Introducción

Los manglares son ecosistemas intermareales tropicales con alta biodiversidad, productividad y servicios ambientales (^{Hermon et al., 2018}; ^{Liu et al., 2018}). Los científicos, actores de gobierno e instituciones multilaterales coinciden en que deben ser conservados, sin embargo, desaparecen de 2 a 5 veces más rápido que otros bosques a escala mundial. El 25 % de esta superficie original se había perdido hasta 2018 (^{Kristian y Oktorie, 2018}). El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) de 2021 propuso aumentar las áreas protegidas terrestres en un 15 y las marinas en un 23 % para 2030, en especial, en zonas de alta biodiversidad. Dado que el 37 % de las áreas naturales sin protección es manejado por comunidades indígenas y locales (^{Garnett et al., 2018}), se esperaría que los bosques de manglar de uso comunitario consten en las nuevas políticas de conservación y la expansión de áreas protegidas (AP).

El CBD reconoce, de forma implícita, la importancia de la participación de las poblaciones indígenas y locales en la expansión de las AP y el respeto a sus derechos territoriales. Pese a ello, se conoce poco sobre las dinámicas socioambientales y la manera en la que las coyunturas históricas afectan a las poblaciones locales y las obligan a negociar su gestión ambiental tradicional con enfoques de conservación internacional (^{Dudley et al., 2018}; ^{Garnett et al., 2018}). La conservación se basa, a menudo, en restricciones con impactos subestimados para el turismo (^{Mowforth y Munt, 2015}). En todo caso, los ecosistemas se tornan frágiles ante una industria turística que ejerce presión en los recursos locales y genera infraestructuras dañinas para el entorno natural (^{Kapuangan et al., 2016}), además de procesos socioambientales circulares y acumulativos (^{Wolf et al., 2019}).

En áreas naturales frágiles, como los manglares, la degradación puede ser directa, sea por basura, contaminación, tráfico marino y tala; o indirecta, con infraestructuras de acceso (^{Brenner et al., 2018}) o dinámicas socioeconómicas que transforman las relaciones de los actores locales con sus entornos (^{Vargas-del-Río, 2020}). Sea de manera directa o indirecta, el turismo basado en la naturaleza (TBN) contribuye a la degradación del entorno más que a su conservación (^{Clarke, 1997}). En efecto, las políticas de desarrollo, conservación y los modos de tenencia de la tierra influyen en la conservación de los humedales costeros, asunto que se ve reflejado en un creciente número de investigaciones que abordan los efectos ambientales de las políticas de desarrollo a escalas global y nacional.

Destacan estudios que valoran el impacto ambiental de las políticas gubernamentales en materia de desarrollo económico (^{Bao y Gao, 2016}; ^{De la Rosa-Velázquez et al., 2017}), de la gestión de los límites del territorio considerando los intereses económicos (^{Carter et al., 2015}), factores biofísicos (^{Junk et al., 2014}) y relaciones de poder (^{Karstens et al., 2007}). Otros aportes sugieren la necesidad de generar marcos conceptuales que contribuyen a una administración más eficiente de la gestión integrada (^{Liu et al., 2016}; ^{Ravit y Weis, 2014}). Este escenario académico se completa con estudios sobre la gobernanza (^{Aheto et al., 2016}; ^{Thompson et al., 2017}), la influencia que ejercen regímenes de propiedad (privados, comunes, públicos y de acceso abierto) en la conservación de humedales y los conflictos relacionados con el acceso y uso de recursos naturales (^{Memon y Thapa, 2016}), además de los impactos de las políticas públicas en los medios de vida local y conservación de humedales costeros (^{Aheto et al., 2016}; ^{Simpson et al., 2016}).

El presente artículo se inserta en las discusiones que aportan elementos para comprender cómo las políticas de desarrollo y conservación influyen en las dinámicas socioambientales de ciertas poblaciones (^{Mojica-Vélez et al., 2018}; ^{Tierney y Clemens, 2011}) y de qué manera esas políticas afectan a las instituciones y alteran los usos del suelo (^{Adger y Luttrell, 2000}; ^{Aheto et al., 2016}). Las recomendaciones internacionales abogan por actividades económicas sostenibles con mayor participación de los actores locales que restrinjan el uso de sus recursos, pese a que esto viene acompañado del surgimiento de otros actores, conflictos e intereses (^{Friess, 2017}). El TBN es una de las actividades de disfrute que, según se afirma, en el momento en que se gestiona de manera adecuada, resulta compatible con la conservación de la biodiversidad y manglares (^{Azis et al., 2018}; Friess, 2017), pese a que suele instrumentarse sin un conocimiento adecuado de sus efectos potenciales y derivar en conflictos (^{Mowforth y Munt, 2015}).

Este artículo examina, desde la ecología política histórica, las dinámicas socioambientales que se han generado en los manglares comunitarios a partir de la implementación de las políticas públicas en tres momentos clave de la historia mexicana reciente, para luego construir un modelo conceptual de tres escenarios y quince categorías que pueda implementarse para una mejor gestión de dicho entorno. Estos momentos, de acuerdo con ^{Vargas-del-Río (2020}), son la legislación posrevolucionaria de la Constitución mexicana de 1917, que definió las reglas de juego para la gestión agraria de los territorios comunes; las políticas industriales de 1945 en adelante, que expusieron a estos territorios con obras de infraestructura que fomentaban el extractivismo y desarrollo; y las reformas neoliberales de 1985, que permitieron la privatización de los territorios comunes, la importación de materias primas, la reducción de las restricciones al empresariado y la aplicación de políticas de conservación.

Desde lo metodológico, se parte de 180 entrevistas semiestructuradas que buscan conocer la influencia de estas políticas en las dinámicas socioambientales y cuyos insumos fueron utilizados por los autores de este artículo en investigaciones anteriores e independientes (^{Brenner, 2015}; ^{Vargas-del-Río, 2010}). Cada autor abordó cuatro casos de manglares comunitarios en México, lo que deviene en un total de ocho: 1) Agua Dulce y El Ermitaño, 2) La Encrucijada, 3) Mecoacán y 4) Chacmuchuc y Puerto Morelos (^{Brenner, 2015}); 5) Mazunte, 6) La Ventanilla, 7) Punta Allen y 8) Punta Herrero (^{Vargas-del-Río, 2010}). Las personas entrevistadas fueron seleccionadas mediante la técnica de bola de nieve y comprende a actores de base, representantes de grupos locales, organizaciones ambientales, agencias gubernamentales ambientales y personal académico, quienes dieron su consentimiento para utilizar los resultados con fines académicos, pero protegiendo su identidad. Se realizó la codificación y clasificación de estos hallazgos basados en los usos productivos, organización social, actores relevantes y actividades económicas desarrolladas en áreas con extensa cobertura de manglares.

Para finalizar, se proponen tres escenarios que resumen estos cambios socioambientales: manglares comunitarios, turistificados y conservados, junto con quince categorías de análisis que surgen de los cambios que ha tenido la política pública: deterioro de origen antrópico; degradación; tipos de mangle afectados; actividades económicas; instalaciones predominantes; condiciones de la duna costera y manglares adyacentes; conceptos que orientan a los planes y proyectos de desarrollo; valoración de los manglares; paisaje; relación del territorio con el poder; modo de gobierno y gestión; actores; conflictos; experiencia turística; y dilemas del desarrollo. El aporte que hace este artículo en relación con esos dos estudios previos consiste en la conceptualización de las dinámicas socioambientales a escala nacional desde la ecología política histórica; una abstracción que permite relacionar estas dinámicas con políticas de desarrollo que se fueron instrumentando en la historia reciente de México.

Este documento contribuye a la elaboración e implementación de políticas públicas más cuidadosas sobre los manglares gestionados por comunidades en México. Al mismo tiempo, aporta a que sean reconocidos como un ejemplo para investigaciones sobre los territorios comunes. Más del 50 % del territorio mexicano es considerado de “propiedad social”, es decir, corresponde a territorios indígenas gestionados con tradiciones ancestrales y ejidos administrados en común por campesinos dotados de tierras luego de la reforma agraria posrevolucionaria (^{Reyes et al., 2012}). Al igual que en otras partes del mundo, las poblaciones que los habitan enfrentan condiciones económicas adversas (^{Espinoza-Tenorio et al., 2019}).

Ecología política histórica de los territorios comunes de México

La conservación de manglares es un problema socioambiental sobre el cual influye el contexto socioeconómico, la organización social, la política, la producción regional, las normativas y los modos de gobierno asociados a su manejo (^{Blaikie y Brookfield, 1987}). El ejemplo genérico de la degradación ambiental que suelen padecer son los espacios comunales que se privatizan y que algunos científicos han denominado como “tragedia de los cercamientos”. Partiendo de la reelaboración del concepto de “acumulación originaria” de Marx, la tragedia alude a la destrucción ambiental que se desarrolla a partir de las prácticas extractivistas sobre bienes naturales de uso común que han recibido un valor de cambio (The Ecologist, 1993; ^{McCay & Acheson, 1987}; ^{Ostrom, 1990}). En el caso de manglares gestionados por comunidades locales, el valor de uso que tenían para la comunidad (como la pesca artesanal o la generación de madera para autoabastecimiento) empieza a coexistir con un valor de cambio que incentiva su privatización. Los manglares están siendo cercados a la comunidad y, del otro lado, van construyéndose hoteles, campos de golf, fraccionamientos, segundas residencias, y granjas de acuacultura, en línea con las actividades económicas predominantes en la región (^{Adger y Luttrell, 2000}; ^{Aheto et al., 2016}; ^{Martínez-Alier, 2004}).

En la actualidad, en México el turismo es la actividad más prevalente y perjudicial para estos entornos debido a todas las dinámicas destructivas que de este provienen (^{Brenner et al., 2018}; ^{Kumagai et al., 2020}). Sin embargo, esta actividad adquiere formas particulares en los manglares en este país como respuesta a una sucesión de usos productivos vinculados a las ideas de desarrollo, políticas nacionales y prioridades económicas (^{Vargas-del-Río y Brenner, 2023a}). El concepto de ecología política histórica aporta elementos para comprender cómo de las dinámicas socioambientales emanan conflictos, demandas y prácticas relacionadas con la naturaleza en momentos específicos de la historia (^{Offen, 2004}; ^{Peluso, 2012}). Este enfoque ha permitido la comprensión de la evolución socioambiental en los distintos contextos mundiales (^{Carney y Rosomoff, 2011}; ^{Mathevet et al., 2015}).

^{Vargas-del-Río y Brenner (2023b}) aportaron una noción conceptual para examinar las relaciones socioambientales en determinados contextos, cuya instrumentación consta en el gráfico 1. Como se observa, las sociedades que surgen en una misma época y bajo un ambiente en particular pueden presentar prácticas socioambientales similares. En una primera coyuntura histórica surgen formas socioambientales elípticas rojas que adaptarían su color y forma en una segunda coyuntura que promueve formas amarillas y rectangulares. Luego, readaptarán su forma y color a una época siguiente que promueve formas triangulares azules, quedando en ellas rastros de las épocas anteriores. Conforme se avanza, se generan distintas estrategias socioambientales, pero con similitudes, que pueden observarse en los territorios que han atravesado las mismas coyunturas históricas, como el caso de un Estado. Las sociedades en su relación histórica con la naturaleza pueden ser rastreadas en una región política, (Gráfico 1).

Fuente

Gráfico 1 Transformación de las relaciones socioambientales a partir de coyunturas históricas  

Para aplicar esta noción al contexto mexicano, resulta útil la propuesta de ^{Vargas-del-Río (2020}), quien identificó tres momentos socioambientales a partir de una triada de coyunturas de la historia ambiental. En cada momento se definieron las políticas de desarrollo, los modos de producción dominantes, las relaciones socioambientales de los actores, así como los conflictos en el acceso a recursos y su relación con los cambios en los derechos de propiedad y regímenes ambientales. Los eventos críticos se describen de forma abreviada a continuación:

Se estimó que tal conceptualización histórica es apropiada para los ocho casos de estudio porque: 1) contiene elementos que permiten hablar de la consolidación y privatización de los territorios comunales; 2) hay transición entre el valor de uso y valor de cambio de los territorios; 3) las políticas y la legislación fue transversal a las dinámicas socioambientales generadas a lo largo del siglo XX; y 4) el conflicto por las tierras comunales ha sido permanente, mientras que el turismo como actividad económica surge luego de la segunda mitad del XX. El mapa 1 presenta el contexto socioambiental de los ocho casos de estudio (1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6.1, 6.3) que distan entre espacios comunitarios, regionalización de manglares, AP y playas con potencial turístico, (mapa 1).

Escenarios ambientales para la conservación de manglares

Con base en la ecología política histórica de México y los resultados de los ocho casos de estudio, fue posible sintetizar las relaciones socioambientales que surgieron en los manglares bajo tres escenarios. Estos se presentan en el marco de las políticas públicas que los motivaron y las dinámicas ambientales, territoriales, sociales y políticas de cada contexto histórico y modo de producción predominante.

Manglares conservados

Este escenario comenzó a desarrollarse con las reformas neoliberales de mediados de la década de 1980, las cuales incluyeron reformas para abrir la economía nacional, debilitar el Estado y privatizar los territorios comunes; todo esto debilitó aún más las instituciones locales. Las medidas económicas ocurrieron a la par de los acuerdos internacionales que buscaron promover la protección de la biodiversidad desde arriba mediante leyes ambientales, AP y planes de ordenamiento (^{Vargas-del-Río, 2020}). La síntesis que se presenta a continuación se basa en dos territorios comunitarios influenciados por estrategias de conservación voluntaria/comunitaria en el Pacífico Sur (CE 2.1 Mazunte, 2.2 La Ventanilla), dos localidades de la Península de Yucatán ubicadas en una reserva de la biósfera (CE 6.1 Punta Allen, 6.2 Punta Herrero), una población ubicada en el sitio Ramsar de Agua Dulce-El Ermitaño en el Pacífico Central (CE 1) y otras dos comunidades en reservas de biósfera: La Encrucijada en el Pacífico Sur (CE 3) y Mecoacán en el Golfo de México (CE 4).

3.3.1. Dinámicas ambientales y territoriales en los manglares conservados

El escenario que predomina en los manglares conservados se deriva de manglares comunitarios cuyos modos de producción fueron socavados por restricciones ambientales, mientras se promovía económica y técnicamente el TBN. La agricultura, ganadería, pesca artesanal y la extracción de madera pierden importancia a medida que los residentes se involucran en la actividad turística (CE 2.1, 2.2, 6.1). Los visitantes contratan recorridos en bote o senderos, guiados por lugareños, para observar la flora y fauna: las poblaciones locales reciben subsidios gubernamentales y con ellos modifican la duna costera y manglares adyacentes, construyen infraestructura turística de pequeña escala, venden artesanías y comida tradicional a los turistas (CE 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, 1, 3, 4). Se promueven actividades que buscan conservar las especies nativas que se convierten en atracciones turísticas. Por ejemplo, recolección, incubado de huevos de tortuga y liberación de sus crías, cría en cautiverio de especies como Crocodylus acutus, Odocoileus virginianus e Iguana, o viveros donde se germinan plántulas de manglar para la reforestación (CE 2.2, 1, 3). Algunos emprendedores locales ofrecen alojamientos económicos construidos con materiales locales: los manglares se conservan bien, ya que las agencias gubernamentales restringen el uso (tradicional) de recursos que los dañaba (CE 2.2, 6.1, 6.2, 1, 3, 4). Se generan espacios colindantes al turismo convencional con turismo alternativo, en los que el primero se rejuvenece y el segundo recibe influjo de turistas.

Sin embargo, también hay daños ambientales: a medida que aumenta el turismo se genera más basura y contaminación (CE 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, 1, 3, 4) que deriva en tiraderos clandestinos que afectan a las especies que crecen a lo largo de los márgenes de las lagunas (CE 2.1, 2.2). El desarrollo turístico es difícil de controlar: 1) fomenta la privatización, la venta de tierras y la construcción de carreteras de acceso; 2) aparecen propiedades en venta, segundas viviendas y pequeños hoteles (CE 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, 1, 3). Los lugareños venden lotes en la playa o lugares con vistas panorámicas a los visitantes y agentes de bienes raíces (CE 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, 1, 3, 4). El territorio se segrega con alojamientos de gama media y alta que con frecuencia son propiedad de turistas inmigrantes y migrantes que buscan estilos de vida sustentables y cercanos a la naturaleza, que contrastan con los albergues económicos de los lugareños y algunos inmigrantes de la región (CE 2.1, 2.2, 6.1).

3.3.2. Dinámicas sociales y políticas en los manglares conservados

Pese a que las dinámicas ambientales y territoriales que ocurren en los manglares conservados parecen contribuir a la preservación de la biodiversidad, el turismo genera dinámicas acumulativas que van propiciando la privatización de la tierra y la degradación ambiental. Estos procesos, que no son aparentes, incrementan la intervención de las ONG ambientales y de instituciones gubernamentales interesadas en la conservación de la naturaleza en los manglares (CE 1, 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, 3, 4). Las ONG ambientales internacionales presionan al gobierno federal para que cumpla con sus compromisos de conservación mediante organismos como la Convención sobre los Humedales, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, así como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (CE 1, 2, 3, 4, 6).

En teoría, los lugareños siguen regulando el uso territorial en las asambleas, pero la planificación ambiental regional de los planes de ordenamiento y las AP dominan la toma de decisiones y existen intereses ambientales ocultos (CE 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, 1, 3, 4). Un problema fundamental es la pérdida de autonomía local; la toma de decisiones de las cuestiones relevantes depende en última instancia de las agencias gubernamentales ambientales que consultan a los representantes locales, a las ONG ambientales, a empresas regionales y agencias interesadas desde el concepto de “buena gobernanza” (CE 2.2, 6.1, 6.2, 1, 3, 4). En la discusión política, las ONG ambientales, agencias ambientales gubernamentales y élites locales involucradas en el TBN exaltan el valor de la biodiversidad y solicitan más regulaciones ambientales (CE 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, 1, 3, 4). Pero, surgen actores locales inconformes con las medidas de conservación porque ello afecta su autonomía (CE 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, 1, 3, 4).

Estos conflictos entre visiones de desarrollo deterioran las instituciones comunales, razón por la cual la administración del territorio va requiriendo de nuevas restricciones ambientales, mayores inversiones en vigilancia y una gestión más autoritaria (CE 2.2, 6.1, 6.2, 1, 3, 4). Las restricciones ambientales y el TBN detonan la privatización, la venta de la tierra, la concentración económica, mayor desigualdad y emigración (CE 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, 1, 3, 4). La llegada de más actores interesados en la conservación y el desarrollo socioeconómico desafía la eficiencia de la gestión y los actores de gobierno a cargo solicitan más recursos para conservar (CE 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, 1, 3, 4). Estos recursos se utilizan para restringir las actividades consideradas como insustentables, que por lo regular desarrollan los grupos locales marginados, y subsidiar a las cooperativas turísticas locales que pertenecen a las élites locales y, así, se exacerba más la desigualdad (CE 2.1, 2.2, 6.1, 6.2). Mientras esto sucede, los grupos desfavorecidos reaccionan con actos de sabotaje u ofreciendo servicios turísticos que no concuerdan con el proyecto “ecoturístico”. Esto aumenta la necesidad de establecer nuevas medidas de conservación y de una gestión ambiental más estricta (CE 2.1, 2.2, 6.1).

En este escenario comprometido con mostrar a los turistas la “sostenibilidad”, la “responsabilidad social” y el “compromiso ecológico”, los conflictos internos son imperceptibles (CE 2.1, 2.2, 6.1). Las élites locales aliadas a los agentes de conservación adaptan la imagen a estos ideales para atraer más turistas (CE 2.1, 2.2, 6.1, 6.2, 1, 3, 4). La imagen depurada aumenta el número de visitantes, pero también de migrantes urbanos que buscan otros estilos de vida. La distancia económica y cultural entre estos y los habitantes originarios se traduce en conflictos desde las nociones de sustentabilidad de los inmigrantes urbanos y las expectativas de desarrollo económico de los locales, degradando aún más las instituciones locales (CE 2.1, 6.1). La tabla 1 contiene y sintetiza los tres escenarios y las quince categorías de análisis.

Tabla 1 Escenarios socio-ambientales de los manglares mexicanos 

Fuente: adaptado de ^{Vargas-del-Río y Brenner (2023a}).

Dinámicas socioambientales: cercando comunidades para su consumo turístico

Las relaciones socioambientales que se tejen en los manglares gestionados por las comunidades locales en México se tornan conflictivas y su gestión ambiental es compleja. Varios estudios han revelado las diversas amenazas que atraviesan los manglares: impactos por la agricultura y ganadería (^{Valderrama et al., 2014}); degradación progresiva ocasionada por las actividades turísticas que demandan de casas, playas, marinas y puertos para cruceros (^{Holland et al., 2012}); asentamientos que reducen el entorno (^{Espinoza-Tenorio et al., 2019}); caminos y carreteras que bloquean los flujos naturales, contaminación e incendios (^{Brenner et al., 2018}); entre otros. Este artículo, estudiando la ecología política histórica de estas dinámicas socioambientales, contribuye a clarificar el origen institucional de la degradación ambiental que atraviesan los manglares comunitarios en México. El problema ha sido abordado desde sus efectos, de manera fragmentaria y, por tanto, no ha sido resuelto. Luego, no existe una base adecuada para el diseño de políticas que vayan al fondo del problema (^{Nava-Fuentes et al., 2017}).

La crisis de los manglares comunitarios en México es institucional, tiene su origen en políticas de desarrollo económico que desatendieron a las entidades comunitarias y luego las cercaron. Primero, estas políticas propiciaron el extractivismo abriendo accesos, permitiendo a las empresas privadas operar al margen de los acuerdos comunes. Después, cercaron a las comunidades de diferentes formas: abaratando sus productos mediante la importación de bienes; restringiendo sus modos de producción; fomentando actividades turísticas que traen implícitas relaciones de dependencia económica; obligándolas a negociar con actores poderosos que buscan una “buena gobernanza”; dándoles la oportunidad de privatizar “libremente” sus territorios; pasando por alto los abusos de las empresas que se acercan a negociar con ellas (^{Mowforth y Munt, 2015}). El Estado mexicano intenta generar desarrollo económico, conservar el medioambiente y rendir cuentas a instancias y organismos internacionales mientras debilita las instituciones de base (^{Bryant y Bailey, 1997}).

Desde la ecología política histórica fue posible identificar las políticas que permiten la conservación de los manglares. Las políticas derivadas de la Constitución de 1917 fomentaron su conservación de manera involuntaria al promover que se desarrollaran comunidades que priorizaron el valor de uso (pesca artesanal, caza, extracción de madera para autoabasto) y leyes que limitaron la influencia de actores externos (^{Ostrom, 1990}; ^{Toledo, 2001}). Las políticas que siguieron a la posguerra fomentaron la creación de centros masivos de producción turística que destruyeron grandes extensiones de manglares (^{Brenner y Aguilar, 2002}) y, en la periferia, el cambio de uso de suelo para poder abastecer de alimentos a los centros urbanos con prácticas extractivistas (^{De la Rosa-Velázquez et al., 2017}). Las políticas neoliberales, por su parte, profundizaron el extractivismo y el cambio de uso de suelo en los manglares más alejados de los centros urbanos; privatización, venta y especulación en los manglares periféricos, además de la expansión acelerada de los centros urbanos (^{Holland et al., 2012}). Como resultado de esta progresiva y continua desatención, las poblaciones locales están empobrecidas y son vulnerables a influencias externas como actores económicos y de conservación.

En medio de estos contextos de gran biodiversidad e instituciones de base debilitadas, las políticas de desarrollo mexicanas propician modos de producción destructivos con el medioambiente y buscan mitigar el problema con modos de conservación basados en el manejo de ecosistemas (^{Maestro et al., 2019}). Este enfoque de conservación, que centra la mirada en el objeto biológico, puede funcionar en el momento en que las fuerzas productivas locales son débiles y son los ecosistemas los que más condicionan las dinámicas socioambientales, como sucede en manglares comunitarios utilizados para pesca artesanal, agricultura en pequeña escala en la zona continental, poco TBN y algunas actividades extractivas menores. Sin embargo, a medida que aumentan las fuerzas productivas regionales -por el desarrollo turístico o por la creciente necesidad de materias primas y alimentos- emergen actores poderosos y los manglares se ven más amenazados: el enfoque basado en el ecosistema queda por fuera de contexto (^{Nava-Fuentes et al., 2017}). Un enfoque que centre la mirada en la relación entre los sujetos humanos y su objeto biológico, que observe el medioambiente en relación con la producción local y regional y los actores, es más apropiado.

La crisis institucional, progresiva y continua aquí descrita, presenta características similares a las observadas en otros países en desarrollo (^{Bao y Gao, 2016}; ^{Memon y Thapa, 2016}). Al igual que en México, los científicos suelen observar efectos y problemas derivados de crisis institucionales generadas por políticas contradictorias, centrando la mirada en el objeto biológico, y los análisis son utilizados por los organismos internacionales para imponer agendas de conservación en legislaciones nacionales que acaban por cercar a las instituciones comunitarias de formas análogas a las aquí descritas (^{Brockington et al., 2012}). Lo grave es que los lugares más afectados por las políticas ambientales emergentes suelen ser precisamente los mejor conservados y frágiles, con instituciones sanas (^{Kapuangan et al., 2016}). Las agendas internacionales derivan en proyectos de conservación a nivel local que dan por sentado que el TBN se puede desarrollar de manera sostenible, aunque se sabe que corrompen a las instituciones tradicionales (^{Mowforth y Munt, 2015}). Se trata de un proceso de acumulación originaria, inserto en las dinámicas de generación de plusvalor a partir de la mercantilización de la naturaleza (^{Lefebvre, 2013}), en la que la biodiversidad y las culturas de las tierras comunales se convierten en insumos para la industria turística mediante las AP y el TBN (^{Brockington et al., 2012}).

En vista de esto, se presentan algunas recomendaciones orientadas a la conservación de los manglares comunitarios en México, que pudieran ser útiles para otros países en desarrollo. Los manglares comunitarios son vulnerables porque su conservación depende en gran medida de la ausencia de mercados cercanos que incentiven el extractivismo, la producción de alimentos, la privatización o el turismo. Conservarlos requiere de una cooperación recíproca entre el Estado y las comunidades a favor de la autogestión. A corto plazo, es esencial impedir las ventas de tierras comunales, en especial, a empresas que concentran grandes extensiones con fines especulativos o para desarrollar proyectos turísticos. Como en México aún existen leyes que emanaron de la Constitución de 1917-en particular su artículo 27 y la Ley Agraria, que aún contienen parte de la intención originaria a pesar de las numerosas reformas-el Estado puede hacer que se cumplan e impedir la privatización (de facto o de jure) y la venta de territorios comunales.

A mediano plazo se debe avanzar en un esquema de mayor autonomía de las instituciones comunitarias a medida que los comuneros demuestren su compromiso e integridad. Autonomía para que restrinjan y sancionen a empresas externas que vulneren los acuerdos comunes, para que veten proyectos de infraestructura en sus territorios y para que gestionen sin restricción alguna las áreas con cobertura de manglar que en la actualidad están sujetas a concesiones gubernamentales. Esta autonomía debe ser soportada económicamente y para ello es necesario diseñar e implementar programas que apunten al desarrollo de los modos de producción autónomos a pequeña escala, que no dependan de empresas externas y que fomenten la creación de redes de productores vinculadas a redes de consumo que les permita comerciar sin intermediarios. El turismo comunitario es una posibilidad, pero su desarrollo no puede dejarse a merced de la industria turística. Por el contrario, las empresas externas deben ser reguladas por el Estado, mientras que el desarrollo de las empresas locales debe gestionarse desde la asamblea comunitaria, sin posibilidad de privatizar la tierra (^{Büscher y Fletcher, 2019}).

Por fuera de los territorios comunitarios, se debe impedir que los planes de ordenamiento se sigan adaptando a las necesidades del desarrollo económico y sancionar las transgresiones por cambios en el uso que se dan en los manglares turistificados (^{Espinoza-Tenorio et al., 2019}). Las regulaciones necesarias para sostener estas acciones ya existen, pero requieren ser aplicadas sin ceder a las presiones ejercidas por el sector empresarial e inmobiliario (^{Brenner et al., 2018}; ^{Spalding et al., 2010}). El poder punitivo que se ejerce desde las agencias gubernamentales ambientales debe extenderse a las instituciones comunitarias, y poder aplicarse sobre actores externos como empresas, instituciones de gobierno, organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales, que son capaces de influir sin estar asentados en los territorios. Sería deseable promover el consumo responsable en los centros turísticos, por ejemplo, ofreciendo incentivos económicos o tributarios a quienes elijan consumir productos locales fabricados de manera responsable y gravando a los productos desarrollados con prácticas extractivas.

Los tres escenarios propuestos pueden georreferenciarse y servir como instrumentos de gestión que permitan inferir dinámicas socioambientales, actores y desafíos para la conservación en contextos específicos. Para ello, se debe relacionar la información de la tenencia de la tierra, AP, centros turísticos e infraestructura de comunicaciones mediante álgebra de mapas. Vale indicar que esta investigación se puede profundizar con otros casos de estudio debido a que no se incluyeron manglares de la costa norte del Pacífico. Además, las percepciones de ciertos actores pueden tener más peso en los estudios comparados de origen, porque su enfoque geográfico fue distinto: uno más centrado en actores regionales (^{Brenner, 2015}) y el otro en actores locales (^{Vargas-del-Río, 2010}).

Conclusiones

La ecología política histórica es un enfoque estratégico que permite discernir cómo las políticas instrumentadas por un Estado influyen en las instituciones locales y dinámicas socioambientales de los manglares comunitarios. En el caso de México, las políticas industrializadoras de mitad del siglo XX y las reformas neoliberales dieron lugar a una crisis institucional que ha venido degradando progresivamente estos ecosistemas. Para atender esta crisis, las instituciones de gobierno siguen las recomendaciones de las agencias y actores internacionales que proponen modelos desde arriba, con “participación social” de las comunidades y programas asistenciales basados en el turismo, pero que en realidad están complicando las condiciones de vida de los pobladores locales y agravando el conflicto ambiental. Destrucción de manglares, creciente desigualdad, privatización y fragmentación comunitaria son el otro resultado de las políticas de desarrollo y conservación.

Este artículo proporciona un modelo conceptual de tres escenarios y quince categorías que sintetizan la interacción geográfica de algunas de las dinámicas socioambientales que ocurren en los manglares comunitarios de México. Este insumo, que fue elaborado a partir de hallazgos de entrevistas a actores clave y que podría georreferenciarse con un álgebra de mapas, sirve de puente para comprender cómo las políticas de desarrollo que emanan del gobierno federal afectan la ecología política de las comunidades que gestionan los bosques de manglar. Por ejemplo, para identificar y abordar de manera oportuna los desafíos y las carencias de estas comunidades, con el fin de diseñar estrategias institucionales más adecuadas al contexto local.

Es probable que las características de los tres escenarios correspondan con casos que ocurren en otros países que han venido instrumentado políticas de desarrollo y conservación similar al caso mexicano, particularmente de la región, foco de conflictos socioambientales. En estos países, donde una gran biodiversidad coexiste con comunidades autóctonas, es fundamental diseñar políticas que fortalezcan las instituciones locales para lograr los objetivos establecidos en la Convención sobre la Diversidad Biológica de 2021. Si bien, el instrumento destaca la importancia de que las políticas de conservación tomen en cuenta la gestión comunitaria, la participación significativa y el respeto de los derechos tradicionales, sigue recomendando modelos impuestos desde arriba que son contraproducentes. En última instancia, una mirada a casos variados que involucren otras ecologías permitirá comparar y concluir de manera contundente si la crisis medioambiental tiene su génesis en lo institucional, como se sostiene aquí, o en otro factor diferente.