Introducción

Las políticas públicas tienen un impacto directo en la sociedad más allá de los efectos en la población beneficiaria. Los niveles de bienestar de nuestra sociedad están modulados por la eficacia de las políticas públicas desarrolladas (^{Stufflebeam y Shinkfield, 2007}). El análisis y evaluación de las diferentes políticas públicas sectoriales es un asunto central que influye en la calidad de vida en la medida en que puede ayudarnos a conocer si esas políticas sociales (o cualquier otra política pública) responden a las necesidades que configuraron su origen (^{Bustelo, 2020}; ^{Casado y Del Pino, 2021}). Y en última instancia, la evaluación de políticas públicas (EPP) es síntoma de un sistema democrático que goza de buena salud (Blázquez y Alarcón, 2018).

En la actualidad nos encontramos con un consenso académico y profesional sobre la mejora de las actuaciones de la administración pública por la vía de incorporar instrumentos de evaluación en la acción de gobierno y gestión de políticas y administraciones públicas (^{Subirats, 2005}). Este consenso se ha materializado en la aprobación a finales de 2022 de la Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado.¹ El proyecto de ley entró en Consejo de Ministros en mayo de 2022, siendo remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación por procedimiento de urgencia. La normativa se enmarca en uno de los compromisos adquiridos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y tiene por objetivo configurar e impulsar la EPP en un marco de modernización de la Administración Pública española.²

La norma establece un marco de actuación y restablece la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas³ encargada de supervisar la EPP a nivel estatal y coordinar las estructuras de evaluación presentes en cada ministerio. También determinará qué políticas serán objeto de evaluación y cuáles de estas se incluirán en planes de evaluación bienales. Establece que la evaluación será externa, con carácter general, aunque permite la creación de equipos evaluadores mixtos. En cuanto a la formación y capacitación de los evaluadores, el artículo 16 establece que la citada agencia, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y, en su caso, con el Instituto de Estudios Fiscales, identificará las competencias necesarias para el desempeño de la EPP y diseñará planes específicos de formación para personal del servicio público.⁴

Independientemente de la procedencia del equipo evaluador (externo o mixto) y de la identificación de las competencias necesarias para la EPP nos encontramos con la necesidad de personal formado y especializado en EPP que sea capaz de llevar a buen término todo el proceso evaluador (^{Martínez, 2023}). Proceso donde encontramos diferentes enfoques, y un gran número de tipos y diseños que requieren conocimientos especializados que doten a la EPP de rigor e imparcialidad. La formación en EPP se hace necesaria desde dos ángulos. Un primero, que debería centrarse en la formación del evaluador o del personal que realiza el encargo evaluativo, ambos requieren una formación o conocimientos especializados en EPP, y en el segundo ángulo, en la importancia de la evaluación y de las evaluaciones realizadas para la formulación y diseño de políticas públicas (^{Varela, 2023}).

Para el primero de ellos, el relativo a la formación, nos encontramos con la formación que vendría dada, en el caso español a nivel de Administración General del Estado por el INAP y la formación reglada impartida por centros universitarios. En cuanto a la primera sería recomendable y necesaria para fomentar la evaluación mixta y para formar a los empleados y empleadas públicas del organismo encargado de realizar las EPP externas. En cuanto a la formación dentro de los estudios universitarios supone formar a futuros profesionales en un campo de trabajo bastante extenso y donde cada proceso de evaluación supone un ejercicio nuevo, único y singular. La formación inicial en EPP es necesaria para poder llevarla a cabo y esa formación requiere de conocimientos diversos de materias propias de las ciencias sociales (metodología de investigación, experimentación, estadística, etc.) (^{Picciotto, 2011}). Este artículo se enmarca en este contexto de necesidad de profesionales que conozcan cómo realizar una EPP.

El proceso de institucionalización de una disciplina supone el paso de una práctica informal a una disciplina más estructurada y formalizada (^{Harguindéguy y Echavarren, 2016}; Barberá et al., 2020). La consolidación profesional de la disciplina aparece con el desarrollo de programas académicos de enseñanza superior, por la existencia de publicaciones y revistas especializadas, por la existencia de asociaciones profesionales y de un mercado de trabajo para esos profesionales (^{Berndtson, 1991}; ^{Bustelo, 2006}). Los componentes del proceso de evaluación pueden ubicarse en tres planos: instituciones, actores e ideas. En el plano de las instituciones se debería observar si hay facultades, asociaciones profesionales, institutos especializados y programas (Harguindéguy y Echavarren, 2016). En el caso que nos atañe, la institucionalización de la EPP la podríamos observar a nivel de facultades o centros de enseñanza universitaria en el análisis de las asignaturas de grado dedicadas al análisis y evaluación de políticas públicas.⁵ Es decir ¿Qué espacio tiene la evaluación de políticas públicas en el grado universitario? Este conocimiento sobre la formación recibida por parte de los centros de educación superior en materia de EPP no ha sido algo hasta la fecha abordado por la literatura científica que sí ha prestado más interés al proceso de institucionalización del análisis de políticas públicas (Harguindéguy y Echavarren, 2016; Harguindéguy y Ruiloba, 2023) llegando incluso algunos trabajos a preguntarse sobre el contenido de las guías docentes sobre políticas públicas (Valmorisco y Vicente, 2023).

Este artículo pretende llenar este vacío por ello se plantea como objetivo analizar la presencia de formación a nivel de grado universitario en Políticas Públicas en general y en Evaluación de Políticas Públicas en particular, a partir de los planes de estudios de los grados en Ciencias Sociales en las Universidades Públicas españolas, de cara a la elaboración de un diagnóstico que se pueda aplicar en diferentes momentos y de manera periódica, para identificar el nivel de ajuste entre las formaciones académicas impartidas en la universidad y la demanda de profesionales de EPP requeridos en el ámbito socio-laboral. Este trabajo, por tanto, se centra en el análisis de la formación universitaria de la oferta de evaluadores especializados en diferentes disciplinas de ciencias sociales.

Para ello, este artículo se divide en las siguientes secciones. Una primera, a continuación de esta introducción, establece la evolución de la enseñanza de EPP en el contexto universitario español. La segunda parte condensa la metodología diseñada para dar respuesta al objetivo de esta investigación que se ha definido previamente. La tercera parte aborda el análisis de la presencia y caracterización de las asignaturas de análisis y evaluación de política públicas en el contexto universitario público español. Tras esto el texto desarrolla una propuesta de conclusiones sobre la discusión de los principales hallazgos y la necesidad de establecer una mayor presencia de formación en evaluación de políticas públicas para dar respuesta a las exigencias del mercado tanto profesional-privado como en la administración pública.

La enseñanza de la evaluación de políticas públicas en España

Los estudios sobre EPP se encuentran dentro del Área de conocimiento de Ciencia Política y de la Administración que se constituyó académicamente con la Ley de Reforma Universitaria.⁶ Esta norma supuso la creación de Áreas de conocimiento orientadas a la constitución de Departamentos universitarios y de su personal (profesorado numerario) y que iniciaron un proceso de reforma en el seno de las universidades que afectaría a planes de estudio (reforma y creación) y al desarrollo de nuevas universidades en manos de las Comunidades Autónomas. Los primeros politólogos eran titulados superiores de la Universidad Complutense de Madrid donde se ubicaba la única Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en el territorio español. Posteriormente se añadió la propuesta de la Universidad Autónoma de Barcelona de crear una licenciatura de segundo ciclo. Tras esto se añadió la titulación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Granada (Jerez y Luque, 2015). El Área de Ciencia Política queda establecida en España de acuerdo con los estándares que establece la comunidad científica internacional con la excepción de las Relaciones Internacionales que se vinculan al Derecho Internacional.⁷

En la actualidad (curso 2022-2023) la situación es la que se muestra en la tabla 1. Encontramos seis Departamentos de Ciencia Política y de la Administración, entre los que no se ha incluido como tal, el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid a pesar de contar con un gran número de politólogos por incluir, en su composición las líneas de Sociología y la Historia Económica. Asimismo, aparecen los nombres de las 24 universidades donde encontramos un área de Ciencia Política. Normalmente incluida en un Departamento, cajón de sastre, con especialidades del ámbito del Derecho. La fórmula suele tomar el nombre de Derecho Público, en mayor medida; también Derecho Constitucional o en algunos casos, el departamento toma los nombres de las áreas que lo componen. Hay que señalar que, en muy pocos casos, el área de Ciencia Política se encuentra vinculada a Sociología.

Tabla 1 Áreas y departamentos de Ciencia Política 

Los planes de estudio que dan cuerpo a los estudios de Licenciado en la disciplina de Ciencia Política, y posteriormente de Grado con la implantación del Espacio de Educación Superior. Estos planes suponen definir los contenidos y organización de los estudios de politólogos. En su mayoría responden a una mezcla de materias teóricas e instrumentales y unos conocimientos más prácticos estructurados en asignaturas troncales, obligatorias, optativas y de libre configuración. En la actualidad, el plan de estudios contempla asignaturas de formación básica, obligatorias, optativas (en las que se incluyen o no las prácticas de empresa) y el Trabajo Fin de Grado.⁸

La composición de los estudios en Ciencia Política incorpora el estudio de los sistemas políticos, la política comparada, el comportamiento político, los procesos electorales, los partidos políticos, la Unión Europea, la historia de las ideas políticas, la teoría política y una serie de conocimientos que potencia la presencia profesional y la incorporación de politólogos, más allá de los métodos y técnicas de investigación social, como son los estudios vinculados a administración pública y al ámbito de las políticas públicas, como el análisis y evaluación de políticas públicas.

En la actualidad, la evaluación es consustancial al análisis de políticas públicas, siendo como apuntaba ^{Ruiz Martínez (2012}), intrínseca al análisis de políticas públicas y parte de su corpus doctrinal. Gran parte del desarrollo de los estudios de políticas públicas vino en primer lugar de la mano del desarrollo de los estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona (a partir de 1986), en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (a partir de 1987), en la Universidad de Granada (en 1988), la Universidad del País Vaso (1989), la Universidad de Santiago de Compostela (1991), la Universidad Autónoma de Madrid (1993) y la Universidad de Barcelona (1994) (Jerez y Luque 2015, p.183; ^{Harguindéguy y Ruiloba, 2023}, p. 6). En segundo lugar, el desarrollo se debe a la implantación en 1999 del Grado en “Gestión y Administración Pública” y posteriormente de estudios a nivel de postgrado enfocados en políticas públicas (véase Harguindéguy y Ruiloba, 2023). Algo que como comenta Jerez y Luque (2015), se ha desarrollado con una clara orientación profesional a partir de la década de 1990.

Focalizando en gran medida en el ámbito de las políticas públicas (^{Gil, 2015}). Puede que esto sea en parte consecuencia de que sobre el conjunto de profesores titulares de Universidad y catedráticos de Universidad adscritos al área de Ciencia Política y de la Administración entre 1985 y 1992 solamente encontremos una monografía publicada sobre políticas públicas en la década de 1980 de un total de 95, siete en la década de 1990 de casi un centenar, otras siete en los diez primeros años del milenio de más de 80 publicadas, y tres de 62, a partir de 2010 hasta la publicación del texto (^{Jerez, 2017}). Esto señala que el campo no ha sido muy atrayente para los politólogos españoles, a diferencia de la teoría o el proceso político que reúne el mayor número de investigaciones. La tabla 2 muestra las diferentes universidades que ofrecen estudios de grado en Ciencia Política y en Gestión y Administración Pública.

Tabla 2 Universidad y nombre del grado universitario 

Nota. No se incluyen los dobles grados ni aquellos grados donde las áreas y departamentos de Ciencia Política puedan tener asignada docencia.

En la actualidad, más allá de los estudios de grado que tienen formación en análisis y evaluación de políticas públicas objeto de este trabajo, encontramos en el contexto universitario otro tipo de formación: (i) a nivel de postgrado, en máster universitario (oficial) o en máster de título propio, y (ii) a nivel de doctorado. En este caso en Ciencia Política, en Políticas Públicas o en Gestión Pública.⁹ Aunque como veremos en este trabajo también encontramos formación en Política Públicas en otros grados universitarios (por ejemplo, en Criminología, Sociología y Trabajo Social). En el ámbito de la formación en EPP a nivel de postgrado destacan dos títulos propios universitarios: el Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas, dirigido por la profesora María Bustelo en la Universidad Complutense de Madrid, y el Máster en Evaluación de Políticas Públicas en la Universidad de Sevilla dirigido por José Luis Osuna.

La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (Proceso de Bolonia) impuso un cambio de paradigma en la forma de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. La universidad en su conjunto pasó a focalizar su ejercicio sobre el desarrollo de competencias que permitan a sus egresados su incorporación a la sociedad o al mercado laboral. El proceso supone identificar las competencias de carácter profesional que se establecen según plan de estudios en básicas, generales, específicas y transversales y se materializan en una serie de resultados del aprendizaje.

Asumimos que se produce un ajuste entre la formación recibida por los estudiantes universitarios y la ocupación profesional del egresado en el desarrollo de análisis y evaluaciones de políticas públicas. Es decir, entendemos que hay una correspondencia entre las diferentes competencias establecidas para las asignaturas de análisis y evaluación de políticas públicas en el plan de estudios de Ciencias Políticas y de la Administración (y sus derivados como Gestión y Administración Pública) y la demanda competencial de la profesión.

La formación de profesionales, tanto en etapas iniciales a nivel de grado como a través de la formación continua, se presenta como una de las estrategias de mayor impacto ante los nuevos retos que se presentan. Por un lado, como se indicó en los primeros párrafos de este trabajo, para dar legitimidad al sistema democrático y, por otro lado, la educación superior pública debe ser capaz de responder a los desafíos sociales con egresados especializados y formados en actividades orientadas a la inserción laboral con altos niveles de empleabilidad.

Materiales y método

Para dar una respuesta coherente y estructurada al propósito de esta investigación, que tiene por objetivo establecer un mapa de la formación universitaria de grado en EPP, se realizó el siguiente trabajo de campo. En primer lugar, se identificó el conjunto de universidades españolas que imparten estudios en Derecho y en Ciencia Política. Un total de 66 según la información suministrada por la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA). En segundo lugar, se establecieron dos criterios para ser consideradas como unidades de análisis: (i) el carácter de universidad pública, y (ii) que imparta formación a nivel de grado universitario. En la selección no se incluyen universidades de carácter privado (por ejemplo, la Universidad Loyola Andalucía o la Universidad Pontifica de Comillas, entre otras) ni tampoco aquellas que solo operan en posgrado o en formación continua (por ejemplo, la Universidad Internacional de Andalucía o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo). La aplicación de estos dos criterios nos dejó la cifra de 48 universidades que se constituyen como nuestras unidades de análisis.

A partir de la relación de universidades seleccionadas se diseñó una base de datos con información relativa a los grados universitarios donde se imparte la asignatura de Evaluación de Políticas Públicas tras la revisión del plan de estudios de las titulaciones en Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas en esas 48 universidades. En relación con las titulaciones en Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas hay que indicar que se revisaron los planes de estudios de los grados en Ciencia Política, Gestión Pública, Sociología, Economía, Relaciones Internacionales, Criminología, Administración de Empresas, y Derecho. Se recolectó información sobre el grado universitario en cuestión, el departamento responsable de la impartición de la docencia, la propia asignatura (número de créditos, curso, cuatrimestre, y carácter de la asignatura: formación básica, obligatorias, optativas, prácticas de empresa y el trabajo fin de grado). Esta revisión de los diferentes planes de estudios se realizó entre febrero y abril de 2023 sobre los planes de estudios vigentes en el curso académico 2022-2023. Esto supone que no se tienen en cuenta planes de estudios que están en proceso de extinción.

Hay que señalar que, si bien se empezó este trabajo con la idea de detectar solamente las asignaturas de Evaluación de Políticas Públicas per se, debido a su baja frecuencia, se optó por introducir así mismo cualquier asignatura que tuviese un contenido en evaluación. La base de datos contiene información sobre las asignaturas de: Políticas Públicas, Análisis de Políticas Públicas, Análisis y Evaluación de Políticas Públicas, y Evaluación de Políticas Públicas. Se recogió otra categoría bajo “otra denominación” para aquellas asignaturas que tenían otra denominación y que corresponden a contenidos propios de Políticas Públicas, como puede ser por ejemplo “Gobierno y Políticas Públicas” impartida en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.

Es necesario indicar que no se han considerado como unidades de observación las asignaturas de políticas públicas de carácter sectorial. Asignaturas como, por ejemplo, “Políticas Públicas en España” impartida en la Universidad Rey Juan Carlos o “Políticas Administrativas Públicas” de la Universidad de Castilla la Mancha, a pesar de parecer que se adaptarían a la categoría precedente de “Políticas Públicas” responden a una visión sectorial y no fueron incluidas. Muchas de estas políticas públicas se han desarrollado en el marco del Estado de Bienestar, centrándose en la provisión de políticas sociales ya sean laborales, sociales, socio-criminales, o tienen un perfil de Relaciones Internacionales, como por ejemplo la asignatura de “Política exterior de España”, o surgen en el marco de la Unión Europea (como sería el caso de “Políticas de la Unión Europea”) enfocadas en la estructura o proceso más que en el resultado en términos de políticas públicas (Vallès y Martí, 2005).

Esos contenidos se han desarrollado por la especialización de algunos de los miembros de ese Departamento o Área universitaria, o por la inclusión de esos contenidos en algún grado universitario de Ciencias Sociales como, por ejemplo, “Políticas Socio-laborales” en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Universidad de Granada), o “Política Social” en el Grado en Trabajo Social (Universidad de Jaén), “Política Pública Europea” (Universidad de Alcalá). Durante la investigación, igualmente, se encontraron asignaturas más específicas de evaluación de políticas regionales, laborales, socio-criminales, etc., que no se incluyeron al estimarse que no eran relevantes para este trabajo debido al objeto de este, que es la evaluación de políticas públicas en su concepción holística.

Por lo tanto, se han establecido cuatro categorías de inclusión de las asignaturas: “Políticas Públicas”, “Análisis de Políticas Públicas”, “Análisis y Evaluación de Políticas Públicas”, y “Evaluación de Políticas Públicas”. En la mayoría de los casos el nombre de la asignatura se corresponde con una de las cuatro primeras denominaciones. En algunos grados universitarios se han encontrado varias asignaturas con contenido de Políticas Públicas o de EPP con denominaciones diferentes que no se cubren por el resto de las variables elegidas para las asignaturas. En esas situaciones donde se presenta un título alternativo se procedió a revisar la guía docente de cada una de estas para ver si se adapta o se asemeja en gran medida a una de las cuatro categorías de codificación principales.

Así mismo, para su codificación y para una mejor representación de los datos, los grados universitarios se han agrupado de la siguiente manera: para los grados en Ciencia Política, aquellos cuya denominación fuese “Ciencias Políticas y de la Administración”, “Ciencias Políticas”, “Ciencias Políticas y de la Administración Pública”, etc., se han agrupado todos bajo la denominación de “Ciencias Políticas”; para Criminología, tanto “Criminología” como “Criminología y Seguridad”, se han agrupado bajo “Criminología”; para Relaciones Internacionales, tanto “Relaciones Internacionales” como “Estudios Internacionales” se han agrupado bajo “Relaciones Internacionales” y lo mismo se ha realizado para los dobles grados.

Una vez completada la base de datos a partir de una revisión pormenorizada de las páginas web de las 48 universidades públicas, el siguiente paso sería su procesamiento por el programa estadístico informático “SPSS”. El análisis se presenta en dos etapas. En primer lugar, se ha realizado un análisis univariante de carácter descriptivo principalmente con el objetivo de ver la distribución de los contenidos de Políticas Públicas en general y de Evaluación de Políticas Públicas en particular. En segundo lugar, se realiza un análisis multivariante en búsqueda de una mayor profundidad explicativa de los datos recogidos.

La principal limitación de este trabajo y de la perspectiva adoptada reside en el hecho de que el análisis que se presenta no entra en el enfoque de evaluación adoptado por el Área o Departamento en la formulación de la guía docente y el margen de maniobra del docente en la impartición de la asignatura derivado de la libertad de cátedra (^{Harguindéguy y Ruiloba, 2023}). Ya que como afirman ^{Meller y Stockmann (2013}) hay tantos enfoques como evaluadores. A pesar de ello, los programas de las asignaturas remiten a los principales manuales sobre evaluación de políticas públicas publicados en español (^{Briones, 1991}; ^{Ballart, 1992}; ^{Vedung, 1997}; ^{Osuna y Márquez, 2000}; Alvira, 2002; ^{Bañon, 2003}; Pérez, 2005; Morra y Rist, 2009; ^{García Pérez, 2014}; ^{Stufflebeam y Shinkfield, 1987}, 2007) y en inglés (^{Weiss, 1972}; ^{Fisher, 1995}) así como a las diversas guías metodológicas publicadas por los principales centros dedicados a la evaluación de políticas públicas en España (AEVAL, IVÀLUA, etc.) o por organismos internacionales como la Unión Europea, el Banco Mundial, Naciones Unidas o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Resultados

Se han identificado un total de 100 grados universitarios donde se incluyen asignaturas de análisis y evaluación de políticas públicas de acuerdo con los criterios establecidos en la sección de metodología. Dentro de las universidades estudiadas, existe un número de ellas donde no se han encontrado asignaturas, las cuales se enumeran a continuación: Alcalá, Cantabria, Córdoba, Extremadura, Huelva, Jaume I de Castellón, La Laguna, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria, León, Lleida, Politécnica de Cataluña, Politécnica de Madrid, y Sevilla.

La tabla 3 señala si las asignaturas (Políticas Públicas, Análisis de Políticas Públicas, Análisis y Evaluación de Políticas Públicas y Evaluación de Políticas Públicas) se encuentran en el plan de estudios de un grado en Ciencia Política -o no. Del total de 100 grados, 57 pertenecen a Ciencia Política (ya sea como grado simple o en un doble grado, considerando igualmente incluidos los grados de Gestión y Administración Pública al haberse considerado en muchos casos como diplomatura de la desaparecida Licenciatura en Políticas y Sociología -especialidad Políticas- o la Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración), y 43 a otras disciplinas de las Ciencias Sociales, como pueden ser la Criminología, las Relaciones Internacionales, el Trabajo Social o la Sociología.

Tabla 3 Universidades y grados universitarios 

Si nos centramos en las universidades, vemos una mayor proporción de grados con contenido de Políticas Públicas en las siguientes universidades, en orden de mayor a menor: Carlos III de Madrid (11 grados), Autónoma de Barcelona y Universidad de Barcelona (ocho grados) y Rey Juan Carlos (seis grados). Se observa que, si bien hay un número de universidades con abundante representación, la mayoría de ellas presentan por lo general uno o dos grados. Dentro de las universidades con mayor proporción, nos encontramos con un alto número de grados no pertenecientes al ámbito de Ciencia Política, siendo este el caso de la Universidad Carlos III de Madrid, de cuyos 11 grados, siete son de otras disciplinas y tan solo cuatro en Ciencia Política. Los siete grados en otras disciplinas lo son: en Estudios Internacionales (grados simples y dobles grados, en un total de cuatro), y los grados en Sociología, Economía y el grado conjunto de Filosofía, Política y Economía. Esta situación contrasta con el caso de la Universidad Rey Juan Carlos, que, de los seis grados analizados, todos son de Ciencia Política.

Por lo general, la tendencia parece indicar una mayor presencia en grados de Ciencia Política, aunque existe también un número cercano de disciplinas del ámbito de las Ciencias Sociales (43 frente a 57) que igualmente ofertan asignaturas con el citado contenido. Dentro de los grados de Ciencia Política, alrededor del 31,6 % de los 57 encontrados son del grado de Ciencia Política, que se eleva al 48,5 % si incluimos los grados de Gestión y Administración Pública; el resto pertenecería a los numerosos dobles grados que se articulan con el de Ciencia Política, siendo en este caso el más común el doble grado en Ciencia Política y Derecho, que equivale a un 24,7 % del total. Por lo tanto, parece ser que la composición de los 57 grados de Ciencia Política se representa en su mayoría en los grados simples de Ciencia Política y Gestión Pública y el doble grado de Ciencia Política y Derecho, llegando ambos bloques al 73,2 %, siendo el resto otros dobles grados de Ciencia Política con Economía, Sociología, Periodismo o Relaciones Internacionales.

En este punto hay que indicar como apunta ^{Miller y Rodríguez (2023}, p. 58) que la formación en EPP difiere en qué se entiende y qué se enseña si se realiza desde el área de Ciencia Política y de la Administración o desde un área de Economía. Desde la Ciencia Política el análisis y evaluación de políticas públicas adopta una perspectiva integral con una visión más amplia focalizando en las etapas, y todo lo relativo a la política pública. El análisis de las diferentes etapas (diagnóstico, formulación, implementación y evaluación) busca clarificar las dinámicas y procesos bajo la utilización de técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas. En cambio, el estudio de la EPP desde la Economía se centra en la experimentación para determinar la eficacia de la teoría del cambio bajo un enfoque causal (^{Abadie y Cattaneo, 2018}) y/o el aprendizaje de distintos métodos para realizar evaluaciones económicas (Durrance, 2020). Los principales métodos son el análisis coste-efectividad, el análisis coste-consecuencias, el análisis coste-minimización, el análisis coste-utilidad y el análisis coste-beneficio (^{Parera, 2009}; ^{De la Fuente et al., 2021}). Todos ellos buscan identificar, medir y comparar resultados y costes de distintas políticas. La diferencia entre ellos se establece en la manera de medir los resultados y, por tanto, también en el tipo de pregunta de evaluación a la que pueden responder. La presencia de varios tipos de evaluación ya fue algo aceptada y puesta sobre la mesa en las primeras guías sobre EPP (^{Newman et al., 1995}).

En cuanto a la naturaleza de los grados analizados, en la tabla 4, del total de 100 analizados, se observa que 63 de ellos son grados simples, y 37 se configuran como dobles grados. Si profundizamos esta vez en los 43 grados que no son de Ciencia Política, solo 36 de estos son simples y siete son dobles; esto supone que en los dobles grados las asignaturas estudiadas no se encuentran tan presentes, optimizándose en su caso la enseñanza de otras materias (de formación básica y obligatorias) en detrimento de otros conocimientos como el análisis y la evaluación de políticas públicas.

Tabla 4 Grado en Ciencia Política y estructura del grado 

Como podemos ver en la tabla 4, en el caso de los grados en Ciencia Política ocurre lo contrario: la presencia de las asignaturas es muy similar tanto en los grados simples (27) y dobles (30). En este caso, las competencias que se adquieren durante el proceso de aprendizaje de los dobles grados forman parte del currículum formativo y no se solapan con otras materias similares que puedan incluir las otras disciplinas que componen la doble titulación. Esto supone originalidad y cierta exclusividad.

Tabla 5 Disciplina que se añade a Ciencia Política en dobles grados 

Dentro de las disciplinas que se añaden a la Ciencia Política en los dobles grados, la más común, es Derecho (con un 14 %), seguida de Sociología (8 %). Los siete dobles grados en los que aparecen asignaturas públicas son en los dobles grados en Derecho y Relaciones Internacionales, Administración de Empresas y Relaciones Internacionales, y Derecho y Criminología.

Entre los centros educativos varía el número de asignaturas que se imparten; en la mayoría de los casos encontramos tan solo una asignatura, el 72 %. En el extremo opuesto, hallamos el grado en Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), que ostenta cinco asignaturas: dos obligatorias de seis ECTS cada una, y tres optativas de cuatro ECTS (12 créditos obligatorios y 12 créditos optativos respectivamente). Además, el análisis nos señala que es más común encontrar las asignaturas objeto de atención, en aquellos grados de universidades donde haya constituido un departamento de Ciencia Política y de la Administración. La media en este caso se sitúa en 1,5 asignaturas (desviación típica de 0,723), frente a 1,35 asignaturas de media (desviación típica de 0,644), en las áreas de Ciencia Política y de la Administración.

Tabla 6 Denominación de las asignaturas del grado 

En la tabla 6 observamos que, en lo que respecta a la incorporación de las asignaturas estudiadas al plan de estudios, las asignaturas de EPP pertenecen al menos a un cuarto (22 %) del total, mientras que el 30 % combina asignaturas de análisis y evaluación. La mitad restante de las universidades apuestan por el Análisis de Políticas Públicas, las cuales suelen contar con una pequeña sección dedicada a la EPP dentro de esta (normalmente un tema, que suele ser el último dentro de la guía docente), mientras que otras apuestan por una asignatura general de Políticas Públicas que englobe ambas disciplinas donde se imparten de manera más general. Los datos señalan que, si tenemos en cuenta los resultados en AEPP y EPP, el 52 % de los grados tienen formación en Evaluación de Políticas Públicas.

Para poder conocer la relevancia que se les da a las asignaturas, observamos la carga de créditos que constituyen dentro de los grados en los que se encuentran. Teniendo en cuenta que un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo (diez en el aula y 15 en casa), si la carga es mayor, más horas de trabajo tendrá el estudiante y más en profundidad se podrá ver una asignatura.

Tabla 7 Total de ECTS en los grados 

El resultado de la tabla 7 nos parece indicar que el 61 % de los grados encontrados tan solo ofertan seis ECTS de formación en Políticas Públicas, Análisis de Políticas Públicas, Análisis y Evaluación de Políticas Públicas y/o Evaluación de Políticas Públicas, siendo la carga de créditos de 12 ECTS la segunda más frecuente con un 16 %, en algunos casos vemos una sobrerrepresentación, como es una vez más el caso anteriormente mencionado del grado en Ciencias Políticas y de la Administración de la UPF, con 24 créditos. Del total de ECTS que se imparte, 554,5 serían obligatorios y 229,5 optativos. Vemos una media mayor con respecto a los obligatorios que los optativos, siendo la media del primero 5,54 créditos (desviación típica 3,591) y la del segundo 2,29 (desviación típica 3,883).

Dado que el objeto de este trabajo es analizar la presencia de EPP en los grados universitarios, podemos observar que, con respecto a los 52 grados del conjunto de 100 que hemos visto que ofertan formación en AEPP y EPP, se imparten 200 créditos obligatorios en total y 157,5 créditos optativos. El número de ECTS obligatorios y optativos impartidos en estos grados es mucho más parejo que los que hemos visto del total común. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la mayoría de los ECTS optativos de la suma general (229,5) pertenecerían en su caso a asignaturas de AEPP y EPP (157,5), por lo que parece que las asignaturas de PP y APP suelen tener mayor exposición a los estudiantes a modo de asignaturas obligatorias o de formación básica, mientras que las asignaturas de AEPP y EPP se ven más de forma optativa, si bien siguen teniendo una presencia destacable entre las obligatorias.

Con respecto al curso en los que se imparten las asignaturas, vemos que la mayoría de estas se concentran en el 3º y 4º año del plan de estudios universitario. De aquí podemos suponer que las asignaturas analizadas suelen impartirse en un momento en el cual los estudiantes han llegado a cierta madurez con respecto a su formación, siendo 3º y 4º los últimos años de un grado universitario común, y el crepúsculo de un doble grado. En el caso de los dobles grados, estos serían los únicos que, debido a su configuración, podrían cursar estas asignaturas en 5º, su último año de carrera, siendo esta una de las últimas asignaturas que recibirían antes de graduarse. Los casos encontrados en los que las asignaturas se sitúan en el “1º cuatrimestre” tan solo ascienden a un 5 %. Esto supone que las asignaturas analizadas no suelen considerarse para su impartición en el primer año de la carrera, por lo que se observa una tendencia general a ofrecer este tipo de formación a estudiantes más avanzados en el grado, lo cual facilita su absorción para luego poder aplicarse en el mercado laboral. Además, como se ha indicado anteriormente, la práctica de la EPP requiere conocimientos de metodología de investigación, estadística o econometría, sociología, etc., lo que hace inviable su inclusión en los primeros años de la formación universitaria.

Como se ha observado, la formación en análisis y evaluación de políticas públicas está mayoritariamente ligada a la formación en Ciencia Política siendo parte de la formación curricular de los estudiantes. A pesar de este predominio, se observa la presencia de contenidos de análisis y políticas públicas en otros estudios, lo que nos señala la confluencia de diferentes saberes en torno a una misma problemática. Encontramos 43 grados de áreas afines de conocimiento que incluyen conocimientos en análisis y evaluación de políticas públicas. En concreto, siguiendo la categorización propuesta, encontramos 11 grados con formación en Políticas Públicas, diez en Análisis de Políticas Públicas, uno de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas y un total de 21 en Evaluación de Políticas Públicas. Estos últimos vinculados a grados académicos de Criminología, Economía y Trabajo Social. Es importante señalar que la presencia en estos grados resta marginal en el cómputo general ya que solo encontramos asignaturas de EPP en cuatro grados en Trabajo Social, mientras que el grado se oferta en un total de 37 universidades públicas. Lo mismo ocurre con el grado en Economía, que se imparte en la mayoría de las universidades públicas.

Conclusiones y discusión

Como resultado de este estudio podemos determinar que, dentro de las universidades en las que hemos podido hallar asignaturas con contenido de Evaluación de Políticas Públicas, a estas se les da una relevancia diversa y desigual. Hemos visto que la carga de créditos que invierten las universidades en los diferentes planes de estudios varía desde lo más mínimo hasta un extraordinario énfasis en la formación de la evaluación, por lo que no sería de extrañar que algunas universidades acaben produciendo más evaluadores que otras. Sin embargo, en virtud de los datos analizados podemos determinar que la demanda de la evaluación hace que esta se acabe estudiando de una manera u otra, ya sea como asignatura obligatoria o como optativa. Las universidades acaban apostando por distintas estrategias, las que más invierten en la evaluación hacen esto, por ejemplo, con una asignatura general obligatoria de Políticas Públicas con algún tema de evaluación, seguida de otra asignatura optativa dentro del mismo programa de estudios que se centre más en la Evaluación de Políticas Públicas como tal. Otras optan por dos asignaturas obligatorias, o un amplio repertorio, mientras que la mayoría ofrecen una sola asignatura, dándole menos importancia.

El estudio de la EPP quedaría entonces en una situación difusa, dándose o bien como una asignatura central con respecto a las otras o a modo de nicho académico que podría interesar a algunos estudiantes que quieran perseguirlo y quizás formarse más profundamente en ello en un posgrado, en vez de dedicar una asignatura más profunda a su plan de estudios. Una de las posibles razones de la diversidad del estudio de la EPP quizás sea por el uso tardío de la evaluación como práctica académica en España, siendo esta en un inicio implementada en los años 90 (Viñas, 2009; ^{Arriazu, 2015}), cuatro años después de la integración de España en la Unión Europea, la cual determina la evaluación como una práctica obligatoria. Tal y como apunta el análisis de ^{Jacob et al. (2015}) que señala que España es uno de los países, con Finlandia y Japón, donde la cultura de la evaluación más se ha mejorado en la primera década del milenio.

Destaca igualmente que las materias se hayan integrado tanto en el grado simple de Ciencia Política como en sus dobles grados, apareciendo especialmente en varias ocasiones el doble grado en Ciencia Política y Derecho. Si bien quizás esto pueda deberse a la relación histórica entre ambas disciplinas, habiéndose llevado tradicionalmente el estudio de la Ciencia Política en el ámbito del Derecho Político antes de su eventual separación hace relativamente poco, en 1984, con la Ley de Reforma Universitaria (^{Jerez y Luque, 2016}); la mayor presencia del doble grado en Ciencia Política y Derecho sería, entonces, un atisbo más de la relación aparente de la expansión de la Evaluación de Políticas Públicas con la propia institucionalización del grado en Ciencia Política.

Con la reciente Ley 27/2022 y la crisis del Covid-19 que parece haber avivado la demanda de la evaluación y a pesar del reajuste realizado con el proceso de Bolonia en el contexto actual, el ámbito formativo universitario y el ámbito laboral caminan a diferentes velocidades. La introducción de posibles cambios en los planes de estudio requiere articular un largo proceso. Los trámites que se pueden alargar en el tiempo pueden suponer un desfase o una brecha entre la oferta y la demanda de profesionales de la evaluación de programas y políticas públicas. Hay que tener en cuenta que las técnicas de evaluación se ajustan a los avances y desarrollos metodológicos de las ciencias sociales (^{Miller y Rodríguez, 2023}) que van a una velocidad mayor que a la que revisan, rediseñan y se ejecutan planes de estudios.

En línea con el objetivo de nuestra investigación, referido a la presencia de la formación en análisis y evaluación de políticas públicas, hemos acotado a los diferentes grados universitarios de las universidades públicas en España. En este sentido, la investigación nos ha dado a descubrir que tan solo 48 universidades públicas en España constan de asignaturas de Políticas Públicas, Análisis de Políticas Públicas, Análisis y Evaluación de Políticas Públicas y Evaluación de Políticas Públicas. En línea a esto podríamos llegar a la conclusión de que, si bien la Evaluación de Políticas Públicas se ve integrada y goza de su instrucción en varias universidades públicas del país, su institucionalización no se ve de forma plena y su impartición suele darse de manera dispar y con un énfasis desigual en algunos aspectos, como son los criterios evaluativos. Siendo el objetivo de la nueva Ley la creación de un marco de integración común que impulse la política de evaluación de políticas públicas, la disparidad en la enseñanza podría dificultar la futura integración en el mercado laboral de estos nuevos profesionales de la evaluación que eventualmente habrán de utilizar las mismas herramientas básicas.

Remitiéndonos a la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, en su preámbulo, se argumenta como uno de los motivadores de su elaboración precisamente esto: la falta de uniformidad de la práctica de la evaluación, con más de un centenar de unidades con competencia evaluadora que presentan disparidad de criterios a la hora de definir la evaluación de políticas públicas. En esta necesidad de uniformidad se entiende el incremento en la demanda de técnicos provenientes de una formación en Ciencia Política que se especialicen en la evaluación. Con la elaboración de la susodicha ley y con la conciencia generada por la crisis del coronavirus, parece ser que la evaluación está empezando a tomar un mayor enfoque con el objetivo de alcanzar una mayor eficacia en las políticas públicas, determinar una más eficiente contribución de recursos públicos, y el aprendizaje y retroalimentación de los organismos públicos, si bien, como se mencionó anteriormente, parece ser que el ámbito académico aún no ha llegado al punto necesario para alcanzar al mundo laboral y sus demandas con respecto a la evaluación.

Para terminar y como se indicó en la sección de metodología, este trabajo presenta como principal limitación no entrar en el enfoque adoptado por el docente en el proceso enseñanza-aprendizaje. Esta limitación se puede considerar una futura línea de trabajo que aborde a partir de la revisión de los contenidos de los programas de las asignaturas de análisis y evaluación de políticas públicas, diferentes cuestiones que atañen a la formación de los profesionales. En primer lugar, el enfoque o corrientes de EPP contemplados. En segundo lugar, el contenido en sí, es decir, si la asignatura se basa en conocimientos de carácter teórico y/o práctico (es decir, si las asignaturas son teóricas y/o el componente empírico). En tercer lugar, los pesos asignados a los diferentes componentes (teoría, prácticas, exámenes, etc.) necesarios para superar la asignatura. Asimismo, esas investigaciones también deberían considerar cuestiones relativas a cómo se articulan: (i) los contenidos sobre instrumentos y técnicas (cuantitativo versus cualitativo), (ii) los diferentes materiales formativos, si se centran en casos nacionales o contemplan casos extranjeros, (iii) la procedencia de las referencias bibliográficas, si se centran en una visión “nacional” o desarrollan enfoques locales o contextuales en la EPP.