La seguridad es una preocupación central en la vida de los ciudadanos en Latinoamérica. Según el Informe Latinobarómetro (2024), la seguridad figura como la segunda principal preocupación en América Latina, con un 22 % de los encuestados que la mencionan, solo superada por la economía (42 %). De otra parte, en un estudio de ^{Malamud y Nuñez (2024}) se indica que más del 76 % de la población teme ser víctima de un delito, lo que refleja la percepción del incremento de la criminalidad por parte de los latinoamericanos en los últimos años en la región. Esto ha fomentado una creciente recurrencia por parte de los poderes públicos a estrategias de control y “guerras” contra la delincuencia, las cuales plantean como tema central en las campañas electorales que se han llevado a cabo recientemente (InSight ^{Crime, 2023a}), como ocurrió en Ecuador y en México, países en donde las discusiones sobre el crimen organizado han moldeado la agenda de las elecciones presidenciales (InSight Crime, 2023b).

Si bien la percepción de inseguridad en América Latina es un factor relevante, esta se ha visto confirmada por datos empíricos que evidencian un aumento sostenido de la violencia, que se expresa en la intensificación de formas tradicionales como en las violencias por razones de género, en la expansión territorial del crimen organizado y en la aparición de nuevas prácticas delictivas caracterizadas por su creciente complejidad y sofisticación. En efecto, por una parte, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ([CEPAL], 2023), se identifica la existencia de “contextos de violencia femicida” en la región que exacerban la ocurrencia de muertes violentas de mujeres por razón de género. De otro lado, el crimen organizado ha expandido su presencia territorial de forma significativa en América Latina, toda vez que los carteles han diversificado sus actividades y han penetrado en nuevas áreas geográficas, al paso en que las estadísticas muestran que la región tiene algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo. En este sentido, según los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2019), América Latina presenta tasas de homicidio significativamente superiores al promedio mundial.

Al contrario de los discursos simplistas que se mantienen en las recientes políticas populistas y de “mano dura” especialmente en Latinoamérica (El País, 2024), la criminología entiende que la gestión de la criminalidad en las sociedades contemporáneas se configura como un fenómeno multidimensional, en el que confluyen procesos sociales, económicos, políticos y culturales que demandan respuestas institucionales igualmente complejas. Así, en las últimas décadas se ha producido una transformación estructural en la cultura del control, marcada por el tránsito desde un modelo penal-welfare -centrado en la rehabilitación y la integración social- hacia un modelo caracterizado por la intensificación de la vigilancia, la securitización y la expansión de políticas punitivas. Esta “nueva cultura del control” redefine las estrategias estatales frente al delito y reconfigura las percepciones sociales de la seguridad y la justicia, generando una permanente tensión entre el orden y la libertad (^{Garland, 2005}).

Este desplazamiento en las formas de gestionar el delito en la criminología refleja un cambio de paradigma en las políticas de control social y prevención del delito, que se desvinculan progresivamente de la racionalidad penal clásica y del positivismo criminológico, para orientarse hacia modelos preventivos de gestión del riesgo. En este marco, la seguridad urbana emerge como un objeto ambivalente que articula dimensiones objetivas, referentes al riesgo de victimización, y subjetivas, como el miedo al delito, y que exige intervenciones públicas que exceden las respuestas puramente punitivas (^{Sozzo, 2000}).

Sin embargo, en América Latina persiste un conservadurismo conceptual y político que limita la capacidad de diseñar políticas criminales eficaces y respetuosas de los derechos humanos. La tendencia a privilegiar respuestas punitivas simplistas, sustentada en discursos que remiten a la persecución del “enemigo”, impide adoptar políticas integrales que aborden la criminalidad como fenómeno estructural y socialmente determinado (^{Medrano et al, 2023}). De esta forma, es necesario superar el inmovilismo político y conceptual mediante la formulación de políticas de seguridad, en las que se reconozca la complejidad del fenómeno criminal y que se orienten a la transformación social y a la garantía de los derechos ciudadanos (^{Binder, 2014}).

En este sentido, es necesaria una visión integral de la criminología contemporánea, que asuma la necesidad de articular perspectivas sociales, psicológicas y jurídicas en el análisis del delito y en la formulación de políticas públicas. Desde esta perspectiva, el fenómeno criminal se comprende como la resultante de múltiples factores: la desigualdad social, los procesos de exclusión, las trayectorias individuales, la configuración de oportunidades y la respuesta institucional de los sistemas de justicia penal. Así, se reivindica una criminología que no se limite a describir conductas desviadas, sino que se involucre activamente en formular políticas que promuevan la inclusión y la prevención social del delito (^{Aguilar-Valarezo et al., 2025}; ^{Palacios, 2014}).

Esta aproximación integral y garantista se articula con los postulados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ([CIDH], 2018), que establece que toda política pública, incluidas las de seguridad y control del delito, debe estar orientada por los principios de los derechos humanos, priorizando la prevención estructural de la violencia y la garantía de la dignidad humana. La CIDH advierte que el diseño e implementación de políticas públicas deben estar fundados en la participación social, la igualdad, la no discriminación y la rendición de cuentas, promoviendo respuestas estatales que fortalezcan la institucionalidad democrática y eviten la reproducción de violaciones a los derechos fundamentales. Asimismo, también ha señalado en el Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos del 2023, que “la perspectiva de los derechos humanos permite abordar la problemática de la criminalidad y la violencia y su impacto en la seguridad ciudadana mediante el fortalecimiento de la participación democrática y la implementación de políticas centradas en la protección de la persona humana, en lugar de aquellas que primordialmente buscan afianzar la seguridad del Estado o de determinado orden político” (CIDH, 2023).

Ante dichas tensiones, la criminología contemporánea, en diálogo con las políticas públicas con enfoque de derechos humanos, debe ofrecer herramientas conceptuales y prácticas para abordar las criminalidades actuales desde una perspectiva que supere la lógica de la mera represión. La articulación de estos enfoques permite visibilizar que la gestión de la criminalidad en las sociedades contemporáneas no puede reducirse a un problema técnico de administración penal, sino que constituye un desafío político y ético de primer orden, en el que se juega la vigencia de los derechos y la calidad democrática de las instituciones.

Presentación de los artículos

En este contexto, los artículos seleccionados para este dossier ofrecen un valioso panorama de las múltiples manifestaciones de la criminalidad contemporánea, analizadas desde diversas perspectivas teóricas, disciplinarias y contextuales, pero unidas por una preocupación común: repensar el fenómeno criminal desde una lógica garantista, crítica y respetuosa de los derechos humanos. A continuación, se presentan las contribuciones incluidas en este número:

Adrián Alejandro Alvaracín Jarrín, en su artículo “Reflexiones criminológicas para la sociedad de la transparencia”, propone una renovación del pensamiento criminológico desde el Sur Global. Por medio del análisis de las nuevas formas de control social en la sociedad digital, como la psicopolítica y el big data, plantea una crítica profunda a los dispositivos de dominación contemporánea. Su reflexión pone en evidencia cómo estas nuevas formas de poder desafían los marcos tradicionales de la criminología crítica, abriendo la puerta a nuevas aproximaciones desde contextos periféricos.

María Emilia Zapata Segovia, en “Repercusiones de la violencia de género en la niñez y adolescencia en Ecuador: enfoque intergeneracional”, analiza la violencia de género intrafamiliar desde una perspectiva estructural e intergeneracional. Su trabajo demuestra cómo las experiencias de violencia vividas en la infancia no solo constituyen formas graves de victimización, sino que también pueden influir en trayectorias delictivas futuras, visibilizando la urgencia de políticas públicas que rompan el ciclo de la violencia.

Cristina Escobar Montalvo y Verónica Salgado Saltos, en “Criminalidad con perspectiva de género: análisis del rol de las mujeres en el cometimiento de delitos”, desarrollan un análisis crítico sobre la evolución de las teorías criminológicas en relación con la mujer. Su estudio problematiza los roles tradicionales de las mujeres como víctimas y destaca la necesidad de integrar la perspectiva de género también en la comprensión de las mujeres como autoras de delitos, con el fin de obtener una justicia penal más equitativa y contextualizada.

María Teresa Guerrero Bermeo, en “La prisionización y el populismo punitivo como factores limitantes para la rehabilitación social”, examina cómo las condiciones carcelarias y la cultura del castigo afectan la función rehabilitadora de la pena en Ecuador. Su trabajo, sustentado en la teoría criminológica de la contención, revela que las reformas punitivistas han debilitado los mecanismos institucionales orientados a la reinserción social a la vez que han reforzado las dinámicas criminógenas.

Daniel Patricio Mera Espín, con su contribución “Relación entre educación precaria y el ingreso de menores en la delincuencia organizada en Ecuador”, aborda la criminalidad juvenil desde la teoría de la anomia. El autor establece un vínculo claro entre la precariedad del sistema educativo y la vulnerabilidad de niños y adolescentes frente al reclutamiento por parte de organizaciones criminales. Al final propone la educación como herramienta esencial para la prevención del delito.

Karla Francisca Espinoza Jiménez, en “Investigación penal con perspectiva de género: realidad y desafíos en Chile”, examina la aplicación del principio de oportunidad en casos de violencia de género. Su análisis pone en evidencia cómo la falta de enfoque de género en el uso de mecanismos discrecionales como el archivo provisional puede reforzar la impunidad y la revictimización, haciendo un llamado a incorporar una mirada interseccional en el proceso penal.

Clarissa Campani Mainieri, Carmen Hein de Campos y Salo de Carvalho presentan en “Estereotipos de género y raza en delitos de violación sexual: desafíos para su afrontamiento” una investigación empírica sobre sentencias en Brasil, por medio de las que revelan cómo los estereotipos sexistas y racistas afectan la valoración de pruebas en casos de violación. A partir de la epistemología jurídica, los autores proponen estrategias para enfrentar estos sesgos, mostrando cómo la discriminación opera de manera estructural en el sistema judicial.

Andrea Lideth Sánchez Sánchez, en “Tratamiento penitenciario de las mujeres transexuales en el Ecuador: institucionalización de la violencia de género”, analiza la exclusión y vulneración de derechos que enfrentan las mujeres trans en el sistema penitenciario ecuatoriano. La autora denuncia la práctica de alojarlas en cárceles masculinas, como una forma de violencia institucionalizada, y plantea la necesidad urgente de políticas penitenciarias con enfoque de identidad de género.

Este conjunto de trabajos constituye un aporte significativo al debate criminológico actual, en tanto articula teoría crítica, análisis empírico y una firme vocación transformadora de las políticas públicas. Esperamos que este dossier contribuya a repensar, desde una mirada latinoamericana, la complejidad de las criminalidades contemporáneas y las respuestas estatales orientadas a su gestión.