1. El punto de partida teórico¹

A partir de la década de 1970, desde el ámbito científico y de los movimientos sociales, se percibió que, más allá de la prosperidad económica registrada hasta entonces, el agotamiento de los recursos naturales se evidenciaba al tiempo que se profundizaban las desigualdades socioterritoriales a escala mundial. El informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento (^{Meadows et al. 1972}) señala las consecuencias del desequilibrio entre un sistema socioeconómico basado en el ideal de progreso, entendido como crecimiento indefinido, y un sistema biofísico finito, con capacidad limitada para generar materias prima y reabsorber los desechos generados por la acción del hombre. Este fenómeno -definido como ruptura ambiental por William Kapp- es “el resultado de la acción humana, la cual aunque resulte aparentemente racional dentro de un marco institucional de relaciones socioeconómicas, motiva una irracionalidad social particularmente destructiva” (^{Kapp 1995, 134}). La Declaración de Río de 1992 afirma que existe una contradicción entre el desarrollo sostenible y el modelo de civilización dominante injusto e insostenible, construido sobre el mito del crecimiento ilimitado y que ignora los límites finitos de la Tierra.

Junto con el auge de la globalización, el mundo occidental ingresó en una modernidad avanzada caracterizada por la radicalización y la universalización de las categorías en que se sustenta el proyecto moderno (^{Bauman 2004}). Las respuestas alternativas al desarrollo que surgieron en este contexto desde diversas corrientes del pensamiento ambiental crítico -entre las que se encuentran la economía ecológica y la historia ambiental- resultan de especial interés para esta investigación ya que, al ubicarse por fuera del paradigma moderno, abordan las causas profundas de la crisis del sistema capitalista (^{Agoglia 2018}). Desde estas corrientes, se busca clarificar las relaciones de poder configuradas históricamente como mediadoras de las relaciones sociedad-naturaleza (^{Martín y Larsimont 2016a}), así como los componentes éticos e ideológicos implícitos en su desarrollo, tanto por medio del estudio de conflictos socioambientales puntuales como desde el análisis macro de los procesos regionales. Este trabajo se inscribe en esta última línea.

Según Jorge ^{Riechmann (2014)}, la solución a la crisis socioambiental global cobra en este siglo una urgencia sin precedentes en la historia debido a que los límites biofísicos del planeta han sido saturados e incluso rebasados. Al encontrarnos en un “mundo lleno” no hay escapatoria posible hacia nuevas tierras no explotadas. A raíz ello, resulta imperativo reevaluar toda actividad humana en cada territorio en nuevos términos, subvirtiendo los desfases entre los subsistemas técnico y económico, y la ecosfera que los contiene. El desarrollo económico debe tener como techo los límites ecológicos y como piso la satisfacción de las necesidades sociales fundamentales (^{Aguado et al. 2012}). Para esto, es necesario un rediseño de la tecnosfera, circunscribiéndola al soporte biofísico que ofrece el territorio mediante la imitación de los principios de funcionamiento de los sistemas naturales.² A esta estrategia se la denomina biomímesis (^{Riechmann 2014}).

En este trabajo, se realiza un abordaje interdisciplinario de nivel macro de las particularidades de Mendoza con el fin de estudiar los desfases entre la tecnosfera y la ecosfera local. Para ello, se realiza un recorte tomando como eje organizador a la vitivinicultura, ya que encarna en la provincia características de la ruptura ambiental producto de las lógicas modernas. Su elección se justifica en las siguientes razones:

El análisis que se presenta es de carácter diagnóstico, mediante el empleo de la triangulación de datos cualitativos, a través del uso de fuentes documentales y bibliografía especializada, con datos cuantitativos de fuentes estadísticas oficiales. Primeramente se realiza una reconstrucción del proceso histórico con una mirada ambiental. Luego se exponen evidencias sobre sus consecuencias actuales a nivel macro en el sistema socioeconómico local.

A continuación, se presenta brevemente el proceso en que la vitivinicultura se instaura como actividad dominante en el territorio provincial, considerando la apropiación de recursos naturales y su influencia en el Estado. A pesar de que su cultivo se remonta al siglo XVI, el presente trabajo parte desde finales del XIX, momento en el que las y los inmigrantes europeos se hicieron con el control hegemónico de la actividad, dando surgimiento a una burguesía industrial mendocina (^{Lacoste 2004}).

2. La vitivinicultura tradicional y la apropiación del agua: siglos XIX y XX

Si bien la aridez del clima y la escasez física del agua limitan las oportunidades de desarrollo, el aprovechamiento que se hace de los recursos disponibles desde el inicio del estado provincial permite el desarrollo de actividades económicas dinámicas y plenamente integradas al mercado. Aunque ello ocurre en un patrón de fragmentación territorial debido a una concentración del uso de los recursos naturales, donde unas pocas y limitadas superficies (las que alcanzan a ser irrigadas artificialmente) se convierten en oasis de agua y riqueza, estas resaltan como enclaves de desarrollo en medio de vastas zonas pobres, desprovistas de infraestructura y relativamente despobladas (^{Martín 2011}).

Durante los siglos XIX y XX se llevaron a cabo procesos de repartición y apropiación de distintos elementos del territorio provincial en los que se distribuyeron tierras, recursos y roles sociales entre los distintos actores. La ocupación de tierras, la apropiación de agua (diferenciación entre tierras con y sin derechos de riego) y la explotación laboral de grupos indígenas marginados son elementos constitutivos de la ruptura de las territorialidades indígenas previas al estado mendocino, que sentaron las bases y delinearon el rumbo para la construcción de las actuales. Las transformaciones territoriales y productivas intencionadas son conducidas a lo largo del siglo XX por las élites locales y grupos gobernantes fuertemente asociados con la inmigración europea (^{Tonolli 2015}).

En consonancia con el modelo de economía agrícola que adopta el país, se afianza en Mendoza la producción vitivinícola que se diferencia por la manufactura sus productos primarios. Al modelo que se desarrolla en este período se denomina vitivinicultura tradicional, orientado a la producción de vinos comunes y al abastecimiento del mercado interno. El viñedo se vuelve el monocultivo más atractivo para la inversión y desplaza otros usos del suelo y el agua a posiciones marginales. La oligarquía local, los inmigrantes de ultramar y el estado provincial se establecen como los actores centrales de este modelo, con gran influjo sobre procesos sociales, económicos y ambientales. Se llevan a cabo modificaciones en el territorio destinadas a afianzar y potenciar la actividad vitivinícola, tales como: ampliación de redes de riego, expansión de la frontera agraria y multiplicación de las bodegas (^{Torres 2006}). También se aplican medidas de fomento como créditos de corto y largo plazo, exención y desgravación impositiva por períodos determinados, fijación y exención de aranceles y derechos adicionales de importación y exportación, bajas especiales en los precios de energía, combustibles y transportes, y otorgamiento de subsidios³ (^{Cepparo et al. 2016}). En este largo proceso, se conforma una burguesía rural que queda históricamente vinculada a la vitivinicultura, con un elevado peso a nivel político y gubernamental⁴ (^{Chazarreta 2013}).

Dada la lógica de producción agrícola de regadío, tiene un rol fundamental el manejo del recurso hídrico que se lleva a cabo bajo la forma de derechos definitivos y eventuales asociados con la tierra de carácter inalienable. En 1884, se promulgó de la Ley de Aguas, que “otorgaba derechos definitivos (de por vida) de agua solo a aquellos que ya tenían legalizada la propiedad de la tierra, es decir a un pequeño porcentaje de la población de Mendoza y a aquellos inmigrantes pudientes que podían comprar tierras y hacerlas producir” (^{Escolar et al. 2012, 82}). Al tratarse de un recurso escaso, se le asignó un orden de prioridad estricto según el cual primero se abastecían los derechos más antiguos y luego los más recientes, hasta agotar el agua disponible. Esta política, que perdura aún, genera que quienes tienen la propiedad de las tierras con derecho a riego (de mayor valor que las otras y, por lo tanto, menos accesibles para cualquiera), tengan también la posesión del agua.

A ello se suma la construcción de diques en los principales ríos, que circunscriben el agua a los oasis, aumentando la intensidad de su uso y restringiendo el abastecimiento natural de ecosistemas y poblaciones que se encuentran aguas abajo. Las poblaciones campesinas y originarias deben necesariamente modificar sus estrategias de reproducción y se ven arrastradas a una posición marginal respecto a los territorios irrigados. Entre los cambios ecosistémicos más significativos que se generan luego de la instalación de las múltiples represas, se encuentra la desaparición de los humedales lindantes a las ciudades, como la Ciénaga del Bermejo en el oasis norte, que desapareció hacia el primer cuarto del siglo XX (^{Prieto et al. 2008}) o la desecación paulatina de las lagunas y bañados de Huanacache al norte del río Mendoza (^{Tonolli 2015}), las cuales sustentaban a las poblaciones mencionadas.

En este sentido, es importante remarcar que el auge de las actividades agrícolas de los oasis tiene una influencia directa sobre todo el paisaje provincial. En este período, la idea de progreso gobierna las políticas y el desarrollo de la técnica dominada por la racionalidad moderna, como mera herramienta de la economía, se anteponen a las dimensiones social y ambiental. Durante el período siguiente, estas circunstancias se profundizan, antes que mesurarse, pero la vitivinicultura comienza a disminuir su contribución relativa a la economía de la provincia intensificando sus impactos socioambientales.

3. La vitivinicultura en la globalización: desde 1990 al presente

El proceso descrito anteriormente estuvo signado por múltiples fluctuaciones en los regímenes político-económicos nacional y provincial en los que la actividad vitivinícola recayó en crisis cíclicas -generalmente asociadas con la sobreproducción-, las cuales requirieron de una activa intervención estatal con el fin de superar los períodos más difíciles. Si bien a partir del último tercio del siglo XX los bodegueros dejaron de estar presentes en la cúspide del Estado, siguieron presentes en el bloque de poder, siendo “consultados permanentemente por los sucesivos gobernadores, no solo para definir temas directamente referidos al sector sino también para asuntos generales de la economía de la provincia” (^{Lacoste 2004, 61}).

Sin embargo, alrededor de 1980 el sector vitivinícola se vio envuelto en su crisis más significativa. Un cambio importante en los pilares del régimen de acumulación (la caída sostenida del consumo y la modificación de los gustos del público) volvió obsoleto el modo de regulación vigente e hizo necesaria la transformación de sus formas estructurales para poder restablecer la acumulación (^{Staricco 2018}).

Las grandes bodegas, que habían dominado la industria por casi un siglo, comienzan a derrumbarse, y sumergen a todo el sector en un estancamiento productivo. Asimismo, otros factores de índole político y económico permearon el sector, que ya no pudo reconstituirse apelando a las formas conocidas hasta ese entonces (^{Brignardello 2017, 6}).

A partir de la década de 1990, con la apertura económica y la desarticulación de organismos y programas nacionales vinculados con la industrialización sustitutiva de importaciones, surgieron nuevos complejos agroindustriales y se reestructuraron los ya existentes, como la vitivinicultura (^{Brignardello 2017}). De esta manera, a escala local se devino en la que Laura ^{Torres (2006)} clasifica como “tercera reconversión productiva” de la economía local. Y se comenzó a gestar el modelo conocido como “nueva vitivinicultura” en el que la producción se orientó hacia el mercado externo y las variedades de “vinos finos o de alta calidad enológica” que aumentaron la competitividad y el valor agregado al producto comercializable. La exportación surgió como una alternativa a un modelo de desarrollo agotado y no como una estrategia productiva explícita orientada al comercio internacional (^{Cerdá y Hernández 2014}).

Entre las múltiples transformaciones que se produjeron, se puede destacar una nueva ampliación de la frontera agraria, con preferencia por las tierras altas no explotadas que requieren la explotación de agua subterránea; grandes inversiones de capital de origen extranjero y el aumento de la vulnerabilidad de los pequeños productores y productoras no integradas (^{Montaña et al. 2005}). Para implementar el nuevo modelo, se requirió tecnologías no accesibles para la mayoría de las productoras y productores, tales como el uso de material genético seleccionado, nuevas prácticas culturales y técnicas de riego, cultivo y cosecha altamente mecanizadas (^{Azpiazu y Basualdo 2001}). Todo ello incide de modo diferencial en los distintos actores rurales ya que, por un lado, consolida el ascenso de aquellos que tienen la capacidad de invertir y reconvertirse y, por otro, significa la quiebra de quienes no lo logran (^{Torres 2006}; ^{Chazarreta 2012}).

En el campo de las políticas públicas nacionales respecto al sector vitivinícola, el principal rasgo distintivo de la década de 1990 es la desregulación de las distintas fases de la cadena productiva (^{Martín 2011}). Mientras que, en contraste, en los principales ámbitos provinciales vinculados con este sector irrumpieron algunas políticas y acciones regulatorias, tendientes en principio a alentar la reconversión productiva del sector, a promover el consumo y fundamentalmente a favorecer la exportación de vino y otros subproductos (^{Azpiazu y Basualdo 2001}).

Más allá de las ventajas con que cuenta el mercado exportador, resulta importante remarcar que el comercio interno sigue siendo un pilar fundamental del sector. En la actualidad (2019) conviven dos modelos productivos: la nueva vitivinicultura y una vitivinicultura tradicional que, no obstante, también reestructura sus relaciones y dinámicas internas previas al siglo XXI. El modelo basado en la calidad demuestra un mayor dinamismo y se expande, en términos de volumen e ingresos monetarios, a expensas del basado en la cantidad, que en su contracción experimenta también una tendencia hacia la concentración, lo que pone en una situación más precaria a los pequeños productores y productoras vitivinícolas que lo integran. Para concebir la totalidad de esta actividad, se propone entenderla como una dualidad de regímenes de acumulación, en lugar de pensar que la convivencia de los dos modelos responde a una reconversión productiva incompleta. “Es más preciso afirmar que la acumulación y estabilidad del sector han podido ser restablecidas gracias al desarrollo de dicha dualidad y no pesar de la misma” (^{Staricco 2018, 17}).

Como resultado de dicho proceso, en el modelo de la calidad se genera una mayor concentración en el eslabón primario y una mayor atomización en el industrial, determinado por la producción de vinos diferenciados (^{Dulcich 2016}). A su vez, se produce un estrechamiento de las relaciones hacia el interior de la cadena productiva,⁵ con una desigualdad creciente y una disminución de la diversidad implantada tendiente hacia la primacía de Malbec, con el 24% de la superficie implantada; el 59% lo ocupan cinco variedades para vinificación y el resto se reparte entre más de 130 variedades (^{INV 2019a}), y a un maridaje entre la producción de vinos, el enoturismo y el marketing (^{García y Giménez 2017}).

Un proceso común en los complejos agroindustriales globalizados es la subordinación de determinados sectores de la cadena a otros que poseen más poder de negociación. Las lógicas globales operan como dispositivos políticos que condicionan el desarrollo de una multiplicidad de configuraciones socioproductivas mediante ideas organizadoras de los procesos locales (^{Martín 2009}). El capital agroindustrial no tiene su principal interés puesto en la compra de tierra, lo que termina por inmovilizar mucho capital, sino que le resulta trascendente acceder a determinados insumos agrícolas de terceros, quienes corren por cuenta propia los riesgos asociados con la producción primaria (^{Brignardello 2017}). Esto se debe a que el poder de los actores globales consiste precisamente en su capacidad de escapar y descomprometerse, tal como ocurre con el mercado financiero, despojando a los dominados de la capacidad de imponer límites (^{Bauman 2004}), ya que los actores locales están inevitablemente anclados en el territorio y a merced de las variabilidades ambientales, económicas, políticas, sociales, culturales y tecnológicas de su contexto.

Desde la década de 1990 se asiste a una creciente integración de la producción agrícola a la dinámica del capital industrial. Los grandes elaboradores o fraccionadores de vino controlan el modo, el tiempo, el producto y las formas de pagos a las productoras y productores (^{Chazarreta 2012}). En la producción agrícola -donde predomina el capital de origen local (^{García y Giménez 2017})-, las bodegas moldean a aquellos productores y productoras dispuestas a adaptarse, forzando una organización productiva destinada a elaborar una mercancía agrícola específica que deben sostener para mantenerse en el mercado (^{Brignardello 2015}). En la “nueva vitivinicultura”, el dispositivo central de control de las industrias sobre las productoras y productores está constituido por los parámetros de calidad, estrechamente relacionado con otros, como la articulación agroindustrial y la modernización tecnológica⁶ (^{Martín 2009}).

En síntesis, esta nueva estructura productiva promueve la producción agroindustrial de exportación alimenta a los grandes capitales (^{Torres 2006}), llevando a disminuir la acumulación de capital local (^{Richard 2008}). Por un lado, esta tendencia contribuye a profundizar procesos de acaparamiento de recursos vitales escasos como el agua y las mejores tierras agrícolas, al desplazamiento de ecosistemas naturales y a la desposesión de las pequeñas productoras y productores locales (^{Bocco 2004}). Y por otro, a la consolidación de los sectores industriales estratégicos, en detrimento de emprendimientos locales que carecen de la misma potencialidad de reproducción de capitales (^{Larsimont y Grosso 2014}).

El amparo de un discurso oficial, reciclado de la idea de progreso del siglo XX, ahora asociado con el patrón cultural globalizante (^{Agoglia 2011}), no debe ser desdeñado. En el siglo XXI, este dispositivo de control se actualizó, adoptando nociones de la protección ambiental imperante en la agenda internacional. Este ambientalismo hegemónico favoreció la implementación de instrumentos de mercado para la supuesta salvaguarda de la naturaleza, aunque su consecuencia directa fue la reproducción de los patrones de consumo y de la integración subordinada de la naturaleza al mercado (^{D’Amico y Agoglia 2019, 109}). Tal es el caso de los dispositivos ecotecnocráticos asociados con la agroindustria vitivinícola en Mendoza, que se imponen como condición de producción y en definitiva conducen a una intensificación del control y administración de la naturaleza por parte del capital, profundizando procesos de exclusión, diferenciación y posicionamiento social (^{Ivars 2017}). Por medio del discurso vigente, se legitiman las desigualdades e invisibilizan los reclamos de los sectores perjudicados (^{Montaña 2007}).

Todo lo anterior pretende conformar un marco a la luz del cual analizar, seleccionar e interpretar la información recabada del proceso de la vitivinicultura en el siglo XXI, que se expone a continuación. Esta presentación pretende brindar una síntesis de la información disponible, profundizando según la disponibilidad de información. Para confeccionarla, se usa información estadística y documental proveniente de fuentes institucionales y bibliografía especializada.

4. La vitivinicultura, las exportaciones y la economía local desde 1990 hasta la actualidad

Casi el 70% de la producción agrícola provincial es vitícola (ver gráfico 1). En 2018 hubo 153 029 hectáreas implantadas con viñedos en Mendoza (^{INV 2019a}). Se produjeron más de 1 611 000 toneladas de uva por año que se destinaron casi totalmente a producir vino: 10 936 021 hectolitros en 2018 (^{INV 2018}).

Aproximadamente el 73% del volumen vendido se destina al mercado interno y el otro 27% a exportación (^{INV 2019b} y ^2019c). Sin embargo, los ingresos por esta última reportan el 83% del total del producto y por aquel, el 17% (^{DEIE 2017}). Cabe destacar al respecto que hasta 1995 las exportaciones de vino nunca alcanzaron a representar más del 3,5% de la producción (^{Azpiazu y Basualdo 2001}). A su vez, mientras que el consumo interno de vino muestra un descenso paulatino desde 1970 hasta el presente (de 91,8 a 18,9 litros por habitante en 2018), entre 2000-2018 las exportaciones aumentaron un 326% en volumen y un 667% en ganancia (^{INV 2019b}).

Fuente: DEIE 2016

Gráfico 1 Participación relativa en los ingresos de la producción agrícola por subsector, 2015-2016 

El nivel de incidencia de un producto en las exportaciones se utiliza como indicador para justificar su importancia económica en una región. Según ^{INDEC (2019)}, entre 2003 y 2018 las exportaciones provinciales pasaron de 910 a 1520 millones de dólares (+67%).⁷ Sin embargo, este aumento en las exportaciones no se trasladó directamente a la creación de valor agregado. Mediante el coeficiente de participación,⁸ se puede medir su importancia en el Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial (^{CEM 2018}). El gráfico 2 muestra que dicho coeficiente posee una marcada tendencia negativa desde 2003 (cuando su valor se elevó a 17,9%) disminuyendo hasta 7,5% en 2017 (^{CEM 2018}).

Fuente: elaboración propia a partir de datos de CEM 2013 y 2018

Gráfico 2 Coeficientede participación de las exportaciones en el PBG de Mendoza, 2003-2017 

Considerando lo anterior, se puede colegir que el enorme impulso de las exportaciones que supone la “nueva vitivinicultura” no se traslada a la producción de bienes y servicios locales. Actualmente la vitivinicultura es responsable de más del 56% de las exportaciones provinciales por el cual no paga derechos⁹ (^{CEM 2018}) y participa del 19% de las ventas totales provinciales, pero su contribución directa al PBG es menor al 10%. Para comparar, el rubro de “combustibles y energía” -que solo participa del 3,5% de las exportaciones dejando como regalías un 7,6% de las mismas (^{CEM 2018})- contribuye a la mitad de las ventas totales provinciales y a un 13% del PBG (^{DEIE 2018}).

Se puede evaluar también, no ya las ventas por exportaciones, sino la contribución directa de toda la actividad vitivinícola al PBG provincial. En el gráfico 3 se muestra esto último¹⁰ junto con su contribución a las exportaciones, desde 1991 a 2017. Mientras que en el primer caso, a pesar de la variabilidad, se aprecia una leve tendencia negativa (disminuye casi a la mitad en promedio), en el segundo se observa un crecimiento pronunciado (aumenta un 1000%). Esta divergencia contrasta con la alta correlación positiva que tiene históricamente el crecimiento de la recaudación vitivinícola con el PBG provincial hasta mediados de la década de 1970 (^{Cerdá 2018}).

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DEIE 2018

Gráfico 3 Participación de la vitivinicultura en las exportaciones (azul) y en el PBG (rojo) de Mendoza, 1991-2017 

5. Cambios en la estructura agraria: concentración de tierras

Existe una fuerte asociación entre la estructura agraria de un país o región, el tipo de producción predominante y las relaciones sociales de producción que en ella se establecen (^{Costantino y Cantamutto 2010}). En general, las pequeñas exportaciones agropecuarias (EAP) son más productivas y contribuyen más al desarrollo de las economías locales (^{Gonzalvez 2017}), a la vez que favorecen al desarrollo rural por generar más ocupación por hectárea de tierra y a la preservación del ambiente en el territorio (^{De Roest et al. 2018}). La composición actual del territorio rural de Mendoza exhibe una gran concentración de tierras en pocas manos, hecho generado por los procesos económicos y productivos descritos anteriormente. Así, según datos del último Censo Nacional Agropecuario (CNA),¹¹ el 86% de las EAP de la provincia de Mendoza son de menos de 50 hectáreas y ocupan el 2,6% de la superficie total explotada. Por su parte, aquellas de más de 500 hectáreas, siendo apenas el 5,6%, ocupan más del 94%. El 34% de todas las EAP se destinan a producción vitícola ^{(INDEC 2008}) y las demás se reparten entre más de 80 especies implantadas, destacando el olivo, los frutales de pepita y de carozo y las hortalizas.

Ahora bien, con el fin de comprender mejor el proceso que se lleva a cabo en los períodos intercensales (1988-2002-2008), se debe estudiar las tendencias en cuanto a la estructura de tenencia de la tierra. Entre principios de la década de 1990 y la primera década del siglo XXI, la cantidad de EAP disminuyó un 32%, contrastando con un aumento del 50% de la superficie ocupada por las mismas (^{INDEC 1988} y ²⁰⁰⁸). Este dato supone una concentración muy importante de tierras, de más del 121% en 20 años. Ello se observa de manera más explícita cuando se analizan los cambios según los tamaños de las propiedades. En los gráficos 4 y 5 se observa cómo las EAP de menos de 50 hectáreas disminuyen, y aumentan las de más de 500 hectáreas, tanto en cantidad como en superficie ocupada. Se puede apreciar también cómo el proceso se agudiza en el último período intercensal (2002-2008).

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INDEC 2008

Gráfico 4 Variación porcentual de la cantidad de EAP de Mendoza por categoría de tamaño (hectáreas) respecto a 1988 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INDEC 2008

Gráfico 5 Variación porcentual de la superficie de las EAP de Mendoza por categoría de tamaño (hectáreas) respecto a 1988 

En el caso específico de las EAP vitícolas ocurre algo similar, según se puede observar en la información que brinda el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En el período que va de 1979 a 2012 se produjo una gran concentración de los cultivos en la provincia y la implantación de viñedos de mayor superficie (^{Brignardello 2015}), tal es así que más de la mitad de la superficie actual de viñedos fue implantada en ese período y otro 17% luego (^{INV 2019a}). Mientras que en 1990 el tamaño promedio de los viñedos mendocinos era de 7,3 hectáreas, en 2018 ascendió a 9,9 hectáreas. La importancia de esto radica en el hecho de que el sector se caracteriza por la producción en pequeña escala de finca o parcela. La mayoría de los viñedos de la provincia son históricamente menores a 5 hectáreas. Mientras que en 1990 el 64,2% pertenecía a esta clase (^{García y Giménez 2017}), en 2018 disminuyó al 54,6% ocupando solo el 13,7% de la superficie implantada con viñas (^{INV 2019a}). En los siguientes gráficos (6 y 7) se muestra cómo los viñedos de menos de 5 hectáreas disminuyeron y aumentaron los de más de 25 hectáreas, en los últimos 16 años, aumentando cada vez más la brecha.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del ^{INV 2019a}

Gráfico 6 Variación porcentual de la cantidad de viñedos de Mendoza por categoría de tamaño (hectáreas) respecto a 2003 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ^{INV 2019a}.

Gráfico 7 Variación porcentual de la superficie de viñedos de Mendoza por categoría de tamaño (hectáreas) respecto a 2003 

Por otra parte, si se consideran los empleos generados, se destaca que la tendencia decreciente data desde la primera mitad del siglo XX: mientras que en 1936 los contratistas¹² trabajaban el 68% de la superficie cubierta por viñedos, hacia la década de 1990 lo hicieron en solo el 30% (^{Staricco 2018}). En el período contemporáneo, la plantilla permanente del sector vitícola se redujo de aproximadamente 14 000 en 1998 (^{Richard 2000}), al 70% en 2017¹³ (^{Ferreyra y Vera 2018}). Para 2005, el sector contaba con un 23% de trabajadores y trabajadoras permanente y un 77% temporario. A este proceso de retracción se sumó una situación de vulnerabilidad económica de los pequeños productores y productoras, cuyo sector más pobre debió asumir la pluriactividad como mecanismo de sobrevivencia. Hacia 2012, el 75% se vio obligado a desarrollar otras actividades para complementar sus ingresos (^{Liceaga et al. 2013}).

6. Cambios en la estructura industrial: concentración de las ventas

Según muestran los datos del último Censo Industrial (CI), la década de 1990 y la crisis socioeconómica de principios de siglo en Argentina concluyeron con una disminución del 45% de las empresas industriales de Mendoza (^{INDEC 2003}). Sin embargo, a pesar de la gran reducción en su número, las ventas totales del sector solo disminuyeron un 1%.¹⁴ Análogamente a lo que ocurre con las EAP, si se desglosa el total de empresas industriales en: micro (MiPyME), pequeñas y medianas (PyME) y grandes (GE), se encuentra que las MiPyME y PyME reducen las ventas totales a la mitad, lo cual se correlaciona directamente con los cambios en su cantidad. En cambio las GE, que se reducen en un 42%, aumentan sus ventas en un 3% (ver gráficos 8 y 9); de manera que dentro de este grupo, las ventas se concentraron en un 245%. En 2002, las GE acumulan el 97% de las ventas industriales totales.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INDEC 2003

Gráfico 8 Cantidad de empresas industriales MiPyME, PyME y GE, 1993 y 2002 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INDEC 2003

Gráfico 9 Ventas en Mendoza por tamaño de empresa industrial, 1993 y 2002, en moneda constante de 1993 

Si bien los CI están desactualizados, para la industria vinícola la información disponible es más reciente. La disminución más drástica de establecimientos en este sector se produjo, entre 1973 y 1993, período en el cual se pasó de 1328 a 674 (-47%) (^{Azpiazu y Basualdo 2001}). Luego se produjo un período de relativa estabilidad y, entre 2006-2019, 70 establecimientos (10%) dejaron de producir¹⁵ (^{INV 2019d}). A su vez, se produjo un incremento de las ganancias por exportaciones de vino de +123%. De ello se sigue que, en promedio, las exportaciones por establecimiento vinícola en ese período se concentraron un 251%. De manera análoga, las ventas totales del sector (en pesos constantes) se concentraron un 236%.

Actualmente, solo ocho compañías controlan el 70% de las ventas en el mercado exportador y de ese porcentaje la mitad es controlada por apenas dos. Entretanto, cuatro agentes controlan el 70% de las ventas del mercado interno (^{Chazarreta 2012}) y tres agentes líderes llegan a satisfacer más del 90% de la demanda de vinos comunes (^{Ferreyra y Vera 2018}).

La renta empresarial del producto se distribuye desigualmente entre los distintos eslabones, que a su vez poseen grandes desigualdades internas (^{COVIAR 2016}). Se puede identificar claramente desde 2005 un patrón de concentración en los eslabones de fraccionamiento y de distribución y comercialización, que llega a ser total en 2015 cuando la producción primaria y la elaboración muestran déficit y toda la renta es acumulada en aquellos (^{Abihaggle et al. 2015}). El escenario de base estimado a septiembre de 2018 muestra que la rentabilidad de pequeños productores y productoras de vinos genéricos es negativa (^{ACOVI 2018}). A su vez, mientras más valor agregado tiene el vino, más se agranda la diferencia entre el sector primario y el de comercialización, y los excedentes captados por el eslabón primario tienden a reducirse (^{García y Giménez 2017}).

A ello se suma una estrategia de disminución de costos que cobra gran relevancia en los últimos años, llevada a cabo por las grandes bodegas fraccionadoras. La misma se basa en la importación de vino a granel, que perjudica seriamente tanto a las pequeñas y pequeños productores, como a las bodegas elaboradoras locales. Entre 2015 y 2017 se importó un 70% más de vino que en los 16 años previos (^{Ferreyra y Vera 2018}), factor en el que influyó sobre todo la gran escasez de 2016 debida a factores climáticos.

7. Reflexiones finales

De ser una actividad productora de bienes de consumo destinados casi exclusivamente al mercado interno, la vitivinicultura pasó a constituirse en un modelo de acumulación dual que basó la mayor parte de sus ingresos en la exportación de commodities y specialities¹⁶ (^{Chazarreta 2013}), a pesar de mantener una primacía del mercado interno en cuanto al volumen comercializado. Algunas consecuencias que se pueden asociar con este proceso son la desaparición de las tierras rurales de manos de los pequeños productores y productoras, la disminución de la proporción de población rural y la pérdida de los pequeños y medianos emprendimientos industriales locales en favor de grandes empresas. Todo ello mediado por la gran inversión mayoritaria de capitales extranjeros (^{Bocco 2004}) que acaparan casi la totalidad de las ventas del sector y el favor de las políticas administrativas estatales.

Si se analizan los cambios estructurales de tenencia de tierras productivas y de ventas de las empresas en el período que va desde finales de la década de 1980 hasta la primera década del siglo XXI, se observa que se repite un patrón similar en ambos sectores. Por un lado, a pesar de que las EAP disminuyen en cantidad, aumenta la superficie ocupada por aquellas de más de 500 hectáreas, profundizando la concentración de las tierras agrícolas. Y por otro, a pesar de que las empresas disminuyen su número a casi la mitad, aumentan las ventas de las GE profundizando la concentración del mercado productivo. Ambas situaciones se repiten cuando se observa el sector vitivinícola en particular, que resulta la principal agroindustria provincial. Estos cambios no podrían ocurrir sin el impulso de políticas públicas y legislación de corte neoliberal que tiene lugar en los comienzos de la década de 1990, que deja en un segundo plano compromisos sociales para priorizar el mercado, la competitividad y la obtención de beneficios económicos. Y sin que desde los organismos estatales se destinen grandes cantidades de agua para abastecer ese crecimiento (^{Martín 2011}).

En un informe reciente de la Organizació Naciones de las Unidas (ONU) sobre Argentina, se advierte que “el modelo actual de la agricultura industrial, que promueve […] cultivos comerciales para la exportación por sobre un sector agrícola diversificado, ha socavado la seguridad alimentaria de la población” (^{ONU 2019, 18}), a la vez que aumenta seriamente la vulnerabilidad de la economía agrícola. Teniendo esto en mente y lo analizado para Mendoza, desde un punto de vista socioeconómico resulta importante favorecer un resurgimiento de pequeños y medianos emprendimientos locales y el repoblamiento del sector rural, con el objetivo de revertir las tendencias actuales hacia una viticultura sin viticultores ni vinicultoras (^{García y Giménez 2017}).

En el marco de la crisis ambiental global en que la técnica y la economía desbordan los límites ecológicos, resulta fundamental reevaluar los sistemas productivos de cada región con el fin de elaborar propuestas que superen los desfases entre la tecnosfera y la ecosfera. Para el caso de la vitivinicultura de Mendoza, principal actividad agroindustrial, se observa que el modelo dual de producción vigente intensifica sus consecuencias ambientales, a la vez que repercute negativamente en aspectos económicos y sociales. Las tendencias actuales muestran que el tecno-sistema asociado es ambientalmente insostenible y socialmente nocivo en numerosos aspectos, por lo que resulta imperioso su rediseño. Para ello, se sugiere que pueden resultar útiles el concepto de biomímesis y sus principios asociados como guías de procedimiento.