2. Visión histórica de la ética en la investigación socioeducativa

Considerando esta cuestión desde una visión histórica, se hace necesario referenciar algunas fuentes por la importancia que tienen y la impronta que han dejado en las diversas propuestas que encontramos actualmente en este ámbito. Como señalan Hirsch y Navia (2018), la ética de la investigación con seres humanos tiene su origen y ha sido especialmente desarrollada por las Ciencias de la Salud. Desde este campo, se ha ido expandiendo, considerando y desarrollando en otras áreas. De Miguel (2021) sitúa los inicios en las Ciencias Sociales a partir de las décadas de los años 70 y 80 del pasado siglo, con la constitución de comités éticos y diversas declaraciones que irán indagando y delimitando la cuestión. Sin embargo, el punto de partida que debemos considerar en la visión actual de las cuestiones éticas, tiene un origen dramático debiendo, primeramente, hacer referencia al Código de Núremberg (Tribunal Internacional de Núremberg, 1947). Este documento es una consecuencia de los abusos que se produjeron contra personas en experimentos biomédicos durante la II Guerra Mundial, esbozándose los primeros criterios respecto a la cuestión de la investigación biomédica con seres humanos. Supuso la internacionalización y socialización de esta cuestión. En el documento se marcaron aspectos esenciales que se deberán tener en cuenta, tales como, el consentimiento voluntario o la preponderancia de los derechos del individuo sobre la propia investigación. Este código ha sido la fundamentación principal de la investigación, teorización, códigos y protocolos sobre Bioética que se han ido desarrollando.

Posteriormente, encontraremos el Informe Belmont (Comisión Nacional para la protección de los sujetos humanos de investigación biomédica y del comportamiento, 1979) que recoge una serie de principios, orientaciones y guías para facilitar la protección de las personas participantes, tres normas éticas básicas que considera prescriptivas y que proporcionan un marco metódico para resolver estos problemas: límites entre práctica e investigación; principios éticos básicos; y aplicaciones. Además, aporta otra serie de principios que hemos de considerar relevantes: respeto a las personas, beneficencia y justicia, basados en la aceptación de estos por la propia “tradición cultural” en la que nos encontramos. El respeto a la persona implica, por un lado, el reconocimiento y respeto de su autonomía, es decir, la capacidad de deliberación, de decisión y de acción que cada sujeto tiene sobre sus acciones mientras no impliquen daño o perjuicio hacia otras personas. Por otro lado, hace referencia, también, a la protección de las personas que tienen su autonomía disminuida. Cuestiones como negar información para poder actuar en total consecuencia, por ejemplo, atenta contra este principio. El segundo aspecto básico es la beneficencia, entendiéndose esta como la obligación de no producir ningún daño y “maximizar los beneficios posibles y disminuir los posibles daños” (p. 3). El principio de confidencialidad o el de profesionalidad a la hora de no enjuiciar las informaciones ofrecidas por quien colabora como informante en la investigación, por ejemplo, deben encuadrarse dentro de esta idea de beneficencia.

Finalmente, la justicia se relaciona con otras dos cuestiones. Una primera hace referencia a la selección de sujetos y si esta selección se realiza con un criterio basado en el problema de estudio o si existe otro motivo (facilidad para lograr consentimiento, coacción, sujetos fácilmente manipulables…); la otra cuestión, implica que los descubrimientos realizados no sean para un grupo o sector exclusivamente, sino que se extiendan a todo el conjunto de personas que puedan beneficiarse de este. Estos principios en la investigación conllevan así el consentimiento informado (^{Meo, 2010}), valoración de beneficios y riesgos, y la selección de sujetos como requerimientos de los diseños y procesos de investigación. El consentimiento informado implica que se les dé a los sujetos la opción de escoger. El procedimiento conlleva tres elementos: información, comprensión y voluntariedad, esto es, que se le trasmita toda información y que no se le oculte nada; que esta información sea entendida completamente, aclarándole y explicándole, de manera que le resulte totalmente comprensible cualquier duda o cuestión que pueda tener, siendo responsabilidad de la persona que investiga el cerciorarse de todo esto. Además, implica que la potencial persona participante se encuentre libre de toda posible coacción y plenamente informada.

La valoración de riesgos y beneficios condicionará la decisión de posibles participantes a tomar parte en el proyecto. Implica una valoración de la naturaleza, así como su valoración sistemática. Esta se debe relacionar con la protección de datos personales o la confidencialidad de la información que faciliten. Como señala el informe, los daños pueden ser de muy diversa índole: daño psicológico, legal, social, etc. y pueden afectar tanto al sujeto como a su entorno o al grupo que pertenece respecto a la muestra seleccionada. Desde la óptica de los beneficios, pueden ser individuales o grupales también, pero siempre tendrán que ser mayores que los posibles riesgos encontrados. En todo caso, todo esto queda siempre delimitado por la protección de los derechos de los que la persona participante es poseedora.

La selección de sujetos concierne a la dimensión de la justicia. Su relevancia se da a dos niveles: social e individual. A nivel individual se debe considerar que quien investiga no realizará una selección con base en preferencias personales condicionadas por la propia temática a investigar, esto es, elegir sujetos afectivamente cercanos en caso de una investigación “potencialmente beneficiosa” o elegir sujetos “indeseables” en el caso de investigaciones más peligrosas o arriesgadas. Respecto al nivel social, se plantea que la selección debe valorar quién debe participar y quién no en relación con “la capacidad de los miembros de esa clase para llevar cargas y en lo apropiado de añadir otras cargas a personas ya de por sí cargadas” (p. 7), pensando en poblaciones o grupos que, por sus características personales o ambientales, tienen unas condiciones menos ventajosas que otros a la hora de participar (personas reclusas, obligaciones familiares, minorías racializadas, personas enfermas,…) y valorando, también, quién va a ser más beneficiado de los resultados. Aún en el caso de ser totalmente imparcial quien investiga y el propio Comité Ético que apruebe esta selección, se pueden producir injusticias en la selección producto de “sesgos sociales, raciales, sexuales y culturales que están institucionalizados en la sociedad” (p. 7). Encontramos que trabajos actuales como el de ^{Armijo y Willat (2022}), siguen tomando el Informe Belmont como referencia.

Otro documento de interés es el proyecto Educating Staff in Community Agencies about Human Subjects Protection in Research (Capacitación del Personal de Agencias de la Comunidad en lo Relacionado con la Protección de los Seres Humanos en una Investigación), que tiene su base en el Informe Belmont. Realizado por el Office of Research Integrity (2004) proporciona una serie de pautas y orientaciones sobre ética y la investigación en la comunidad. Como señalan, la investigación implica entender el mundo e intentar mejorarlo, y a su vez, si esta se realiza con seres humanos, conlleva una serie de responsabilidades que han de guiarse desde una perspectiva ética que nos permita actuar de la manera correcta, respetando todos los derechos de las personas implicadas. El proyecto presenta un protocolo de investigación que parte de tres cuestiones generales: reclutamiento de participantes, confidencialidad y profesionalidad. Este protocolo resuelve de manera clara cuestiones importantes respecto al papel de la persona investigadora, tanto durante el proceso como una vez finalizado. En su desarrollo y nivel de especificación-clarificación, encontramos una clara reflexión y profundización sobre muchas de las cuestiones que deben considerarse durante el diseño de cualquier proyecto, y a las que deberían responderse de manera inicial antes de llevarse a cabo. En la tabla 1, recogemos los tres aspectos y sus puntos clave:

Tabla 1. Elementos clave de la formación del personal de los organismos comunitarios sobre la protección de los seres humanos en la investigación

Nota. Elaboración propia adaptado de Office of Research Integrity (2004).

Finalmente, hemos de hacer referencia a la Declaración de Helsinki, encontrándonos en 1964 su primera versión, y que se ha ido revisando durante los últimos años (última versión oficial del 2013). La Declaración de Helsinki de la AMM- Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos es realizada por la Asociación Médica Mundial (AMM). Aunque está destinada principalmente al profesional de medicina, contiene apartados que refrendan lo señalado en el Informe Belmont y que, consideramos, son aplicables también a la investigación en Ciencias Sociales. Por esta razón, nos parece pertinente recoger los que consideramos aplicables a la investigación social y ver su concordancia o similitud con las otras fuentes presentadas.

De esta manera, esta Declaración, desde sus principios generales, incide en cómo la investigación está sujeta a normas éticas que deben proteger a todas las personas y que, este derecho, siempre está por encima de cualquier objetivo o propósito de cualquier trabajo de esta índole. La confidencialidad, privacidad y el consentimiento informado deben asegurarse en todos sus aspectos. Se habla así, de la importancia de una participación voluntaria, que puede invalidarse por su parte en cualquier momento sin sufrir ninguna represalia; de cómo las personas participantes deben ser adecuadamente informadas en todos los aspectos pertinentes de la investigación, y asegurándonos de que han comprendido toda la información, por lo que es fundamental tener en consideración las necesidades específicas que puedan tener para ello y adecuarse a estas. Aspectos como la difusión y publicación, quedan sujetos también a la dimensión ética, tanto la integridad y exactitud de lo escrito, como la disponibilidad de estas investigaciones para el público, fuentes de financiación y filiación. También señala la necesidad de publicar los resultados negativos como positivos o inconclusos o, en su caso, ponerlos a disposición del público y que se dé la opción a las personas participantes de ser informadas de los resultados.

En este documento, la referencia al papel de los Comités de Ética también se torna relevante, así como las cuestiones referidas con la difusión y publicación de resultados, otro de los ejes principales en los que debería pivotar la investigación, sobre todo, cuando nos referimos a las personas participantes. Relacionada con esto, recogemos lo que Yu et al. (2022) señalan respecto a la necesidad de salvaguardar la independencia de los organismos académicos y científicos de los Estados y sus espacios afines. Sin duda alguna, se nos plantea la cuestión de la dimensión ética a las más altas esferas y su responsabilidad, lo cual no debe quedar fuera del debate.

3. Aspectos éticos en la investigación socioeducativa desde la perspectiva cualitativa

El personal investigador que utiliza metodologías cualitativas se suele enfrentar a que se cuestionen los diseños de sus estudios por los comités de revisión de ética de la investigación o de las agencias de financiación (^{Ells, 2011}). Además, la toma de decisiones sobre la ética de la investigación cualitativa supone una dificultad cuando el diseño de investigación es emergente y el equilibrio entre riesgos y beneficios para las personas implicadas en la investigación todavía es complicado de determinar antes de la implementación del estudio (^{Ramcharan y Cutcliffe, 2001}).

No obstante, la ética en la investigación socioeducativa se relaciona con los criterios de cientificidad de la investigación cualitativa. Esta cuestión implica materias fundamentales a tener en cuenta. Como indican Hortigüela et al. (2017), en el modelo actual de producción científica, se valora más la cantidad que la calidad y el aporte real de las contribuciones, lo que condiciona tanto la forma de hacer como de entender la propia ciencia y esto lleva a subrayar, más si cabe, la importancia de la dimensión ética en este ámbito. En la investigación social cualitativa la dimensión ética, deberá ocupar un lugar central, cuando menos, en el debate académico (^{Abad, 2016}). No debemos olvidar que, como señalan diferentes trabajos recogidos por ^{Yurén et al. (2018}), para las personas investigadoras, la ética en la investigación suele quedar como un valor que se situaría por debajo de las competencias técnicas-metodológicas y el posicionamiento epistemológico. De esta manera, debemos entender que, lo ético es indisoluble de las cualidades personales (^{Cardona, 2020}).

Por consiguiente, hemos de situar la ética en la investigación socioeducativa como factor cardinal dado que el objeto fundamental de la investigación son las propias personas. Esto implica la existencia de cuestiones que emergen durante el proceso que deben cuestionarse y responderse también desde una mirada ética. ^{Arias y Giraldo (2011}) señalan que en la investigación cualitativa se toman en cuenta tanto el papel de los valores como la existencia de un sesgo ideológico que media durante todo el proceso investigador, lo que obliga a tener el elemento ético presente. De Miguel (2021), por su parte, recalca que la producción de conocimiento siempre es un acto político y por ello esto exige asumir responsabilidad, cuestionando así la supuesta objetividad positivista. Gómez y Molina (2006), respecto a la ética y la responsabilidad, indican que las normas y reglamentos éticos establecidos no solo se deben conocer, sino que deben interiorizarse, llevándonos a un proceso reflexivo sobre nuestra labor en la investigación y los efectos de nuestras acciones, exigiéndonos responsabilidad. Esta responsabilidad implica tres aspectos (Arias y Giraldo, 2011): un deber respecto al buen hacer; la consciencia de las posibles consecuencias; y la obligatoriedad de responder ante alguien. Por su parte, ^{Sandín (2003}) relaciona los aspectos de validez y credibilidad de la investigación cualitativa con la necesaria consideración de las implicaciones éticas, considerando que ambas están indisolublemente unidas. El autor subraya que el trabajo con las personas -mediante encuentros, entrevistas, participación y cooperación, entre otros- es decir, el carácter relacional de la metodología, confirma y manifiesta esta interrelación entre ambas cuestiones. Muchas de las decisiones que se toman estratégicas, prácticas o metodológicas son, finalmente, cuestiones de índole ético. Finalmente, para la investigadora Nancy Walton (2016), los objetivos de la ética en los procesos de investigación son tres: protección de las personas participantes; que la investigación responda a los intereses de las personas, de grupo y de la sociedad; y la validación de la actividad desde la perspectiva ética, tomando en cuenta para ello elementos como el riesgo, la confidencialidad y el consentimiento informado (Walton, 2016 en Hirsch y Navia, 2018).

En el ámbito educativo, ^{Sandín (2003}) considera que son tres las cuestiones éticas principales en el proceso de investigación cualitativa: el consentimiento informado; la privacidad y confidencialidad; y la estancia en el campo. Sobre esta última cuestión, la autora hace referencia a dos cuestiones: el proceso de negociación de entrada y el tipo de relaciones que se establecen. Respecto al ingreso, se plantea el modo de acceder a las fuentes de información en un espacio que suele estar estructurado jerárquicamente, como suelen ser los centros educativos. Sobre el aspecto relacional, hace hincapié tanto en la importancia de la presentación, como de la explicitación clara de intenciones. Se puede observar que, todos los aspectos que se plantean, deben quedar recogidos tanto en los informes como en las declaraciones realizadas, encontrándose en manos de quien investiga la obligación de llevar adelante en su trabajo bajo estos planteamientos éticos, no como dogma, sino como coherencia humana e investigadora que fortalece el propio resultado de la investigación. Como escriben ^{Rodríguez et al. (1996}), el componente ético supone “una garantía de integridad moral” (p. 278) de las personas investigadoras.

4. Competencia investigadora en la educación: desafíos y oportunidades

La consideración de principios éticos en la investigación social y educativa debe ser incuestionable y un principio exigible en toda investigación que tenga como medio y como fin a las propias personas. Una pequeña visión a sus orígenes y desarrollo nos colocan delante de cuestiones que delatan su importancia. En este acercamiento, hemos visto cómo el propio lenguaje va cambiando, y es que este mismo lenguaje, es el que configura cualquier realidad, incluido la ética. Así, apreciamos un salto cualitativo fundamental entre el Informe Belmont y el Educating Staff in Community Agencies about Human Subjects Protection in Research. La base la proporciona el Informe Belmont, pero en el siguiente documento ya no se habla de sujetos informantes, sino de participantes, pasando de ser objeto a persona con la que se interactúa en un diálogo con el objeto de aportar conocimiento, dando paso a una construcción colectiva de ese conocimiento, fruto de la propia interacción (De Miguel, 2021). Como señala ^{Abad (2016}), es necesario una revisión tanto de procedimientos como de los criterios de valoración ética y se deben adecuar a las diferentes realidades y a los diferentes momentos de los procesos de investigación más allá de protocolos estandarizados o de modelos que se repiten mecánicamente (^{Yurén et al., 2018}). De esta manera, al referenciar esta necesaria revisión de las propuestas y modelos, no se pueden obviar las realidades que van cobrando relevancia en cada tiempo y espacio, que debe obligar a revisar tanto los aspectos epistemológicos como metodológicos y de cualquier otra índole que se relacionan con esta dimensión ética. Como claro ejemplo, podemos mencionar los debates respecto a la inteligencia artificial (IA). ^{Firat y Kuleli (2024}) referencian algunos trabajos que cuestionan la falta de transparencia de su estructura, presentándola como “contraria al movimiento hacia la transparencia y la ciencia” (p. 225), lo que nos sitúa ante nuevos retos éticos respecto a nuevas situaciones que se encuentran totalmente condicionadas por nuevos medios y que, a su vez, avanzan más rápido que los procesos de reflexión que debieran promoverse respecto a sus usos y funciones.

Ante todo esto, a día de hoy, encontramos nuevas cuestiones a considerar, reflejo de los cambios que van aconteciendo en nuestro mundo más cercano, y que han cobrado especial relevancia abriéndose paso también, en esta cuestión. Autoras como Sandra Harding y Donna Haraway (citado en Aguilar, 2008; ^{Deharbe, 2020}) señalan la existencia de una visión antropocéntrica de las ciencias y que las condiciona en todos sus elementos. Así, las normas mismas de los saberes, entre las que debemos incluir los postulados éticos, estarían sesgadas por este constructo. Ante esto, se posicionan y proponen una ciencia feminista, con un objetivo emancipador y, por ende, poseedora de una responsabilidad social, comprometida y crítica, sin que pueda situarse o presentarse como independiente de la política o relativista. Sus postulados van más allá, y también refieren la existencia de otras interseccionalidades que deben considerarse además de la de género, como son las de raza o clase.

Autoras como ^{Vigoya (2016}), nos señalan otra serie de interseccionalidades relacionadas con las anteriormente mencionadas (raza, etnia, religión...) que condicionan la vida y posición social de personas o colectivos. Esta autora presenta la interseccionalidad como una herramienta de análisis que permite advertir estas categorías y sus interrelaciones, identificando las desigualdades o privilegios desde la interrelación de estas. Siguiendo esta estela, ^{Arias y Giraldo (2011}), por ejemplo, recogen de manera breve una propuesta realizada por ^{Mauthner et al. (2002}). Estas autoras, frente a planteamientos de éticas situacionales, realizan una propuesta que “disminuya el énfasis en las leyes y los principios” y que, la toma de decisiones se base en la “ética feminista del cuidado” (p. 511). La cuestión de género, es algo en lo que hay que profundizar más en el ámbito de investigación socioeducativa y la dimensión ética, no debiéndose obviar la importancia de esta y sobre la que pivota, también, el modelo de producción de conocimiento (^{Blázquez, 2012}; ^{García y Ruiz, 2021}; ^{Jiménez, 2021}). Como Conesa y González (2018) señalan, en los últimos años en las instituciones científicas se están dando cambios organizacionales más relacionados con modelos competitivos que, a su vez, conllevan todo tipo de presiones y tensiones en quienes apuestan por desarrollarse laboralmente en este ámbito. Así, plantean la importancia de basarse en modelos basados en enfoques feministas, en los que la ética del cuidado cobra una importancia relevante en los modos de hacer y de estar, un cambio sustancial en lo que significa esa producción del conocimiento también. A la par, en relación con otras cuestiones entrelazadas como la importancia de la equidad de género (^{Salinas Boldo, 2018}), tampoco se deben obviar otras interseccionalidades ligadas a esta como son la raza y la clase social, condicionadas por las relaciones de poder existentes (de Miguel, 2021; ^{Montecinos et al., 2023}). Cómo se conjugan estos elementos, indican también la propia visión del modelo de investigación y cómo nos situamos ante esta desde el mismo diseño de investigación y todos sus elementos.

Además de lo señalado, como indican Hirchs y Navia (2018) en su investigación, si bien estos protocolos o propuestas sobre ética se centran en favorecer la protección de las personas participantes, nos recuerdan que puede ser igualmente importante considerar la protección de quien investiga, dado que existen contextos en los que la seguridad no siempre se encuentra garantizada. Como presentan ^{Armijo y Willatt (2022}) existe una tensión entre la protección y la participación que hay que tener en cuenta y debe ser resuelta de manera ética. Algunas de estas cuestiones ya se recogen en algunos protocolos como hemos podido ver, pero también exigen una reconsideración. Primeramente, por el peso de las relaciones de jerarquía que existen entre participantes y quien investiga, pero también respecto a los espacios en el que discurre la investigación, recordando que deben ser de seguridad y confianza (De Miguel, 2021). No se ha de olvidar que no toda persona que investiga se encuentra en esa posición o lugar, por muy diversos motivos que pueden relacionarse con cuestiones diversas como las relaciones de poder, el género, el tema de investigación, o el lugar en el que esta se desarrolla (de Miguel, 2021; ^{Martínez-López et al., 2022}; ^{Montecinos et al., 2023}; Pulido, 2017; ^{Yu et al., 2023}; ^{Yurén et al., 2018}) encontrándonos que, en muchos casos, algunas o todas estas interseccionalidades se dan a la vez. Tampoco se puede obviar que trabajar en lugares en conflicto, por ejemplo, pone en riesgo no solo la labor de profesionales que buscan aportar con su trabajo, sino también su vida. Cuando hablamos de cuestiones como la ética, que remonta su visión actual a situaciones acaecidas tras una guerra mundial esto nos tiene que llevar a reflexionar profundamente sobre estos elementos que, como marcan sus principios, tienen entre sus fines aportar para la mejora de la vida de las personas. De esta manera, la revisión y el debate continuo sobre la dimensión ética en la investigación, debe ser continuo y responder a los retos y a las preguntas pertinentes que continuamente van apareciendo, con el foco puesto en los elementos que favorecen el cuidado de todas las personas implicadas desde una labor y encuentro profesional y humanamente ético.

Por consiguiente, el cuidado requiere un análisis en profundidad. Actualmente ante el ritmo frenético de la vida en la que nos encontramos y la cultura de la rapidez, ^{Berg y Seeber (2016}) reflexionan sobre el movimiento “Slow” en la academia, lo que incluiría también lo relacionado con la investigación en cuanto a la dedicación del tiempo y la energía, por ejemplo. “The Slow University” es una idea que necesita muchas personas partidarias para convertirla en un movimiento internacional (^{Rosso, 2019}). El movimiento feminista de investigación slow y su ética del cuidado pueden ofrecer maneras de avanzar ante todas las reformas neoliberales a las que nos enfrentamos (^{Bergland, 2018}). Según ^{Cravens et al. (2022}) saber decir “no” supone un trabajo emocional que supone respetar límites, esto es, decir no como un acto de autocuidado. Desde el autocuidado la propia ética tiene una lectura más amplia, humana y necesaria.