1.1. El derecho a la alimentación adecuada de acuerdo con el marco de derechos humanos

El DAA se establece en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (PSS)¹. Los estándares fundamentales del derecho se encuentran plasmados en la Observación General No. 12² del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (^{CDESC, 1999}), que es el órgano del Sistema Universal de Derechos Humanos encargado de la interpretación autorizada y la supervisión de la aplicación del PIDESC.

Los componentes pormenorizados del DAA están plasmados a lo largo de esta Observación General No. 12, que incluye el contenido normativo del derecho, las obligaciones de los Estados partes, la tipificación de las violaciones a este derecho, así como los elementos primordiales para su aplicación a nivel nacional y las obligaciones internacionales. El Cuadro 1 presenta la síntesis de este núcleo del DAA, el cual está ordenado considerando los principios y normas del enfoque basado en derechos humanos³.

Los diversos componentes del DAA expresados en esta doctrina emitida por el órgano del tratado, constituyen estándares que los Estados deben cumplir; en consecuencia, el cumplimiento del derecho debe ser verificado en este contexto, por lo que los indicadores establecidos para operacionalizar el proceso fueron definidos de manera que reflejan la multiplicidad e integralidad de estos compromisos.

1.2. Metodología de la investigación

1.2.1. Síntesis de la metodología para el monitoreo del PSS

El PSS entró en vigor en 1999, en su artículo 19 establece el compromiso por parte de los Estados de presentar informes periódicos respecto a las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los DESCA consagrados en el citado Protocolo (^{OEA, 2013}), según las normas establecidas por el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador GTPSS⁴ que es el grupo encargado de analizar los informes nacionales.

La metodología de indicadores para la medición de progresos en el cumplimiento del Protocolo fue aprobada por la Asamblea General de la OEA en 2011 y 2013 (^{GTPSS, 2015})⁵ y es obligatoria para los países signatarios. Esta metodología, permite evaluar la garantía y la protección de los derechos protegidos por el Protocolo, mediante la revisión del cumplimiento de tres categorías y tres principios transversales del enfoque basado en derechos humanos (EBDH), organizado en función de tres tipos de indicadores: estructurales, de proceso y de resultados (Cuadro 2).

CUADRO 2 Categorías conceptuales y principios transversales del EBDH, contenidas en la matriz de indicadores del PSS 

Fuente:^{Pérez Gómez, (2017}).

Para realizar una evaluación crítica de la normativa y de políticas para el derecho, se parte de la metodología explicada, pero los umbrales para la valoración se incrementan con la incorporación de estándares⁶ internacionales actualizados del corpus iuris de los derechos humanos (Anexo 1)⁷ que amplían el horizonte del contenido del DAA y permiten realizar un análisis más apegado a los requerimientos imperantes sobre las normas y políticas que debieran desarrollar los Estados, para cumplir con las expectativas sociales vigentes y la correspondiente evolución de los derechos. Al respecto, la Opinión Consultiva No. 16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirma⁸:

El corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones). Su evolución dinámica ha ejercido un impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar la aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones⁹. (^{CoIDH, 1999})

1.2.2 Delimitación del análisis: Selección de países, indicadores y procedimiento de sistematización

Para la realización del estudio se consideró la información proporcionada en el tercer ciclo de informes (entregados entre 2019-2020) por nueve países de la región: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay y Perú¹⁰. Conviene aclarar que, dependiendo del país, los informes contienen información de diferentes periodos; además, debido a la fecha establecida de presentación de este ciclo de informes, en la mayoría de los casos no hubo oportunidad de reportar normativas y políticas que pudiesen haberse desarrollado a partir de la pandemia de Covid 19.

Se seleccionaron 37 de 54 indicadores cualitativos establecidos para el DAA¹¹, los cuales corresponden a los temas relacionados con los ámbitos normativo y de políticas¹².

CUADRO 3 Número de indicadores seleccionados por tipo 

Tipo de indicador	Normativa	Políticas	Capacidades institucionales	Principios transversales	Total
Número	6	9	10	12	37
%	16.2	24.3	27.0	32.4	100.0

Fuente: Elaboración PUDH-UNAM con base en ^{GTPSS (2015)}.

El procedimiento metodológico para el análisis de la basta información de estándares y la entregada por los países en sus informes es el siguiente:

• Identificación de los estándares principales actualizados para cada indicador, derivados en primera instancia de las obligaciones del núcleo del derecho y ampliados a partir de la investigación de recomendaciones más recientes de las autoridades de derechos humanos y las entidades internacionales expertas en la materia (Anexo1);

• Construcción de una base de datos con la información oficial completa de nueve países para el DAA, a partir del ordenamiento sistemático de las evidencias entregadas por país para cada uno de los indicadores (Anexo 2);

• Análisis crítico pormenorizado sobre el cumplimiento por país de cada indicador, considerando los estándares actualizados (Anexo 2);

• Sistematización de resultados en gráficos semaforizados para sintetizar el análisis detallado, utilizando un procedimiento de asignación de escalas cardinales de cumplimiento; de acuerdo al cuadro siguiente.

CUADRO 4 Escala semaforizada para indicadores cualitativos 

• Elaboración de la valoración regional¹³.

2.1. Valoración del marco normativo

En este apartado se realiza la revisión de la normatividad que sustenta el marco de actuación para el DAA en los nueve países analizados, se parte de los estándares reflejados en diversa normativa internacional que, para efectos de la investigación, considera seis indicadores estructurales del DAA que tienen como base común la obligación fundada en la Observación General No. 12 del ^{Comité DESC (1999)}, que señala que los Estados deben “Incorporar disposiciones en el ordenamiento jurídico interno para facilitar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada”.

Los indicadores analizados se muestran en el gráfico 1, asimismo el cuadro 4 presenta la valoración por país con respecto a cada uno de estos seis indicadores.

Fuente: Elaboración PUDH-UNAM con base en los informes para el PSS.

Nota: La escala simplificada para el semáforo se presenta en el cuadro 4.

GRÁFICO 1 Cumplimiento sobre indicadores de marco normativo 

El estándar actualizado más alto para el primer indicador señala que se debe “Elevar el Derecho Humano a la Alimentación en el más elevado rango legal en los países para facilitar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional” (^{CELAC, 2015}). De acuerdo con la información proporcionada por los países, se observa que existe aún un reto importante para cumplir con el estándar y garantizar de manera expresa el DAA. Como se aprecia de manera resumida en el gráfico 1, solo tres de los nueve países tienen incorporado de manera explícita este derecho en sus constituciones nacionales, Brasil, Ecuador y México; Colombia, Honduras, Paraguay y Perú lo incorporan en artículos sin alcance universal, por ejemplo, para infancia, mujeres embarazadas, alimentación escolar, personas mayores; El Salvador señaló explícitamente que no lo contempla y Costa Rica no respondió el indicador (ver cuadro 5).

La recomendación específica para que los Estados cuenten con una ley marco que proporcione debido sustento al DAA, fue establecida desde 1999 en la Observación General 12 del CDESC; más aún, este estándar fue reiterado recientemente por la relatoría especial de las Naciones Unidas señalando: “Que los Estados garanticen una adhesión política renovada a la observancia progresiva del derecho a una alimentación adecuada mediante … leyes marco que ofrezcan una estructura institucional adecuada…” (^{ONU, 2015}). Al respecto, ninguno de los países analizados dispone de leyes reglamentarias o marco para el DAA; no obstante, dos países cuentan con leyes de seguridad alimentaria: Brasil, con la Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria; y Ecuador, con la Ley Orgánica del Régimen de Seguridad Alimentaria. Además, se identifican avances legislativos en cuatro países, entre los cuales Costa Rica tiene una propuesta de Ley Marco del Derecho a la Alimentación Adecuada, que no ha sido aprobada; México cuenta con una iniciativa de Ley General de Alimentación Adecuada que está por aprobarse en el Senado¹⁴.

En lo que se refiere a la legislación sobre aceptabilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad de los alimentos, se tomó como base para el análisis el estándar que indica que “el contenido básico del DAA comprende lo siguiente: la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada…” (^{CDESC, 1999}); podemos apreciar que, ocho de los nueve países mostraron evidencias en el informe presentado acerca de este tipo de legislación, de los cuáles Brasil, Honduras, México y Perú cumplen con lo establecido en los estándares al contar con una vasta legislación sobre aceptabilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad de los alimentos; en tanto que Colombia, Costa Rica, El Salvador y Paraguay, cuentan con normativa sobre calidad de los alimentos.

Para el indicador referente a la existencia en la Constitución de alguna disposición que establezca la prioridad que el Estado tiene en impulsar el desarrollo del sector rural y agropecuario, el estándar establece que:

Cuando la pobreza y el hambre afectan fundamentalmente a la población rural, los Estados deberían concentrarse en el desarrollo agrícola y rural sostenible, por medio de medidas encaminadas a mejorar el acceso a la tierra, el agua, tecnologías apropiadas y asequibles, recursos productivos y financieros, aumentar la productividad de las comunidades rurales pobres, promover la participación de los pobres en la adopción de decisiones sobre política económica, distribuir los beneficios derivados del aumento de la productividad, conservar y proteger los recursos naturales e invertir en infraestructura rural, educación e investigación. (^{FAO, 2004}).

El cuadro 5 muestra que cinco países (Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras y México) tienen disposiciones constitucionales sobre el impulso que se debe dar al sector rural y agropecuario, en tanto 3 países lo contemplan de manera tangencial y un país no contestó.

En relación con recursos constitucionales efectivos para impedir vulneraciones graves al DAA, el estándar indica que se debe “Establecer la estructura jurídica necesaria para proteger los recursos relacionados directamente con el derecho de acceso a una alimentación adecuada y nutritiva, como las fuentes de agua, el acceso a la tierra y la producción de semillas.” (^{ONU, 2015}). Al respecto cinco países (Brasil, Costa Rica, Honduras, México y Perú), tienen incorporados recursos constitucionales para impedir, o en su caso resolver, las vulneraciones que se puedan presentar, ya sea vía amparo o ante tribunales. En tanto Colombia y El Salvador no lo incluyen en su Constitución (Ecuador y Paraguay no contestaron).

Por último, respecto a recursos constitucionales efectivos para la protección de la propiedad rural, tanto de la propiedad individual como colectiva, el estándar internacional menciona que se deben: “... Contemplar mecanismos administrativos, cuasijudiciales y judiciales para proporcionar vías de recurso adecuadas, eficaces y rápidas accesibles, en particular, a los miembros de grupos vulnerables.” (^{FAO 2004}). En este caso, seis países contemplan en su constitución este tipo de recursos.

CUADRO 5 Valoración de los indicadores sobre marco normativo del DAA 

Fuente: Elaboración PUDH-UNAM con base en los informes para el PSS.

*Indicadores:

Consagración del DAA en la Constitución.

Legislación nacional o marco.

Legislación aceptabilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad de los alimentos.

Existencia en la Constitución de disposición que establezca la prioridad que el Estado tiene en impulsar el desarrollo del sector rural y agropecuario.

Recursos constitucionales efectivos para impedir vulneraciones graves al DAA.

Recursos constitucionales efectivos para la protección de la propiedad rural, tanto de la propiedad individual como colectiva.

En síntesis, respecto al cumplimiento del DAA en el ámbito normativo, se observa que, aunque hay avance en su reconocimiento constitucional en un tercio de los países examinados, se enfrenta un gran reto en la región para avanzar en su protección integral al carecerse de legislaciones nacionales a nivel marco que permitan una acción coordinada; además, se requiere también el impulso en varios países a legislación que facilite las normas para el ejercicio efectivo del derecho (aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los alimentos). En relación con la normativa que protege o prioriza los sectores rurales y agropecuarios, sí se cuenta con una atención más amplia en la región, por lo que las mejoras deben consolidarse sobre todo en el alcance de las políticas que permitan asegurar que dicha protección se cumpla de manera “efectiva”.

2.2. Valoración de políticas públicas

En este apartado se evaluó la forma en que el DAA se encuentra incorporado en las políticas públicas. Para el análisis, se partió de los estándares establecidos en diversos instrumentos de organismos internacionales para cada uno de los indicadores solicitados en la metodología del PSS, los cuales se muestran en el gráfico 2.

La información presentada por los países para este conjunto de indicadores muestra avances en aspectos como la desnutrición infantil y materna, en la eliminación de ácidos grasos trans y en el tema de alimentación saludable en instituciones públicas y escuelas; sin embargo, después de los estragos dejados por la pandemia, se destaca que es necesario avanzar más en lo que respecta a la erradicación del hambre. Asimismo, ante los problemas que enfrenta la región en malnutrición (desnutrición y sobrepeso y obesidad), se requiere un mayor impulso a las políticas para el acceso a un consumo mínimo de agua y la disminución del consumo de sodio/sal y azúcares en alimentos y bebidas, lo que indica que es importante continuar avanzando en políticas integrales.

Fuente: Elaboración PUDH-UNAM con base en los informes para el PSS.

Nota: La escala simplificada para el semáforo se presenta en el cuadro 4.

GRÁFICA 2 Cumplimiento sobre indicadores de políticas públicas 

Para el caso del indicador sobre erradicación del hambre, la OG No. 12 establece como estándar el “Adoptar medidas (por parte de los Estados) para garantizar que toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción tenga acceso al mínimo de alimentos esenciales suficientes inocuos y nutritivamente adecuados para protegerla contra el hambre.”

El cuadro 6 muestra la valoración de lo informado por los países. Se observa una amplia variedad de políticas, programas, estrategias y acciones relacionadas con los nueve indicadores analizados cuyos detalles pueden revisarse en los anexos¹⁶.

CUADRO 6 Valoración de los indicadores sobre políticas para el DAA 

Fuente: Elaboración PUDH-UNAM con base en los informes para el PSS.

*Indicadores:

Erradicación del hambre.

Desnutrición infantil.

Desnutrición materna.

Consumo mínimo agua.

Eliminar ácidos grasos trans.

Disminuir sodio/sal en alimentos.

Reducir azúcares libres en los alimentos y bebidas sin alcohol.

Alimentación saludable en instituciones públicas. escuelas y lugares de trabajo.

Prevención de desabastecimiento alimentario.

En síntesis, en la valoración de políticas públicas para la satisfacción del derecho a la alimentación, se observa que en la mayoría de los países se han desarrollado políticas y programas a fin de solventar las distintas formas en las que se puede presentar la malnutrición de las personas y afectar su salud, pero se requiere avanzar más en políticas para la erradicación del hambre, un mayor impulso a las políticas para el acceso a un consumo mínimo de agua y la disminución del consumo de sodio/sal y azúcares en alimentos y bebidas. También se puede observar que hay una cantidad muy grande de programas tanto en el global de los países analizados como al interior de cada uno, lo cual muestra una gran dispersión de acciones que, si no cuentan con la coordinación y articulación necesarias, pueden no tener el impacto deseado para alcanzar la erradicación de esas problemáticas y menos cumplir con la garantía del DAA.

4.1 Igualdad y no discriminación

Para este principio transversal se analizó la información proporcionada por los países sobre los indicadores: incorporación en la Constitución o la legislación del enfoque diferencial por sexo, pertenencia étnica y grupo etario en relación con la garantía del DAA; mecanismos constitucionales y legales para respetar el uso de la tierra y el territorio por parte de las comunidades étnicas conforme a sus propias prácticas; existencia de políticas destinadas a población rural adolescente y joven con perspectiva de género; así como políticas de estímulo a la lactancia materna (^{GTPSS; 2015}).

El cuadro 8 contiene la valoración del principio transversal de igualdad y no discriminación en los nueve países; se observa que Brasil cumplió con los estándares para los indicadores solicitados, seguido por Colombia y México. Los países que tuvieron el menor cumplimiento a los indicadores fueron Ecuador y Paraguay, y los países que respondieron a algunos de los indicadores, pero cuya respuesta no cumple con el estándar correspondiente son Costa Rica, Honduras y Perú.

CUADRO 8 Valoración de los indicadores sobre igualdad y no discriminación 

Fuente: Elaboración PUDH-UNAM con base en los informes para el PSS.

*Indicadores:

Incorpora la Constitución o la legislación el enfoque diferencial por sexo, pertenencia étnica y grupo etario en relación con la garantía del DAA.

Mecanismos constitucionales y legales para respetar el uso de la tierra y el territorio por parte de las comunidades étnicas conforme a sus propias prácticas.

Existencia de políticas destinadas a población rural adolescente y joven con perspectiva de género.

Políticas de estímulo a la lactancia materna.

4.2 Acceso a la información pública y participación

Para este principio transversal se analizaron 4 indicadores: mecanismos públicos de divulgación de precios para el fomento de la competencia; canales de información públicos o privados para la protección al consumidor; regulaciones para la publicidad que fomenta el consumo de alimentos nutricionalmente inadecuados como aquellos ricos en azúcares y grasas; programas de divulgación y promoción del derecho a la alimentación atendiendo la diversidad cultural (^{GTPSS, 2015}).

El cuadro 9 de valoración por país muestra situaciones diferenciadas, se observa que México cumple con los estándares de los indicadores solicitados, seguido de Brasil. Perú no presentó información en estos indicadores y el resto de los países tienen algunos de los mecanismos solicitados.

CUADRO 9 Valoración de los indicadores sobre acceso a la información pública y participación 

Fuente: Elaboración PUDH-UNAM con base en los informes para el PSS.

*Indicadores:

Existencia de mecanismos públicos de divulgación de precios para el fomento de la competencia.

Existencia de canales de información públicos o privados para la protección al consumidor.

Existencia de regulaciones para la publicidad que fomenta consumo de alimentos nutricionalmente inadecuados como aquellos ricos en azúcares y grasas.

Existencia de programas de divulgación y promoción del derecho a la alimentación. Atendiendo la diversidad cultural.

4.3 Acceso a la justicia

En este apartado se analizó el acceso a la justicia con cuatro indicadores: jurisprudencia sobre salario mínimo vital y seguridad alimentaria; sobre acceso a tierras; sobre el derecho al agua; y por último la cobertura de los servicios de traducción en lenguas indígenas (^{GTPSS, 2015}).

CUADRO 10 Valoración de los indicadores sobre acceso a la justicia 

Fuente: Elaboración PUDH-UNAM con base en los informes para el PSS.

Nota: - Brasil menciona que cuenta con jurisprudencia, pero no se incluyen detalles suficientes para revisar las evidencias.

*Indicadores

Jurisprudencia sobre salario mínimo vital y seguridad alimentaria.

Jurisprudencia sobre acceso a tierras.

Jurisprudencia sobre el derecho al agua.

Cobertura de los servicios de traducción en lenguas indígenas.

En resumen, respecto del cumplimiento de principios transversales para el derecho a la alimentación en la región, se destacan grandes retos para asegurar la igualdad y la no discriminación, donde se observa una falta casi generalizada de mecanismos legales para respetar el uso de territorios por parte de comunidades étnicas y escasa disponibilidad de políticas que apoyen a población rural adolescente y joven, lo cual también se explica por la carencia constitucional de enfoques diferenciales explícitos para la atención de grupos de población en situación de vulnerabilidad. Sobre el principio de acceso a la información y participación, la falencia principal se identifica en la insuficiencia de instrumentos para regular la publicidad sobre productos ultraprocesados. Por último, sobre el principio de acceso a la justicia se requiere avanzar en lo relativo a la cobertura de los servicios de traducción de lenguas indígenas, lo que afecta el que toda persona o grupo que sea víctima de una violación del derecho a la alimentación, pueda acceder a recursos administrativos o judiciales apropiados para exigir el cumplimiento de sus derechos.

5.1 Síntesis de hallazgos

Esta sección contiene una síntesis gráfica de los indicadores revisados en los capítulos anteriores,¹⁸ se dirige a identificar hallazgos generales sobre el DAA en la región, aclarando que no sustituye el análisis específico por país que se hace posible a partir del conjunto de indicadores establecidos en el PSS. Si bien, este sumario permite destacar aspectos relevantes sobre los que es indispensable avanzar en la región considerando que, con una valoración multidimensional como la que se logra utilizando la herramienta de indicadores del Protocolo, es posible dimensionar de manera integral el proceso para el cumplimiento del DAA.

Los gráficos 5 y 6 presentan las conclusiones que refieren, respectivamente, al cumplimiento de normativa y políticas públicas, capacidades institucionales, así como sobre los principios transversales: igualdad y no discriminación, acceso a la información pública y participación y acceso a la justicia (^{GTPSS, 2015}). Entre los retos más importantes en los que es necesario avanzar son, el establecimiento específico del derecho a la alimentación adecuada en las Constituciones políticas de los países con su respectiva ley marco, que desarrolle, precise y sancione, es decir, que regule los preceptos de la Constitución, con el fin de construir los medios necesarios para su aplicación. De hecho, la Observación General No. 12 del ^{Comité DESC (1999)}, señala en el párrafo 29 que “Los Estados deben considerar la posibilidad de aprobar una ley marco como instrumento básico de aplicación de la estrategia nacional para el derecho a la alimentación”.

Adicionalmente se requiere que las políticas, programas, estrategias y acciones que se desarrollen tengan como objetivo la realización del derecho a la alimentación adecuada de todas las personas. Así como avanzar en la magnitud de los esfuerzos institucionales, definiendo metas y entes responsables bajo esquemas coordinados y articulados para la garantía directa del DAA. Especialmente, se requiere relacionar la alimentación saludable con una mejora en la salud pública de la población, con énfasis en las enfermedades crónico-degenerativas.

En resumen, es posible concluir que el DAA en los países analizados todavía requiere del desarrollo de marcos legales y de políticas que es necesario afianzar y detallar de acuerdo con los estándares internacionales más actualizados, con objeto de garantizar el derecho para todas las personas. Si no se parte de un marco legal robusto, con las capacidades institucionales y mecanismos transversales suficientes para la atención de la alimentación como derecho pleno, el diseño y la implementación de políticas públicas no serán apropiados e integrales y no tendrán los impactos deseados.

Nota: Los valores consignados en la columna señalan la cantidad de países que presentaron cumplimiento de los indicadores respectivos. Para la síntesis de las categorías y principios transversales que se presentan en este y los siguientes diagramas, el semáforo muestra los avances y retos de la región: = Suficiente; = Avance medio; = Insuficiente.

Fuente: Elaboración PUDH-UNAM con base en los informes para el PSS.

GRÁFICO 5 Situación del DAA en 9 países de América Latina. Resumen de la valoración normativa y políticas públicas 

Las deficiencias en los sustentos estructurales para la normativa y las políticas generan impactos desiguales entre los países de la región, que resaltan la vulnerabilidad de América Latina, (como se observa en el gráfico 6), ante esto, se hace evidente la necesidad de avanzar con el seguimiento particular de cada país que, además de los hallazgos cualitativos generales identificados en este estudio, permita identificar recomendaciones precisas para mejorar las situaciones específicas a afrontar, lo que reafirma la conveniencia de contar con los indicadores detallados del PSS¹⁹.

Fuente: Elaboración PUDH-UNAM con base en los informes para el PSS.

GRÁFICO 6 Situación del DAA en 9 países de América Latina. Resumen de la valoración de principios transversales 

El cumplimiento de los principios transversales de derechos humanos es crucial para garantizar adecuadamente la alimentación como derecho. En materia de igualdad y no discriminación, se requiere impulsar mecanismos legales y políticas para asegurar la protección igualitaria y no discriminatoria de este derecho con perspectiva de género; se destaca de manera muy relevante la impostergable necesidad de establecer políticas destinadas a población rural adolescente y joven, sobre las cuales diversas entidades internacionales han hecho propuestas específicas; adicionalmente, el análisis permite identificar la importancia de sustentar legalmente la protección de los usos que dan las comunidades étnicas a sus territorios.

Respecto de los principios de acceso a la información y participación, se identificó la necesidad de instrumentos para regular a las empresas y la publicidad sobre productos ultraprocesados. Asimismo, se precisa generar mayor información y transparencia sobre el derecho a la alimentación para una adecuada rendición de cuentas y fomento de la participación efectiva. En relación con el principio de acceso a la justica, destaca la necesidad de una mayor disponibilidad de servicios de traducción de lenguas indígenas a fin de que estos grupos puedan acceder a recursos administrativos o judiciales apropiados para exigir el cumplimiento de sus derechos.

5.3 Recomendaciones de organismos internacionales para enfrentar retos y generar oportunidades en la región

Diversos organismos internacionales han realizado diagnósticos y recomendaciones sobre la situación del derecho a la alimentación en América Latina, para los propósitos de esta sección del estudio son de particular relevancia las recomendaciones emitidas por la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (HLPE, por sus siglas en inglés), así como del GTPSS. Estas recomendaciones permiten redondear la identificación de retos y oportunidades para garantizar el DAA en la región las que, en muchos casos, sirvieron también para la identificación de los estándares internacionales más actualizados y relevantes para la realización de la valoración crítica de esta investigación. Las recomendaciones de los organismos internacionales mencionados se pueden consultar en la publicación amplia de esta investigación²⁰.

Entre las principales recomendaciones hechas por los organismos mencionados se encuentran:

Erradicación de la pobreza y desigualdad en que se encuentran amplios grupos de población, ya que esto constituye un obstáculo estructural para la garantía del derecho a la alimentación y por supuesto, amenaza el logro del ODS 2 para 2030 (^{ONU, 2022}), a través de:

Respaldar sistemas de producción más resilientes basados en la agroecología y otras formas sostenibles de producción de alimentos (^{HLPE, 2021}).

De manera contundente, el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación destaca la necesidad de limitar el poder de las empresas por lo que reitera la recomendación en la que:

Los Estados Miembros deben negociar, adoptar y ratificar un instrumento jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos. Este instrumento debe garantizar una adecuada prevención de las violaciones de los derechos humanos, incluir mecanismos eficaces de remedio y reparación, y reducir el poder de las empresas en los sistemas alimentarios del mundo. (^{ONU, 2022})

En resumen, estas recomendaciones, entre otras, permiten identificar que la garantía del derecho a la alimentación adecuada, particularmente la erradicación de hambre, requiere de soluciones sostenibles y soberanas que afronten al mismo tiempo el cambio climático y las crisis sociales (recrudecidas especialmente a partir de la pandemia), lo cual implica necesariamente hacer partícipes de manera efectiva a los sectores y comunidades rurales, campesinas e indígenas y limitar el poder de las empresas mediante el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de derechos humanos.