Una contextualización de las ONG en Ecuador

En el caso ecuatoriano las ONG aparecieron principalmente en la década de los 80 como parte de la oleada de globalización, en un ejercicio de extensión de la agenda del Norte Global. Gran parte de su aporte partía de la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo, por lo que los recursos de estas nuevas instituciones provenían fundamentalmente de Estados Unidos y países de Europa, con una pequeña representación de agencias locales. En su origen la mayoría de las ONG respondían a réplicas de otras organizaciones internacionalizadas, así como a instituciones que surgían de los sectores más pudientes de la sociedad local. Si bien estas instituciones propagaban como misión la lucha contra la pobreza, se basaban en modelos más discursivos que técnicos. Por este motivo, el análisis histórico y académico sobre el tercer sector es relativamente escaso en el Ecuador.

Cabe aclarar que para fines de este artículo se emplea la expresión “el tercer sector” como el término paraguas que incluye a los actores organizados fuera del Estado y del sector privado -con fines de lucro-, que incluye a los distintos tipos de ONG, organizaciones sin fines de lucro y trabajo de caridad y voluntariado organizado (Northern Bridge 2021). Asimismo, por ONG, concepto ambiguo con distintas definiciones en la literatura, se comprende a las entidades organizadas de forma legal bajo la regulación estatal.

Para ^{Chiriboga (2014}), hasta fines del 2007 en Ecuador muchas de las ONG gozaban de una identidad común, la cual partía de la lucha contra el neoliberalismo. Sin embargo, tras los procesos de dolarización varias organizaciones se beneficiaron del gran vacío generado por el Estado en el sector pobre del país, principalmente en el área rural y en comunidades indígenas (^{Bazoberry y Ruíz 2010}). Por este motivo las ONG jugaron un papel fundamental sirviendo como agentes que suplían el rol estatal en un contexto en el que el mercado fue ganando espacio sobre el Estado, por lo que los Gobiernos permitieron que las asociaciones voluntarias, en forma de ONG, asumieran un rol más permanente en las acciones de labor social, fenómeno llamado “oenegismo” (Piqueras 2001).

No obstante, a partir del siglo XXI en Ecuador parece mostrarse una crisis de identidad de las ONG. Un sector de estas organizaciones ha pasado de ser actores independientes a actuar como implementadores de los programas del Gobierno. La identidad independiente que caracteriza al tercer sector en otros países ha quedado atrás dejando a muchas organizaciones como meros consultores (^{Bebbington 1997}; ^{McGann y Johnstone 2005}). En la nueva Constitución de Montecristi del 2008 se planteó una mayor presencia por parte del Estado. Ante esto los enfrentamientos entre el propio Estado y las ONG fueron cuestión de tiempo. Algunas organizaciones se opusieron al modelo de extractivismo que se mantuvo en el mandato de Rafael Correa, mientras que otras se manifestaron contra las afrentas a la libertad de expresión (^{Chiriboga 2014}; ^{Lima Bandeira y López-Parra 2017}).

Consecuentemente, se podría decir que hubo un retorno del Estado y que ello implicó que este pudiera recuperar los espacios que se habían otorgado al tercer sector, por lo que se forzó un cambio para las ONG (^{Herrera, Zanafria y Santillana 2017}). En el proceso de transición varias ONG se alinearon a los procesos del Gobierno con su plan de desarrollo; otras se adhirieron a los principios de la Constitución, aunque se mantuvieron críticas con respecto al accionar del Gobierno; mientras que algunas se opusieron tanto al nuevo Gobierno como a los valores que promovía la nueva Constitución (^{Chiriboga 2014}). Estas posturas también influyeron en la capacidad de las ONG para obtener recursos.

Con el cambio de regulación se impusieron reglas más claras, aunque más estrictas para el establecimiento de las fuentes de ingresos de las ONG. En consecuencia, las ONG entraron en el dilema de si alinearse a los procesos del Gobierno u optar por otros canales de participación y ayuda social (^{Chiriboga 2014}). De esta forma, la búsqueda de recursos estatales como fuente principal de financiamiento de su agenda se ha convertido en uno de los principales motivos del problema de identidad que enfrentan las ONG en Ecuador, problema que se agrava cuando el Estado entra en un periodo de crisis de liquidez y se vuelve incapaz de financiar las actividades del tercer sector.

Además, con la aprobación del Decreto Ejecutivo 16/2013 y el Decreto Ejecutivo 739/2015 varias ONG internacionales abandonaron el país. En su mayoría se trataba de organizaciones que eran vitales para el tercer sector ya que constituían fuentes de recursos no reembolsables y de cooperación técnica (^{Peñafiel Barba 2020}). La salida de estas ONG internacionales dificultó la obtención de recursos para las organizaciones locales, pues muchas de ellas dependían de los presupuestos que venían del exterior para poder poner en marcha sus proyectos de desarrollo.

Un ejemplo de salida de una organización internacional es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la cual abandonó el país en 2014 y estuvo ausente por cinco años, pues regresó en 2019. La partida de la USAID de Ecuador significó el cese de 176 proyectos. Adicionalmente, en 2012, “Rafael Correa expulsó a 26 ONG internacionales, entre ellas destaca OXFAM” (^{La República 2012}). Cabe destacar que, si bien los Decretos Ejecutivos 16/2013 y 739/2015 fueron derogados en 2017, se siguen presentado una serie de contradicciones y las causales de disolución se mantuvieron.

En consecuencia, es válido afirmar que, tras la salida de las ONG internacionales una gran cantidad de proyectos fueron suspendidos al quedarse sin presupuesto de ejecución (^{Peñafiel Barba 2020}). Por lo tanto, un sector considerable de ONG locales sobrevive con dificultad porque los recursos resultan más escasos y las problemáticas que atiende el tercer sector se mantienen (Peñafiel Barba 2020). Hay que tener en cuenta que la cooperación no reembolsable representaba en promedio el 30 % de los fondos para las ONG (SETECI 2014). Por tanto, la salida de estas organizaciones canalizadoras de recursos agravó la situación financiera del tercer sector.

En este contexto también se incluye la falta de autonomía presente en organizaciones locales más pequeñas. Estas últimas surgen a partir de necesidades comunitarias, pero terminan ajustadas a intereses políticos como consecuencia de la falta de acceso a recursos. Las organizaciones locales también emergen como una manifestación del incentivo popular de participar en actividades de interés social ante la falta de espacios en organizaciones más grandes o alternativas generadas por el Estado (^{Novillo 2015}). Sin embargo, muchas veces carecen de capacidades organizativas o recursos que garanticen resultados eficientes, y sobre todo sostenibilidad (^{Zenck, Ríos Rivera y Rodríguez Zapatero 2019}).

Otro de los problemas arraigados en la identidad de las ONG ecuatorianas es que especialmente dentro de los proyectos de desarrollo rural se ignora la importancia del mercado al no aprovechar las oportunidades de desarrollo (^{Arcos Cabrera y Vallejo 1997}). En lugar de ofrecer a los beneficiarios un rol activo, en el cual sus habilidades puedan ser cultivadas, estos desempeñan un papel estrictamente pasivo. Para Arcos Cabrera y Vallejo (1997), esto se produce por el hecho de que tanto las problemáticas como las respuestas se han visto ideologizadas, ya sea por el idealismo o el paternalismo presente dentro del financiamiento.

Más allá de la cuestión ideológica también se evidencia un problema técnico (^{Balbis 2001}). Es importante reconocer que muchas de las organizaciones que se han creado en Ecuador parten desde una visión humanista con la aspiración de solventar problemas que se ven en el día a día, pero que el Estado es incapaz de resolver (Escobar 2010). En este sentido, surgen grupos que, con buenas intenciones, intentan generar proyectos que cambien la realidad a la que se enfrentan, en muchos casos sin contar con la experiencia o los recursos necesarios.

En esta línea hay que considerar que ciertos proyectos tienen un mayor nivel de dificultad de obtención de financiamiento, especialmente los de largo plazo (^{Becerra et al. 2001}; ^{Sánchez 2008}). Los modelos de financiamiento a través de grants y subsidios requieren largos procesos de selección, que tardan varias semanas o meses, sin garantías de obtención de recursos. Los cambios en los escenarios del financiamiento evidencian una disminución de fondos procedentes de mecanismos tradicionales y han afectado aquellas ONG en condición de un menor desarrollo (^{Chiriboga 2014}). Si bien se está trazando un camino hacia un autofinanciamiento, la realidad es que existe una dependencia de financiamiento externo que reduce la autonomía de las ONG.

Existe una relación estrecha entre el financiamiento y la preparación correcta de propuestas dentro de una lógica de bucle: una buena elaboración de propuestas de proyectos es determinante para la obtención de financiamiento, pero una correcta preparación de la propuesta también requiere un cierto presupuesto. Las personas más capacitadas para obtener recursos no pueden subsistir de voluntariado y, en consecuencia, tienden a incluirse en organizaciones por fuera de las ONG en formación, lo que no se traduce necesariamente en mejores proyectos ni en resultados.

La disponibilidad de recursos suele determinar la coherencia, consistencia, originalidad y los esfuerzos dentro de una propuesta. Es decir, los déficits en la formulación de proyectos son al mismo tiempo producto y motivo de la crisis de financiamiento de las ONG. En esa misma línea, la crisis económica que atraviesa el país desde hace ya algunos años también afectó la cantidad de recursos que obtienen las ONG, pues disminuyó de manera generalizada el financiamiento por parte de empresas privadas y de otras organizaciones (Mayorga 2017).

Esto también ha afectado la capacidad de las ONG de emplear a personal calificado e inclusive ha generado que muchas organizaciones tengan que desprenderse de miembros de su equipo de trabajo. Además, también se presentan dificultades a la hora de realizar nuevas contrataciones ya que la mayoría de ONG no cuenta con un responsable de recursos humanos, no realizan evaluaciones y no se observa que exista un entrenamiento pertinente al personal de nueva contratación (Rubianes 2014). Estas ausencias hacen vulnerables a las ONG a incumplir con la normativa vigente y ello se traduce en clausuras o en sanciones económicas.

Como se ha argumentado, existen altas restricciones para mantener un recurso humano calificado pues las limitaciones presupuestarias limitan la contratación de un personal técnico óptimo, un problema que ha crecido desde el inicio de la crisis económica del país en 2012 (^{Herrera, Zanafria y Santillana 2017}). Por tal razón, también se encuentra una escasez de especialización dentro del personal en áreas más específicas como lo es la burocrática.

Otro factor es el decrecimiento de aprendizaje dentro de la ONG debido a la mala comunicación que puede existir en el interior del equipo de trabajo. Esto se conecta con la falta de sistematización de experiencias de trabajo, pues parte del personal tiende a laborar de manera más informal e individual, como en el caso de la recaudación de fondos. Finalmente, hay que resaltar que permanece una práctica común al realizar contrataciones temporales para proyectos específicos, lo cual limita la construcción de una estructura institucional sólida que permita el desarrollo de su membresía (^{Arcos Cabrera y Vallejo 1997}).

Es importante tomar en cuenta que, debido a su dependencia de terceros, muchas de las ONG no son sostenibles aun cuando la mayoría hayan orientado su línea de trabajo al desarrollo sostenible. Esto se afianza en el contexto de Latinoamérica donde ha existido una dependencia de las ONG al Norte Global (^{Bebbington 1997}). El crecimiento de Ecuador como una economía de renta media, a pesar de mantener un alto índice de desigualdad, generó una falsa sensación de cumplimiento que empujó la atención de los agentes de cooperación fuera del país (^{Peñafiel Barba 2020}). También se debe considerar que la tendencia de la cooperación internacional se dirigió más a regiones como África y Medio Oriente donde las necesidades urgentes se volvieron prioritarias.

A los problemas externos se añade que uno de los principales desafíos de las ONG locales radica en cambiar la mentalidad colectiva en la que se muestra altos niveles de competencia interinstitucional, pese a no existir fines de lucro. Esta competencia no solo ocurre entre organizaciones, sino que es fundamentalmente con el Estado, el cual desde su “retorno” le ha quitado espacio a las ONG, así como personal, el cual ha migrado en gran medida al sector público (^{Chiriboga 2014}).

Esto hace que no exista una sistematización de experiencias de trabajo por lo que los espacios de coordinación no se encuentran en auge. Además de la competitividad, las dificultades también vienen delineadas por las divergencias ideológicas y metodológicas. En consecuencia, no existe una estructura institucional colectiva de las ONG que pueda dotar de mayor representación a las organizaciones, facilitar la coordinación de trabajos, contribuir a la generación de estrategias colectivas para tener una buena dinámica con el Estado y mejorar la cooperación internacional (^{Dávila 2010}).

Ahora bien, a pesar de la dependencia que mantienen algunas organizaciones, todavía existe una falta de coordinación con el Estado y con el sector público, principalmente porque la principal misión de las ONG era alcanzar un cambio social y del statu quo (^{Arcos Cabrera y Vallejo 1997}). Debido a que el Estado representa dicho statu quo, la coordinación entre ambos resulta compleja. También hay que considerar que muchas ONG no ven conveniente coordinarse con el Estado ya que su imagen puede verse afectada por la identificación política con el Gobierno (Arcos Cabrera y Vallejo 1997; ^{Bloodgood y Tremblay-Boire 2017}).

También cabe señalar que el Estado ecuatoriano cuenta con baja credibilidad, con deficiencias técnicas y no muestra una continuidad en la instauración de las políticas públicas. Adicionalmente, hay que contemplar los altos niveles de corrupción que existen en varios sectores del Estado y la falta de eficiencia del cuerpo burócrata, ya que obstaculiza la coordinación de proyectos. En este sentido, uno de los más grandes problemas del incremento de trámites burocráticos del Decreto Ejecutivo 16/2013 fue que obligaba a las organizaciones a dedicar tiempo y recursos a dichos trámites en lugar de permitirles invertirlos en sus respectivas labores (Gavilanes 2017; ^{Herrera, Zanafria y Santillana 2017}).

La falta de socialización de la labor de las ONG es otra problemática evidente. Debido a la desinformación o subinformación la sociedad civil no se encuentra al tanto del trabajo de dichas organizaciones, el principal indicador de los problemas de comunicación es que la sociedad civil no suele comprender de manera correcta las acciones de las ONG. Este problema se asocia con el modo en que se afianzaron las ONG en la región: a diferencia de lo ocurrido en el Norte donde las ONG surgieron y surgen de manera orgánica como una respuesta a la relación Estado-mercado, la llegada del tercer sector a la región y al país emergió como influencia directa de los procesos internacionales, por lo que la sociedad civil no llegó y aún no llega a apropiarse completamente del proceso.

En general en Latinoamérica la mayor cantidad de ONG desatiende el aparato comunicacional (^{Paccha 2008}). De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Técnica de Ambato en 2008, el 76 % de las ONG no contaba con un plan de comunicación y solo una de cada cuatro tenía profesionales en comunicación en su nómina (Paccha 2008). Como resultado, a los ojos del público la labor de la ONG es estéril por la falta de divulgación del trabajo que realiza. También hay que considerar que mientras menos se conoce a una ONG su trabajo se complica pues es más complejo conseguir donantes que quieran aportar económicamente.

Consecuentemente, es válido afirmar que los problemas de comunicación pueden complicar la consecución de objetivos de las ONG. Muchas de estas organizaciones están conformadas por especialistas en temas de desarrollo, leyes u otros conocimientos técnicos necesarios para formular proyectos, pero no cuentan con tanto éxito por no especializarse en el área de comunicación (^{Paccha 2008}). La presencia de personal especializado en comunicación genera interés en sus proyectos, lo que puede traducirse en aumento del financiamiento. Aquí nuevamente encontramos un problema circular: muchas organizaciones no cuentan con una estrategia comunicacional justamente por la falta de fondos. Inclusive, una mala comunicación suele ser interpretada como una falta de transparencia, lo que puede contribuir a generar una crisis de legitimidad.

La falta de socialización del trabajo de las ONG no solo es evidente en la nula estrategia comunicacional enfocada en la sociedad civil, sino también en la falta de comunicación entre organizaciones. Esta falta de difusión se debe a que no cuentan con un trabajo interinstitucional y muchas veces ni siquiera tienen una sistematización interna de conocimiento (^{Flor 2007}). Esta carencia deriva en la inexistencia de una sistematización adecuada de los conocimientos y experiencias conseguidas por cada ONG (Flor 2007) y conlleva a la falta de un crecimiento institucional sobre el que se pueda aprender de los errores y experiencias de otras organizaciones en temas específicos. Por tanto, se desperdician las experiencias que podrían ser transformadas en nuevas propuestas políticas, en nuevas iniciativas de proyectos y en su ejecución. Como causas de lo anterior se halla la falta de recursos que no permite un funcionamiento estable en muchas organizaciones pequeñas, en las cuales la pérdida de personal capaz perjudica aún más a la organización por la falta de estos aprendizajes.

Al mismo tiempo, esta falta de socialización y el desconocimiento del trabajo de las ONG supone el riesgo de que se presenten proyectos duplicados. Este problema es tanto de comunicación como de coordinación, lo cual puede resultar en un derroche de recursos, pues, en lugar de invertir esfuerzos en lugares geográficos o en áreas diferentes estos se duplican en el mismo sitio o territorio (^{Peñafiel Barba 2020}) o incluso en las mismas personas.

Limitar la duplicidad de proyectos puede favorecer la complementariedad y que se pueda trabajar de manera efectiva, coordinada y sin desatender a ciertos sectores, puesto que la duplicidad complica la generación de impactos positivos porque no se optimizan los limitados recursos que se tiene a disposición (^{Becerra et al. 2001}). Esta duplicación no solo se ha visto reflejada entre las ONG, sino también entre las ONG y el Estado: muchas veces empelan recursos para un mismo fin en lugar de trabajar conjuntamente en áreas distintas. En este tipo de accionar en ocasiones se revelan conflictos de intereses (^{Dávila 2010}).

Esta problemática tiende a agravarse como consecuencia de perfiles de organizaciones que se han convertido en referentes por esfuerzo propio, pero también por sus alianzas con cooperantes específicos. Estas instituciones se convierten en agentes que indirectamente establecen la línea de acción del tercer sector en Ecuador, sin embargo, esto ocasiona que en algunas áreas se estanque la oportunidad de desarrollar nuevas propuestas y visiones por falta de compromiso o voluntad de cambio.

En esta misma línea se puede observar que existe una gran cantidad de organizaciones que no realizan periódicamente evaluaciones para determinar el impacto de sus proyectos y sus esfuerzos (^{Chiriboga 2014}). El principal problema de ello es que sin evaluaciones no se puede observar si es que verdaderamente la organización ha sido capaz de mejorar la situación de los beneficiarios en cuestión (^{Avilés Páez y Guevara Aguas 2012}). La ausencia de resultados concretos puede causar que no se produzca un interés en la labor de la ONG, además, dificulta el autoaprendizaje y el aprendizaje en conjunto con otras organizaciones, obstaculiza la obtención de fondos y la optimización de recursos destinados a los proyectos en cuestión.

Uno de los más grandes motivos, más allá de las perspectivas políticas, por los cuales se aprobaron en su momento los Decretos Ejecutivos 16/2013 y 739/2015 fue la crisis de legitimidad que tenían las ONG ecuatorianas. Ahora bien, uno de los puntos más criticados del Decreto Ejecutivo 16/2013 fue la prohibición de participación política no partidista al especificar que la participación política sería un derecho exclusivo de los movimientos y partidos políticos (Gavilanes 2017). Si bien el Decreto Ejecutivo 16/2013 fue derogado y reemplazado con el Decreto Ejecutivo 193/2017 en el que se eliminaron algunas restricciones, las causales de disolución se mantienen, entre ellas, la restricción de la participación política.

A pesar de esto aún existe una gran falta de confianza con respecto al tercer sector como consecuencia de los elementos mencionados anteriormente, así como también por la presión existente durante los años en los que los Decretos Ejecutivos 16/2013 y 739/2015 estuvieron vigentes. Esta mala imagen viene también dada por una falta de transparencia que genera una desconfianza que afecta a la causa y a la institución, la cual no fue corregida por las nuevas normativas porque persistió la falta de confianza hacia ellas (^{Avilés Páez y Guevara Aguas 2012}).

La imagen deslegitimada de las ONG prevaleció en el discurso del expresidente Rafael Correa, quien argumentaba como principal crítica la falta de accountability (^{Appe y Barragán 2017}). Estas críticas no solo venían del Gobierno, sino también de otros sectores, los cuales cuestionaban la falta de coordinación, su ineficiencia, los elevados sueldos, las deficiencias técnicas, la crisis de identidad y el desconocimiento de sus verdaderos intereses e ideología, entre otros elementos (^{Bebbington 1997}).

Además de esta concepción, otros de los principales motivos de la desconfianza en las ONG son los malos resultados de muchos proyectos, actuaciones en contra de principios humanitarios y de los propios valores de la organización, escándalos vinculados al financiamiento y comportamientos antiéticos (^{Avilés Páez y Guevara Aguas 2012}). El problema de la falta de confianza en las ONG no solo repercute en su dinámica con el Gobierno y la sociedad civil, sino en el financiamiento de las propias organizaciones donde los más afectados terminan siendo los beneficiarios que siguen teniendo necesidades, pero sin un soporte que dirija la atención a sus requerimientos desde una perspectiva técnica.

Resultados y discusión

Tras las principales observaciones realizadas después del diagnóstico de estos datos se consideró la posibilidad de que ciertas ONG funcionen en realidad como negocios privados con un fin de lucro. Esta problemática se evidencia principalmente a través de las redes y páginas web de las organizaciones dado que ofrecen servicios por los cuales las personas beneficiarias tienen la obligación de pagar, o realizan actividades limitadas al ámbito comercial. También se contempló que algunas organizaciones poseen como fuente única de financiamiento la recepción de fondos estatales, lo cual les resta su característica de no gubernamental; un ejemplo de esto es la Fundación Eventa creada por el expresidente de la República, Lenín Moreno, quien no ha hecho pública la información acerca de los ingresos de esta organización.

Por último, se observó ciertas asimetrías en cuanto a las descripciones generales de las ONG y las descripciones proporcionadas por la página del SRI, esta última facilitaba información general en cuanto al trabajo de las organizaciones, mas no destacaba sus rasgos específicos. En este aspecto se encontraron desfases entre los objetivos que las ONG cumplían efectivamente y las actividades que se registraban ante este organismo.

En términos numéricos se encontró que, de 4939 ONG analizadas, solo 1554 de estas se encuentran actualmente en funcionamiento, lo cual representa el 31,46 % del total, 1658 se encuentran fuera de funcionamiento (33,57 %), y 1727 no registraron información (34,97 %), es decir, se desconoce su estado, aunque se puede inferir que un porcentaje significante de este grupo probablemente también esté fuera de funcionamiento sin proceder a los protocolos de disolución. La data total está disponible en la tabla 3.

Con respecto a la ubicación de las ONG según la provincia y la ciudad se encontró que la provincia que agrupa el mayor número de ONG es Pichincha con un recuento de 1510 (30,57 % de todo el conjunto). La segunda provincia con mayor concentración es Chimborazo con un recuento de 344 (6,96 % del total), seguida de Esmeraldas con 318, El Oro con 239 y Guayas con 265.

A pesar de que estas cinco provincias concentran la mayoría de las ONG registradas, no son necesariamente las que tienen más ONG activas, con excepción de Pichincha y Guayas. Los casos más evidentes se presentan en Esmeraldas donde apenas están activas el 18,87 % de las ONG registradas y en Chimborazo con solo el 19,19 %. Las provincias con más ONG activas terminan siendo Pichincha con un total de 561, seguida de Guayas con 123, Azuay con 108, Loja con 90 y Manabí con 84. De esta forma, se constata que la mayoría de organizaciones activas en Ecuador se concentran en la región Sierra, mientras que existe una ausencia en lugares donde hay menor concentración poblacional como en las provincias del Oriente y la región Insular, o inclusive la misma Costa, a pesar de que también existe un nivel elevado de necesidad en esas áreas.

En lo referente a las ciudades que alojan a los mayores números de ONG y fundaciones en funcionamiento, la principal es Quito con 526 (94,09 % de las ONG en funcionamiento en Pichincha), luego se encuentra Cuenca con 106 (98,15 % de las ONG en funcionamiento de Azuay), Loja con 67 (74,44 % de las ONG en funcionamiento en Loja), Ibarra con 56 (68,29 % de las ONG en funcionamiento en Imbabura) y, finalmente, con empate técnico sobresalen Guayaquil con 49 (39,83 % de las ONG en funcionamiento en Guayas) y Riobamba también con 49 (74,24 % de las ONG en funcionamiento en Chimborazo).

Establecido el estado de funcionamiento de las ONG, al igual que su ubicación por provincia y ciudad, se pasa a explicitar los datos referidos a la disponibilidad en medios digitales. Solamente 758 de las ONG activas cuentan con medios digitales, escasamente un 15,35 % del total de enlistadas en primera instancia. En el caso de organizaciones activas se encontró que el 48,9 % de ONG cuenta con presencia en internet a través de redes sociales o de un correo electrónico. Con esto se evidencia que menos de la mitad de las organizaciones se han integrado a la revolución digital, lo cual incide de manera directa en la forma en la que se llegan a realizar las actividades.

Al desagregar los datos de estas 758 ONG con presencia en medios digitales se puede extraer que 309 de estas se encuentran ubicadas en la ciudad de Quito (40,77 %), seguida de Cuenca con 61 organizaciones (8,05 %), Ibarra con 33 (4,35 %) y Loja con 35 (4,62 %). Cabe destacar, por último, la mínima utilización de recursos digitales para una mejor operatividad de las organizaciones, destacando sobre todo Guayaquil, donde únicamente constan 14 organizaciones en funcionamiento que utilizan medios digitales, representando únicamente el 1,85 % de aquellas que cuentan con este tipo de herramientas y que se encuentran en funcionamiento.

Gráfico 1 ONG en funcionamiento con medios digitales de comunicación por ciudades 

Como resultado de este contexto se puede estimar que la mayoría de ONG registradas en el MIES (3392 que representan el 68,68 % del total) no están activas o no muestran evidencia clara de que se encuentren en funcionamiento. Igualmente, se pudo encontrar que la mitad de las ONG y fundaciones activas no cuenta con medios digitales.

En cuanto a distribución geográfica las provincias que registraron más ONG alojaron similar número de estas en sus ciudades capitales. Y, del mismo modo, las ciudades que mostraron mayores cantidades de ONG corresponden a las tres urbes más importantes del país: Quito, Guayaquil y Cuenca, de estas Quito es la ciudad con más actividad. Las ciudades pequeñas y periféricas tienen números relativamente bajos de ONG y fundaciones, por ejemplo: Guamote (Chimborazo) con tres ONG en funcionamiento, Catacocha (Loja) con una, o Portovelo (El Oro) con una también. De igual forma, las provincias con las tres urbes más grandes concentran casi la totalidad de las organizaciones dentro de la ciudad cabecera, con lo cual se desatienden ciudades periféricas, tal es el caso de la provincia Pichincha pues en Quito se concentra el 94,17 % de las organizaciones.

Con respecto a las áreas de trabajo principal más comunes en ONG activas se encontró que niños y adolescentes representan el 18,77 %, desarrollo el 12,52 %, comunidades locales el 10,77, discapacitados un 7,42 % y desigualdad un 2,84 %. Las menos comunes fueron las siguientes: LGBT con 0,06 %, participación ciudadana con el 0,26 %, democracia con un 0,19 %, y animales con el 0,26 %.

En lo que se refiere a las áreas de trabajo secundario más comunes en ONG activas se encontró a desarrollo (35,23 %), desigualdad (13,74 %), salud (4,19 %), educación (3,87 % del total), discapacitados (3,81 % del total). Mientras, las menos comunes fueron seguridad (0,26 % del total), paz (0,19 %), PPL (0,13 %) y migración (0,06 %).

Gráfico 2 Áreas de trabajo principal de ONG en funcionamiento 

Gráfico 3 Áreas de trabajo secundario de ONG en funcionamiento 

Estos resultados permiten corroborar lo que se venía estableciendo en la literatura sobre el tema. El primer aspecto claro es la pérdida de protagonismo de las ONG en el Ecuador, que se produjo con el retorno del Estado, iniciado con la caída de los regímenes de corte neoliberal y cimentado durante el periodo del expresidente Rafael Correa. Lo anterior se evidencia claramente en los datos encontrados: se estima que apenas un 31,38 % de las ONG registradas en el MIES están activas. A su vez, esto se conecta con la amplia crisis de financiamiento en la cual se han sumergido dichas organizaciones. Cabe recalcar que se ha presentado una reducción de las fuentes de financiamiento en nuestro país para las ONG y que existe una estrecha dependencia entre dichas organizaciones con terceros para su supervivencia, ello podría explicar el 33,59 % fuera de funcionamiento.

El problema técnico y la falta de profesionalización se puede sumar también como un factor explicativo de la situación y puede ayudar a exponer las causas de la crisis de financiamiento y, por ende, el bajo número de organizaciones activas. Como ya se mencionó, la falta de profesionalización se traduce en una deficiente preparación de proyectos y por ello no se obtienen los fondos necesarios. Una forma de palpar dicho problema técnico en esta investigación fue a través de la cifra de organizaciones que cuentan con un canal de comunicación digital. El hecho de que de las organizaciones vigentes solo un 48,9 % cuente con alguna clase de medio de comunicación digital demuestra una severa falta de conexión con la sociedad civil. Este detalle puede parecer menor, pero ilustra el alto nivel de informalidad en el cual se desenvuelve el tercer sector en Ecuador.

Lo anterior también se concatena con el hecho de que la mayoría de las ONG en el país no cuentan con una estrategia de comunicación. Solo el 15,35 % de todas las organizaciones registradas en el MIES poseen medios de comunicación digital (el 48,9 % de las vigentes) y ni siquiera hay garantía de que las organizaciones dentro de ese porcentaje cuenten con una estrategia comunicacional como tal, pues la mera existencia de una cuenta en redes sociales no se traduce en la existencia de un plan comunicacional. De ahí la falta de socialización de la labor de las ONG, la falta de coordinación con otras ONG y el Estado, la crisis de legitimidad, así como la enajenación de la sociedad civil e igualmente la dificultad para obtener recursos.

De igual forma, la ausencia de un registro de información sobre la vigencia del 34,97 % de las ONG constituye también un indicador de este problema técnico pues existen organizaciones que no cuentan con personal especializado en el aparato burocrático para brindar la información pertinente al MIES y al SRI. Muchas organizaciones funcionan de manera informal a fin de reducir costos, o incluso porque carecen de las nociones para ingresar en los canales apropiados.

Por último, y de vuelta a la localización, se observa la reducida presencia en los sectores periféricos, lo cual puede apreciarse mediante la distribución territorial de las ONG en el país. En primer lugar, se observa que a nivel de provincias Pichincha alberga a las 36,1 % de organizaciones vigentes. Además, se puede ver que las otras dos grandes provincias del Ecuador, Guayas y Azuay, son coincidentemente las otras dos provincias con alta presencia de ONG activas con un 7,92 % y un 6,95 % respectivamente. De la misma forma, la mayor cantidad de las ONG se concentra en las grandes ciudades: Quito, Cuenca y Loja, mientras que, en ciudades de un carácter más periférico, donde se podría esperar una mayor necesidad, existe una presencia reducida.

Esto muestra de cierta manera la desatención que existe en el sector rural. No obstante, el establecimiento de ONG en ciudades como Quito no significa directamente que estas desarrollen sus proyectos en la zona urbana de la ciudad, ya que esta cuenta con 33 parroquias rurales, y además puede ser simplemente una matriz de operaciones y que sus proyectos estén direccionados a zonas periféricas sin establecimiento permanente de las organizaciones.

Esta sección sirve como indicador de que, a pesar de la gran cantidad de organizaciones registradas en el MIES, en términos de distribución, comunicación y sobre todo supervivencia, el sector de las ONG enfrenta severos desafíos materiales. Los datos ofrecen visibilidad a lo teorizado y problematizado en la literatura sobre el tercer sector en Ecuador. A pesar de las vulnerabilidades que generan el espacio para la asociación voluntaria no existe un modelo que garantice la ejecución eficiente y efectiva de proyectos que den respuesta a las necesidades.