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Introducción
Colombia ha vivido un período de violencia social y política que se prolongado por más de 60 años, lo que ha traído consecuencias a nivel individual, colectivo y en proyecto de país; con múltiples intentos de negociación anteriores de las cuales se lograron aprendizajes significativos con actores al margen de la ley y autodefensas en Colombia, en 2012 se realiza una histórica negociación entre el Gobierno Santos y las FARC que concluye en 2016 con la firma del Acuerdo de Paz. Dicho acuerdo que se realizó con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) centró las esperanzas de todo un país en el cese de enfrentamientos entre una parte importante de los actores dentro de la confrontación armada; sin embargo, la guerra continúa, pues este acuerdo desató la presencia de disidencias y otros actores en los territorios que hoy son disputados por estos, ello de acuerdo con Indepaz (2020).
De acuerdo con Cardozo Rusinque et al. (2020), el incumplimiento por parte del Estado del Acuerdo se da principalmente al “desconocimiento general del Acuerdo y de su contenido, de igual forma, la falta de políticas pedagógicas para la construcción de paz” (p. 3); lo cual deja entrever que la paz es además una lucha de poderes políticos donde no todos están de acuerdo con lo pactado. Además de esto, como lo señala Coronado Riaño (2019), otro factor relevante es el desfinanciamiento de la estructura para la paz que ha causado gran deserción de estos procesos a quienes se reincorporaron a la vida civil, el Estado ha asignado el “25 % del Presupuesto General de la Nación …allí se deberían inscribir los programas de paz, pero en el plan de Duque estos no aparecen claramente definidos por ningún lado” (parr. 3). A su vez, Anzola (2010) entrevé la falta de claridad frente al destino de estos recursos:
Estos recursos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET se encuentren en una encrucijada definida por el clientelismo regional, una institucionalidad ligada a los agronegocios y una tecnocracia que limita los recursos que puedan llegar a los territorios. (p. 2)
El período de transición a la paz ha estado colmado de incertidumbres y una constante de afectaciones que aún se siguen presentando en los territorios, entre ellas el asesinato de líderes sociales que aumentó significativamente, según el informe Registro de líderes y personas defensoras de DDHH (Indepaz, 2020, p. 3), registro que abarca el período presidencial de Santos y Duque, a partir de septiembre de 2016 hasta julio de 2020, en el que se registraron 971 asesinatos a líderes sociales. En este informe cabe resaltar el enfoque diferencial en la caracterización del hecho victimizante hacia los mismos, siendo poblaciones gravemente afectadas de las cuales 342 casos hacen referencia a la población campesina, 250 casos a la población indígena, 124 casos a la población civil y las cifras restantes se distribuyen entre población afrodescendiente, minero-artesanal, ambientalista, comunal, sindicalista, representación de víctimas y diversidades, con una tendencia creciente en comparación a años anteriores.
En este proceso de transición política hacia la paz, también la desaparición forzada, catalogada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, como “un acto inhumano que transgrede la identidad, dignidad y la integridad de la persona desaparecida y la de sus familiares ya que viola múltiples derechos humanos y pretende hacerles invisibles e inexistentes para siempre” (200, p.14), sigue presentando cifras significativas, de acuerdo con el Informe sobre la situación de las Desapariciones Forzadas en Colombia expuesto ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, citado por Chinchón Álvarez y Rodríguez (2018), aproximadamente se reportan 80 000 personas dadas por desaparecidas a nivel nacional; mientras que en el RUV (Registro Único de Víctimas) se registran 160 000, de las cuales 46 000 corresponden a las víctimas directas y el resto, a sus familiares. Las anteriores cifras también revelan la enorme diferencia entre reportes oficiales y no oficiales de estos casos, lo que pone de manifiesto las disputas políticas que subyacen al conflicto y los procesos de reparación e impactos reales del conflicto.
A nivel departamental, específicamente en Meta, se registran 32 casos acumulativos desde 2016 (Indepaz y Marcha Patriótica, 2020; Gómez, 2020). De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, hasta la fecha existen 2491 víctimas del conflicto armado en el Meta; de los cuales 254 corresponden a personas en situación de desaparición forzada (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018). Un informe detallado sobre el perfil de líderes sociales asesinados indica que tanto este hecho como la desaparición forzada están fuertemente ligados, es decir, la dinámica de violencia utilizada para silenciar la vida de estas víctimas puede estar representadas en uno o en ambos delitos antes mencionados.
Frente a las disputas políticas y sociales que se disputan el gobierno, actores al margen de la ley y víctimas en la consolidación de un proyecto de paz con justicia y reparación, es necesario confirmar escenarios de opinión pública y ciudadana donde, sin duda, los medios de comunicación tienen un rol trascendental, pues según (Huerta et al., 2011), son un actor político que moldea los pensamientos, comportamientos y acciones de sus receptores.
Es hasta el periodo presidencial de Santos, en el que se inician y concretan diálogos con el grupo FARC-EP. En 2005 surge la Ley de Justicia y Paz presentada por el entonces presidente Álvaro Uribe, la cual no se lleva a cabo; por el contrario, es uno de los periodos en el que se llega a los niveles más altos de violación de derechos humanos según la organización Human Rights Watch enunciados por Carrasquilla (2020). Este suceso deja en evidencia cómo la paz y la implementación de políticas pasan a ser objeto de manipulación por parte de actores con intereses particulares. A raíz de esto, organizaciones sociales y líderes comunitarios han hecho frente al conflicto desarrollando iniciativas como la visibilización de su situación en riesgo y la búsqueda de sus familiares desaparecidos a través de acciones artísticas y populares. Para hacerlo posible se han apoyado en nuevas alternativas de comunicación, y es así cómo los medios de comunicación alternativos juegan un papel fundamental para las víctimas y sus derechos.
Teniendo en cuenta lo anterior, primero hay que reconocer que, actualmente, la sociedad se ha visto intermediada por diversos canales digitales y de comunicación que influyen en el desarrollo psicosocial de las personas, es decir, son elementos que atraviesan la vida humana en tanto al conocimiento, las emociones y las creencias culturales (Villa et al., 2020). En cuanto a asuntos políticos, estos medios han construido ideas que propician dos problemáticas principales: por un lado, se encuentra la polarización política en la que se encuentran dos posturas opuestas y rígidas en las que se busca legitimar una sola verdad y forma de gobernar; por otro lado, se genera la construcción de un enemigo, es decir, no se reconoce al Otro como ser político y se reproduce un discurso de miedo o terror frente a sus acciones, deshumanizando así a quienes no pertenecen a la misma forma de pensar (Villa et al., 2020).
Esta deshumanización del otro lleva a la idea de tomarlo como objeto, lo que Butler (2017) llama como el “merecimiento de la vida”. Lo anterior se enmarca en contextos de conflictos armados y violencias en cuanto a la manera de aprehender la vida o “de saber qué hay que reconocer, o, más bien, qué hay que guardar contra la lesión y la violencia” (p. 16). De hecho, los medios de comunicación abarcan estas nociones cuando Butler (2017) afirma que hacen parte de unos marcos de reconocimiento, es decir, aquellas vidas que pueden ser vistas ante un público y aquellas, seleccionadas por otro, que no lo pueden ser debido al poder centralizado, la deslegitimidad de la humanidad del otro y la búsqueda de una sola verdad, en palabras más específicas afirma que “es también luchar contra esas nociones del sujeto político que suponen que la permeabilidad y la dañabilidad pueden ser monopolizadas en un lugar y rechazadas por completo en otro.” (p. 249).
De acuerdo con lo anterior, los medios de comunicación cumplen un papel muy importante en la construcción de memoria colectiva debido a que no solo influyen en la opinión pública y en el debate político sino también en el reconocimiento de narrativas historias que no son contadas de manera amplia, así mismo se ve limitado el contenido y planteamiento de lo que se transmite.
Lo anterior está fuertemente vinculado con la “necropolítica” al comprender la dinámica de selección de vidas garantizadas y protegidas en caso de que estas se alineen con la posición de quien se encuentra en el poder, esta se desliga de la biopolítica, entendida como el poder de conducir conductas, es decir, no actúa sobre las personas, sino sobre sus acciones, conduciéndolas, facilitándoles, dificultándose, limitándolas o impidiéndolas. De este modo, las relaciones de “poder se vuelven de dominación cuando son bloqueadas con técnicas que permiten dominar la conducta de otros” (Estévez, 2018, p. 3). Lo anterior implica comprender que no solo es el poder de discernir la subjetividad de las personas, sino que también domina y pone estos discursos en las políticas públicas sobre el accionar de las personas, vinculándose con la gestión de la vida humana. A partir de esto, para Mbembe (2011), Valencia (2010) y Valverde Gefaell (2016) “la biopolítica, es un punto de partida primordial para el análisis de las relaciones de dominación” (p. 18).
Mbembe (2011) describe que es insuficiente explicar las relaciones de poder donde la violencia criminal y del Estado revelan que el objetivo principal es la regulación no de la vida, sino de la muerte, es decir, que donde se proporcionan estos objetivos no se podría categorizar como biopolítica (política de la vida) sino como necropolítica (política de la muerte), este término es utilizado “para analizar el uso de masacres, ejecuciones, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, feminicidios y el desplazamiento forzado” entre otros (Estévez, 2018, p. 28); es así que se entiende que la necropolítica hace caso omiso a los derechos humanos colocando en primer lugar el control, el poder y la violencia.
El problema radica en la desaparición de la verdad, de las memorias, de la historia y de lo que representa la humanidad. Por lo tanto, se genera una alteración en la historia donde se presentan vacíos que se llenan con una narración incompleta mediante el silenciamiento y el terror, a lo que contribuyen los diversos canales de comunicación; sin embargo, existen medios alternativos que, bajo una propuesta ética y política de reivindicar el derecho a la verdad de las víctimas y las comunidades, generan procesos de memoria y reconocimiento a través de plataformas visibles como lo son las redes sociales actualmente, lugares de memoria contemporáneos en los que se depositan las historias subalternizadas.
Abordaje metodológico interpretativo de la investigación.
La investigación en el reconocimiento de este escenario de tensión y disputa por la verdad y la memoria, parte de poner en el centro la imperiosa necesidad de develar las acciones que a nivel territorial la población civil hace para denunciar e informar a la ciudadanía por la constante violación de derechos humanos y sobre todo de delitos referidos a la desaparición forzada y asesinato a lideres sociales en el departamento del Meta, que históricamente ha sido un territorio de alta conflictividad. Para ello, desde un análisis de tipo cualitativo y siguiendo a (Sampieri et al., 2014) se analiza la naturaleza y narrativas expuestas por los Medios de Comunicación Alternativos MCA sobre dichas afectaciones, que adicionalmente visibilizan las constantes en estos daños y sus repercusiones en el territorio.
Desde este enfoque, se evidencian contenidos periodísticos que desde Fernández-Flórez (2009) subyace al análisis de contenido como técnica que acerca adicionalmente al lector no solo a lo que cuanta la noticia sino a lecturas globales de un contexto local y que de acuerdo con lo que señala Peña y Pirela (2007); también dan cuanta de fuentes de información que se presentan como denunciantes y ciudadanos activos que hacen parte de una lucha por la verdad. Teniendo en cuenta las anteriores especificidades, el proceso investigativo realizó el rastreo de MCA que hicieran uso de plataformas virtuales como Instagram, Facebook, páginas web o blogs para informar dichas afectaciones dadas en el departamento del Meta durante los años 2017-2020; los medios de comunicación seleccionados fueron aquellos que se autodenominaron como MCA y que cumplían esta función de informar o denunciar desde formas contrahegemónicas al Estado y que por su incidencia en el territorio tuvieron más de 300 reproducciones de sus noticias en dicho período.
Resultados
Este apartado ilustra los medios de comunicación Alternativos MCA que informaron y difundieron noticias relacionadas con casos de desaparición forzada y asesinato de líderes sociales en el Meta en el periodo seleccionado, cabe anotar que este periodo es justo el que se podría denominar como un periodo de transición política después de la firma de los Acuerdos; con relación a ello especifica su naturaleza, el tipo de narrativas utilizadas en su ejercicio comunicativo; ello referido al tipo de herramientas visuales o mediales que usan para tal fin y las acciones o estrategias utilizadas para difundir dichos contenidos. Esto es relevante en tanto muchos de ellos incorporan a su misión acciones colectivas de tipo comunitarias y sociales en pro de generar escenarios políticos de incidencia, posteriormente a ello se expone un análisis detallado de lo que logró sistematizarse en este proceso.
Posteriormente el análisis refleja los perfiles de las personas que sufrieron estas afectaciones, dando alertas frente a regiones donde con mayor énfasis se presentan estos y las edades y roles que los lideres y personas desaparecidas cumplían en sus comunidades; desde allí intenta también enunciar a los sujetos y realizar con este proceso un acto de memoria y dignificación con personas que quizá para la estadística estatal por muchos años quedaran en el olvido pero no para sus familiares y entornos comunitarios y sociales.
Los MCA seleccionados se ubican en esta categoría porque no son medios que operen con financiación estatal o con apoyo de entidades o grupos económicos con influencia directa en este, sino que operan desde recursos y acciones gestadas desde los movimientos o colectivos de defensores de derechos humanos en el país y que en particular tienen influencia en el territorio del Meta, por lo tanto los casos aquí expuestos no fueron visibilizados en medios de comunicación tradicionales (hegemónicos) en el período seleccionado.
En la tabla 1 se evidencia que los medios de comunicación alternativa un cubrimiento territorial amplio, si bien varios pertenecen al territorio en mención, hay medios como Trochando sin Fronteras de Arauca o Agencia Prensa Rural de Magdalena Medio que están en el trabajo de transmitir las narrativas sin importar ubicación geográfica, lo cual puede obedecer a la dinámica de múltiples hechos violentos de quienes padecen estas difíciles situaciones como desaparición forzada y homicidio de sus seres queridos, esto conlleva en varias ocasiones al desplazamiento forzado de las familias y conocidos.
Las tablas dan a conocer el tipo de narrativas que cada medio de comunicación utiliza para la transmisión de las historias de las comunidades, entre ellas encontramos las narrativas literarias, audiovisuales, gráficas, sonoras y/o fotográficas. Esto resulta en una convergencia narrativa en la que se reúnen de manera armónica y se presentan ante el público como una sola historia contada desde varios sentidos y lograr transmitir lo que se vivió al momento del hecho de tal manera que no solamente visibilice, también sensibilice y llame a la movilización por una justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.
Estos medios reconocen la fuerza del discurso político y los procesos pedagógicos que contiene para configurar ideas sociales y emociones colectivas; lo que puede contribuir a la construcción de paz y búsqueda de la verdad. Por lo anterior, es importante resaltar que los MCA describen los hechos y perfiles con el fin de visibilizar a las víctimas y anular el estigma, el prejuicio generado por otros medios de control político y económico. Es así cómo se rompen los marcos de guerra de Butler (2017) para humanizar “otras” vidas que se reconocen en el dolor y las memorias colectivas de sus familias y sus comunidades.
Quiénes eran los asesinados y desaparecidos
Los medios de comunicación analizados visibilizan casos de desaparición forzada y asesinato de líderes sociales, de lo cuales se infiere una relación con múltiples hechos victimizantes como la tortura y amenaza dirigidos tanto a hombres como a mujeres entre los 20 y 81 años. Esto es mucho más que cifras incluidas en el registro de desapariciones y asesinatos; es comprender la gravedad del incumpliendo de los acuerdos y de los hechos sistemáticos que no discrimina sexo, género ni edad. Aun teniendo en cuenta esto, los casos encontrados para la realización de esta investigación no identificaron grupos étnicos, lo que podría ser objeto de nuevas investigaciones.
Adicionalmente, reconocer al territorio como espacio de disputa y vulnerable a la violación de derechos es de suma importancia cuando no existen medios que visibilicen el conflicto y los asesinatos selectivos y sistemáticos. Lo anterior, a partir de comprender el proceso histórico migratorio para la repoblación de los Llanos, en primer lugar, la siembra de cultivos ilícitos, el traslado de conflictos entre familias y bandos; y la llegada de las FARC a este territorio una vez parten del Tolima hacia el Meta donde se asientan para ampliar su poder militar y social (Gobernación del Meta, 2016).
Con la llegada de las FARC y diversas problemáticas sociales, económicas y políticas, entre los años 60 y 80 se consolidan las bases guerrilleras apoderándose de puntos estratégicos como el Municipio de Uribe, los ríos Ariari, Guayabero y Duda, lo cual lleva al enfrentamiento con la fuerza pública y varios intentos de acuerdos de paz los cuales fracasan y desprenden nuevamente un nuevo ciclo de violencia que después serán enfrentados por la Seguridad Democrática del expresidente Uribe. Sin embargo, las FARC y demás guerrillas no son las únicas presentes en el conflicto contra los gobiernos, se reconoce la existencia de paramilitares desde los años 50, pero es hasta los años 80 que toman fuerza bajo la causa de la lucha contra la insurgencia comunista cometiendo actos violentos como las masacres en Mapiripán y las confrontaciones sangrientas en los Llanos Orientales con otros actores armados ilegales en los 2000 (Gobernación del Meta, 2016).
En esta investigación se resaltan los municipios de Mapiripán, Mesetas, Vistahermosa, Uribe, El Castillo, Puerto Rico, La Macarena y San Martín, y las veredas correspondientes donde ocurrieron los hechos victimizantes aquí señalados, con lo cual podemos analizar que siguen siendo territorios en conflicto y se han sometido a diversos procesos de acuerdos de paz con la esperanza de la garantía del derecho a la No Repetición, el cual una y otra vez ha sido vulnerado y, por consiguiente, el derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación también lo serán.
Ahora bien, desde un enfoque de dignificación es importante dar a conocer quiénes son las víctimas específicas de estos hechos violentos. En esta investigación se encuentran líderes sociales o personas con labores campesinas, cayendo en la estigmatización de población vulnerable como potencia de enemigo, opositor o vinculado con trabajo del bando contrario quienes cumplían con labores como trabajo campesino, comunitario en las Juntas de Acción, de reincorporación, coordinación de programas sobre cultivo de Coca, integrantes de partidos políticos de izquierda. Esto no solamente se asocia a sus papeles o actividades sociales, también se vincula a aspectos históricos anteriormente expuestos en el análisis territorial, donde las migraciones, asentamientos, desplazamientos y proyectos sociales instaurados por guerrillas, paramilitares, bandas criminales juegan un rol importante que avala prejuicios y rechaza a sujetos políticos de derechos humanos.
En el departamento del Meta, en Colombia, donde se ubican los municipios mencionados, se han vivido y relatado episodios permeados de profunda violencia, los cuales han tenido un lugar anunciado desde lo colectivo hasta lo medial, con una fuerza reconocible y disposición de continuidad en algunos campos sociales desde la década de los noventa. Episodios que se gestaron e hilaron durante periodos presidenciales desde el periodo Álvaro Uribe (2002-2010), pasando por Juan Manuel Santos y el Acuerdo de Paz (2010-2018) e Iván Duque (2018-presente), en la coyuntura actual. Siendo el acuerdo de paz el punto de partida para desarrollar el rastreo a través de medios de comunicación alternativos, los cuales relatan hechos de violencia que se han presentado, denunciado e investigado.
De acuerdo con lo anterior, han sido hechos que han llevado a profundizar sobre el concepto de desaparición forzada tanto en el territorio como en la estructuración del significado, que ha desencadenado una inquietud colectiva en las comunidades con más casos reportados sobre hechos de continua violencia, como también ha permitido la búsqueda de actores tanto responsables como afectados, el hecho de la mirada internacional. El Consejo de Redacción, organización que se dedica al periodismo de investigación, realizó un reporte que incluyó informes, archivos y fotografías reportando casos, alianzas y denuncias desde 1977 hasta 1988, desde el cual se desencadenó un interés por demandar y reconocer la verdad de los crímenes de lesa humanidad que ya no cabían en la justificación de una guerra que trasgredía al paso del tiempo, donde el asesinato y secuestro, pasaban de un dolor cotidiano ya reconocido y anunciado, a un nuevo mecanismo desde el cual se presentaban formas más estridentes de violencia, la desaparición forzada.
De acuerdo con Gutiérrez-Peláez (2009) frente a la desaparición forzada existen afectaciones de carácter emocional, de orden familiar y relacionadas con la memoria individual y colectiva que tardan mucho en ser procesadas, ello se vincula adicionalmente con la incertidumbre y un constante sentimiento por el no olvido. En este mismo sentido, Tizón (2004) afirma que el duelo que se vive frente a este proceso tiene relación con entramados socio culturales que se manifiestan en la imposibilidad de hacer rituales, en su monografía Pérdida, pena, duelo: vivencias, investigación y asistencial deja entrever que ello no solo se trataría de un asunto del orden familiar sino de un entorno que también sufre afectaciones en estos órdenes.
En el caso puntual del departamento, se encuentra que la matriz nos enseña una distribución de procedencia, los tres municipios que más albergan casos son: Mapiripán, La Macarena y Mesetas registrando tres casos por cada uno de ellos, según el rastreo documental desarrollado en el periodo de publicación de 2017 a 2020, enfocado a medios de comunicación alternativos en el departamento del Meta.
Teniendo presente que la firma de los acuerdos de paz se finalizó en 2016, periodo Juan Manuel Santos, así todo siguen dando registro de casos de desaparición forzada y asesinato a líderes sociales. Se registraron dos mujeres y 12 hombres los cuales pertenecían a organizaciones que se involucraron en actividades sociales, siendo siete de ellos campesinos, tres pertenecientes a la junta de acción comunal, y cuatro con un registro no muy claro de su actividad social. No se encuentran casos de menores de edad, sin embargo, por medio de testimonios se ha corroborado que se mantienen estos hechos persistentes en los diferentes municipios del departamento del Meta.
Las narrativas encontradas en estos medios de comunicación alternativa responden a una cultura digital por lo que permite construir relatos, historias y acontecimientos a través de lo transmedial, es decir, se hace uso de diversas plataformas para visibilizar el contenido de diversas formas: audio, texto e imagen. En esta matriz se encuentra que dicha información se construye en colectivo, con el fin de transmitir de distintas maneras las verdades de cada comunidad, familia o individuo.
Según Jenkins (2006), las narrativas transmediáticas pretenden el aprovechamiento de cada particularidad o capacidad de cada medio para así generar un entramado narrativo complejo, sin desconocer o considerar obsoletos los medios anteriores a este, ya que también harían parte de la convergencia cultural de las narrativas a través de su resignificación o adaptación a la cibercultura o a través de diferentes medios como: el cine, las videografías, el internet, la literatura, la escritura textual y los tipos de lenguajes, ya sean verbales, no verbales, simbólicos o iconográficos (Jenkins, 2006). Desde esta narrativa se busca explotar las cualidades y capacidades de cada medio desde la creación de contenido, desde ahí la dispersión de la información es fundamental para comprender lo que el consumidor lee para pasar de ser un receptor pasivo a un agente activo en la búsqueda, recuperación y verificación de la información.
Lo anterior, permite reafirmar la construcción de memoria colectiva por medio de depositar narrativas diversas ya sean orales, gráficas, audiovisuales y literarias que convergen en estas plataformas creadas por los medios de comunicación alternativa con un trasfondo de circular la verdad que no se cuentan en los medios tradicionales con el fin de generar otra opinión más crítica frente a la gestión del gobierno en turno, de las políticas públicas, despertar la sociedad sobre la realidad del territorio y, sobre todo, reconocer el dolor colectivo de una comunidad que intenta reescribir la historia tomando como base sus memorias militantes, aquellas recuperadas de sus desaparecidos y líderes sociales asesinados.
A partir de esto Rodríguez y Lévy (2014) se acuñó el término inteligencia colectiva, para referirse a las nuevas estructuras sociales que permiten la producción y circulación del conocimiento dentro de una sociedad conectada. Para comprender las narrativas convergentes que surgen en relación con la Memoria de las víctimas y que han sido silenciadas u ocultadas, es necesario reconocer en ellas las historias subalternas, aquellas que no corresponden a lo “oficial” sino que reflejan una “Memoria Colectiva” concepto acuñado por Halbwachs (1992, pp. 53-78) para referirse al proceso social que se realiza para resignificar el pasado y construir una historia desde abajo, es decir, desde un grupo determinado, una comunidad o sociedad que resalte, precisamente, aquellas acciones “no heroicas” que permita una comunicación de la identidad colectiva, el empoderamiento comunitario y la dignidad.
Discusión de orden teórica
Emergencia de los medios de comunicación alternativos
De acuerdo con Pazos (2019), los medios de comunicación se reconocen como un actor político con poder, configurándose con el sistema judicial, legislativo y administrativo como un eje central que infiere en el Gobierno y del cual este se vale; estos por lo tanto han estado presentan y han existido bajo la sombra de las élites estatales y empresariales, difundiendo estratégicamente una mirada unipolítica de la realidad. En concordancia con Pazos (2019) y Cárdenas (2015), los medios de comunicación son artefactos de vigilancia y actores de poder con la capacidad de generar y crear opinión política y por lo tanto de acuerdo con política (Federación Internacional de Periodistas, 2016) generan agendas y su concentración en las élites hegemonizan discursos, prácticas y limitan la expresión.
Son los medios los encargados históricos de informar a través de discursos e imágenes, y se esperaría de ello visiones plurales, en este sentido no solo informan, sino que legitiman contenidos (Cárdenas, 2015); narran por lo tanto visiones de mundo, construyen sentidos en torno a la violencia, la paz o la guerra, y aportan a que “la ciudadanía y los distintos actores construyan su propia perspectiva del conflicto y a perpetuar condiciones culturales estructurales que alimentan la continuidad de la violencia en todo orden” (Cárdenas, 2015, pp. 42-43). Los medios de comunicación que han sido adaptados por aparatos homogenizantes se les ha denominado medios de comunicación tradicionales, en contraposición a aquellos que subyacen en las márgenes, los cuales tienen como propósito contar otras verdades, en los que Ayala (1996) destaca los MCA y su presencia como propuesta ante la monopolización de la información.
Para Ayala Ramírez (1996, p. 121), lo alternativo obedece a medios que pretender abrir el espectro y el lugar que ocupa el receptor de la información, adicionalmente a ello poniéndolo en primer plano; una alternativa de construcción y lugar de ciudadanías activas y que reclaman otras verdades, pero que a la vez pueden acceder a canales para hacerlo. Lo anterior resulta relevante si lo pasamos al lugar que estos pueden tener en la construcción de memoria colectiva en escenarios de conflicto o transición política donde según García (2017), “la subjetividad es influenciada por el discurso hegemónico reproducido desde los medios de comunicación, siendo así que ese discurso se entiende como un tipo de memoria que quiere decir algo acerca de aquel que la organiza” (p. 99).
Humanes et al. (2013) señalan que “los medios de comunicación tradicionales no son pluralistas en términos informativos, no suelen representar intereses diferentes a los suyos propios ya sean ideológicos, económicos, políticos, lo cual se convierte en una barrera informativa que afecta la equidad” (p. 7), lo que evidencia una limitación frente a discursos subalternizados que no logran tener en ocasiones un lugar de expresión, en tal sentido, los MCA tienen la alternativa de contribuir a construir memoria desde las márgenes, comprendida esta y en palabras de Nora (2008) como:
La memoria es la vida, siempre encarnada por grupos vi-vientes y, en ese sentido, está en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia, inconsciente de sus deformaciones sucesivas, vulnerable a todas las utilizaciones y manipulaciones, capaz de largas latencias y repentinas revitalizaciones. (pp. 20-21)
En esta misma vía, Halbwachs (1992) describe a la Memoria Colectiva como un constructo de relatos, narrativas que no se define con un solo relatos y que como lo afirma (Martín-Baró 1983 citado en Villa, 2014), “es la relación del grupo que recuerda, situando al sujeto en una estructura social” (p. 81), la construcción de memoria colectiva requiere de discursos plurales, no homogenizantes que estén ligados a reflexiones sobre lo acontecido y como lo señala Castillo (2016):
La intensa presencia de los medios de comunicación y su influencia ha posibilitado que se profiera mucho sobre su poder y de las funciones y posiciones que ocupan en la dinámica política. Desde definidos como cuarto poder hasta contrapoder, pasando por la influencia que pueden ejercer sobre los decisores públicos como sujetos que manifiestan públicamente las opiniones de los ciudadanos. (p. 9)
Para Erll (2012), “La memoria colectiva es un concepto genérico que cobija todos aquellos procesos de tipo orgánico, medial e institucional, cuyo significado responde al modo como lo pasado y lo presente se influyen recíprocamente en contextos socio culturales” (p. 45), y en ello el rol de los medios de comunicación en fundamental.
Verdad y posverdad como elemento activo en todo momento histórico
La concepción que se ha tenido en torno a la verdad y el derecho al propio término ha sido por designio innato (Bernales, 2014). Como se conoce desde diferentes instituciones no gubernamentales y organizaciones, ha sido siempre contemplada como adyacente al “debido proceso” es decir, se da por hecho que la verdad tenga que estar presente en cada persona, integrándola como derecho autónomo, cabe resaltar que reconocer la verdad de esta forma no es suficiente para su correcta implementación, lo que actualmente está en juego para una verdad implementada desde lo jurídico es que esta sea reconocida desde la formalidad en los convenios internacionales, “como en las cartas fundamentales de los Estados” (Bernales, 2014, p. 34).
Si hablamos desde la historia, la verdad ha estado directamente ligada al paso de las víctimas, consigo, a las múltiples crisis humanitarias de diversa índole, ya sea que estas se den por gobiernos autoritarios, o por una trascendencia de hechos y condiciones indignas en determinados territorios. Siendo esto así, la verdad se desarrolla en términos de buscar respuestas por hechos violentos que dejan sin rastro alguno a las personas que se ven involucradas en estos, en especial a las familias y/o comunidades a las que pertenecen las víctimas, alrededor de la búsqueda de respuestas surgen interrogantes como ¿por qué ocurrieron los hechos? En el caso de la desaparición forzada, ¿Dónde están?
Durante el proceso de paz colombiano, la verdad ha sido reconocida como uno de los puntos del acuerdo pactado en el 2016, las víctimas se han preguntado por décadas cuál es la verdad detrás de las injusticias que han atentado contra la vida e integridad de sus familias y comunidades. Este proceso ha permitido entonces que se exija la verdad desde una respuesta institucional que concrete y permita continuar el proceso de paz desde todos sus actores. En el momento en el cual las expectativas de la verdad no se cumplen, como en el caso colombiano, estas exigencias se empiezan a percibir desde las víctimas y personas que aclaman la verdad como un claro abuso del derecho visto desde el ámbito político, dejando de lado el reconocimiento de esta como un hecho que permite el desarrollo de la justicia social, la verdad pasa entonces a un lugar en la política que toma posiciones polarizadas en un contexto de exigir respuestas a través de la emocionalidad negativa, por consiguiente deja de lado la dignidad de la persona como causa fundamental para la búsqueda y exigencia de una verdad.
Desde la percepción de los medios difusores, entra en juego la discusión hegemónica que toma el discurso de verdad, este puede ser aceptado o rechazado socialmente, pasando a sustentar y fortalecer el discurso político un hecho dignificante, ¿es esta verdad manipulada por un interés de carácter privado, lo que no muestra la realidad es que las víctimas que claman verdad durante el proceso siguen siendo las más afectadas, por el hecho de sufrir directamente el crimen, rememorar los sucesos en el proceso judicial, esperar largos trámites burocráticos que les brinden respuestas claras, siendo que estos han trascendido tanto a lo largo del tiempo donde terminan por olvidarse, manipularse, o en el peor de los casos generar amenazas hacia la misma colectividad que exige la narración y el reconocimiento de la verdad. Se desarticulan entonces las mismas víctimas de los procesos de paz, pierden la esperanza en el diálogo y vuelven a caer en el rechazo, con justa razón, de una oportunidad de reivindicar su dignidad y reconstruir el tejido social.
Conclusiones
Los datos expuestos en el periodo 2017-2020 en nueve MCA dan cuenta de una continuidad en la presencia de asesinatos a líderes sociales y personas dadas por desaparecidas en el departamento del Meta, de lo cual se infiere que estos delitos siguen operando como medios de presión y represión de las personas que habitan en este territorio; si bien en los datos registrados no es evidente en muchos casos quién o quiénes realizaron estos delitos es evidente que son actores que siguen operando en la clandestinidad o con esquemas de guerra activos en estos territorios.
La investigación no cubre el periodo posterior a 2020, por lo cual este es un llamado a sistematizar esta información y realizar posibles análisis de las variaciones y particularidades que han tenido estos hechos frente al cambio de gobierno y la apuesta por la “Paz total” del actual presidente Petro; frente a lo cual se pueden analizar otros factores no explorados aquí.
Las voces acalladas en estos delitos representan un grupo históricamente afectado por el conflicto como lo son los campesinos; por lo cual vemos como un camino positivo la reciente disposición de nombrarlos sujetos de reparación y especial protección; esto, como seguridad, será una plataforma para visibilizar múltiples afectaciones que aún se siguen presentando, pero sobre todo, las medidas y políticas para proteger, reparar y acompañar sus procesos desde perspectivas diferenciales.
Los MCA alternativos indagados representan iniciativas colectivas que tienen como uno de sus propósitos generar opinión política crítica y dar herramientas a la ciudadanía para ocupar el espacio de la comunicación como campo de debate, denuncia y posicionamiento. Además, estos medios acompañan su accionar con procesos colectivos de movilización, seguimiento y constante denuncia de violaciones cometidas a los derechos humanos en esta región y en el país. Particularmente en esta investigación se hizo énfasis en la región del Ariari, pero algunos de estos medios cubren otras regiones donde el conflicto ha sido igualmente agudo.
