ESCUDERO SOLIZ, Jhoel. Límites normativos y estructurales a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales o derechos del buen vivir en Ecuador. []. , 1, 10, pp.95-116. ISSN 2477-9245.  https://doi.org/10.37228/estado_comunes.v1.n10.2020.151.

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Este artículo realiza un estudio sobre los logros del reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (en adelante DESC) o derechos del buen vivir en contraste con sus límites estructurales y normativos que afectan su ejercicio y justiciabilidad. Estos problemas son la escases y pobreza, el costo de los DESC, la falta de efectividad de las políticas públicas, los obstáculos propios de un sistema jurídico basado en la propiedad privada y el incumplimiento de las sentencias que reconocen estos derechos. Para demostrar las dificultades del ejercicio de estos derechos se aplica la metodología deductiva a partir del estudio de tres casos relevantes que, por su gravedad, reflejan una relación con la desigualdad estructural. Entre 2008 y 2019, estos casos fueron resueltos por la Corte Constitucional de Ecuador y evidenciaron que las víctimas, a pesar de obtener sentencias favorables, no pudieron ejercer los derechos a la vivienda, a la salud y a la seguridad social, indispensables para lograr un mínimo de dignidad o alcanzar el buen vivir, en los términos previstos por la Constitución ecuatoriana.

This article conducts a study on the achievements perceived in the recognition of Economic, Social and Cultural Rights (ESCR) or good living rights and the limits that affect their exercise and justiciability. These problems are scarcity and poverty; the cost of ESCR; poor public policies effectiveness; the obstacles of a judicial system based on private property; and the noncompliance of rulings that recognize these rights. To highlight difficulties of exercising these rights, three relevant cases are analysed through a deductive methodology. The Constitutional Court of Ecuador, between 2008 and 2019, addressed these cases due to their seriousness. They reflect a correlation with structural inequality and show that the victims, albeit obtained a favourable ruling, they were not able to fully exercise their right to housing, health, and social welfare, which are essential to accomplish a minimum degree of dignity or good living, as is stated by the Ecuadorian Constitution.

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