Territorio, territorialidad y territorialización

^Sack(1986) define el territorio como un “área de acceso controlado”. En él se presentan “relaciones de poder relativamente homogéneas” (^{Haesbaert 2011}, 66). El control del acceso a un área y el establecimiento de relaciones de poder son útiles tanto para “sacar provecho de sus recursos [del territorio]como para controlar los flujos, especialmente, de personas y bienes” (Haesbaert 2011, 66). Acorde con estadefinición, es importante comprender por parte de quién es controlado el territorio y qué provecho se obtiene.

En el caso del narcomenudeo, el recurso es el espacio usado para la venta de drogas. Aunque a diferentes niveles e intensidades puede existir una connivencia ciudadanía-criminalidad, en muchos casos el espacioes expropiado a la población local por parte de los miembros de los grupos criminales. En otras palabras, el narcomenudeo produce “relaciones malévolas” (^{Sack 1983}, 58),¹ en las que los grupos criminales se benefician del control ejercido sobre el territorio, a expensas de la mayoría de los residentes. Para ^{Lessing (2011}, 80), a diferencia de la producción, que genera superávit, “la expropiación solo transfiere recursos existentes de una persona a otra”. Así, la imposición de la venta de drogas por los miembros de las bandas criminales puede ser considerada una forma de expropiacióndel espacio,lo que impide la creación deformas de producción que podrían generar ganancias a los residentes que no se involucran en la actividad de narcomenudeo. Esto sucede en mayor medida cuando el narcomenudeo pone en práctica formas de interacción depredadoras con las comunidades (^{Rodgersy Baird 2016}). Además, a causa de la violencia que la caracteriza, dicha actividad puede disminuir el goce del espacio por el resto de la población.

Es necesario subrayar que existen diferentes tipologías de gruposque pueden llevar a cabo formas de control territorial. Según ^{Cunjama López y García Huitrón (2014}), en la economía criminal,una de las formas a través de las cuales el espacio puede asumir la función de territorio es cuando su apropiación y defensa generan ganancias gracias a la producción o la distribución de drogas ilícitas. Este artículo se focaliza en los grupos dedicados al narcomenudeo, que ejercen formas de control territorial en barrios ubicados en zonas urbanas de América Latina.

A continuación, se tratará el narcomenudeo como un fenómeno unitario.Sin embargo, es necesario aclarar que es desarrollado por personas querealizan diferentes funciones y poseen un grado distinto en la cadena de mando. Por ejemplo, en los barrios urbano-marginalizados de Costa Rica, los grupos se dividen en personas líderes, contadoras, operacionales (encargadas de la seguridad y de los ataques contra grupos enemigos), “robots” (encargadas de la venta directa)y supervisoras (encargadas de vigilar la venta de drogas)(^{Saborío 2019}). A estas categoríasse suman los“campaneros” (como son llamadosen el contexto colombiano), los cuales tienen la tarea de vigilar y advertir sobre la presencia de sujetos externos que representan una amenaza a la actividad criminal de los grupos a los cuales pertenecen (Cortés, Parra y Durán 2012;Ordóñez Valverde 2017).

El aporte teórico de ^{Sack (1983}, 1986) permite delimitar el concepto de territorio y obliga a comprender: A) la utilidad que el control de este puede tener para los grupos criminales, B)cuáles son los recursos que generan provecho, C)quiénes son los sujetos bajo control y D) cuáles, y de qué tipo, son las relaciones de poder que se generan como consecuencia del narcomenudeo.

Las bandas criminales pueden controlar el acceso al área en la que se posicionanconguardias armadas, las cuales se desplazan también en sus alrededores, principalmente cerca de los puntos de venta de drogas (^{Arias 2017}; ^{Saborío 2017}), manteniendo de esa manera bajo control el flujo de personas. Como se profundizará más adelante, las personas controladas por las bandas del narcomenudeo pueden ser los miembros de grupos criminales rivales y de la policía,contra los cuales se defiende el territorio en caso de invasiones;los miembros del mismo grupo criminal, contra los cuales pueden surgir conflictos internos;o los miembros de la comunidad, que pueden representar un obstáculo o un apoyo a sus actividades delictivas. La extensión de losterritorios, que en América Latina se encuentranbajo control de sujetos dedicados a la venta de drogas en pequeña escala,tiene que ser medida caso por caso. Como subraya ^{Lessing (2008}),esta puede estar limitada a pequeños espacios dentro de barrios o puede comprender la totalidad de estos. Verificar la capacidad de los narcomenudeantes de controlar los accesos a determinadas áreas geográficas,su extensión y el flujo de personas en su interior (miembros de bandas rivales, policías y población local) aporta elementos fundamentales para comprender el nivel de control territorial que tales grupos efectivamente ejercen.

^Sack(1983, 55) diferencia el concepto de territorio de aquel de territorialidad. Para el autor,la territorialidad humana o simplemente territorialidad, es “el intento de afectar, influenciar o controlar acciones e interacciones (de personas, cosas y relaciones) mediante la delimitación y el control sobre un área geográfica. La actividad de control y gestión del territorio que permite y facilita la “compra-venta y el consumo de estupefacientes” (Cortés y Parra 2011, 39)puede ser entendida como la territorialidad del narcomenudeo. El área geográfica controlada se vuelve territorio y recurso de este. La definición de Sack(1983)permite identificar los objetivos de los grupos criminales que realizan formas de control territorial. El control del territorio protege a los consumidores y vendedores de la represión policial y de ataques de grupos rivales (^{Lessing 2008}), y permite que los miembros de los grupos criminales ejerzan una influencia directa en las esferas políticas y económicas de los barrios en los que se establecen (^{Raffo López y Gómez Calderón 2017}; ^{Arias 2017}). Ambos elementos tienen la función de facilitar la finalidad última de permitir el narcomenudeo, es decir, de generar ganancias a través de la venta de drogas a escala microlocal.

El artículo analiza el control territorial que tiene como objetivo el narcomenudeo, lo que no significa que los grupos que se dedican a ello se limitan a sacar provecho del control territorial únicamente a través de este. Por ejemplo, puede suceder que se especialicen también en la extorsión a residentes y dueños de negocios, la venta de armas, la venta ilegal de servicios legales como agua, luz, gas, televisión por cable y transportes públicos y la inversión del dinero del narcomenudeo en establecimientos comerciales legales (^{Moncada 2016}; ^{Lessing 2008}; ^{Arias 2017}; ^{Savenije y van der Borgh 2004}; Ordóñez Valverde 2017; ^{Rodgers y Baird 2016}; ^{Berg y Carranza 2018}; Cortés, Parra y Durán 2012).

De acuerdo con^{Sack (1986}), la territorialización es la estrategia que se lleva a cabo para controlar los recursos de una determinada área o, en otras palabras, la creación e implementación de un “sistema de control de los recursos” (^{Rasmussen y Lund 2018}, 388) capaz de establecer nuevas formas deautoridad.En contextos de narcomenudeo,el barrio se transforma en un “territorio de la estrategia” (Ordóñez Valverde 2017, 117) en el quela contraposición entre grupos criminales, y entre estos y el Estado,puede generarnuevas autoridades a escala microlocal. Como dirían ^{Gutiérrez Rivera (2012}), la estrategia de las pandillas determina su capacidad de controlar el territorio.Rasmussen y Lund (2018, 393) recuerdan que la territorializaciónrequiere

el establecimiento de una administración territorial, de la institución de un sistema legal y con éste la creación de sujetos de derecho y leyes de propiedad, establecer límites y mapear espacios y, de manera crucial, asegurar la capacidad de aplicar todos y cada uno de estos puntos con la fuerza, si necesario.

Según lo presentado hasta el momento, para que en el narcomenudeo exista control territorial, es necesario que exista un territorio, entendido como un espacio con recursos explotables (en este caso es un recurso inmaterial, es decir, la posibilidad de vender drogas) donde se llevaron a cabo procesos de territorialización (ideación y puesta en práctica de una estrategia capaz de generar nuevas formas de autoridad local, con el fin de vender drogas), que producen una territorialidad (laautoridad efectiva y practicada de un grupo que vende drogas). A la luz de la teorización de ^Sack(1983, 1986) y de su uso reciente, en las próximas secciones se desarrollarán los indicadores propuestos en la introducción. Se señala qué elementos conforman el control territorial ycuáles son las prácticas que los miembros de tales grupos llevan a cabo para realizarlo. De esa manera,se brinda una base útil para futuras investigaciones sobre el tema, las cuales podrán comprobar la presencia o ausencia de cada uno de estos elementos en diferentes contextos socialespara poder determinar si (y hasta qué punto) se puede hablarde control territorial al momento de describir el dominio ejercido por las bandas del narcomenudeo.

Violencia

La violencia es un elemento intrínsecode cada proceso de territorialización,dado que su objetivo es la creación y recreación de nuevas formas de autoridad que buscan desplazar a aquellas ya existentes (^{Rasmusseny Lund 2018}). La territorialización del narcomenudeo no es diferente. Si se considera el número de homicidios declarados y registrados, América Latina es la región con más violencia letal del mundo (^{Moncada 2016}; ^{Córdova 2017}). El dato es importante porque la violencia en la región tiene como protagonistas a grupos criminales que se dedican ala venta de drogas(^{Arias 2017}; Córdova 2017; ^{Lessing 2011}; Ordóñez Valverde 2017; ^{Cunjama López y García Huitrón 2014}; ^{Vilalta Perdomo 2009}; ^{Bergy Carranza 2018}). Según ^{Valenzuela Aguilera y Ortega Breña (2013}, 21),“la violencia en América Latina se ha vuelto territorial por naturaleza”. Esa es una de las razones principales que hacen necesariocomprender con mayor precisión el fenómeno del control territorial.

Para ^{De León Beltrán y Garzón (2014}, 5), el narcomenudeo es “una economía criminal con un importante componente territorial”, que permite la creación de zonas urbanas dedicadas a la reproducción de esta y otras actividades ilegales. En muchos casos, el objetivo de los grupos criminales no es la simple venta de drogas, sino el monopolio de estas (^{Lessing 2008}). Para alcanzarlo, tienen que proteger el territorio de eventuales ataques de bandas enemigas. Laterritorialización es el producto de la competencia entre diferentes actores y grupos sociales, los cuales reivindican el control sobre un determinado territorio (^{Rasmusseny Lund 2018}). La competencia entre agrupaciones rivales por el monopolio del narcomenudeo no siempre genera conflictos violentos (^{Bergy Carranza 2018}). Las llamadas “guerras territoriales” (^{Rodgersy Baird 2016}) se dan principalmente cuando un grupo intenta invadir el territorio donde otro ejerce el monopolio de la venta de drogas (Lessing 2008). Pueden llevarse a cabo a través del uso de armas de fuego de pequeño o gran calibre (^{Kooningsy Veenstra 2007}) y mediante “acciones dirigidas” como asesinatos mirados (sicariato) y secuestros (como sucedía hace una década en Colombia),o bajo la forma de combates abiertos, modalidad que caracteriza el caso de las guerras urbanas relacionadas con la venta de droga en pequeña escalaen la ciudad brasileña de Río de Janeiro (Lessing2011).

Los conflictos armados se pueden dar también entre las bandas del narcomenudeo y las fuerzas de policía, cuando las segundas intentan ingresar en los territorios controlados por las primeras para efectuar arrestos o confiscar armas y drogas (^{Arias 2017}), o cuando intentan retomar el control de territorios dominados por grupos criminales (^{Saborío 2017}).En otros casos, la violencia de los grupos criminales contra la policía no se limita a la defensa del territorio, sino que puede llegar a ser implementada como forma de ataque directo y calculado, como sucedió en São Paulo (Brasil), donde la agrupación denominada Primeiro Comando da Capital (PCC) llegó al punto de realizar homicidios premeditados contra agentes y atentados explosivos contra bases policiales (^{Alves 2016}; ^{Willis 2015}).

Los grupos criminales pueden emplear técnicas de combate de tipo reactivo contra la policía, caracterizadas por la invisibilidad y movilidad de sus miembros, o formas más orientadas a la confrontación directa,en las cuales la presencia consistente de criminales armados es más visible (^{Lessing 2008}). El primer caso se caracteriza por el uso de armas de pequeño calibre, mientras que en el segundo las bandas pueden llegar a usar armas de guerra.En Río de Janeiro, las facciones criminales posicionadas en las favelas de la ciudad poseen en muchos casos “fusiles de asalto, ametralladoras, bazucas, [y] granadas” (^{Ricotta 2017}, 66). El calibre de las armas que poseen los grupos del narcomenudeo puede hacer la diferencia en el caso de que se vean amenazados por rivales que cuentan con un alto potencial de fuego, como la policía, las fuerzas militares y otras facciones criminales. Esto implica que una mayor presencia, cantidady visibilidad de criminales armados, en particular con armas de elevada capacidad de fuego,es uno de los elementos de peso mayor para el control y la defensa del territorio.

Se puede afirmar que, en contextos de narcomenudeo, la violencia “determina los espacios de control y usufructo del territorio” (^{Raffo López y Gómez Calderón 2017}, 231). Por tanto, las bandas la usan de forma sistemática (^{Doyle 2016}). Su presencia en un determinado territorio urbano es violenta por sí misma, en cuanto se garantizaen parte mediante el uso y la amenaza de la violencia. Sin embargo, a diferencia de lo quepodría pensarse, las bandas no siempre generan mayores niveles de violencia. Como demuestra el caso de Brasil, no todas las facciones criminales del narcomenudeo consiguen controlar de la misma manera los lugares en los cuales están posicionadas (^{Wolff 2015}). El control depende, en gran medida, de los recursos que estos grupos tengan a disposición para afrontar conflictos armados (Raffo López y Gómez Calderón 2017).

Ha sido demostrado que el nivel de violencia en un territorio está directamente relacionado con la capacidad de las facciones criminales de monopolizar el control de los territorios en los cuales se llevan a cabo los comercios ilícitos (^{Moncada 2016}). Esto significa que, donde los grupos criminales alcanzan un mayor control territorial, el nivel de violencia será menor debido al hecho de que esta pasa a ser usada de manera selectiva, mirada y simbólica (^{Arias 2017}; ^{Wolff 2015}). El caso ya mencionado del Primero Comando da Capital (PCC) es paradigmático al respecto. ^{Willis (2015}) mostró que el monopolio de dicho grupo en el control de los barrios carentes de São Paulo conllevóuna drástica disminución de los homicidios en esas localidades. Resultados parecidos han sido registrados también fuera de América Latina. Por ejemplo, en la ciudad estadounidense de Camden, Nueva Jersey, se pudo observar que los territorios de venta de drogas que son controlados por una sola banda poseen niveles mucho menores de violencia respecto a aquellos donde se cuentan dos o más grupos (^{Taniguchi, Ratcliffey Taylor 2011}). Para Arias (2017), el monopolio del control territorial reduce el nivel de violencia no solo porque disminuye los conflictos entre bandas, sino también porque permite a los criminales mantener bajo control la violencia interpersonal entre los residentes, y brinda la posibilidad de tejer relaciones ilícitas con las instituciones políticas y las fuerzas de policía, reduciendo la represión por parte del Estado. Las mismas investigaciones demuestran que, por el contrario, la multiplicidad de actores criminales en un mismo territorio genera mayores niveles de violencia, sea entre ellos mismos o entre las personas que ahí residen.

Policías y bandas rivales no son los únicos destinatarios de la violencia de los grupos criminales. En Brasil en algunos casos estos han llegado a ordenar el cierre del comercio y del transporte público fuera de los barrios que controlan, como forma de protesta contra la represión policial (^{Alves 2016}). Según ^{Bruneau (2014}, 165), las pandillas centroamericanas son una amenaza a la seguridad de los residentes de los barrios vulnerables que controlan, los cuales se vuelven las principales víctimas de robos, extorsiones y homicidios. En la misma línea, ^{Savenije y van der Borgh (2004}) afirman que las maras salvadoreñas recurren al uso y la amenaza de la violencia contra los residentes de los barrios carentes, para asegurarse de que estos no los delaten con la policía. En general, la violencia es el medio a través del cual las bandas controlana la población que se opone activamente aellas,y sirve como instrumento de disuasión hacia las personas que no se posicionan ni a su favor ni en su contra para que, en otro momento, no se vuelvan una amenaza(Cortés, Parra y Durán 2012). La investigación de ^{Arias (2017})en Colombia, Brasil y Jamaica prueba que los miembros de los grupos armados pueden llegar al punto de robar tierras y casas de los ciudadanos. La libre circulación de las personas también puede verse afectada. En Honduras, las pandillas deciden quién puede o no entrar en sus territorios (^{Von Santos 2016}). En el Salvador algunos grupos imponen un peaje a la población local para entrar en sus propios barrios (Savenijey van der Borgh 2004). Ordóñez Valverde (2017) afirma que, por estas razones, las calles de algunos barrios de la ciudad colombiana de Cali ya no pueden ser consideradas espacio público.

Influencia en la comunidad local

La incapacidad y falta de voluntad de los Estados latinoamericanos de incluir a la totalidad de la población en un sistema de garantías socialesy de suministro de servicios básicos genera un distanciamiento entre losbarrios marginalizados y el resto de los territorios urbanos. Dicho distanciamiento es ulteriormente exacerbado por la presencia de los grupos del narcomenudeo, los cuales favorecen y potencian la creación de “fronteras invisibles”(ACAPS 2014). Estas remiten a los procesos de territorialización, en los cuales la creación de fronteras es unaclara señal de la producción de nuevas autoridades y, en consecuencia, de nuevos territorios en los cuales determinados recursos son detectados y pasan a ser extraídos y comercializados (^{Rasmusseny Lund 2018}). Dada la voluntad de extraer ganancias a través del uso del espacio para la venta de drogas, los grupos criminales no pueden emplear la violencia de forma indiscriminada contra los residentes.

En la mayor parte de los casos,ello generaría relaciones conflictuales que, potencialmente, representan un obstáculo para dichos negocios. Como señala Ordóñez Valverde (2017, 120), para las bandas del narcomenudeo, la violencia es utilitaria y responde al “régimen de la productividad”. Por lo tanto, quienes se dedican a la actividad y quieren ejercer el control en un territorio, tienen que producir formas de gobernación basadas en un sistema legal paralelo al del Estado. Dicho de otro modo, para controlar un territorio no es suficiente enunciar su delimitación, sino también administrarlo a través de un sistema de “leyes”que se puedan hacer respetar y cumplir. De lo contrario, y segúnla contribución teórica de ^{Weber (2011}) sobre el Estado, el uso de la fuerza y la legitimidad, la simple intimidación e imposición de la fuerza no garantizan la adecuación de las conductas de los sujetos a las necesidades del narcomenudeo. En cambio, denotanla incapacidad de ejercitar autoridad y, por ende, de controlar un territorio.

Se podría objetar que las personas ya están sometidas a las leyes del Estado, pero los gobiernos no son los únicos que poseen una autoridad efectiva sobre el manejo tanto de estas como de los recursos (^{Rasmusseny Lund 2018}). En muchos casos, en los contextos de exclusión social en América Latina se da una superposición entre diferentes sistemas jurídicos. Algunos autores consideran que se lleva a cabo una sustitución del orden legal del Estado por el de los grupos criminales (^{De León Beltrán y Garzón 2014}). Sin embargo, es necesario reconocer que, en realidad,la sustitución del sistema legal oficial no es total. Por ejemplo, en las localidades en cuestión los ciudadanos respetan muchas de las leyes del Estado, el cual además no está completamente ausente. Su presencia es evidente cada vez que representantes de las instituciones públicas cumplen sus funciones en esos territorios. El problema radica en que esto no sucede de la manera que debería ser; la presencia del Estado se vuelve discontinua y mucho menor respecto a las necesidades de las personas. En Río de Janeiro,el “desinterés del Estado a hacer respetar su propia legislación dentro de las favelas y a reglamentar la vida de sus residentes, permitió que dentro de éstas se desarrollara una forma jurídica diferente de la oficial”(^{Saborío 2014}, 174). En esos contextos, primero las asociaciones de residentes y luegolas facciones criminales del narcomenudeo crearon sistemas legales entendidos según la definición de derecho brindada porBoaventura de Sousa Santos (1988, 72) como un:

Conjunto de procesos reguladores y de principios normativos, considerados como justiciables por parte de un grupo, que contribuyen a la creación y a la prevención de contiendas y a una solución de estas a través de un discurso argumentativo, de amplitud variable, apoyado o no por la fuerza organizada.

Actualmente, en muchas de las favelas de Río de Janeiro se da una situación de pluralismo jurídico, es decir, coexisten dentro del mismo territorio “órdenes legales que no pertenecen al mismo sistema”(EngleMerry 1988, 871). Lo mismo sucede en otras ciudades latinoamericanas (^{Rodgersy Baird 2016}), dondegrupos criminalesllevan a cabo un control social capaz de moldear los comportamientos de las personas a través de la creación de códigos de conducta (^{Valenzuela Aguilera y Ortega Breña 2013}). Para ^{Pérez Sáinz, Alas Velado y Montoya Hernández (2018}), en las colonias de Soyapango, en el Salvador,ese código territorial está conformado por normas no escritas que son conocidas por los residentes y a las cuales se adecúan a través de estrategias que les permiten no incurrir en castigos. En algunos casos, resulta difícil comprender la utilidadde ciertos códigos de conducta impuestos por estos grupos. Por ejemplo, cuando en ciertas favelas de Río de Janeiro prohíben la utilización de prendas del color que representa a las bandas rivales (^{Machado da Silva 2008}; ^{Lessing 2008}).Sin embargo, en la mayoría de los casos es claro que su sistema jurídico tiene la función de permitir que en los territorios controlados se lleve a cabo la actividad de narcomenudeo de manera proficua y segura para los miembros de los grupos criminales. Eso significa también que las normas sirven para mantener la violencia interpersonal en la comunidad bajo control; para impedirque “se caliente la plaza”,es decir, que se llame la atención de las fuerzas de policía y así evitar sus operativos (^{OrdóñezValverde 2017}; Lessing 2008; 2011; ^{KooningsyVeenstra 2007}).

En contextos de control territorial del narcomenudeo, el Estado deja de tener lo que Max Weber considera su razón de existencia: el monopolio de la violencia legítima. En muchas de las áreas urbanas carentes de América Latina, la legitimidad del Estado y, en consecuencia, la acción coercitiva de su brazo armado, disminuyen a razón de la exclusión social que las caracteriza (^{KooningsyKruijt 2004}), y de la incapacidad y falta de voluntad de la policía de proteger a las personas ante la criminalidad y la violencia (^{Córdova 2017}).

La lucha por la legitimidad es una lucha de territorialización (^{Rasmusseny Lund 2018}). Para que el narcomenudeo compita con el Estado en ese ámbito, los habitantes de las comunidades locales no deben percibir como una mera imposición el sistema normativo de las bandasy los castigos que resultan de sus transgresiones. Por el contrario, tienen que estar convencidos de que quienes los ponen en práctica lo hacen de manera legítima, entendiendo la legitimidad como“la capacidad de un sistema político de generar y mantener la convicción de que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas y adecuadas”(^{Córdova 2017}, 49). La interpretación de las bandas del narcomenudeo como autoridades “cuasipolíticas”(^{Bergy Carranza 2018}, 2) deriva de la constatación de que, en muchos casos, no se limitan a imponer su propia voluntad y a hacerla respetar a través de la implementación de un código de normas y un aparato coercitivo. La búsqueda de legitimad interna sirve para llevar a las comunidades locales del lado de estos grupos para que toleren y, cuando sea posible, apoyen sus actividades ilícitas (^{Kooningsy Veenstra 2007}) escondiendo en sus casas armas, drogas e individuos buscados por la policía, e informando sobre la actividad policiala las bandas (^{Lessing 2008}).

La voluntad de las bandas de conquistar la legitimidad se refleja cuando estas conceden beneficios (económicos y de otra naturaleza)a las comunidades. En Río de Janeiro, los criminales de las favelas ofrecen a la población bienes y servicios a precios reducidos en comparación con los del mercado y, en algunos casos,los brindan de forma gratuitaa los más necesitados. También llevan a cabo la mediación de conflictos entre vecinos, brindan actividades recreativas a la comunidad y suplen, a través del comercio de drogas, parte de la necesidad de los jóvenes desempleados de generar ganancias. Brindan un servicio de protección hacia los residentes,prohibiendo la violencia doméstica contra mujeres y niños, las violaciones, los robos y asaltos dentro de los territorios bajo su dominio, a través de normas y castigos que resultan claros y son acatados (^{Saborío 2014}). Investigaciones en otras ciudades de la región latinoamericana señalan quelos líderes de las bandas desarrollan formas de “asistencia social” y generan ingresos económicos para algunas personas de las comunidades en las que se sitúan (Cortés, Parra y Durán 2012). En muchos casos, los residentes de barrios carentes aceptan la violencia de las bandas porque los protege de la violencia de otros grupos criminales (^{RodgersyBaird 2016}; ^{Bergy Carranza 2018}), así como de la microcriminalidad causada por aquellos que tienen formas de adicción a las drogas que ellos mismos venden (^{Zamudio Angles 2013}), y de la violencia policial (^{Alves 2016}).

Conclusiones

El mercado local de las drogas ilícitas no siempre se efectúa por medio de formas de control territorial, porque no todos los responsables poseen la capacidad organizativa requerida (^{Bergy Carranza 2018}). En la Ciudad de México, en algunos casos el narcomenudeo está totalmente desvinculado del control territorial y es llevado a cabo por individuos y no por grupos criminales (^{Zamudio Angles 2013}). En la ciudad brasileña de Recife, las facciones no llegan a controlar más que una o dos calles en cada uno de los barrios en los que se sitúan y en estos no gestionan ningún aspecto de la vida cotidiana de la comunidad, como en cambio acontece en las favelas de Río de Janeiro (^{Wolff 2015}). Por ello, es necesario verificar caso por caso si se puede hablarde control territorial y, en consecuencia, de territorialidad y procesos de territorialización, cuando se analiza la actividad del narcomenudeo. En otras palabras, antes de hablar de control territorial, es necesario verificar si la autoridad de los miembros del narcomenudeo en el espacio en el que se sitúan es efectiva, lo que hace que este se transforme en territorio.

Los elementos que conforman el control territorial, los cuales fueron establecidos en este artículo,podrán usarse como indicadores en futuras investigaciones que tengan el objetivo de comprender su nivel en contextos específicos. Queda pendiente elaborar un sistema de medición que tome en consideración dichos puntos y que propicie el análisis de cada caso en función de sus particularidades. Esto permitirá obtener resultados útiles para formular tipologías y modelos de control territorial por similitud y diferencia entre los distintos contextos analizados, según la ausencia, presencia e intensidad de los elementos descritos en los indicadores.

De esa manera, será posible definir si el nivel de control territorial en una localidad, por parte de los grupos del narcomenudeo, es alto, bajo o inexistente. Más específicamente, si estos grupos gozan de legitimidad interna y de qué manera la obtienen, si consiguen incidir en la vida política y asociativa local, cuán extenso es el territorio que controlan, si colaboran con la policía u otras instituciones, si cuentan con miembros armados visibles, con cuántos y con cuáles armas, si gestionan la vida local a través de la elaboración de un código de conducta respetado por los habitantes, si imponen su autoridad sobre estos a través del uso de la violencia y si entran en conflicto con la policía y otras bandas del narcomenudeo. A partir de ello, se generarán tantas tipologías de control territorial como combinaciones haya entre sus elementos, lo que permitirá basar el análisis en las características de cada contexto, del grupo que se dedica al narcomenudeo y de las relaciones de poder que se generan en el territorio.