en la forma de actuar de los Estados pues adquirieron rasgos autoritarios en la forma en la que gestaron la emergencia económica y en la aplicación de políticas públicas. En este escenario de debilidad y de crisis del sistema capitalista, Bruff (2014) afirma que emergió un neoliberalismo autoritario en el cual los Estados aplicaron formas autoritarias en su toma de decisiones, lo cual produjo retrocesos democráticos. En aras de conseguir el equilibrio macroeconómico aplicaron políticas de ajuste y diversas acciones sin el consentimiento de la población. Para establecer su accionar han instituido una serie de andamiajes jurídicos y constitucionales no solo con el fin de consolidar la permanencia del modelo económico, sino también para inmunizarse ante la protesta social y reforzar los cuerpos represivos, renunciando así a toda posibilidad de negociación con los grupos disidentes o de cooptación política de estos.

De esa forma, se han establecido acotamientos o prohibiciones para el uso del espacio público como arena de las protestas contra las políticas económicas (Bojórquez y Ángeles 2021; Bojórquez, Correa y Gil 2022), o para incentivar proyectos de gobernanza neoliberal urbana que refuerzan la segregación socioespacial, afectando el derecho a la ciudad (Bojórquez, Ángeles y Gámez 2019) y creando ambientes securitarios que buscan la higienización del espacio (Bojórquez, Ángeles y Gámez 2020). Paradójicamente, la implementación de políticas al margen de los consensos sociales y el reforzamiento de los entretejidos legales y de aparatos represivos no han sido obstáculos para la irrupción de movimientos sociales. Lejos de desalentar las protestas, dichas políticas han fortalecido a los grupos subalternos que salen al espacio público a mostrar su desacuerdo con las élites políticas y económicas.

En estricto sentido, los regímenes neoliberales de carácter autoritario no provienen de tiempos recientes pues el primero fue en los años 70, desarrollado en Chile bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet (Gallo 2021; Bojórquez, Ángeles y Gámez 2020). También el autoritarismo neoliberal estuvo presente en los años 90 en la Rusia postsoviética, en Asia oriental, en África (Gallo 2021) y en el México de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León. Sin embargo, fue tras la crisis económica global de 2008 que se presentó un giro autoritario (Bruff 2014; Tansel 2017) en la toma de decisiones de regímenes liberales, por ejemplo, el de Reino Unido, Estados Unidos y países integrantes de la Unión Europea. De igual forma sucedió en países periféricos con sistemas políticos más frágiles como la India y Turquía, o de partido de Estado como China (Gallo 2021). En todos los casos la clase política, en alianza con el poder económico y financiero, han realizado modificaciones en las formas de actuar del Estado y han operado cambios legales y constitucionales con el afán de aislarse del descontento popular mediante la implementación de las políticas neoliberales que han tendido a minimizar el Estado benefactor (Bruff 2014). Estas tácticas de inmunización buscan limitar (Tansel 2017), acotar o eliminar la participación política de la ciudadanía (Bojórquez, Correa y Gil 2022).

En términos de tipologías de neoliberalismo autoritario, Gallo (2021) afirma que se puede hablar de tres modalidades. La primera es la tecnocracia, la cual se ha manifestado en América Latina y Europa, y en cuyos rasgos sobresale el de ser liderada por expertos en economía que están vinculados a consultorías de programas de reestructuración económico-financiera. Se trata de personajes, muy cercanos a los organismos financieros internacionales, que actúan por pragmatismo y que utilizan su prestigio académico y profesional para aplicar sus programas de ajuste neoliberal, atendiendo al principio de despolitización y con los supuestos de que la economía y las buenas medidas carecen de ideología, aun cuando imperan las políticas de austeridad, las privatizaciones y la liberalización económica y comercial.

La segunda es la nacionalista, que se caracteriza por un populismo que contradictoriamente está entrelazado con la tecnocracia, pero que en su retórica establece lo que es bueno para el país. Estas acciones son muy propias de la derecha conservadora que echa mano de un discurso antiinmigrante, que apela a las libertades individuales y a la ley y al orden. Esta modalidad ha estado presente en gobiernos como Gran Bretaña y Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump. La tercera modalidad es la tradicional, la cual es de carácter autocrático y su auge se debe a la incapacidad de la democracia de resolver los problemas que incuba el propio neoliberalismo. Sus ejemplos más claros son Rusia, China y algunos países de la antigua Unión Soviética que se vieron afectados por las políticas de ajuste tras la caída del socialismo real, lo que implicó su regreso al modelo capitalista.

A pesar de los entramados legales y políticos impuestos por los regímenes del neoliberalismo autoritario, en los últimos años los movimientos de resistencia han proliferado y se han maximizado a partir de la utilización de las redes sociales y de la irrupción en el espacio público. Uno de los rasgos característicos es la afectación del marco laboral, con una consolidación de la explotación y de la precarización del empleo con la llamada flexibilidad laboral (Bojórquez y Ángeles 2021), la cual busca establecer grandes ganancias patronales con la justificación de la competitividad y de asegurar los empleos. Lo que se ha traducido en una reducción importante en el nivel salarial y en que en términos sindicales haya un ataque sistemático a los organismos gremiales, por lo que se argumenta una crisis de la clase obrera a nivel mundial (Clua-Losada y Ribera-Almandoz 2017).

Esto incluye a países como Estados Unidos que presenta una caída en los salarios reales, un incremento en las tasas de desempleo y subempleo, y un aumento exagerado de la brecha entre ricos y pobres, situación que afecta la satisfacción de las necesidades esenciales y la seguridad alimentaria de muchas familias (Rioux 2017). En palabras de Lawreniuk (2022), el proyecto neoliberal ha apuntalado su accionar a partir de modificaciones al entramado jurídico en todas las ramas de la economía, donde lo laboral es de los aspectos fundamentales con el fin de fragmentar el otrora movimiento obrero, de despolitizarlo y de consolidar el emprendedurismo, la flexibilización y la precarización como parte de la nueva cultura laboral.

Así, lo laboral es una pieza fundamental en la reestructuración capitalista en la búsqueda de apuntalar los mecanismos de acumulación, por lo que su flexibilización tiende a debilitar la cultura laboral (Bozkurt 2018) en un ambiente social que desprecia las formas colectivas y que refuerza la visión del individualismo extremo con el emprendedurismo en cuanto forma aspiracional de las nuevas generaciones. Según Clua-Losada y Ribera-Almandoz (2017), esto debilita las formas de organización y acción colectiva, fenómeno muy pronunciado tras 40 años de políticas neoliberales a nivel mundial y que ocasiona una gran explotación a partir del aumento de las jornadas de trabajo. Asimismo, las políticas laborales nacionales son construidas de manera determinante a partir de las exigencias empresariales (Bruff 2014), sin la participación de la clase trabajadora.

De este modo, la reforma educativa implementada en 2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se realizó sin consultar a uno de los más importantes actores del proceso educativo en México: el profesorado. Como se expondrá en los siguientes apartados, esta reforma se da en un contexto de políticas neoliberales autoritarias, donde el Estado en concordancia con representantes de las élites económicas, impuso una agenda en los medios de comunicación para consolidar toda una narrativa de criminalización de la figura del magisterio y para crear un clima de linchamiento social, condiciones ideales para imponer una reforma educativa. Sin que mediara el diálogo, 143 el Gobierno mexicano utilizó los aparatos represivos contra los colectivos docentes que salieron a las calles a manifestarse.

La educación vista desde el neoliberalismo

De acuerdo con Teng, Abu Bakar y Layne (2020), las reformas educativas implementadas en diversos países del mundo en la época neoliberal han respondido fundamentalmente no solo a los intereses de la clase política y a los organismos financieros internacionales, sino también a las élites económicas de las naciones. Dichas reformas son elaboradas a partir de agendas de grupos de poder y de organismos supranacionales neoliberales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (López Aguilar 2013), de la cual México forma parte. Pertenecer a este tipo de organismos genera imposiciones políticas, económicas y culturales que consolidan la flexibilidad laboral, la precarización y el emprendedurismo en el ámbito docente en términos salariales y contractuales, primando una visión empresarial del aspecto laboral y de las maneras individualizadas de competencia entre trabajadores como forma de ascenso, dejando de lado la visión gremial.

En esa neoliberalización de la educación se ha llegado incluso a la distribución de los recursos a partir de los resultados en las pruebas estandarizadas que se han impuesto a nivel internacional, lo que ha acentuado las grandes disparidades de la calidad educativa entre los segmentos de la población. En ese tenor, hay una obsesión de los países por tratar de igualarse a naciones que han obtenido resultados satisfactorios en esas evaluaciones internacionales, por ejemplo, Finlandia o Singapur (Teng, Abu Bakar y Layne 2020), sin tomar en consideración las diferencias económicas, políticas, sociales, culturales e incluso ecológicas de cada país.

El neoliberalismo no solo es un modelo económico, también es un fuerte aparato ideológico cuyas narrativas son reforzadas por los medios de comunicación, donde lo educativo es parte primordial para su fortalecimiento. En ese sentido, tal y como nos dice Rizvi (2017), las reformas educativas se han justificado con el discurso que busca conciliar la cuestión educativa con las tendencias de la globalización y con sus expresiones económicas, políticas, sociales y culturales. Sin embargo, hay que subrayar que esta visión de armonizar lo educativo en este contexto de globalización (las reformas), pone un mayor peso en los aspectos económicos y de competitividad para satisfacer las necesidades de los mercados, pero no como forma de generar condiciones de mayor integridad para el individuo.

De acuerdo con Díez Gutiérrez (2018), esta visión neoliberal de la educación se da a través de imponer un criterio individualizante del ser humano en contra de su lógica social basada en la competencia. Lo que prima es la búsqueda de la máxima ganancia y se promueve un Estado mínimo que no tiene responsabilidades sociales, y que por lo tanto va en contra de las formas colectivas de representación social.

Para quienes promueven el modelo neoliberal la austeridad es uno de sus mantras, el cual ha provocado el quiebre de los sistemas educativos y ha acentuado las brechas educativas en los segmentos sociales menos favorecidos. A partir de la ineficiencia provocada por sus mismas políticas, encuentran el pretexto ideal para implementar reformas que refuerzan no solo el sesgo ideológico del modelo, sino también para redefinir laboralmente las relaciones Estado-docentes, las cuales entran en la lógica de la flexibilidad y de la precariedad al aplicarse políticas de recorte al rubro educativo.

Así, se construye un discurso donde la única forma de que el sistema educativo sea exitoso es que satisfaga las necesidades del sector productivo, de las empresas (Díez Gutiérrez 2010), sin tomar en cuenta al sector de la economía comunitaria por no entrar en la lógica del lucro. En este escenario, los planes y programas educativos se centran en un perfil de egreso enfocado en preparar un capital humano, no a un ser humano, el cual deberá ser mano de obra que le genere plusvalía a las empresas.

A partir de su poder económico, las élites conforman un poder fáctico que influye en las políticas públicas o en iniciativas legislativas a través de grupos de presión (lobbies), realizando aportaciones a partidos políticos (Díez Gutiérrez 2010) para que se generen cambios legales o constitucionales para su provecho. Las élites, por tanto, están en ventaja con respecto a cualquier sector, pues su poderío económico es tomado en cuenta al momento de adoptar decisiones, algo que no sucede con las clases subordinadas.

4. Élites económicas y apropiación educativa en México: la organización Mexicanos Primero

De acuerdo con Jiménez y Solimano (2012, 7), cuando hablamos de élites económicas nos referimos a “una minoría que concentra un alto porcentaje del ingreso nacional, muy superior a la importancia numérica de la población, y que controla una gran proporción de la propiedad de los recursos productivos de un país”. Esta definición resulta muy palpable en la realidad mexicana debido a la desigual distribución del ingreso que registra. En México el 20 % de las familias concentran el 50 % de la riqueza del país y 35 empresarios tienen por lo menos 1000 millones de dólares cada uno, el principal exponente es Carlos Slim que posee una fortuna valorada en 81 240 millones de dólares (Delgado y Garduño 2022). Muchos de estos empresarios acrecentaron sus fortunas durante la pandemia generada por la covid-19.

La alta concentración de la riqueza en América Latina y en concreto en México, se debió principalmente a las políticas de privatización de las empresas públicas que se llevaron a cabo entre los 80 y los 90 bajo los gobiernos tecnocráticos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León en sectores como la minería, la industria, las telecomunicaciones y la banca. Muchos de estos empresarios beneficiados se han insertado en las redes del poder financiero internacional y han consolidado sus posiciones de negociación ante el poder político (Salas Porras 2014). Además, se han dedicado a financiar a candidatos que les favorezcan ya estando en el poder. Así, el otrora Estado fuerte comandado por el Partido Revolucionario Institucional, creador o afectador de fortunas en el país, pasó a un Estado débil ante los poderes fácticos que representan las élites y los organismos financieros internacionales que son claves en el diseño de la política económica neoliberal.

La gran concentración de la riqueza en México ha sido dañina para la democracia, pues las élites han tomado un gran peso en el diseño y en la toma de decisiones de las políticas públicas.

En México, al igual que en los países centroamericanos, las élites económicas y políticas han adquirido la fuerza suficiente para imponerse a las instituciones, de manera que estas no ejercen la función de contención del poder que les corresponde, porque las minorías de influencia ignoran las normas establecidas y reclaman para sí un tratamiento de excepción. En estas condiciones de élites fuertes e instituciones débiles, la democracia mexicana se hunde lentamente en la ineficacia, y la práctica ciudadana en el descrédito (Loaeza 2017, 147).

Como afirma Tompsett-Makin (1998), en los años 80 las élites económicas empiezan a influir de manera decisiva en las políticas económicas del país, las instituciones del Estado y la tecnocracia encumbrada empezaron a representar los intereses de los grandes empresarios a través de alianzas e intereses mutuos que venían aparejados con el modelo neoliberal que amplió el margen de acción de acumulación capitalista. En este periodo surge el Consejo Coordinador Empresarial, entidad que agrupa a la élite empresarial y de la cual forma parte el Consejo Mexicano de Negocios, organismo que está conformado por los directores de las principales empresas del país. Dicho consejo ejerció gran influencia en las reformas estructurales neoliberales que se impulsaron desde la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado hasta la de Enrique Peña Nieto, las cuales fueron diseñadas desde el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional.

Con el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial, los gobiernos tecnocráticos, tanto los emanados del Partido Revolucionario Institucional como los del Partido Acción Nacional, abrieron la economía al mercado internacional que se consolidó con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (Rocha 2011). Esto se evidenció en grandes cambios constitucionales que eran muy difíciles de revertir en caso de que alguna fuerza opositora alcanzara el poder, pues debía contar con la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso.

Uno de los empresarios que ha sido un referente en la defensa de su gremio es Claudio Xavier González Laporte, principal accionista y presidente de la empresa

Kimberly Clark y de gran influencia en la élite económica del país. Según Santos y

Castañón (2011), forma parte de 11 de los consejos de administración de las empresa más poderosas del país entre los que destacan el gigante de telecomunicaciones Televisa, el grupo industrial Alfa y el Grupo México. Además, mantiene fuertes intereses en la minería tanto en México como en América Latina, lo que demuestra la gran influencia de este personaje en los sectores económico y político de México. Su hijo Claudio Xavier González Gajardo, creó y presidió Fundación Televisa, uno de los consorcios de medios más poderosos del país.

Tras su salida de Fundación Televisa, González Guajardo fundó diversas asociaciones civiles que funcionan en calidad de thinks tanks, con las cuales trata de influir en las políticas públicas a partir de la visión de las élites con el apoyo de intelectuales y académicos que están a su servicio. Una de esas fundaciones es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, considerada una asociación civil sin fines de lucro que supuestamente busca la consolidación del Estado de derecho en el país. La otra, fundada por el propio González Guajardo, es Mexicanos Primero, la cual se define como una asociación civil preocupada por la educación pública del país. Algo paradójico, sobre todo si tomamos en cuenta que el mencionado empresario estudió en escuelas privadas en México y en el extranjero.

Uno de los aliados de Claudio González Guajardo es Alejandro Ramírez Magaña, dueño del consorcio de salas de cine Cinépolis. Ramírez Magaña fue presidente del Consejo Mexicanos de Negocios, estudió licenciatura en Economía y una maestría en Administración de Empresas en Harvard. Antes de dirigir Cinépolis, el negocio familiar, estuvo en la administración pública como secretario del Gabinete de Desarrollo Humano y Social de la Presidencia de la República en el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) y en 2003 fue representante alterno de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París, Francia (Chedraui Obeso 2018).

Entre las labores previas al impulso de la reforma educativa, la organización Mexicanos Primero produjo el documental “De panzazo” que preparó el terreno para el linchamiento mediático contra el magisterio, pues se exhibía de manera negativa a los y las docentes y a su lideresa Elba Esther Gordillo (Valdés Vega 2020). El documental fue promocionado en las pantallas de Televisa y exhibido en la cadena Cinépolis de Alejandro Ramírez Magaña.

5. Reforma educativa, protesta y represión estatal

El preámbulo de la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto fue la firma del Pacto por México entre los principales partidos políticos: el gobernante Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el partido de izquierda Partido de la Revolución Democrática. El documento fue suscrito el 2 de diciembre de 2012 (Valdés Vega 2020), un día después de la toma de posesión del nuevo presidente de la República y fue firmado por 27 de los 32 gobernadores de los estados. En dicho acuerdo se establecían una serie de compromisos en términos de derechos y libertades, de política económica, seguridad, empleo, transparencia, enfrentamiento a la corrupción y educación (Valdés Vega 2020).

En cuanto a lo educativo, la reforma era tan solo de carácter laboral, administrativo y punitivo, lo cual cambiaba la naturaleza contractual de los docentes con el Estado, allanando el camino privatizador de la educación por los poderes fácticos encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial, Mexicanos Primero y Televisa (Rosales 2016). Esto pone en evidencia que la reforma no fue diseñada a partir del consenso de los actores involucrados: el gobierno, el personal docente, el alumnado y los padres y las madres de familia.

Previa a la aprobación de la reforma educativa a través del llamado Pacto por México, la organización civil de derecha conformada por las élites (Mexicanos Primero), realizó toda una campaña de linchamiento y de satanización en contra del magisterio a través de los medios de comunicación que incluyó el documental “De panzazo”, donde se exhibe el peor rostro de algunos docentes (Hernández 2013). De acuerdo con Luis Hernández Navarro, fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Mexicanos Primero ocultaba “su naturaleza de grupo de presión de la derecha empresarial presentándose como parte de la sociedad civil” (Goche 2014, 15). El patronato de Mexicanos Primero incluye a los personajes más ricos del país, que usualmente aparecen en la revista Forbes, entre los que destacan Emilio Azcárraga Jean (Grupo Televisa), Marcos Achar Levy (Grupo Comex), Alejandro Bailleres Gual (Grupo Nacional Provincial), Agustín Coppel Luken (Tiendas Coppel), Carlos Fernández González (Grupo Modelo), José Antonio Fernández Carvajal (Fomento Económico Mexicano) y Carlos Slim Domit (Carso) (Expansión 2007).

Así, apuntalada por los medios masivos -las televisoras y los demás sistemas de radiodifusión-, se impuso solo una visión sobre el supuesto estado de la educación en México, sin la posibilidad de abrir un debate con los demás actores del proceso educativo, como parte de lo que Da Costa (2023) llama acumulación por legitimación, creando un imaginario colectivo de que el fracaso del sistema educativo era responsabilidad exclusiva del personal docente. La mayoría de los conductores, periodistas y “opinólogos” se alinearon a los intereses empresariales y del poder político, incorporándose al clima de defenestración en contra del magisterio (Valdés Vega 2020) y creando condiciones para la aprobación sin discusión de la reforma educativa.

Los profesores fueron acusados y exhibidos y se convirtieron en objetos a reformar, pues ante la opinión pública y publicada de este cambio dependía la calidad educativa, sin tomar en consideración las graves deficiencias en infraestructura educativa y tecnológica que presentaban la mayoría de los planteles del país. En este panorama, al

personal docente se le privó de su voz para opinar sobre la reforma (Gil Antón 2018), una de las estrategias que prima en el autoritarismo neoliberal imperante.

En palabras de Gil Antón, se reducía a los y las docentes en la etapa de infancia y, por lo tanto, carentes de capacidad para dar su punto de vista sobre el problema educativo.

Al ser el obstáculo mayor, no fueron considerados como un recurso crucial en el proceso de cambio. Por el contrario, quedaron en entredicho, es decir, interdictos. Este término se aplica, en el ámbito jurídico, para designar a aquellas personas que tienen prohibido o restringido el ejercicio de ciertos derechos por haber sufrido alguna interdicción (prohibición) en sede judicial a causa de padecer demencia o ser delincuentes. Por ellos, dado que eran infantes, estaban locos y eran bandidos, tendría que hablar el poder -el Ogro Pedagógico- (Gil Antón 2018, 7).

Fuera de todo orden pedagógico, la reforma educativa formaba parte del engranaje de la reforma laboral realizada por el gobierno saliente de Felipe Calderón Hinojosa y por el gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, que estaba direccionada a precarizar el empleo docente, a quitar la estabilidad laboral, las prestaciones sociales y a que profesionales del magisterio fueran susceptibles de sufrir despidos (Gil Antón 2018, 11), todo esto dentro de un contexto de flexibilidad laboral muy propio del modelo neoliberal. Por tanto, la reforma en nada aludía a las esferas pedagógicas, sino que se centraba en la medición de resultados, instrumento que sería el argumento principal con el cual se coaccionaría al magisterio para su permanencia o despido.

En estricto sentido, la Ley del Servicio Profesional Docente, derivada de la reforma educativa, establecía los mecanismos de evaluación, así como las consecuencias de aprobar o no las evaluaciones que se realizaran al personal docente.

La Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD), reglamentaria de los cambios constitucionales en materia laboral para las y los profesores del país, adscritos al sistema público obligatorio (del prescolar a la educación media), indica que cada cuatro años todos los integrantes del magisterio, sin excepción, habrán de ser evaluados -y aprobar las diversas secciones y actividades de la inspección- y si no lo hacen, o no lo aprueban, luego de otra oportunidad “serán separados de su función sin responsabilidad alguna para la SEP” (Gil Antón 2018, 11).

De acuerdo con el especialista en temas educativos Hugo Aboites, se dio una clara intervención de Mexicanos Primero en el diseño de la reforma educativa y de organismos financieros internacionales. La gravedad radicaba en que “sus mandatos logran alcanzar un texto constitucional” incorporando conceptos neoliberales, tales como “calidad” y “evaluación” que nunca han formado parte de los propósitos de las políticas del Estado mexicano en materia educativa (Goche 2014), pues estas se han basado en la formación integral del individuo.

Ante la afectación a sus derechos laborales, activistas del magisterio argumentaron que las disposiciones de la reforma en nada tenían que ver con la calidad educativa, y que en realidad eran para regular el mercado laboral del magisterio del sector público (Böcking 2015). Por lo que desde abril de 2013 los docentes agrupados en la disidencia sindical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tomaron la plaza central del Zócalo en la Ciudad de México y establecieron un campamento que se extendió por calles aledañas, pues se integraron profesores y profesoras de los estados de Oaxaca, Michoacán y Chiapas, situación que intensificó las protestas en la capital ante la inminente aprobación de las leyes secundarias de la reforma por el Congreso. Luego de seis meses de ocupación en el Zócalo, los maestros fueron desalojados tras prolongadas negociaciones del gobierno con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de un ultimátum del gobierno que anunció el uso de la fuerza por parte de la policía (Chouza 2013).

El clímax de la represión en contra del magisterio movilizado se dio el 19 de junio de 2016, cuando docentes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con el apoyo de pobladores de la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, tomaron la autopista Cuacnopalan-Oaxaca como medida de presión con el objetivo de derogar la reforma educativa. Esta acción fue reprimida de manera brutal por los cuerpos de la ley conformados por las policías Federal, Estatal, la Gendarmería Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones (Nahón 2019). El saldo de este acto represivo fue de “8 muertos, siete desaparecidos, más de 20 detenidos y torturados, y 137 personas, de los cuales 33 eran menores, con lesiones productos de armas de fuego, balas de goma, quemaduras, golpes, fracturas e intoxicaciones” (Bojórquez y Ángeles 2021, 62). Estos hechos marcan un hito, pues se expresa el enfrentamiento de las fuerzas del orden contra ese sector docente marginado, conformado por quienes tienen un arraigo muy pronunciado en comunidades que de manera histórica han estado fuera de las políticas públicas del Estado mexicano.

Si bien Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México (20182024), prometió derogar la reforma educativa durante una reunión con docentes en Guelatao, Oaxaca (Castillo 2019), en los hechos solo quitó la parte punitiva. Las condiciones de contratación y de precarización laboral siguen presentes para el nuevo personal docente que ingresa al sistema educativo. En cuanto a Mexicanos Primero, continúan su activismo para neoliberalizar la educación en espera de la llegada de un gobierno afín, donde puedan imponer su visión “educativa”. Es por ello que en la actualidad el artífice de Mexicanos Primero y de la reforma educativa, Claudio X. González Guajardo, intenta consolidar una coalición electoral entre el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática para enfrentar al partido en el gobierno, el Movimiento de Regeneración Nacional, en las elecciones de 2024 con el firme propósito de volver a influir en la agenda educativa.