Introducción

La educación, como derecho humano, acerca a las personas al nivel de vida que valoran. Constituye un elemento clave del desarrollo, lo cual motiva la intervención gubernamental para lograr su cobertura universal y de calidad. Dicha situación requiere la inclusión de grupos vulnerables, entre los cuales se encuentran las personas privadas de la libertad (PPL), cuya exclusión no solo se da dentro de los muros de la cárcel, sino que pudo existir desde antes y extenderse una vez que recuperen su libertad, de no efectuarse los correctivos necesarios (^{Iturralde 2018}).

En el caso ecuatoriano, la normativa vigente fomenta la oferta educativa en el contexto de encierro. Esto incluye la educación superior, que posee la virtud de dotar de funcionamientos especializados a sus beneficiarios. Aunque se encuentra orientada a los niveles primario y secundario, donde se concentra la demanda, en el año 2015 se emprendió un proyecto piloto que consistió en otorgar 437 becas a las PPL que obtuvieron los puntajes más altos en el Examen Nacional de Educación Superior (ENES). La beca les permitiría seguir una carrera universitaria durante su periodo de encarcelamiento y, en caso de recuperar la libertad antes de culminarla, permanecería activa siempre que el estudiante mantenga la continuidad de sus estudios.

La iniciativa, implementada por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT) y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC), se llevó a cabo en cuatro centros de privación de libertad (CPL), entre los cuales se distribuyeron las becas. Se presentaron diferentes ofertas a través de cuatro Instituciones de Educación Superior (IES): la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) y el Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar (ISTSB) (tabla 1).

Fuente: MJDHC (2015)

Tabla 1. Distribución de becas otorgadas a las PPL, por CPL 

Conociendo que la deserción universitaria es uno de los mayores problemas que enfrenta el proyecto, el presente artículo tiene el objetivo de identificar, desde el enfoque económico y a partir de una aproximación cualitativa, la percepción de los becarios que cumplen su condena en un CPL de Guayaquil acerca de los costos-beneficios de la educación superior tanto en la cárcel como al ser excarcelados, proporcionando elementos de análisis acerca de la decisión de permanecer o abandonar los estudios. Esto posteriormente podrá ser complementado con investigaciones que contemplen otros enfoques de la retención-persistencia.

Aspectos metodológicos

En el artículo se presenta un estudio de caso realizado en un CPL de Guayaquil. Según el nivel de abstracción, profundidad y temporalidad, es una investigación aplicada, descriptiva y de corte transversal, enmarcada en el enfoque cualitativo. Responde principalmente a un diseño etnográfico particularista, que facilitó la comprensión del comportamiento de las PPL en su contexto social, permitiendo conocer su modo de vida, creencias, patrones de comportamientos compartidos, ideas, valores y cultura, en general (^{Iturralde y Soria 2019}).

Los métodos para recolectar información primaria fueron: la observación participante, apoyada en un diario de campo, encuestas realizadas a la totalidad de becarios residentes en el Centro durante el último trimestre de 2018 (la población ascendió a 35 individuos, de sexo masculino) y entrevistas no estructuradas sobre una muestra no-probabilística de 10 becarios. Cuatro de ellos eran casos extremos, según su desempeño académico (dos de los mejores puntuados y dos con puntajes bajos en el grupo). Los sujetos restantes se escogieron por conveniencia, considerando a quienes tenían mayor predisposición a conversar de la temática a partir de los puntos: beneficios y costos percibidos de la educación superior y decisión probable sobre su permanencia al obtener la libertad. Además, se utilizó información secundaria procedente de la investigación bibliográfica y documental.

Tanto la deserción como la retención-persistencia estudiantil pueden ser analizadas desde diferentes enfoques teóricos complementarios. Este estudio se centra en el enfoque económico; construye las dimensiones de análisis a partir de la teoría económica, que recomienda analizar la toma de decisiones de los consumidores a partir de las preferencias y expectativas de los demandantes, así como del precio del producto y de los bienes relacionados, que pueden ser sustitutos y complementarios (^{Pindyck y Rubinfeld 2018}).

Al trasladar la teoría del consumidor al contexto investigado, los presos becarios se convierten en los demandantes de instrucción superior, cuyas decisiones de permanencia dependen de sus gustos y preferencias por los estudios cursados, sus expectativas acerca de las bondades futuras que el título profesional acarreará, y el costo económico de estudiar, que abarca el costo contable y de oportunidad. Cabe resaltar que el Estado asume el valor de la matrícula, aranceles y derechos de la carrera, lo cual lo hace nulo para los presos beneficiarios y elimina la rivalidad con sustitutos. Por ese motivo, no se considera ni su precio ni el precio de los sustitutos.

Para realizar el análisis costo-beneficio desde la perspectiva cualitativa, las dimensiones se categorizaron de la siguiente manera: las preferencias y expectativas se asociaron con los beneficios de culminar los estudios percibidos por los becarios, mientras que el ingreso y el precio de bienes complementarios se clasificaron como costos económicos.

Los gustos y preferencias de las PPL becarias se analizaron a partir de tres componentes. 1) Dedicación por los estudios, que revela hábitos y estrategias de estudio. Aquellos que dedican más horas de esfuerzo al aprendizaje tienen mejores hábitos y mayor agrado hacia el tema estudiado (^{Zandomeni, Canale, Pacífico y Pagura 2016}). 2) Rendimiento académico previo, que incide sobre el autoconcepto del estudiante y su percepción de éxito en los estudios superiores. A mayor rendimiento, la propensión a abandonar los estudios disminuye (^{Himmel 2002}; ^{Braxton, Sullivan y Johnson 1997}). 3) Orientación vocacional: aquellos sujetos que siguen una carrera afín a su vocación tienen más probabilidad de éxito en sus estudios superiores (^{González 2006}; ^{Esteban, Bernardo, Tuero, Cervero y Casanova 2017}).

Para comprender las expectativas que las reclusos becarios tienen acerca del impacto de la educación superior en sus vidas, se consideró el nivel de instrucción de los padres, para determinar la herencia académica, correlacionada positivamente con la permanencia (^{Vásquez, Castaño, Gallón y Gómez 2003}), y las expectativas laborales y de ingreso, relacionadas de tal forma que, entre más altas sean las expectativas, mayor motivación tendrán los estudiantes para culminar la carrera (^{Borda, González y García 2015}).

La tabla 2 presenta de forma resumida las dimensiones, componentes, variables e instrumentos metodológicos utilizados para analizar los beneficios que las PPL becarias perciben de los estudios superiores que cursan.

Fuente: ^{Lemaitre y López 2016}; ^{Torres 2012}; ^{Vásquez, Castaño, Gallón y Gómez 2003};^{Himmel 2002}; ^{Tinto V. 2002}; ^{Mare 1980}.

Tabla 2. Dimensión, componente, variables e instrumentos para analizar los beneficios percibidos por PPL  

Los costos económicos comprenden los contables relacionados fundamentalmente con el precio de los bienes complementarios. Los de oportunidad contemplan como rivales el tiempo dedicado al estudio versus el dedicado al trabajo y la familia. Estos se analizan en dos estadios diferentes: durante el encarcelamiento y al ser excarcelados. Así, se puede comparar la variación del resultado costo-beneficio producto del cambio de la situación jurídica de las PPL beneficiarias, lo que permite identificar elementos que podrían alentar la deserción universitaria, y con ello, reducir el impacto de la política pública en cuestión.

Estudios superiores en las cárceles

La población carcelaria latinoamericana creció significativamente durante las últimas décadas. El caso ecuatoriano no fue la excepción: pasó de 127 presos por cada 100 000 habitantes en 2009 a 342 en 2018. A pesar de la inyección de recursos realizada hace diez años por la declaración de emergencia del sistema penitenciario, no se ha logrado mitigar el hacinamiento, la violencia y la violación de los derechos humanos en las cárceles. Por ello, la Defensoría del Pueblo solicitó volver a declarar la emergencia para velar que se cumpla la visión institucional de los CPL: la rehabilitación social (^{Pérez 2019}).

Diferentes modelos han abordado este fenómeno social, que persiste a escala mundial, sin lograr eliminar el déficit teórico en penología para explicar los incrementos sustantivos de criminalidad e identificar los mecanismos efectivos de rehabilitación y reinserción, dado que solo se interpretan realidades en un contexto geográfico e histórico determinado, sin poder ser replicados los hallazgos a otros escenarios. Por citar ejemplos, en los años noventa, la población penitenciaria en EE. UU. fue siete veces mayor a la de Inglaterra y Alemania, pese a que sus tasas delictivas se asemejaban (^{Zimring y Hawkings 1997}). En la década posterior, mientras los índices delictivos mundiales se duplicaron, en EE. UU. se contrajeron, pero su tasa de encarcelamiento continuó creciendo (^{Coyle 2002}; ^{Pavarini 2009}). Durante la última década, los datos revelan informaciones no afines con las anteriores (^{Jacobson, Heard y Fair 2017}).

Aunque el comportamiento inestable es constante, se reconoce que el incremento de detenidos está correlacionado con la criminalidad y los sistemas represivos (^{Young 1999}), y que la educación en el contexto de encierro tiene un rol protagónico para reducir la reincidencia delictiva. Su relevancia no solo reposa en su carácter terapéutico, reinsertador, resocializador y rehabilitador, sino por ser un derecho cuyo ejercicio mejora los funcionamientos, capacidades y libertades humanas (^{ONUDD 2013}), lo que la convierte en uno de los ejes de tratamiento del sistema de rehabilitación social ecuatoriano (SRS). Está consagrada en diferentes normativas globales y nacionales, entre ellas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (^{OEA 1948}), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1978), el Protocolo de San Salvador (^{OEA 1988}), la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos (1990), el PRELAC (2007), la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (2009), las Reglas Mínimas de NNUU para el Tratamiento de los Reclusos, o Reglas Nelson Mandela (2015), entre otras. Dichas normativas propenden al acceso universal a educación de calidad en todos sus niveles, eliminando toda forma de exclusión y enfatizando su garantía a grupos vulnerables, entre ellos, las PPL. La presentan como un deber primordial, ineludible e inexcusable del Estado, un área prioritaria de la política e inversión pública y una condición indispensable para el Buen Vivir.

Los artículos 201 y 203 de la Constitución y el 704 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) disponen la implementación de planes educativos en las cárceles. Estos incluyen la suscripción de convenios con IES para ofertar estudios universitarios. El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, en las políticas uno y dos del objetivo de desarrollo cuatro, establece la creación de mecanismos de acceso a educación para las PPL y contempla programas de becas.

Así, se consolidó el marco del plan piloto para otorgar educación superior en las cárceles otorgando becas a los internos mejores puntuados en el ENES. La propuesta nació en 2015, y en el CPL de análisis, las clases iniciaron en 2016, con la oferta de dos carreras de las ciencias administrativas.

Los becarios, durante el encarcelamiento, deben aprobar la totalidad de asignaturas correspondientes al semestre que cursan. Quienes recobran la libertad deben acudir a la IES para continuar sus estudios, sin incurrir en pagos por matrícula, derechos o aranceles. En caso de requerir una prórroga para ausentarse un semestre, esta debe ser previamente aprobada.

Por consiguiente, se espera que entre 2020 y 2021 los becarios obtengan la licenciatura. El abandono de los estudios es una decisión no deseada, que podría derivar en el fracaso del proyecto. Para abordar esta compleja problemática y diseñar medidas que mitiguen la deserción, el enfoque económico contempla la focalización de subsidios destinados a grupos vulnerables que podrían no acceder a las IES por falta de recursos monetarios. El análisis beneficio-costo sostiene que la permanencia es producto de la percepción de que los beneficios futuros de estudiar superan a los costos económicos, mientras que la deserción ocurre si los beneficios se estiman inferiores (^{Torres 2012}).

Percepción de beneficios de la educación superior

Los beneficios percibidos por las PPL becarias se analizan desde las siguientes dimensiones: preferencias (comprende las variables: dedicación a los estudios, rendimiento académico y vocación); expectativas (abarca la instrucción de los padres y las expectativas laborales y de ingresos futuros) y un tercer componente, denominado beneficios de estudiar encarcelados, los cuales se exponen a continuación.

Dedicación a los estudios

De acuerdo con el Reglamento de Régimen Académico expedido por el Consejo de Educación Superior, para obtener el título de Licenciado, los estudiantes deben completar 7200 horas en un plazo de nueve periodos académicos ordinarios, que se distribuyen en actividades de aprendizaje de docencia (asistida y colaborativa), aprendizaje práctico y aprendizaje autónomo (^{CES 2017}).

El primer inciso del artículo 15 define el componente de aprendizaje autónomo como aquellos trabajos realizados por los estudiantes con la finalidad de desarrollar capacidades de aprendizaje individual e independiente, considerando lecturas, elaboración de ensayos, generación de datos, entre otros. El artículo 47 señala que, en modalidad presencial, por cada hora del componente de docencia se establecerán de 1,5 a 2 horas de aprendizaje práctico y/o autónomo.

Semanalmente se dictan en el Centro analizado 15 horas-clase y las encuestas indican que los internos dedican en promedio cinco horas de aprendizaje autónomo, cuando la cantidad mínima debería igualar las horas-clase (^{Garmendia, Guisasola, Barragués y Zuza 2006}). Sin embargo, lo recomendable sería que sumaran 22 horas, considerando que la privación de libertad dificulta la ejecución de trabajos prácticos. Por tanto, se revela un déficit en el tiempo dedicado a esta actividad. Se agrega que, de acuerdo con las encuestas, el ambiente de estudio es diferente, además de que 80 % de becarios señalaron carecer de hábitos de estudio eficientes.

Rendimiento académico previo

Afecta el autoconcepto del estudiante dándole una percepción de probabilidad de éxito o fracaso en sus estudios futuros. Impulsa al individuo a tomar una postura sobre la relevancia y necesidad de los estudios superiores para alcanzar el nivel de vida que aspira factible (^{Himmel 2002}; ^{Tinto 2002}; ^{Fishbein y Ajzen 1975}).

^{Lemaitre y López (2016}) lo ubican en la etapa de acceso y permanencia, como un indicador de calidad que se puede medir por las calificaciones en educación formal preuniversitaria. En este estudio son utilizadas las notas finales del grado de bachiller, obtenidas a través de encuestas a los 35 becarios que continuaban en prisión, y las logradas en el ENES, obtenidas de información documental sobre la totalidad de internos que accedieron a la beca del programa en 2016: 40 en la carrera de Administración y 37 en Contabilidad y Auditoría, para un total de 77 PPL.

El 40 % de los becarios indicó que su calificación en bachillerato fue Muy Buena, el 48,6 %, buena y solo 11,4 %, excelente, mientras que la calificación promedio del ENES fue de 692 puntos, con una desviación estándar de 61. Con fines comparativos, se presentan en la tabla 3 las calificaciones del ENES de los presos que accedieron a la beca y la calificación media agregada a nacional, entre febrero de 2012 y julio de 2016, de estudiantes que accedieron a 28 universidades públicas, 13 de ellas con ofertas de Licenciatura en Administración de Empresas o Gestión Empresarial y 15 en Contabilidad y Auditoría o afín. En promedio, las PPL obtuvieron 73 puntos menos que la media nacional, desagregado de la siguiente manera: 61 puntos menos los becarios de Administración y 88 puntos menos los de Contabilidad y Auditoría.

Fuente: Consultas Educación (²⁰¹⁷)

Tabla 3. Calificación en el examen ENES obtenida por los becarios en 2015 

Vocación

La vocación es un elemento que influye sobre la decisión de permanencia o abandono de los estudios superiores. Los test de orientación vocacional pueden ser herramientas importantes para obtener información previa que efectivice la elección de la carrera del estudiante (^{Kap y Mertens 2017}). No obstante, realizarlos a mediados de esta puede derivar en sesgos que enturbien sus resultados.

Las PPL becarias no recibieron ningún tipo de orientación vocacional. Su elección se limitó a dos carreras vinculadas a la Administración. Para aproximarse a sus gustos y preferencias, se les preguntó qué carrera hubiesen escogido, en el caso utópico de que existiera una oferta abierta. En las respuestas expuestas en la tabla 4 se observa que solo el 28,6 % prefiere Administración o Contabilidad.

Tabla 4. Preferencia de carrera de los becarios en noviembre de 2018 

Educación de los padres

Robert ^{Mare (1980}) demostró que el nivel de instrucción de los padres es una variable que incide sobre la decisión de permanencia de los estudiantes. Existe una mayor propensión a desertar en los grupos vulnerables que poseen menor herencia académica, donde la ocupación de las cabezas de familia se basa en esfuerzos físicos, más que intelectuales. Esto deriva en un entorno que promueve el trabajo por encima de la educación, por lo cual los individuos podrían subvalorar los múltiples beneficios de la instrucción superior (^{Himmel 2002}).

Las encuestas (gráfico 1) revelaron que 68,6 % de los padres y 74,3 % de las madres no culminaron la instrucción secundaria; 20 % de padres y 14 % de madres no terminaron primaria, cifra que supera a la media nacional que en 2017 fue de 52,5 % para secundaria incompleta y 13,6 % para primaria incompleta (^{SICES 2018}). Se evidencia una baja herencia académica dentro del grupo de estudio.

Gráfico 1 Nivel de instrucción de los padres de los becarios en noviembre de 2018 

Expectativas laborales

Los esfuerzos realizados por los estudiantes y sus familias para culminar la instrucción superior están relacionados con el grado en que esperan que las competencias profesionales mejoren las oportunidades laborales del individuo. Por consiguiente, si perciben que el título académico es innecesario para conseguir una inserción social-laboral acorde a sus expectativas de vida, existirá una mayor propensión a desertar de los estudios (^{González y Martínez 2016}).

Para contextualizar este punto en el sistema penitenciario, se debe considerar que frecuentemente las PPL obtienen su libertad a través de algún régimen ligado al buen comportamiento, el cual depende de la fecha en que se cometió el delito. Se aplica el Código Penal (CP) si se ejecutó antes del 10 de agosto de 2014 y el COIP si se cometió después. En el primer caso, los internos pueden solicitar la libertad controlada o prelibertad una vez que cumplan el 40 % de la sentencia, además de la rebaja de pena, siempre que hayan colaborado de forma activa dentro de la cárcel, con una conducta satisfactoria. En el segundo caso, los beneficios son aplicables cuando cumplan el 60 % de la pena encarcelados, esto es, el régimen semiabierto, o el 80 % con el régimen abierto (^{El Comercio 2014}).

Sea con prelibertad, con régimen semiabierto o abierto, durante el tiempo que les reste de sentencia, los excarcelados deben acudir a la Corte y al Centro de Detención Provisional (CDP) a firmar su asistencia y permanecer allí varias horas, la cantidad de veces ordenada por la autoridad competente. De no acudir sin previa justificación, la persona pierde el beneficio y es devuelta a prisión.

Los becarios entrevistados perciben una difícil inserción laboral al salir de prisión debido a tres factores relacionados con deficiencias institucionales y culturales, que creen que les afectarán negativamente. Aunque el título profesional puede ser un elemento a su favor, lo tildaron de insuficiente para superar dichos obstáculos, los cuales se presentan a continuación, ordenados de mayor a menor preocupación para las PPL.

1. Discriminación laboral. Debido a los antecedentes penales, que difícilmente pueden ocultarse durante el periodo de régimen hasta cumplir la sentencia completa, los excarcelados pueden ser víctimas de estigmatización cultural, nutrida de la débil institucionalidad que caracteriza al país y que produce ineficiencias y distorsiones en las normativas y políticas públicas (^{Urcuyo 2010}).

En 2017, Ecuador obtuvo apenas 32 puntos en el índice de percepción de corrupción, en el que 100 representa transparencia perfecta y cero máxima corrupción. Se colocó en el puesto 117 entre 180 países, por debajo del promedio global, que fue de 43,1 (^{Transparency International 2018}). Se interpreta que, para la ciudadanía, el producto institucional no es confiable. En el caso del SRS, la rehabilitación social dista de admitirse como una realidad, por lo que el riesgo de reincidencia delictiva, aunque no se sustente, se percibe elevado (^{El Universo 2018}; ^{García 2017}).

Cabe añadir que, en el mercado laboral, el empleador carece de información completa sobre las cualidades del personal contratado o que desea contratar, pues existe información asimétrica que incrementa el riesgo de selección adversa intensificando el problema principal-agente, por el cual el contratante busca señales que mejoren la cantidad y calidad de la información, sin incurrir en costos excesivos. Una de ellas son los antecedentes penales, que podrían generar discriminación laboral (^{El Telégrafo 2017}), más aún conociendo que en el país existen más personas buscando trabajos que plazas de empleo, lo que provocó que 374 000 personas sufrieran desocupación en 2017. Dada la abundante mano de obra, seguramente los empleadores preferirán personas que no hayan tenido conflictos con la ley (^{SICES 2018}).

2. Deterioro de capacidades. En promedio, las PPL becarias llevan 5,3 años encarceladas, con un límite superior de 13,1 años e inferior de 3,4 años. La situación deteriora sus conocimientos, habilidades y destrezas y genera un vacío en sus currículos que reduce su competitividad en el mercado laboral. Eso se suma a la inexperiencia en la carrera que cursan y a su edad relativamente elevada para iniciar una profesión, que en promedio es de 37,2 años, con una mediana y moda de 39. Es decir, la mitad de ellos tiene 39 o más años de edad, el mayor, 51 años y el menor, 25. Les restan aproximadamente dos años y medio para culminar los estudios, además del tiempo que varios de ellos pueden tardar en recuperar su libertad, incluso después de obtener la licenciatura en la cárcel.

La totalidad de entrevistados creen que los conocimientos brindados dentro de prisión son inferiores a los enseñados fuera de ella. De ser cierto, ello revelaría una brecha que crece conforme avanzan en la carrera y que se tornaría una desventaja en el mercado laboral. Por último, el tiempo destinado a hacerse presentes en la Corte y el CDP, por motivo del beneficio de régimen o prelibertad, puede dificultar el cumplimiento de actividades laborales si el excarcelado obtiene un trabajo formal.

Expectativas de ingresos

La permanencia se fortalece a medida que la relación escolaridad-ingresos se percibe elevada, es decir, que se perciba al título profesional como una señal positiva en el mercado laboral, que genera tasas de retorno favorables, por la ampliación de oportunidades laborales y el mejoramiento del nivel de remuneración (^{Yamada y Oviedo 2016}; ^{Barragán, García y García 2009}). Aunque los becarios afirmaron que la educación superior incrementa la productividad, el 48,6 % señaló que los salarios esperados como profesionales serán relativamente bajos, ya que, según las entrevistas, creen que lidiarán con sus antecedentes penales y escasa experiencia profesional. Un salario menor compensaría parcialmente su desventaja laboral, pues reduciría el costo marginal para la empresa.

Se añade que el 60 % de los entrevistados se calificaron como amantes del riesgo. Varios de ellos destacaron que ciertos actos delictivos son más lucrativos que el sueldo de un contador, lo cual evidencia una especie de diferencial compensatorio delictivo, en el que los actos al margen de la ley reciben una recompensa monetaria vinculada al riesgo. Así, por ejemplo, si la persona tiene la habilidad de conducir un automóvil, puede trabajar como chofer remunerado, pero si esta misma habilidad la aplica para cometer asaltos, sus ingresos se incrementarían sustancialmente.

Sin embargo, no debe confundirse lo expuesto con la intención de los becarios de reincidir en la delincuencia, sino más bien como información que ayuda a comprender por qué varios de ellos consideran reducidos los ingresos de los profesionales. Aun así, con tal de obtener un trabajo formal que les permita reinsertarse correctamente a la sociedad, están dispuestos a recibir remuneraciones inferiores a la media del mercado.

Cambios en los beneficios percibidos al ser excarcelados

Las PPL becarias poseen varios beneficios en el contexto de encierro, por ser parte del proyecto piloto. Entre estos destacan: a) los certificados educativos otorgados por el Centro, que contribuyen a mejorar su calificación en proclividad y conducta e incrementan sus posibilidades de alcanzar la libertad aplicando algún régimen; b) el pabellón de residencia de los estudiantes padece de menor nivel de hacinamiento, menor cantidad de cortes de agua y mejor organización, entre otros aspectos relevantes para la calidad de vida en prisión; c) se asegura su permanencia en el Centro mientras estén detenidos, lo que evita que los trasladen a otras cárceles, pues perderían la beca y se violentaría su derecho a la educación y d) se reduce la rutina y el tiempo de encierro dentro del pabellón, ya que durante los días laborales deben movilizarse al galpón donde reciben las clases. En ocasiones son considerados para colaborar en actividades culturales y laborales dentro del Centro. Aunque carecen de retribución económica, pese a que el art. 328 de la Constitución, el art. 3, 81 y 87 del Código del Trabajo y el art. 703 del COIP lo ordenan, esas actividades permiten reducir el exceso de ocio, crean sentimientos de utilidad y propósito al interno.

Entonces, el beneficio percibido por los becarios se compone de los gustos, preferencias y expectativas de los estudios superiores que cursan, pero también de los beneficios que el CPL les ofrece por ser estudiantes, los cuales se hacen nulos cuando alcanzan su libertad. Por ese motivo, el beneficio total de estudiar se reduce para todos los internos al momento que salen libres.

Costos económicos percibidos por las PPL becarias

El abandono de los estudios universitarios con frecuencia se asocia a sus costos, que comprenden los desembolsos monetarios, conocidos como costos contables, y los costos de oportunidad, cuya evaluación puede ser más compleja, pero no menos impactante sobre la decisión del estudiante. Empero se debe considerar que existen otros tipos de variables no-económicas relevantes para la comprensión holística de este comportamiento humano.

En la vida libre, estudiar en una IES privada tiene costos contables por concepto de matrícula, colegiatura, aranceles y otros afines. Generalmente, cada asignatura tiene un precio, de manera que cursar seis materias requiere mayores desembolsos que cursar tres o cuatro, por lo que el costo marginal es positivo. Sin embargo, debido a que la beca otorgada durante la privación de libertad se mantiene al recuperar la libertad, los valores pagados a la IES los asume el Estado y son nulos para el beneficiario, tanto en el contexto de encierro como fuera de los muros. Esto no ocurre con otros costos contables ni con los costos de oportunidad, con variaciones importantes que afectan a la decisión de permanecer o abandonar los estudios al recuperar la libertad.

Costos de los becarios encarcelados

Durante la estancia en prisión, los becarios no tienen costos de movilización y el Estado, conjuntamente con la IES, les provee los bienes complementarios necesarios para sus estudios, como materiales didácticos y uniformes, por lo que las PPL no realizan desembolso monetario; su costo contable es nulo.

Respecto al costo de oportunidad, entendido como la alternativa de mayor valor que tomaría el becario si no asistiera a la universidad (^{Parkin y Loria 2010}, 9), dentro de la cárcel se reduce básicamente a tiempo de ocio, que es abundante, por lo que la relación marginal de sustitución entre estudios y ocio es favorable para el primero. Por tal motivo, el costo económico para los estudiantes presos, que resulta de la suma del costo contable y de oportunidad, tiende a cero.

Costos de los becarios excarcelados

Al obtener la libertad, aunque los becarios no deben realizar desembolsos por concepto de matrícula, aranceles o derechos, sí deben cubrir costos de transportación, adquisición de bienes complementarios como cuadernos, libros, impresiones, fotocopias, entre otros. Por tanto, sus costos contables son mayores, en comparación con los que enfrentaron al estar en prisión. Los costos de oportunidad también se incrementan, pues deben distribuir su tiempo entre una mayor cantidad de actividades que valoran y que en la cárcel no podían ejercer, entre las que destaca el tiempo en familia y el trabajo remunerado, además del tiempo destinado a cumplir con los compromisos legales del régimen que los obliga a permanecer en el CDP un número determinado de horas dispuestas por el juez competente.

De forma simplificada, se puede indicar que el becario excarcelado distribuye su tiempo (T) en actividades de estudio (T_E), trabajo (T_T), ocio, desagregado en tiempo para dormir (T_S) y tiempo social destinado a la familia y amigos (T_F), y el tiempo que debe permanecer en el CDP por el régimen (T_J), tal como se expresa en la siguiente ecuación:

T = T_E + T_T + T_S + T_F + T_J

Al restar el tiempo de descanso y el tiempo dedicado a la permanencia en el CDP, pues de no cumplirlos difícilmente los becarios podrían desarrollar otras actividades, se halla la dotación de tiempo o tiempo disponible para realizar actividades laborales, de estudio o familiares, según la siguiente ecuación:

T - (T_S+ T_J) = T_D = T_E + T_T + T_F

El costo de oportunidad de estudiar se encarece debido a que T_D es menor que T, lo que hace al recurso más escaso y provoca mayor rivalidad en la relación de intercambio de T_E con T_T y T_F. Así, cada hora dedicada a los estudios reduce en la misma proporción las horas dedicadas a trabajar o disfrutar del hogar, como se observa en la ecuación mostrada a continuación, pero el costo de oportunidad crece en una proporción mayor entre menor sea el valor residual de T_D después de estudiar.

∆T_E = ∆(T_T+T_F)

Las entrevistas revelaron que los internos valoran más el T_F que el T_E, pues añoran retornar a su hogar, pese a que reconocen que debe haber cambiado desde la última vez que convivieron con sus familias debido a que todos sus miembros tienen mayor edad y deben tener nuevos hábitos, costumbres, actitudes y aptitudes, sobre todo conociendo que su ausencia modificó en alguna medida los roles y responsabilidades que existieron anteriormente, e incluso el número de miembros puede ser distinto. Empero, también indicaron que el T_E y T_F no son actividades mutuamente excluyentes, mientras se encuentren en la desocupación, situación que podría cambiar al conseguir un trabajo remunerado.

El T_T también se priorizó sobre el T_E, debido a que los excarcelados comúnmente enfrentan onerosas deudas adquiridas, entre otras razones, por sus gastos de defensa. Ello sustenta la obtención de recursos monetarios para hacerle frente a sus acreedores y para aportar económicamente a su hogar, que hace deseable obtener el valor de dotación de tiempo o ingreso completo, entendido como los montos monetarios que recibirían si trabajaran cada hora disponible, lo que obligaría a dejar a un lado los estudios (^{Katz y Rosen 1997}).

El trabajo asalariado es la fuente más importante de ingresos para la mayoría de los hogares en Ecuador y el mundo; supera el 50 % de los casos de ocupación global (Banco Mundial 2018). Además, promueve el desarrollo individual y la integración social (^{Izquierdo 2008}). Su ausencia, la desocupación, tiene efectos negativos sobre la salud mental y ocasiona problemas psicosociales, de confianza e incluso de depresión (^{Tomás, Gutiérrez y Fernández 2017}). Las PPL entrevistadas, quienes temen ser discriminadas laboralmente, consideraron poco conveniente dejar pasar oportunidades de trabajo por culminar sus estudios superiores, más si carecen del apoyo económico suficiente para solventar a su familia.

Por lo tanto, los excarcelados enfrentan mayores costos de oportunidad que los encarcelados, debido a motivos laborales, pues creen que tendrán escasas oportunidades de trabajo y elevadas deudas que enfrentar. Así, se encarece, en una relación directa con la remuneración tentativa (a mayor sueldo mayor costo de oportunidad de estudiar) y a motivos familiares (al conseguir trabajo, el tiempo destinado a los estudios rivalizaría con el destinado a sus seres queridos).

Análisis beneficio-costo

El análisis beneficio-costo (ABC) es una herramienta utilizada para determinar la conveniencia de implementar un plan, proyecto o política pública a través de la valoración de los flujos que resultan de la diferencia entre los beneficios (B) y costos (C) económicos estimados. Mejora la toma de decisiones y efectiviza la asignación de recursos, con el criterio de aceptación de que los beneficios superen a los costos (^{Ortega 2012}).

Cuando los beneficios y costos se realizan en momentos diferentes dentro de un intervalo de tiempo, es conveniente aplicar una tasa de descuento que los haga comparables en términos actuariales, viabilizando el cálculo del valor actual neto (VAN), entendido como el resultado de los flujos de caja expresados al valor presente y restándoles la inversión inicial. Se mantiene el criterio de aceptación de que el VAN debe ser mayor a cero (^{Ross 2018}).

La aplicación del ABC a la instrucción formal enfrenta la dificultad de requerir una valoración cuantitativa a los beneficios asociados a la educación, que son principalmente de índole cualitativa, por lo cual los estudios acostumbran a medir los costos y limitarse a buscar estrategias para reducirlos (^{Vielle 1977}).

El propósito de este artículo no es medir cuantitativamente los beneficios y costos, sino aportar elementos cualitativos que permitan comprender la percepción de los presos becarios sobre la conveniencia de continuar sus estudios al ser excarcelados, así como los elementos que pueden afectar su toma de decisiones, desde el enfoque económico. A continuación, los resultados de ese análisis.

Respecto a los beneficios

Los beneficios esperados por cursar estudios superiores tienden a ser menores en los becarios presos que en los estudiantes que no han estado en la cárcel, debido a la menor herencia académica, un desempeño académico previo inferior a la media, que afecta el autoconcepto del estudiante, inconsistencias vocacionales con la carrera y el temor generalizado a sufrir discriminación laboral. Esto opaca las tasas de retorno de la instrucción superior, más aún contemplando la falta de experiencia en trabajos relacionados con el área administrativa y contable, además del promedio de edad relativamente elevado en que alcanzarán el título de tercer nivel. Se crea así la predisposición a aceptar una menor escala de remuneración para acceder a un trabajo formal.

Los beneficios percibidos por los becarios encarcelados son mayores que los percibidos por los excarcelados, ya que, si se mantienen constantes las expectativas y preferencias por la educación superior durante el encierro y luego de él, la variable que se altera en el cambio de situación jurídica son los beneficios de estudiar en la cárcel, es decir, los certificados que ayudan a la aplicación de régimen, la posibilidad de mantenerse en un pabellón de residencia de estudiantes, evitar los traslados a otros CPL y reducir el tiempo de ocio.

Respecto a los costos

Como se observa en la tabla 5, el costo económico es mayor para el excarcelado, pese a que la beca se mantiene, debido a que enfrenta costos contables por movilización, adquisición de bienes complementarios, etc. También, costos de oportunidad más elevados, pues en prisión el intercambio de horas de estudio se realiza contra horas de ocio, que son abundantes, mientras que en libertad rivaliza con el tiempo familiar y de trabajo. Se encarece mientras más escaso es el tiempo residual disponible después de estudiar y cuando la remuneración laboral es alta.

Tabla 5. Costos económicos de los becarios encarcelados y excarcelados 

Aproximación cualitativa del ABC

La tabla 6 resume el resultado de los beneficios y costos de la educación superior percibidos por las PPL becarias, en el contexto de encierro y al alcanzar la libertad. Los beneficios durante el encarcelamiento (B_EN) se componen de los beneficios esperados de la educación superior (B_ES) y de los beneficios penitenciarios producto de estudiar en la cárcel (B_PEN) los cuales se anulan al momento de ser excarcelados. Por tal motivo, ceteris paribus, se estiman mayores que los beneficios al lograr la libertad por cumplimiento de condena o régimen (B_EX); mientras que los costos económicos de estudiar en la cárcel (C_EN) tienden a cero siendo inferiores a los que el becario deberá asumir en la vida libre (C_EX).

Tabla 6. Costos económicos de los becarios encarcelados y excarcelados 

Desde la perspectiva de los becarios, durante el periodo de encierro, el flujo económico esperado de los estudios superiores (F_EN) es igual a B_EN, debido a que el C_EN tiende a cero. Pero al salir en libertad, los beneficios se reducen por la pérdida de los B_PEN y los costos económicos, tanto contables como de oportunidad, se incrementan, reduciendo los flujos esperados (F_EX), afectando negativamente la decisión de permanencia e incrementando la propensión a desertar, pese a la beca otorgada por el Estado.

Para ejemplificar, se asumirá que un individuo se mantiene encarcelado durante el tiempo que dura la carrera, cuyo intervalo se encuentra entre t₀ y t₂. Por ende, sus costos económicos tienden a cero y sus flujos se equiparan a los beneficios percibidos en contexto de encierro. La situación, a la que se llamará evento A, resulta en un VAN positivo, como se ilustra en la figura 1. Si el mismo individuo se enfrenta al evento B, donde se mantiene encarcelado durante dos periodos y al tercero alcanza su libertad, los flujos del último periodo se reducen de F_EN a F_EX, por lo que el VAN será menor al experimentado en el evento A. En la situación C, el sujeto solo está encarcelado en el periodo inicial y debido a que, al ser excarcelado, sus costos aumentan y sus beneficios se contraen, los flujos percibidos se reducen, y se obtiene un VAN menor que en el caso B.

Figura 1 Beneficios-costos al ser excarcelado 

Entonces, entre mayor tiempo se mantenga encarcelado el individuo, debido a que enfrentará menores costos económicos y mayores beneficios, el VAN tenderá a incrementarse, e impulsará la decisión de permanencia y culminación de sus estudios superiores.

Reflexiones finales

Una condición necesaria para el desarrollo de una comunidad es la educación de su gente. Requiere esfuerzos públicos y privados para crear una oferta de calidad, con acceso universal en todos los niveles de instrucción, así como la implementación de estrategias que reduzcan la deserción escolar o mejoren la permanencia, al robustecer la retención institucional y la persistencia del estudiantado. Ello trae externalidades positivas futuras y, en el caso particular de las PPL que estudian en prisión, también contribuye a la reducción de las externalidades negativas que genera la reincidencia delictiva, al fomentar la correcta reinserción del detenido.

Desde el enfoque económico, cuyas aristas comprenden la focalización a través de subsidios y transferencias dirigidas a grupos vulnerables que sufren de exclusión, y los beneficios-costos individuales y sociales asociados a la instrucción formal (^{Candamil, Parra y Sánchez 2009}), se determinó que la beca es pertinente, pues fomenta el desarrollo de capacidades en las PPL. Les otorga elementos que incrementan sus oportunidades en el mercado laboral, a la vez que amplía sus conocimientos especializados, que son valorados en las relaciones sociales y familiares. Así, los beneficiarios son motivados a persistir en sus estudios en el contexto de encierro, donde los beneficios percibidos, además de los propios de la educación superior, contemplan el incremento de sus probabilidades para conseguir un régimen que les conceda la libertad controlada, así como un mejor nivel de vida dentro de la prisión. Paralelamente, enfrentan costos económicos nulos y el costo de oportunidad principalmente es tiempo de ocio.

Al ser excarcelado, el becario experimenta de forma simultánea un incremento de los costos económicos y la pérdida de los beneficios que el SRS otorga a quien estudia en la cárcel. Aumenta el riesgo de deserción, motivo por el cual existe una mayor tendencia a abandonar los estudios si se obtiene la libertad durante los primeros ciclos de estudio. A medida que se avanza en la carrera universitaria, la probabilidad de abandono se reduce, ya que se está más próximo a obtener el título (^{Quintero 2016}). Quienes se mantengan un mayor tiempo de la carrera en prisión tienen más posibilidades de incorporarse.

Al recuperar la libertad, el tiempo que los becarios dedican al estudio rivaliza con el destinado al hogar y al trabajo, por lo que es recomendable permitir que se inscriban en un menor número de asignaturas por semestre si así lo desean. De no hacerlo, se elevarían las presiones académicas, en caso de que tengan vacíos en sus conocimientos, además de que se los obligaría a asumir un mayor costo económico, lo cual afecta de forma adversa la decisión de permanencia.

El bajo rendimiento en secundaria y el ENES, los problemas vocacionales, la débil herencia académica y el temor a la estigmatización por haber estado en prisión se encuentran entre las variables que afectan negativamente los gustos por los estudios y las expectativas por sus futuros resultados laborales. Por ello, se hace necesaria la implementación de acciones que mejoren dichas expectativas, fomenten hábitos de estudio eficientes, proporcionen acceso a tecnologías propias del campo profesional y creen espacios de estudio y esparcimiento conjunto, con pares y docentes. Pero también se deben robustecer los mecanismos de selección de los postulantes presos ante una nueva convocatoria, en caso de que se desee extender el proyecto, además de definir lineamientos de política para mitigar los problemas de discriminación que puedan padecer quienes han sido encarcelados.

Los resultados del proyecto pueden ser medidos a través del número de becarios que logren graduarse, mientras que su impacto debe prever la forma en que los estudios superiores contribuyen a una reinserción económica y social, alejando al beneficiario de la reincidencia delictiva. Eliminar el nivel de deserción no es posible sin un seguimiento interinstitucional público-privado, que elabore diagnósticos, políticas, programas y actividades orientadas a superar múltiples barreras individuales, sociales, económicas y culturales. Se requiere un acompañamiento oportuno, que promueva nuevas estrategias de inclusión, para lo cual, además del enfoque económico en que se centró el presente artículo, se deben considerar otros sugeridos para estudiar la persistencia-retención estudiantil. Entre estos resaltan los enfoques sociológico, psicológico, organizacional, interaccionista e integrado, que darán mayor completitud a la temática, para efectivizar las intervenciones encaminadas a mejorarla.