Introducción

La pandemia por covid-19 ha afectado la economía de todo el mundo. En Argentina, la crisis económica ya estaba presente, pero se profundizó y alcanzó niveles históricos con la llegada del nuevo coronavirus. La caída del PBI, que en los años 2018 y 2019 fue del 2,6 % y 2,1 %, de forma respectiva, se profundizó en 2020 y alcanzó un descenso de 9,9 % (Instituto Nacional de Estadística y Censos [Indec], cuarto trimestre de 2020). El manejo de la pandemia por parte de los Gobiernos abrió un debate en el que se contraponía el “cuidado de la salud” y el “cuidado de la economía”. El Gobierno argentino, por ejemplo, en palabras del presidente Alberto Fernández, aseguró que priorizaría la salud por sobre la economía: “Si el dilema es la economía o la vida yo elijo la vida” (^{Radio Nacional, 23/3/20}). Ello supone un problema en el modo de producción capitalista, dado que las medidas necesarias para el resguardo de la salud (la cuarentena), en especial la de los trabajadores, son contradictorias con las necesidades de los capitalistas de mantener intacto el flujo económico para intentar sostener sus ganancias.

El Estado se corresponde con la estructura social que le da origen, en este caso, al Estado capitalista, y admite diferentes regímenes que son formas bajo las que se organizan las relaciones al interior de la clase dominante, así como entre esta y la clase dominada, en nuestro caso, burguesía y proletariado. Por último, en un nivel de concesión mayor, se encuentra el Gobierno, que refiere al personal político que tiene a cargo el mando del Estado de manera temporal. En particular, existe un extenso debate acerca de la definición de los Gobiernos peronistas, dentro del cual se coincide con los autores que lo caracterizan como bonapartismo¹ (Calello, 1987; ^{Kabat, 2017}; Sartelli, 2005; ^{Harari, 2019}).

Como señala un informe de la Organización Internacional del Trabajo (^{Ernst y Mourelo, 2020}), el mercado laboral argentino sufría ya una situación adversa en términos de márgenes de empleo, informalidad y niveles salariales, en los que el Gobierno se veía limitado en su capacidad de acción dada la crisis fiscal que atravesaba. Las problemáticas laborales y la conflictividad que se desató con la llegada de la pandemia se han trabajado mediante informes de carácter parcial (^{Basualdo y Peláez, 2020}; Comisión Económica para América Latina [Cepal], 2020; ^{Montes Cato et al., 2020}) que señalan los desafíos que generaron. También se ha señalado que la clase obrera venía de un período en el que sus acciones tenían un carácter defensivo (^{Ghigliani, 2009}), dadas las medidas flexibilizadoras del Gobierno anterior (^{Harari y Bil, 2021}; ^{Montes Cato y Ventrici, 2017}). Por otro lado, se ha debatido con amplitud sobre la llamada “revitalización obrera” acaecida en el período denominado de posconvertibilidad (^{Marticorena y D’Urso, 2018}; ^{Senén González y Haidar, 2009}), junto al crecimiento de acciones independientes de las dirigencias sindicales que no darían respuesta a las demandas de sus bases, y en especial la participación de organizaciones de izquierda en esos procesos. En una mirada de más largo plazo, se ha mostrado que la clase obrera argentina sufre una degradación de sus condiciones laborales y una disminución de sus ingresos desde un período previo (^{Harari et al., 2019}; ^{Kabat et al., 2014}).

Durante la pandemia, dada la profundización de la crisis, las contradicciones de clase se exacerbaron y la política laboral que se implementó expuso la naturaleza de clase no solo del Estado y el régimen, sino del propio Gobierno, que priorizó el resguardo de los intereses de los capitalistas por sobre el de los trabajadores. La política laboral adoptada significó un perjuicio para la clase obrera. No obstante, fue acompañada por la dirigencia sindical y la conflictividad tendió a exceder los canales institucionales. En ese punto, queda expuesto el rol que desempeña el peronismo y en particular la burocracia sindical como pilar de la hegemonía, en la medida en que las políticas adoptadas por el Gobierno profundizaron las tendencias existentes en el terreno laboral, pero sin generar el nivel de respuesta que se observó durante el Gobierno anterior por parte de la dirigencia sindical. En ese punto, se observa una continuidad entre diferentes Gobiernos, una unidad de intereses que prevalece por encima de las diferencias del personal político.

Este artículo busca mostrar cómo la pandemia afectó la situación laboral, las medidas que tomó el Gobierno argentino frente a ello y cuáles fueron los conflictos obreros que se suscitaron. El enfoque parte de una mirada marxista clásica que entiende al Estado como parte de la superestructura que garantiza la dominación de clase y la reproducción de las relaciones sociales de producción. El Estado es el principal sustento de la hegemonía de clase, que requiere una combinación de consenso y coerción en una proporción variante según la correlación de fuerzas (^{Gramsci, 1984}).² Dado que para retener el poder la burguesía requiere de cierta cuota de consenso entre los dominados, se impone, en mayor o menor grado, la contemplación de intereses secundarios de la clase obrera, aunque lo que primará en última instancia serán los intereses de la burguesía (Sartelli, 2013).

Para ello, sin adentrarnos en la administración de la situación sanitaria, este artículo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, se indaga sobre las medidas adoptadas por el Gobierno argentino para regular el trabajo en el nuevo contexto y ante el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). En segunda instancia, se analizan las disposiciones sobre los sectores que debían continuar en funcionamiento por considerarse esenciales y las disputas que surgieron en relación con la declaración de ciertas actividades como esenciales. También serán examinadas las regulaciones sobre dos modalidades que se extendieron durante la pandemia: el trabajo eventual y el teletrabajo. A renglón seguido, serán descritas las medidas dispuestas sobre los despidos y las suspensiones, lo que incluye el acuerdo macro entre la Confederación General de Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) y los sectoriales, además de aquellas tomadas para el sector informal de la economía; por último, se examinarán los resultados estadísticos de esas medidas.

Esto permitirá conocer si se ha profundizado en las tendencias ya existentes y si las medidas tomadas por el Gobierno las revirtieron o no, y en qué medida. Otro punto que se aborda es el rol de la dirigencia sindical, en especial si ha incorporado los reclamos que surgieron y si las luchas obreras han tendido a rebasar la estructura sindical. En ese sentido, se examina a la dirigencia sindical desde el concepto de burocracia sindical, el cual supone una dirección de carácter gremial que buscar representar intereses secundarios de la clase obrera en el seno de la burguesía a la vez que personifica intereses de la burguesía en el seno de la clase obrera (^{Harari, 2010}; ^{Lobbe, 2006}; ^{Sartelli, 2020}). Por último, se abordará la conflictividad laboral desatada tanto en el ámbito privado como en el sector público, lo cual nos permitirá conocer qué intereses se enfrentaban y el rol de los sindicatos frente a la crisis.

Para plantear estos puntos se recurre sobre todo a fuentes periodísticas, tanto de periódicos de circulación nacional como provincial, así como a publicaciones periodísticas especializadas en la problemática laboral y a publicaciones de organizaciones político-gremiales. También se accede a fuentes oficiales, como el Boletín Oficial, para revelar las medidas adoptadas por el Gobierno, junto con estadística pública del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Las primeras medidas y la declaración del ASPO

El primer caso de coronavirus confirmado en Argentina data del 3 de marzo de 2020. Para ese entonces, el virus ya tenía al menos tres meses de existencia en el mundo y afectaba a varios países que recurrieron a la cuarentena como medida efectiva. El Gobierno argentino no declaró la cuarentena de forma inmediata ante la llegada del virus al país, siendo la primera medida la suspensión de las clases, el 15 de marzo (Resolución 108/2020). Esta medida suponía que los niños en edad escolar no debían asistir a los establecimientos educativos, pero sí debían hacerlo los docentes y auxiliares. Tras el rechazo de la obligación a asistir por parte de los trabajadores de la educación, la medida fue revertida y, por último, se los eximió de asistir a las escuelas.

Los trabajadores no tenían permiso para ausentarse de los lugares de trabajo y permanecer en sus hogares, a menos que pudieran acogerse a alguna de las licencias laborales que se autorizaron a partir del 16 de marzo (Resolución 207/2020). Los trabajadores de los sectores público y privado que pertenecían a grupos de riesgo, los mayores de 60 años, con excepción de quienes cumplieran tareas esenciales, junto con las embarazadas, tenían autorización de tomarse una licencia y cumplir tareas de manera remota. También se otorgaban licencias a todos los empleados de los sectores público y privado que tuvieran hijos menores escolarizados. En ese caso, la licencia se otorgaba a uno solo de los padres. En la Administración pública nacional, además, se estableció el teletrabajo para todo el personal.

A los trabajadores registrados sin licencia que debían asistir a sus lugares de trabajo se sumaban todos aquellos empleados no registrados o empleados bajo formas precarias, como los monotributistas, que en Argentina conforman más del 30 % de la fuerza laboral (Indec, EPH, 2020). A pesar de que no todos los trabajadores contaban con licencias pagas, el Gobierno hacía un llamado a permanecer en los hogares y que los sindicatos solicitaran a las empresas que colaboren a reducir la circulación: “Es muy importante que los gremios les expliquen a los empresarios la importancia de no circular y de soportar unos días de licencia” (^{Mundo Gremial, 17/3/2020}). Es decir, dejaba librado a cada gremio la responsabilidad de negociar licencias para que los empleados no estén obligados a presentarse a trabajar. Sin embargo, los gremios no llevaban adelante acciones para solicitar licencias y evitar que los trabajadores se expusieran al contagio.

La falta de medidas oficiales para evitar que los trabajadores fueran obligados a ir a trabajar y la carencia de medidas sanitarias en los lugares de trabajo generaron protestas en varios sectores, en especial en aquellos que no se podían adaptar al teletrabajo y continuaban asistiendo al trabajo. En el sector de salud hubo protestas en reclamo por el abastecimiento de material para trabajar con las condiciones de seguridad. También se registraron reclamos de los trabajadores precarizados del instituto Malbrán (^{ATE, 19/3/2020}), en el que se realizaban los test para el coronavirus, por mejores condiciones laborales. Los trabajadores de al menos diez centros comerciales en Buenos Aires exigieron el cierre de los mismos (^{Ámbito, 17/3/2020}). En Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores del lavadero Appareal, que trabaja con sanidad pública y privada, reclamaron por condiciones laborales y fueron reprimidos (^{Info Gremiales, 18/3/2020}). En Tierra del Fuego, los metalúrgicos votaron un paro en asamblea, antes de que la provincia decretara la cuarentena total (^{Polo Sur TDF, 16/3/2020}). En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) se consiguió licencias para todo el personal (^{Corriente Goyo Flores, 18/3/2020}). También hubo luchas en Astillero Río Santiago y en la mina Veladero de la provincia de San Juan -este último con paralización de las actividades- (^{Corriente Goyo Flores, 18/3/2020}).

En algunos lugares de trabajo se buscó el adelanto de las vacaciones o incluso se implementaron suspensiones. El Gobierno lanzó un refuerzo del Programa de Recuperación Productiva (Repro), que consiste en el pago de una parte del salario en empresas que cursen procesos de crisis, junto con la eximición del pago de contribuciones patronales a sectores afectados. A su vez, se anunció que se reforzaría el seguro de desempleo. Frente a este panorama, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, declaró: “La semana que viene se para el país, estamos en medio de una emergencia, de una crisis sanitaria importantísima que es prioridad absoluta para la CGT” (^{Mundo Gremial, 18/3/2020}).

Dada la presión para declarar la cuarentena, al final el Gobierno decidió promulgarla el 20 de marzo por once días (Decreto 297/2020), aunque fue entendiéndose con excepciones. En un principio se encontraban exceptuados del ASPO varios sectores, entre los que se encontraban personal de salud, fuerzas de seguridad, atención de comedores escolares y comunitarios, comunicación, obra pública, supermercados y comercios minoristas de proximidad, farmacias, ferreterías, veterinarias, industrias de alimentación, de higiene y limpieza, de insumos sanitarios, producción y distribución agropecuaria y de pesca, telecomunicaciones, recolección de residuos, servicios básicos, transporte de pasajeros y mercaderías, reparto a domicilio, entre otros.

En el sector de alimentación, el Gobierno convocó a un comité de crisis conformado por los empresarios del sector y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación (STIA). Allí se acordó que continúe la producción de productos tales como refrigerios o golosinas. En particular, la empresa Pepsico pretendía que su fábrica ubicada en Mar del Plata continuara en actividad. Los trabajadores de la planta decidieron en asamblea pararla si la empresa negaba la cuarentena. Pero los representantes sindicales de la Comisión Interna (CI) de la fábrica no convocaron a un paro. El 20 de marzo, al recibir la carta de la empresa que los llamaba a continuar trabajando, los obreros de Pepsico decidieron parar la fábrica en su totalidad y lograron frenar la concurrencia al trabajo la semana siguiente (^{Corriente Goyo Flores, 20/3/2020}). También en la fábrica de golosinas Felfort hubo un reclamo de la Comisión Interna para que los trabajadores pudieran cumplir la cuarentena (^{Corriente Goyo Flores, 22/3/2020}).

En el sector siderúrgico, los trabajadores de la empresa Techint, ubicada en Campana, se rebelaron contra la empresa, que pretendía continuar en actividad a pesar de no estar contemplada entre las actividades exceptuadas del ASPO. Si bien varios trabajadores se vieron obligados a asistir el 20 de marzo, la empresa tuvo varios problemas. Por ejemplo, el sector de acería no funcionó en todo el día. La presión de los trabajadores sobre el sindicato hizo que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Campana sacara un comunicado el 20 de marzo en el que alentó a los obreros a quedarse en sus casas (^{Corriente Goyo Flores, 20/3/2020}). Sin embargo, un día después el Gobierno sacó una nueva resolución por la que se ampliaban las excepciones al ASPO (Decisión Administrativa 429/2020). En ella se exceptuaba del cumplimiento de la cuarentena a aquellas “Industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción implique daños estructurales en las líneas de producción y/o maquinarias”. Con esta medida, las plantas siderúrgicas de Techint pudieron reabrirse sin violar ninguna resolución.

Con el mismo procedimiento -ampliación del listado de actividades esenciales- la cuarentena fue levantándose en varios rubros, aunque el ASPO seguía renovándose cada quince o veinte días. Por ejemplo, al día siguiente de la declaración de la cuarentena se amplió el listado de actividades esenciales a sectores tales como curtiembres, Comisión Nacional de Valores, industrias que realicen procesos continuos, entre otras (Decisión Administrativa 429/2020). El 11 de abril se habilitan actividades tales como la bancaria con atención al público, talleres para mantenimiento y reparación de automotores, venta de repuestos, partes y piezas para automotores, fabricación de neumáticos, venta de artículos de librería e insumos informáticos (Decisión Administrativa 490/2020). El 15 de mayo se habilitan actividades religiosas en iglesias, templos y lugares de culto, el trabajo en algunas dependencias estatales y en compañías aseguradoras (Decisión Administrativa 810/2020). Entre tanto, en el mundo laboral crecían algunas modalidades de trabajo y comenzaban a sentirse las consecuencias de la crisis económica.

Trabajo eventual y teletrabajo

El ASPO generó una demanda de trabajadores para cubrir ciertas tareas. La necesidad de contratar empleo eventual surgió en varios rubros a partir de dos situaciones. Por un lado, en aquellas actividades esenciales que continuaron en funcionamiento y que debieron cubrir los puestos de los trabajadores que no asistían por pertenecer a grupos de riesgo. Por el otro, el aumento significativo de actividades ligadas a la entrega inmediata y reparto de los supermercados. Otro sector que demandó mayor personal fue el sanitario, en especial enfermería. Esta situación fue prevista por la resolución de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) que reglamenta el trabajo durante la cuarentena, así, el Gobierno estableció que “La necesidad de contratación de personal mientras dure la vigencia del ‘aislamiento social preventivo y obligatorio’, deberá ser considerada extraordinaria y transitoria en los términos del artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo” (Resolución 279/2020). Es decir que luego de terminada la necesidad de la empresa de cubrir ese puesto esos trabajadores serán descartados.

La implementación del teletrabajo también estaba prevista en las medidas del MTEySS, en especial en el sector público. Esta modalidad se impuso no solo en el sector público y educativo sino también en gran parte del sector de servicios, cuya regulación aparecía como una necesidad. Sin embargo, en un inicio, el Gobierno suspendió una resolución existente desde el 2012 por la cual los empleadores debían proveer a los trabajadores las herramientas de trabajo necesarias para cumplir las tareas desde sus hogares, como una silla ergonómica, una almohadilla para ratón o un extinguidor de incendios (Resolución 1552/2012, Superintendencia de Riesgos del Trabajo). Mediante la Resolución 21/2020, el MTEySS suspendió esta norma tres días antes de iniciada la cuarentena, bajo el argumento de que en las circunstancias de la pandemia el teletrabajo tenía características diferentes y que, por tanto, su implementación quedaba librada al arreglo entre las partes.

El problema de la regulación de las condiciones laborales de quienes pasaron a cumplir tareas desde sus hogares durante el ASPO no fue, en general, una preocupación central de los gremios, en la medida en que no impulsaron regulaciones específicas o reclamaron compensaciones por los gastos en los que incurrían los trabajadores para adaptarse a esta modalidad. Una excepción lo constituyó la Asociación Judicial Bonaerense, que firmó un acuerdo paritario que regula el teletrabajo (Convenio n.º 526, 25/4/2020). Allí se estableció que la modalidad de teletrabajo tendría carácter voluntaria y revocable. También se fijó que la jornada laboral debía corresponderse con la habitual, un punto central dado que el trabajo en el hogar por lo regular supone el estiramiento del horario de trabajo. Con ello se garantizaba el llamado derecho a la desconexión de los teletrabajadores. En este sentido, en el convenio se preveía que los problemas de conexión o errores del sistema no pueden imputarse al trabajador, por lo que el tiempo perdido sería considerado tiempo de trabajo, sin posibilidad de compensación.

Por otro lado, el 14 de agosto se aprobó una ley de teletrabajo (Ley 27.555). En la propia norma se establece que su entrada en vigencia será a partir de los 90 días de finalizado el ASPO. Es decir que, durante la cuarentena, los trabajadores que pasaron a la modalidad de teletrabajo no están amparados por ninguna norma que regule sus condiciones de trabajo. En la ley se determina la obligación del empleador de proveer herramientas de trabajo, como una silla ergonómica, lo cual ya estaba presente en la regulación suspendida por el Gobierno. También establece la voluntariedad y reversibilidad de esta modalidad, pero se fija como excepción a ello cualquier circunstancia de “fuerza mayor”. Con lo cual se deja abierta la posibilidad de que la imposición del teletrabajo se haga de forma obligatoria. En la ley se incluye el derecho a la desconexión y a la privacidad del empleado, así como la igualdad de condiciones laborales y derechos que el resto de los trabajadores.

Los despidos y las suspensiones

La pandemia por el covid-19 profundizó una crisis económica que ya estaba presente en Argentina y, en ese sentido, los despidos y las suspensiones comenzaron a extenderse. El 30 de marzo el Gobierno emitió un decreto de prohibición de despidos y suspensiones “sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor” (Decreto 329/2020). Si bien en un inicio se estableció por sesenta días, la norma se extendió a lo largo de la ASPO. Como no era retroactiva, quedaban vigentes los despidos y suspensiones realizadas hasta la fecha de publicación, así como todas aquellas que estuviesen justificados en, por ejemplo, los procedimientos preventivos de crisis. Además, se dejó por fuera de la prohibición a las suspensiones previstas en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla aquellas por las que se abona una suma no remunerativa. Esto incluía los casos que “se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada” (Ley 20.744).

Otra medida que adoptó el Gobierno para intentar frenar los despidos fue el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), mediante el cual se paga la mitad de los salarios a las empresas que lo soliciten. Las compañías que se adhirieran tendrían prohibido una serie de acciones. Entre ellas, transferir o hacer pagos a empresas en los considerados paraísos fiscales, adquirir títulos en pesos y luego venderlos en moneda extranjera, recomprar sus acciones y, sobre todo, repartir utilidades a partir de noviembre de 2019. Las restricciones tendrían vigencia por doce meses para las empresas que contaran con hasta 800 trabajadores y por veinticuatro meses las que tengan un número mayor. Otras ayudas financieras que recibieron las empresas, en especial las pequeñas y medianas, consistieron en la rebaja de cargas patronales, ampliación de las moratorias fiscales y créditos a tasa muy baja. Por otro lado, se dio de baja el Sistema de Perfil de Riesgo (Siper), una herramienta de evaluación fiscal que se utilizaba para calificar a las compañías y, con base en ello, otorgarles acceso a planes para el refinanciamiento de deudas fiscales. De la misma forma, se suspendió el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), en el que se registraba a aquellos que incumplían con la normativa laboral.

La prohibición de despidos decretada por el Gobierno no logró impedirlos. De hecho, el MTEySS los autorizó. Este fue el caso de la homologación de 1500 despidos en la empresa Techint. Como se aprecia en el gráfico 1, el empleo registrado tuvo una retracción leve en marzo y luego una caída más pronunciada en abril y mayo. A partir de junio se presenta una muy leve recuperación hasta septiembre, luego un estancamiento en octubre y noviembre y una nueva caída leve en diciembre. El año finaliza con un descenso del empleo registrado del 1,74 %.

Fuente: Ministerio de Trabajo (abril de 2021)

Gráfico 1 Evolución del empleo registrado, enero a diciembre de 2020 

A su vez, la tasa de desempleo medida por el Indec, que contempla el trabajo registrado y no registrado, se elevó entre el primer y segundo trimestre del año de 10,4 % a 13,1 % y luego descendió al 11,7 % en el tercer trimestre y en el cuarto al 11 %, ubicándose un 0,6 % por encima de los niveles previos a la pandemia (Indec, EPH, cuarto trimestre de 2020). Otro fenómeno que se observó es el crecimiento de la inactividad, que mide al porcentaje de población que no busca empleo, lo que incluye el fenómeno de desaliento. Cabe aclarar que la desocupación se mide solo sobre la población activa y excluye a los inactivos de la base del cálculo. Es decir, solo se consideran desocupados quienes no tienen trabajo y no lo buscan. La inactividad pasó del 52,9 % en el primer trimestre al 61,6 % en el segundo. En el tercer trimestre descendió al 57,7 % y en el cuarto se ubicó en el 55 %, manteniéndose un 2,1 % por encima del comienzo de año (Indec, EPH, 2020).

A los despedidos se sumaron las suspensiones y las reducciones salariales. Como se manifestó, el Decreto 329/2020 no impedía las suspensiones en su totalidad, dado que se autorizaba las que implicaban el pago de una suma no remunerativa. De esta forma, el Gobierno permitía que los gremios y los empleadores pactaran suspensiones bajo esa modalidad. Así, el 27 de abril, el Gobierno firmó un acuerdo a nivel general con la Confederación General de Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) por el cual se habilitaban las suspensiones con el 25 % de descuento salarial, pero ese porcentaje podía ser mayores si el MTEySS lo aprobaba (Resolución 397/2020). Antes de la firma de este acuerdo se habían firmado convenios de suspensiones en algunos sectores, pero luego del mismo se multiplicaron.

Como se aprecia en el gráfico 2, las suspensiones crecieron desde el inicio de la pandemia y comienza a bajar en el mes de agosto, aunque no regrese a los niveles previos. Así se pasó de un 0,8 % en marzo a superar el 8 % en mayo, y recién en agosto habrá una leve y paulatina caída hasta el 2,5 % de diciembre. Una trayectoria similar sigue el porcentaje de empresas que suspendieron trabajadores. Este porcentaje era del 5,1 % en marzo, que crece hasta alcanzar un pico de 19,4 % en julio y luego desciende hasta un 12,3 % en diciembre, el cual duplica el nivel de marzo.

Fuente: Ministerio de Trabajo (abril de 2021).

Gráfico 2. Evolución de las suspensiones y porcentaje de empresas que suspendieron (enero-diciembre 2020) 

El primer gremio que firmó un convenio en el marco del acuerdo entre la CGT y la UIA fue la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que implicó el cobro del 70 % del salario bruto (Acuerdo 735/2020). El convenio incluyó una cláusula que permitía despedir a los contratados. En el sector siderúrgico existía un acuerdo de suspensiones al 75 % que regía en la mayoría de las plantas del conglomerado Techint. En Acindar se impuso una rebaja mayor, del 40 %. Los trabajadores se opusieron a los planes de la empresa en una asamblea y exigieron que se reduzcan los descuentos por las suspensiones. En represalia, la empresa despidió a seis trabajadores que eran delegados de la Comisión Interna (^{Sitio Gremial, 19/5/2020}).

Otro gremio importante que firmó suspensiones con rebajas salariales fue la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faceys). Según este acuerdo, se pagaría solo el 75 % de los salarios netos (Acuerdo 765/2020). Si las empresas lograban acceder al ATP, solo tendrían que abonar el 25 % del salario. Sin embargo, las empresas más chicas del sector rechazaban el acuerdo porque exigían que el Estado pagara el 100 % de los salarios. Por su parte, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) firmó un acuerdo por el que se permitió suspender el 75 % del salario (Acuerdo 905/2020). En marzo, el gremio de panaderos acordó con las empresas de comidas rápidas que se descontaría el 50 % de los salarios de ese mes. Para los meses siguientes, abril, mayo y junio, acordó una rebaja del 30 % sobre el salario bruto (Acuerdo 796/2020). En este sector además se produjo un gran número de despidos en el momento en que el grupo propietario de las firmas Starbucks y Burger King decidió cerrar trece locales que empleaban a casi 200 trabajadores (La Nación, 5/5/2020).

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) firmó con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) que los trabajadores solo recibirían el 25 % del salario neto, incluso aquellos que pertenecían a grupos de riesgo (Acuerdo 1073/2020). El acuerdo estipulaba que se abonaría un 50 % más del salario, alcanzando el 75 % solo si se accediera al programa ATP y el Estado se hiciera cargo de ese monto. El mismo sindicato acordó con las empresas automotrices y las autopartistas el pago del 70 % del salario bruto. Con la empresa Renault ya había firmado un acuerdo por el pago del 60 % del salario.

El gremio que representa a los trabajadores de la industria textil y de la confección, la Asociación Obrera Textil (AOT), firmó con las patronales del sector un convenio de suspensiones con rebajas de un 30 % sobre el salario neto (Acuerdo 939/2020). En el acuerdo no se incluyeron adicionales, por lo que el descuento salarial llegó hasta el 50 %. Dado que muchas empresas del sector cobraron el ATP, el 50 % del salario que recibieron los trabajadores fue aportado por el Estado, lo cual generó polémica en el caso de la empresa textil Eseka, que les reclamó a sus trabajadores la devolución de una parte del salario cobrado por la primera quincena de abril, dado que el monto abonado superaba el 50 % pactado por el gremio (^{Info Gremiales 3/5/2020}).

En el sector petrolero se firmaron convenios que aceptaban recortes salariales que llegaban hasta el 40 %. Muchos de ellos fueron negociados por los gremios y las patronales antes del pacto entre la UIA y la CGT, pero fueron homologados tiempo después. Por ejemplo, en el yacimiento de Vaca Muerta, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa acordó el cobro del 60 % del salario (Acuerdo 731/2020). Las empresas que brindan servicios en esos yacimientos se retrasaron con el pago de los salarios y despidieron trabajadores. Las empresas Pecom y Schlumberger ofrecieron planes de retiros voluntarios y la compañía San Antonio pagó los salarios en cuotas (Iprofesional, 5/5/2020). Por otro lado, en el sector minero se firmó un acuerdo entre la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) por la reducción de un 30 % del salario bruto.

En la industria alimenticia, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) pactó con la empresa Mondelez, que produce golosinas, el cese de actividades en su planta y el pago del 77 % de los salarios (^{La Izquierda Diario, 8/5/2020}; Info Gremiales, 8/5/2020). También acordó con la empresa avícola Granja Tres Arroyos, que cobraba el ATP, el despido de cincuenta trabajadores contratados (^{Info Gremiales, 18/5/2020}). La empresa láctea Sancor acordó con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) retiros voluntarios y suspensiones por el 75 % del salario. La empresa no abonó los retiros voluntarios y adeuda salarios y aguinaldos (^{Corriente clasista Goyo Flores, 12/4/2020}).

En los medios de comunicación se continuó con la actividad, dado que fue declarada esencial. A pesar de ello, en este sector se produjeron suspensiones y despidos. La empresa multimedia Clarín abonó en cuotas los salarios de sus trabajadores, a pesar de recibir ATP (^{Info Gremiales, 15/5/2020}). Los canales de televisión América y C5N también pagaron en cuotas los salarios. Diario Popular abonó solo el 50 % del salario, que es lo que percibe por ATP. La editorial Atlántida, que edita las revistas Para Ti, Gente y Paparazzi, cesó a 45 trabajadores. La empresa IPEA, dueña de la revista Pronto, cerró sus puertas a fines de marzo y dejó en la calle a cien trabajadores (^{Línea Sindical, 3/5/2020})

En el ámbito estatal también se produjeron despidos en todo el país. En la provincia de Buenos Aires hubo cesantías a nivel municipal. Por ejemplo, en el municipio de Tigre se despidieron trabajadores de las áreas de salud, infancia, género y deportes (^{La izquierda diario, 4/5/2020}). La municipalidad de Avellaneda despidió a 27 docentes de la Escuela de Danza y de jardines infantiles (^{La Izquierda Diario, 29/4/2020}). Por su parte, en José C. Paz fueron despedidos 38 trabajadores de la Orquesta Municipal (^{Tiempo Argentino, 13/4/2020}). Además de los despidos, en varias localidades hubo demoras en la liquidación de salarios y también pagos escalonados. La gobernación de la provincia de Jujuy anunció que pagaría los sueldos de los empleados públicos en dos cuotas (^{Jujuy al momento, 3/5/2020; Todo Jujuy, 9/5/2020}). La municipalidad de la ciudad de Córdoba recortó el salario de sus empleados (^{Vía Córdoba, 22/4/2020}). Los trabajadores municipales de la localidad cordobesa Jesús María sufrieron retrasos en el pago de sus haberes (^{Cadena 3, 5/5/2020}). En lo localidad bonaerense Luján se produjeron retrasos en el pago de los salarios, se dejaron de abonar horas extras y aumentos previstos (^{Línea Sindical, 7/5/2020}).

En el municipio bonaerense Avellaneda el personal de los Institutos de Enseñanza Artística que tomó cargo en marzo no cobró sus salarios (^{La Izquierda Diario, 20/5/2020}). En la localidad de Urundel, en la provincia de Salta, no se abonaron los aumentos correspondientes a la paritaria (^{Página 12, 29/4/2020}). La municipalidad de Guaymallén, provincia de Mendoza, no abonó el ítem “servicios extraordinarios” a los empleados que pertenecían a los grupos de riesgo, lo que constituyó un recorte salarial (^{La Izquierda Diario, 28/4/2020}). Las municipalidades de Tres de Febrero y Tigre también intentaron recortar el salario de sus trabajadores (^{Info Cielo, 1/5/2020}; ^{Prensa Obrera, 26/4/2020}). También el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiso pagar de forma escalonada los sueldos (^{Línea sindical, 5/5/2020}). La gobernación de la provincia de Tierra del Fuego decidió posponer por sesenta días un incremento salarial pactado en paritarias, aunque exceptúo al personal de salud y seguridad (^{Gremiales del Sur, 6/4/2020}). Las negociaciones paritarias fueron en general suspendidas, tanto a nivel de la Administración pública nacional como en varias provincias.

Uno de los sectores más perjudicados fue el de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. Un informe elaborado por la Federación de Comercio e Industria de CABA reveló que, entre las pequeñas y medianas empresas del área metropolitana de Buenos Aires, solo un 23,1 % abonó los sueldos de abril en tiempo y forma. Además, un 39,8 % no pagó de forma completa los salarios, mientras un 37,1 % no los pagó (^{Fecoba, 6/5/2020}).

Durante 2020 pudo observarse una caída del nivel salarial medida en términos reales (ver gráfico 3). Si se analizan los datos de la Secretaría de Seguridad Social, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte, febrero 2021) deflactada por el índice de precios al consumidor del Indec, puede verificarse esa trayectoria. Tras un leve ascenso en febrero, se produce una caída hasta el mes de mayo, luego cierto estancamiento con altibajos y una nueva caída muy pronunciada en el mes de diciembre. El resultado es una tendencia al descenso de los salarios reales.

Fuente: Elaboración propia con base en Ripte e IPC-Indec (2020).

Gráfico 3 Índice de la evolución real de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (enero-diciembre 2020) 

Otro problema lo tuvieron los trabajadores de la economía informal y los llamados cuentapropistas. El 23 de marzo, el Gobierno anunció la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que tenía como fin ayudar a los monotributistas de las categorías más bajas, que suelen ser asalariados encubiertos, trabajadores informales, cuya actividad laboral se ve interrumpida como consecuencia de la cuarentena, así como desocupados que no perciban un plan. La medida consistió en el pago de 10 mil pesos. Quienes accedieron a este subsidio lo cobraron en tres oportunidades y existe la posibilidad de que haya un cuarto pago. El decreto que implementó este subsidio señalaba que los trabajadores aptos para inscribirse son aquellos en cuyo grupo familiar no existía otro ingreso registrado, prestación por desempleo, jubilaciones, pensiones o planes sociales. Cabe destacar que 10 mil pesos para una familia que no percibe ningún otro ingreso no es suficiente para sustentarse un mes, porque no cubre siquiera la canasta básica alimentaria que determina la línea de indigencia, que en marzo se ubicaba en $17 353,25 para una familia tipo. ³ En total se otorgaron 9 millones de IFE, de los cuales el 61,7 % fue para trabajadores informales o desocupados (Anses, Boletín IFE, junio 2020).

Una oleada de luchas

Frente a este panorama se suscitó una serie de conflictos obreros, en especial durante los primeros meses. A comienzos de la cuarentena se produjeron dos casos paradigmáticos de lo que vendría luego: el frigorífico Penta y la fábrica de colchones Bed Time. En Penta los trabajadores reclamaban por la reapertura del frigorífico y el cobro de salarios que la patronal les adeudaba. La empresa cerró sus puertas el 17 de marzo y despidió a 240 trabajadores. Los trabajadores emprendieron un plan de lucha. El 9 de abril fueron reprimidos y la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne (Fesitcara) decidió convocar a una huelga en todo el país en repudio (^{Página 12, 10/4/2020}). En Bed Time se produjeron despidos que lograron ser revertidos gracias a la lucha de los trabajadores, que tomaron la planta por una semana desde el 23 de abril. Además, consiguieron que se pagaran los salarios que la empresa les adeudaba (^{Info Gremiales, 27/4/2020}).

En el sector de fabricación de neumáticos, la empresa FATE intentó rebajar los salarios un 25 %, a pesar de que esta industria fue incluida en el listado de actividades exceptuadas de la cuarentena. Mediante un plan de lucha, el Sindicato del neumático (Sutna) se opuso al descuento salarial y logró evitarlo (^{Prensa Obrera, 14/5/2020}). Por otro lado, en el sector de transporte hubo conflictos por los retrasos en los pagos de salarios, a pesar de que las empresas siguieron en actividad por prestar un servicio esencial. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) declaró una huelga el 12 de mayo en la mayoría de las provincias del país, dejando afuera a la Ciudad de Buenos Aires y a los partidos del Conourbano bonaerense (^{Infobae, 16/4/2020}; ^{La Nación, 12/5/2020}). Otro reclamo de los trabajadores del sector fue que las empresas garantizaran medidas de prevención y les brindaran elementos de protección personal.

Un sector muy activo durante la pandemia fue el de los repartidores de aplicaciones de entrega inmediata y mensajería, como Rappi, Glovo y Pedidos ya, cuya actividad durante la pandemia se expandió. Uno de los sindicatos que los agrupa, la Asociación de Trabajadores de Reparto, organizó dos jornadas de protestas: el 22 de abril, empalmando con una jornada a nivel internacional, y el 8 de mayo, cuando marcharon al Ministerio de Trabajo (^{BAE, 24/4/2020}; ^{Perfil, 4/5/2020}; ^{Prensa Obrera, 8/5/2020}). Los trabajadores reclamaban mejores condiciones laborales, provisión de elementos de protección y un aumento salarial.

La fábrica de alfajores La Nirva, ubicada en Lomas del Mirador, cerró y dejó a 65 trabajadores despedidos, a quienes además les adeudaba seis meses de salarios y había estafado con cheques a noventa y sesenta días sin fondos. Los trabajadores decidieron montar un acampe en la puerta del establecimiento (^{Info Gremiales, 12/5/2020}). El 14 de mayo fueron desalojados, pero volvieron a montar su acampe (^{Estado de Alerta, 15/5/2020}). El 18 de mayo consiguieron que la empresa les pagara el 50 % de los salarios y el resto lo cobrarían por ATP (^{Línea Sindical, 20/5/2020}). En el mismo sector, esta vez en Mar del Plata, la fábrica de Postres Balcarce adeudaba dos meses de salarios. El 6 de mayo los trabajadores se manifestaron para exigir el pago de los salarios adeudados (^{Línea Sindical, 7/5/2020}). En ambos casos se destaca la ausencia del sindicato de pasteleros que representa a estos trabajadores. Los obreros del frigorífico de pescado Apolo Fish, de la ciudad de Mar del Plata, tomaron la planta el 11 de mayo para reclamar por los salarios que la empresa les debía desde marzo. Aunque percibía el ATP, la compañía solo pagó una parte de los sueldos (^{Qué Digital, 18/5/2020}; ^{Revista Puerto, 21/5/2020}).

En el sector siderúrgico, se produjeron varios conflictos en torno a los acuerdos de suspensiones con descuentos salariales. La fábrica Acindar pretendía suspender trabajadores con el pago del 60 % del salario. La Comisión Interna, tras varios reclamos, consiguió que se abonara, los primeros meses, el 80 % del salario y luego el 90 %. La fábrica Tenaris Siderca, perteneciente al grupo Techint, rescindió el contrato de treinta trabajadores de la contratista Ferrúa SRL, lo que constituye un despido en los hechos. El 18 de mayo los trabajadores se manifestaron en la puerta de la fábrica con un piquete (^{Ámbito, 18/5/2020}).

El sector textil fue muy conflictivo al comienzo de la pandemia, en especial porque el convenio que firmó la Asociación Obrera Textil (AOT) con las empresas del sector fue rechazado por los trabajadores. En Mar del Plata, los obreros de la fábrica Textilana, que siguió funcionando con su capacidad plena para la fabricación de barbijos, marcharon al Ministerio de Trabajo de la localidad para rechazar el acuerdo (^{La Capital, 27/4/2020}). Por su parte, los trabajadores de Textil Río Grande y Austratel, en la provincia de Tierra del Fuego, marcharon al Ministerio de Trabajo para reclamar por los salarios que les adeudaban, incluso con los descuentos acordados (^{Actualidad TDF, 30/4/2020}). En Trelew, en la provincia de Chubut, los obreros del sector realizaron una marcha el 28 de abril en rechazo al acuerdo (^{El Chubut, 28/4/2020}). En esa misma provincia, los trabajadores de Sedamil emprendieron un plan de lucha para exigir que les abonaran las quincenas adeudadas de abril y mayo. El 11 de mayo tomaron la fábrica para reclamar la regularización del pago de los salarios (^{Mundo Gremial, 12/5/2020}). El día 20 de ese mismo mes, se dirigieron a la sede del consejo deliberante de Trelew porque la empresa pretendía despedir trabajadores mediante un plan de retiros voluntarios (^{Diario Jornada, 20/5/2020}). El 7 de mayo, en La Matanza, provincia de Buenos Aires, los trabajadores de la textil Iberoamericana reclamaron en la puerta de la fábrica por el pago de una deuda salarial de tres meses (^{La izquierda diario, 5/5/2020}).

En la provincia de Neuquén, los trabajadores del Proyecto Minero de Andacollo protagonizaron un plan de lucha contra los despidos y por el pago de los salarios que les adeudaba la empresa Trident Southern Explorations. La compañía se presentó a concurso de acreedores, dejando a 238 trabajadores en la calle, con una deuda salarial de dos meses. El 5 de mayo, los mineros se dirigían a la capital provincial para reclamar por su situación y fueron frenados por Gendarmería, por lo cual decidieron cortar la ruta 22. La misma Gendarmería fue a revisar sus casas en la madrugada en que los detuvo, por lo que los trabajadores fueron procesados por incumplimiento de la cuarentena. Tras varias negociaciones, el 21 de mayo los mineros lograron un acuerdo con la gobernación mediante el cual les abonaron un bono de 20 mil pesos por marzo, otro de 30 mil pesos por abril y luego cuatro cuotas más de igual monto, mensuales y consecutivas (^{Río Negro, 27/4/2020}, ^11/5/2020, ^12/5/2020, ^13/5/2020, ^20/5/2020, ^22/5/2020).

En esa misma provincia trabajadores desocupados de la construcción llevaron adelante un plan de lucha. El 13 de mayo cortaron cinco rutas de la provincia porque no estaban cobrando el fondo de desempleo que les correspondía. Como figuraban, de manera oficial, como perceptores del fondo de desempleo, los trabajadores no podían acceder al cobro del IFE (Info Gremiales 20/5/2020). Por su parte, los trabajadores de Expreso Argentino acamparon también el 22 de mayo contra suspensiones y falta de pago (^{Río Negro, 27/5/2020}). Los trabajadores petroleros de las empresas Motomecánica y Expro llamaron el 21 de mayo un paro de 24 horas por falta de pago “en tiempo y forma” de sus salarios y amenazas de despidos (^{Línea Sindical, 22/5/2020}).

En Quilmes, Buenos Aires, la empresa Valot, fabricante de dos productos esenciales como alcohol en gel y repelentes de mosquitos, cuya demanda aumentó, propuso pagar los sueldos del mes de mayo en cuatro cuotas. Los trabajadores rechazaron la propuesta y el 12 de mayo bloquearon el ingreso al establecimiento. La empresa despidió a sesenta trabajadores, por lo que el plan de lucha continuó también por las reincorporaciones (Prensa obrera, 14/5/2020). También el diario Clarín intentó pagar los salarios de abril en cuotas. Los trabajadores llevaron adelante una lucha que incluyó el trabajo a reglamento, el cese de tareas por turnos, quita de firmas y campañas de difusión sobre su crisis salarial (^{Info Gremiales 15/5/2020}).

La gráfica Morvillo, en Buenos Aires, intentó rebajar el salario un 30 %. Además, adeudaba el 50 % del sueldo de abril. El 14 de mayo los trabajadores pararon por 26 horas y consiguieron que se les pagara lo adeudado. Los trabajadores de la transportista Cruz del Sur también debieron enfrentar un intento de recorte salarial. La empresa descontó el 30 % de los sueldos, a pesar de continuar en actividad. Por eso, el 8 de mayo los trabajadores pararon y lograron que les abonen la totalidad de los salarios (^{Gestión Sindical, 17/5/2020}).

Los trabajadores estatales también sufrieron el ajuste y salieron a la lucha en varias localidades. En la provincia de Jujuy, el 14 de mayo, el Frente Amplio Gremial, conformado por los sindicatos estatales, organizaron una protesta para rechazar el pago de los sueldos en cuotas (^{La izquierda diario, 14/5/2020}). En la provincia de Chubut, el 18 de mayo, la mesa de unidad sindical, conformada por los gremios docentes y estatales, realizó marchas y caravanas en varias ciudades de la provincia para exigir el pago de los sueldos atrasados de hasta dos meses (^{Jornada, 18/5/2020}). En la Ciudad de Córdoba, el 8 de mayo, el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoem) marchó contra los descuentos salariales, que en algunos casos llegaron hasta un 50 % (^{Cadena 3, 8/5/2020}). Como represaría, trece trabajadores resultaron imputados por violar la cuarentena.

El 7 de mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevó adelante una concentración en la legislatura contra el pago escalonado de los salarios (^{Infobae, 7/5/2020}). En Tigre, el 4 de mayo, los empleados de las áreas afectadas por los despidos hicieron un corte frente al municipio para exigir que se reincorporasen a los despedidos y que se pagaran salarios adeudados (^{La Izquierda Diario, 4/5/2020}). Los empleados municipales de la localidad de Urundel, provincia de Salta, organizaron una protesta para solicitar el pago de un aumento del 30 % que había sido pactado. El 21 de abril montaron una olla popular frente a la municipalidad (^{Página 12, 24/4/2020}). En Jesús María, provincia de Córdoba, los trabajadores reclamaron por el pago de salarios adeudados. El 4 de mayo, mientras estaban reunidos en asamblea en las afueras de un obrador del municipio fueron apresados 41 trabajadores (^{Cadena 3, 5/5/2020}). En la provincia de Chubut, la empresa pesquera Fyrsa adeudaba el pago de dos meses. Los 250 trabajadores de la empresa se movilizaron a la gobernación el 15 de mayo (^{Info Alimentación, 15/5/2020}). El 20 de mayo se organizó una marcha en conjunto de textiles, pesqueros, estatales y docentes hacia la Municipalidad de Trelew y el Concejo Deliberante (^{El Chubut, 20/5/2020}).

Conclusiones

En este artículo se ha examinado el modo en que la pandemia impactó en el terreno laboral y la forma en la que el Gobierno argentino enfrentó la situación; para ello, se propuso estudiar las políticas implementadas y sus consecuencias, así como la conflictividad desatada. Tras la aparición en Argentina de los primeros casos de covid-19, comenzaron las presiones sobre el Gobierno para declarar cuarentena. Se registraron los primeros conflictos relacionados con licencias para no asistir al trabajo y la falta de medidas de protección sanitaria. Si bien se decretó el ASPO en poco tiempo, de forma relativa, ya al otro día de establecido el confinamiento se comenzó a exceptuar actividades declarándolas esenciales, aun cuando su carácter esencial resulta cuestionable ya que no se trata de bienes imprescindibles para la subsistencia de la población. Sin embargo, el Gobierno concedió la declaración de esencial a diferentes sectores empresarios que reclamaban por la continuidad de la actividad económica, incluso contra el reclamo de los trabajadores que se oponían a regresar.

Durante la cuarentena se aprobaron dos normas que regulan modalidades de trabajo que se extendieron en ese contexto. Por un lado, se estableció que los trabajadores eventuales contratados durante el ASPO podrían ser despedidos sin mayor trámite una vez finalizada la cuarentena. Por otro, la legislación sobre el teletrabajo incorporó unos cuantos puntos favorables, algunos cuya vigencia fue suspendida antes de declarar el ASPO y se dejó librada a la negociación de cada sector otros, lo cual resulta perjudicial. Además, esa ley solo entrará en vigencia noventa días después de culminado el ASPO. En tal sentido, se observa una desprotección legal de los trabajadores que enfrentan esta modalidad de trabajo durante la cuarentena y una ventaja para los empleadores que son librados de cumplir con la reglamentación en el momento en que esta modalidad se encuentra más extendida.

La regulación y las medidas tendientes a evitar el aumento de la desocupación no lograron frenar los despidos ni las suspensiones. Se verifica una disminución del empleo registrado y un aumento de las suspensiones a lo largo del año. A su vez, se habilitó una reducción del salario nominal que se sumó a la caída del salario real por la postergación de las negociaciones paritarias. El Gobierno pactó con la dirigencia gremial y las organizaciones empresariales reducciones salariales que afectaron con fuerza los ingresos obreros en un contexto inflacionario. La caída del salario real durante 2020 atestigua los efectos de esa política. También, se intentó proveer algún ingreso a los desocupados y trabajadores informales, lo cual resultó insuficiente, al tiempo que dificultaba el cumplimiento de la cuarentena en este sector de trabajadores.

Por último, la profundización de la crisis económica, las rebajas salariales nominales y reales y el avance de los despidos y las suspensiones generaron una oleada de conflictividad obrera, en la que se observó una tendencia a la acción de los trabajadores por fuera de los marcos institucionales de los sindicatos y con prevalencia de la acción directa. Las principales causas de conflictividad fueron los despidos y las suspensiones, retrasos en el cobro de los salarios y las rebajas salariales pactadas por los gremios.

Han sido abordados diferentes aspectos del problema que se gestó con la aparición de la pandemia, contexto en el que parecían oponerse las necesidades sanitarias y las económicas del capitalismo, enfrentándose los intereses de la burguesía que buscaba mantener sus ganancias y los de los trabajadores, que temían por los riesgos a los que se exponían. Las políticas impulsadas por el Gobierno no se volcaron hacia la defensa de los reclamos obreros, sino al resguardo de los intereses de la burguesía. La burocracia sindical actuó en el mismo sentido, al no escuchar las demandas obreras. La pandemia no inauguró, sino que profundizó la crisis, lo que agudizó las tendencias previas en el ámbito laboral.