Gobernanza, gobernabilidad y democratización en la universidad actual

El contexto y diagnóstico de la universidad actual, no constituye un marco especialmente favorable en términos de democratización. Junto con el predominio de un modelo tradicional que, como institución de origen medieval mantendría altos niveles de jerarquización, por otra parte, no pondría suficientemente en valor la heterogeneidad, recursos y capacidades con las que cuenta (^{Pedraja, 2015}). Encontramos, por otro lado, el avance de su neoliberalización que la introduce en lógicas y dinámicas puramente mercantiles (^{Santos, 2021}). En ese contexto, el análisis de la gobernanza de las universidades iberoamericanas (^{Brunner, 2015}) deja claro cómo la democratización como tal, no ha sido un punto central de su desarrollo ni de su presente. Ese elemento lo encontramos solo como democratización del acceso a ella, pero no en ámbitos de la gestión interna vinculados a la toma de decisiones. Los énfasis de sus lineamientos de gobernanza han estado en torno al desarrollo de capacidades, así como en una economía basada en el uso intensivo del conocimiento (^{Brunner, 2015}).

En este sentido, se analiza cómo el gobierno universitario a nivel iberoamericano cuenta con diversas limitaciones de tipo contextual con una clara y diversa influencia de los variados contextos sociopolíticos y educativos según países y regiones; otras limitaciones propiamente institucionales y, también otras teórico-metodológicas relacionadas especialmente con la coexistencia de lógicas del comportamiento institucional de baja compatibilidad que implican habituales tensiones para su gestión (^{Acosta, 2015}).

Aun así, encontramos algunos pocos elementos en esos planes de gobernanza regional que, aunque señalados periféricamente, según cómo se apliquen se podrían vincular a la democracia participativa que se propone en la experiencia de este estudio. Por ejemplo, como capacidades en esos planes de gobernanza se alude a crear una cultura deliberativa; o asimismo, a instrumentos como la búsqueda de transparencia y para ello, la práctica en genérico de rendiciones de cuentas.

Pese a ese contexto, el marco de profundización de la democracia que constituyen expresiones como la democracia deliberativa, directa o participativa ha encontrado cierto eco en la universidad como institución histórica que también busca mayores niveles de democratización. Ello se inscribe dentro de observar como en la actualidad es un claro espacio en disputa respecto a sus modelos de gestión. Frente a modelos tecnocráticos más vinculados al capital, encontramos orientaciones opuestas que recalcan la necesidad de una reforma democrática y emancipadora de la universidad (^{Santos, 2021}). En ese sentido, se insiste en la urgencia de una democratización tanto externa como interna, a la vez que se enfatiza la utilización constante de instrumentos como la investigación-acción en un vínculo mucho mayor con sus sociedades y territorios, así como de evaluaciones participativas para su funcionamiento y mejora.

Breve aproximación teórica a la presupuestación participativa

La presupuestación participativa supuso un renovado e innovador modelo de gestión público-administrativo cimentado en la participación activa y vinculante de la ciudadanía en espacios de poder y toma de decisiones sobre los recursos públicos (^{Carmona y López, 2018}; ^{Goldfrank, 2006}). Así pues, tal como subrayan ^{Genro y Souza (2001}), se trata de un mecanismo de democracia directa, puesto que la ciudadanía tiene la posibilidad de proponer, deliberar y decidir la orientación del gasto público y al mismo tiempo, la capacidad de fiscalizar y evaluar el proceder y gestión de las instituciones. De tal forma se da una transición hacia procesos de democracia participativa donde la ciudadanía pasa de cumplir un rol pasivo a desempeñar un rol protagónico e incidente en la gestión pública y la planificación presupuestaria.

Así, los PPvos surgen como una respuesta de política pública innovadora al modelo neoliberal imperante hacia fines de la década del ochenta con el objeto de intensificar la experiencia democrática y redirigir una porción del gasto público local hacia las necesidades y demandas efectivas de la población (^{Couto y Carmona, 2018}). Además, como política pública, constituye el ejemplo más relevante e innovador de la democracia participativa, rebasando claramente las prácticas de la democracia representativa.

^{Carmona y López (2018}), sostienen que entre las potencialidades de los PPvos, están: la (re)legitimación de la democratización de la gestión pública y la implantación de prácticas horizontales entre la ciudadanía y la política pública, y su contribución a la mejora de la gestión pública al transparentar los procesos y, al incidir positivamente en las condiciones de vida de la ciudadanía, sobre todo en aquellos sectores más desfavorecidos, incidiendo así en la reducción de las desigualdades y brechas socioeconómicas y de acceso a los servicios públicos y de infraestructura. Más allá de su origen concreto en Porto Alegre y la metodología democratizante que se utilizó, tras 30 años de aquella experiencia, ellos se han realizado en muchos centenares de localidades, no solo de los más diversos tamaños y características de todo tipo ^{Suárez (2015}), ^{Allegretti y Herzberg (2004}), y ^{Allegretti et al. (2011)}, sino, y esto resulta aún más elocuente, de las más diversas corrientes políticas e ideológicas.

Dada su potencialidad, los PPvos también fueron aplicados en instituciones de educación superior. Esto, a su vez, corrobora los planteamientos de ^{Carmona y López (2018}), quienes sostienen que una de sus características fundamentales, ha sido su capacidad de adaptación a diferentes contextos, particularidades e instancias.

Presupuestación participativa en universidades hispanoamericanas

Los PPvos más allá de los municipios también se han ejecutado a nivel de universidades latinoamericanas y europeas, básicamente en la última década. En el caso de América Latina sobresale Argentina, puesto que los mecanismos de intervención participativa se han expandido a diversos ámbitos, entre ellos las universidades, llegando a constituir un campo propio de la acción estatal, con funciones y estructuras administrativas. Por su parte, en el viejo continente, resaltan las experiencias de universidades españolas y portuguesas, que desde inicios del nuevo milenio han venido implementando PPvos en su gestión.

De acuerdo con ^{Arias (2014}), la presupuestación participativa se logra desarrollar en las universidades argentinas tomando como referencia la metodología aplicada en los municipios. Su implementación busca el involucramiento en la gestión de toda la comunidad universitaria para que opine y participe, estableciendo así vínculos más estrechos entre los diferentes actores que conforman la universidad. Es así como para ^{Carmona y López (2018}), este mecanismo no solo implica la resolución de problemas existentes en la institución, sino también el aprendizaje de la magnitud de la cosa pública en la propia universidad y la necesidad de abordar de manera compleja la resolución de problemas. Según este autor, una de las potencialidades del PPvo, es que su financiamiento alcanza otras áreas como la cultura, el conocimiento, bienestar y otros, más allá de la infraestructura.

Otro de los aspectos que explica la implementación de esta práctica democrática en Argentina, según ^{Lerme y Spilere (2019}), radica en que sus universidades se definen como instituciones democráticas y se caracterizan por la existencia de un sistema de cogobierno conformado por un órgano colegiado encargado de tomar las decisiones políticas y de gestión, que posteriormente se traducirían en políticas académicas al interior de las instituciones. En este contexto, la primera experiencia de implementación del PPvo fue en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en 2010. En su primera edición, que como hecho significativo surgió del estudiantado, el Consejo Superior destinó el 10% del presupuesto de las Secretarías de Cultura, Bienestar Universitario y Extensión a proyectos elaborados por el claustro estudiantil a través de mecanismos directos o semidirectos de participación. En las ediciones posteriores, en el marco de un proceso de mejora, innovación y ampliación, el PPvo tuvo mayor alcance de la comunidad universitaria, puesto que incorporó a docentes, estudiantes, graduados y no docentes tanto en la presentación de los proyectos como en su votación. En 2012, la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) siendo miembro de la Red Argentina de PPvo, lo implementó en su modelo de gestión. Siguiendo esta misma línea, la Universidad Nacional de Córdoba, en 2014 aprobó el reglamento de PPvo.

Otras experiencias incipientes en América Latina las encontramos en Colombia y Venezuela, en las universidades de Tolima y Trujillo, respectivamente. En la primera, si bien nace como una estrategia centrada en la mejora de los procesos administrativos, de manera paulatina ha involucrado a la comunidad universitaria en los procesos de planificación presupuestaria y en la construcción de acuerdos en la priorización y asignación de los recursos. En la segunda, los PPvos se logran implementar en el marco de una ley de universidades que busca democratizar los recursos.

De las experiencias señaladas, es importante destacar dos aspectos claves que dieron lugar a la ejecución del PPvo en sus gestiones: primero, la militancia de los órganos estudiantiles y su involucramiento participativo y activo dentro de la gestión universitaria con la finalidad de construir espacios más democráticos. Segundo, la voluntad política de sus autoridades, pues, en el caso de la UNC y la UNR, la iniciativa surgió desde el decanato. Además, cabe señalar que la presupuestación participativa en estas universidades no solo se ha sostenido en el tiempo, sino que se convirtieron en referentes para otras universidades, como, por ejemplo: la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), la Universidad del Cuyo (UNCuyo), entre otras.

Por su parte, en España, también se han realizado experiencias de PPvo. Tal es el de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que desde 2016 apostó por los PPvos, destinando aproximadamente 200.000 euros para invertir en áreas relacionadas con la sostenibilidad medioambiental y diversidad. Según el Informe de Resultados de los PPvos de la ^{UCM (2019)}, a través de ellos, la institución pretendió, no sólo impulsar la participación inclusiva y abierta, sino también familiarizar a todos los sectores universitarios con las circunstancias financieras, administrativas y gestión presupuestaria.

Del mismo modo, la Universidad de Cantabria tras el éxito conseguido en las ediciones de 2018 en la implementación de los PPvos, en la actualidad continúa destinando recursos para que la comunidad universitaria, mediante criterios de democracia participativa, directa y deliberativa, decidan su priorización. Paralelamente, la Universidad de Oviedo en el 2021, destinó 60.000 euros al PPvo. A esto, se suma la experiencia más reciente de la Universidad de Alicante (UA), que en 2022 destinó 100.000 euros, enfatizando que su finalidad es transparentar la gestión pública, así como garantizar un gobierno abierto y participativo.

En Ecuador, si bien la Constitución de Montecristi del 2008 estipula la obligatoriedad de la implementación y ejecución de la presupuestación participativa en los diferentes niveles de gobierno (municipios, gobiernos locales, provinciales), los resultados han sido incipientes³. Así lo demuestran las limitadas experiencias a nivel de municipios (^{Paño et al., 2023}; ^{Ruiz, 2007}; ^{Chacón, 2022}). Los especialistas atribuyen ese mínimo impacto a razones como la limitada relevancia dada por el sector político a la democratización institucional, así como a las metodologías utilizadas que no fomentan una participación implicativa (^{Ganuza y Francés, 2012}).

Sin embargo, a nivel de instituciones de educación superior, no se conocen experiencias. Por ello, con el objetivo de construir mejores prácticas de democracia participativa, directa y representativa, la Universidad de Cuenca se posiciona como pionera del país en ejecutarla para su gestión, y que enfocada desde metodologías participativas de investigación y acción, basadas en conceptos y prácticas como transparencia, pluralidad o deliberación, fomente con un carácter vinculante una práctica transformadora de la gestión y convivencia pública.

Metodologías participativas aplicadas a políticas públicas de democracia participativa

En el marco señalado por el avance de la democracia participativa con la presupuestación participativa como su política estrella, el ámbito metodológico se ha constituido como uno de sus temas centrales de debate. Así pues, la metodología utilizada cobra gran centralidad para identificar los logros en función de variables como: eficiencia, democratización, inclusión, deliberación, transparencia o gobernabilidad.

En el estudio de ^{Ganuza y Francés (2012}), se concluye que las denominadas como metodologías participativas de investigación y acción social aplicadas a casos de presupuestos participativos en España entre 2000 y 2012, habrían tenido una clara repercusión en los logros en términos de democratización, transparencia, inclusión y/o deliberación los que redundan en aumento de la calidad democrática de los procesos. Contrastando metodológicamente un número significativo de experiencias, los resultados ofrecidos en esos términos permitían señalarlos como los de mayor consecución de logros, respecto a otros realizados con otras metodologías en que lo participativo no era considerado de forma central.

La investigación acción participativa propuesta por Fals Borda desde Colombia en los años 60 tuvo un gran desarrollo, especialmente en el ámbito académico, hasta el punto de pasar a formar parte de diversas carreras de grado de muchas universidades, varias más allá de América Latina. Su propuesta en torno a construir conocimiento propio desde las comunidades/ciudadanía, investigar no solo para el conocimiento, sino que éste debía ser necesariamente orientado hacia acciones de transformación social, superar la relación sujeto-objeto por la de sujeto-sujeto, entre otras varias premisas epistemológicas, resultaron altamente innovadoras y de ruptura respecto a los patrones clásicos de las metodologías de investigación, orientadas hacia la medición, objetivación y control social. Su amplio derivar y crecimiento en base a aplicaciones en campos y experiencias muy diversas (educativas, de salud, comunitarias, entre otras), las llevan también a las políticas públicas, sobre todo, desde los 2000 (^{Francés y La Parra, 2019}, ^{Guerra et al., 2022}, ^{López-Mateus et al., 2017}). Numerosos programas de gobierno en diferentes escalas, recurrieron progresivamente a ellas ante los relativos fracasos de políticas que, con claro carácter tecnocrático (diseñadas por especialistas, pero sin conexión con los afectados/as), no surtieron efectos satisfactorios ante la población destinataria remitiendo por ello a importante ineficiencia en su logro de objetivos. En la medida que desde los 2000 se inauguran políticas de PPvo, aparecen, especialmente en España, experiencias en que esas metodologías participativas son utilizadas y adaptadas para implementarlos (^{Ganuza y Francés, 2012}).

^{Ganuza et al. (2011}) establecen la correlación entre la propuesta metodológica participativa y su adaptación a los presupuestos participativos municipales, marcando el ajuste de ellas a un proceso institucional que busca potenciar el enfoque democratizador que el PPvo podía alcanzar. Sintéticamente se aprecia como la aplicación de estas metodologías a procesos institucionales permitía el enlace de las dos grandes fases del diagnóstico participativo de la Investigación Acción Participativa (IAP) con sendos aspectos clave del PPvo que se diferencian como de participación-pluralidad el primero; y de deliberación, proposición y priorización, el segundo (^{Ganuza y Francés, 2012}). Y a su vez, ambas coincidirían de pleno en la fase de ejecución, sea del plan de acción elaborado para cualquier proceso con metodologías participativas que, para el PPvo, correspondería a la ejecución de las propuestas en el año posterior.

Ello vino a corroborar esa conexión fundamental de cómo los métodos utilizados podrían ser más o menos proclives a los objetivos de la política implementada, y por lo tanto, convertirse en elemento clave para lograr aspectos de inclusión, pluralidad, deliberación, construcción colectiva, transparencia, eficiencia, entre otros, situados mediante estas metodologías como elementos regentes de esta política. Que una política que ya en su título destaca su elemento participativo recurra a metodologías que enfatizan ese aspecto, ha resultado altamente sinérgico de cara a la consumación y potenciación de resultados esperados.

Cabe resaltar que la metodología adoptada para el proceso de presupuestación participativa de la Universidad de Cuenca ha sido básicamente aquella con metodologías participativas de investigación acción adaptada a esta política. Los ajustes aplicados se relacionaron con las características de tratarse de una institución superior de educación y los importantes y diversos conocimientos que la comunidad manejaba, así como una potencialidad democratizadora, a priori, mayor que en otras instituciones.

Participación, carreras, roles y sexo

Tras dos campañas de difusión para recogida de propuestas y celebración de asambleas mediante el uso de recursos de comunicación tanto físicos como digitales, se logró una exitosa participación, con un total de 987 personas entre trabajadores, estudiantes, personal administrativo, docentes y técnicos de investigación.

En términos cuantitativos, la participación de los miembros en cifras totales, según los roles de la comunidad universitaria de la FCEA, tuvo el siguiente resultado:

Se aprecia con claridad en la Tabla 1 que el mayor porcentaje corresponde a los estudiantes, pues son quienes conforman la amplia mayoría de la comunidad universitaria. Este masivo involucramiento del sector estudiantil, se interpreta a la vez como haber asumido el derecho de participación tomando una iniciativa significativa de participar en la toma de decisiones que el PPvo abría y que, en procesos tradicionales de gestión, no se consideraba. Resulta relevante cómo la participación estudiantil constituyó casi el 50% del total de estudiantes convocados.

Si analizamos la participación de los demás roles con respecto a la población total registrada, vemos en la Tabla 2, que, sin embargo, los/as trabajadores/as y docentes fueron quienes alcanzaron la mayor proporción de participación con el 65% y 63,7% respectivamente. Respecto a los técnicos investigadores sólo alcanzaron el 16,6%; no obstante, tras la evaluación de la primera edición, se observó que hubo déficits respecto a la incorporación de los técnicos/as de investigación a la hora de ser informados sistemáticamente como colectivo de su posibilidad de participación; aun así ello no impidió que algunos/as que se informaron, participaran también presentando propuestas y votando.

Se puede interpretar que la permanencia y familiaridad de los docentes con temas de gestión de recursos y toma de decisiones habría influido directamente en la asistencia de este sector en la proposición y votación de las propuestas planteadas; sin embargo, se debe destacar que otros roles como trabajadores/as y estudiantes lograron una proporción muy significativa teniendo en cuenta su histórica mayor distancia de la toma de decisiones.

En cuanto al sexo de los/as participantes, vemos en la Tabla 3 que, en términos absolutos, sistemáticamente en todos los roles, las mujeres tienen una mayor participación en el proceso, alcanzando un total de 614 participantes. Contrastando esto, los hombres participantes fueron 373.

Respecto a la proporción de participación por sexo, la Tabla 4 confirma como en todos los roles, las mujeres alcanzan el mayor porcentaje en función de la totalidad de registradas en la facultad, siendo las docentes quienes destacan en su mayor participación. Para el caso de los hombres, únicamente los docentes superan el 50% de proporción de participación con respecto a la totalidad de docentes de este sexo en la FCEA.

Los datos según miembros de la facultad desagregados por sexo proporcionan un indicador claro de la participación de las mujeres en el proceso de presupuestación participativa, lo que sugiere que, más allá de ser el sexo predominante dentro de la facultad en todos los roles (excepto en docentes), fueron significativamente la población con mayor interés de construcción e implicación en esta herramienta de decisión participativa.

Tabla 4: Proporción de participación de hombres y mujeres en función de los roles de la FCEA 

Fuente: Elaborado por los/a autores/a

Respecto a la participación de estudiantes según carreras y sexo, observamos en la Tabla 5 el porcentaje de participación en las asambleas de votación, tanto en términos absolutos como proporcionales. Se evidencia, al igual que en la participación global, la mayor participación de mujeres en comparación con la de los hombres, siendo superior la de ellas en todas las carreras.

No obstante, si analizamos el porcentaje de participación por carrera con respecto al total de estudiantes matriculados o registrados en la FCEA, vemos en la Tabla 6 que, si bien las mujeres matriculadas superan a los hombres en todas las carreras, con excepción de la carrera de Economía, la proporción de participación de hombres de las carreras de Contabilidad y Auditoría, y Sociología, supera a la proporción de participación de las mujeres.

Tabla 6: Proporción de participación de estudiantes desagregado por carrera y sexo 

Fuente: Elaborado por los/a autores/a

Esto pone en evidencia, que en la iniciativa de participar en el PPvo desde el estudiantado se desdibuja esa tendencia de sexo clara en términos absolutos y en los otros roles. Las razones pueden ser diversas, pero indican menor relevancia del sexo para este colectivo más joven en relación con la participación.

Proceso de proposición y propuestas recogidas

Respecto a las propuestas cabe reseñar que éstas podían ser presentadas por cualquier rol de la facultad (autoridades, docentes, trabajadoras/es directamente vinculadas/os, estudiantes e investigadoras/es), así como que no existió ningún tipo de prescripción respecto al campo o ámbito que estas podían tener. En ese sentido, se constató que se recogieron propuestas de parte de docentes, técnicos investigadores, así como, de estudiantes. Por otra parte, las propuestas de temática similar fueron llevadas a procesos de deliberación entre sus proponentes para conjuntar una sola propuesta de cada tema; ello ocurrió con un total de 5 propuestas (3 de reciclaje y 2 de género-cuidados) de las que finalmente se obtuvieron 2 que fueron parte de las votadas en las asambleas. Ello derivó en que fueran 11 de las 16 iniciales, las propuestas que se llevaron a votación.

Fuente: Elaborado por los/a autores/a

Figura 1: Porcentajes de temáticas en las propuestas recogidas 

En una ordenación por campos encontramos los siguientes: infraestructura, formación, gestión documental, reciclaje, género-cuidados y movilidad.

Junto con los porcentajes de cada tipo de propuestas, así como posteriormente del resultado de votación en las urnas, resulta significativa la diversidad de campos, en los que se propuso. Podemos ver en la Figura 1 que campos más evidentes y habituales como la mejora de infraestructuras o la formación (por tratarse de una institución educativa) que en conjunto sumaron el 50% del total, igualmente fueron complementadas en una proporción igualitaria con campos menos habituales, pero socialmente emergentes como reciclaje, género-cuidados, movilidad e incluso la gestión documental. Este aspecto que denominamos como innovación propositiva fue más fuerte en la etapa de proposición que en los resultados de votación, pero aun así tuvo traducciones también en ese segundo momento. De hecho, el resultado final arrojó que, de las 4 propuestas ganadoras y aprobadas, efectivamente 3 fueran de infraestructura, pero a la vez que una de ellas fuera la del ámbito de género-cuidados.

Fuente: Elaborado por los/a autores/a

Figura 2: Porcentajes de votación de las 11 propuestas llevadas a asambleas de votación. 

Así, más allá del resultado de propuestas a las que se destinarán los recursos, el PPvo cumplió ampliamente su rol de apertura democrática respecto a sumar campos de proposición. Por una parte, les propuso y permitió participar a muchas personas que nunca lo habían hecho en este tipo de decisiones en la institución, lo que a su vez, permitió la recogida de un espectro mucho más amplio de propuestas que a las que en el pasado era destinado el presupuesto. Más allá de que las propuestas resultaran o no ganadoras en las urnas y/o no aprobadas, fueron planteadas y hechas públicas, logrando un eco social e incluso que (aún las no ganadoras) fueran conocidas y votadas por decenas o cientos de personas. La multiplicación de voces participantes con posibilidad de proposición fue, además refrendada por la decisión abierta mediante el voto de una parte significativa de la comunidad universitaria de la facultad.

Ajuste intrainstitucional hacia la democratización interna

Aun tratándose de una experiencia piloto en solo una facultad de las 13 que conforman la Universidad de Cuenca, esta implementación inicial arrojó importantes resultados en este ámbito de ampliar y adaptar la institucionalidad a una lógica de democracia participativa para este proceso. En este apartado nos remitiremos sólo a algunos de ellos como son: carácter vinculante, la articulación asamblea-órganos representativos plurales, la aplicación de criterios de justicia social ante los resultados, así como, finalmente, el ajuste con instancias superiores para garantizar la ejecución de las propuestas aprobadas en plazo de un año.

En primer lugar, conviene constatar que, tal cual las mejor evaluadas prácticas de PPvo en el mundo, el PPvoFCEA fue planteado con un carácter vinculante. Es decir, lo que en ese proceso previamente hecho público surgieran como propuestas ganadoras a los que se destinaron esos recursos públicos, debían ejecutarse más allá de que las autoridades estuvieran o no de acuerdo; en ese sentido, no se trató de un proceso solamente consultivo.

Otro aspecto central orientado en la democracia participativa es la organización del proceso respecto a la toma de decisiones y los espacios y órganos establecidos para ello. Por una parte, se estableció un órgano denominado Consejo del PPvo, compuesto de manera amplia y ponderada respecto a número y roles por autoridades, docentes, trabajadores y estudiantes. Sus funciones se centraron en hacer viable el proceso respecto a las propuestas estudiando su viabilidad en primera instancia, y aplicándoles los criterios de justicia social tras las votaciones. No obstante, este órgano altamente plural asumió un papel secundario respecto a la toma de decisiones en la medida que en él solo se deciden aspectos justificados de carácter menor. De hecho, las decisiones fundamentales, es decir la proposición y decisión, surgen de las asambleas respectivas que constituyen, por tanto, los espacios donde se toman las decisiones fundamentales respecto al PPvo. Así, el PPvoFCEA articuló espacios de democracia directa con democracia representativa como encarnación de una práctica de democracia participativa. En ese sentido, cabe recalcar la buena articulación de ambos tipos de instancias durante el proceso piloto y cómo su funcionamiento aportó a esa innovación democratizante de la gestión de la facultad en un aspecto tan central como es la designación de recursos públicos.

Otro aspecto a resaltar fue el carácter voluntario de la participación en el órgano representativo, así como que su conformación es anual y tiene un carácter rotatorio para que muchas personas desde sus diferentes roles puedan, a lo largo del tiempo ser parte del proceso de su gestión interna; ello apunta a un criterio fundamental cual es la idea de no especialización de la política en pocas manos, en la medida que concierne a la vida pública y debe mostrarse de la manera más abierta y horizontal a que sus afectada/os puedan ser parte activa de ella.

Un tema relacionado especialmente con el Consejo del PPvo como órgano representativo del proceso, correspondió a su tarea de aplicar ecuánimemente unos criterios de justicia social a las propuestas que resultaron ganadoras. Los criterios que constaban el documento regente ‘‘Procedimiento de funcionamiento del Presupuesto Participativo en la FCEA’’ fueron 7: urgencia-necesidad; número de beneficiarios; características de las personas afectadas; aportación a la convivencia, integración, tolerancia; aportación al fortalecimiento del tejido asociativo de la facultad y universidad; aportación a la mejora medioambiental y la sustentabilidad; y coste económico de la propuesta. La función de la aplicación de estos criterios fue articular el libre ejercicio del voto según voluntad, pero ajustado además a acuerdos colectivos de qué criterios resultaban importantes y constructivos para la mejora de la facultad-universidad-sociedad. Ante la visión únicamente desde el individuo y su voluntad, las propuestas más votadas vivieron un proceso de análisis respecto a cuánto aportan a criterios de convivencia colectiva. En esta edición, el ejemplo relevante fue la propuesta en torno a un centro de desarrollo infantil que siendo de las más votadas, mediante la aplicación de estos criterios sumó puntos y escaló en su posición obtenida en la votación, debido a que reunía varios aspectos reflejados en esos criterios de justicia social que habían sido previamente informados.

Un último aspecto relevante de este apartado del ajuste intrainstitucional lo encontramos a nivel de la relación entre niveles de gestión al interior de la universidad. Tal cual todos los aspectos señalados hasta ahora correspondieron al plano de la FCEA, una vez se obtiene el resultado definitivo de propuestas a realizar, se inició la coordinación con instancias superiores como fue la unidad de Planificación de la universidad a nivel central.

Ya en el último mes del año de inicio del PPvo como en los iniciales del año posterior en que debían ejecutarse las 4 propuestas ganadoras, se dio un importante esfuerzo de planificación para cumplir con el compromiso del PPvo de ejecutarlas sin excederlo, a lo largo del año posterior. Los tiempos habituales de ejecución de propuestas de mejora en las facultades y demás instancias universitarias ha sido históricamente superiores a un año y en ese sentido, garantizar ese cumplimiento en un año comprometido en esta política, está exigiendo un esfuerzo significativo para su cumplimiento a finales de 2023. En la medida que ello se logre, se observan aspectos innovativos en este caso en la celeridad y eficiencia en el cumplimiento de estas propuestas de PPvo surgidas del proceso participativo precedente. Cabe además resaltar en ese sentido, el mayor alcance del carácter fiscalizador que, en mucho mayor medida los participantes de la comunidad universitaria, tienen la posibilidad de ejercer respecto a la ejecución de las propuestas. La mayor transparencia en la información y la forma participada y pública en que se decidió el uso de los recursos redunda, a su vez, en un mucho mayor nivel de fiscalización, así como en el ajuste de las instancias hacia una ejecución eficiente de las propuestas en los plazos acordados ante la comunidad universitaria participante.