¿Cómo se explica la crisis de la democracia liberal?

Las revoluciones burguesas fueron fundamentales para el desarrollo de las democracias liberales en Europa y América del Norte, entre los siglos XVIII y XIX. Su lucha frente al Ancien Régime y el modo de producción feudal, para impulsar el desarrollo del capitalismo, encontró en la democracia liberal el marco institucional más adecuado. Bajo el lema de ‘liberté, egalité, fraternité’, explotó el potencial industrial del mundo septentrional como jamás se había visto, y la economía de mercado creció de forma exponencial. Este, que parecía un matrimonio feliz, fue cobijando cada vez más territorios, cautivados por el éxito alcanzado o forzados a incorporarse al sistema en ciernes, por cuenta de la política expansionista de los poderosos.

Si bien desde el comienzo la idílica relación enfrentó pruebas, como los pánicos de 1873 y 1893, o la Primera Guerra Mundial, quizá su examen más duro se hizo presente con la Gran Depresión. La caída del consumo e incremento del desempleo en los Estados Unidos tuvo repercusiones negativas en distintas partes del mundo, incluyendo a la joven e inestable República de Weimar, en Alemania (1918-1933), muy dependiente de préstamos e inversiones del gigante norteamericano tras las difíciles condiciones en que le había dejado el Tratado de ^{Versalles (1919}).

Años de humillaciones y violencia, hiperinflación, devaluación de la moneda, pérdida de ahorros y pagos de reparaciones a los vencedores de la Gran Guerra, fueron coronados con los efectos de la crisis y una respuesta errada, de austeridad. Millones quedaron desempleados, miles de negocios cerraron y la producción cayó a la mitad, en un país que ya contaba con una importante tradición de militarismo, nacionalismo y exaltación del uso de la fuerza. En estas condiciones se alzó el nazismo, siguiendo el ejemplo del fascismo italiano, denunciando los males de la democracia liberal. Una sociedad moderna, respetuosa de minorías y sus derechos civiles, giró bruscamente a la extrema derecha, que ofrecía respuestas sencillas a problemas complejos, desde la voz de un padre organizador.

A pesar de que no existe consenso sobre qué ocasionó la profunda crisis, los hechos parecen dar la razón a ^{Keynes (1936}). Siguiendo su propuesta económica, la intervención estatal fue clave para corregir la situación del mercado y estimular la demanda. El economista británico entendió que la supervivencia de la unión entre capitalismo y democracia liberal sólo era viable con el acercamiento a elementos antes relacionados con el socialismo: emplearía medidas contracíclicas para contrarrestar las recesiones y la eventualidad de una depresión, con el Estado impulsando proyectos que generasen empleo e inversión, fortaleciendo la seguridad social y usando los impuestos como herramientas para corregir la inequidad, creciendo en confianza (Judt, 2010).

Adoptada por el gobierno de Franklin D. Roosevelt con la política del New Deal, esta fórmula recuperó a los Estados Unidos frente a la Gran Depresión, y le condujo a su era más próspera. Concluida la Segunda Guerra Mundial, también reclamó su lugar en suelo europeo, donde la reconstrucción dirigida por los americanos -y enriquecida con las expectativas sociales locales- llevó a la consolidación de los Estados de bienestar. Así, la democracia liberal se consolidó como una de las dos grandes alternativas en la posguerra, ahora enfrentada al comunismo, de la mano del cual había derrotado la amenaza fascista.

El impulso a esta opción fue enorme. El keynesianismo alcanzó un importante consenso entre liberales, nacionalistas, demócratas-cristianos y socialdemócratas, que lo abrazaron con más convicción que nadie. De tal forma, se universalizó el uso de los impuestos como herramienta para combatir la más abyecta inequidad, llevando a sociedades más equitativas y solidarias. Incluso los partidos más conservadores valoraron positivamente sus resultados, que se sostuvieron durante un período de cuatro décadas. Los beneficios sociales jamás pusieron en peligro el capitalismo y la libre iniciativa, el emprendimiento o la innovación. La intervención del Estado tampoco resultó en el sacrificio de la democracia, que de hecho se fortaleció, con la conversión profunda de buena parte del socialismo europeo a distintas variantes de la socialdemocracia (Judt, 2010).

Con todo, el modelo requería de compromisos que con el tiempo fueron debilitándose. Cambios culturales que invitaron al individualismo extremo y medidas políticas que condujeron a la estanflación de la década de 1970, facilitaron eventualmente el retorno de ciertos grupos conservadores, influenciados por el monetarismo de ^{Friedman (1962}) y la Escuela Austríaca de Hayek, interesados en presentar al Estado como amenaza para la libertad -sobre todo la económica-, un monstruo al que era necesario recluir. El ahora llamado neoliberalismo, apostó por el recorte del gasto público y los impuestos, la reducción de regulaciones a empresas, la privatización de servicios y el ejercicio de una política monetaria moderada y estable para reducir la inflación. Con ello, en teoría, construiría un espacio de información, competencia y mercados de riesgos perfectos.

En realidad, el fundamentalismo del mercado autorregulador era tan impopular, tan clara y directamente dañino para tanta gente, que se fortaleció rompiendo psicológicamente, a través de la violencia, a los pueblos sobre los cuales sería empleado. Teniendo campos de pruebas, como el Chile de Pinochet, finalmente se instaló en el Reino Unido de Thatcher (en 1979), y en los Estados Unidos de Reagan (en 1980), desde los cuales tuvo el lanzamiento definitivo, para convertirse, con la caída del modelo soviético, en el paradigma económico de nuestros días (^{Klein, 2007}).

En consecuencia, la vida a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI ha estado fuertemente marcada por la acumulación de riqueza, oportunidades y poder político en pocas manos, a costa del empobrecimiento y pérdida de agencia de las mayorías. A pesar de pregonar la ‘racionalidad económica para todos’, privilegiando teóricamente el interés de cada individuo, el que se ha concretado ha sido el interés de los poderosos, mientras los demás sólo han vivido la ilusión de libertad (Judt, 2010).

La profundización de la inequidad ha llevado a que se viva en condiciones más difíciles que las de generaciones precedentes. La precarización laboral, la informalidad, la pérdida de valor real de los salarios a pesar de incrementos de la productividad, la imposibilidad del ahorro, las mayores dificultades para acceso a salud y educación de calidad, o para hacerse con la propiedad de una vivienda, son situaciones bastante comunes. No son pocos los que tienen más de una ocupación para apenas subsistir, y la alienación frente al trabajo es prácticamente la regla. El tiempo libre es una quimera, y la fatiga es crónica; nuestra salud mental es cosa del pasado. Aunque los fracasos se han atribuido fácilmente al carácter y decisiones de cada individuo, como si no existiera impacto del sistema, la meritocracia pierde creyentes con cada día que pasa.

En el lazo actual entre el sistema económico y el sistema político, es el primero el que domina, el que determina la supervivencia y formas del segundo (^{Polanyi, 2007}). La democracia está en peligro: si se dirige a cumplir sus promesas fundacionales, no ofrecerá el mejor camino para la acumulación, con lo que los poderosos podrán apuntar a reemplazarla con el fascismo, que heredará la misión. Si, por el contrario, abandona los intereses mayoritarios, perderá paulatinamente el afecto popular.

De esa frustración nace la extrema derecha de la actualidad (^{Žižek, 2015}). Si bien recurre a tropos originales del fascismo histórico y genérico, hablando de reconquistas, renacimientos, redenciones y revanchas, en realidad se ocupa de conservar, de defender de forma excluyente, e incluso violenta, un privilegio finito y supuestamente asediado por otros, que constituirían una amenaza existencial y con los que la enemistad será permanente e insuperable.

La crisis y el crecimiento del fascismo en los Estados Unidos

Es posible que la crisis de la democracia liberal no se vea en ninguna parte, de manera tan diáfana, como en los Estados Unidos. El liderazgo que históricamente ha reclamado para sí la superpotencia sobre el mundo democrático, contrasta fuertemente con la realidad que se ha configurado en las primeras décadas del siglo XXI. Estos años han sido marcados por el crecimiento de la inequidad y su legitimación formal, el empobrecimiento de la mayoría de la población, el avance del individualismo radical y los fracasos reiterados para ofrecer a los ciudadanos una red de seguridad social similar a la que tendrían en la mayoría de los países desarrollados.

Asimismo, se han caracterizado por los miedos desentrañados por los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la paranoia que se encarnó en sus leyes de vigilancia, por el horror de sus guerras -sobre todo en Afganistán e Iraq, con millones de víctimas civiles- y la decisión de correr las líneas éticas para la tortura en Guantánamo y Abu Ghraib. Por supuesto, han sido cursos signados por la polarización política y la degradación del debate, por las oligarquías en sus dos partidos prominentes y el dominio político de los grandes capitales, por la corrupción.

De tal modo, el fracaso de la política tradicional ha dado espacio al avance paulatino de proyectos del miedo, excluyentes y para la expoliación; ha servido como plataforma a personajes como Donald Trump. Con esta consideración, se abordarán cuatro puntos de reflexión para explicar la relación del proyecto de gobierno actual con el fascismo y avistar alternativas de acción.

El fascismo, el lenguaje, la posverdad

Quizás los regímenes totalitarios del siglo XX hayan sido los que tuviesen más claro que, como advertía ^{Foucault (1980}), cada pueblo tiene su propio régimen de la verdad y determina qué discursos acepta como verdaderos, qué mecanismos emplea para distinguirlos de los falsos, y quién sanciona la diferencia. Entender la relación con la verdad como estructura explica el interés fascista por controlar el lenguaje cotidiano, donde se establece lo percibido como real, lo aceptable, lo que debe ser construido (^{Kakutani, 2018}).

Sus herederos parecen haber aprendido bien la lección: han tomado provecho de algunos efectos inesperados del relativismo, para deformarlo en una experiencia vital con nula distinción entre hechos y ficción. Incluso ha caído en desgracia la noción de que en deliberación podemos determinar la mejor verdad disponible: en ejercicios de falsa equivalencia -que confunde equilibrio con la verdad-, grandes medios han impulsado espacios de debate que dan más crédito que el merecido a opiniones radicales y sin mayor sustento, que van permeando paulatinamente en la población (^{Kakutani, 2018}).

Se procura, entonces, un espacio en que se siembran respuestas sin soporte en lo comprobable, en abandono de la verdad como guía de la acción política, para ser reemplazada por emociones, sentimientos y prejuicios. Es a este fenómeno que hemos venido a llamar “posverdad”. En nombre de la libertad de expresión se pierde el sentido de realidad compartida y se incrementa el miedo a lo diferente, el estado de amenaza por la presencia del otro. La supervivencia se condiciona, así, a la identificación de enemigos y aniquilación de lo no integrable.

Alimentando esta situación -y emulando claramente a otros líderes autoritarios- Trump se ha presentado a sí mismo como salvador de los Estados Unidos, líder único, encarnación de la Constitución y de la voluntad popular, del cual emana la ley de forma incontestable. La verdad no le limita: cuando no resulta conveniente, simplemente presenta “hechos alternativos” con los que avalar sus planes y acciones. Con absoluta tranquilidad, el presidente desprecia la verificación de datos. Lejos de retractarse al momento de quedar expuestos los engaños, redobla sus apuestas, y quienes trabajan para él deben adaptar sus versiones de la realidad a la sancionada por el líder. De los miembros del Partido Republicano y de los funcionarios de gobierno se exige lealtad absoluta, probada en su aceptación a vincularse en la distorsión de la verdad. La alternativa es el castigo, la muerte política (^{Baker, 2025}; ^{Finchelstein, 2025}).

La prensa crítica es enfrentada de forma rutinaria y violenta, con intentos de descrédito y censura. Acoso, vinculación infundada a conspiraciones y restricciones parciales o totales de acceso a funcionarios de gobierno -como la que pesa hoy sobre Associated Press- son habituales. Medios como MSNBC y CNN han sido calificados como ‘ilegales’ por el mismo Trump. Habiendo ofrecido mayor resistencia en el primer período, medios importantes como el LA Times y el Washington Post han sido vencidos o cooptados para inicios del segundo, rechazando voces que pudieran entrar en contradicción con el gobierno (Secular Talk, 2025b).

Además, el proyecto extremista se ha hecho con el control de algunas de las principales alternativas de información. La asociación con billonarios, propietarios de redes sociales, no es accidental: la creación de Truth Social, la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk y las nuevas políticas de discurso desregulado en Facebook, así como el apoyo económico a decenas de talk shows conservadores, en redes como Youtube, son evidencias del pleno entendimiento del poder de estos espacios para dar forma a una narrativa política favorable (^{Ortutay, 2024}).

Instituciones para la formación de pensamiento, como colegios y universidades, son limitadas en su ejercicio pedagógico; miles de libros son censurados en nombre de supuesta neutralidad. Las protestas en los campus son rápidamente desdibujadas, sin discutir realmente sus motivaciones. Los manifestantes son presentados y tratados como enemigos y terroristas -aún si no usan mecanismos violentos- con lo que ello implica en términos del uso de la fuerza (^{McLaughlin, 2025}). El uso constante de mentiras y la presión sobre quien las controvierte, permite a Trump dictar siempre los términos de debate (^{Baker, 2025}).

Supremacismo blanco y ataques sobre mujeres y minorías

Las estructuras y cultura asociadas al racismo en los Estados Unidos tienen historia conocida. Además, allí han tenido dilatada trayectoria la xenofobia, la hostilidad a religiones foráneas y el antisemitismo. Por supuesto, también se han presentado imposiciones sobre mujeres y grupos que subvirtiesen la heteronormatividad. Si bien en los primeros años del Siglo XXI se evidenciaba una tendencia positiva hacia la integración, la situación ha empezado a cambiar en última década. Grupos nacionalistas blancos -que limitan la inclusión según raza, religión y posición social- han tenido éxito en la extensión de su agenda a espacios políticos centrales (^{Gaddie, 2017}; ^{Clark, 2020}).

El espacio anhelado ha sido provisto por el proyecto republicano, encabezado por Donald Trump. A diferencia de políticos que emplean “silbatos para perros”, es directo y agresivo en su discurso. Además del propio líder, asesores como Stephen Bannon o Stephen Miller, han defendido posturas extremistas frente a grupos minoritarios que perciben y presentan como amenaza existencial, frente a la cual cualquier táctica es aceptable. Referenciando el libro “The Camp of the Saints”, han validado en distintas oportunidades la teoría del “gran reemplazo”, vinculando la llegada de migrantes de piel oscura a la descomposición social, “pérdida de grandeza” y destrucción de la nación blanca. En evidente contraste, han afirmado que no encontrarían mayor problema en la llegada de migrantes del norte europeo (^{García-Navarro, 2019}; ^{Clark, 2020}).

Así se explica que Trump iniciara su primera campaña, en 2015, indicando sin prueba alguna que quienes cruzaban desde México eran en su mayoría “narcotraficantes, criminales, violadores”. Asimismo, que en su última carrera asegurara que estas poblaciones “envenenaban la sangre de la nación” (^{Gibson, 2023}). Entre sus simpatizantes se ha extendido la idea de que el multimillonario George Soros -un judío, supuestamente interesado en corromper la pureza de la raza blanca- estaba financiando una caravana de migrantes de América Central para invadir el país. Estas ideas y declaraciones han derivado, en el pasado, en el incremento de ataques y crímenes de odio (^{Clark, 2020}).

Este discurso ha legitimado el infame muro que prometió construir en la frontera sur, la separación de padres e hijos en centros de detención, la realización de histerectomías no consentidas a mujeres migrantes o el rechazo de personas sin darles oportunidad de presentar casos de asilo. En los últimos meses ha sido empleado para detenciones arbitrarias y abusivas de latinos, en su intento de concretar “la mayor campaña de deportación de la historia”, sin reparar en su moralidad. Incluso, se han autorizado redadas en iglesias, colegios y juzgados, se han establecido cuotas de deportación a los agentes de ICE -facilitando que inocentes sean aprehendidos- y se han enviado deportados a cárceles salvadoreñas, sin seguir el debido proceso (Amnesty ^{International, 2020}; ^{Bianco, 2024}).

Los ataques sobre la población negra tampoco resultan sorpresivos. Demandas a Trump por segregación en sus complejos de apartamentos, sus campañas publicitarias criminalizando prejuiciosamente a hombres negros, o expresiones racistas frente a rivales como Obama o Harris, han sido de público conocimiento (^{Rothman, 2016}; ^{Laughland, 2016}; ^{Brown & Price, 2024}). Radicales republicanos -y cada vez más “moderados”- han recurrido a la glorificación de la Confederación y la esclavitud, reivindicando las teorías de la “Causa Perdida” y oponiéndose a miradas críticas sobre el pasado racista y a medidas de reparación simbólica o estructural (Human Rights ^{Watch, 2023}; ^{Clark, 2020}).

El nuevo gobierno también implica déficit de protección para buena parte de la población LGBTIQ+: revive políticas conservadoras sobre género, negando la existencia legal de personas trans y no binarias. Desde el impedimento para que obtengan documentos de identificación que reflejen su forma de ser en el mundo, hasta la reclusión de mujeres trans en centros penitenciarios para hombres, se abren las puertas para acciones discriminatorias y violencia directa (^{Cano, 2025}).

La transfobia se usa, supuestamente, para proteger a las mujeres. Sin embargo, el gobierno que recién inicia supone retos significativos en el ejercicio de sus derechos reproductivos. El primer mandato de Trump estuvo signado por la revocatoria del fallo Roe vs. Wade, decisión con la que la Corte Suprema de Justicia eliminó el derecho nacional al aborto. Esta medida, impulsada por magistrados conservadores nombrados por el presidente, se ha visto complementada por decisiones de jueces de menor jerarquía, que han restringido el acceso de menores a anticonceptivos, y han dictaminado, en Estados como Texas, que los hospitales no tienen obligación de realizar abortos en situaciones de emergencia (^{Cano, 2025}).

Según el “Proyecto 2025”, hoja de ruta para este período, el presidente podría optar por revocar aprobaciones de la FDA para medicamentos abortivos, o limitar fuertemente su acceso. También suprimiría financiación para organizaciones que brindan información o servicios de interrupción voluntaria del embarazo (^{Cano, 2025}). Algunas voces indican movimientos para una prohibición nacional del aborto. Inmediatamente después de la victoria republicana en las presidenciales, circularon por redes publicaciones dirigidas a feministas, con el mensaje ‘tu cuerpo, mi elección’ (^{Searcey, 2024}).

El sexismo con el que comercian Trump, su vicepresidente, James Vance, y líderes de opinión afines -más de uno relacionado con abusos-, se percibe como fuerza para la normalización de tratos cuestionables y expectativas de sumisión, retornando a la familia tradicional. En el fascismo, la misma ocupa un lugar central, para proteger la pureza de la sociedad. De ahí que, aferrados a roles de género hegemónicos, se exija a las mujeres la maternidad y labores de cuidado del hogar, para sostener la raza. El abandono de cualquier idea o práctica que pudiera socavar el patriarcado es, entonces, primordial para sostener el orden deseable.

La caída en 2020 y la fórmula para el regreso al poder

El proyecto de extrema derecha sufrió un golpe importante al perder las elecciones de 2020, en las que se impuso con claridad Joe Biden. Durante la campaña, Trump y su equipo repitieron sin pruebas que se avecinaba un fraude electoral, y producida la derrota, esta no fue reconocida. El 6 de enero de 2021, sosteniéndose en las acusaciones de fraude, y acosando a su vicepresidente, Mike Pence, por validar los resultados, Trump incitó a sus seguidores -y entre ellos a grupos neonazis- a asaltar al Capitolio y “luchar por su país”, mientras se desarrollaba una sesión conjunta del Congreso para certificar la victoria Demócrata. Cinco muertos, cientos de heridos y millones de dólares en daños después, la policía retomó control del edificio y sus inmediaciones, y se oficializó el veredicto dado por los ciudadanos en las urnas (^{Broadwater, 2024}; ^{Arciniegas, 2025}).

Las acciones de Trump derivaron en la solicitud de impeachment por incitación a la insurrección. Para su fortuna, en febrero de 2021 resultó absuelto por la disciplina de la mayoría sus copartidarios, que impidieron que se alcanzara la mayoría cualificada, de dos tercios del Senado, para condenarle (^{Arciniegas, 2025}). Sin embargo, sus problemas judiciales no cesaron. En mayo de 2023 fue encontrado responsable -en una corte civil- por difamación y abuso sexual a la columnista E. Jean Carroll (^{Neumeister et al., 2023}). Un año después, en mayo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable por influencia ilegal en las elecciones de 2016, habiendo destinado dinero de la campaña para asegurar el silencio de una actriz porno con la que habría tenido relaciones sexuales (^{Sisak et al., 2024}). A pesar de que estos veredictos no causaron un daño deletéreo, convencieron a Trump y los suyos de pasar a la ofensiva.

Así, durante la era Biden, buscaron consolidarse en espacios de poder fundamentales. El primero de ellos, la Corte Suprema de Justicia. De mayoría republicana -6 a 3-, y con dos magistrados nombrados por Trump en su primer período, el principal tribunal del país ha producido fallos cuestionables a favor del líder. Recientemente ha establecido que presentes hechos a los jueces y funcionarios de gobierno con ocasión de su labor no constituyen soborno, siempre que hayan sido realizados ex post facto y exista una negación plausible del significado y la intención de los mismos (^{Donegan, 2024}). Además, analizando las denuncias e imputaciones a Trump por su liderazgo en la insurrección del 6 de enero de 2021, declaró la inmunidad presidencial frente a todo acto que se tenga por “oficial” (^{Breidbart, 2024}).

A esta conquista del poder judicial, la extrema derecha sumó la de instituciones claves para la validación de sufragantes y conteo de votos, el fortalecimiento de su presencia mediática y su victoria en las elecciones a Senado y Cámara, con importante apoyo de grandes capitales y tomando ventaja de la incapacidad demócrata para cumplir con las expectativas sociales y sostener su apoyo entre la clase trabajadora, que han dado por sentado.

Desde la dirección del partido se ha limitado el crecimiento de figuras asociadas a su ala izquierda, comprometidas con políticas que derivarían en mayor justicia social, y se ha abrazado la economía neoliberal, responsable de la decadencia de comunidades que antiguamente fueran sus bastiones. Si bien la política económica de Biden ofreció algún alivio, con la creación de empleos y fortalecimiento de la base industrial, con algún aumento de salarios y relativo acercamiento a sus posiciones en inmigración, proteccionismo, apoyo a sindicatos e inversión pública, el esfuerzo se percibe exiguo y tardío (^{Acemoğlu, 2024}; ^{Burmila, 2024}).

Además, siguiendo la tradición de buscar un segundo término para un presidente en ejercicio, y desoyendo preocupaciones relacionadas con la edad, salud y popularidad de Biden, los líderes demócratas le ungieron, sin abrirse a la participación de otros actores en las primarias. Una vez estuvo claro que el veterano presidente no tendría las condiciones para enfrentar al postulado republicano, tras su primer y único debate, orquestaron la nominación de Kamala Harris, una apuesta continuista (^{Jacobs, 2024}).

Esta nueva etapa empezó fuerte; generó particular entusiasmo la nominación vicepresidencial de Tim Walz, con un récord progresista interesante como Gobernador de Minnesota. Sin embargo, el desencanto alcanzó la campaña en la recta final: incapaz de sacudirse el legado de Biden, que evocaba frustraciones económicas y preocupaciones respecto de la política de inmigración, Harris no representó una alternativa creíble al statu quo. Evadir los asuntos problemáticos, y centrarse en la peligrosidad de Trump, haciendo campaña entre grupos republicanos disidentes, fue un error fatal (^{Subramanian, 2024}).

El apoyo incondicional de Biden y Harris a Israel también tuvo un impacto innegable. Cientos de protestas contra el genocidio en Gaza, demandando el alto al fuego, la limitación de los envíos de armas y la terminación de relaciones con el régimen de Netanyahu, fueron desconocidas por los dirigentes demócratas, cuando no condenadas por supuesto antisemitismo, o incluso reprimidas, con apoyo de grupos de derecha que no recibieron condena (^{Singer, 2024}). Representantes progresistas fueron censurados en el Congreso, e incluso enfrentados con fondos de AIPAC, ante la mirada impasible del gobierno. Millones de personas -y entre ellas musulmanes americanos, con poblaciones importantes en Estados clave- se movilizaron en una campaña para abandonar a Biden, y posteriormente a Harris, a pesar de que ello diese la presidencia a Trump, que ha sido incluso más radical en la deshumanización de los palestinos y el aval a la violencia israelí (^{Greve et al., 2024}).

Con todo esto se facilitó el regreso de Trump a la Casa Blanca. Vencedor por 1,4% en el voto popular, se impuso además en el Colegio Electoral. Con ello, uniría el control del ejecutivo a sus previas victorias en el legislativo y judicial (^{Zurcher, 2023}; ^{Livesay et al., 2024}). Según investigaciones posteriores, con datos de la Comisión de Asistencia Electoral, también habrían jugado un papel reseñable en estos resultados las tácticas de supresión de voto que habrían desplegado los republicanos en distintos Estados, predominantemente en áreas pobres, con población negra y latina, y alta tendencia a votar por demócratas. Hasta 3’565.000 votos por Harris habrían sido injustamente purgados, impugnados y finalmente desechados. Con ellos, la victoria hubiese sido para el proyecto oficialmente perdedor (^{Singh & Carter, 2023}; Brennan Center of Justice, 2025, Secular ^{Talk, 2025a}).

¿A quién sirve la “democracia” en los Estados Unidos?

Consideradas por la Corte Suprema como desarrollos del derecho a la libre expresión, las grandes donaciones a campañas dan ventaja inestimable a las élites económicas a la hora de tomar decisiones que impactan a todos. Con ello, la democracia se reduce a procedimiento formal, obviando aquella dimensión fundamental que invita a distribuir poder y oportunidades. En su lugar, se usan las formas democráticas para la concentración del poder de decisión y de la riqueza en pocas manos, bajo las promesas de eficiencia y libertad. Como resultado, no es difícil el paso de la democracia liberal al fascismo, si sirve dichos intereses.

La segunda posesión de Trump permite una imagen clara de ello. En el lugar de la ceremonia gozaron de un lugar de privilegio algunos de los hombres más ricos del mundo, por cuyos intereses velará (^{Swenson, 2025}). Políticas ampliamente populares -en economía, salud, educación, seguridad y configuración del poder político, entre otras-, que derivarían en transformaciones importantes para progreso compartido, no son prioridades (^{Cerda & Daniler, 2023}; ^{Elbein, 2023}; ^{Cousens, 2024}; ^{Drozdowski, 2025}). De hecho, se gobierna directamente en contra de muchos de estos reclamos, en tanto sea rentable para la gente indicada.

El gobierno está centrado, por el contrario, en recortes en impuestos a los más poderosos y en la reducción del tamaño del Estado, para privatizar servicios (^{Acemoğlu, 2024}). Con este objetivo, Trump distinguió a Elon Musk como cabeza de un comité no oficial, el ‘Departamento de Eficiencia del Gobierno’ (DOGE), con el que puso en la diana -supuestamente por costos- a instituciones y proyectos sociales avalados por el Congreso, despidiendo a miles de trabajadores de gobierno presentados falsamente como “liberales de izquierda radical” y paralizando fondos en contravía de lo ordenado por jueces.

En el intento por legitimar sus acciones, Musk y su equipo han apelado a la indignación, repitiendo falsedades sobre el gasto público, exagerando el nivel de fraude y despilfarro descubierto en algunas agencias (^{Murray, 2025}). Mientras tanto, empresas como Space X y Tesla, de su propiedad, reciben importantes subsidios, e investigaciones en su contra han sido archivadas, ante la disolución de agencias de control. Desde las elecciones, las tres personas más ricas en Estados Unidos -que concentran más riqueza que la mitad más pobre de EEUU, unos 170 millones de personas-, han visto crecer enormemente su capital. Musk, Bezos y Zuckerberg, alcanzan 402, 259 y 252 billones de dólares, respectivamente (^{Robins-Early, 2025}).

La intervención de Musk, altamente impopular, se sostuvo oficialmente sólo hasta mayo de 2025. Cientos de protestas masivas en su contra, así como demandas de organizaciones ciudadanas de vigilancia, fueron desestimadas por el sudafricano, aduciendo la financiación por parte de corruptos expuestos por su agencia (^{Sanders, 2025}; ^{Murray, 2025}). El rechazo también se ha asociado, por supuesto, a sus frecuentes y evidentes coqueteos con la extrema derecha, dedicando saludos fascistas al término de su discurso de celebración por la victoria de Trump, o declaraciones públicas, indicando la “inevitabilidad de una guerra civil” en Reino Unido o validando a la ultraderecha alemana, indicando que “AfD es la salvación” de la potencia europea (^{Ortutay, 2024}; ^{Connolly, 2025}).

Es sólo en los intereses económicos de los poderosos -que se superponen a los realmente políticos- que pueden explicarse algunos comportamientos: por ejemplo, la insistencia del gobierno de los Estados Unidos en un modelo de crecimiento económico sin fin, que resulta insostenible; la renuencia a aceptar la evidencia respecto del impacto que tiene sobre el planeta nuestro consumo desbordado. Así, en una época de incendios voraces, tornados, inundaciones, olas de calor y huracanes -con impactos devastadores para el sur global- se plantea la remoción de regulaciones para explotación petrolera y el abandono total a los compromisos de los Acuerdos de París (^{Tilianaki, 2025}).

Del mismo modo se explican las amenazas que el gobierno estadounidense ha elegido para relacionarse con quienes hasta hace poco consideraría aliados incontestables. A través de distintos canales, el presidente ha reiterado su deseo de hacerse con Groenlandia, el Canal de Panamá e incluso Canadá, invocando motivos de seguridad. Ante las negativas, ha afirmado que no descarta el uso de la fuerza militar o económica (^{Davies & Wendling, 2025}). En esa misma línea, se han escuchado argumentos a favor de invadir México, por cuenta de la supuesta inacción del Estado mexicano frente a los carteles (^{Buck, 2024}).

Asimismo, sosteniéndose narrativamente en algunos agravios reales y en muchos imaginarios, la Casa Blanca ha apostado por forzar un nuevo orden comercial en el mundo, con una agresiva política arancelaria, que le permitiría recoger importantes sumas y reducir aún más los impuestos a sus protegidos (^{Harithas et al., 2025}). Canadá, México, la Unión Europea, Corea del Sur, Japón y China, sobre todo, han respondido al desafío, encareciendo la vida para los consumidores norteamericanos (^{Deutsche Welle, 2025}; ^{Wolf, 2025}).

Los intereses económicos han moldeado también la posición del gobierno sobre algunos de los conflictos bélicos más importantes de la actualidad. Mientras que a Zelensky, de Ucrania, le exigió el 50% de los recursos del país, en tierras raras y petróleo, a cambio de continuar la ayuda militar en la guerra contra Rusia, a Netanyahu -avalado por capitalistas en Estados Unidos- le ha prometido incremento del sustento político y militar, y la ocupación de Gaza por tropas estadounidenses, “realojando” a los palestinos en Egipto y Jordania, para promover el negocio de propiedades frente al Mediterráneo (BBC News Mundo, 2025; ^{Holland et al., 2025}). Al tiempo que Israel bombardea Líbano, Siria y Gaza, buscando expandirse, los Estados Unidos bombardean Yemen para proteger navíos israelíes del bloqueo de los hutíes; mientras se habla de protección de la libertad, se amordaza a manifestantes pro-palestinos en universidades (^{McLaughlin, 2025}).

Alternativas para el fortalecimiento de la democracia

Con lo expuesto en los apartados anteriores, puede constatarse el presente crecimiento del fascismo en los Estados Unidos. Si bien la situación genera confusión y desesperanza, la continuidad y éxito de este proyecto no constituyen un destino manifiesto. Así, sin la pretensión de prescripción absoluta, o de ofrecer un listado taxativo, pueden explorarse algunas guías para la acción.

La primera de ellas fue ofrecida por ^{Popper (1945}) hace ocho décadas en “La sociedad abierta y sus enemigos”, que advertía que para experimentar la tolerancia, ésta no puede extenderse al ejercicio de los intolerantes. En lugar de apaciguamiento, la democracia exige el enfrentamiento decidido contra el fascismo. Para sobrevivir, una democracia debe limitar las expresiones, comportamientos y estructuras que acepta en su medio, e incluso sostener la posibilidad de coerción frente al extremismo. Como resultado, no pueden tolerarse el capitalismo salvaje y el gobierno autoritario de billonarios.

En segundo término, la resistencia debería ser -idealmente- no violenta. Incluso más allá de los problemas morales que pudiere entrañar, dificultaría en extremo el encuentro en deliberación con quienes han votado por este gobierno, sin ser ellas mismas extremistas, y con ello, la legitimidad para una construcción alternativa (^{Arendt, 1997}). Por demás, la extrema derecha parece gozar de ventaja en el momento para el ejercicio de la violencia, y emplearla sin mayor cálculo podría servir únicamente para fortalecer su narrativa o para facilitar el ejercicio represivo.

En cualquier caso -y como tercer punto-, sí es momento de que los políticos teman más a la reacción de la población general, que a la caída en desgracia con los lealistas de MAGA o su líder (^{Hamza & Ruda, 2025}). Escenarios de diálogo deben servir para una politización bien informada y la organización de un movimiento de clase trabajadora, en distancia no sólo con los republicanos, sino con la élite demócrata, que también sirve los intereses del gran capital mientras habla de reformas (^{Acemoğlu, 2024}). Dichos espacios deben orientarse a la organización de una acción colectiva que corte con los beneficios de quienes están detrás del proyecto de extrema derecha, con presión constante -asfixiante- hacia ‘arriba’ (^{Varoufakis, 2024}). Boicots económicos y marchas, actos de no-cooperación y conferencias, bloqueos y manifiestos, desafío a incumbentes en elecciones y propaganda masiva, litigio estratégico y pedagogía a la calle: acciones y construcción de símbolos.

En relación con lo anterior, como cuarta clave se tiene la ampliación de la distancia entre votantes y la ultraderecha, exponiendo sin ambigüedades cómo ésta instrumentaliza el racismo, la misoginia y el odio a minorías de orientación sexual distinta para promover la agenda de los poderosos. Es imperativo recordar que, sin importar estas particularidades, la mayoría está unida en la experiencia de trabajo duro para su subsistencia y la de sus familias, mientras políticos al servicio de grandes capitales socavan sus opciones para disponer de los recursos básicos para una vida digna, y señalan a los más vulnerables como los responsables de las dificultades comunes. Asimismo, que es en la lucha y la unidad en lo fundamental que se pueden conquistar las condiciones deseadas, que acaparan pocos bajo una falsa meritocracia (Judt, 2010; ^{Clark, 2020}).

En esta línea, la quinta acción corresponde a la construcción de un nuevo “ethos nacional”, que legitime una gestión no violenta de los conflictos (^{Lederach, 2005}). En contravía del individualismo occidental y de la adversarialidad irrefrenable que caracteriza al fascismo, el movimiento por la democracia debe fortalecer la cultura alrededor de la búsqueda consciente del bienestar común en deliberación abierta y plural, crítica y honesta, libre de violencias, para definir constantemente qué entendemos como una sociedad mejor (^{Arendt, 1997}; ^{Habermas, 1988}; ^{Rosanvallon, 2007}).

Con estos principios, la sexta orientación corresponde a la reconquista del poder estatal, con protagonismo de candidatos progresistas. Por supuesto, ello sólo es posible en la limitación de la influencia de los grandes capitales sobre las elecciones, iniciando con financiación participativa -como la de Justice Democrats- y luchando por la financiación pública de campañas.

Recuperado el Estado para la democracia, el séptimo ítem implicará su reconstitución para la protección de los ciudadanos frente al fundamentalismo de mercado. La confianza en el mismo no se atará a elecciones, sino a su fidelidad con los compromisos, verificada a través del “poder de control”, que permite el cuestionamiento del ejecutivo y adecuación de sus actos al interés común; el “poder de obstrucción”, que habilita para determinar, modificar o impedir las actuaciones de los gobernantes; y el “poder de juicio”, que faculta a jueces para abrir causas a gobernantes y restablecer el espíritu de la ley en los veredictos (^{Rosanvallon, 2007}; ^{Annunziata, 2016}).

Como clave final, un nuevo acercamiento a la experiencia de libertad, igualdad y fraternidad, puede hacerse realidad -como sucediera con el keynesianismo- a través del abrazo a ideas propias de la izquierda renovada (^{Žižek, 2015}). Es fundamental democratizar la economía y desmercantilizar la vida, impulsando impuestos progresivos, participación real de los trabajadores en gobiernos empresariales, salarios más altos, mayor estabilidad laboral, lucha contra la alienación frente a la obra, repartición más equitativa de cargas, acceso gratuito y universal a educación de calidad y a servicios de salud, facilidades para vivienda, entre otros. Además, es forzoso replantear qué y cómo producir, así como nuestros patrones de consumo. La democracia depende, en buena medida, de que se abandone la posesión de cosas como medida fundamental para el progreso; de que los países más desarrollados emprendan finalmente su proceso de decrecimiento, pasando del lujo privado al público, para mayor equilibrio con la naturaleza y al interior de nuestras sociedades.