Introducción
La vinculación universidad - sociedad constituye una función sustantiva y de responsabilidad social de las universidades (LOES, 2018; (OCTS) Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, 2020). Estas, en el Ecuador, buscan dinamizar las relaciones con actores externos para contribuir al desarrollo social armónico y afianzar la pertinencia de las instituciones universitarias. Se incide así en escenarios externos a las actividades académicas más tradicionales de la institución, articulando la docencia y la investigación con la vinculación en la generación de proyectos y programas. Tal como lo indica el modelo de gestión de vinculación de la Universidad San Gregorio de Portoviejo (en adelante USGP), se concibe la vinculación como función sustantiva y articuladora de la formación integral de los estudiantes.
La vinculación universidad - sociedad despliega acciones que parten de identificar situaciones sociales que necesitan aportes del conocimiento para contribuir a mejorar la calidad de vida de personas, grupos y comunidades. En ese proceso de búsqueda y aportes, se realizó por la Facultad de Derecho de la USGP el estudio del Centro de Apoyo Integral San Pedro (en adelante CAI San Pedro), centro dedicado a la atención a situaciones de vulnerabilidad y desigualdad social en grupos específicos de personas y familias. Su esfera de atención se relaciona con un sector de pobreza de la ciudad de Portoviejo, Manabí, Ecuador. Sus beneficiarios son niños, niñas y adolescentes que presentan varias situaciones de vulneración de derechos.
El estudio abarcó el periodo entre el año 2017 y 2019, y permitió realizar una caracterización integral de las problemáticas que limitaban las posibilidades de impacto social del CAI San Pedro y diseñar un sistema de asesorías que ha contribuido a revertir las restricciones que impedían la labor social del Centro.
Se concibió con carácter interinstitucional, partiendo del vínculo entre profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho de la USGP, el Vicariato y la Universidad Técnica de Manabí. El estudio responde a las proyecciones del eje número 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Más sociedad, mejor Estado” objetivo nacional 7
y de la política 7.3“Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía”
” (Senplades, 2017, pp. 91-107 ).“Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas rurales, potenciando las capacidades productivas, combatiendo la precarización y fortaleciendo el apoyo focalizado del Estado e impulsando el emprendimiento
La investigación sobre las limitaciones al alcance del desempeño del CAI San Pedro, que afectan el logro de sus objetivos y de la pertinencia de su labor, se apoyó en sus inicios en instrumentos elaborados por la USGP para la gestión de la vinculación con la sociedad, estos permitieron identificar las problemáticas más acuciantes del CAI San Pedro, a partir del conocimiento de situaciones críticas de comunidades sociales de Portoviejo.
El estudio permitió, además, conocer experiencias que poseen elementos de trabajo similares a los planteados en la investigación realizada en el CAI San Pedro. Entre ellas, resultó de utilidad el conocimiento de los planteos teórico - metodológicos del Consultorio Jurídico de Derecho y Desplazamiento de la ciudad de Cartagena, que, aunque no emerge del ejercicio de vinculación universidad - sociedad directamente, si posee su centro de atención en la relación vulnerabilidades sociales - ejercicios jurídicos de apoyo social (Quintero Lyons y Carvajal Martínez, 2009).
Vinculada de modo directo al desempeño formativo de profesionales del derecho, esta vez a nivel de postgrado en el programa doctoral de ciencias jurídicas, las trayectorias del Consultorio jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, en el Proyecto de atención a víctimas de violencia sexual identificaron sensibles carencias en el conocimiento por las víctimas de sus derechos, lo cual implicó una profunda labor de orientación que, para los juristas que conformaron el equipo del proyecto, requirió el tratamiento epistémico crítico de los conceptos de “víctima” y “victimización”, y sus tratamientos en la legislación colombiana (Sampedro et al., 2014).
Unido al conocimiento de otras experiencias interesantes relacionadas con los aportes de las facultades de derecho a la atención jurídica a los asuntos de alta sensibilidad social, tenemos a Monroy Alvarez (2005) y en un análisis de carácter genérico sobre el tema en Recalde et al. (2017), los autores de la presente investigación incursionaron en el análisis de la propuesta de reglamento interno para los Consultorios Jurídicos Gratuitos en Ecuador, lo cual sin dudas aporta elementos de interés para el avance ulterior de estas experiencias a partir de estructuras de mayor grado de coherencia y trabajo interrelacionado (Ruiz, 2017). Por lo que la presente contribución se plantea como objetivo fundamentar la relevancia social del trabajo de asesorías jurídicas a comunidades vulnerables por parte de instituciones universitarias.
Metodología
Se basó en una metodología cualitativa (Hernández Sampieri et al., 2014) desde la que se conformaron los elementos, herramientas y procedimientos que el avance del estudio requirió. El proyecto partió de un estudio de la legislación vigente en la República del Ecuador vinculada a los derechos humanos y responsabilidades institucionales en atención a problemas sociales de marcada vulnerabilidad. Esta se correlacionó con los aportes del derecho internacional, así como con experiencias de otras naciones de la región latinoamericana.
A su vez, la conformación de un marco teórico conceptual adecuado permitió observar con precisión la valía de experiencias de la vinculación del proceso formativo en las carreras de derecho con problemáticas sociales acuciantes, que los formen no sólo en el dominio de las competencias técnico -profesionales legales, sino además en conductas profesionales basada en valores y ética (Ruiz, 2016).
Resultaron interesantes las investigaciones sobre centros de transferencia de conocimiento científico, por sus aportes a la atención de problemáticas sociales, a través de la vinculación universidad - sociedad (Mejía Martínez y Mejía Correa, 2020).
La fase de diagnóstico y caracterización, permitió construir la representación del alcance de la gestión del Centro de Apoyo Integral San Pedro. En esa fase se aplicaron encuestas a diferentes actores y se verificó el nivel de conocimientos que sobre la problemática tenía el Centro.
Sobre la base de una metodología cualitativa se utilizaron técnicas como entrevistas grupales e individuales a diferentes actores, así como la observación realizada en estos escenarios. A partir de lo cual, se describió el ambiente real que viven cotidianamente los beneficiarios del Centro, así como las dificultades que presentan. La metodología empleada, incluyó sucesivos ejercicios de observación, dinámicas de grupos y de confrontaciones con los documentos sobre políticas relacionadas con ese tipo de institución social y con los lineamientos rectores del CAI San Pedro.
Para los estudiantes de derecho incorporados al proyecto, resultó una experiencia que incorporó nociones de lo que se conoce como learning by doing y learning by interacting, conocido en la literatura como modo de aprendizaje DUI (Lundvall et al., 2002), toda vez que los enfrentó a una situación real de carencias de fundamentos legales en el desempeño institucional y construcción de los mismos a partir del dominio de la legislación vigente y la interacción con los diferentes actores que participaron en el proyecto.
Resultados y discusión
Las organizaciones sociales sin fines de lucro, como corporaciones y fundaciones, de acuerdo a la legislación ecuatoriana, se encuentran dentro de la categoría de personas jurídicas, es así que el Código Civil, Libro I, Título XXX, Art. 564 determina: 23 “
” (Asamblea Nacional, 2019).Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones, y fundaciones de beneficencia pública.
Alexandra Loroña (2011) al referirse a las organizaciones sin fines de lucro, marca como uno de sus principales antecedentes el periodo comprendido entre los años 1935 y 1939, base que permitió que surgieran organizaciones que durante la segunda guerra mundial tenían el fin específico de socorrer a las víctimas de esos enfrentamientos. Ya a lo largo de los años cuarenta comienzan a extenderse con mayor rapidez por todo el mundo.
Las organizaciones sin fines de lucro conforman un sector importante de la sociedad civil. En el estudio se asume el concepto de sociedad civil que aporta Norberto Bobbio et al. (1991 ) para quien la sociedad civil configura dentro del tejido social una esfera de relaciones entre individuos, grupos y organizaciones que se desarrollan fuera de las relaciones de poder que caracteriza a las organizaciones gubernamentales.
En el Ecuador se puede notar que las organizaciones sin fines de lucro han sido creadas con fines filantrópicos, como el servicio social, educativo, cultural, la ayuda a personas sin recursos económicos, como el caso de las Juntas de Beneficencia. No obstante, en su evolución aumentaron sus propósitos y comenzaron a incorporar proyecciones hacia sectores sociales, que muchas veces el Estado había desatendido, como las comunidades indígenas y sectores marginales en las mismas ciudades (Veleda Poveda, 2015).
Así las principales normas que regulan a las organizaciones sin fines de lucro dentro del territorio ecuatoriano son:
El Decreto Ejecutivo No. 16 en su artículo 8 define el “Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas (SUIOS)” y señala en su articulado las normas, instituciones, políticas, programas, proyectos, recursos y la documentación e información correspondientes a las organizaciones sociales. Estos artículos dan a conocer los objetivos y funciones de las organizaciones sociales, consistentes en promover y fortalecer la organización social, la participación ciudadana en los asuntos de interés público, y además el acceso a la información, de conformidad con la Constitución y la ley. El marco jurídico recoge el decreto 739 como el más actual, el cual reforma el Decreto No. 16 y es la base de la investigación sobre las organizaciones sociales.
En el campo internacional, la labor de las organizaciones sociales sin fines de lucro posee como base la Declaración Universal de Derechos Humanos y múltiples instrumentos jurídicos que abordan las problemáticas específicas violatorias de los derechos humanos como la discriminación por razones de raza, etnia, sexo, edad, y otras.
A partir de este cuerpo jurídico, se definieron las problemáticas y carencias de orden jurídico del CAI San Pedro, que sustentaban las limitaciones en el desempeño CAI San Pedro. Que al caracterizarlas se constató, como su fuente principal el desconocimiento de sus derechos y las relaciones con los miembros de su núcleo familiar, para lograr la armonía en el fomento de una sociedad con un marco legal vigente y actualizado.
Estas carencias fueron identificadas como: desconocimiento de derechos y obligaciones, tanto por los niños como por las familias, trabajadores, voluntarios y directivos de la Centro de Apoyo Integral San Pedro. Por diversas razones identificadas en el estudio, el Centro contaba con una limitada organización, desconocía los mecanismos de protección a los niños y jóvenes, y a sus familias, a los cuales brindan sus servicios.
De suyo se desprende, el CAI San Pedro desconoce o no se apropia de su rol como organización de la sociedad civil para brindar el debido servicio de acuerdo a sus competencias. Como institución, está vulnerando derechos por omisión. Los problemas que debían resolverse eran, entonces, de plano Civil, Penal y Constitucional, y demás Leyes vigentes en la República del Ecuador.
La causa de los hallazgos del estudio radica en la carencia de una vida jurídica con estatutos, ordenanzas y reglamentos actualizados, tomando en cuenta que la Constitución que rige el país tiene conceptos institucionales y de política pública, que se desconocían por parte de los directivos del Centro de Apoyo Integral San Pedro.
Todo esto va de la mano de una desorganización y falta de ayuda por parte de funcionarios y familiares, de los favorecidos para obtener beneficios de gobiernos locales, nacionales e internacionales. Toda esta situación provocaba la deficiente difusión de los procesos de obtención de requisitos para la actualización de la vida jurídica, carencia de organización, liderazgo, recursos para la intervención de otras personas de interés colectivo. Así el CAI San Pedro resultaba una institución no visible socialmente, lo cual limitaba la capacidad para obtener la actualización de la vida jurídica y de suyo se desprende, limitaba sus posibilidades para la captación de recursos para su gestión eficaz.
Los resultados obtenidos fundamentan, que la fuente originaria de las problemáticas que lastraban el desempeño eficaz del CAI San Pedro, se enmarcaba en el campo de la vida jurídica del Centro, lo cual limitaba todo su desempeño y alcances.
La investigación realizada permitió retomar el encargo social del Centro y replantearse sus acciones, para el logro de un desempeño pertinente. De esta manera se logró la actualización de toda su normativa legal para poder funcionar con arreglo al marco jurídico establecido. Una vez logrado ese paso, se pudieron reunir los factores y hechos que influyen en todas sus áreas, y desarrollar estrategias que incentivaran a los funcionarios del CAI San Pedro para trabajar por la colectividad, todo esto con el fin de contribuir a la mejora de los individuos, disminución de las vulnerabilidades identificadas en el Centro y de la comunidad con la cual interactúan.
El resultado no se limitó a los aspectos estrictamente jurídicos detectados, sino que al mismo tiempo atendió a aspectos de mucha importancia, pero vinculados indirectamente con lo ya señalado. Lo que se refiere, al valor de las alianzas del CAI San Pedro con otros actores del tejido social, que pueden propiciar el desarrollo exitoso de la misión social del Centro y brindar servicios de calidad a sus beneficiarios (Canto et al.,2018).
Se trabajó en el fortalecimiento de las alianzas con la Universidad Técnica de Manabí con las carreras de Educación Física, Deporte y Recreación, Optometría, Nutrición y Dietética, Laboratorio Clínico, Trabajo Social, Enfermería, Psicologuita Clínica, Educación General Básica, Informática, Educación Parvulario, al interior de la USGP con las carreras de Comunicación, Derecho, Odontología y, Diseño Gráfico y con otras instituciones que resultan importantes para el apoyo a la infraestructura del Centro para colaborar en la mejora de la condición de cada uno de los niños y niñas beneficiados por esta casa hogar.
La actualización jurídica del Centro y de su gestión, con arreglo a lo más avanzado del derecho civil y de las organizaciones de esta naturaleza social, condujo a elaborar documentos rectores para su funcionamiento y desarrollo perspectivo del centro plasmados en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de Gestión de Riesgos.
Para lograr el resultado descrito, se concibió una planificación ceñida a una periodización por años de los resultados de acuerdo a indicadores que fungen en una doble función, como guía de la labor a realizar, y como evaluador del resultado. La definición de las Metas por año fue la siguiente:
Meta del año 1.- Se actualizó toda la normativa legal. Se encuentran en proceso de actualización de esta documentación los trámites que están a cargo del Centro de Apoyo Integral San Pedro, hasta el momento, que incluyen las definiciones para la atención a los grupos vulnerables, contenidas en la valoración de los resultados en la aplicación de los Objetivos de desarrollo sostenible, en las condiciones específicas de la República de Ecuador (ODS Territorio Ecuador, 2020; Monkelbaan, 2019).
Meta del año 2.- Se realizó la asesoría en temas de derechos y responsabilidades durante el año 2018 y 2019 en un 80% de padres, madres y personal administrativo del Centro de Apoyo Integral San Pedro.
Meta del año 3.- Recibieron la ayuda económica pertinente, para que el centro de apoyo integral San Pedro pueda seguir funcionando; con la actualización de la normativa legal vigente y la revisión de los POA (Plan Operativo Anual), PEDÍ (Plan Estratégico de Desarrollo Institucional) y Plan de Emergencia. Que pueden seguir recibiendo, ayuda económica por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Portoviejo y de Organizaciones no gubernamentales.
Como instrumento de apoyo para la toma de decisiones por los directivos del CAI, se construyó la siguiente Tabla 1, (ver en Anexos) resumen, que expone de modo sintético los componentes fundamentales que guiaron el trabajo.
Lecciones aprendidas
Se puede señalar como dificultad, el círculo cerrado que tiene la vicaría para que actores externos ingresen a revisar, mover, y/o actualizar sus normativas legales, con las cuales desarrollan sus actividades las fundaciones y centros de apoyo con la sociedad, ya que no prestan la colaboración sin previa autorización de monseñor, situación que se hizo difícil para el proyecto aun con aprobación del departamento jurídico.
Para que el CAI San Pedro continúe funcionando hubo que actualizar la normativa interna, POA (Plan Operativo Anual), PEDÍ (Plan Estratégico de Desarrollo Institucional) y Plan de Emergencia, la cual está en proceso para que las organizaciones nacionales y extranjeras sigan apoyando su gestión.
Conclusiones
Al desarrollar acciones propias de la función sustantiva vinculación universidad - sociedad, se pudo evidenciar la importancia de la integración de la docencia, investigación y vinculación con la sociedad para la Universidad San Gregorio de Portoviejo, ya que muestra la posibilidad de articular las funciones sustantivas universitarias en el estudio a fin de ejecutar acciones.
La investigación dirigida a la Asesoría Legal Centro de Apoyo Integral San Pedro obtuvo un resultado provechoso para la colectividad portovejense, estrictamente a los beneficiarios y a todo el personal de apoyo, ya que recibieron capacitaciones orientadas a mejorar la calidad de atención a los niños niñas y adolescentes, manejo de crisis y situaciones legales, conocimientos generales básicos en derecho temas que han contribuido a mejorar sus actividades.