Marco conceptual de la justicia constitucional contemporánea.

La justicia constitucional en su macro concepto adopta dos líneas convergentes dígase sustantivo y material. El primero deriva de los derechos y garantías que se asientan en la norma suprema y el segundo, del procedimiento adjetivo para materializar estos derechos y garantías, los que se logran por medio de un conjunto de técnicas, destinadas a garantizar e interpretar los postulados de la Constitución con empleo de herramientas jurisdiccionales, adopten estos cualquiera de las formas previstas en ley.

Se nota en la actualidad, un abandono de la conceptuación formal que solía caracterizar la justicia constitucional. Esto a partir de sus cimientes en el continente europeo donde se erige la justicia constitucional concentrada como paradigma con un órgano ad hoc a la cabeza, en contrapunteo con el modelo difuso acunado en el sistema norteamericano.

Se torna baladí enfrentar o contraponer a estas alturas del siglo XXI el modelo de justicia constitucional concentrado con el modelo difuso pues la división ha sido arrastrada por la aparición de otros modelos en los que cohabitan elementos o técnicas propias del control concentrado con aspectos inherentes al control difuso. Por ejemplo, la pervivencia de los órganos ad hoc coexistiendo e integrándose, con órganos judiciales ordinarios en el desempeño mismo de la defensa de la Constitución y el control de constitucionalidad.

Para algunos autores la justicia constitucional propicia en su definición un poder que se le confiere a los jueces para dilucidar conflictos de naturaleza constitucional, que emergen entre los poderes por esta instituidos o entre estos poderes y los ciudadanos. En palabras simples, la justicia constitucional consiste en la garantía al derecho ciudadano a contar con el respaldo del principio de supremacía constitucional e invocarlo en su defensa en los supuestos que resulte necesario (^{Colombo, 2003}).

^{Cappelletti (1984}) abordó la justicia constitucional como la actuación judicial canalizada a través de la norma suprema, cuyos nexos con la política no le hacen perder bajo ninguna prerrogativa su esencia, concepto que defiende el autor al arrinconar la teoría de Schmitt, quien catalogara a los Tribunales Constitucionales con el alias de “legisladores negativos” (p. 154). Otros abordaron la justicia constitucional desde un prisma histórico, al focalizar su surgimiento y consecuente evolución como resultado espontáneo de los modernos Estados de Derecho, con la creación de herramientas o paliativos propiamente de control, autocontrol y de defensa de la supremacía constitucional.

La justicia constitucional debe actuar como dique de contención frente al poder gubernamental, el que en no pocas ocasiones suele imponerse a sus anchas. La mejor manera de hacer valer su existencia ha sido desplegando la validez de normas, mecanismos e instituciones encaminados a alertar e instruir al poder político que su ejercicio tiene límites bien explicitados en la Constitución. La justicia constitucional tiene como cometido primordial no solo la preservación y cumplimiento de los postulados constitucionales, sino también debe ir a tono con las necesidades de la sociedad y lo que en ella realmente se muestra.

1.2. Hitos históricos de la justicia constitucional. Su progresividad en Europa y América Latina

Un recorrido por la historia permite comprender los inicios de la justicia constitucional como fenómeno que fuese desencadenado para ensalzar la supremacía de la Constitución. En Europa, la génesis de la justicia constitucional ocurrió a partir de los constantes debates entre dos eminentes juristas de la época, Carl Schmitt y Hans Kelsen, en los intentos de identificar quien sería el verdadero defensor de la Constitución (Schmitt et al., 2009). Para Schmitt, el celador constitucional no podría ser otro que el presidente del gobierno, en cambio para Kelsen la supervisión y vigilancia de las normas ordinarias por la Carta Suprema, debían quedar a cargo de un órgano neutral, con sus equidistancias tanto del poder judicial como del poder legislativo (^{Prieto, 2009}).

Se afirmó que la justicia constitucional germina concluyendo el siglo XVIII e inicios del siglo XIX, para ser más exactos con la liberación de Estados Unidos y la Revolución francesa. A la par de otro hecho importante en la historia como lo es el proceso de constitucionalización acaecido en Inglaterra en ese período. Coinciden múltiples estudios sobre los orígenes de la justicia constitucional que su despertar responde al caso “Marbury versus Madison” (^{Sarrión, 2022}), suceso que dio lugar al modelo estadounidense de jurisdicción constitucional; no obstante la traza histórica de la justicia constitucional como se decía, se remonta a la Inglaterra del siglo XVII (^{Rolla, 2012}). A la altura del año 1766, justo en un condado perteneciente a la colonia británica de Virginia, resolvió sobre la inconstitucionalidad de una ley, referente a la conocida Acta de Sellos de 1895. De vuelta al emblemático caso “Marbury versus Madison”, gravita en que el principio de la revisión judicial fue advertido y resuelto por vez primera por el más alto foro de los Estados Unidos, permaneciendo sus principios y directrices prácticamente inmutable hasta la actualidad.

Una especie de caracterización del Poder Judicial norteamericano, demuestra el poderío o facultad de los jueces sea cual fuere su instancia de inaplicar aquellas leyes que resultasen contrarias a la Constitución. De manera, que tanto los jueces como los tribunales estaban facultados para pronunciarse y decidir respecto a los actos de autoridad, particularmente si se trataban de disposiciones legislativas. Lo peculiar de estas atribuciones, está justamente en el efecto que producía, el que alcanzaba solo a las partes que habían planteado el asunto de inconstitucionalidad de la ley secundaria, frente a la legalidad de la Constitución. No obstante, el vuelco de tal planteamiento descansa en la denominada stare decisis o doctrina de los precedentes judiciales.

La doctrina de los precedentes judiciales señala que las decisiones adoptadas en un determinado asunto adquirían obligatoriedad en la solución de casos análogos. Otra de las particularidades de la judicial review está en el blindaje por decirlo de algún modo de su control constitucional, ya que al poder judicial le venía el encargo de la protección, vigilancia y cumplimiento de la Constitución.

Por otro lado, los estudiosos alemanes destacaron como los genuinos intituladores de la defensa de la constitución, la que variara su nomenclatura en un corto lapso de tiempo, al ser identificada en sinonimia como justicia constitucional. Los franceses en cambio, optaron por el control constitucional para referirse a esta institución, secundados por esta corriente los italianos bajo la égida procedimental que los caracteriza, asumieron la justicia constitucional como jurisdicción constitucional o proceso constitucional; posesionándose está garantía en el sistema norteamericano como revisión judicial de la constitución o judicial review (^{Cumba, 2022}).

Con el fin de la segunda guerra mundial y el fracaso nazis se revitalizó la justicia constitucional en esta parte del orbe. Al expandirse la idea de que los Tribunales Constitucionales devenían como órganos vitales para la cristalización de la democracia en el continente europeo, pues tendían a la preservación, respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales, frente a los desmanes que el Estado pudiese cometer vulnerando estos.

Esta eclosión en materia de justicia constitucional en Europa y Estados Unidos tendió sus raíces en América Latina ya entrado el siglo XX, al tener como resorte desencadenante los distintos procesos de democratización que se llevaron a cabo en el continente, cuestión que se demostró con la existencia en casi la totalidad de los países que integran la región de herramientas para hacer viable la justicia constitucional. Señalar que las matizaciones y modo de concebir estos mecanismos de control constitucional en esta área resultan variopintos. Toda vez que no suelen ser exactamente iguales los tribunales constitucionales ni en su funcionamiento, ni en la estructura institucional, por lo que muchos estudiosos del tema no se atreven a identificar con todas sus letras lo que sería un modelo latinoamericano de justicia constitucional, empero no cabe dudas que el aro que los aproxima a todos y cada uno de estos arquetipos de justicia constitucional es la existencia de órganos especializados.

Sin faltar a los aciertos calificadores de ^{Pegoraro (2004}), en Latinoamérica impera el sistema mixto de control constitucional donde se entremezclan elementos del control concentrado con el difuso, recurriendo a otras competencias que no tienen que ver exactamente con el control judicial de la ley. Si algo poseen en común estos órganos encargados de instrumentar la justicia constitucional, es el control de validez de las leyes e incluso van más allá, cuando supervisan el ejercicio y funcionamiento de normas supra legales; razón por la que suele afirmarse que los tribunales constitucionales en América Latina se asimilan al modelo europeo dada la pervivencia de órganos con especialización concreta en el control constitucional de las normas.

Naturaleza de la justicia constitucional.

La esencia o naturaleza jurídica de la justica constitucional reposa en la construcción jurídica de control y defensa constitucional, así la expresión de estos abarca dos elementos indispensables. El primero dirigido a la protección de la norma suprema ocupándose a su vez del análisis y estudio de aquellos mecanismos e instrumentos destinados a la conservación del orden fundamental, serían estos elementos de tipo funcional -correlativo en tanto atienden y velan por las relaciones e interconexiones entre los diferentes poderes en función de la salvaguarda constitucional.

El segundo de los elementos conecta con el ámbito procedimental pues en la medida que se extralimiten los órganos de poder en el ejercicio de sus funciones, este elemento actúa como una garantía constitucional, cuyo propósito es el restablecimiento o reintegro del orden jurídico constitucional que se ha visto vulnerado. Hay quienes lo denominan instrumentos terapéuticos encaminados a rectificar las deficiencias de base de la propia Constitución.

En este correlato, se apunta además que la naturaleza de la justicia constitucional hay que extraerla de los órganos que desempeñan el control constitucional, simplificando los términos, se trata de una naturaleza funcional binaria o con dualidad de componentes, uno jurídico y el otro de carácter político. El componente jurídico, subyace para mitigar o solucionar litigios o contiendas directamente relacionadas con el funcionamiento gubernamental y las instituciones de poder que se derivan de esta; despliega también sus efectos este elemento jurídico, como expresión de la naturaleza de la justicia constitucional cuando se insta por un justiciable el restablecimiento de un derecho que le ha sido vulnerado.

Su ámbito de funcionamiento consta de diversas etapas, una de ellas es la de competencia. Teniendo en cuenta la naturaleza del conflicto del que se trata, la documental en la que se hacen constar todas y cada una de las actuaciones, dígase los aspectos ad probationem como los ad solemnitatem, la decisional donde se dictamina por medio de resolución judicial la solución del conflicto de tipo constitucional y como cierre de este ciclo la etapa ejecutiva, donde se interpele al órgano jurisdiccional constitucional para que haga valer su fallo.

El componente político, actúa como una especie de contrapoder pues apuesta que tanto la función legislativa como las decisiones de gobierno se complementen y no riñan con los postulados de la Constitución. Ello explica lo que en su momento señalara ^{García de Enterría (1994}), que la Ley Suprema ha de pronunciarse sobre los conflictos políticos, aun cuando la decisión o solución de estos se encaucen por el terreno jurídico, con los métodos propios de esta área del saber. A grandes rasgos, el elemento político asoma sin dudas para asegurar los límites reseñados por la Carta Magna al ejercicio de poder.

Sin cortapisas, el componente político es uno de los entuertos que enfrenta la justicia constitucional en lo tocante a su naturaleza pues abre la puerta de los llamados fallos institucionales. De esta manera, los órganos que asumen la función del control de la constitucionalidad, por medio de los fallos institucionales ejercitan un poder político, ya que aleatoriamente supervisan la marcha de Estado y con ello, ponen de relieve determinadas políticas y directrices que por medio del proceso constitucional pautan el designio de la sociedad en este sentido.

Los órganos de control constitucional en su actuar político, del que no pueden desentenderse, ponen al descubierto su empeño por preservar el orden constitucional y los derechos y libertades fundamentales. Significa que esta arista política funcional, lo hace ver como un poder neutral que modula los valores, principios y mandatos constitucionales, y a su vez corrige, los desmanes de los poderes del Estado constitucionalmente aprobados.

1.4. Detracciones acerca de la justicia constitucional. Una corriente con escasos adeptos.

La justicia constitucional irrumpe en el mundo del Derecho a favor de los menos favorecidos, como una garantía que enerva y sustenta el principio de supremacía constitucional poniendo límites a los poderes del Estado. Pese a este fin protector y de salvaguarda constitucional, algunos van en contra de su verdadero propósito, negando cada una de sus máximas. En primer lugar, la califican como un poder soberano, pero no deja por ello de ser un poder con carácter público que debe respeto y obediencia a los mandatos de la Constitución.

Al convertirse el control constitucional en uno de los mecanismos de defensa de la Carta Magna por excelencia, se objeta que, en el marco de la declaración de inconstitucionalidad de la norma, queda opaco el poder legislativo, asumiendo la justicia constitucional lo que en su día fuese nominado por Kelsen como legislador negativo. Aun cuando se reconoce que tal ejercicio de funciones opera con respaldo en el principio de supremacía constitucional y que late, sin ánimo de absolutizar en todas las Cartas Fundamentales.

Se critica a la justicia constitucional al tacharse como caldo de cultivo en desmedro del principio de seguridad jurídica, más que hacer tambalear el principio de seguridad jurídica, se cree que esta garantía lo afianza, pues actúa como paladín en la defensa de los derechos y libertades pro personae. Otra de las críticas en contra de la validez de la justicia constitucional ha sido la naturaleza política que inspira su existencia, los que siguen esta postura, lo hacen sin tener en cuenta que para solucionar cualquier conflicto que le competa a esta, lo hará sobre la base de métodos y herramientas jurídicas sin importar la naturaleza de la contienda de que se trate. La ausencia de legitimidad es otro de los aspectos que se le reprocha a la justica constitucional.

La denominada “objeción democrática” a la justicia constitucional basa su fundamento en la ilegitimidad de un órgano estatal no democrático que se destina a controlar las decisiones de los órganos políticos democráticos. Algunos autores catalogan esta postura como detracción simple a la justicia constitucional. Para Lambert por ejemplo, la justicia constitucional es justicia y no política, así disiente sobre la legitimidad de que los jueces puedan pronunciarse y controlar per se al legislador democrático. Ello subvierte la esencia de la justicia constitucional, pues serían los jueces quienes gobiernan y no aquellos que representan al pueblo, echando por tierra la división de poderes (^{Aragón, 2019}).

La interpretación constitucional es otro de los argumentos que apuntan a la objeción de la justicia constitucional, a partir del problema que subyace entre democracia y justicia constitucional. Para contrarrestar la contradicción entre democracia y justicia constitucional, la interpretación que se realice deberá estar en el marco de los cánones de la razonabilidad (^{Baadamonte, 2019}).

A pesar de estas posturas que socavan la justicia constitucional, es insuficiente los fundamentos que se vierten en contra de su existencia y funcionamiento como garantía en defensa de la supremacía de la Ley Fundamental. Lo que este estudio consideró es en dinamizar esta macro garantía por medio de un diseño jurídico que permita que los conflictos que se sometan a esta, sean resueltos con apego a los principios de celeridad y economía procesal, significa depurar del tracto procesal constitucional todos los aspectos que dilaten innecesariamente el proceso, lográndose activar recursos en el mejor sentido de la palabra, que le permitan advertir al ente judicial la improcedencia de la cuestión planteada como inconstitucional en la fase inicial de la litis, ya sea por cuestiones atinentes a la forma o que versen sobre el fondo del asunto.

Lo anterior supone que la justicia constitucional se articule sobre la base de conflictos que realmente tengan la naturaleza de compeler a ese máximo órgano, para que se pronuncie con respecto a la incompatibilidad de ciertas normas con los mandatos que resguarda la Constitución. Para que así se cumpla, deben validarse adecuadamente las relaciones jurídicas procesales comúnmente reguladas, ante las instancias correspondientes, hecho que permitirá que solo las contiendas con estos requerimientos acudan ante la Corte Constitucional, sin necesidad de convertir todos y cada uno de los litigios en conflictos constitucionales si estos no revisten indefectiblemente tales exigencias; significa eliminar el enfoque contencioso -administrativo de la justicia constitucional.

2.1. Métodos utilizados

La recopilación, análisis y síntesis de dicha información, ha sido posible mediante la utilización de los siguientes métodos teóricos y empíricos, usuales en las investigaciones jurídicas de estas características.

2.2. Técnicas de la investigación jurídica

Dentro de las técnicas que suelen utilizarse en investigaciones de esta naturaleza, solo se empleó el análisis de contenido, mediante el cual se acopia la información que se estimó relevante para sostener la tesis y que en definitiva fundamentan las conclusiones y las recomendaciones que más adelante se formularon y que permitieron la consecución de los objetivos propuestos. La información seleccionada, procesada y sintetizada fue obtenida básicamente de libros, revistas especializadas, documentos digitales de rigor científico adquiridos en Internet, tratados internacionales, disposiciones jurídicas de distinto rango y sentencias. De estas fuentes se obtuvieron los conocimientos y las ideas que, atemperados a la realidad ecuatoriana y haciendo uso de los métodos teóricos descritos, conducen a un convencimiento y criterio propios.

Este diseño metodológico guardó total correspondencia con el resto de las categorías operativas de la investigación, dígase situación problémica, objetivo general, objetivos específicos, así como con cada una de las interrogantes que se formularon, a manera de directrices para el desarrollo lógico de la tesis, hasta alcanzar los resultados deseados, los que tendrán expresión concreta en las conclusiones y recomendaciones de la investigación.

3.1. Algunas glosas sobre la justicia constitucional ecuatoriana.

El destello del neo constitucionalismo en Ecuador estuvo precedido de una historia constitucional nada sencilla, en tanto la fluctuación e inseguridad democrática en el país conllevaron al dictado de alrededor de 19 Leyes Fundamentales hasta la Constitución vigente (^{Colazo, 2022}). Con la mirada puesta en la primera norma suprema ecuatoriana de 1830, se afirmó no encontrar elementos que aduzcan la presencia de una justicia constitucional primigenia, menos entonces de un control constitucional que actuara como garante del principio de supremacía. Hecho que vertiginosamente arrastraran las constituciones promulgadas en los años 1835,1843, 1845, 1852 y 1861.

Un indicio de lo que pudiera advertirse como un asomo del control constitucional, lo fue la regulación de una acción de reclamación estatuida contra las infracciones que pudieran cometerse respecto a la Constitución, otorgándole en esa oportunidad legitimidad a todos los ciudadanos ecuatorianos para incoar esta acción fuese ante el Congreso o el Poder Ejecutivo, sin tener evidencias de las formalidades o procedimientos de cómo debía seguirse el ejercicio de dicha acción reclamadora.

Rumbo que cambia con la Ley Fundamental de 1869 donde la renovación del sistema de control y garantía judicial de la Constitución coadyuvó al otorgamiento de la facultad de suspensión de vigencia de una determinada ley por estimarse inconstitucional. Esta facultad quedó a cargo en ese entonces de la Corte Suprema de Justicia, unido a esta competencia conferida al máximo Foro, estaba la de pronunciarse en virtud de las objeciones de inconstitucionalidad presentadas por el Presidente de la República, regulaciones que fueron complementadas con la atribución concedida a la Corte como exegeta auténtico de la Constitución, puede hablarse en este ínterin de los primeros pasos normativos en materia de justicia constitucional en Ecuador.

Entre la Carta Suprema de 1869 y la Constitución de 1929, aconteció un período de silencio en cuanto al control constitucional, el que se retoma en esta última Constitución bajo el sistema de control constitucional mixto. Lo atiente a la presencia del control constitucional en Ecuador se contextualizó en tres períodos o etapas históricas, la primera de las etapas inicia con la promulgación de la Constitución de 1830, caracterizada por la soberanía Parlamentaria, hecho que se extiende hasta 1945. El segundo momento comprendido entre 1945 y 1996, donde se instaura el Tribunal Constitucional y la tercera etapa identificadas por muchos como retos de institucionalización, que va desde 1996 hasta los corrientes. Este tránsito histórico se fue despojando del control político que primó en los dos primeros períodos, al sobreponerse un despertar del control jurídico.

A la altura de 1996 se suprimió la Sala Constitucional correspondiente a la Corte Suprema, quedando el Tribunal de Garantías Constitucionales como un órgano con total autonomía e independencia. Estudios demostraron que hasta el proceso constituyente de 1998 imperaba en nuestro país un control político como mecanismo interventor de la Justicia Constitucional el que fue cediendo paso como ya se mencionada al control jurídico, con la inserción de un grupo importante de herramientas jurisdiccionales destinada a la salvaguarda y protección de la Carta Magna, como lo fueron sin dudas el Recurso de Amparo, el Hábeas Data y el Defensor del Pueblo, por solo citar algunos ejemplos, no obstante, con la Ley Fundamental de 1998 no quedó del todo configurado el control constitucional como se aspiraba.

Cada una de las etapas en la historia constitucional ecuatoriana marcaron pautas de avances, pero también hitos de retrocesos, al desenvolverse estas bajo la égida del poder político y de los intereses de un grupo reducido de personas por encima de lo querido y necesitado por la mayoría, afectándose con ello el principio de supremacía que debía ser amparado por un auténtico control constitucional en defensa del concepto de la Constitución, en palabras del propio autor existió ausencia de un acuerdo político para engendrar y revolucionar un verdadero Estado de Derecho, escudado por la Carta Magna (^{Storini y Guerra, 2021}).