Este dossier reúne reflexiones en torno a la desaparición de personas en el contexto contemporáneo y promueve una perspectiva histórica sobre la continuidad de este fenómeno que, a pesar de la transición democrática en América Latina, se ha perpetuado con consecuencias devastadoras y aún desatendidas.

De la categoría “desaparecido originario” (^{Gatti 2011}) creada en el sur de América Latina hace más de tres décadas en el contexto de las dictaduras militares mucho se ha escrito. Esta invención social y jurídica ha viajado por todos los continentes acoplándose a las realidades locales que invocan la responsabilidad del Estado en la comisión del crimen y movilizan recursos simbólicos y políticos de comunidades organizadas en torno a la pérdida, la exigencia al Estado y la búsqueda de personas desaparecidas.

En relación con la desaparición de personas, se ha desarrollado un campo social bastante denso expresado en la formación de instituciones, leyes, protocolos y lenguajes expertos que sostienen la existencia de un mundo de víctimas y de exigencias todavía vigentes. Los lenguajes creados para hacerse cargo de esta categoría han coincidido en señalar su carácter disruptivo, pues el desaparecido es siempre la imposibilidad de sentido y de identidad (^{Gatti 2017}), se produce gracias al uso riguroso del secreto (^{Ansttet 2017, 43}) que imponen una geografía del espectro y del miedo (^{Schindel y Colombo 2014}), lesionando profundamente la estabilidad existencial de los individuos y las comunidades que sufren la pérdida.

Al tiempo que se han producido estas definiciones teóricas en torno a la desaparición, se ha hecho un esfuerzo por desnaturalizar la categoría para reconocer como es afectada y moldeada por la experiencia social y los contextos, extendiendo su comprensión más allá del acotado mundo del derecho (^{Gatti 2017}).

Además, sugiere Étienne ^{Tassin (2017, 107)}, la desaparición no es únicamente un crimen mediante el cual se priva de la libertad a alguien, sino también es una práctica social de exclusión propia de las sociedades liberales que condena a poblaciones enteras a la clandestinidad, el borramiento y la inexistencia social. Estos desaparecidos, eliminados, ocultados y borrados (como los migrantes, los sin tierra o los apátridas) plantean para la autora el problema de la articulación entre una desaparición política y social, y su funcionalidad económica.

Esta perspectiva resulta bastante útil para comprender las desapariciones en el México contemporáneo, lugar desde el cual se gesta este dossier. En nuestra experiencia de investigación durante la última década, hemos visto cómo este crimen se ha transformado e intensificado en el marco de nuevas conflictividades en las que el crimen organizado se agrega como actor principal en la guerra por los territorios, la trata de personas, la migración forzada y la violencia letal contra las mujeres, haciendo uso de tecnologías de la crueldad que han circulado desde los ejércitos regulares y paramilitares. Hemos observado también una profunda relación entre pobreza, precariedad y desaparición, así como entre las economías extractivas, legales e ilegales y el uso de la crueldad. Este correlato económico de la desaparición de personas es también un correlato político, en tanto expresión del poder en el uso instrumental de los cuerpos, pero también en la activación de dispositivos estatales que actualizan el uso de la desaparición como técnica de control.

En México, que cuenta ya 60 000 personas desaparecidas (^{Enciso 2020}), este fenómeno dejó de ser una estrategia exclusiva de la violencia política que reitera con su presencia el monopolio legítimo de la violencia en manos del Estado y ha ingresado en el repertorio de la violencia criminal en donde los motivos y los actores asociados con el fenómeno se tornan ambiguos, ocultando la participación del Estado detrás de la multiplicación de fuerzas paramilitares, que suma nuevas geografías, víctimas y perpetradores. Estas modificaciones han tenido como efecto la producción de nuevas representaciones sobre las víctimas, aparatos burocráticos, saberes y formas de gestionar la problemática (^{Robledo 2015} y ²⁰¹⁶; ^{Irazuzta 2017}), para lo cual se hace pertinente enfocar la atención en los perfiles de las víctimas, que en su mayoría son jóvenes, hombres precarizados de las ciudades y las zonas campesinas e indígenas.

Asimismo se hace necesario reconocer a los perpetradores en toda su dimensión, considerando, como sugiere ^{Reveles (2011)}, que la desaparición de personas se ha convertido en un negocio para extorsionar, esclavizar, reclutar o vender a las personas, y en un mecanismo de castigo, advertencia y limpieza social (^{Reveles 2011}). Aquello que llamamos crimen organizado no es más que un sistema de redes clientelares de cooperación entre criminales profesionales y funcionarios públicos, que persiguen el propósito de obtener ganancias económicas mediante el desarrollo de actividades ilícitas, apoyadas, en última instancia, por el uso de la violencia (^{Flores Pérez 2013}). O como diría Doña Mary, madre de cuatro jóvenes desaparecidos en México: “Más que el crimen organizado, lo que tenemos en México es el crimen autorizado, el crimen institucionalizado”.¹ No se trata pues de un orden paralelo al Estado, sino de una nueva configuración de la estatalidad que obliga a repensar categorías tradicionalmente articuladas a él como la desaparición forzada de personas.

Según Dawn Marie ^{Paley (2018)}, las desapariciones más recientes se producen en el campo de la expansión capitalista hacia territorios y espacios sociales nuevos o previamente inaccesibles a partir de una narrativa global de seguridad que termina por beneficiar a empresas con capitales transnacionales (legales o ilegales) mientras se ensaña con crueldad sobre poblaciones incómodas para el avance de este proyecto en los territorios.

Tal como podemos ver en el Informe de 2019 del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias -por medio de los casos individuales presentados para su revisión ante dicho Grupo de Trabajo-, la desaparición forzada ahora es denunciada en países que anteriormente no eran relacionados con la práctica como Irak (16 420 casos), Sri Lanka (6030 casos) Argelia (3253 casos) o la Federación Rusa (849 casos) (^{UNHCR 2019b}).

Si bien la presentación de casos individuales ante instancias internacionales permite observar la transnacionalización del concepto desaparición forzada (^{Gatti 2011}) y, al mismo tiempo, apunta hacia las capacidades de organización y resistencia de las comunidades locales, el incremento en la visibilidad de la práctica también señala su extensión y profundidad: “Los Estados cada vez justifican más el uso de las desapariciones forzadas como parte de sus actividades [… ] en particular mediante la adopción de disposiciones jurídicas que propician la desaparición forzada y la detención en régimen de incomunicación” (^{UNHCR 2019b, 15}).

A partir de este horizonte y con la necesidad de comprender nuestra propia realidad, desde Íconos Revista de Ciencias Sociales se lanzó una invitación a pensar las desapariciones en el contexto latinoamericano reciente, comprendiendo cómo estas se inscriben en las nuevas guerras globales y se vinculan con la circulación de tecnologías de la crueldad, así como a intereses económicos y políticos transnacionales que hacen un uso estratégico de la violencia, para reconocer desde allí también los límites de las categorías establecidas históricamente y para dar cuenta de este fenómeno. Esto, sin dejar de ver, por supuesto, las particularidades locales que hacen de la desaparición una experiencia diferenciada en cada contexto.

La respuesta recibida brinda la oportunidad para volver la vista atrás y revisar la historia de las desapariciones en América Latina perpetradas en el marco de la guerra fría, cuyo tratamiento se articula con formas recientes de humanitarismo global, lenguajes universales en torno al sufrimiento, burocracias especializadas en la atención y gestión del dolor, y dispositivos jurídicos que han traído promesas de reparación y no repetición. Las contribuciones a este dossier desde las geografías del sur permiten hacer un balance crítico sobre los proyectos sociales en torno a la desaparición de personas para preguntarnos por sus alcances y sus límites y, sobre todo, imaginar otras posibilidades para hacer frente a esta “catástrofe social” (^{Gatti 2008}), en condiciones de impunidad generalizada y conflictividad social exacerbada.

De esta manera buscamos contribuir a la transmisión de reflexiones sur-sur en torno a la desaparición de personas, convocando posturas críticas que permitan reconocer los alcances reales de las estrategias que como sociedad hemos creado para responder a este fenómeno. Pero también, posturas que permitan anticiparnos a las formas que adquiere la violencia en el contexto actual latinoamericano, que en países como México son sumamente expresivas y letales, pero que de igual forma podrían estar circulando por nuestra geografía regional acoplándose a cada contexto con consecuencias devastadoras.

Los artículos aquí reunidos posibilitan comprender la desaparición en el marco de los regímenes que la han producido, incluyendo aquellos que cometen el crimen en nombre de la democracia. El dossier se divide en tres bloques temáticos que permiten abordar diferentes aristas del mismo problema. En el primero, contamos con un par de reflexiones sobre las políticas de los Estados nacionales y supranacionales para atender este crimen y sus consecuencias.

Se inicia esta compilación con el artículo “Desapariciones forzadas por actores no estatales: la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, que condensa una discusión sociojurídica sobre la “desestatización” de este crimen. El autor Pietro Sferrazza-Taibi presenta los resultados de un análisis en torno a los estándares de imputabilidad aplicados por la Corte para declarar la responsabilidad internacional del Estado por desapariciones forzadas, cuando sus órganos no cometieron materialmente el crimen.

Esta lectura sobre los estándares jurídicos tiene un correlato social en las manifestaciones más recientes del crimen que sitúan la participación del Estado en condiciones novedosas para la sanción internacional. En este contexto, resulta fundamental preguntarse por las condiciones de “aquiescencia”, “autorización” y “apoyo” que constituyen la responsabilidad estatal cuando se trata de un crimen cometido por particulares. Retomando casos de Colombia, Guatemala y México, el autor refiere a los alcances y los límites del mecanismo interamericano para hacer frente a estas mutaciones criminales que evidencian lo insuficiente de los marcos jurídicos actuales.

Después de discutir el marco de la política internacional de justicia para hacer frente a la desaparición de personas, nos encontramos con una reflexión sobre los efectos de la política pública en torno a las desapariciones en Chile después de 40 años de su ocurrencia. El artículo “Reparación simbólica, trauma y victimización: la respuesta del Estado chileno a las violaciones de derechos humanos 1973-1990”, de Javiera Bustamante Danilo y Alejandra Carreño Calderón, sostiene que la política oficial chilena frente a los derechos humanos se ha expresado en una perspectiva patológica del abordaje del trauma útil a los propósitos de olvido y clausura del pasado.

Pese a la proliferación de comisiones, programas e instituciones que buscan favorecer la materialización del paradigma reparatorio bajo el principio de que es una responsabilidad moral y ética del Estado, las autoras aseveran que se ha institucionalizado un régimen de impunidad. Este posicionamiento crítico resulta fundamental para preguntarse por los alcances de las políticas que emprenden países latinoamericanos importando los paquetes de justicia transicional a sus contextos sin advertir sus límites y fracasos.

En el segundo bloque se encuentran un par de artículos que permiten reflexionar el fenómeno de la desaparición desde espacios de tránsito, los sueños y la situación de personas migrantes desaparecidas. El artículo “La presencia de la ausencia. Hacia una antropología de la vida póstuma de los desparecidos en el Perú”, de la autora Dorothée Delacroix, nos introduce en la experiencia onírica de las comunidades andinas de este país para plantear una lectura crítica al dominio de los mecanismos de justicia transicional orientados a la reconciliación. La autora recupera la narrativa de los sueños de las comunidades campesinas para comprender cómo gestionan desde sus propios recursos simbólicos las posibilidades de justicia al margen de los relatos institucionales. Los sueños de los campesinos que sobreviven la violencia expresan las dificultades de la vida cotidiana y reclaman por las cuentas pendientes del pasado discrepando de las memorias y los modelos de pacificación oficiales.

Esta mirada a los sueños constituye una crítica radical a los lenguajes estandarizados con los cuales se narran violencias extremas como la desaparición de personas y se configura la existencia de una víctima pasiva, despolitizada e inocente. Las almas en pena que recorren los paisajes andinos, con el carácter persecutorio de la mala muerte, contradicen los intentos de pacificación emanados del centro y permiten recuperar un “equilibrio precario” frente a condiciones de violencia y desigualdad que continúan intactas pese a los intentos institucionales de transición. Aproximarse a la desaparición forzada desde este enfoque de diversidad cultural permite reconocer las formas de innovación simbólica y ritual que las comunidades elaboran para gestionar el exceso de este tipo de violencia, frente al cual los intentos estatales y las intervenciones expertas resultan insuficientes.

El artículo “Desafíos y tensiones en la búsqueda de migrantes desaparecidos de Honduras y El Salvador”, de la autora Gabriela Martínez-Castillo, presenta no solo la dificultad social que rodea al proceso de reconocimiento de una persona migrante como desaparecida, sino también los obstáculos institucionales que limitan en territorio mexicano las capacidades de búsqueda de una familia extranjera en circunstancias de extrema vulnerabilidad. La mirada de Martínez-Castillo permite complementar este dossier con una dimensión pocas veces incorporada en la reflexión sobre la desaparición de personas: la movilidad humana, un proceso que crece en paralelo a la violencia estructural. Los límites jurídicos de la ciudadanía y los regímenes fronterizos orillan a las personas hacia circuitos clandestinos en los que la desaparición se eslabona con otras técnicas de terror utilizadas por los poderes de facto para administrar poblaciones dentro de los territorios.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que hasta 2018 había 70,8 millones de personas forzadas a desplazarse dentro o fuera de sus países a causa de la persecución (^{UNHCR 2019a}), y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que entre 2014 y 2018 han desaparecido o muerto 32 700 personas migrantes a nivel mundial (^{Informador 2019}). Incorporar al análisis de la desaparición de personas el estatus migratorio de una víctima y las restricciones legales que puede enfrentar su familia durante el proceso de búsqueda es un ejercicio clave para una comprensión integral de este fenómeno en su etapa actual.

Ante una práctica productora de terror que se perpetúa y se extiende por medio de los territorios, resulta crucial ampliar nuestra mirada analítica para comprender la desaparición de personas reconociendo el entramado de vulnerabilidades de quienes desaparecen y las posibilidades de que sean localizadas. Bajo esta lógica, como broche de cierre para este dossier se presentan dos artículos que, construidos desde la perspectiva feminista, permiten observar desde México dos facetas: la mujer desaparecida y la mujer que busca.

En momentos en los que la desaparición de personas, como técnica de control y producción del terror, ha dejado de ser comprendida y ejercida como un recurso exclusivo de actores estatales, reflexionar sobre la victimización de sujetos particulares posibilita observar los puntos de articulación entre los poderes de facto que rodean este fenómeno. Este es justo el ejercicio que ofrecen María de Lourdes Velasco-Domínguez y Salomé Castañeda-Xochitl en su artículo “Desaparición de mujeres y niñas en México: aportes desde los feminismos para entender procesos macrosociales”. Después de proporcionar un esbozo de las disputas que se han producido en los territorios luego de que en 2000 se iniciara la alternancia partidista en México, las autoras revisan las posibles causas para el incremento en la desaparición de mujeres y niñas.

Velasco-Domínguez y Castañeda-Xochitl ofrecen un breve recorrido entre algunas teorías feministas para enmarcar la violencia contra las mujeres y, luego, entrelazarla con la economía criminal y el ejercicio sistemático de violencia sexista, racista y clasista que ejercen los agentes estatales como elementos cruciales en la producción de formas específicas de violencia contra mujeres y niñas. La propuesta aquí es que la violencia hacia las mujeres se ha incrementado debido a la urdimbre construida entre agentes estatales y grupos criminales.

En los territorios de América Latina se encuentran 14 de los 25 países con los índices más altos del mundo en crímenes por violencia de género (^{García 2018}); sin embargo, frente a panoramas en los que se ejercen violencias extremas, también es importante recordar que la dominación nunca es total. En contrapartida al escenario de la desaparición de las mujeres y niñas, consideramos importante agregar también una mirada que recupera las capacidades de las mujeres para resistir y reconstruir comunidad.

El artículo “‘¡Tu madre está en la lucha!’ La dimensión de género en la búsqueda de desaparecidos en Nuevo León, México”, de Nadejda Iliná, conforma el cierre de este dossier. Si bien el activismo femenino y las formas de organización de las familias en la denuncia y búsqueda de personas desaparecidas ha sido previamente analizado, la reflexión ha estado mayoritariamente anudada a las desapariciones producidas por la violencia política en las décadas de 1970 a 1980. Aunque existe una continuidad en los repertorios utilizados para resistir y denunciar, resulta necesario incorporar a la reflexión el papel que juegan los actores criminales, como poderes de facto, en la práctica de la desaparición y las rutas y procesos de negociación que las madres y las familias han elaborado en estos contextos.

Iliná nos permite conocer la historia de un colectivo conformado por madres y esposas que buscan a sus seres queridos en territorios marcados por la denominada guerra contra el narcotráfico y, de manera adicional, nos posibilita observar la dimensión sensible de la experiencia de las buscadoras y la vivencia emocional en torno a la desaparición, desde un lugar femenino que se constituye por medio del activismo. La apuesta central es convocar nuevamente nuestra mirada hacia la potencia transgresora que poseen los actos de las mujeres que, buscando a las personas que han sido desaparecidas, cuestionan y enfrentan al Estado.

Cerramos invitando a ustedes a cultivar los espacios reflexivos que han logrado conquistarse; en momentos en los que se registra “la utilización cada vez mayor del secuestro extraterritorial por algunos Estados, con la cooperación de muchos otros; la aprobación de leyes y medidas regresivas en el ámbito de la verdad, la justicia y la reparación” (^{UNHCR 2019b}), es importante mantenernos en alerta.

Esperamos que este dossier abone al ejercicio crítico de pensar las violencias producidas desde el poder y las capacidades de los Estados y las sociedades para promover justicia y sanación en torno a crímenes tan atroces como la desaparición de personas. Es necesario actualizar los marcos jurídicos sobre este crimen para ampliar los horizontes de justicia institucional, pero también imaginar otros caminos para reconstruir sentido y comunidad después de la pérdida, valorando el papel que han cumplido especialmente las mujeres en este campo de lucha. Lamentablemente no se ve próxima la erradicación de la desaparición de personas como estrategia de control de la población o como herramienta de disuasión del enemigo, y Latinoamérica tiene un gran conocimiento acumulado para transitar por este desafío.