Forma sugerida de citar:

Guarderas, P., Larrea, M., Cuvi, J., Vega, C., Reyes, C., Bichara, T., Ramírez, G., Paula, Ch., ... Arteaga,E. (2018). Acoso sexual en las universidades ecuatorianas: validez de contenido de un instrumento de medición. Alteridad,13(2), 214-226. https://doi.org/10.17163/alt.v13n2.2018.05.

1. Introducción y estado de la cuestión

El acoso sexual en las instituciones de educación superior (IES) es una problemática que brega por salir a la luz. Diversos colectivos de estudiantes y docentes han hecho públicas situaciones históricamente silenciadas y naturalizadas en nuestras1 universidades. No obstante, a la hora de identificar las concepciones en torno a estas prácticas hay un claro desconocimiento. Por otro lado, cuando se logra detectarlo la opción es silenciarlo para evitar represalias; en buena medida, esto se debe a que no en todas las IES se cuenta con políticas y rutas claras para prevenirlo, atenderlo y sancionarlo. La responsabilidad de solucionar esta situación recae en quien ha vivido el acoso, porque se entiende que está en sus manos poner la denuncia, tal como sucede con otros tipos de violencia (^{Marugán y Vega, 2002}). Cuando se da paso a visibilizar o denunciar la situación, se tiende a responsabilizar a quienes son agredidas por haberlo provocado. Si los casos llegan a las instancias de justicia, quedan atrapados en un sistema lento y revictimizante. Finalmente, cuando se logran sentencias en algunas IES, las autoridades recurren a artimañas —acciones administrativas que sortean la ley—, para permitir que los agresores vuelvan a ejercer sus funciones. Estas constataciones nos alertan sobre un cotidiano, dentro del ámbito educativo, que produce y reproduce concepciones y prácticas patriarcales. Lejos de conformar un espacio de transformación social, las IES parecerían constituir mecanismos para perpetuar relaciones desiguales.

Estas situaciones suscitaron nuestras preguntas de investigación: ¿Qué está sucediendo en las universidades ecuatorianas en torno al acoso sexual? ¿En qué relaciones aparece? ¿Quiénes son las personas agredidas y agresoras? ¿Qué efectos tiene el acoso sexual? ¿Cómo se actúa en las IES?

Para responder a estas preguntas, inspirándonos en la noción de conocimiento situado (^{Haraway, 1995}), hicimos una elección metodológica desde nuestra posición política. En nuestro contexto parece necesario contar con datos empíricos para dotar de visibilidad a este problema social. Como lo indican varios autores (Blumer, 1971; Fuller y Myers, 1941; Kohn, 1976; Merton, 1971; Sullivan, Thompson, Wright, Gross y Spady, 1980; citados por ^{Pérez Guardo, 2012}), para que un fenómeno adquiera la condición de problema social debe ser posicionado como tal por un colectivo social que busca su solución, debe suscitarse un consenso en la sociedad para señalarlo como problema social y finalmente debe contarse con datos que evidencien su presencia y sus efectos. Como los datos sobre acoso sexual en el ámbito universitario son escasos, se fomenta la idea de que no se trata de un problema prioritario.

El objetivo de nuestra investigación es contribuir a la visibilización, detección, prevención y atención del acoso sexual en las IES. Hemos considerado primordial visibilizar la prevalencia del acoso sexual y sus efectos en al ámbito laboral y académico mediante el diseño y posteriormente la aplicación de un cuestionario de prevalencia desarrollado por personas expertas y validado en nuestro país, con miras a establecer políticas, planes y programas dentro de nuestras universidades. En este artículo nos centramos en dar cuenta de parte del objetivo, es decir, presentamos los resultados del proceso de validación de contenido en la construcción del instrumento de identificación de la prevalencia del acoso sexual en las universidades.

La validación del contenido en el desarrollo de un instrumento es crucial, pues durante esta fase se eligen los ítems que se seleccionarán para ser medidos (Grant y Davis, 1996). Asimismo es relevante mostrar el proceso y la metodología de validación de contenido, lo cual representa un aporte al campo de la investigación cuantitativa. Por otro lado, este proceso también puede contribuir a la delimitación de la conceptualización del acoso sexual en el contexto nacional. Además, es necesario comprender esta problemática en función de los efectos y consecuencias que tiene en el rendimiento laboral y académico. En este sentido, compartimos la idea de ^{Preciado y Franco (2013)}: los procedimientos de construcción de instrumentos cuantitativos resultan aportes fundamentales para quienes realizan investigaciones dentro de campos poco explorados.

Si bien la violencia de género en el Ecuador fue posicionada desde mediados de la década de los 80, el acoso sexual en el ámbito universitario ha sido un tema escasamente investigado. Algunas tesis de licenciatura son interesantes excepciones (^{Álvarez y Guarderas, 2018}; ^{Ormaza, 2013}), así como un informe de una investigación cualitativa con una muestra cuantitativa del Consejo Nacional de Mujeres (^{Logroño, 2009}). En otras latitudes sí se han profundizado estos estudios (^{Benson y Thomson, 1982}; ^{Bosch et al., 2012}; ^{Fitzgerald et al., 1988}; ^{Kury, Chouaf, Obergfell-Fuchs, y Woessner, 2004}; ^{Piqueras, 2013}; ^{Valls et al., 2008}). Asimismo, también se encuentran incipientes investigaciones en algunos países de América Latina, tales como México (^{Evangelista, 2017}; ^{Silva, Vázquez y Lara, 2012}), Colombia (^{Castaño-Castrillón et al., 2010}) o Perú (^{Castañeda, Espinoza, y Manrique de Lara, 2016}).

En referencia a la definición de acoso sexual partimos del presupuesto de que el acoso sexual es un tipo de violencia de género, es decir, es parte de un complejo entramado material y simbólico constituido por discursos y prácticas hegemónicas heteropatriarcales, atravesados por concepciones racistas y clasistas (^{Guarderas, 2014}). Estos discursos y prácticas violentos colocan al sujeto en situación de inferioridad y desigualdad, y se activan en las relaciones familiares, comunitarias, barriales, institucionales, universitarias: “es un mecanismo para, en última instancia, perpetuar las relaciones desiguales de poder” (^{Guarderas, 2014, p. 98}).

Según varias autoras (^{Bosch et al., 2012}; ^{Pérez Guardo, 2012}), el origen del concepto de acoso sexual fue jurídico, hacía referencia al acoso en el mundo laboral y se lo definió como comportamiento masculino intrusivo e indeseado sobre las mujeres. Desde la perspectiva de Bosch y sus colaboradoras (2012), el acoso sexual aludía a la negación del valor a las mujeres en el ámbito laboral, que se manifestaba en términos sexuales con la intención de ejercer poder sobre ellas. El 1992, Paula Nicolson y Jane Ussher (citadas por ^{Pérez Guardo, 2012}) incluyeron en la definición el ámbito académico, y lo definieron como:

Cualquier indeseada e inaceptada insinuación sexual, petición de favores de tipo sexual, contacto físico o de palabra, cuando ese contacto tiene el propósito o efecto de interferir irrazonablemente en el trabajo de un individuo, en su actuación académica o intenta crear un ambiente laboral o académico intimidatorio, hostil u ofensivo (p. 5).

El concepto nace, por tanto, asociado con las relaciones de poder: “el acoso sexual es un problema de poder, no un problema sexual” (Kornblit y Petracci, 2002, citadas por ^{Bosch et al., 2012, p. 9}). El acoso sexual incluye el empleo de la autoridad para exigir satisfacciones sexuales o imponer requerimientos sexuales indeseados a quien es agredida en el contexto de una relación, concibiendo a las mujeres como objeto sexual y a disposición de quien la agrede (^{Hirigoyen, 2000}). A partir de lo expuesto es necesario acentuar que el acoso sexual no es un problema de poder jerárquico sin más, sino de poder de género, que puede entrelazarse con las jerarquías universitarias.

Por otro lado, en el contexto ecuatoriano encontramos algunas definiciones. ^{El Código Orgánico Integral Penal (2014)} establece explícitamente lo que se considera acoso sexual:

La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministro de culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima (…) (p.28).

^{La Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación la Violencia de Género contra las Mujeres (2018)} no contiene un articulado específico sobre acoso sexual, aunque lo incluye como una de las prácticas de la violencia psicológica de modo explícito y de modo implícito en la violencia sexual. La misma ley se refiere a la violencia en el ámbito educativo como “aquella que se ejerce mediante palabras, acciones, omisiones o conductas que infringen o inducen docentes, personal administrativo, compañeros u otro miembro de la comunidad educativa (…) contra las mujeres” (p.10).

Conforme se evidencia es en el código penal donde se define legalmente al acoso sexual que se lleva a cabo en las relaciones de poder institucionales laborales y educativas, sin embargo, en esta definición quedan de lado las relaciones de poder patriarcales que lo dotan de significación social.

Este artículo consta de tres secciones. En la primera se da cuenta de la perspectiva metodológica y el procedimiento de la investigación. La segunda parte describe los principales resultados sobre el proceso de construcción del instrumento. Se cierra con la discusión y las conclusiones.

2. Metodología, métodos y materiales

Siguiendo a ^{Balasch y colaboradoras (2005)}, la propuesta de la investigación crítica y comprometida pretende identificar y actuar frente a las formas de dominación. Se trata, como indican las autoras, de considerar al conocimiento producido como una versión del fenómeno estudiado, sin quedarnos en una mera actividad interpretativa sino reconociendo el carácter transformador de la práctica científica. Basadas en estos presupuestos apostamos por realizar una investigación desde la perspectiva de la objetividad situada y encarnada (^{Haraway, 1991/1995}), conscientes de que investigar es entregar versiones del mundo para hacerlo más vivible y menos violento.

Para la validación del contenido del instrumento sobre la prevalencia del acoso sexual se han seguido los siguientes procedimientos sugeridos por Grant y Davis (1996): selección de grupo de personas expertas, uso del panel de expertas y guías de validación de contenidos.

La selección del grupo de expertas se basó en cuatro indicadores: experiencia en investigación cuantitativa o cualitativa en temas de género; entrenamiento pertinente en intervención vinculadas al género, la violencia de género y la salud; experiencia de trabajo en la universidad y; lugar geográfico de procedencia para garantizar la pertinencia lingüística del instrumento. Siguiendo a Lynn (1986, citada por Grant y Davis, 1996) el grupo debería estar conformado entre tres y 20 personas expertas que cumplan con al menos uno de los indicadores señalados, siendo muy pertinente la participación de quienes cumplan más de un criterio. Asimismo una variable que entraba en juego en este proceso era el deseo e interés de participar en este proceso.

Se contactaron a cinco personas expertas que trabajaban en universidades como investigadoras en tema de género, violencia o salud. Todas, excepto una, respondieron de inmediato y expresaron su interés en participar de este proceso. Estas personas, conforme el sistema de muestra de bola de nieve, nos contactaron con otras investigadoras e interventoras vinculadas a la temática. Se conformó un grupo de 15 personas expertas: 10 contaban con experticia en investigación en género; dos en investigación cuantitativa y cualitativa; y un investigador de salud. También se contó con la participación de una persona de bienestar estudiantil que atiende situaciones de acoso en la universidad. Las personas expertas eran de dos universidades privadas y cuatro públicas; tres universidades exclusivamente de posgrado y cuatro de universidades de pregrado y posgrado; seis universidades quiteñas y una cuencana. La procedencia de las personas expertas cubrió las regiones geográficas del país donde operan más universidades: sierra norte, sierra sur y costa. También se conformó un grupo de expertas externas al proceso para la revisión del constructo final. Las siete personas externas fueron expertas en género, comunicación y psicología.

En referencia al uso del panel de expertas (Grant y Davis, 1996) se realizaron tres talleres grupales presenciales y varias consultas individuales virtuales. En un primer momento se realizó una aproximación a las experiencias que se reportaron en las siete universidades que hicieron parte de este proceso registrando lo presentado. Adicionalmente se presentaron las definiciones normativas de acoso sexual con la finalidad de que las personas expertas contasen con las bases conceptuales necesarias.

Posteriormente se elaboró un inventario de acoso sexual en las IES, inspirado en el trabajo realizado por ^{Bustos y sus colaboradoras (2011)}. Luego se sumaron situaciones basadas en otros instrumentos (^{Bosch et al., 2012}; ^{Preciado y Franco, 2013} ). Este inventario fue presentado a las participantes en forma de una guía para medir la pertinencia y la especificidad de los contenidos de los ítems. El modo de selección de los ítems se basó en el porcentaje de acuerdo —level of interrater agreement— (Grant y Davis, 1996).

Posteriormente, se presentó una segunda guía de selección de prácticas asociadas al acoso sexual, para identificar la correspondencia entre la práctica descrita y el acoso sexual, es decir cuan relevante y representativo era cada comportamiento.

Se añadieron variables socio demográficas, variables de presentismo y ausentismo trabajadas por Arístides ^{Vara-Horna y colaboradores (2016)}, frecuencia, circunstancias en las que sucedió el acoso y las acciones realizadas tras el acoso.

Finalmente se presentó una primera versión del constructo al panel de expertas quienes realizaron modificaciones en el estilo de la escritura de cada ítem. Tras lo cual se presentó a expertas externas para que analizaran el nivel de comprensión de cada ítem.

En referencia a los recaudos éticos en esta parte del proceso se explicó a las personas participantes: la finalidad de la investigación; se indicó que se trataba de una participación voluntaria y que podían dejar de participar en cualquier parte del proceso y; que su participación no implicaría ningún riesgo. Se les envió una invitación formal por escrito para participar del proceso. También se definió que la autoría del instrumento y los productos que se desprendiesen del proceso sería colectiva.

3. Análisis y resultados

3.3. Tercera fase

Esta fase implicó la validación de los contenidos de cada ítem, a través del juicio de expertas sobre la especificidad y la pertinencia de los elementos y comportamientos que definen e identifican el acoso sexual. Se presentaron los 27 indicadores (Tabla 1). De esta manera, el 70%, de las 15 expertas consultadas, mostraron concordaron en una lista de 15 ítems pertinentes y específicos para medir el acoso sexual.

* Algunos ítems han sido adaptados del Cuestionario HOSEL de ^{Preciado y Franco (2013)} Elaboración: ^{Larrea (2018)}

Tabla 1. Tabla de porcentaje de acuerdo de especificidad y pertinencia*  

Según Grant y Davis (1996) entre el 70% y 80% implican alto nivel de aceptabilidad del indicador, por ello se excluyeron aquellas que tenían entre 0-69% de respuestas.

Habiendo decidido que el instrumento debería medir la prevalencia de prácticas de acoso sexual antes de consultar de manera directa la posible experiencia de acoso sexual, se hacía necesario identificar cuáles comportamientos serían investigados. Se presentaron treinta indicadores (Tabla 2) de diversas prácticas con el fin de indicar si se trataba de acoso sexual, de comportamiento grosero o incorrecto o de un comportamiento normal. Mediante la validación de las expertas, fueron seleccionados 18 prácticas indicadoras de acoso sexual, sobre las cuales hubo acuerdos de al menos el 70% de las personas expertas consultadas.

* Adaptada del Cuestionario de Percepción de Acoso Sexual (^{Bosch y sus colaboradoras, 2012}) Elaboración: ^{Larrea, 2018}

Tabla 2.  Tabla de identificación de prácticas relacionadas al acoso sexual*  

En la tabla 2 se presentan los porcentajes de respuestas de las expertas referentes a la relación entre la práctica presentada en la delimitación del concepto de acoso sexual.

4. Discusión y conclusiones

El proceso de validación de contenidos por expertos en el desarrollo de instrumentos de medida de prevalencia de fenómenos psicosociales es fundamental, pues comúnmente los test psicométricos, los cuestionarios y encuestas son desarrollados fuera del contexto ecuatoriano o adaptados sin procesos de validación rigurosos. En referencia al proceso de validación de contenidos la principal dificultad apuntada en la literatura es la incongruencia entre la conceptualización y el contenido del constructo (Grant y Davis, 1996). El caso del acoso sexual no está exento de esta dificultad, por el contrario, tiende a ser un fenómeno con amplitud de definiciones.

Siguiendo a ^{Pérez Guardó (2012)}, la delimitación del concepto de acoso sexual se relaciona con los siguientes elementos: los sujetos (sexo, jerarquía y relación con la actividad), las conductas y la percepción de la persona acosada. Cada uno de estos elementos mereció profundas reflexiones en el proceso de validación de contenido presentado. Para esta autora existen distintos modos de comprender a los sujetos, se tiende a asociar a las mujeres con las víctimas y a los hombres como victimarios y en otras investigaciones se contemplan a ambos sexos como potenciales personas agredidas y agresoras. El aporte del panel de expertas a este campo ha sido ampliar la noción de sujetos hacia las diversas posiciones sexo-genéricas.

En cuanto a la jerarquía, la definición jurídica nacional establece explícitamente la autoridad en la relación laboral o docente ^{COIP, 2014}). Sin embargo, es necesario incluir las relaciones de poder, sin perder de vista que dichas relaciones están atravesadas por diversas interpelaciones sociales marcadas por la dominación patriarcal. Esto es, hay que considerar la interseccionalidad, es decir, la “diversidad y dispersión de las trayectorias del entrecruzamiento de las diferentes modalidades de dominación” (^{Viveros Vigoya, 2016}). Nuestra lectura de la interseccionalidad se distancia de un enfoque esencialista, universalista o de una simple sumatoria de categorías, pues, la condensación de significados y prácticas en torno al género, la etnia y la clase marcan nuestras relaciones en el día a día, y las universidades no son ajenas a éstas. Asimismo, se eligió trabajar con las diversas relaciones que se dan en las IES, tanto en el orden laboral como educativo, sin perder de vista el escalafón.

El abordaje del acoso sexual es múltiple. En unos casos tiene un carácter más amplio, y está asociado con las perspectivas feministas norteamericanas, que fueron las que por primera vez se refirieron a este tipo de acoso como prácticas que implican consecuencias negativas para las mujeres (^{Pérez Guardó, 2012}). Otras definiciones lo vinculan con tres aspectos: el acoso de género (actitudes degradantes hacia las mujeres basadas en estereotipos que aluden a las competencias y habilidades femeninas), la atención sexual no deseada (tocamientos, preguntas de índole sexual o pedidos repetidos de citas) y coerción o chantaje sexual (^{Morgan y Gruber, 2001}). Asimismo, varias autoras aluden a dos tipos de acoso: el chantaje sexual o acoso quid pro quo o de intercambio, y el acoso sexual ambiental ^{(Bosch et al., 2012}; ^{Pérez Guardó, 2012}). El panel de personas expertas aportó a la construcción de los ítems considerando de forma simultánea: el contenido, el efecto, la frecuencia, el fin, el contexto y el modo.

En el proceso de validación de contenidos se enfatizó en lo que Pérez Guardó ha denominado la percepción de la persona acosada. En palabras de la autora:

En todas las definiciones de acoso sexual laboral se aborda el tema de qué supone dicha conducta sexual para la persona acosada y cómo la recibe o se posiciona frente a ella. Los calificativos al respecto son numerosos y diferentes: indeseada, ofensiva, irrazonable, inaceptada o no buscada. Aunque estos son calificativos para las conductas, los consideramos en un apartado diferente porque son fruto de la percepción de que ellas tiene la persona acosada. Es decir, una conducta determinada no es ofensiva intrínsecamente, lo es en la medida que genera molestia para quien la recibe. Posiblemente este sea uno de los criterios más importantes para delimitar el fenómeno (^{Pérez Guardo, 2012, p. 10}).

Otra cuestión clave al momento de delimitar el problema fue el lugar donde ocurre. En la bibliografía revisada se alude escasamente a esta cuestión. Se incluyó en el instrumento el lugar donde ocurrió la situación.

Partir de las experiencias vividas en las IES enriqueció el trabajo de delimitación del fenómeno, atribuyendo al concepto acoso sexual categorías que lo caracterizan con el fin de elaborar un constructo operativo y medible. Se pudo delimitar el fenómeno gracias a los debates y estudios realizados en otros contextos, pero aterrizándolo en prácticas medibles acorde a las especificidades de cada universidad.

La variedad de abordajes conceptuales del acoso sexual complejiza la posibilidad de reconocerlo, detectarlo, medirlo y establecer políticas para su erradicación. Esta investigación sorteó esta dificultad precisando sus confines, pues se seleccionaron los elementos que por medio de la discusión y a través consenso entre las expertas (mayor a 70%) fueron apuntados como pertinentes, relevantes, representativos y específicos. De igual modo, se diferenció el acoso de otros comportamientos. La existencia de un planteamiento común entre las personas expertas favoreció contar con los indicadores para la medición lo que permitirá la obtención de cifras que no sean dispares y comparar los resultados.

Es fundamental la delimitación del abordaje en clave feminista, lo que implica partir de la comprensión del acoso sexual como una expresión de las relaciones de poder en las que se ponen en juego configuraciones vinculadas al género, la etnia, la clase social, las orientaciones sexuales, etc. Este es un aporte al campo para otras latitudes.

Concluimos que la elaboración de instrumentos a través de los paneles de experticia permite que los contenidos de los instrumentos se desarrollen acorde con las realidades locales, nacionales y regionales particulares. Consideramos que la articulación entre expertas pertenecientes a diversas universidades fue enriquecedora para el tema de esta investigación, y que los procesos de validación mediante parámetros de coherencia conceptual y rigurosidad metodológica requieren de un compromiso social e institucional de las participantes.