Introducción

Las investigaciones recientes sobre la democracia a escala global han identificado una tercera ola de autocratización. La primera ocurrió con el surgimiento de regímenes fascistas en Europa, entre 1920 y 1940; la segunda, en el contexto de la Guerra Fría, hacia 1970, que, en el caso de América Latina, tuvo el apoyo directo de Estados Unidos y sus fuerzas armadas con la doctrina de seguridad nacional. La última ola surgió a mediados de la década de 1990 (^{Hellmeier et al., 2021}; ^{Lührmann y Lindberg, 2019}; ^{Skaaning, 2020}) y calza con lo que ^{Alcántara (2019}) ha denominado “fatiga de la democracia”. Ecuador está inmerso en esa tercera ola autocrática. La evidencia empírica se estableció con las investigaciones de Varieties of Democracy (V-Dem) Institute y la University of Gothenburg. Los científicos sociales de ambas instituciones afirman que la reducción de cada unidad en 0,01 en el Electoral Democracy Index (EDI), durante al menos dos años consecutivos, es evidencia suficiente de un proceso de autocratización en el que las garantías de elecciones limpias disminuyen, aumentan las restricciones a la libertad de expresión, se limitan los derechos de reunión pacífica, aumentan las facultades del Poder Ejecutivo, entre otras (^{Boese, Lindberg y Lührmann, 2021}; ^{Hellmeier et al., 2021}; ^{Lührmann y Lindberg, 2019}; ^{Pelke y Croissant, 2021}; ^{Skaaning, 2020}).

Por otro lado, las movilizaciones colectivas de junio de 2022 en Ecuador funcionan como una radiografía para estudiar los elementos de la autocracia y se constituyen en una oportunidad para contrastar los datos globales de V-Dem con las acciones estatales de esa coyuntura, sin perder de vista las protestas de octubre de 2019. Los datos sobre la acción colectiva de V-Dem reflejan que las protestas que abogan por mayor inclusión de la población en las decisiones gubernamentales aumentan la probabilidad hacia un régimen más democrático (^{Maerz et al., 2020}). No obstante, las movilizaciones de junio de 2022 evidenciaron un conflicto sociopolítico tan alto que el país volvió a experimentar una crisis de gobernabilidad que recordaba las ocurridas durante la década de 1990.

En lugar de destituir al presidente con el apoyo de las Fuerzas Armadas, como solía ocurrir en la década de 1990, estas últimas sostuvieron al jefe de Gobierno y mantuvieron el orden constituido. ¿A qué se debe este cambio de actitud en las fuerzas militares? La tesis aceptada es que las Fuerzas Armadas de Ecuador cumplen un rol de tutela y usan el poder de veto para poner o quitar presidentes (^{Freidenberg y Pachano, 2016}; Montúfar, 2022; Pachano, 2008). Ese papel parece haber desaparecido entre 2017-2022. En este artículo se sostiene que las Fuerzas Armadas de Ecuador ya no tutelan la democracia como ocurrió durante una parte del siglo XX y principios del XXI, ahora solo la custodian. El cambio sustantivo sucedió durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), pero, su afianzamiento tuvo lugar con el giro a la derecha de los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021 a la actualidad). Esta tesis contradice la clásica hipótesis sobre la alianza entre la ideología liberal y el poder militar (^{Kuehn y Trinkunas, 2017}; ^{Monestier y Vommaro, 2021}; ^{Torrico y Solís, 2020}).

Entonces, ¿a quién se trasladó la tutela de la democracia en Ecuador en el período 2017-2022? En lugar de los militares, surgen las élites económicas y mediáticas como entes tutelares. Este es un tema de reciente data en las ciencias políticas que suele abordarse desde la literatura como “democracia capturada por las élites” (^{Cañete, 2018}). La tesis de esta nueva línea argumentativa se encuentra en las investigaciones sobre transición a la democracia o autocracia que plantean el rol central de los actores sociopolíticos al momento de sostener una forma de gobierno (^{Mainwaring y Pérez-Liñán, 2020}; ^{O´Donnell, 1994}, 2010). Además, desde la vertiente neoinstitucionalista que evalúa las capacidades de acción de los poderes Ejecutivo y Legislativo se había demostrado la debilidad de los jefes de Gobierno, frente a un Parlamento fragmentado pero proactivo, en relación con su participación en asuntos legislativos o bloqueo a las iniciativas del Ejecutivo. Esta condición de paralización institucional fue analizada en amplitud y comprobada en la década de 1990 y hasta 2007 (^{García-Montero, 2009}) con propuestas para estudios parlamentarios (^{Alcántara, García y Sánchez 2005}; ^{García-Montero, 2009}).

Esta situación es similar a la que atraviesa el presidente Lasso, pues su agenda de gobierno no ganó curules en la Asamblea, por lo que su propuesta económica es menos ambiciosa, ha tenido que moldear la agenda legislativa con partidos ideológica y pragmáticamente alejados a su propuesta, de modo que, la complejidad de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo limitan y reflejan una inestabilidad, un déjà vu de las crisis que atravesó el país a finales del siglo pasado (^{Abad, Aldaz, Dávila y Vallejo, 2022}). Los presidentes suelen gozar de una “luna de miel” con el Legislativo (^{Mejía, 2009}), pero con Lasso esa etapa duró menos de un año de gobierno.

Retomando los episodios de junio de 2022, como continuidad de los ocurridos en octubre de 2019 en Ecuador, entran en juego dos variables más. Primero, la capacidad estatal para reprimir a la organización social. Segundo, la fortaleza de las estructuras organizativas de movimientos sociales, en especial, el indígena. En sintonía con la tesis del aumento de la autocracia en Ecuador, si el poder estatal aumenta (^{Mann, 2007}), entonces los controles sobre el derecho a la reunión pacífica y la organización social son más altos. Por otro lado, si existe algún relajamiento en la capacidad estatal de represión sobre la sociedad civil, esta última aumentaría su fortaleza organizativa (^{Funes, 2011}).

En síntesis, la capacidad estatal para reprimir, sobre todo, la represión del Gobierno hacia los movimientos sociales que abogan por más inclusión y participación en la toma de decisiones sobre políticas públicas, es un indicador de autocratización. A mayor represión y coacción del Gobierno a la acción colectiva, mayor será la probabilidad de autocratización. Si en la unidad temporal T-0 (cambio de régimen en 2017) hay una alternancia en la orientación de sus políticas públicas, y las políticas del Gobierno sobre las organizaciones sociales se relajan, entonces en la unidad temporal posterior T-1 (nuevo régimen desde 2021), las estructuras organizativas de los movimientos sociales organizados (MIE) tendrán un impulso para organizar protestas.

Las grandes empresas que tienen la hegemonía en el campo mediático mantuvieron el apoyo al presidente Lasso en junio de 2022, que fue el mismo comportamiento y apoyo hacia Moreno durante las protestas de octubre de 2019 (^{Yánez, 2021}). Este apoyo se da pese a que en las encuestas de 2021 gran parte del territorio nacional manifestó su apoyo al movimiento indígena y rechazó al Gobierno del presidente, con una drástica caída en el nivel de aceptación de Lasso (^{Barrera, 2021}). Para hacer frente a ese “cerco mediático” se activaron las redes sociales y plataformas digitales alternas a los grandes medios de comunicación, en las que se difundieron los mensajes de los líderes indígenas que no aparecieron en ningún canal oficial o aliado al oficialismo, activando de nuevo el repertorio digital que surgió en 2019 (^{Villota, 2022}).

Por último, se pone en duda el rol determinante de la ideología de gobierno al momento de definir una autocracia. En realidad el ataque a la democracia puede venir de la derecha o la izquierda, son los actores políticos quienes toman decisiones sobre qué tipo de gobierno tener y, sobre ellos, hay que centrar la atención (^{Mainwaring y Pérez-Liñán, 2020}). Se destaca en la derecha el discurso racista hacia la población étnica organizada y movimientos sociales (^{Freidenberg, 2004}; ^{Ospina, 2022}). La teoría de la agenda-setting es que el cambio hacia la orientación izquierdista en Latinoamérica provocaba la autocratización y que la derecha política es más democratizadora. Los datos muestran que ninguna tendencia ideológica puede atribuirse más democracia en sí misma. El Brasil de Bolsonaro fue más autocrático que los Gobiernos del Partido de los Trabajadores, mientras que en Ecuador el giro a la derecha no da señales de una consolidación democrática.

Por lo anterior, el objetivo de este artículo es dual. Primero, se busca describir de qué manera ocurrió el cambio de rol del poder militar en la democracia de Ecuador y las posibles trayectorias de autocracia no guiadas por las Fuerzas Armadas durante el siglo XXI. En segundo lugar, se analiza la respuesta de la acción colectiva vinculada a los movimientos sociales en los episodios de protesta ocurridos en octubre de 2019 y junio de 2022, prestando atención a las capacidades estatales para controlar las libertades civiles y la fortaleza organizativa de la sociedad civil como elementos de esa autocracia que pervive.

Los contenidos aquí expuestos son resumidos en los siguientes puntos. En la metodología se presenta la estrategia analítica, las definiciones conceptuales y operativas de las variables, sobre todo, de la base de datos Varieties of Democracy. En los resultados se presentan los valores empíricos de las variables analizadas: poder militar (Electoral Democracy Index, Military Dimensión Index), respeto a la libertad de reunión (Freedom of Peaceful Assembly), índice de robustez de la sociedad civil (Core Civil Society Index) y confianza en el presidente de Ecuador, que se complementa con las encuestas de 2021 y 2022 sobre calificación de la gestión. En la discusión se abre el debate con relación a los alcances y limitaciones de cada resultado, en los que cada valor empírico se contrasta con las teorías y hallazgos de investigaciones previas. En las conclusiones se retoman los principales encuentros empíricos para presentar las implicaciones en las capacidades estatales en su dimensión represiva (militar) y control de los derechos, así como en las estructuras organizacionales de los movimientos sociales en su despliegue de acción colectiva durante los episodios de protesta.

Metodología

Se presenta un estudio exploratorio de caso con el procedimiento de congruencia tipo 2 (^{Van Evera, 1997}), en el que se comparan los cambios en las variables independientes y dependiente, en el caso ecuatoriano. Dentro del método comparado se usan dos tipos de congruencia: el tipo 1, que coteja un caso con otros que tienen un mismo resultado; y el tipo 2, que observa los cambios dentro del mismo caso, siempre que se controle por medio de las variables de estudio. Se observan luego las variedades de acontecimientos históricamente situados en la realidad del caso para evaluar los cambios en la capacidad de represión estatal y coacción efectiva, así como la fuerza de la estructura organizativa del movimiento social ecuatoriano. La variable dependiente es la autocratización del régimen de gobierno observada en los cambios del Electoral Democracy Index (^{Coppedge, Gerring, Knutsen, Lindberg, Teorell, Altman et al., 2022}). Las variables independientes son el poder militar (medido por el Military Dimension Index), el respeto a la libertad de reunión por parte del Gobierno, la robustez o fortaleza de la sociedad civil y la confianza en el presidente.

En este artículo la autocratización significa que el gobierno de un país limita o reduce los indicadores mínimos de calidad democrática. Los estudiosos sobre los cambios en las democracias a escala global recomiendan usar el término “autocratización”, porque da cuenta de los avances de la autocracia al igual que de la democratización (^{Boese et al., 2021}; ^{Skaaning, 2020}). Además, se define a la autocracia en términos de oposición al concepto de Robert Dahl: poliarquía. La autocracia abarca todo régimen que obstaculiza a los principios rectores de la poliarquía y genera: 1) la imposibilidad de formular preferencias; 2) la no manifestación de las preferencias; y 3) el trato desigual por parte del Gobierno en la ponderación de preferencias con base en la cercanía a quien ocupe el cargo de gobierno (^{Dahl, 2009}). En resumen, autocracia se refiere a cualquier régimen que restringe el intercambio público de ideas y la participación ciudadana en el ejercicio del poder y la toma de decisiones.

Los datos se obtuvieron de la página web del proyecto Varieties of Democracy, trabajados por University of Gothenburg y V-Dem Institute. De manera específica, se usó el V-Dem Dataset Version 12, publicada en 2022. La información sobre opinión pública se obtuvo de la página web de Latinobarómetro, cuya última base de datos fue publicada en 2020. La información se trabajó en el software “R” (versión R 4.2.0). A excepción de la variable que mide la confianza en el presidente, todas se distribuyeron en el tiempo para prestar atención a sus cambios, según los años de gobierno. Los índices de la democracia electoral y poder militar aplican para el período de largo alcance (1963-2021), ya que allí se puede observar la transición de la dictadura a la democracia en Ecuador, mientras que los otros indicadores se enfocan en el último lustro del giro a la derecha en el país, desde 2017 a 2021, ya que en 2022 no había información al respecto.

La unidad temporal de estudio de cinco años obedece a la recomendación realizada por la Universidad de Salamanca, de analizar los cambios políticos por lustros (^{Alcántara, Buquet y Tagina, 2018}). El período 2017-2022 se considera de derecha porque, pese a que Moreno ganó bajo el auspicio de la Alianza Patria Altiva y Soberana (PAIS), una vez en el poder presidencial dio un giro de 180 grados respecto a la política de su predecesor, Rafael Correa. Ello llevó a un quiebre ideológico entre dos bandos ideológicos: correístas y leninistas, estos últimos tomaron una trayectoria asociada a las prácticas conservadoras de derecha (^{Ramírez, 2018}; ^{Ramírez y Grajales, 2021}; ^{Alcántara, 2022a}). Por su parte, Lasso ganó las elecciones de 2021 con el Movimiento Político Creando Oportunidades (CREO) y, con ello, se consolidó el poder de ese espectro político en el país.

El Electoral Democracy Index segmenta y divide en cuatro los tipos de regímenes. La tipología es: autocracia cerrada, autocracia electoral, semidemocracia y democracia (^{Lührmann y Lindberg, 2019}; ^{Mainwaring y Pérez-Liñán, 2020}). Ecuador ha vivido en semidemocracia desde 1978 y en ese espectro analítico se desarrolla este artículo. La base de datos de V-Dem ofrece a la investigación social una forma empírica de medir los indicadores de la democracia como forma de gobierno. Dentro de la literatura que trabaja el V-Dem hay una especializada en las transiciones y cambios entre democracia y autocracia a partir de la variable v2x_polyarchy, que toma indicadores que Robert Dahl dio a la poliarquía que van de cero (0) a uno (1), en los que el valor máximo es una democracia plena y el mínimo una autocracia, según ^{Lührmann y Lindberg (2019)}.

La tesis más reciente que se desprende de los datos empíricos es que existe una tercera ola autocrática de alcance global, con un crecimiento constante desde 1994, que continúa los procesos históricos posteriores a la caída del muro de Berlín y fin de la Guerra Fría. El indicador definitorio de la autocratización es la disminución de los valores en los indicadores de la democracia electoral, que en V-Dem es distinta de la democracia liberal capturada por la variable v2x_libdem. Según la teoría, antes de que la autocratización tenga lugar como deterioro directo en las elecciones libres y competitivas, los derechos civiles sufren algunas limitaciones y eso se calcula mejor con la variable de la democracia liberal de V-Dem (^{Boese et al., 2021}; ^{Lührmann & Lindberg, 2019}). La variable dependiente (EDI) es fraccionada en cuatro segmentos, según tres puntos de referencia (0,25; 0,5 y 0,75). La clasificación propuesta por los académicos afiliados a V-Dem en la Universidad de Gotemburgo es la siguiente:

Fuente: Lührmann & Lindberg (2019).

Gráfico 1 Transiciones de la democracia a la autocracia 

El proceso de autocratización implica cualquier transformación progresiva que distancie a un sistema de gobierno de la democracia y lo acerque a características autocráticas. Democracia es todo valor superior a 0,5 y autocracia corresponde a valores inferiores a este. La autocracia se divide en autocracia electoral (0,25 a 0,5) y autocracia cerrada (0 a 0,25), mientras que los valores superiores a 0,5 son semidemocracia (0,5 a 0,75) y democracia (0,75 a 1). Las transiciones a cada Estado también tienen nombres: la “recesión” democrática es todo aquello que merma los estándares democráticos, pero se mantiene hasta valores mínimos de una semidemocracia; una “ruptura” es el paso de un régimen competitivo a los valores de la autocracia, mientras que pasar de los valores medios de la variable a cero (0) es “consolidación autocrática”.

Lührmann y Lindberg no utilizan la distinción entre los dos tipos de democracia como se propone en este artículo, de hecho, adoptan la dicotomía propuesta por ^{Mainwaring y Pérez-Liñán (2020}), a la cual ellos denominan “sistemas competitivos”. Los autores, aun cuando no hacen un uso directo de la base de datos de V-Dem, sí admiten su participación en la creación y uso inicial de esos datos. Ellos realizaron su investigación en 2013 y la base V-Dem estuvo lista para el público en 2016. No obstante, las dos perspectivas se complementan y ofrecen una explicación de las transiciones hacia la democracia o el autoritarismo.

Resultados

El índice de democracia electoral disminuyó desde 2006 y, aunque se recuperó en 2017, volvió a bajar desde 2020. Este índice mide la democracia formal prestando atención a la calidad de los sufragios y los factores asociados a lo que Robert Dahl llamó poliarquía, en gráfico 2.

Fuente: Base de datos de V-Dem (2022). Elaboración propia del autor.

Gráfico 2  Índice de democracia electoral, Ecuador 1970-2021 

El poder militar disminuyó desde el retorno a la democracia en Ecuador en 1979, solo entre 1963 y 1978 los militares mantuvieron su poder total para poner o quitar presidentes en el país. Su rol de tutelaje se mantuvo en las décadas de 1980, 1990 y hasta 2006, momento en que empezaron a perder poder, de manera particular, entre 2017 y 2022. El índice de V-Dem responde a la pregunta: “¿Hasta qué punto la base de poder del jefe ejecutivo está determinada por los militares?” (^{Coppedge, Gerring, Knutsen, Lindberg, Teorell, Altman et al., 2022}, p. 293. Traducción propia) cuyo resultado obedece a 15 indicadores sobre el equilibrio de poderes del Estado, en Gráfico 3.

Fuente: Base de datos de V-Dem (2022). Elaboración propia del autor.

Gráfico 3  Índice de dimensión militar, Ecuador 1963-2021 

La disminución del poder militar en el Estado ecuatoriano durante el último lustro ha sido la más fuerte de todas las experimentadas. Es más, desde 2018, año tras año no ha dejado de disminuir el peso de las fuerzas en el poder político nacional. Es decir que la capacidad del poder militar para movilizar sus recursos en torno a la designación del jefe de gobierno y sus estructuras de poder en la presidencia de Ecuador es aún menor respecto a su capacidad antes de 2016, en gráfico 4.

Fuente: Base de datos de V-Dem (2022). Elaboración propia del autor.

Gráfico 4 Índice de dimensión militar, Ecuador 2017-2021 

El Estado ha reducido la posibilidad práctica de reunión pacífica después de 2019. Si bien, este indicador arrastra el peso de la pandemia por la covid-19, se observa cómo desde ese año se utilizaron los estados de excepción como mecanismo político frente a la sociedad civil (^{El País, 2019}; ^{France 24, 2019}). Esta variable observa a la reunión pacífica organizada por la sociedad civil no institucionalizada, es decir, no presta atención a las reuniones convocadas por el Poder Legislativo u otras instituciones estatales, en gráfico 5.

Fuente: Base de datos de V-Dem (2022) Elaboración propia del autor

Gráfico 5 Respeto a la libertad de reunión, Ecuador 2017-2021 

El índice de robustez de la sociedad civil mide la organización social, entendida como aquella que disfruta de autonomía frente al Estado y en la que los ciudadanos persiguen de forma libre y activa sus objetivos políticos y cívicos (^{Coppedge, Gerring, Knutsen, Lindberg, Teorell, Altman et al., 2022}). Luego de la etapa de cierta represión a este campo hasta 2017, durante el período presidencial de Correa volvió a crecer, aunque tuvo un retroceso en 2019, en gráfico 6.

Fuente: Base de datos de V-Dem (2022). Elaboración propia del autor.

Gráfico 6 Índice de robustez de la sociedad civil, Ecuador 2017-2021 

La confianza en el presidente Moreno en 2020 fue muy baja, mientras que la desconfianza es la más alta hacia esta autoridad estatal. Latinobarómetro solo tiene datos hasta 2020, por ello no se incluyen datos de 2021. Sin embargo, según la encuesta nacional realizada por ^{Perfiles de Opinión (2022)}, la calificación de la ciudadanía al Gobierno de Guillermo Lasso cayó en al menos 30 puntos porcentuales después de agosto de 2021 y presentó los puntajes más bajos durante y luego de las protestas de junio de 2022. En gráfico 7 y 8

Fuente: Con base en los datos de Latinobarómetro (2021). Elaboración propia del autor.

Gráfico 7. Confianza en el presidente Lenín Moreno, 2020 

Fuente: Perfiles de Opinión (2022) Fuente: Perfiles de Opinión (2022)

Gráfico 8.  Calificación a la gestión del presidente Guillermo Lasso 

En las cinco dimensiones de la relación entre Estado y sociedad se registra una variación en el último lustro, dominada por una tendencia de cambio ideológico hacia la derecha. Respecto a los indicadores mínimos de la democracia, existió un repunte después de 2017, que vuelve a bajar desde 2020. Los militares son los grandes ausentes en su capacidad de presión sobre el Poder Ejecutivo no solo en el lustro 2017-2021, sino también durante los últimos quince años. La sociedad civil tiene una relación reactiva frente a la capacidad de represión estatal y la confianza en el presidente se mantiene baja en el giro a la derecha.

Discusión

Ecuador hace parte de la tercera ola autocratizadora global y, aunque los factores que explican su entrada a este ciclo están por precisarse, aquí se presentan algunas características sobre cómo el giro a la derecha continúa en esa tendencia no democrática entre 2017-2022. Durante este lustro hay evidencias que apuntan a la presencia de un autoritarismo estamental, acompañado por el apoyo de las élites nacionales y locales. El primer hallazgo es que, según los estándares internacionales de calidad de la democracia, Ecuador nunca ha sido un Estado plenamente democrático, sino, desde 1978, una semidemocracia, siendo el período de mayor recesión en la calidad democrática los años trascurridos entre 2006 y 2016. Durante el régimen de Correa hubo una disminución en la calidad de las instituciones del Estado de derecho y se otorgaron mayores facultades al Poder Ejecutivo. Esto puede obedecer no solo a una merma en la democracia interna, sino también a un proceso de cambio mucho más profundo en las élites de América Latina (^{Bull, 2020}; Bull y Sánchez, 2020).

Ahora bien, se suele admitir que un cambio de gobierno hacia una tendencia ideológica diferente provoca mejor desempeño de las instituciones democráticas. La realidad en Ecuador no parece apoyar esa tesis. La hipótesis de que la reducción de los indicadores de la democracia liberal en 0,01 en más de dos años provocan autocratización (^{Hellmeier et al., 2021}; ^{Lührmann y Lindberg, 2019}) no solo se cumplió durante los años de gobierno de Correa, también tuvo lugar entre 2020 y 2021. Hay que analizar con cautela los datos que se generaron para 2022. La literatura reconoce una recuperación de los indicadores democráticos entre 2017 y 2019 (^{Alcántara, 2022b}; ^{Monestier & Vommaro, 2021}; ^{Sánchez, 2022}), pero, la tendencia a la recesión autocrática vuelve a ocurrir en 2020 en el contexto de la pandemia de la covid-19. No obstante, esta discusión puntual queda por fuera de los intereses de este artículo.

Respecto al poder militar, que determinó las bases del poder del presidente, se observa que en el momento en que este bloque de élite tiene impacto en el Ejecutivo los estándares democráticos se reducen al mínimo y cuando disminuye las estrategias y mecanismos del poder civil, aumentan o pasan a su lugar protagónico. El primer momento de alto poder militar tuvo lugar de 1963 a 1979. A partir de la década de 1980 esta variable mantuvo valores medios que llevan a calificar el rol de los militares como de “tutelaje” de la democracia. Ese valor disminuye entre 2006 y 2016, con la puesta en marcha del proyecto político de Correa, que puso en juego una serie de reformas estatales que cambiaron la configuración de las fuerzas y élites en Ecuador (^{de la Torre, 2019}; ^{Montúfar, 2022}).

La reducción del poder militar entre 2006 y 2016 no implicó la disminución de la ruta autocratizadora. En el siglo XXI las vías blandas o no ortodoxas para construir autocracias están a la orden del día y con mecanismos actualizados a las realidades de los últimos años. Ya no se trata de tomar el poder con un golpe de Estado o de manera rápida y violenta, en la mayoría de los escenarios se busca expandir, consolidar y prolongar ese poder luego de ganar las elecciones (^{Cassani & Tomini, 2020a}). Esta tesis tiene evidencia empírica global en los informes de V-Dem desde 2016 en adelante (^{Hellmeier et al., 2021}; ^{Lührmann et al., 2018}). En Latinoamérica esta prolongación del poder en el tiempo se da mediante la reelección indefinida como mecanismo de autocratización, así como en la manipulación electoral y la flexibilización de la rendición de cuentas horizontal, prácticas descritas en el ciclo del giro a la izquierda (^{Sánchez y García, 2019}; ^{Torrico y Solís, 2020}; ^{Treminio, 2019}; 2020).

Lo anterior sirve de ejemplo y efecto para las prácticas autocráticas de los gobiernos de derecha (^{Kestler, 2022}; ^{Zanotti y Roberts, 2021}), es decir, la ideología política no es una variable explicativa de la autocratización, al menos, no para el caso ecuatoriano. Además, existen al menos cinco modos de autocratización en los últimos veinte años:

Los hechos vinculados a la movilización nacional de junio de 2022 hacen recordar a las crisis que atravesó el país en la década de 1990 y primera década del siglo XXI. En todos los episodios de crisis que incluyeron movilización popular fueron las Fuerzas Armadas las que arbitraron del conflicto y quienes con su poder de veto mantenían o retiraban al presidente del país al apoyarlo o abandonarlo. El contexto del 2022 para Lasso ha cambiado mucho porque el índice del poder militar sobre el Poder Ejecutivo ha disminuido tanto que en Ecuador los militares han perdido ese poder de veto. Es claro que los cambios institucionales de Correa fueron claves en la nueva posición militar desde 2006, lo cual se aprecia con claridad en el momento en que se comparan a largo alcance los años de la dictadura con los de la democratización y la entrada al poder de Correa. Los militares solo recuperaron parte de su influencia en el Ejecutivo en 2010, en el contexto de la rebelión de las fuerzas policiales contra el Gobierno, pero, el cambio sustantivo tuvo lugar en el período presidencial de Moreno. Los detalles de las reformas hay que analizarlas con más detalle en otro espacio.

Respecto a la capacidad estatal para restringir la organización social, como síntoma de la autocracia, V-Dem establece el indicador de libertad para las reuniones pacíficas como medio para establecer la tolerancia del Gobierno central frente las expresiones de la sociedad civil. De nuevo, el contexto de la pandemia puede explicar en parte por qué se ha limitado tanto a este indicador, pero, también es sintomático que esos valores se hayan reducido y mantenido luego de las protestas de octubre de 2019, cuando el Poder Ejecutivo usó la declaración de estados de excepción tanto para controlar los efectos de la pandemia como para modular la protesta social (^{El País, 2019}).

Las organizaciones sociales y de acción colectiva ganaron fuerza luego de 2017 porque el poder despótico legal (^{Mann, 2007}) forjado con Correa se relajó con Moreno y las estructuras organizacionales de los movimientos sociales pudieron desplegar su fuerza en contextos menos represivos, cumpliendo la tesis de la dinámica de la contienda política y el factor reactivo descrito por Tilly y sus colaboradores (^{McAdam, 2005}; ^{McAdam y Tarrow, 2011}; ^{Tilly, 1998}). Es decir, la acción colectiva es dependiente de la estructura de oportunidad política que se abre con la alternancia de un bloque de dirigentes en el poder. Conforme a la apertura o límites que ponga el Gobierno a la movilización social es que los actores sociales responderán en la acción colectiva.

La activación de la protesta social en las calles como vía para expresar las preferencias de la ciudadanía constituye un mecanismo legítimo para las organizaciones de la sociedad civil en el momento en que sienten que las autoridades electas están lejanas a las necesidades e intereses colectivos. ^{El Latinobarómetro (2018, 2021)} advierte de esta respuesta de la opinión pública en las encuestas y respalda la tesis del apoyo de la ciudadanía a propuestas autocráticas o alejadas de la democracia (^{Latinobarómetro, 2018, 2021}; ^{Tronco, 2013}). Así lo corrobora también la encuesta de Perfiles de Opinión, que muestra cómo el Gobierno de Lasso perdió aceptación desde 2021 y los puntos más bajos de valoración a su mandato ocurren cuando los episodios de protesta y acción colectiva se activan más.

Además de todos los factores descritos, se suma un rezago en términos raciales en el que algunos líderes locales reivindicaron la defensa de la paz de los “ciudadanos de bien” con amplio espacio de intervención en medios como Ecuavisa o Teleamazonas (Rodríguez y Vallejo, 2022). Esos líderes han estado vinculados de forma directa o indirecta al partido de gobierno (CREO) o a las élites del entorno del actual presidente de derecha (^{Barrera, 2021}; ^{Ospina, 2022}). Frente a los estigmas y prácticas racistas encubiertas por los medios de comunicación más grandes de Ecuador, los repertorios digitales de la comunicación comunitaria rural y varios movimientos sociales urbanos han podido romper el “cerco mediático” y crear una contrahegemonía momentánea en la opinión pública (^{Chiliquinga-Amaya, 2020}; ^{Luque, Moreno y Zubizarreta, 2020}).

Conclusiones

La autocratización en Ecuador no tiene preferencia ideológica, toma rutas de izquierda o derecha, pero esta última viene acompañada del apoyo de las élites económicas y mediáticas que se presentan de manera abierta en los episodios de protesta social como los ocurridos en octubre de 2019 y junio de 2022, este último, año en el que Ecuador atravesó por momentos de crisis sociopolítica que tuvieron un déjà vu o parangón con la inestabilidad política y económica que atravesó el país en la década de 1990. Luego de las reformas realizadas por el Gobierno de Correa entre 2006 y 2016, este tipo de conflictos ya no desembocaron en el cambio de presidente, porque el tutelaje militar pasó a segundo plano y el rol de las élites al primero.

El papel de las élites económicas y mediáticas en el Estado ecuatoriano en el giro a la derecha es un tema por describir a detalle, pero, ciertas injerencias se aprecian en los momentos de protesta. Aunque el Gobierno es renuente a las manifestaciones y reuniones de la sociedad civil, en tanto que las controla mediante las declaraciones de estados de excepción (como en las protestas de octubre de 2019 y junio de 2022), la capacidad de organización y fortaleza de las estructuras del movimiento indígena y algunos aliados de organizaciones campesinas, juveniles, ambientalistas y de medios comunitarios han mostrado una potencia organizativa no calculada por el Gobierno central. Los variables aquí analizadas pueden estar relacionadas de forma directa con los efectos de la pandemia de la covid-19, pero, los datos recabados están asociados al funcionamiento de las instituciones políticas (Ejecutivo y Legislativo) y organizaciones de la sociedad civil, lo que reduce el ruido de esa variable de contexto.

La injerencia del poder militar en el Poder Ejecutivo fue alta entre 1963 y 1979, fue directa y proporcional a los militares vinculados con los Gobiernos de aquel entonces. Esta trayectoria, la del rol tutelar de la democracia, se mantuvo en las décadas de 1980, 1990 y hasta 2006, cuando se desplegó el proyecto político de Correa. En ese momento las Fuerzas Armadas perdieron su poder y pasaron a ser custodios del régimen democrático y brindar control civil. Esa trayectoria provocó que los militares ya no tuvieran mayor injerencia en el Poder Ejecutivo en el lustro 2017-2021, en su lugar, serían las élites económicas y mediáticas las que ocuparían esa posición. No obstante, esta es una hipótesis cuyo resultado está a medio camino.

Por último, los episodios de acción colectiva son reactivos a la oportunidad política que se presenta en el Gobierno respecto a las políticas públicas y en lo relativo al control de la sociedad civil. En primer lugar, las restricciones a las libertades, sobre todo de reunión, se vieron mermadas por las declaraciones de estado de excepción, sobre todo, en los episodios de protesta entre octubre de 2019 y junio de 2022, que incluyeron violencia de la fuerza pública y judicialización a líderes de movimientos sociales. En segundo lugar, las capacidades de organización de estos movimientos aumentaron en 2017, mientras que en 2018 se redujo. Esto refleja que hay una respuesta de dichos movimientos frente a la estructura del poder estatal, no obstante.