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Introducción
La pobreza y desigualdad son fenómenos de carácter social y económico que pueden llegar a afectar a todas las personas dependiendo de su edad, su género, su etnia, sus creencias o su ubicación. La forma cómo se ha desarrollado la humanidad demuestra la persistencia inherente de la desigualdad y pobreza como una especie de engranaje a la que se ha aceptado como una parte intrínseca de la sociedad (Herrera 2020). Generalmente, se ha asociado a la pobreza con la desigualdad a través del vínculo de la condición económica (Campos 2013). Bajo este criterio, se limita el problema a la búsqueda de un bienestar monetario, en donde un individuo es considerado como pobre si no puede satisfacer sus necesidades básicas mediante la adquisición de bienes y servicios.
Sin embargo, asumir que la pobreza depende solamente del nivel de ingresos que percibe una persona podría resultar insuficiente en su análisis, ya que la pobreza se origina en un conjunto de situaciones y características que hacen que resulte mucho más compleja su medición. En esta línea, Sen (2000) menciona que el nivel de vida de las personas está determinado por sus capacidades y no por los bienes que posee ni por la utilidad que recibe de estos, por lo que propone considerar a la pobreza como la privación de capacidades básicas que tiene un individuo. De este modo, el enfoque de las capacidades se aparta del criterio unidimensional basado solamente en la falta de ingresos y avanza hacia una definición multidimensional de la pobreza. Así, hoy en día uno de los principales enfoques utilizados para el análisis de este problema público es la pobreza multidimensional, en el cual se considera en situación de pobreza a las personas que sufren privaciones en aspectos prioritarios de la vida, como educación, salud, vivienda, trabajo, entre otros.
La pandemia causada por el COVID-19 desató una crisis mundial y sanitaria sin precedentes, marcando un revés sustancial en los avances de la lucha contra la pobreza durante las últimas décadas. El costo social de la pandemia revirtió los avances logrados a nivel mundial en la reducción de la pobreza y empujó a casi 100 millones de personas a la pobreza extrema en 2020 (Banco Mundial 2021). En América Latina las cifras de pobreza no eran alentadoras antes de la pandemia, puesto que, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL 2021), la tasa de pobreza extrema aumentó del 7,8 al 11,3 % en el período 2014-2019 y como efecto de la pandemia, esta tasa podría haberse incrementado hasta el 12,5 % en 2020.
Al cumplirse más de dos años del inicio de la pandemia, la situación de la pobreza y desigualdad se ha recrudecido a nivel mundial, y con mayor ahínco en los países en vías de desarrollo, pese a las diversas medidas implementadas por los gobiernos para contrarrestar el avance de la enfermedad. En el ámbito local, este virus ha golpeado fuertemente al Ecuador, no solo en el ámbito sanitario, sino también en lo político, en lo económico y principalmente en lo social, ya que según datos del INEC (2021) de 2019 a 2020, la pobreza monetaria aumentó del 25 al 33 % y la pobreza multidimensional del 38,1 al 40,9 %. Resultados similares se pronosticaron en investigaciones como la de Correa-Quezada et al. (2020) y CEPAL (2020), quienes preveían que el COVID-19 generaría una caída en los ingresos económicos de los hogares que resultaría en un aumento de los niveles de pobreza.
Como se puede apreciar, la pobreza monetaria afecta a cerca de 5,6 millones de ecuatorianos y la pobreza multidimensional aproximadamente a 7 millones, lo cual evidencia la importancia de realizar investigaciones que permitan conocer los efectos del COVID-19 sobre la pobreza en Ecuador, puesto que, a partir de los resultados, se podrá conocer las áreas que requieren la aplicación de políticas públicas para contrarrestar los efectos de la pandemia. En esta línea, considerando que en Ecuador esta problemática se aborda principalmente desde la medición unidimensional (monetaria) y multidimensional, se decidió trabajar con la pobreza multidimensional, ya que la pandemia no solo afectó a los recursos económicos de la población, sino a diferentes aspectos relevantes de la vida como la salud, educación, trabajo y vivienda.
El objetivo principal de la investigación fue analizar los efectos del COVID-19 en la pobreza multidimensional en el Ecuador, para lo cual se calculó el índice de pobreza multidimensional bajo el enfoque de Alkire y Foster (2011) y la metodología desarrollada por el INEC; posteriormente, se identificaron los indicadores y las dimensiones que incidieron en mayor medida en la pobreza multidimensional.
Revisión de literatura
El estudio de la pobreza
El estudio de la pobreza desde un enfoque sociológico se remonta a inicios del siglo XVII1 y se profundiza con los aportes de Adam Smith, quien mencionaba que la pobreza se distingue en función de la riqueza disponible. No obstante, el inicio de los estudios cuantitativos de la pobreza se evidencia a finales del siglo XIX en los trabajos de Charles Booth y Seebohm Rowntree, quienes desarrollaron mapas de pobreza e intentaron medirla a través de encuestas a hogares; posteriormente se han desarrollado una gama de aportes en cuanto a la construcción de índices unidimensionales como los propuestos por Sen (1976) y Foster, Greer y Thorbecke (1984), así como los multidimensionales planteados por Bourguignon y Chakravarty (2003) y Alkire y Foster (2011).
Según Tapia, Romero y Chiriboga (2018), el concepto de pobreza se encasilla dentro de los fundamentos económicos, políticos y sociológicos, que resultan en la imposibilidad de acceder a los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas. Por lo tanto, la pobreza es reconocida como un problema a resolver, cuya definición se asocia al carácter multidimensional (Castro 2013). Esta privación de necesidades ha sido el centro de debate respecto a la forma de abordar la pobreza (Urquijo 2014), principalmente sobre la identificación de las privaciones a considerar en su estudio.
En el estudio de la pobreza se identifican diversos enfoques para su medición, así, uno de los principales y más utilizados principalmente en los países en vías de desarrollo es el enfoque monetario, en el cual se considera en pobreza a las personas cuyos recursos económicos no son suficientes para satisfacer ciertas necesidades básicas; también se aprecia el enfoque relativo, en el cual Townsend (1979) plantea que se considera en pobreza a las personas cuyos recursos se encuentran por debajo de los que percibe el individuo o la familia promedio. Investigaciones como las de Ravallion y Chen (2019) y Kulkarni y Gaiha (2021) aplican el enfoque relativo de la pobreza, analizada desde el punto de vista monetario, basándose en que la pobreza depende de la riqueza que posea un individuo en comparación con la sociedad.
Por otro lado, se encuentra el enfoque de las capacidades, propuesto por Sen (2000), quien afirma que el nivel de vida de las personas está determinado por la privación de capacidades, y no por la cantidad de bienes que posean, ni por la utilidad que reciben de estos. Por lo general, para determinar el riesgo de ser pobre se deben medir múltiples privaciones (Burchi et al. 2021), así, investigaciones como las de Batista (2019) y Chávez y Chiatchoua (2020) determinan como mejor método el enfoque de las capacidades. Otro enfoque, aplicado principalmente en América Latina, es el de las necesidades básicas insatisfechas, en el cual se considera como pobres a las personas que no pueden satisfacer ciertas necesidades. Por lo general, este enfoque se aplica a partir de información censal, por lo que, según Feres y Mancero (2001), existen cuatro necesidades básicas que se evalúan con mayor frecuencia: acceso a vivienda adecuada, acceso a servicios sanitarios adecuados, acceso a educación básica y capacidad económica.
En la actualidad, uno de los enfoques mayormente utilizados en la medición de la pobreza, es el enfoque multidimensional, en el cual se catalogan como pobres a las personas que sufren privaciones en diferentes ámbitos de la vida, principalmente relacionadas con la educación, salud, vivienda y trabajo. En esta línea se han desarrollado una variedad de índices para medir la pobreza multidimensional, como los propuestos por Bourguignon y Chakravarty (2003), Ciani et al. (2019), Alkire et al. (2022) y García-Vélez y Núñez Velázquez (2022); sin embargo, la propuesta de mayor aplicación en la actualidad es la realizada por Alkire y Foster (2011), la cual considera el enfoque de la línea de corte dual para la identificación de las personas en situación de pobreza multidimensional.
Evidencia empírica sobre los efectos del COVID-19 en la pobreza
Considerando los efectos negativos de la pandemia causada por el CO-VID-19, investigaciones como las de Alkire et al. (2021) destacan el gran desempeño en materia de reducción de desigualdades de los últimos 15 años, que se vio revertido debido a la aparición de la pandemia experimentando un retroceso potencial de 3,6 a 9 años. De manera similar, Tavares y Betti (2021) analizan el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) a nivel global y estiman que el aumento de la pandemia ha provocado una mayor tasa de mortalidad en las regiones más vulnerables. Finalmente, según Zhang y Han (2022), en Estados Unidos, tras la pandemia, los componentes del IPM se vieron más afectados en los migrantes.
A nivel latinoamericano, Salas et al. (2020), en su investigación para México, concluyen que la pandemia ha agudizado la tendencia recesiva de la economía mexicana y ha afectado de manera más grave a los trabajadores, tanto a los trabajos asalariados y con protección social como a los asalariados no protegidos. Mientras que Barraza et al. (2020), en su estudio para El Salvador, determinan que, a raíz de la pandemia por COVID-19, más del 80 % de los hogares sufren de al menos una de las seis privaciones que los posiciona como pobres multidimensionalmente. Finalmente, Henao et al. (2022), analizando el índice de pobreza multidimensional, demuestran que la mayoría de las personas no cuentan con los recursos económicos para cubrir todas las necesidades en medio de una pandemia.
A nivel nacional, el trabajo desarrollado por Correa-Quezada et al. (2020), a través del método de escenarios, realizó previsiones sobre los posibles impactos del COVID-19 en la pobreza monetaria, concluyendo que la tasa de pobreza podría incrementarse hasta en 9 puntos porcentuales, resultados que son similares a los presentados en 2021 por el INEC en Ecuador. Por su parte, Ayala, Marquínez y Vásquez (2021) determinaron, a través del análisis de las variables macroeconómicas como el empleo, PIB y desigualdad, la afectación social del COVID-19, evidenciado que la pobreza se recrudeció en el período 2010-2020, y más rápidamente en el período de pandemia.
Por su parte, Gallo, Ramírez y Aguirre (2022) determinan el impacto que ha generado el COVID-19 en la pobreza en el Ecuador, empleando el método cuantitativo obtienen como resultados que el índice de pobreza aumentó debido a la disminución del PIB, aumento de la inflación, pobreza extrema y desempleo. Además, investigaciones como la desarrollada por García-Vélez y Núñez-Velázquez (2021) evidencian que en la medición de la pobreza multidimensional existen algunas dimensiones que son más relevantes, por lo tanto, deberían tener una mayor ponderación en la construcción de índices, identificando que las políticas de vivienda como las políticas laborales son los sectores prioritarios para combatir la pobreza en Ecuador.
Metodología
Para este trabajo de investigación se emplearon datos provenientes de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) correspondiente a 2019 y 2020, levantada por el INEC. Con estos datos se calculó el IPM replicando la metodología del INEC que se basa en la propuesta de Alkire y Foster (2011); posteriormente, se calculó la contribución de cada indicador de privación al IPM, lo que permitió evidenciar los efectos del COVID-19 sobre la pobreza multidimensional, para lo cual se utilizó el software Stata con las sintaxis provistas por el INEC. La construcción del IPM bajo la metodología indicada se basó en cuatro pasos que se detallan a continuación:
Selección de dimensiones: se trabajó con las cuatro dimensiones propuestas por el INEC, las cuales se conforman por doce indicadores que miden la privación de los individuos (tabla 1).
Ponderación de dimensiones: existen diferentes métodos para ponderar las dimensiones, sin embargo, según Angulo-Salazar, Díaz y Pardo-Pinzón (2013) y Ravallion (2011), no existe un consenso sobre cuál es el mejor método, por lo cual en esta investigación se decidió trabajar con la ponderación equitativa, la cual asigna el mismo peso a cada dimensión y distribuye de manera equitativa el peso a los indicadores que componen la dimensión (tabla 1). La selección del método corresponde a que es la ponderación mayormente utilizada en la construcción de índices de pobreza multidimensional y porque da igual relevancia a todas las dimensiones.
Identificación: para la identificación de las personas que se encuentran en pobreza multidimensional, se utiliza la línea de corte dual propuesta por Alkire y Foster (2011), por lo tanto, en el IPM se considera en pobreza multidimensional a una persona cuando su hogar está privado2 en una tercera parte o más de los indicadores ponderados, es decir, en 4 o más de los 12 indicadores expuestos en la tabla 1.
Agregación: se utiliza el método propuesto por Alkire y Foster (2011), así, el IPM se obtiene de la siguiente manera:
Donde:
H representa la incidencia de la pobreza multidimensional (TPM), medida como el porcentaje de personas que se encuentran en pobreza multidimensional.
A es la intensidad de la pobreza multidimensional, esto es el porcentaje medio de los indicadores en los que los individuos están privados.
Tabla 1 Dimensiones e indicadores del IPM para Ecuador
| Dimensión | Pesos | Indicador | Descripción |
|---|---|---|---|
| Educación 25 % | 8,3 % | Inasistencia a educación básica y bachillerato | Niños y niñas entre 5 a 14 años que no asisten a un centro de educación básica y también los jóvenes entre 15 a 17 años que no asisten al bachillerato. |
| 8,3 % | No acceso a educación superior por razones económicas | Jóvenes entre 18 y 29 años que, habiendo terminado el bachillerato, no pueden acceder a un centro de educación superior de tercer nivel. | |
| 8,3 % | Logro educativo incompleto | Personas entre 18 a 64 años, que no hayan terminado la educación básica. | |
| Trabajo y seguridad social 25 % | 8,3 % | Empleo infantil y adolescente | Niños y niñas entre 5 a 14 años que estén ocupados en la semana. Para adolescentes entre 15 a 17 años reciben una remuneración inferior al Salario Básico Unificado, no asisten a clases o trabajan más de 30 horas. |
| 8,3 % | Desempleo o empleo inadecuado | Personas de 18 años o más que, en el período de referencia, estuvieron desocupadas o tuvieron empleo inadecuado. | |
| 8,3 % | No contribución al sistema de pensiones | Personas de 15 años o más, que no aportan a ningún tipo de seguridad social; excluyendo de la privación a personas ocupadas de 65 años y más. | |
| Salud, agua y alimentación 25 % | 12,5 % | Pobreza extrema por ingresos | Personas cuyo ingreso per cápita familiar es inferior al de la línea de pobreza extrema. |
| 12,5 % | Sin servicio de agua por red pública | Miembros de las viviendas que obtienen el agua por un medio distinto al de la red pública. | |
| Hábitat vivienda y ambiente sano 25 % | 6,25 % | Hacinamiento | Personas que se encuentran en condición de hacinamiento. |
| 6,25 % | Déficit habitacional | Personas cuya vivienda, debido a los materiales o estado de sus paredes, piso y techo, son consideradas en déficit cualitativo o cuantitativo. | |
| 6,25 % | Sin saneamiento de excretas | Personas cuya vivienda no cuenta con servicio higiénico conectado a alcantarillado. En el área rural, personas que no cuenten con pozo séptico. | |
| 6,25 % | Sin servicio de recolección de basura | Personas cuyas viviendas no cuentan con acceso al servicio municipal de recolección de basura. |
Fuente: INEC (2021).
Según Castillo y Jácome (2015), una de las principales ventajas del IPM es que cumple con ciertas características axiomáticas deseables, una de ellas es que puede descomponerse, es decir, calcular la contribución de cada indicador al índice final. Esta propiedad axiomática es la que se utilizó para identificar los efectos de esta enfermedad sobre la pobreza multidimensional, ya que se calculó la contribución absoluta de cada uno de los doce indicadores de privación al IPM, lo que permitió evidenciar las privaciones que sufrieron mayor afectación por el COVID-19 y que, por lo tanto, contribuyeron en mayor medida al aumento de la pobreza multidimensional del Ecuador (figura 3). Según Dagum (2002), la propiedad de la descomposición que tienen este tipo de índices permite que los hacedores de política identifiquen las causas principales de la pobreza y planteen medidas para combatirla.
Evolución de la pobreza multidimensional en Ecuador
Los resultados presentados en la figura 1 demuestran que el IPM a nivel nacional presentó una reducción importante de 10,3 puntos porcentuales (pp) en el período 2009-2016. De igual manera, esta reducción se evidenció a nivel urbano y rural, con una disminución de 6,3 y 16,9 pp, respectivamente. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado en los últimos años, ya que en el período comprendido entre 2017 a 2020, el IPM nacional se incrementó en 2,1 pp, así como también en el sector urbano con un aumento de 1,8 pp, mientras que para el sector rural no se evidencian cambios significativos. Esta misma tendencia se evidencia para la Tasa de Pobreza Multidimensional (TPM), ya que en el período 2009-2016 la TPM a nivel nacional disminuyó 16,4 pp. No obstante, a partir de 2017 se evidencia el incremento de la pobreza multidimensional a nivel nacional, tanto en el área urbana como en la rural.
Como se puede apreciar, a partir de 2009 se evidencia una reducción significativa de los niveles de pobreza multidimensional en el país, lo que, según Ordoñez e Iñaguazo (2020), se puede atribuir al fortalecimiento de las medidas de protección social llevadas a cabo por el gobierno de turno. La aplicación de dichas políticas sociales fue factible en gran parte gracias al crecimiento económico del país que fue en promedio de 4,4 % en el período 2009-2014. Sin embargo, problemas externos que sufrió el país, como la apreciación del dólar y la caída de los precios de petróleo, afectaron a la economía ecuatoriana, lo que se vio reflejado en el aumento de la pobreza y que se profundizó para 2020 por los efectos de la pandemia, llegando a una tasa del 40,2 %, valor cercano al presentado en 2011, por lo que se podría hablar de un retroceso de aproximadamente una década en el combate a la pobreza multidimensional en Ecuador.
De 2019 a 2020, producto de la pandemia, se genera un aumento de la pobreza multidimensional en el territorio nacional (ver figura 1), lo que se corrobora con los resultados reportados por García y Almeida (2021), quienes mencionan que, según sus perspectivas, la tasa de pobreza se incrementaría al menos en 10 puntos. Dichas previsiones también fueron contrastadas por el INEC (2022), ya que en sus estadísticas de pobreza para diciembre de 2021 reflejan que la pobreza multidimensional a nivel nacional fue de 39,2 %, en el área urbana 24,3 % y en el área rural 70,7 %. Evidenciándose que las zonas rurales son de las más afectadas producto de esta pandemia, ya que el acceso a salud y educación resulta más complejo ante la falta de recursos económicos propia de estos sectores.
Fuente: adaptado de INEC (2021)
Figura 1 Evolución de la tasa y el índice de pobreza multidimensional
Efectos del COVID-19 en la pobreza multidimensional
En diciembre de 2019, en Wuhan empezó un nuevo brote de una enfermedad respiratoria contagiosa, la cual se identificó como SARS-CoV-2, esta mostró una rápida propagación al trasmitirse principalmente mediante tos, estornudo o el contacto directo (Guiñez 2020). La enfermedad fue declarada oficialmente por la OMS como pandemia global. En la figura 2 se puede observar la curva de contagios ocurridos en Ecuador desde febrero de 2020 hasta julio de 2022.
La pandemia por COVID-19, al igual que en otros países de la región latinoamericana, ha golpeado fuertemente al Ecuador, no solo en el ámbito sanitario, sino también en lo social, en lo económico y en lo político. La evolución de casos registrados demuestra que estos empiezan a ser más altos a partir del décimo día de la declaratoria oficial del primer caso positivo (Ruiz y León 2020). Desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021, Ecuador alcanzó tasas de mortalidad sobre la media mundial debido al poco cuidado, irresponsabilidad y poca afluencia para aplicarse las vacunas en contra el COVID-19 (Parra y Carrera 2020).
Al analizar los resultados, se observa que el COVID-19 provocó un aumento de 1,11 puntos en el IPM, ya que este índice pasó de 19 a 20,11 puntos de 2019 a2020 (figura 1). Por consiguiente, para la identificación de los efectos del COVID-19 sobre la pobreza multidimensional se analizó la contribución absoluta que tiene cada indicador al IPM, así como la sumatoria de los valores de todos los indicadores de cada año representan el valor del índice final.
Al analizar la contribución absoluta, se comprobó que solamente cinco de los doce indicadores que conforman el IPM explican alrededor del 70 % del índice para 2020, es decir, son los que contribuyen en mayor medida para que existan altos niveles de pobreza multidimensional en Ecuador, estos son: desempleo o empleo inadecuado, logro educativo incompleto, no contribución al sistema de pensiones, vivienda sin acceso al servicio de agua por red pública y déficit habitacional. Siendo el indicador de desempleo o empleo inadecuado el que más contribuye al IPM (figura 3).
Nota: La sumatona de los valores de todos los indicadores de cada año da como resultado el IPM, esto es un IPM de 19 para 2019 y de 20,11 para 2020.
Elaboración propia
Figura 3 Contribución absoluta al índice de pobreza multidimensional (IPM) en el Ecuador
Al comparar la contribución de los indicadores al IPM entre 2019 y 2020, se evidencia que los mayores efectos del COVID-19 se dan en las dimensiones de trabajo y seguridad social, y salud, agua y alimentación, puesto que, para 2020 tres indicadores de estas dos dimensiones aumentan su contribución absoluta al IPM, estos son: pobreza extrema por ingresos que aumenta en 0,66 puntos; no contribución al sistema de pensiones con un incremento de 0,24; y desempleo o empleo inadecuado con un aumento de 0,20 puntos, por lo cual, se puede determinar que los efectos del COVID-19 se dieron principalmente sobre las condiciones laborales y, por ende, a los ingresos económicos de la población.
El mayor efecto de la pandemia se muestra en el indicador de pobreza extrema por ingresos, ya que la actividad económica del país se paralizó casi en su totalidad, sumado a la ya difícil situación macroeconómica que el país venía atravesando desde 2016. El gasto público, si bien ayudó a solventar parte de las afectaciones mediante las transferencias monetarias no condicionadas a los grupos más desfavorecidos, no logró contrarrestar los efectos del COVID-19, puesto que la pobreza extrema pasó del 6,1 % en 2019 al 10,5 % en 2020, es decir, aproximadamente 770 000 personas cayeron en situación de pobreza extrema por causa de la pandemia.
Los resultados expuestos concuerdan con los obtenidos por Ayala, Marquínez y Vásquez (2021) quienes confirman que, en el país, el índice de pobreza aumentó en 2,3 pp de 2019 a 2020 debido a una caída del 9 % en el crecimiento económico. De manera similar, Gallo, Ramírez y Aguirre (2022) destacan que en el Ecuador la pobreza y pobreza extrema aumentaría producto de una disminución del desempleo y los ingresos en un 5 %. Lo cual afecta en mayor magnitud a los hogares de menores ingresos, generalmente ubicados en las periferias, quienes ya sufren la informalidad del trabajo diario para hallar un sustento, la falta de respeto a sus derechos, el difícil acceso a alimentación y vivienda digna (Cajas-Guijarro 2021). Vale mencionar que las medidas de recuperación económica aplicadas por el gobierno como los préstamos quirografarios, la canasta solidaria de alimentos, el bono de protección familiar emergente y lo dispuesto por la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, aún no han generado los resultados esperados para una recuperación sustancial en el corto y mediano plazo.
El desempleo es otro de los indicadores que mayormente explican el aumento del índice de pobreza multidimensional. Según Correa-Quezada et al. (2020) tras la arremetida del COVID-19 una de las repercusiones que a corto plazo se apreció, fue la pérdida de empleos, sobre todo en el sector informal. Como prueba de ello, muchas empresas a nivel nacional han reducido la demanda de empleados ante la disminución de la actividad económica, así lo evidencia el reporte del IESS que muestra una disminución de 278 540 afiliados contributivos de marzo a julio del 2020. Los estragos del COVID-19 significarían la pérdida de ingresos del 5 % en la población económicamente activa, por lo que la pobreza podría seguir aumentando a medida que no se contrarresten los efectos de la pandemia (Ponce et al. 2020).
Cabe destacar que los grupos mayormente afectados por el desempleo fueron los jóvenes, adultos mayores y las mujeres. Según lo indican Mejia et al. (2021), el aumento del desempleo femenino y juvenil sobrepasa los 10 puntos porcentuales a comparación del período anterior a la pandemia. Además, a raíz del aumento del desempleo, la contribución al sistema de pensiones del IESS se vio afectada, ya que el número de personas que dejaron de aportar durante el período de pandemia se incrementó en un 3 %. Resultados que son similares a los hallados por la OIT (2022), quienes destacan que la reducción en el empleo formal tuvo afectaciones en la seguridad social, ya que durante el inicio de la pandemia hasta la actualidad se registró una caída del 8,6%.
Como consecuencia indirecta del desempleo y la pobreza, se ven afectadas otras necesidades como el acceso a servicios de salud y de saneamiento de calidad. Puesto que la marginalidad en la que habitan ciertos grupos desfavorecidos se presta para que, ante una disminución de sus ingresos, se descuiden aspectos básicos como el saneamiento de excretas que es otro indicador que incide en el IPM. Dichos resultados se pueden corroborar con los obtenidos por Bazarra et al. (2020) quienes encuentran que el acceso al agua potable, acceso a servicios de salud, hacinamiento, acceso a saneamiento, subempleo y acceso a la seguridad social se ven afectados por la pandemia de COVID-19. Por ello, Ogonaga y Chiriboga (2020) recalcan el papel de las políticas públicas que aseguren el acceso a la salud de la población y que promuevan su bienestar económico y laboral.
Conclusiones
La pobreza multidimensional antes de la llegada de la pandemia por COVID-19 ya era compleja, puesto que a partir de 2016 la tasa de pobreza multidimensional y el índice de pobreza multidimensional presentaron un aumento sostenido debido al decrecimiento de la economía ecuatoriana. Esta situación se recrudeció aún más con la llegada del virus, y las políticas de austeridad fiscal que predominan en este régimen gubernamental, las cuales, no coadyuvan a frenar los estragos económicos y sociales de esta enfermedad. Por lo que resulta de gran importancia destinar un mayor presupuesto en el gasto social orientado a la recuperación de grupos más vulnerables.
Respecto a los indicadores del índice de pobreza multidimensional, se pudo observar que la pobreza extrema por ingresos explica en mayor magnitud este índice, seguido por el desempleo o empleo inadecuado y la no contribución al sistema de pensiones. Evidenciándose una cadena que se conecta desde lo económico a lo social, puesto que, si surge una disminución del empleo, se reducen los ingresos percibidos por las personas, aumenta la informalidad y disminuye el porcentaje de aportaciones a la seguridad social. En suma, los principales efectos del COVID-19 son el aumento de la pobreza monetaria, el incremento del desempleo y de la precariedad laboral, así como el crecimiento de las desafiliaciones a la seguridad social, todo lo anterior se resume en el deterioro de la calidad de vida de la población ecuatoriana.
Los principales resultados de la investigación permiten inferir que para contrarrestar los efectos del COVID-19 se requiere la aplicación prioritaria de políticas laborales y políticas de protección social. En cuanto a las políticas laborales, es necesario trabajar sobre incentivos a las empresas para la generación de empleos adecuados, que impulsen los emprendimientos innovadores y con responsabilidad social, además, trabajar sobre la formación profesional de la población que se encuentra en el desempleo o que cuenta con un empleo inadecuado. No menos importante es que el gobierno logre alcanzar un acuerdo nacional entre los trabajadores y empresarios para alcanzar una flexibilización laboral que, sin vulnerar los derechos de los trabajadores, permita la creación de nuevas plazas de trabajo.
En el ámbito de las políticas de protección social, es necesario que se fortalezcan los programas de transferencias monetarias para que se amplíe la base de beneficiarios y que se invierta en la creación de nuevos programas que permitan superar la trampa de la pobreza en la que se encuentran los ciudadanos, es decir, procurar que los programas no se conviertan en medidas asistencialistas, sino en verdaderas vías de escape hacia el desarrollo social y económico. Finalmente, si bien en esta investigación se plantean políticas prioritarias en función de los principales efectos del COVID-19 sobre la pobreza multidimensional, es fundamental que no se dejen de lado otros sectores prioritarios como la educación, la salud y la vivienda, que son fundamentales para el desarrollo integral de la población.
