2.1 Investigaciones explicativas de la violencia generalizada y sistemática en México

El uso de la violencia sistemática ha sido una constante en la conformación de los estados latinoamericanos de acuerdo con ^{Arias y Goldstein (2010)}; sin embargo, durante los regímenes democráticos, la violencia es empleada para imponer las políticas neoliberales y a su vez distintos actores hacen uso de la misma para resolver los problemas creados por estas políticas. Para el caso de México, se ha afirmado que la “violencia pública” de parte de actores estatales y no estatales ha participado en la conformación del Estado durante el siglo XX y hasta la actualidad, ya que la violencia represiva del Estado contra activistas y disidentes políticos ha sido una constante hasta nuestros días, a pesar de los procesos de democratización; pero además, en los últimos años, a la violencia entre fuerzas de seguridad y grupos delincuenciales se han sumado la violencia económica con fines de apropiación de territorios y explotación de recursos naturales por parte de grandes empresas nacionales y transnacionales (^{Pansters 2012}).

^{Trejo y Ley (2018)} han mostrado que el aumento acelerado en los niveles de violencia en ciertas regiones de México desde las décadas de 1980 y 1990 está asociado con la disputa entre carteles de la droga en México que se disparó en las entidades federativas a raíz de que nuevos partidos políticos asumieron los gobiernos estatales, desplazando al partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Esto implicó una ruptura de las redes de protección de las élites gobernantes priistas hacia ciertos grupos criminales, por lo cual estos últimos se vieron en la necesidad de conformar sus propias milicias privadas para proveerse de protección y disputar el control de nuevos territorios a otros carteles.

Los mismos autores han expuesto que en México, durante la primera década del siglo XXI, fueron perpetrados diversos homicidios contra políticos, presidentes municipales, altos funcionarios de gobiernos estatales y contra candidatos a este tipo de puestos. Estos homicidios fueron perpetrados en delimitaciones políticas, gobernadas por partidos políticos diferentes al dominante a nivel federal (el Partido Acción Nacional, PAN), debido a que estos gobiernos estatales recibieron menos recursos para seguridad pública por parte de instancias federales, lo cual los condujo a encontrarse más débiles en términos de fuerza armada respecto a las milicias de los grupos delincuenciales. Por lo tanto, estos últimos aprovecharon la coyuntura de competencia política para acceder al control del poder político en estas entidades y municipios, a fin de no solo facilitar el desarrollo de sus actividades delictivas, sino, además, incidir en las decisiones públicas que afectan a la ciudadanía (^{Trejo y Ley 2018}).

De igual forma otra serie de estudios (^{Anaya 2014}; ^{Atuesta y Ponce 2016} y ^{Silva Forné et al. 2017}) han puesto de manifiesto la relación entre las políticas de seguridad a nivel federal implementadas en 2007 por el presidente Felipe Calderón y el acelerado crecimiento de la tasa de homicidios que comienza a dispararse justo en ese año. Debido a que la estrategia política de militarización del país se ha enfocado en perseguir a las cabezas de las organizaciones criminales, cuando estas son capturadas o asesinadas generan disputas por el nuevo liderazgo en el grupo criminal, lo cual lleva a su fragmentación y a una competencia violenta por los liderazgos. Por otra parte, estos grupos criminales han aumentado su nivel de defensa armada contra las fuerzas de seguridad estatales, mientras que estas últimas han sido acusadas de perpetrar sistemáticamente violaciones graves a derechos humanos tales como torturas, tortura sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Estas investigaciones abordan de manera muy periférica el problema de la creciente desaparición de personas en el país, y su perspectiva macrosocial ha dejado relegada la explicitación de quiénes son las víctimas directas, las víctimas indirectas y los victimarios, y qué ejes de desigualdad social (género, clase social, pertenencia étnica, racialización) y relaciones de dominación se juegan en la producción de la violencia letal. En el campo de las investigaciones feministas y transfeministas, han emergido teorías que intentan comprender la violencia desde la significación social otorgada a los cuerpos violentados y los cuerpos ejecutores de la violencia, y a su vez enfatizan en los procesos económicos y políticos involucrados en su producción.

2.2 Investigaciones feministas sobre las formas de violencia contemporáneas

En esta sección se discutirá con algunas investigaciones que buscan explicar los feminicidios o la violencia feminicida (categorías en las que incluyen la desaparición de mujeres) en América Latina y especialmente en México, a partir de sus vinculaciones con el poder económico y criminal por una parte, y el político y coercitivo del Estado, por otra.

Las investigaciones feministas sobre la violencia contra las mujeres que se presentan a continuación pueden clasificarse como: primero, las que acentúan los vínculos entre violencia contra las mujeres y economía neoliberal, y segundo, las investigaciones centradas en los procesos políticos e institucionales asociados con la violencia contra las mujeres.

a. Estudios feministas que acentúan las implicaciones económicas de la violencia

Desde una perspectiva que acentúa los vínculos entre la economía y la violencia contra las mujeres, Jules ^{Falquet (2011)} considera que la globalización económica neoliberal implica una reorganización de las formas de violencia contra las mujeres a partir de los legados de las dictaduras militares.

Según la autora, las reformas estructurales impuestas por los organismos internacionales en los países periféricos a cambio del financiamiento de sus deudas externas, implicaron medidas que incluyeron la reducción del gasto público, la entrega de concesiones de empresas y recursos públicos a empresas privadas, la apertura de fronteras al comercio y la precarización de los espacios laborales. Estas medidas afectaron particularmente a las mujeres precarizando sus condiciones laborales, aumentando su trabajo doméstico no remunerado (ya que suplen algunas funciones sociales que antes realizaba el Estado en materia de salud, educación y provisión de servicios) y aumentando su competencia laboral con los varones. Por lo tanto, con las reformas neoliberales, “la articulación de flexibilidad, desregulación y movilidad de las inversiones, que son las pautas que troquelan las ‘reformas laborales’ en el mundo, tiene su mejor insumo en el sector social de las mujeres” (^{Gutiérrez Castañeda 2018, 178}).

En este contexto, en ciudades altamente globalizadas como en la frontera norte de México, las mujeres con mayores desigualdades acumuladas por su edad, clase social y pertenencia étnica son las más expuestas a la violencia extrema. Los feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas en ciudades mexicanas como Ciudad Juárez representan para la autora no solo una vía de comunicación del control territorial entre grupos de hombres, sino, sobre todo, una forma de comunicación dirigida a las mujeres para indicarles que, en caso de que salgan fuera del modelo de feminidad tradicional e intenten desafiar el poder de los hombres sobre ellas, ya sea compitiendo con los hombres en el ámbito laboral o decidiendo respecto de su cuerpo y sexualidad, serán severamente castigadas.

En este contexto, tanto ^{Falquet (2011)} como ^{Valencia (2010)} coinciden en considerar que los procesos de globalización neoliberal están basados no solo en la acumulación de capital a partir de la apropiación de recursos públicos (recursos naturales, fuerza laboral, los ahorros de los trabajadores por el capital financiero, los derechos sociales como salud, educación, entre otros), sino que además la acumulación de capital neoliberal se basa en diversas formas de violencia contra las mujeres que incluyen la explotación de su fuerza laboral, la apropiación de su trabajo doméstico, su explotación sexual y la obtención de una plusvalía a partir del control de su muerte. Todas estas formas de violencia sistemáticas son el caldo de cultivo para las desapariciones de mujeres y feminicidios. A su vez son productoras de subjetividades masculinas hiperviolentas que ^{Valencia (2010)} denomina como “hombres endriagos”.

Por lo tanto, en las economías neoliberales de los países periféricos, un elemento constitutivo es la explotación violenta de las mujeres a partir del “complejo conyugal”, es decir, que el conjunto de trabajos y servicios que anteriormente las mujeres prestaban a sus cónyuges y familias, tales como el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y los servicios sexuales, ahora son explotados de manera colectiva por empresas legales (por medio del sector de los servicios) o ilegales (mediante el trabajo informal y por grupos delincuenciales) y por instancias estatales (con políticas como las transferencias monetarias estatales condicionadas al trabajo gratuito de las mujeres) (^{Falquet 2011}). El sometimiento de las mujeres a este orden se logra a partir del ejercicio de violencia contra ellas que, en sus formas más letales, ha heredado doctrinas de guerra de las dictaduras militares pasadas que incluyeron la violencia contra las mujeres como arma de guerra junto con un repertorio de técnicas para la tortura, la mutilación y explotación sexual del cuerpo de las mujeres.

En esta misma línea, ^{Wright (2011)} agrega que la violencia feminicida y juvenicida en Ciudad Juárez Chihuahua, de manera similar a como ocurrió en Medellín Colombia, está fuertemente relacionada con los procesos de gentrificación de la ciudad, que buscan el desplazamiento y exterminio de las clases pobres para dar paso al desarrollo de una moderna ciudad turística. Bajo esta lógica, los discursos políticos justifican la muerte de las personas pobres de la ciudad por considerarlas criminales o tacharlas de prostitutas, propiciando que las instituciones de seguridad operen como tecnologías violentas para la imposición del proyecto neoliberal de ciertas clases sociales.

El sistema capitalista y patriarcal recurre a diferentes mecanismos para llevar a cabo el control de las mujeres, se refuerza la cosificación del cuerpo y su mercantilización convirtiéndolo en objeto sexual de consumo o insumo primario en la industria de belleza, lo que recrudeció la embestida del capitalismo patriarcal que no podría dejar de estar encabezado por el fundamentalismo (Solís de ^{Alba 2019}).

b. Estudios feministas con énfasis en la dimensión política de la violencia

Una de las primeras voces críticas frente a la ola de feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas en Ciudad Juárez fue la de Marcela Lagarde, quien desde la academia y el activismo político institucional propuso la categoría de feminicidio y violencia feminicida a partir de una recuperación del vocablo inglés femicide, empleado por primera vez por Diana Russell en la década de 1970 para hablar de la política involucrada en el asesinato de mujeres. A este respecto, ^{Lagarde (2011)} construye una noción de feminicidio que pone en el centro la consideración de cualquier forma de violencia contra las mujeres como constitutiva de una violación de derechos humanos y, por lo tanto, resalta la responsabilidad de las instituciones estatales en su ejecución. Por ende, al ser el feminicidio el resultado extremo de un continuum de violencias contra las mujeres basadas en las jerarquías de poder por género, además de poder involucrar subordinaciones por edad, clase social, orientación sexual o racialización, tales trayectorias de violencia únicamente han sido posibles por la permisividad, inacción, omisión, negligencia o complicidad de las instituciones estatales. De esta forma, la autora concluye que el feminicidio es un crimen de Estado.

Para la autora, otras formas de violencia extrema que ponen en riesgo la vida de las mujeres como las desapariciones, los abortos clandestinos, algunos suicidios, la adquisición de VIH por dinámicas machistas, entre otras, deben ser consideradas violencia feminicida que resultan de un continuum de incumplimiento de las obligaciones del Estado en relación con las trayectorias de violencia que traen aparejadas.

En el mismo tenor de tratar de dar sentido a los atroces asesinatos y desapariciones de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez, pero avanzando hacia una explicación antropológica, ^{Segato (2016)} propone una hipótesis que busca dar cuenta del carácter generalizado, sistemático (planeado o premeditado), estructural y semiótico de estas formas de violencia. Para esta autora, los feminicidios acaecidos en la ciudad fronteriza, punto estratégico para el comercio legal e ilegal con Estados Unidos, hacen parte de los códigos con los que se comunican diferentes grupos delincuenciales que buscan el control del territorio de esta ciudad estratégica. Por lo tanto, sostiene la hipótesis de que los asesinatos de mujeres son perpetrados por una cofradía o sociedad de hombres de grupos delictivos con dos finalidades: en primer lugar, demostrar su virilidad violenta (basada en la destrucción de lo femenino) frente a su grupo de pares, con el fin de alcanzar mayor estatus y reforzar la solidaridad entre hombres; y en segundo lugar, al exponerlo a la vía pública se busca comunicar a otros grupos delincuenciales, a los agentes estatales y a la ciudadanía en general su dominio y control sobre ciertos territorios mediante el control del cuerpo y la vida de las mujeres. Esta comunicación incluye el mensaje de impunidad, se comunica la ausencia de algún poder soberano capaz de controlarlos y, por ende, dichos grupos criminales desafían a las instituciones estatales y establecen un orden territorial y social denominado por ^{Segato (2016)} como “segundo Estado”.

Por su parte, ^{Fregoso y Bejarano (2011)} extienden su mirada teórica hacia América Latina y consideran que la violencia contra las mujeres se ha presentado como un fenómeno generalizado y sistemático en tiempos de guerra y en tiempos de paz. En el primer caso, esta violencia ha sido usada como “arma de guerra integral y generalizada” durante guerras internacionales, en guerras civiles o en enfrentamientos armados al interior de un Estado. Las dictaduras militares en América Latina y la dictadura del partido hegemónico PRI en México implementaron, de forma sistemática y generalizada, violentas formas de represión contra disidentes políticos que en el caso de las mujeres incluyeron: violación, esclavitud sexual, tortura física, mutilación, explotación laboral, feminicidios y desapariciones. Mientras tanto, en tiempos de paz, otras formas de violencia generalizada contra las mujeres ocurren en los ámbitos familiar, escolar, laboral, comunitario e institucional.

Luego de los procesos de democratización, parecen haber subsistido legados del pasado autoritario tales como: 1) “Militarización de la vida social”, ya que persiste el comportamiento destructivo de integrantes y ex integrantes de fuerzas armadas; 2) una “estructura histórica de impunidad” contra los perpetradores de los crímenes pasados; y 3) “represión arbitraria” sistemática perpetrada por los policías, paramilitares, policías militarizadas y milicias privadas de grupos delincuenciales como nuevas formas de canalizar el terror estatal (^{Fregoso y Bejarano 2011}).

Con el interés de explicar el caso de México, ^{Estévez (2017)} considera que los altos niveles de violencia en el país acontecidos en las últimas décadas pueden explicarse a partir de la interdependencia entre dos tipos de guerras: una guerra por la gubernamentalización necropolítica y una guerra por la desposesión de los cuerpos de las mujeres.

La guerra por la gubernamentalización necropolítica del Estado implica

la delegación de autoridades estatales a bandas criminales, de las técnicas de dominación de la población para actuar sobre sus acciones a través de prácticas que producen muerte [además de que] usa discursos políticos como la guerra contra el narcotráfico o la crisis de inseguridad como dispositivos de regulación de la muerte; la securitización del espacio público como su estrategia central; y la economía criminal como su principal motivación (^{Estévez 2017, 80}).

Respecto a la otra guerra, es una en la que “la víctima de la guerra contra el narco también es potencialmente victimario [hombres violentos y precarizados], porque lo que está en juego no es el territorio ni el poder, ni control sobre el mercado de drogas ilícitas, sino la desposesión de los cuerpos de las mujeres para dominarlos y lucrar con ellos sexualmente” (^{Estévez 2017, 81}).

Los dos conjuntos de teorías feministas permiten derivar hipótesis para tratar de entender, desde una perspectiva macrosocial, las desapariciones de niñas y adolescentes en México y específicamente en el estado de México. Por lo tanto, nuestro argumento es que la creciente incidencia de violencia feminicida y en particular de desapariciones de mujeres y niñas en el contexto mexicano neoliberal es resultado la reorganización de las formas de desposesión del cuerpo de las mujeres en contextos de paz y de guerra por medio de la violencia, perpetradas por actores tradicionales como parejas, familias y las instituciones estatales de seguridad y justicia, y por nuevos actores como empresas y grupos de delincuencia organizada nacionales y trasnacionales, con la finalidad de afianzar tanto las formas de acumulación del capital, como el control social y el dominio político sobre los grupos sociales más vulnerables.

5.1 Trata de mujeres y niñas

El diagnóstico nacional sobre la trata de personas en México (^{ONU 2014}) sugiere que la principal modalidad parece ser la trata de personas con fines de explotación sexual, le siguen en importancia la trata de personas con fines de trabajos forzados, la venta de niños y niñas, y el trabajo forzado en actividades relacionadas con la delincuencia organizada que emplea menores de edad. Por ejemplo, según estimaciones de UNICEF, hay 250 millones de niños y niñas de 5 años a 14 años de edad que trabajan en los países [llamados] en desarrollo. En América Latina, la incidencia de trabajo infantil es del 17% (^{ONU 2014}).

Para comprender la posible relación entre la trata de personas y la desaparición de mujeres y niñas, una de las organizaciones de la sociedad civil con mayor activismo político en torno a las víctimas de desaparición en el estado de México ha afirmado que:

Un número relevante de casos de menores de edad desaparecidas entre los 10 y los 17 años de edad pueden estar vinculados con la trata de personas. A nivel nacional los grupos ilegales asociados al narcotráfico han comenzado a controlar las redes de trata de personas. Esta situación señala, entre otras prácticas de abuso y violencia contra las mujeres como la esclavitud sexual y prostitución infantil, someterlas a trabajo forzado y utilización como informantes […]. Pueden ser también objeto de intercambio entre grupos criminales usándolas para ‘establecer pagos o cuotas entre sí’ (^{I(dh)eas 2018, 23-24}).

Las cifras oficiales coinciden en que el estado de México y Puebla no solo ocupan los primeros lugares en desaparición de mujeres y adolescentes, sino también en trata de personas. Durante el período de 2008 a 2017, se contabilizaron 4230 mujeres víctimas de trata de acuerdo con registros de acceso a la información solicitados a las Procuradurías y Fiscalías del país (^{REDTDT 2018}). Los estados con mayor incidencia de este delito fueron: Ciudad de México (1416); Puebla (435); Baja California (246); y estado de México (179). Las mismas instituciones informaron que no todos los casos están siendo investigados, únicamente se han iniciado 1156 procesos penales y se han logrado 484 sentencias condenatorias en todo el país (^{REDTDT 2018}).

Algunos periodistas e investigaciones han mostrado la evolución de organizaciones criminales en el estado de México dedicadas a la trata de menores juntos con otras actividades delictivas:

La disputa del territorio por los carteles de la droga se intensificó en el estado de México en los últimos siete años, mientras que en el 2009 solo operaban 2 estructuras con límites determinados, el cartel de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana, en los años siguientes ambas estructuras se han fragmentado y los grupos independientes que se formaron en el estado además de pelear el territorio se han dedicado a otras actividades ilícitas como el secuestro, la extorsión, el narcomenudeo, la trata de personas, el cobro del derecho de piso, entre otros (^{I(dh)eas 2018, 22}).

Respecto a la trata con fines de explotación de menores de edad por parte de organizaciones criminales, las organizaciones civiles han apuntado que:

Ya a partir de los 9-10 años, los niños y las niñas se involucran en delitos, sobre todo en la trata de personas. Los niños más pequeños son utilizados como vigías o informadores, o se les utiliza para abordar los trenes, monitoreando la cantidad de migrantes que llegan cada día. A partir de los 12 años, se les utiliza para cuidar las casas de seguridad y controlar que nadie se escape. Los más grandes, a partir de los 16 años, trabajan en ejercicios más violentos, como los secuestros, los asesinatos, y todos portan armas. En lo que se refiere al narcotráfico, los niños están involucrados en toda la línea de la industria. Los más pequeños trabajan como vigilantes, los más grandes se ocupan del traslado de la droga y a partir de los 16 empiezan a ser contratados como sicarios. Las niñas están involucradas sobre todo en el empaquetamiento de la droga (REDIM 2011, 37, en ^{CIDH 2015, 71}).

En este tipo de redes de trata, las niñas juegan los papeles más subordinados asociados a las representaciones tradicionales de lo femenino, por lo tanto, son empleadas en trabajos domésticos forzados, en la distribución de drogas, son objeto de esclavitud sexual y son usadas para la explotación sexual comercial (^{CIDH 2015}).

5.2 Feminicidios encubiertos

De acuerdo con la Encuesta nacional sobre dinámicas de las relaciones en los hogares (^{INEGI 2016}) de 2006, el 61% de las mujeres casadas o unidas en el estado de México reportó que había sufrido uno o más tipos de violencia de pareja, cifra muy superior al promedio nacional, que se ubica en 46,7%. Cinco años después, según la ENDIREH 2011 (^{INEGI 2016}) disminuyó en 3,8 puntos el porcentaje de las mujeres en esta condición representando el 56,7% (a nivel nacional, 44,9% de las mujeres casadas o unidas reportó haber sufrido violencia por parte de su pareja). En ambas encuestas, el estado de México ocupó el primer lugar en este tipo de violencia a escala nacional.

Las desapariciones de mujeres jóvenes pueden estar relacionadas con trayectorias de violencia de género (continuum de violencia) vividas por las mujeres en diferentes ámbitos: familiar, de la pareja íntima, violencia comunitaria o una combinación de estas (incluido el acoso sexual), que desembocan en feminicidios cometidos por personas conocidas o desconocidas por la víctima y que buscan ocultarlos del conocimiento público. Esta posible relación se observa también a nivel de cifras estadísticas.

En cuanto a las complejidades socioculturales y económicas del estado de México, ejemplos de continuum de violencia que termina en feminicidio se han documentado mediante testimonios en diferentes regiones del estado de México: Lucero decide regresar a casa y al bajar por un inevitable lote baldío nota que un hombre alto, delgado y blanco sale de las sobras: el Kiko… La viola en el mismo lugar. Luego de esperar dos horas una mujer que se identifica como Agente del Ministerio Público pide a sus padres que se acerquen… Exige la cantidad de dos mil pesos para ordenar a sus policías que salgan a detener al violador. Un mes después, Lucero sale para ver a su novio, ella no regresa y su novio no sabe nada; a la mañana siguiente, sus padres se enteran que en poblado próximo hallaron sin vida el cuerpo de una mujer; durante la búsqueda se encontraron a los amigos de Lucero (el Salitre y el Maseca), les preguntaron si esa mujer era su hija, lo negaron. Cuando llegaron al Ministerio Público les mostraron fotografías de la mujer hallada sin vida, los padres la identificaron como Lucero, la misma médica legista que le realizó la exploración cuando fue violada recibió el cuerpo sin vida, pero nadie avisó a la familia. Luego de las investigaciones se determinó que no fue Kiko, fueron sus amigos el Salitre y el Maseca, ambos la violaron antes de asesinarla y le robaron sus pertenencias (en ^{Padgett y Loza 2014, 299-309}).

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil hacen notar que en el estado de México la situación de violencia generalizada y sistemática que se vive persiste pese a la alerta de género emitida para 11 municipios en 2016. Por ejemplo, en 2018 se solicitó a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de “alerta de violencia de género” por los alarmantes niveles de desaparición de mujeres en siete municipios de la entidad. Lo que se debe resaltar es que estos siete municipios también presentan los mayores índices de feminicidios. En el diagnóstico de solicitud, se puntualiza que el estado de México es la entidad con el mayor número de casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas del país con un total de 1790 casos oficialmente registrados. Dicho diagnóstico mostró, entre otras cosas, cómo la violencia comunitaria y la violencia institucional contra las mujeres están presentes en el estado de México e indicó un contexto de impunidad y permisibilidad social y estatal.

6.1. Violencia por parte de Fuerzas Armadas y policías

De acuerdo con información de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), de 2006 a 2011 hubo un incremento constante de fuerzas federales en operativos de seguridad, llegando a su punto más alto en 2011 con 52 690 elementos. En 2012 y 2013, hubo una disminución de los elementos desplegados y en 2014, un ligero aumento de estos (^{Silva Forné et al. 2017}). Esta tendencia de crecimiento en el uso de Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública está asociada temporal y espacialmente con la desaparición de personas y específicamente con la desaparición de mujeres y niñas. En este último caso, la relación puede darse por tres vías: mediante ejecuciones extrajudiciales encubiertas, detenciones arbitrarias acompañadas de tortura sexual sistemática y por medio del comercio sexual de mujeres jóvenes en relación con organizaciones criminales.

Un indicador de la violencia letal probablemente constitutiva de ejecuciones extrajudiciales e ilegítimas es la relación entre civiles muertos y fuerzas federales de seguridad muertas en enfrentamientos. En el caso de la Policía Federal, las cifras oficiales muestran un aumento progresivo desde 2007, llegando al punto más alto en 2012 con 10,4 civiles muertos por cada policía muerto. Sin embargo, la prensa confirma esta tendencia con cifras más graves: para 2012, la proporción fue de 16,2 y para 2014, de 17 (^{Silva Forné et al. 2017}).

Respecto al Ejército, las cifras oficiales revelan que el punto más álgido ocurrió en 2011 con 32,4 civiles muertos por cada militar muerto. Pero de acuerdo con la prensa, el primer punto más alto estuvo en 2012 con 42,1; en 2013 bajó a 18,8 y en 2014 aumentó hasta 53 civiles muertos por cada militar muerto. Las entidades que presentaron un mayor índice de letalidad en 2013 y 2014 (número de civiles muertos por cada civil herido) fueron Tamaulipas, Guerrero, Zacateca, Veracruz, Coahuila y estado de México (^{Silva Forné et al. 2017}). Un ejemplo de la violencia letal y arbitraria con la que ha actuado el Ejército contra civiles en el estado de México es el caso de Tlatlaya, lugar donde fueron ejecutadas de manera “extrajudicial” 22 personas, entre las que se destaca una joven de 15 años y dos hombres menores de edad.

Otra forma de violencia perpetrada por las fuerzas policíacas de distintos niveles de gobierno y por las Fuerzas Armadas es la tortura. Organismos de Naciones Unidas han expresado al respecto que la tortura es una práctica sistemática perpetrada por agentes de seguridad en todo el territorio mexicano. En el caso de las mujeres y adolescentes, tiene repercusiones especiales, debido a que organizaciones civiles han documentado que las detenciones arbitrarias por parte de este tipo de agentes han desembocado de manera sistemática en violencias como: tortura sexual, violaciones sexuales, violencia psicológica o mutilaciones (^{Centro PRODH 2018}).

Estas violencias pueden dar lugar a desapariciones forzadas de mujeres e incluso a ejecuciones extrajudiciales. Un caso ejemplar ocurrido en el estado de México fue la represión de parte de policías federales y de la entidad contra organizaciones y pobladores del municipio de San Salvador Atenco, quienes se oponían a la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México; en este caso por lo menos 27 mujeres fueron abusadas sexualmente, hubo alrededor de 200 detenidos y algunos muertos (^{CNDH 2006}).

En los casos de las ejecuciones judiciales y la tortura sexual sistemática perpetrada por policías y miembros de las Fuerzas Armadas, su ejecución puede responder, por lo menos, a tres motivaciones: constituye un arma de guerra contra comunidades para su control político y económico, busca engrosar las cifras de detenciones y acciones contra la delincuencia organizada con el fin de cumplir con las exigencias de las instituciones y demostrar la virilidad ante el grupo de pares cuya identidad se fundamenta en el modelo de masculinidad hegemónica.

La tercera forma de posible relación de las fuerzas de seguridad con la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes tiene que ver con la explotación sexual de mujeres por organizaciones criminales. En el estado de México, se ha registrado una alta incidencia de mujeres jóvenes y niñas desaparecidas en las colonias limítrofes de los municipios de Tecámac y Ecatepec. Cerca de la zona, en el noreste del estado, se ha observado el desarrollo esporádico de centros nocturnos para hombres, sobre todo en los alrededores de los campos militares 37-A y 37-D, correspondientes a la Base Militar de Santa Lucía, el quinto regimiento militar de San Juan Teotihuacán. Frente a estas convergencias geográficas y teniendo en cuenta que, como han apuntado las investigaciones revisadas, las Fuerzas Armadas se han constituido, por lo menos en el siglo XX, a partir de doctrinas misóginas que autorizan y adiestran en estrategias de violencia contra el cuerpo de las mujeres como arma de guerra, se hace factible inferir que las Fuerzas Armadas participan de la reproducción de la trata de mujeres con fines de explotación sexual en colusión con organizaciones de la delincuencia organizada.

Un elemento clave que incentiva y hace posible la reproducción de toda esta gama de violencias misóginas asociadas con la desaparición de mujeres es la impunidad hacia los perpetradores.

6.2. Revictimización por parte de agencias del Ministerio Público

La normatividad mexicana en materia de acceso a la justicia en casos de desaparición y de violencia de género es basta y más o menos acorde a los estándares internacionales; sin embargo, su implementación sigue presentando serios obstáculos asociados con las grandes brechas entre estas normas y las prácticas de los agentes de justicia basadas en la discriminación por género, clase social y edad (^{CIDH 2015} y ²⁰¹¹).

Para el caso específico de las desapariciones, el estado de México enfrenta una problemática similar a la de otras entidades respecto a la ausencia de un tipo penal que permita incluir las desapariciones posiblemente cometidas por particulares o por organizaciones criminales, por lo cual, los ajustes jurídicos para tratar de encuadrar la desaparición en otros delitos conllevan impunidad estructural, ya que, al tratar de emplear otra tipificación, se obstaculiza la debida investigación criminal y su acreditación ante instancias judiciales.

Al respecto de estos patrones de impunidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que: “La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos” (^{CIDH 2015, 15}).

Por lo tanto, se piensa que los patrones de impunidad sistemática en materia de violencia de género contra las mujeres y de desapariciones de mujeres alientan la comisión de estos delitos, al enviar el mensaje a la sociedad de que, si se cometen, no serán castigados. A su vez, la impunidad sistemática se explica en parte por la complicidad de las autoridades estatales con redes criminales, al nivel de los altos y los bajos mandos: “Organizaciones de la sociedad civil manifestaron que […], no solo hay ausencia de debida diligencia en las investigaciones sobre los delitos de feminicidio, desaparición y trata de mujeres, sino que existe también obstrucción de justicia y colusión con el crimen organizado” (^{GIM 2015, 71}).

En los casos de los cadáveres de mujeres encontrados en el dragado del río de los Remedios ubicado en el estado de México, documentados por ^{Carrión (2018)}, se evidencia la impunidad sistemática: “Las averiguaciones previas avanzan entre errores, confusión, negligencia. Siempre son los padres los que llevan la delantera, quienes trasladan al escritorio del Ministerio Público los indicios, las pruebas, los cabos sueltos de una madeja que las autoridades se resisten a desenredar” (^{Petrich 2018, 10}). Errores grotescos: calculan mal la edad de un cuerpo, extravían pruebas y muestras genéticas, se traspapelan partes de un expediente (^{Petrich 2018}).

6.3. Protección a grupos de delincuencia organizada

Uno de los mecanismos macrosociales que opera como gran incentivo a la reproducción de violencias feminicidas incluyendo la desaparición de mujeres y niñas es la protección y alianza por parte de grupos criminales y agentes estatales de distinto rango.

^{Trejo y Ley (2018)} han mostrado que, en la etapa de hegemonía priista en las entidades federativas previo a las alternancias, se mantenía operando una suerte de alianza y protección por parte de los gobiernos estatales hacia ciertas organizaciones criminales. Sin embargo, con las alternancias, las protecciones se rompen y comienza a operar una reorganización en la forma de vinculación de las organizaciones criminales y las élites gobernantes.

El estado de México es un caso excepcional, ya que es una de las entidades sin alternancia partidista en el gobierno, pero con procesos de incremento en su incidencia criminal y de desaparición de personas en aumento desde 2007. Esto parece indicar que las alianzas político-criminales se encuentran en reorganización y, sin embargo, a diferentes niveles de responsabilidad las complicidades continúan ocurriendo, pues la operación de toda organización criminal requiere de nexos con el poder político.

Al respecto, la investigación de ^{Cacho (2004)} ha revelado que las redes de pornografía infantil y explotación sexual de niñas, niños y mujeres tiene como nodo central para su operación la participación de agentes estatales de distintos rangos, ya que estos agentes no solo proveen protección y facilidades para la operación de la red, sino además son consumidores del abuso sexual infantil.