Introducción

El paradigma de la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe ha sido privilegiado con un enfoque reactivo y represivo, los Estados han buscado ampliar su capacidad administrativa, legislativa y judicial para castigar y neutralizar a quienes transgreden aquellas conductas que están legalmente permitidas (^{Banco Interamericano de Desarrollo ;BID;, 2018a}). Las estrategias se han orientado al despliegue y la intervención de las fuerzas armadas y la policía bajo medidas de excepcionalidad, mayor pie de fuerza en las calles, el incremento del gasto público destinado a la compra de armamento, unidades móviles y dispositivos tecnológicos, aumento y severidad de las penas, incluso, entregando a los civiles la tenencia y uso de las armas de fuego, entre otros. Indicadores positivos sobre el número de detenidos o de cantidades de droga incautada revelarían que las estrategias de seguridad van por buen camino, sin embargo, los indicadores pueden ser también negativos y, bajo este parangón, haber procesos de represión, marginación y exclusión social (^{Dammert, 2007}).

El involucramiento de la represión no ha surtido efectos a largo plazo. Por ejemplo, la población carcelaria de la región se ha duplicado a 1,2 millones entre 2002 y 2014 (BID, 2018b) y, mientras en el resto del mundo en 2018 la tasa promedio de homicidios intencionales fue de 5,8 víctimas por cada 100 mil habitantes, en la región fue de 16 víctimas (^{Hernández, 2021}) lo que sugiere la particularidad del crimen en la región. Detener y aplicar penas severas a personas privadas de la libertad no es un indicador de que los delitos y el crimen vayan a disminuir, mucho menos, que la seguridad funcione. Por el contrario, la inseguridad junto con la criminalidad en la región va en aumento (BID, 2018b) en un contexto de nuevas amenazas donde prima el crimen organizado, el terrorismo y el tráfico de armas. América Latina y el Caribe es una región bastante particular, donde confluyen fenómenos como la pobreza, la falta de oportunidades, impunidad y carencia de una efectiva y rápida administración de justicia, débil institucionalidad y factores sociales facilitadores (porte de armas, consumo de alcohol) (^{Hernández, 2021}) que hacen que el enfoque tradicional e institucional de seguridad pueda verse cuestionado.

La delincuencia es una de las preocupaciones que aqueja a la sociedad en Perú. La tasa de muertes violentas asociadas a un hecho delictivo doloso aumentó de 5,4 en 2011 a 7,6 por cada 100 mil habitantes en 2018, siendo la Región Lima una de las provincias que más altas tasas reporta a nivel nacional (^{Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020}). Los homicidios se concentran en las regiones de Madre de Dios (frontera con Bolivia) y Tumbes (frontera con Ecuador) con 48,0 y 28,8 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente (Ministerio del Interior [Mininter], 2018a). Además, para 2017 Perú estuvo entre los cinco países con mayor índice de impunidad luego de Filipinas, India, Camerún y México (^{Hernández, 2021}).

Frente a este escenario, el Estado peruano ha implementado acciones preventivas con la policía (mediante servicios locales y serenazgos) pero, también, “con políticas que van en sentido contrario, esto es, que tienen un mayor énfasis en el aumento de penas, el uso de la represión y el tratamiento militarizado de la inseguridad ciudadana” (^{Grompone et al., 2021}, s/p.). Uno de los hitos fue la promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que posee un enfoque de “seguridad ciudadana”. Desde entonces,

La relación con la comunidad se ha convertido en uno de los elementos centrales de cualquier estrategia de prevención y control del delito. Es así como la mayoría de instituciones policiales de la región han adoptado un discurso que pone énfasis en la importancia de la colaboración con la comunidad. El abanico de acciones consideradas comunitarias es amplio y abarca iniciativas tales como: grupos vecinales de vigilancia, asistencia a cuentas públicas, generación de financiamiento para las policías locales y participación en proyectos de prevención (^{Dammert, 2007}, p. 115).

Pero, no siempre la ciudadanía logra interrelacionarse con la policía debido a los cambios institucionales y discursos que cada Administración pública mantiene (^{Dammert, 2007}). El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (PNSC) 2013-2018, por ejemplo, fue diseñado sin enfoque territorial lo cual generó que los fenómenos criminales y economías ilegales no tuvieran ningún nivel de comparación (^{Mininter, 2018b}). A nivel de implementación, no hubo coordinación horizontal (sectorial) y vertical (multinivel) entre las estructuras del Estado, la asignación presupuestal no fue suficiente y débil monitoreo y evaluación de las políticas. Hubo esfuerzos de los gobiernos locales y regionales en proyectos de inversión pública (compra de patrullas y sistemas de video vigilancia), pero, “no se evidencia énfasis en proyectos para atender los ámbitos de prevención, fortalecimiento del tejido social, recuperación de espacios públicos o protección de poblaciones vulnerables (Ibid., p. 41).

En relación a políticas con enfoque territorial, preventivas y comunitarias el Ministerio del Interior viene implementando desde 2017 la EMBS para contrarrestar el crimen, la violencia y la percepción de inseguridad en ciertos barrios y distritos de Perú. Esta política pública, que emana del Plan Nacional de Gobierno 2016-2021 como una “refundación de la policía” se inserta en la discusión global de entender al delito como “el resultado de causas múltiples que demandan estrategias integrales y multisectoriales, en el marco de los derechos humanos” (^{BID, 2018a, 13}). Entonces, la EMBS propone abordar los factores de riesgo o las “condiciones que incrementan la probabilidad de que una persona se vuelva agresor o víctima de un delito” (Ministerio del Interior [Mininter], 2017a, párrafo 2 de la Introducción), tales como, la deserción escolar, falta de oportunidades laborales, los entornos violentos, el consumo de alcohol y drogas, la violencia doméstica, mediante una serie de acciones multisectoriales (social, policial y comunitaria) e intergubernamentales (haciendo uso de otras políticas, programas y servicios, con el apoyo de los ministerios del Interior, de Desarrollo Económico e Inclusión Social, Policía Nacional, juntas vecinales, la comunidad).

En julio de 2018 fue necesario implementar la EMBS en el barrio Manzanares (etapa I, II y III) ubicado en el distrito de Huacho, en la provincia de Huaura. Manzanares fue uno de los 30 barrios que se beneficiaron en 2018 con esta política, política que planificó beneficiar a 35 y 32 barrios más en 2019 y 2020, respectivamente, a nivel nacional (^{Mininter, 2018b}). Es limitada la información que se tiene de este programa desde el Mininter que a la fecha se encuentra aún en ejecución. No obstante, se esperaba que esta cartera de Estado asignara a “treinta efectivos policiales para Manzanares, el reforzamiento de la jornada escolar completa a 600 alumnos de la zona, la celeridad y pronta implementación del laboratorio de criminalística para Huacho” (Municipalidad Provincial de Huara, 2018, párrafo 4) para iniciar la implementación. A la fecha no hay artículos académicos que den cuenta de los resultados de esta política en Manzanares por lo que este artículo espera contribuir a ello desde sus propias herramientas metodológicas.

En tal sentido, este artículo realiza una evaluación de la influencia que ha tenido la EMBS en la percepción de la seguridad ciudadana de los pobladores del barrio Manzanares en el distrito de Huacho en Perú. Esta evaluación se realiza sobre la base de la política como tal y, sobre 6 dimensiones que, bajo el conocimiento y la experiencia de quienes escriben este artículo, resultan claves para entender la prevención y la participación en políticas de seguridad: articulación de la seguridad ciudadana; 2) implementación de espacios; 3) reducción de factores de riesgo; 4) participación ciudadana y dimensión civil; 5) modernización, y; 6) administración de justicia. De este modo, se busca conocer si políticas con en un enfoque participativo y focalizado tienen un efecto en la percepción de la seguridad ciudadana.

En relación a la metodología se trata de una investigación cuantitativa, no experimental, con un muestreo probabilístico del tipo aleatorio que partió de la aplicación de un cuestionario a 353 personas que viven en Manzanares. A cada persona se les aplicó dos cuestionarios de forma presencial: el primer cuestionario, con 20 preguntas, indagaba por la EMBS per sé. Esos 20 ítems se redistribuyeron en 7 para prevención policial, 7 prevención social y 6 prevención comunitaria que son las acciones multisectoriales. El segundo cuestionario, con 20 preguntas más, indagaba por las dimensiones de la seguridad ciudadana: articulación, implementación, reducción de factores de riesgo, participación ciudadana y sociedad civil, modernización y administración de justicia, redistribuidos con 4 ítems cada uno. Cada ítem tenía una valoración de acuerdo a lo que el encuestado consideraba: nunca=1, a veces= 2 y siempre=3.

Ambos cuestionarios, de escala ordinal tipo Likert e ítems politómicos, fueron sometidos a una validez de contenido por parte de tres docentes que pertenecen a la Escuela de Posgrado de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión. Los docentes fueron: Arturo Melgar (experto en evaluación de políticas públicas y territorio), Walter Castro (en investigación científica y derechos) y Abraham Neri (en pedagogía y estadística aplicada). En relación a la confiabilidad, esta mereció la calificación de alta conforme al estadígrafo alfa de Cronbach luego de una prueba piloto. El coeficiente fue de 0,881 para el primer cuestionario, mientras que, para el segundo cuestionario, fue de 0,930. Por último, para el análisis estadístico se contó con dos niveles de abordaje: descriptivo e inferencial: con la estadística descriptiva se conocieron las frecuencias y porcentajes de las variables y dimensiones por separado. Con el análisis inferencial se realizaron pruebas de normalidad (la de Kolmogorov-Smirnov) y contrastación de hipótesis (prueba pseudo R cuadrado).

En relación a los contenidos este artículo se estructura en 5 partes: en la primera, se realiza un breve repaso acerca de los principales resultados que arrojan los estudios sobre la seguridad ciudadana en la región y en Perú en los últimos tres años. En la segunda parte, se abordan los elementos que caracterizaron el diseño de la EMBS como política pública, mientras que, en la tercera parte se presentan los hallazgos descriptivos e inferenciales de las encuestas realizadas. Posteriormente, se plantea la discusión acerca de los resultados de la EMBS y las 6 dimensiones de la seguridad ciudadana, y se comparan con algunos resultados académicos para cada nivel. Finalmente, se presentan las conclusiones.

Breve repaso sobre estudios y resultados en seguridad ciudadana

Los estudios sobre la seguridad ciudadana desde los aportes teóricos que ofrece la escuela crítica, teoría de la anomia y teoría de la acción diferencial, suelen anclarse a las conductas delictivas, la violencia y las estrategias estatales. Investigaciones recientes que conectan estas variables se encuentran en los aportes de ^{Layme (2021)} y ^{Ayovi (2021)}. Layme manifestó que los programas de seguridad en el Distrito 8 de la ciudad El Alto (Bolivia) entre 2018-2019 estaban destinados solamente a la vigilancia y regulación de los espacios públicos, sin ningún otro tipo de enfoque, que conllevaron a diferentes niveles de conflictividad entre el Estado y los dirigentes quienes no lograron ponerse de acuerdo en cómo debía llevarse a cabo el proceso de instalación de cámaras de seguridad en el espacio público. Ayovi, por su parte, indica que la percepción de que el nivel de seguridad en el barrio Las Malvinas en Guayaquil (Ecuador) sea regular y pésimo (57 y 34 %) guarda correlato con la implementación de las estrategias de seguridad que no van de la mano de la prevención lo cual limita los efectos de la política y genera desconfianza en las instituciones locales.

En el estado de Sonora en México, ^{Tejeda y Palafox (2021)} encontraron que la percepción de seguridad va a depender de qué tan resguardado se sienta el individuo, lo que obliga en ciertos casos, a que la población intervenga en su seguridad y restablezca su sensación de bienestar con la conformación de juntas vecinales ante la dificultad del Estado para enfrentar dichos problemas (^{Ordóñez, 2019}). “Los ciudadanos que dijeron pertenecer a una organización de vecinos, son 85 % más probables a estar satisfechos con su seguridad ciudadana que los que no pertenecen a una organización de este tipo” (^{Tejeda y Palafox, 2021, p. 22}). Fortalecer los lazos comunitarios y vecinales, con el apoyo de la policía, puede ser una de las estrategias para que la política pública pueda funcionar ya que los actores locales conocen su entorno, prácticas, lazos de convivencia e intereses comunes que forjan alrededor de su territorio. Es claro que, la participación comunitaria es clave para la prevención de la criminalidad. Por ende, “se requieren enfoques integrales que interpreten la violencia como un fenómeno multidimensional, en el cual las medidas preventivas cobren importancia y las estrategias de combate procuren incidir en lo individual, familiar, social y cultural” (Ibid., p. 24).

Pero, la participación comunitaria en prevención requiere de una institucionalidad sólida para que pueda ser efectiva. En este sentido, ^{Herrera y Huera (2020)} concluyeron que, en Tulcán (Ecuador) el impacto de la participación vecinal en el mejoramiento de la seguridad ciudadana, a diferencia de la propuesta de ^{Tejeda y Palafox (2021)}, es débil ya que la población desconfía de las autoridades policiales y en los funcionarios adscritos al gobierno local. Esta desconfianza, además de ser un síntoma de desafección democrática, tiene asidero en las prácticas corruptas y el uso desmedido de la fuerza de modo que, una reforma al sistema policial debe ser la primera respuesta de política pública, según ^{Dammert (2007}, p. 118): “es importante el reconocimiento, desde las mismas policías, de la necesidad de establecer mecanismos de colaboración con la ciudadanía que permitan disminuir la desconfianza y aumentar la legitimidad del accionar policial”.

Aunque ^{Andrade, Ponce y Pontón (2021)} hallaron que la modernización y reforma del aparato punitivo con miras a fortalecer la respuesta estatal frente a la inseguridad permitió que en Ecuador se redujera la tasa de homicidios durante 2007-2014, con un decrecimiento de 13 puntos y una tasa de homicidios de 5,8 por cada 100 mil habitantes (la más baja desde 1980) (Pontón, Álvarez y Amores, 2020), lo cierto es, que para 2019-2022 las cifras dieron un vuelco. Desde 2019, Ecuador experimenta un incremento de la violencia. Pasó de tener una tasa de homicidios de 6,84 en 2019 a 25,0 homicidios en 2022 por cada 100 mil habitantes (^{Statista, 2023}). Sin ahondar en las causas de este fenómeno, investigaciones apuntan a que en los factores de riesgo hay una respuesta que explica la ola de inseguridad. Por ejemplo, ^{Ortega y Pino (2021)} demostraron que hay una relación entre la cifra de homicidios y pobreza por ingresos (90 % de casos), desempleo y homicidios (32 %) y entre desempleo, rango etario y homicidios (63 %) en Ecuador. ^{Cavero y Ulloa (2022)} también obtuvieron correlaciones positivas entre la seguridad ciudadana y el servicio público, la capacitación, la participación y juntas vecinales en la localidad de Paiján en Perú.

Los estudios de ^{Cunya (2022)}, ^{Díaz (2021)} y ^{Ochoa (2019)} también ofrecen luces en este sentido. El primero encontró que el 84,8 % de personas está en desacuerdo con las estrategias establecidas por el equipo de seguridad ciudadana de la municipalidad de Chiclayo, mientras que, el segundo constató como solo el 25 % de los encuestados declara sentirse satisfecho con las estrategias policiales para erradicación del sicariato en Perú, encontrando también una correlación moderada entre las estrategias y seguridad ciudadana. El tercero concluyó que los factores de riesgo explican en un 20 % los casos de inseguridad ciudadana en el distrito de San Borja. ^{Salazar (2020)} encontró que el 37,88 % de los ciudadanos encuestados de la ciudad de Pacasmayo declaró desconocer el derecho de organización en juntas vecinales para enfrentar el delito de manera sectorial y en colaboración con la Policía Nacional.

Luego de retomar los principales elementos de estas contribuciones recientes se concluye que el contexto en Perú no es tan diferente que el de los países vecinos. Conforme a los hallazgos y, en términos generales, la población se siente amenazada por la criminalidad y teme por su vida y la seguridad de su patrimonio (vivienda, autos, entre otros). Sin embargo, manifiestan que encuentran respaldo y contención en su organización vecinal, es decir, lo colectivo es sinónimo de fuerza y de capacidad frente a la adversidad. Por otro lado, las estrategias implementadas por el gobierno peruano no alcanzan los resultados deseados debido la débil institucionalidad y por la creencia de que la inseguridad es un problema técnico y jurídico. Lo que se pone de manifiesto con esto es que la criminalidad debe abordarse desde su trasfondo multidimensional, es decir, desde los componentes socioeconómicos, políticos, familiares e históricos que lo estructuran. Políticas como la EMBS ponen el interés sobre estos factores para mitigar la violencia (^{Mininter, 2021}).

Una solución poco focalizada del problema resulta en una visión superficial del desafío por enfrentar. Por un lado, las políticas de seguridad suelen agendarse y diseñarse omitiendo las inquietudes y propuestas provenientes de los actores y comunidades locales que están inmersas en el territorio y son, en últimas, las víctimas o espectadores directos de la criminalidad y, por el otro, las políticas son cortoplacistas y no tienen en cuenta aquello que ^{Gómez (2008)} denominó como “proceso acumulativo de años” en la cual el problema de inseguridad es una construcción social de largo plazo. En definitiva, las políticas deben abordar su dimensión participativa con “acción coordinada, eficaz, eficiente y sostenible en el tiempo” (Ibid., p. 369). Es la ausencia de esta visión participativa lo que, en muchas ocasiones, limita las posibilidades de éxito de agenda, planificación, ejecución y seguimiento de la política pública. Asimismo, otro error es caracterizar a la violencia como una determinante o factor causal cuando lo más pertinente, desde las ciencias sociales, es comprenderla como una relación social propia del conflicto.

Estrategia Multisectorial Barrio Seguro: concepción, funciones y dinámica interna

La EMBS fue aprobada mediante Decreto N.° 008-2017-IN de la Presidencia de la República y encargada (en ejecución y monitoreo) a la Dirección General de Seguridad Ciudadana (DGCC) adscrita al Mininter. Era una iniciativa que constaba en el PNSC 2013-2018 y que fue retomada en el plan de 2019-2023 por considerarse positiva. En todo caso, Policía Nacional, gobiernos regionales y locales, organismos y ministerios con competencias en el PNSC debían prestar apoyo e implementar las acciones requeridas por la DGCC. Se trata de una estrategia focalizada sobre el territorio que comprende acciones preventivas con abordaje de los factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que se produzcan hechos criminales y violentos (^{Mininter, 2017b}).

Es una forma novedosa de enfrentar el crimen y la violencia en el Perú. La EMBS cuenta con tres pilares que son la participación ciudadana, la cohesión social y los derechos humanos. En lo esencial, procura: 1) devolver la seguridad a los barrios fortaleciendo las comisarías y la labor de las juntas vecinales y el serenazgo; 2) educar de forma temprana a la infancia para evitar que se sancione a mediano y largo plazo; 3) promover la participación multisectorial para que cada organismo del Estado implemente en los territorios un conjunto de programas inherentes a sus funciones dentro de una iniciativa articulada. Mediante la Resolución Ministerial N.° 809-2019-IN, y previo informe técnico de la DGSC, el Mininter aprobó el listado de los 120 distritos más vulnerables al crimen y violencia, entre ellos, el distrito de Huacho en el puesto 73 con un índice de prioridad de 1,17.

La prioridad de la política era el distrito, no era el barrio, especialmente, los ubicados en zonas urbanas y periurbanas con más de 20 mil habitantes. Para ser seleccionado, el distrito debía cumplir tres indicadores según consta en la Resolución Ministerial N.° 809-2019-IN: tasa de homicidios según lugar, tasa de victimización y tasa de internos por lugar de residencia. Esto permitía focalizar los barrios a intervenir, siendo obligatoriedad que por cada distrito hubiese al menos, un barrio a intervenir. En 2020, mediante Resolución Ministerial N.° 296-2020-IN se aprueban los lineamientos operativos de esta política, entre ellos, que los barrios seleccionados tuvieran mayor frecuencia criminal y vulnerabilidad luego de analizar los mapas de riesgo, de gestión institucional, capital social, existencia de una comisaría, entre otros.

Vale mencionar que, conforme al PNSC 2019-2023 la EMBS es una medida preventiva socio-comunitaria que forma parte del objetivo estratégico 1 de reducción del crecimiento de la tasa de homicidios. El mismo plan establece, objetivos estratégicos 3 y 5, que deben implementarse intervenciones preventivas contras las mujeres integrantes del grupo familiar y desarrollar atenciones en salud mental a las víctimas en el marco de la EMBS. En relación a los tres tipos de prevención, se acota que:

Por consiguiente, la EMBS se adapta a las necesidades locales de cada barrio intervenido y promueve la descentralización administrativa del Estado peruano. Aunque por el momento no hay información oficial sobre la ejecución y consolidación de la EMBS en los barrios, seguir implementando en la gestión institucional y en la Administración pública este enfoque es de gran importancia. Es reconocer que la seguridad parte de intervenciones integrales, ofrece respuesta desde los factores de riesgo, fortalece el nivel local en la toma de decisiones, con gestión de los datos y participación de la comunidad como actor clave en la prevención (BID, 2018a). Se espera que los resultados que siguen a continuación se conviertan en una primera aproximación para evaluar esta moderna política pública en seguridad ciudadana.

Presentación de resultados

Resultados descriptivos

En relación a los datos obtenidos de la primera encuesta se observa en el gráfico 1, en términos generales, que la EMBS y sus tres acciones multisectoriales de prevención tienen una regular influencia en la ciudadanía de Manzanares, seguida de la deficiente. Mientras la EMBS tiene un nivel regular con el 68,8 %, las acciones de prevención policial y social poseen un rango que está por encima del 50 % con un nivel de eficiencia por debajo del 10,0 % para ambos ejes. Llama la atención que la prevención comunitaria tiene un comportamiento propio y distinto: nivel regular con el 41,4 %, deficiente con el 35,1 % y eficiente 23,5 %.

Fuente: elaboración propia de los autores (2023) con base en los resultados de las encuestas

Gráfico 1 Niveles de la EMBS y sus competencias 

En el gráfico 2, en relación a la segunda encuesta aplicada, predomina el nivel medio de satisfacción tanto a nivel de seguridad ciudadana como en las 6 dimensiones lo que, de entrada, marca una diferencia con los resultados de la encuesta 1. Además, el nivel alto de satisfacción ocupa el segundo puesto en el nivel de seguridad ciudadana como en sus seis dimensiones. Esto refleja que, la percepción de los ciudadanos hacia la política pública no es de rechazo y va por buen camino, a diferencia de los resultados de la encuesta 1 donde la EMBS y sus tres tipos de prevenciones son vistas como regulares. Entonces, con cautela, se puede suponer que una gran parte de los ciudadanos de Manzanares cree en la capacidad de respuesta de sus instituciones a nivel de articulación, implementación, reducción de riesgos, participación, modernización y de justicia.

Fuente: datos recogidos (2022). Elaboración propia de los autores (2023).

Gráfico 2. Niveles de satisfacción seguridad ciudadana y sus dimensiones 

Resultados inferenciales

En general, los resultados inferenciales muestran la prueba de normalidad y la contrastación de hipótesis. En términos prácticos, la distribución normal o no de los datos es lo que determina qué tipo de análisis se usará en la prueba de hipótesis. En esta investigación, los datos de la variable independiente (VI, EMBS) y dependiente (VD, seguridad ciudadana) no exhiben una normalidad como se mostró en la descripción anterior. Se usará la regresión con la R² de Nagelkerke para determinar la precisión de estos resultados. Además, la prueba de hipótesis general y específica permite apreciar que, si bien la VI influye en la VD, la magnitud de su efecto no es significativo ya que no supera el 50 %.

Tabla 1 Resultado de prueba de normalidad 

Fuente: elaboración propia de los autores (2023) con base en los resultados de las encuestas.

En la tabla 1, la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov evidencia que la variable EMBS (p<0,05) no tiene normalidad, al igual que en la variable de seguridad ciudadana (p<0,05) como tampoco en ninguna de las dimensiones de seguridad. Se usará pruebas no-paramétricas: regresión logística ordinal. Este análisis estadístico inferencial es útil cuando lo que se pretende es predecir la presencia o ausencia de un resultado de acuerdo con los valores señalados por un conjunto de predictores.

Tabla 2 Información de ajustes de los modelos 

Fuente: elaboración propia de los autores (2023) con base en los resultados de las encuestas. Nota: función de enlace: Logit; EMBS

En la tabla 2 se muestra la información del ajuste del modelo, el cual busca explicar la variable de EMBS y seguridad ciudadana con cada una de sus dimensiones. Existe evidencia estadística de que el modelo logístico es el adecuado y se ajusta al conjunto de datos en cada uno de ellos (Sig. <0,001).

Tabla 3 Prueba Pseudo R cuadrado de las variables en referencia 

Fuente: elaboración propia de los autores (2023) con base en los resultados de las encuestas. Nota: Función de enlace: Logit; EMBS

La tabla 3 contiene los resultados de la prueba Pseudo R cuadrado con el fin de analizar el grado de variabilidad de la seguridad ciudadana y sus 6 dimensiones. De los tres estadísticos (Cox y Snell, Nagelkerke y McFadden) se asumió el de mayor valor (coeficiente de Nagelkerke) para el proceso de decisión estadística. Hay evidencia estadística que nos permite afirmar que la respuesta por cada uno de los modelos es buena, por tanto, se puede concluir que la EMBS influye en un 49,2 % en la variable de seguridad ciudadana, 8,4 % en la dimensión articulación, 9,8 % en implementación de espacios, 16,2 % en la de reducción de factores de riesgo, 11,1 % en la de participación ciudadana, 14,0 % en la modernización y 14,5 % en la administración de justicia.

Tabla 4 Estimaciones de parámetros de la variable y sus dimensiones 

Fuente: elaboración propia de los autores (2023) con base en los resultados de las encuestas. Nota: EMBS: Estrategia multisectorial Barrio Seguro; HG: hipótesis general; HE1: hipótesis específica 1; HE2: hipótesis específica 2; HE3: hipótesis específica 3, HE4: hipótesis específica 4; HE5: hipótesis específica 5, HE6: hipótesis específica 6. * La categoría de referencia es: eficiente.

En la tabla 4 se ha demostrado una asociación y dependencia de la variable con cada una de las dimensiones. Se demuestra que la EMBS es predictor de la variable seguridad ciudadana y de las dimensiones de articulación, implementación de espacios, reducción de factores de riesgo, participación ciudadana y civil, modernización y administración de justicia con p<0,001. A continuación, se ofrece el análisis y la explicación de estos resultados cuantitativos.

Análisis y discusión

Respecto a la influencia de la EMBS (VI) sobre la seguridad ciudadana (VD) en Manzanares, en el distrito de Huacho, dicha influencia explica el 49,2 % de la variabilidad de la VD. Este dato concuerda con lo hallado por ^{Ochoa (2019)} quien demostró que el 20 % del comportamiento acerca de la seguridad ciudadana en el distrito de San Borja en Lima tiene explicación en factores sociales, educativos y económicos. También concuerda con ^{Cavero y Ulloa (2022)} quienes, en el caso de las juntas vecinales del distrito de Paiján en Perú, encontraron que hay correlaciones positivas altas entre participación ciudadana, juntas vecinales y seguridad ciudadana (rho de Spearman= 0,741 y 0,59, respectivamente).

La EMBS se propuso en Manzanares la reducción del robo, los asesinatos y la violencia familiar mediante el crecimiento de la confianza de la población en la labor policial, al igual que el fortalecimiento del trabajo mancomunado con los gobiernos locales y la sociedad. Esto último es posible mediante las juntas vecinales, brigadas de autoprotección escolar y redes de vigilancia (^{Mininter, 2017b}). Existen ciertas asimetrías entre la EMBS y los factores sociales que hay en este barrio. Los resultados pueden sugerir que hay probabilidades que la criminalidad se asiente en estratos vulnerables de la escala social debido a las condiciones de vida, educación y mercado laboral que caracterizan a un espacio geográfico, sin perder de vista las condiciones familiares y personales del individuo que comete los actos delictivos (^{Baratta, 2004}). Esto es cuestionable ya que la violencia y la delincuencia no son un problema que solo se produce en las clases sociales bajas y no es algo que responda necesariamente al instinto del ser humano de buscar mejores condiciones de vida (^{Sutherland, 2016}).

La EMBS influye en un 8,4 % en la dimensión de articulación de la seguridad ciudadana. Esto concuerda parcialmente con ^{Ayovi (2021)} quien constató como la percepción ciudadana de la seguridad en Ecuador es desfavorable a medida que incrementa el índice de criminalidad y delincuencia, y con ^{Layme (2021)} quien demostró que en Bolivia la débil coordinación entre las autoridades debilitaba la eficacia de las iniciativas para mejorar la seguridad ciudadana. Vale recordar que el concepto de articulación, que proviene de la sociología de las organizaciones, supone que coordinar implica articular aquellas actividades que están separadas para que así, se pueda lograr la eficiencia en las acciones del Estado.

Continuando con el análisis, la variable EMBS influye en un 9,8 % en la dimensión de implementación de espacios siendo de las seis dimensiones, la que mas baja influencia obtuvo. Investigaciones recientes apuntan a que esta política tiene sus dificultades: no existe un plan de trabajo en concreto y, los recursos, decisiones y estrategias adoptadas no siempre están en manos del Mininter, sino, de su articulación con otras instituciones colaboradoras (^{Gonzales, 2021}). Resultaría oportuno conocer en detalle de qué manera los pobladores de Manzanares se apropian de los diferentes espacios públicos recuperados (que reducen la percepción de inseguridad y de miedo) y si estos tienen el uso recreativo, cultural y deportivo que merecen, aunque la EMBS no tiene efectos a corto plazo. ^{Amaya et al. (2021)} sostienen, en este sentido, que resulta necesario fortalecer a la policía comunitaria y ejecutar ciertas intervenciones como definir un paquete de programas intersectoriales y fortalecer el componente de mejora de la infraestructura física de los barrios.

Por otro lado, la variable EMBS influye en un 16,2 % en la dimensión de reducción de factores de riesgo, siendo la dimensión que mayor influencia tuvo respecto de las otras cinco. En una investigación (^{Andrade et al., 2021}) se había demostrado que los factores de riesgo pueden mitigarse mediante una estrategia socio-institucional que combine la prevención situacional y endurecimiento de la normativa penal. Sin embargo, para ^{Arriagada y Godoy (1999)} hay otros factores, más contextuales, que pueden mitigar el riesgo, entre ellos, la disponibilidad y posesión de las armas de fuego, el tráfico de drogas, el consumo de alcohol y la inoperancia de los sistemas judiciales: “sí más de cuatro factores de riesgo tienen presencia alta o media en un determinado país, deberá insistirse en políticas que apunten a disminuir la presión de estos factores estructurales en la generación de un clima violento” (Ibid., p. 11).

Asimismo, la variable EMBS influye en un 11,1 % en la participación ciudadana y civil de la seguridad ciudadana. Esta participación supone involucrar a la ciudadanía en su seguridad con soluciones prácticas y efectivas. Esta fue unas de las conclusiones del estudio de ^{Ordóñez (2019)} quien encontró que la creación de redes y organización comunitaria conlleva, en muchos casos, a que la ciudadanía mexicana recupere la tranquilidad frente a la inseguridad. De manera similar, ^{Herrera y Huera (2020)} concluyeron que la participación requiere de ciertas condiciones para producir un impacto positivo lo cual se complica cuando crece la desconfianza hacia las autoridades ecuatorianas.

Por otro lado, la variable EMBS influye en un 14,0 % en la dimensión de modernización. La modernización del enfoque de seguridad ciudadana implicaría superar el discurso reactivo y punitivo que contiene la criminalidad y violencia y, poner en el centro del debate medidas que garanticen los derechos, la prevención e integralidad del ser humano. Alcanzar resultados desde las medidas preventivas, como el caso de la EMBS, implica un trabajo a largo plazo que incluye programas educacionales, reorganización con la comunidad, control de la venta de armas, drogas y alcohol, de combatir la pobreza y desigualdad. Entre las medidas de control se encuentran las reformas al sistema policial, judicial y carcelario y, la adopción de mecanismos para ejercer una justicia alternativa (^{Arriagada y Godoy, 1999}).

Finalmente, la variable de EMBS influye en un 14,5% en la dimensión de administración de justicia. Además de las respuestas de los operadores de justicia, ^{Amaya et al. (2021)} hallaron que, para la ciudadanía es importante no solo la presencia policial, sino también, el patrullaje. Así, resulta más probable que una persona salga a caminar en horas de la noche si encuentra patrullaje policial, más que controles (ibid.). Otros elementos al debate los aporta ^{Reyes (2023)} para quien, la EMBS está positivamente relacionada con las encuestas de victimización, directa y favorablemente con la afectación a la vivienda, con el control y persecución contra el crimen y la delincuencia y, la seguridad social en el pueblo de Urrunaga, en la provincia de Chiclayo.

Conclusiones

La alarma que genera la criminalidad y la inseguridad ante el avance de las nuevas amenazas del siglo XXI han llevado a muchos países a cuestionar su enfoque de seguridad. Esto implica, en primer lugar, una revisión del paradigma represivo y punitivo o de “mano dura”, como lo plantea el BID, de las políticas en seguridad. Los resultados poco efectivos en la reducción del crimen, el crecimiento de la población carcelaria y la aplicación cada vez creciente de las capacidades de las fuerzas armadas son un claro síntoma de lo fallido de este enfoque, entre otros elementos, porque su sostenimiento es demandante e insostenible para el erario público.

En la última década, Perú se ha caracterizado porque su PNSC incluye una política que da luces al respecto. La EMBS concibe al crimen y a la violencia desde su particularidad en el territorio, trata de minimizar los factores de riesgo con acciones multisectoriales (social, policial y comunitaria) e intergubernamentales (en apoyo de otras entidades públicas y comunidad). Este artículo ha evaluado la influencia que ejerce la EMBS en los habitantes del barrio Manzanares, se buscaba conocer si, la implementación de esta política puede tener efectos más positivos ya que su visión de lo social y territorial es mucho más amplia, por ejemplo, que el PNSC 2013-2018.

Se concluye que, la EMBS ha demostrado su capacidad para causar un efecto positivo en la percepción de la seguridad ciudadana en los sectores I, II y III de Manzanares. Aunque dicha influencia no sea significativa por menos de un punto porcentual, no le resta importancia a la apuesta política por prevenir social e integralmente el crimen y la violencia si se mejoran las condiciones para la seguridad y la convivencia pacífica en las zonas focalizadas con base en los índices de criminalidad. La estrategia alcanza una influencia del 49,2 % de acuerdo al análisis de regresión lineal, aunque si se aprecia con la prueba de hipótesis específicas, esta influencia no supera el 10 o 20 % en las dimensiones estudiadas. Se recomienda en investigaciones futuras analizar la conexión entre la institucionalidad, el desempeño democrático, la movilización y la confianza ciudadana con las encuestas de influencia de la EMBS en Huacho.

La inseguridad que atraviesa la ciudadanía es un claro síntoma de las condiciones socio-económicas, familiares e institucionales desfavorables que ameritan una respuesta en Huacho desde una coordinación horizontal (sectorial) y vertical (multinivel) en las estructuras del Estado, asignación presupuestal suficiente y monitoreo y evaluación de las políticas implementadas. No se puede desconocer que, se requiere de un marco legal claro, justo y proporcional a la amenaza, un conocimiento certero del territorio y sus necesidades. De hecho, una de las dificultades de la EMBS es que, pese a que es una política focalizada, no existe un diagnóstico con datos reales de Manzanares, es decir, el diseño de la estrategia se hizo con indicadores de Huacho, más no, con datos de Manzanares. Esta puede ser una de las razones del por qué en esta evaluación se obtuvo una influencia del 49,2 % pese a que el enfoque de la EMBS es de corte comunitario e integra a todos los sectores sociales.

Sería recomendable que la experiencia de la EMBS pueda evaluarse en otros contextos, ciudades y territorios pese a que dicha política pública es de reciente data, de 2017, y se sigue implementando. Se sugiere que las contribuciones acerca del efecto que ejerce la EMBS pueda darse con estudios cualitativos, aunque algunas tesis de investigación de posgrado en Perú han dado las primeras señales. De este modo, se contaría con una aproximación de los significados, imaginarios y recorridos que los habitantes de barrios vulnerables tienen acerca de la seguridad y bajo el parangón de políticas inclusivas y participativas. Los nuevos enfoques que invitan a la población a ejercer un rol activo, participativo y colaborativo con las fuerzas del orden deben estar precedidos, sin dudas, de metodologías innovadoras que evalúen este tipo de impactos.