Introducción y estado de la cuestión

Las áreas naturales protegidas (^{Ferrero 2018}) o espacios naturales protegidos (^{Coca, Talego y Del Río 2020}) corresponden a la selección intencionada de un territorio por sus atributos ecosistémicos o paisajísticos, mediante la cual se gestionan y conservan ambientes y especies (^{Vaccaro y Beltrán 2010}). Pueden tener otras funciones administrativas, académicas y geopolíticas, y son formas de construir y proyectar las identidades ambientales representativas del país (Ferrero 2018), así como la imagen internacional del Estado. Permiten analizar procesos a escala global, nacional, regional y local, que impactan en los territorios vividos por las poblaciones humanas. Ayudan a “responder una de las preguntas más esenciales que se plantea en el mundo actual: ¿cómo conciliar la preservación de la diversidad biológica y de los recursos biológicos con su uso sostenible?” (^{Cabral, García y Gorostegui-Valenti 2019}, 36). Operacionalizan (como metacriterio) las políticas ambientales propuestas por los organismos internacionales, traducidas en una cadena de decisiones de los Estados hacia niveles micro o locales, que permiten entender interacciones entre naturaleza y sociedad, y observar las respuestas locales hacia la gubernamentalidad. Como plantea Foucault (2007; 2006), esta última es entendida como un conjunto de instituciones, procedimientos, análisis, reflexiones, cálculos y tácticas que permiten ejercer control y poder sobre la población.

En México, donde hay antecedentes coloniales proteccionistas, prima una mirada dominada por aspectos biológicos o ecológicos, aunque en décadas recientes se avanza en considerar las ANP como territorio de vida, asociadas de forma paralela a la presencia de comunidades con intereses y necesidades particulares (^{Durand y Jiménez 2010}; Durand 2017). Se consideran las áreas esenciales para salvaguardar los servicios que prestan, y se destaca la riqueza biológica como un patrimonio humano localizado y como una mercancía global, intermediada por el Estado (^{Rodríguez 2012}).

Este artículo es resultado de una investigación etnográfica sobre las ANP y el Parque Nacional Cofre de Perote (PNCP), en el estado de Veracruz, México. Allí se ha alterado el sistema de vida de una población con derechos desde la repartición agraria, a partir de los intereses relacionados con el PNCP. Como ANP, este no escapa de los discursos y posiciones globales.

EL PNCP es importante por el conjunto de servicios ecosistémicos que brinda, y como una expresión política del territorio. Representa un mapa que, como “pulsión vital” (^{Echeverri 2004}, 264), a veces no alcanza a establecer o imaginar la densidad de relaciones territorializadas. Expresa diferentes lenguajes de valoración (^{Martínez Alier 2011}), creación de posibilidades de vida, logos y experiencia (^{Ramis 2017}), lo que debe situarnos en una reflexión más allá del mercado y las instituciones capitalistas (^{Sen 1999}).

Las ANP son bienes reclamados a escala internacional por una nueva conciencia cívica que los siente como propios, no en el sentido privativo, sino como expresión de una nueva ciudadanía. Son “territorios resimbolizados” (^{Rodríguez, Vallejo y Gissi 2021}) que exceden lo local, como alternativa para gestionar la conservación en un mundo en crisis. Contribuyen de forma positiva a procesos como la lucha contra el cambio climático, a contrarrestar la emisión de gases de efecto invernadero, el avance de la desforestación y detener la ampliación de la frontera agrícola (Vallejo y Rodríguez 2020). La complejidad de aristas obliga a armonizar la legalidad nacional como marco jurídico vigente, con la legitimidad, como respeto y reconocimiento a la normativa, para producir una convicción socializada de su valor para el bienestar humano. Se distingue así entre un modelo clásico, prescindente de poblaciones y usos de recursos, y uno participativo, en el que las poblaciones y comunidades pueden tener un rol activo (Ferrero 2018).

En este segundo modelo, cuando se tiene una codependencia ecosistémica, siempre existe un impacto ligado al “apego al lugar” (^{Poma 2017}), ya que las personas luchan contra la usurpación de bienes que consideran ilegítima, para acceder, habitar y permanecer (^{Ramis 2017}, 12). La regulación no solo afecta derechos, sino modos de vida. Inclusive, expulsa a poblaciones en los casos más severos (^{Kuppe 1999}); sin desconocer la presión por su potencial productivo, porque la limitación involucra también a los recursos buscados por la “producción intensiva y los agronegocios” (^{Ferrero 2018}).

La conservación frena dinámicas socioambientales destructivas, con implicaciones sociales, culturales, políticas y económicas (^{Hensler y Merçon 2020}, 183). Instala una atribución de sentido y un campo de diferenciaciones simbólicas en la conformación del objeto. Asimismo, los esfuerzos técnicos de los funcionarios del Estado por discriminar de forma positiva algunas áreas por sus atributos físico-bióticos (diferentes a los procesos de ordenamiento territorial asociados a la fijación de límites) proyectan formas de ver el mundo y relaciones posibles con el mundo biofísico. Un modelo llamado areolar, que zonifica a través de un conjunto de atributos físicos, jurisdicción política y propiedad, se diferencia de uno no-aerolar, que las define como tejido de relaciones y cultura lugarizada (^{Echeverri 2004}, 262).

Privilegiando un enfoque relacional y crítico sobre las ANP con presencia humana (^{Vallejo y Rodríguez 2020}), las hemos relevado dada la destrucción de lugares de rica biodiversidad, ya que las prácticas ambientales del Sur se encuentran asociadas a la demanda del Norte y al modelo eurocéntrico de desarrollo, sostenido en el colonialismo y los sistemas de objetos (infraestructuras) y de acciones (relaciones) que moldean el espacio (^{Santos 2000}). En lo esencial, los recursos extraídos, producidos y consumidos superan la capacidad de regeneración, lo cual afecta sobre todo a los grown forest y a los bosques tropicales.

Entre las cuestiones anotadas desde lo etnográfico, ubicamos las siguientes. Primero, hay una inusitada preocupación por este tipo de lugares, ya que a escala mundial están amenazados o se están agotando. Segundo, la conciencia sobre el cambio climático ha precipitado una cascada de nuevos contenidos sobre el valor del sociosistema de la vida, logrando mayores niveles de empatía ciudadana y reconociendo el derecho a existir de todas las especies. Tercero, existe una creciente anexión territorial, con efectos de patrimonialización, que se vuelven mediadores en las percepciones y los significados humanos. Cuarto, esa sensibilidad reflexiona sobre el presente y el futuro, con implicaciones en el sociosistema de la vida, y no sobre un punto en específico del planeta. Quinto, es necesario discutir desde dónde pensar una nueva ontología política, ya que los bosques son lugares centrales para la captura de carbono. Sexto, cuando las ANP son abiertas, con poblaciones ecodependientes, estas dificultan su pervivir con las restricciones impuestas. Se producen transacciones que implican captura, uso y transformación de algunos de los bienes bajo protección.

La discusión se da dentro de las contradicciones del proyecto capitalista moderno, y refleja la necesidad de iniciar una transición desde un utilitarismo antropocéntrico a un modelo biocéntrico, que cuestiona la idea lineal del crecimiento ilimitado, que significó la invención del futuro a través de la vida industrial. Es una reflexión sobre la “incertidumbre radical” (^{Narotzky y Besnier 2014}) y la distribución desigual de las externalidades (^{De L’Estoile 2014}) lo que moviliza a actores y movimientos, que incorporan a la academia, las ONG campesinas, movimientos étnicos, sectores urbanos y grupos de interés, frente a posiciones ideológicas que ven a las ANP como un recurso económico para el progreso, que el legislador ordena territorialmente. Así, las “reservas naturales” se convierten en una “isla” en disputa, porque en su forma extrema se postulan relaciones ataráxicas, es decir, sin perturbación humana para protegerlas de la degradación, por su belleza, biodiversidad o servicios ambientales (^{Hernández y Hernández 2015}; ^{Ferrero 2018}), a pesar de la fuerza que ha tomado la necesidad de incorporar la participación de poblaciones que habitan las ANP.

Hensler y Merçon (2020, 185) señalan que pueden distinguirse tres grupos como tipos ideales o en alianza para la defensa de las áreas de conservación ambiental: 1) autoridades ambientales que, apoyándose en la ley, buscan limitar actividades económicas-desarrollistas o extractivistas; 2) actores gubernamentales en colaboración, que buscan proteger los ecosistemas de actividades productivas que desarrollan o podrían desarrollar sus habitantes y/o vecinos, delimitando derechos de acceso y uso de los recursos, y 3) grupos locales que buscan proteger o defender su territorio de otros actores y actividades destructivas.

Parte de las defensas y los valores asociados a las ANP son hitos, denuncias, diagnósticos, propuestas e investigaciones críticas como “Primavera silenciosa”, el trabajo pionero de la bióloga Rachel Carson (1962), la reunión del Club de Roma (1968), la Conferencia de Estocolmo (1972), el Informe Brundtland (1987) y la Cumbre de la Tierra, de Río de Janeiro, (1992), a la que le siguen una serie de reflexiones y desafíos que dan forma a un conjunto de puntos de vista críticos y valores posmaterialistas. Con distintos lentes de aproximación, se concibe a la comunidad humana simbióticamente enlazada con suelos, aguas, plantas y animales. Se sostiene que la humanidad no crea, sino elabora y transforma la riqueza generada por los procesos geológicos y orgánicos de la vida, y que éticamente corresponde cuidar y administrar esos bienes (^{Leopold 2017}). En el ámbito filosófico, ello corresponde a una contranarrativa frente al evolucionismo -que iguala la generación de riqueza con un trayecto a la felicidad-, expresada en argumentos a favor del “decrecimiento” (Latouche 2008; Taibo 2009), lo que explicaría el aumento de las ANP hasta 12,7 % de la superficie terrestre y un 1,6 % de los océanos. Las expectativas de distintos organismos internacionales indican que, para el año 2020, dichos porcentajes aumentarían a un 17 % y 10 %, respectivamente (UNEPWCMC y UICN 2012 citado en ^{D’Amico 2015}, 210). En México, en los últimos 20 años ha habido un aumento importante de decretos de ANP, sobre todo entre 2012 y 2018, con más de 65 000 000 has.

Parte de la discusión es la construcción epistémica de la naturaleza susceptible de ser convertida en capital (verde o no verde). La noción de escasez da impulso a la asociación de la demanda industrial con el deterioro ambiental. Esto no resuelve el costo de entender la naturaleza como objeto, al diferenciar de forma arbitraria sus límites con cosmovisiones, ya que es difícil encontrar lugares que puedan ser abstraídos de relaciones de producción (^{Lefebvre 2013}). Así, se traspasa la problematización al ámbito de los derechos de propiedad, ya que la conservación más dura cuestiona prácticas, dimensiones de apego al lugar y valor del paisaje.

Desde finales de los ochenta, estamos en una fase planetaria de neoliberalización de la naturaleza como conservación (^{Durand 2014}; ^{Smith 2007}; ^{Escobar 1997}; Durand, Nygren y De la Vega-Leinert 2019). Las ANP se encuentran atrapadas en el binomio escasez y abundancia, como ocurre con el bosque y el agua, que en la antigüedad no generaban valor de cambio, desde la perspectiva de la economía política, ya que no se producían socialmente. Ahora son bienes escasos que tensionan la esfera de los derechos como el de propiedad campesina, ejidataria, étnica y culturas del trabajo, y el de vivir en un ambiente sano y protegido (Escobar 1995; 1997; ^{Alimonda 2002}; ^{Leff 2006}; ^{Lins 2003}). Tales derechos se cruzan con los tratados internacionales, las recomendaciones de organismos técnicos, del gobierno federal o de los estados, como ocurre en México.¹

La pérdida de biodiversidad permite justificar grandes proyectos de conservación (^{Escobar 1997}, 9), en un marco de relaciones asimétricas de poder, comercio y transferencia de recursos genéticos -desde países con alta biodiversidad a países centrales e industrializados- con fines de patentamiento. La conexión entre las ANP y el capitalismo conservacionista verde se aprecia en la ingeniería genética y la biotecnología, ubicadas en la línea de la bioprospección, recolección y clasificación del ADN de microorganismos, plantas y animales (^{Rodríguez 2012}). La naturaleza puede ser creada con cierta uniformidad genética, controlada y filtrada por una “cacería de genes” por las farmacéuticas, como expresión “bioimperialista” (Escobar 1997, 10). También en la generación de rentas en el Pago por Servicios Ambientales (PSA), a través de los bonos emitidos para captura de carbono dentro de una naturaleza atomizada en activos ambientales; manteniendo la figura del modo de producción, las tasas de ganancia y contaminando a miles de kilómetros; en el desarrollo del ecoturismo; en el protagonismo alcanzado por los alimentos verdes, orgánicos y con denominación de origen y provenientes de tierras no contaminadas.

La figura es contraria a lo que planteaba Polanyi (2009), en el marco de una definición de la economía como capacidad institucionalizada que cada sociedad desarrollaba con el objeto de proveer su sustento material. La “naturaleza capitalista” -sostenía- no se definía por ser producida como mercancía, sino porque era tratada como tal, ya que era portadora de valor de cambio. Modo complementario a lo planteado por Godelier (1989), en cuanto que la base material también compromete una matriz “ideacional” dada por el conocimiento de los ciclos de la naturaleza y las especies nombradas y significadas; y que fue presentada como tensión por Sahlins (1988), a partir del análisis de la expansión capitalista en Polinesia. En este sentido, un ANP puede constituir una verdadera expropiación cultural del espacio económico.

Los decretos regulatorios y alineamientos internacionales afectan la dimensión ideacional puesta en el territorio local, desconociendo que los recursos disponibles deben valorizarse a través de relaciones sociales de producción, luchando por una estabilización en torno al valor de las personas. Ganarse la vida debe ser lo que llamamos “la economía”, ya que esta tiene que ver con “hacer personas” (making people) en todas sus dimensiones (Narotzky y Besnier 2014, 14). Así, las políticas de conservación ambiental dejan de ser abstractas. Politizan el territorio protegido en el que sobrevive y pervive, con sistemas normativos sobre acceso, uso, control y apropiación, y desestiman el encuentro entre la población local, el capital y el gobierno del Estado y el Federal. De ahí la importancia de pensar en modelos de participación efectiva, en los que la cogestión priorice la participación de las poblaciones locales respecto al uso de los recursos, la formulación de planes y programas, a través del monitoreo, control y rendición de cuentas, además de considerar las expresiones territorializada de la cultura.

En este sentido, resalta el argumento analítico de De L’Estoile (2014) sobre las formas de vivir, en lo referido a la indagación sobre los medios de vida y subsistencia (livelihoods) y como forma de vida (way of living). Se recuperan las conceptualizaciones de Reinhart Koselleck (1993) sobre el “espacio de experiencia”, en que los procesos vitales se entrelazan en el tiempo con los ciclos propios de un ANP. Ello, sin olvidar que en todo espacio la memoria pasa del saber individual al colectivo en la cotidianidad; y que las expectativas y relaciones entre el pasado, el presente y el futuro son vitales para entender la acción social en un determinado lugar. Entonces, las definiciones sobre un ANP y las restricciones sobre las actividades tensionan las lógicas locales de realizar la vida económica (i.e. recolectar, cazar, pastorear).

Análisis y resultados. Las Áreas Nacionales Protegidas en México y el PNCP

En México existen 183 ANP de carácter federal, equivalentes a 90 942,124 hectáreas y al 18,16 % del territorio nacional. Administradas por la CONANP (2022), son el principal instrumento para proteger la rica biodiversidad del país. El PNCP o Nauhcampatépetl (1937) cuenta con una superficie de 11 500 has y es uno de los primeros parques nacionales. Abarca parte de los municipios de Perote, Xico, Ixhuacán y Ayahualulco, con comunidades ubicadas en la ladera occidental, cuya dotación agraria se efectuó entre 1934 y 1936 (mapa 1). Pese a su antigüedad, apenas en 2015 se concretó su programa de manejo (PM), que tiene como objetivo crear mecanismos de gestión y participación de los órganos de gobierno, la población y las instituciones y organizaciones interesadas en la conservación, para el resguardo de los bosques que garantizarían el abastecimiento de agua a los poblados asentados en la cuenca hidrológica. En términos analíticos, el PNCP permite ubicar etapas, nociones y prácticas de conservación ambiental.

Mapa 1 PNCP y ejidos 

La elevación de la montaña (1200 a 4282 msnm) constituye una barrera natural para los vientos cálidos provenientes del golfo de México. Estos suben con rapidez, se enfrían y precipitan en forma de neblina o lluvia en la ladera oriental, produciendo la recarga de acuíferos y surtiendo de agua a la región central. Es un santuario de agua y forestal que ofrece condiciones para la producción de café de sombra. En la ladera occidental del valle de Perote, se produce un efecto de sombra de montaña, con precipitación escasa y clima templado (INEGI y ORSTOM 1991), propicio para la siembra de granos y, en la parte más alta, para el cultivo de papa.

En las localidades se asientan 4621 personas (INEGI 2020), cuya principal actividad en el siglo pasado se vinculó al trabajo en el bosque. Con la complicidad del Estado, hasta que aparecen las normativas y los planes de manejo, se permitió la tala del bosque dentro de una estrategia económica de crecimiento hacia adentro, hasta convertir la infraestructura de los aserraderos y el ferrocarril en la matriz del progreso regional (^{Vallejo y Rodríguez 2020}). La demanda de vigas, durmientes, tablas para viviendas y carbón vegetal subordinó el parque al ensamblaje nacional, lo que potenció un verdadero ecocidio, a partir de las distintas especies maderables explotadas. Hoy, la densidad del bosque es escasa. En las partes altas domina la pequeña agricultura familiar de tubérculos; en las partes bajas existe mayor diversificación de cultivos como maíz, avena, haba y frijol, y la crianza de ganado ovicaprino.

Es evidente la contradicción entre la figura del progreso y la tardía política conservacionista (ver ^{Hoffmann 1989}). Los ejidatarios fueron los peones sacrificados en este juego, ya que la seguridad del ingreso ofrecido por la industria de la madera atentaba contra su objeto de trabajo y contra el sistema ambiental. Así, los transformaba en víctimas del progreso y victimarios de sus posibilidades. Solo en los años ochenta, después de 40 años de depredación del bosque, quedó atrás la actividad forestal para ellos, y se introdujo el cultivo de la papa como un substituto laboral, pese a ser espacio de conservación.

Uno de los ejidatarios lo relata de la siguiente manera:

Cuando se decreta parque, no se nos avisó, no sabíamos, no fue como ahora, que hay asambleas y te preguntan o ya te enteras. En aquellos tiempos había poca población (…) Ya nos enteramos de que era parque y que estaba prohibido talar. No se cumplió, necesitábamos de qué vivir, no sabíamos hacer otra cosa. Nos acabamos el bosque, es cierto, nos echamos hasta el último tronco. Se quedaron unos cuantos, que por defectuosos no servían. Ahora son los árboles abuelos, testigos de lo que nos acabamos. Solo ellos quedaron, todo lo demás se fue. Ahora esos abuelos son también testigos de nuestro trabajo por cuidar el bosque (Juan, El Conejo, Veracruz, 12 de marzo de 2018).

La tala sin autorización se sancionó con multas y prisión, ejecutadas sobre todo por autoridades militares que custodiaban el parque, aunque existen versiones de que eran los guardabosques quienes cumplían esa función. Se desmontaba para el cultivo y el abastecimiento de leña para el consumo doméstico, combinados con caza y recolección de especies animales y vegetales. Ahora, en los tiempos en que se exalta la producción y el consumo verde, el discurso conservacionista diverge de las necesidades de los habitantes, ya que no empatiza con las prácticas reconvertidas que ejercen para su sobrevivencia. Pese a ayudar con su esfuerzo y madera a construir el gran mito de las redes ferroviarias, existe un reducido sistema de oportunidades sociales, laborales, económicas y de movilidad, en tensión con la protección y la explotación de los recursos locales para su sobrevivencia.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO 2010), las localidades se ubican dentro de un “índice de marginación” de grado “alto”, conforme a dimensiones parametrizadas en educación, vivienda, ingresos y tamaño de la localidad. La institucionalidad comunitaria es vulnerable frente al crecimiento de la población, la economía de mercado, las oscilaciones en los precios de productos y servicios, el individualismo en la interacción social y las nuevas formas de consumo. Ello contrasta con la riqueza ecosistémica, según Semarnap (1996 en ^{Legorreta y Márquez 2012}, 284).

La mirada clásica de exclusión de la acción antrópica en las ANP agudiza el repertorio estrecho de alternativas para la reproducción biológica y social de estas poblaciones (^{Riemann, Santes-Álvarez y Pombo 2011}; ^{Vallejo y Rodríguez 2020}; Rodríguez, Vallejo y Gissi 2021), porque las áreas de amortiguación que permiten la presencia de comunidades no son suficientes para reproducir la vida. De ese modo, la fragilidad diagnosticada hace que la cotidianeidad no sea convergente (o incluso resulte contradictoria) con los programas de conservación que privatizan el espacio. Esto termina en una franca opción de tutela gubernamental del ANP (^{Legorreta y Márquez 2012}, 284), fortaleciendo el homo economicus y su racionalidad instrumental y el estigma de depredadores, debido a la incapacidad de autoregulación, en los términos de Hardin (1968). Lo anterior está conceptualmente lejos de la propuesta de ^{Ostrom (2011}) del homo cooperans, sostenido en la racionalidad entre pares y las economías colaborativas.

Como bienes naturales del país, las autoridades sancionan la primacía del bien común colectivo por sobre el interés de las comunidades, subordinando a la población, las tradiciones, la cultura, la percepción espacial, la axiología y la cosmovisión singular a objetivos extraterritoriales. No consideran estudios longitudinales que permitan analizar el impacto en el bienestar de las comunidades; si estas “promueven el desarrollo comunitario; o, por el contrario, son un obstáculo para elevar la calidad de vida de sus habitantes” (Riemann, Santes-Alvarez y Pombo 2011, 146). En el PNCP, aunque los ejidatarios hablan del escaso diálogo entre propuestas de conservación y sobrevivencia, las entrevistas arrojan un desencuentro narrativo entre quienes “habitan” y quienes “controlan” el territorio y sus recursos, el cual deriva en una debilidad en la ejecución de los programas.

Desde la perspectiva de los funcionarios del Estado y los técnicos, se señalan cinco elementos. En primer lugar, existe falta de participación real de la población, porque no hay un compromiso con los objetivos de los programas de manejo. En segundo lugar, la división político-partidista entre simpatizantes de los principales partidos políticos (Morena, PRI y PAN) hace que recelen unos de otros, imposibilitando el consenso. En tercer lugar, desde el punto de vista técnico y científico, hay conciencia sobre la conservación del PNCP y los servicios ecosistémicos que brinda a pueblos y ciudades. En cuarto lugar, la dependencia de actividades primarias como la agricultura y la ganadería, y la presión sobre el bosque siguen siendo una constante que debilita el ANP. En quinto y último lugar, los recursos que ofrece el Estado para lograr intervenir de forma eficiente en el ANP son limitados y no permiten mejorar las condiciones del área de conservación y establecer relaciones simétricas con la comunidad.

Desde la perspectiva de los pobladores, frente a las autoridades, se señalan otros cinco elementos. En primer lugar, no les convence la forma de inclusión y las reuniones no les hacen sentido. En segundo lugar, los proyectos y programas substitutos de leña (i.e. estufas/cocinas y compra de cilindros de gas) no comprenden los usos culturales asociados (i.e. temperar, cocinar, eliminar desechos, conversar) y el saber local construido mediante procesos acumulativos de adaptación. En tercer lugar, las restricciones a la recolección de leña, hongos y hierbas y al manejo del ganado atentan contra lo que sienten que les pertenece. En cuarto lugar, no hay claridad en el uso y el manejo de fuentes hídricas por parte de las autoridades, tanto locales como municipales, y existen tensiones sobre el aprovechamiento. En quinto y último lugar, se dan diferencias entre quienes son propietarios de un ejido completamente ubicado dentro del ANP y aquellos que parte de sus tierras están fuera de las restricciones del decreto. Para los primeros, es más difícil (si no imposible) tener acceso a programas de subsidio a la producción.

Lo señalado agudiza la condición secular de marginalidad ejidataria, reforzada por los ajustes neoliberales en curso, que fetichizan la racionalidad tecnocrática. Buena parte de las ANP se han superpuesto a espacios habitados, con derechos agrarios precedentes a los decretos de conservación. Por ende, hay decretos que desconocen la codependencia de recursos primarios y modos alternativos para ser incluidos en nuevos pactos.

Legorreta y Márquez (2012, 283), siguiendo a una serie de autores que han reflexionado sobre esta sobreposición, señalan una disparidad de poderes:

En los hechos, la política ambiental en México manifiesta una constante tensión, en la que dominan las orientaciones autoritarias que dan prioridad a las medidas prohibitivas y restrictivas como mecanismos de conservación, en prejuicio de posturas más democráticas e incluyentes, que consideran la participación efectiva de la población y el desarrollo sustentable como parte de una estrategia amplia de conservación.

El conflicto socioambiental oscila entre un holismo y la consideración de elementos aislados sobre el agua, el bosque y determinadas especies; es sobre lo que existe y se ve; cómo se codifica lo que contiene y cómo avanzar con corresponsabilidad en una ANP. La lógica aerolear margina a los ejidatarios, dejándolos fuera de toda negociación para defender su patrimonio intelectual e histórico, lo que facilita el despojo por parte del capital o las instituciones del Estado.

En ese sentido, un conflicto persistente se inscribe alrededor del agua. Los desacuerdos se producen a partir del peso que posee la montaña y de la generación de recursos hídricos para distintas funciones. El parque no puede ser pensado solo como una condición asociada a la ruralidad, sino imbricado a lo urbano, porque es un socioecosistema (Duarte 2006) complejo, multivariable y territorialmente amplio. Tal como señalan ^{Paré y Gerez (2012}, 18-19), ese conflicto considera elementos influyentes y codeterminantes:

El proceso de conurbación, la relación campo-ciudad, los servicios ambientales, la gobernanza ambiental, el desarrollo local, el manejo sustentable de los recursos naturales, la función de los organismos operadores de agua, los mecanismos de pago por servicios ambientales, el conocimiento de los recursos naturales existentes integrados en la matriz del paisaje, el balance hídrico de la cuenca, así como la delimitación de zonas de atención prioritaria para la conservación y restauración, principalmente.

Valorar el conocimiento, la percepción espacializada y los roles que pueden desempeñar los ejidatarios tradicionales en la protección y en los beneficios generados es esencial para fines de reciprocidad, y para alcanzar objetivos vinculantes y permanentes en la efectividad de las políticas públicas. Una condición alternativa, que implica cierta moratoria de estos a favor del interés público sobre el uso cotidiano de los recursos, requiere una institucionalidad que genere condiciones dignas para hacer la vida, distintas a resituarlos socialmente en los estratos más bajos, al convertirlos en guías y guardaparques. Entonces, ¿qué ofrece como alternativa el Estado para estas poblaciones? ¿Una renta básica garantizada para la población y proteger los ecosistemas, permanecer y evitar la migración y la pobreza?

En los juicios de los funcionarios, prevalece la estereotipación simplificada de la alegoría de la “tragedia de los comunes” (^{Hardin 1968}). Se configura una psicología de las sociedades tradicionales que infravalora etnológicamente las condiciones efectivas de cómo se hace la vida y por qué la realidad socioambiental alcanza determinadas características a partir de la co-dependencia. En ese sentido, no hay rigor institucional para entender las diversas formas en que las personas son agentes, que pueden tener metas y controlar sus destinos, y cómo mujeres y hombres se insertan en la historia y en una historia singular.

El comanejo es el conjunto de “situaciones en las cuales dos o más actores sociales negocian y comparten responsabilidades de administración y manejo sobre un territorio o recurso” (^{Tytelman 2011} 357), para la conservación, reforestación y ayuda a la regeneración de espacios verdes (^{Reyes Martínez 2009} 131). Por tanto, es necesario potenciar los acuerdos horizontales sobre lo común de las áreas protegidas. Estas pueden variar en el nivel de responsabilidad, integrando conocimientos, ajustes de tiempo a los ciclos reproductivos y capacidades desde la ciencia occidental, con los saberes propios de las comunidades y las definiciones del estado de Veracruz y el gobierno federal. Ello, evitando el orden coercitivo y la disociación, porque el capital social de los ejidatarios está conectado de forma emocional con el trabajo de la tierra, lo que les permite autodefinirse localizadamente, aun cuando los ejidatarios tradicionales tienen sus propias opiniones sobre cómo se debería administrar el ANP y cuáles son los valores morales que vale la pena defender.

Conclusiones

Las ANP no pueden constituir un fin en sí mismas, porque un bien común es una unidad de sentido que puede ser interpretada desde distintos paradigmas (i.e. ciencias económicas, sociedades tradicionales o derechos consuetudinarios). Constituyen una figura espacial de nuestro presente y una formación discursiva que permite reflexionar y discutir sobre la filosofía del crecimiento y desarrollo, el conflicto entre racionalidades y cosmovisiones, la civilización y el sociosistema local, regional y nacional. En fin, sobre la vida misma. Nos ubican frente a actores que producen territorios y territorialidades, relaciones humanas y relaciones de reciprocidad que requieren ser conectadas con acciones colectivas. Hablan de escalas, de relaciones de poder, ya sea desde la hegemonía o la subalternidad, como parte de los intercambios simbólicos mundiales.

En el Parque Nacional Cofre de Perote, se disputan concepciones aerolares y no-aerolares, que definen un espacio de reproducción social e identidad. La discusión no solo se centra en la necesidad de revisar los postulados de la conservación, sino en la necesidad de realizar esfuerzos dentro del sistema de justicia para que la población local pueda custodiar un valor global. Con ese fin, la cogestión se debe imponer sobre el individualismo posesivo (control absoluto) y proponer una responsabilidad compartida sobre los ecosistemas y la distribución del poder, así como el reconocimiento entre los involucrados y la transparencia en la información. Aunque ello no resulte como se espera, ya sea por los limitados resultados de los programas o los funcionarios públicos que aplican determinadas políticas, lo importante es la potencialidad, como señalan Toledo y Bartra (2000). No es posible pedir mayor cumplimiento a la población, o realizar actos sacrificiales como fue el tránsito de lo maderero a lo agrícola, sin ofrecer alternativas de vida digna de los ejidatarios; o, si sus convicciones son solo un apéndice dentro de un programa de protección del bosque nativo.

El bosque y las aguas son parte esencial de la vida de las poblaciones, tanto en las actividades como en su imaginario y deseos. Sin considerarlos, el litigio será permanente y constituirá un auténtico despojo de los territorios y del valor presente de su memoria y conocimiento. La patrimonialización de la naturaleza puede conducir a la patrimonialización de la vida.

En diferentes partes del mundo, existen procesos importantes en los que poblaciones locales y grupos étnicos están recuperando tierras usurpadas debido a desequilibrios de poder entre las comunidades, el Estado y privados. Esto invita a repensar la administración de recursos y territorios como camino para corregir injusticias, violencias físicas, simbólicas y punitivas infundidas desde los Estados nacionales. Si bien no es un acto de reparación, al menos abre la puerta, frente a los umbrales del deterioro ambiental planetario. Mirar desde otro ángulo permitiría incorporar la dimensión cultural del “tejido” construido (^{Echeverri 2004}) en términos de sobrevivencia (alimentación) y pervivencia (identidad y relaciones). Los procesos de cogestión o cogobernanza son un intento valioso de armonizar la gubernamentalidad y las cosmovisiones locales, evitando conflictos y estimulando una disposición positiva hacia la conservación.