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Pontón, D. (2022). Las nuevas cárceles en Ecuador: un ecosistema para la reproducción del crimen complejo Universitas-XXI, 37, pp. 173-199. https://doi.org/10.17163/uni.n37.2022.07

Introducción

A partir de 2019, se ha visto un fenómeno sin precedentes en el Ecuador. Más de 400 muertos han dejado violentos enfrentamientos entre bandas criminales carcelarias, que ha sorprendido a la comunidad por su alto nivel de brutalidad y sadismo debido a una cantidad de mutilaciones y decapitaciones que han conmovido a la opinión pública nacional e internacional. El hecho más grave ocurrió en septiembre de 2021 cuando fallecieron unas 120 personas en la Penitenciaría del Litoral. Según diario ^{El Universo (2021)}, en el 2021 murieron en este tipo de enfrentamientos alrededor de 320 personas privadas de libertad (PPL) en varios centros penitenciarios del país. Como se puede observar en el siguiente gráfico, la tasa de muertes carcelarias por cada 10 000 habitantes, superó los 83 por cada diez mil prisioneros y es de lejos el año más violento de la historia del Ecuador.

Nota. Ministerio de Gobierno (2022).

Gráfico 1 Violencia en las cárceles del Ecuador 

La violencia al interior de las cárceles ha sido un proceso creciente que no ha tenido freno. Esto ha llamado la atención de varias organizaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos que buscan presionar por correctivos estatales para frenar estas masacres y varias recomendaciones de política pública de implementación urgente y en el mediano y largo plazo (^{Asamblea Nacional del Ecuador, 2021}; ^{Corte Constitucional del Ecuador, 2021}).

Diversas hipótesis se han construido para explicar la crisis penitenciaria en Ecuador. Los estudios, que en realidad son informes o reportes institucionales y de la sociedad civil concuerdan que el problema es multicausal. Se pueden dividir en factores estructurales como las deficiencias en la provisión de servicios sociales al interior de los centros penitenciarios (salud, alimentación, costo de la vida) (^{Kaleidos, 2021}); hacinamiento, sobrepoblación, megacárceles, autogobierno, política de drogas (^{CIDH, 2021}), entre otras cosas. Por otro lado, existen explicaciones sobre el predominio de lógicas inherentes al sistema penitenciario como la corrupción, organización social de las cárceles (^{Kaleidos, 2021}); y explicaciones más coyunturales como limitaciones en la gestión de la seguridad penitenciaria, falta de presupuesto (^{Asamblea Nacional, 2021}). También sobresale explicaciones como la ausencia de política de rehabilitación social (^{Secretaría de Derechos Humanos, 2022}); incumplimiento estatal a las disposiciones constitucionales (Corte Constitucional, 2020), entre otras. A pesar de esto, ha destacado la tesis (sobre todo en la opinión pública) de que la crisis se ha producido por un enfrentamiento entre bandas criminales por el control de negocios ilícitos, principalmente el narcotráfico (^{Plan V, 2021a}).

Muchas de estas aproximaciones contribuyen sin duda a la comprensión parcial de la problemática. Lejos de negar la multicausalidad del problema, es necesario decir que estos factores adquieren una dimensión espacial aportando a la idea de un “ecosistema” capaz de reproducir nuevas dinámicas criminales que han derivado en prácticas hiperviolentas de expresión. Aunque es importante reconocer que la relación entre el espacio carcelario, violencia y criminalidad no es nueva ni novedosa, se puede afirmar que la actual configuración de la nueva infraestructura penitenciaria en Ecuador se ha constituido en una especie de catalizador de la violencia criminal y su expansión. Además, una variable ineludible en el análisis de la criminalidad compleja en Ecuador es la actual infraestructura del sistema penitenciario en Ecuador. ¿Cómo se ha dado paso a la generación de este ecosistema? ¿Cuáles son sus factores?

Esta investigación pretende analizar cómo la nueva infraestructura de las supercárceles ecuatorianas ha constituido un ecosistema hiperviolento adaptativo y peligroso que actualmente muestra nuevas y reproductivas formas de proyección de criminalidad compleja. Se argumentará que, debido a la confluencia del narcotráfico, la gestión penitenciaria, el autogobierno carcelario y las megabandas, la infraestructura actual de las nuevas cárceles en Ecuador se ha convertido en un ecosistema criminal hiperviolento con capacidad de una peligrosa reproducción del crimen complejo debido a la confluencia en ese espacio.

Este artículo consiste en un análisis sobre la crisis del sistema penitenciario en Ecuador y su explosiva violencia entre 2019 y 2021. Este recorte temporal se hará en función de que es aquí donde se empieza a evidenciar un repunte creciente de violencia; no obstante, existen múltiples factores analizados que ya se encontraban instalados desde antes de esta fecha como la infraestructura carcelaria, el narcotráfico, el autogobierno penitenciario, la gestión carcelaria. Sobre esta realidad se ha construido el concepto de ecosistema criminal, para dar cuenta de las condiciones que han alterado el manejo de esta nueva infraestructura carcelaria en Ecuador reproduciendo sistemas de criminal compleja con amplios niveles de conexión con el mundo exterior. La unidad de análisis se focalizará específicamente sobre los cuatro centros penitenciarios de mayor envergadura en Ecuador (Latacunga, Turi, la Regional del Guayaquil y sobre todo la Penitenciaría del Litoral).

Ilustración 1 Esquema analítico 

Dada la clandestinidad del mundo criminal y la fragmentación y discontinuidad de la información, el estudio, por tanto, se sostendrá en inferencias indiciales (escrutinio de indicios de hechos anómalos pero fragmentados) (^{Giménez Montiel, 2012}). Para ello, se aplicará la estrategia de la triangulación analítica (Espinosa, 2009) a través de una combinación de fuentes cuantitativas (documentos oficiales, reportes, estudios sobre la temática, normativas, y fuentes periodísticas de investigación) y fuentes cuantitativas estadísticas oficiales carcelarias y policiales. Se dará privilegio a los reportes de instancias nacionales e internacionales generadas alrededor de la crisis del sistema penitenciario. Se empezará haciendo una reflexión teórica sobre la perspectiva de cárceles como ecosistema criminal. Luego se analizará la actual crisis carcelaria y la dinámica criminal en el Ecuador. Posteriormente se abordará los factores coadyuvantes que están alimentando este ecosistema criminal en Ecuador y, por último, analizaremos el potencial de reproducción regional que el sistema penitenciario aporta al crimen organizado

Las cárceles como ecosistema criminal

Para una comprensión de la cárcel como ecosistema criminal es necesario hacer una aproximación ecológica al problema de la criminalidad. Esto remite directamente a la vieja corriente criminológica estadounidense denominada “Escuela de Chicago”, la cual dio paso a la creación de una tradición eminentemente sociológica para la explicación de la criminalidad urbana que actualmente le denominamos “común”. Esta perspectiva tomada de biología cobró valor por la introducción de la variable espacial para la explicación del crimen.

A partir de esta perspectiva, estos ecosistemas criminales son producto de factores sociales, individuales y ambientales que se adaptan y reproducen nuevas realidades criminales en contextos de nivel de cambio y transformación social^[1] (^{Downes y Rock, 2011}). Es decir, parafraseando a ^{Álvarez y Rodríguez (2018, p. 10)} un “ecosistema criminal se constituye el escenario donde actores legales e ilegales convergen en un mismo espacio y forman una serie de relaciones de interdependencia, que alteran el equilibrio existente e incluso generan jerarquías”. La zona o territorio es el factor criminógeno que prevalece sobre conductas individuales; por tanto, tiene una alta capacidad de producción de nuevas formas de organización social, independientemente de conductas individuales.

Perspectivas más actualizadas de esta dimensión ecológica dan cuenta de prácticas criminales complejas en contextos sociales frágiles y con limitada capacidad de regulación estatal. Es este sentido, ha aparecido el concepto de “ecosistemas transgresores” definido como un constructo socioespacial que más allá de factores estructurales explica la predisposición de ciertas zonas y grupos humanos a transformar adaptativamente esquemas de ilegalidad. Nuevos tipos de autoridad territorial, economías parasitarias, y autorregulación social han dado paso a nuevos órdenes sociales. Este esquema está basado en “interacciones entre agentes racionales comprometidos con las lógicas de capitalización y actores oportunistas, que establecen entre ellos relaciones simbióticas y funcionales como una forma de negociar poder y beneficios mutuos” (^{Bobea, 2015, p. 80}). La alteración de cualquier factor altera adaptativamente las interacciones sociales de estas zonas, produciendo trasformaciones cuantitativas y cualitativas en las prácticas criminales, es decir, una recurrente mutación criminal (^{Bobea, 2011}).

No obstante, este esquema socioespacial ha sido poco abordado para analizar las dinámicas carcelarias. Al ser un espacio donde por naturaleza se nutre a manera de repositorio de la sanción de la ilegalidad, los estudios clásicos de los estudios paneles se han centrado sobre la idea funcional de la cárcel como mecanismo útil para contener la delincuencia, o en el mejor de los casos hacer mejores seres humanos (^{Garland, 1999}; ²⁰¹⁸). Dado esto, la cárcel ha sido espacio natural de las pretensiones etiológicas del criminólogo positivista, pero no ha sido analizado por el esquema de reproducción, adaptación y transformación de la dinámica criminal. La idea paradojal de que la cárcel es la “universidad del delito” es más un sentido común que una práctica de análisis académica en sí misma. De igual forma, la perspectiva de los mercados criminales de que el endurecimiento de las penas sobre la transacción de ciertas mercancías prohibidas trae aparejado una mayor proliferación de la rentabilidad criminal (^{Andreas, 2013}), parece ser más una afirmación económica de la paradoja del castigo antes que una exploración sociológica a la forma de reproducción del mundo criminal al interior de estas instituciones.

Los estudios sobre el funcionamiento y el espacio del mundo carcelario pueden encontrarse en la obra de ^{Foucault (2008)} sobre la vigilancia y el castigo. Aquí da cuenta de las tecnologías específicas del poder penal y las racionalidades o saberes que se desprenden de estas medidas. Si bien el análisis de Foucault es una microfísica del poder que versa sobre la evolución de las instituciones penales y el aparecimiento de los centros penitenciarios modernos, también es una comprensión general de las formas de ejercer el poder sobre los individuos en las sociedades modernas. Este esquema de poder y violencia es el origen analítico de las sociedades disciplinarias donde el poder se hace explícito de manera física, anatómica y subjetiva provocando un paulatino proceso de normalización individual de los internos. Sin embargo, es necesario ir más allá del sistema carcelario. El mismo ^{Foucault (2008)} hablaba de la necesidad de dar cuenta de los efectos de las variables exógenas al sistema penitenciario que influyen sobre nuevas formas de reproducción de la vida social, el esquema de ilegalidad, violencia y nuevos tipos de autoridad. Una de las limitantes de este enfoque es que no da cuenta de los mecanismos adaptativos de resistencia al poder, organización, autorregulación y negociación con la autoridad. La perspectiva foucaultiana, en definitiva, no mira el proceso de adaptación, reproducción y transformación de ilegalidad y violencia en las instituciones carcelarias.

En la línea de Edwin Sutherland (citado por ^{Pires et al., 2016}), las prisiones serían por excelencia un espacio de transmisión prolífica de valores y técnicas criminales. Pero estos valores y técnicas no pueden ser concebidas sin una compleja intersección y yuxtaposición de variables exógenas y endógenas que dan vida al mundo criminal a través del espacio carcelario. La agencia criminal, en este sentido, no puede ser concebida sin el factor espacial, propio del enfoque ecológico del crimen.

Violencia, cárceles y crimen complejo

La violencia es una característica inherente al mundo carcelario. Sufrimientos, penas, dolor, torturas y lamentos son parte de la oscura y silenciosa historia del mundo carcelario que solo se conoce por fragmentados relatos de periodistas, defensores de derechos humanos, académicos, funcionarios y reos. En la perspectiva foucaultiana, la cárcel es un esquema de vigilancia y castigo que busca controlar y disciplinar individualmente a un espectro importante de población que ha transgredido la Ley (^{Foucault, 2008}). No obstante, este tipo de violencia institucional o “legítima” no es la única. En realidad, en el mundo carcelario coexiste una serie de violencias ilegítimas que van desde violencia interpersonal (agresiones) y criminal (asesinatos, extorsiones), violencia de resistencia y rebeliones y otro tipo de violencias instituciones informales extrajudiciales, torturas, ejecuciones, entre otras. Desde la perspectiva de Galtung (citado por ^{Calderón Concha, 2009}), existen también otro tipo de violencias no necesariamente físicas como la violencia estructural (pobreza, exclusión, confinamiento extremo, hacinamiento, corrupción) así como violencias simbólicas (racismo, exclusión, machismo, entre otras).

Estas violencias pueden provenir de dinámicas externas como internas al sistema carcelario. En general existe un alto nivel de interrelación entre estos niveles y tipos de violencia. En Ecuador, por ejemplo, los niveles de violencia fisca interpersonal se desenvuelven en el marco de distintos tipos de violencia estructural e institucional propio de la realidad de los sistemas penitenciarios latinoamericanos sobrecargados (hacinamiento, corrupción, violaciones a los derechos humanos, mafias carcelarias, entre otras) (^{WOLA, 2010}). En este sentido, la violencia física criminal a la cual nos referiremos en este trabajo, es una forma más de violencia carcelaria y al mismo tiempo puede ser explicada por otro tipo de violencias sumergidas como la estructural y la simbólica.

Es importante la violencia relacionada a la criminalidad compleja dentro de los centros carcelarios. En este escenario, algunos autores han caracterizado a este fenómeno como una visión corporativa del crimen que permite agregar organizativamente una serie de intereses individuales alrededor de actividades ilegales económicas y de poder (^{Abadinsky, 2010}; ^{Hofmann, 2009}; ^{Ruggiero, 1996}). La organización, por tanto, se vuelve un atributo indispensable para analizar la comprensión del crimen complejo. La organización se vuelve en sí misma como una forma espontánea del submundo criminal de asignar un cierto orden al anómico y clandestino mundo de las transacciones ilegales (^{De León Beltrán y Silva, 2004, p. 7}). La finalidad es la creación de un sistema de protección frente al control público a través de la corrupción, la extorsión y la violencia (^{Gambetta, 1993}; ^{Gilinskiy, 2006}). No se puede atribuir un tipo específico de organización. La base sobre la que opera un ecosistema criminal está compuesta por una serie de formas de organización (redes, tamaños, especialización), barreras difusas respecto a sus límites internos y externos, diversidad de liderazgos y capacidad de toma de decisión (^{Álvarez y Rodríguez, 2018}). Esto le da a la organización una capacidad de dominio y adaptación a nuevas lógicas reproductivas del crimen.

Sin embargo, la violencia no parece ser un producto deseado por las conductas criminales, sino más bien un atributo de las racionalidades ilegales que, en ausencia de marcos regulatorios legales, de mecanismos pacíficos de solución de conflictos y de estrategias de competencia pacífica de competencia, constituyen la condición de posibilidad de regulación de transacciones altamente inestables y con altos niveles de desconfianza interpersonal (^{Dombois, 1998}). Es por esto que la violencia, según ^{Gambetta (1993)}, no es el producto o mercancía final del crimen organizado (mafia) sino un instrumento o medio con una finalidad determinada; es decir, no es una cualidad específica natural de la conducta y/o cultura criminal, sino un atributo que fluye a posteriori (^{Llorente et al., 2002, p. 177}).

Este tipo de violencia instrumental y selectiva puede ser regulatoria, es decir como mecanismo de resolución de conflictos (ajuste de cuentas por acuerdos incumplidos, desertores, delatores); o estratégica-competitiva, como la búsqueda de desplazamiento de competidores y control de sitios estratégicos (rutas, proveedores, unidades de control, autoridades, entre otras). En un nivel de escalamiento superior a raíz de la experiencia de México, Colombia y Centroamérica, surge también la violencia comunicativa; la cual, aprovechando los medios de comunicación tradicional y las redes sociales tiene como objetivo, de manera amplificada, la capacidad de generar terror a la población, temor a competidores, funcionarios estatales entre otros. Bajo esta lógica, la violencia deje de ser instrumental y se convierte en una mercancía, y dado su rol comunicacional esta tiene a hacerse histriónica, emotiva, exuberante, y voluminosa en términos de su frecuencia (pandémica) (Imbert, 2004). La violencia explosiva no es una consecuencia directa de la criminalidad compleja, sino una forma o manera de reproducción de sus despliegues e intereses criminales.

Pero más allá de este mosaico de violencias legítimas e ilegítimas, es necesario decir que un crecimiento abrupto y sistemático de la violencia criminal en las cárceles, solo puede ser concebida por la alteración de relaciones simbióticas de racionalidades internas y externas al mundo criminal cuyo resultado es una complejización criminal. Para la escalada de la violencia, por lo tanto, significa comprender la idea de “ecosistema criminal” esta vez vinculado al tema del espacio carcelario y sus amplias relaciones con el mundo externo.

Expansión carcelaria, infraestructura y violencia en Ecuador

En 2013, Ecuador expandió su infraestructura carcelaria con el objetivo de superar problemas de larga data en el sistema penitenciario, caracterizados por problemas de hacinamiento, insalubridad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Esta intervención propuso principalmente la construcción de tres nuevos y modernos centros de privación de libertad (con características arquitectónicas de cárceles de máxima seguridad) ubicados en las provincias de Cotopaxi, Azuay y Guayas (nueva cárcel Regional del Guayaquil), así como la modernización de la vieja Penitenciaría del Litoral. Esto generó una drástica ampliación de la capacidad de 9000 plazas penitenciarias a más de 29 000. Esta medida fue parte de una estrategia más amplia de endurecimiento del recurso penal contra el delito, racionalidad promovida a partir de 2011 como estrategia principal para enfrentar la crisis de inseguridad (^{Pontón et al., 2020}).

De hecho, desde 2011, como se muestra en el siguiente gráfico, se evidenció un incremento sistemático en la población penitenciaria. En una década, la población carcelaria prácticamente se cuadriplica promediando los 40 000 reclusos entre 2019 y 2021. Desde que se tiene registros estadísticos penitenciarios, no se había registrado una tasa tan elevada y explosiva. Esta idea de superar el problema del hacinamiento fue rápidamente superada por la realidad pues a partir de 2015, la infraestructura existente empezó a verse desbordada complicando nuevamente la gestión del sistema penitenciario.

Nota.^{SNAI (2021)}.

Gráfico 2 Población penitenciaria y capacidad instalada en Ecuador 2009-2021 

Actualmente, más del 53 % de la población penitenciaria en el país se encuentra recluida en estas nuevas infraestructuras. Esto ha impuesto diversas lógicas de corrupción y proliferación de mafias y sobre todo la articulación de grandes y peligrosas bandas delincuenciales. Un hecho importante es que casi la mayoría de los asesinatos (casi un 90 % del total) se han realizado en estos nuevos centros. Más del 65 % de los mimos solo en la Penitenciaría del Litoral que es la mayor infraestructura carcelaria del país y la de mayor nivel de hacinamiento. Es lógico concluir, por tanto, que la nueva infraestructura y la sobrepoblación han contribuido sustancialmente a la proliferación de este nuevo ecosistema de criminalidad compleja en Ecuador.

Nota.^{Ministerio de Gobierno (2022a)}, ^{SNAI (2021)}.

Tabla 1 Centros de privación de libertad y niveles de violencia 

Varias hipótesis se han planteado sobre esta problemática. Pese a ello, la hipótesis sugerida es que la nueva infraestructura tiene relación directa con la generación de un ecosistema de criminalidad compleja. No obstante, existen otros factores coadyuvantes que contribuyen a esta situación. Esto se analizará a continuación.

Violencia y autogobierno carcelario Ecuador

La violencia carcelaria en Ecuador ha estado presente en la historia del sistema penitenciario ecuatoriano producto de la larga impronta de violencias estructurales, institucionales y ha tenido un alto nivel de relación con el mundo externo (^{Kaleidos, 2021}). No obstante, es importante analizar el esquema de organización social carcelaria y su estrecha simbiosis y relación con el submundo criminal desde una perspectiva histórica. Es de conocimiento popular que la cárcel es el termómetro de la delincuencia, justamente por ser este un in put y un out put de la criminalidad urbana. La cárcel, por tanto, se convertiría en una especie de catalizador de esta problemática.

La historia de la violencia carcelaria como forma de regulación informal ha estado presente en la historia del Ecuador. En los años 60, por ejemplo, las prácticas de cuatrerismo y piratería en el litoral ecuatoriano dieron paso a prácticas de exterminio social muchas veces con anuencia estatal. La Ley de fuga aplicada informalmente por el Estado en esa época para el control delincuencial, tuvo una alta interrelación con el mundo carcelario de ese entonces. En los años 80 y 90 cuando el narcotráfico empezó a ser una prioridad en la política criminal donde la sobrepoblación, el hacinamiento y la limitada gestión estatal empezaron a germinar el aparecimiento de formas de autogobierno carcelario gobernado por mafias y complejas lógicas de corrupción. Las protestas penitenciarias, insurrecciones, el ajuste de cuentas dieron como resultado un importante número de asesinatos al interior de los centros penitenciarios imponiéndose como una forma instrumental de regulación informal de la vida carcelaria. Al ser un actor marginal en la geopolítica de drogas, la presencia de grandes narcotraficantes no fue una característica importante del mundo carcelario, pero sí de un gran número de mandos intermedios y traficantes de poca monta que inflaron la población penitenciaria (^{Núñez Vega, 2006, pp. 46, 47, 56}). El tráfico de drogas, la corrupción y la extorsión eran prácticas criminales de autorregulación del gobierno penitenciaria con un alto nivel de anuencia estatal.

Las grandes cárceles en Ecuador han sido por excelencia los espacios de autorregulación y reproducción de criminalidad compleja. Por ejemplo, desde los años 90, la Penitenciaría del Litoral (inaugurada en 1958) y donde se ha concentrado la mayor cantidad de asesinatos y masacres desde 2019, ha sido denunciado reiteradamente como un lugar peligroso dominado por mafias armadas carcelarias con amplia influencia al interior y exterior del mundo carcelario. Como se puede ver en la siguiente imagen, la presencia de mafias en el interior de este centro penitenciario ya fue anunciada en 2008. Para 2013, antes de la inauguración de los nuevos centros, la denuncia se vuelve a repetir y la ocurrencia de asesinatos eran frecuentes, aunque nunca en las dimensiones actuales.

Imagen 1 Penitenciaría del Litoral en Ecuador según fuentes periodísticas 2008 

Nota.^{El Universo (2008}, ²⁰¹³⁾.

Imagen 2 Penitenciaría del Litoral en Ecuador según fuentes periodísticas 2013 

A medida que el narcotráfico empezó a tomar fuerza como práctica criminal en la década de los 2000, la configuración de la peligrosidad criminal comenzó a tomar paulatinamente cambios importantes. El Plan Colombia y el endurecimiento de la política de drogas trajo en esta década la captura de muchos narcotraficantes peligrosos de distintas nacionalidades, muchos de ellos provenientes de carteles como los paramilitares desmembrados (Bacrims) los rastrojos (herederos del extinto Cartel del Norte del Valle) y las FARC que operaban en la zona fronteriza con Ecuador (^{Plan V, 2019}). A partir de esta década, también se hizo evidente la creciente presencia de narcotraficantes de México y otras nacionalidades. De igual forma, en la década de los 2000, un grupo criminal local denominado “los choneros” y dedicados a actividades de delincuencia común empezó a germinar con un brazo armado y proveedor de servicios logísticos al narcotráfico internacional (^{InSight Crime, 2021}).

Fuentes periodísticas señalan que a principios de la década pasada y producto de la campaña de “mano dura” contra el auge delincuencial del gobierno de Rafael Correa, se anunció que esta agrupación de los “choneros” fue desmantelada a través del apresamiento de sus cabecillas. No obstante, como resultado de esta organización criminal empezó a convertirse paulatinamente en la agrupación más importante del sistema penitenciario. Pese a que las disputas con bandas criminales rivales han sido constantes, esta agrupación ejerció un gobierno informal carcelario con un estricto y férreo control en asociación con agrupaciones o pandillas como los “ñetas”. Es una idea bastante difundida que el gobierno de los “choneros” mantuvo una relativa calma al interior de los centros penitenciarios al menos en el primer lustro de la década de 2010 (^{La Posta, 2021}) y mantuvo una relativa calma en las calles del Ecuador (^{Córdova Alarcón, 2021}).

A partir de 2018, y con los cambios políticos e institucionales del nuevo gobierno del Ecuador, la gobernanza carcelaria ha sufrido alteraciones importantes. Más del 75 % de las muertes contabilizadas desde 2010 han ocurrido en estos cuatro años. Las razones atribuidas han sido muchas y van desde temas estructurales, institucionales, operacionales y criminales. Un hecho relevante es que en 2020 el principal líder de “los choneros”, José Luis Zambrano, fue liberado y meses después asesinado. Esto despertó una estela de venganzas y ajusticiamientos en 2021 considerándose este el año más violento de la historia penitenciaria en el Ecuador. Actualmente existe una proliferación de bandas criminales en las cárceles quienes se disputan la supremacía de los choneros (^{Plan V, 2021a}). Solamente en Guayaquil existen dos complejos penitenciarios (la Cárcel Regional y la Penitenciaría del Litoral donde se albergan casi 15 000 personas. Cada pabellón de los 12 de la Penitenciaría del Litoral actualmente es manejado por distintos grupos criminales (la cárcel Regional contigua a la Penitenciaría es manejada enteramente por los “choneros”) (^{Primicias, 2021}).

No se trata de satanizar el autogobierno, prácticas que en buena medida fomentan el cooperacionismo y la solidaridad entre personas indefensas y desprovistas en todos sus sentidos. Sí se condenan sus prácticas corruptas que alimentan ciclos de violencias y criminalidad compleja al interior de los centros penitenciarios. La alteración y crecimiento de prácticas mafiosas de autogobierno que en los últimos años en Ecuador se han vuelto hiperviolentas y ha provocado una crisis general de sistema de seguridad del Ecuador cuya proyección ha alcanzado un alto nivel de cobertura regional a internacional. El 2021 parece marcar un umbral complejo de naturaleza incierta y supremamente compleja de resolver.

Nota.^{BBC News (2021)}.

Imagen 3 Violencia carcelaria en Ecuador según prensa internacional 2021 

La expansión del narcotráfico

La nueva geopolítica de la cocaína ha convertido al Ecuador en un importante territorio de acopio y salida de esta sustancia hacia mercados internacionales (^{UNODC, 2020}). Esto ha generado un agresivo proceso de expansión criminal regional del cual Ecuador es uno de sus principales representantes. Solamente en 2021, se capturaron más de 200 toneladas de droga, cifra inédita históricamente en todos los sentidos (^{Ministerio de Gobierno, 2022b}). La preocupación central en esta materia radica en que el negocio de la cocaína sigue siendo de lejos el motor financiero de proliferación de la delincuencia organizada. Las ventajas geográficas del Ecuador y los servicios logísticos ofrecidos para el desarrollo de esta actividad ilícita en el país son las ventajas competitivas que los más liberales defensores de una economía abierta soñarían para el país, pero esta vez al servicio de la ilegalidad. De ser un actor marginal en la industria del narcotráfico internacional, se ha dado paso a la proliferación de poderosas estructuras criminales como lo fue el caso “Gerald” (ecuatoriano extraditado a EEUU) que lideró una estructura criminal especializada en el acopio y transporte de drogas con cierto nivel de autonomía frente a carteles extranjeros (^{Plan V, 2018}). Su legado, sin lugar a duda, dejó una importante huella en la identidad del narcotráfico ecuatoriano que ha sido replicado por otros grupos.

Reportes de inteligencia carcelaria han sostenido que desde las cárceles ecuatorianas se planifica y dirige el tráfico internacional de drogas y una gran cantidad de actividades delictivas, lo que, dado lo sustancioso del negocio, explicaría en parte las cruentas disputas de bandas criminales y la violencia. Aunque existe una mutación constante, se estima, según fuentes periodísticas que en las cárceles del Ecuador operarían alrededor de diez peligrosas bandas con un gran contingente de personas (^{Plan V, 2021a}). Es conocido que el narcotráfico está dando combustible financiero del crimen complejo (^{Wainwright, 2016}); por tanto, explica la proliferación de grandes y peligrosos bandas criminales en Ecuador que operan desde las cárceles.

Estas disputas no solo se han dado al interior de los centros penitenciarios. A partir de 2019, Ecuador está viviendo una escalada delictiva en las calles. Este crecimiento contrasta con un decrecimiento importante en los homicidios en la última década que hizo reducir su población de 18 a 5,7 por cada cien mil habitantes entre 2009 y 2017 (^{Pontón et al., 2020}). Pese a ello, a partir de 2019 se registra crecimientos importantes de este indicador y a diciembre de 2021, la tasa se volvió a ubicar en niveles superiores a los 14 por cada cien mil (2400 homicidios en número absolutos).

Una de las ciudades más afectadas por esta crisis de violencia ha sido Guayaquil y de hecho es la que mayor contribución ha realizado respecto al repunte de los homicidios a nivel nacional. Por ejemplo, de una tasa 5,8 homicidios por cada cien mil en 2018 se pasó a una tasa de más de 24. De estas muertes, el 43 % se atribuyen a disputas del tráfico interno de drogas y el 70 % son atribuidas al uso de arma de fuego (^{Ministerio de Gobierno, 2022a}). La disponibilidad de recursos ilícitos del narcotráfico a manos del narcotráfico a pequeña y gran escala es un factor de riesgo que alimenta distintas aristas criminales que actualmente son manejadas desde las cárceles. Por esta razón, mover geográficamente este ecosistema criminal de la ciudad más peligrosa del país, ha surgido como una alternativa seductora desde la política pública. El ecosistema criminal carcelario en este escenario, se alimenta de esta economía y la reproduce lógicas polivalentes de criminalidad compleja.

Nota.^{Ministerio de Gobierno (2022a)}.

Gráfico 3 Tasa de homicidios en Ecuador y Guayaquil 2012-2021 

Gestión del sistema penitenciario

Otro elemento tiene que ver con la gestión del sistema penitenciario en general. Con la llegada del presidente Lenín Moreno en el 2017, se dio paso a un giro político sorpresivo en la conducción política de la seguridad que terminó en el 2018, con una reestructuración completa de los servicios de seguridad del país. Producto de ello, se nombraron nuevas autoridades, reformas institucionales, legales y cambios en los modelos operativos de las instituciones de seguridad e inteligencia con un alto nivel de cooperación estadounidense. Este cambio político operativo, es probable que haya alterado el manejo de la inteligencia carcelaria (unidad creada en 2015) y por ende haya impactado en la creciente conflictividad penitenciaria del Ecuador. A finales de 2018, se eliminó el Ministerio de Justicia y se dio paso a la creación del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) degradando esta competencia al nivel de servicio en lugar de Ministerio. Cuatro años después con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha comprobado que esta transformación no fue adecuada pues dio paso a un sistemático proceso de desinstitucionalización del sistema penitenciario en el Ecuador (^{CIDH, 2021}).

Pero más allá de esta transformación, la política de austeridad fiscal ha hecho complicado la administración y el control de esta costosa infraestructura. Con la crisis económica de 2015, se empezó a evidenciar los primeros recortes presupuestarios y dejaron de hacer importantes inversiones como, por ejemplo, el proyecto de la escuela de formación penitenciara y demás infraestructura para el control. Existe un crónico problema de déficit de custodios penitenciarios al interior de los centros, lo cual actualmente es complementado por la Policía Nacional sin tener capacidad técnica y legal para el efecto. Esto hizo que nunca se cumpla el ciclo de reubicación de prisioneros en función de su peligrosidad, propuestas por las técnicas de la nueva penología de la criminología penal estadounidense (^{Feely y Simon, 1995}). En 2020, producto de la pandemia, se recortó de manera abrupta el 80 % del presupuesto de inversión. En general, esta ausencia de presupuesto ha generado en un sistemático debilitamiento del control estatal de las cárceles y de manera fáctica ha aumentado el poder de las bandas delincuenciales y la estela de ilegalidad a través de la corrupción y la anuencia estatal (^{Asamblea Nacional del Ecuador, 2021}).

Persisten de igual forma, graves problemas de corrupción y mafias que han privatizado el manejo de la vida diaria al interior de los centros penitenciarios (^{Asamblea Nacional del Ecuador, 2021}; ^{CIDH, 2021}). Por esta razón, se puede decir que al crónico problema de autogobierno se ha sumado el problema del narcotráfico y un fallido proceso de gestión de un nuevo modelo penitenciario en estas grandes cárceles, agravándose así la capacidad de respuesta estatal para el manejo de la crisis penitenciaria. Grandes cárceles, narcotráfico y debilidad estatal han sido, sin duda, los detonantes de esta violenta expansión criminal.

Megacárceles, megabandas y la violencia expresiva

Edwin Sutherland, famoso criminólogo estadounidense enseñó que el crimen es un proceso de aprendizaje de valores y técnicas delincuenciales (^{Pires et al., 2016}). En este sentido, tener sujetos competentes en el crimen organizado es una de las principales fortalezas del crimen organizado (^{Wainwright, 2016}). El viejo y trillado concepto que la cárcel es una “universidad del delito” parece cumplirse a raja tabla y esta vez a merced de la proliferación del narcotráfico. De hecho, desde hace más de una década, hemos visto indicios de una mutación criminal en el Ecuador cuyo componente principal ha estado marcado por el manejo del tráfico internacional de drogas cuyo centro de enseñanza han sido “las cárceles”. Detenciones de sujetos de distintas nacionalidades relacionados con delitos de drogas, hace presumir que en Ecuador operan redes criminales internacionales, que, en articulación con redes locales, buscan entre otras cosas, asegurarse el control de provisión hacia diversos destinos del mundo de una oferta de drogas agresiva y al mismo tiempo competitiva en función del acceso y precios (^{El Universo, 2011}; ^{Plan V, 2019}).

A partir de esto, una nueva dinastía criminal opera en el país destinada al trasporte marítimo de cocaína hacia los distintos centros de consumo es el principal legado de esta racionalidad. La innovación criminal incomprendida por muchos ha encontrado en las cárceles un lugar fecundo para su transmisión (^{Plan V, 2018}). Como resultado, Ecuador dejó paulatinamente de tener redes al servicio del narcotráfico a tener una red dinámica local que maneja directamente y con capacidad de autonomía de acopio, distribución y venta de drogas a distintos lugares del mundo. Es decir, un nuevo tipo de organización delictiva en el país, sin precedentes y con proyección regional e internacional.

Relacionado con el know how criminal y la política criminal, el sistema ha incurrido en los viejos errores de encarcelar gran número de personas relacionados con delitos menores. Casi el 60 % de la población penitenciaria está recluida por delitos contra la propiedad y drogas, muchos de ellos provenientes de sectores excluidos de la sociedad. Se estima que la economía ilícita manejada por estas meganbadas que controlan las cárceles y los pabellones es considerable. Según, ciertos reportes periodísticos, un pabellón de los 12 que tiene la Penitenciaría del Litoral puede producir entre 10 000 y 20 000 dólares diarios. El negocio carcelario tiene desde la venta de drogas, armas, celulares, derecho de celda, cama, comida, y cualquier servicio (^{La Posta, 202}1). No es exagerado pensar que solamente la Penitenciaría podía mover más de 30 millones de dólares al año por el manejo de esta economía ilícita, sin contar los negocios ilícitos externos. Todo es controlado por estas megabandas con un nivel de corrupción expansivo del Estado.

Las entradas y salidas de esta población, un porcentaje de ellas reincidente, cumple el ciclo de la carrera criminal a través de la puerta giratoria, pero esta vez el problema no es institucional sino social. El narcotráfico y demás ilícitos ofrece alternativas de subsistencia a la población recluida y sus familias siempre y cuando garanticen adscripción y fidelidad. Según el portal ^{Código Vidrio (2021)}, se estima que más del 60 % de la población privada de libertad forma parte, directa o indirectamente de diez agrupaciones criminales al interior de las cárceles. Solo los “choneros” se dice agrupan más de 12 000 miembros. Esto se constituye en un problema de habitus criminal, y la cárcel parece ser una opción viable. El vínculo social del crimen organizado es su principal arma de protección y quizá su principal arma de fortaleza. Solo así se entiende que la narcocultura sea un fenómeno ya presente en el ideario social de muchos sectores de la población.

Nota.^{Código Vidrio (2021)}.

Tabla 2 Bandas delincuenciales identificadas en el sistema penitenciario ecuatoriano 2021 

Este ejército de reserva y su estela criminal ha tenido un alto nivel de interrelación con el mundo externo. Es conocido que los más connotados crímenes en el país en estos últimos años se han ordenado desde las cárceles. Este viejo esquema parece estar ahora a servicio de la sociedad pues cualquier disputa o conflicto social y/o criminal se resolvería por intermediación carcelaria. También es probable que algunos de los responsables o intermediarios de algunos crímenes hayan sido ya asesinados en las masacres contribuyendo así aún más a la estela de impunidad. Al parecer el sistema penitenciario cumple el rol de la agencia intermediaria de contratación de sicarios en Colombia en las épocas más temibles del narcotráfico. Gran parte de las muertes ocurridas en Guayaquil y su área de influencia se explica por estas lógicas criminales promovidas desde las cárceles. La violencia carcelaria ha contribuido en un 35 % de los homicidios cometidos en Guayaquil, y un 80 % de las muertes en las calles.

La historia de estas megabandas y sus líderes parece circunscribirse a la larga lista de bandidos sociales populares que poco nos cuentan los clásicos libros de historia convencionales (^{Hobsbawm, 1983}). Por esta razón, no tendría sentido analizar el poderío de estos líderes carcelarios sin tomar en cuenta la amplificación mediática de los medios de comunicación y las redes sociales. Esta situación, al parecer parece haber sido mejor comprendido por los líderes carcelarios que por el propio Estado, y ha generado que la guerra entre bandas sea más que drogas, armas y poder, pues es también una disputa comunicacional y cultural. La clave para entender esta exuberancia de la violencia, quizá, puede encontrarse en esta disputa comunicacional con otras bandas y contra el mismo Estado. Su objetivo principal es el temor, la desmoralización y el respeto. En este sentido, la maldad es también una fuerza seductora, compleja y anclada a una cruel, pero al mismo tiempo seductora personalidad criminal. La actual infraestructura carcelaria, por lo tanto, es además un espacio de reproducción de expresiones culturales que ha encontrado en la violencia una compleja y peligrosa proyección social y regional (^{Plan V, 2021b}).

Conclusiones

Como se ha podido observar, los efectos directos de la crisis penitenciaria en Ecuador han derivado en una violencia sin precedentes producto de la disputa entre bandas rivales. Este trabajo busca relacionar el problema de su violencia carcelaria de los últimos cuatro años y que ha derivado en una crisis sin precedentes en el sistema penitenciario y de seguridad del Ecuador, con las condiciones criminógenas de la nueva infraestructura carcelaria que han hecho de este un ecosistema de reproducción de criminalidad compleja. Aunque es importante reconocer que los factores analizados no son recientes y se han venido consolidado durante muchos años, es alrededor de la nueva infraestructura carcelaria y la violencia donde radica su proyección. Al parecer la violencia es una fase de la penetración de la criminalidad compleja y desde el punto de vista de la teoría de la pax mafiosa, sería comprensible que en un tiempo más esta tienda a bajar. No obstante, no se vislumbran ganadores ni perdedores en la crisis penitenciaria, ni peor aún acuerdos pacíficos que haga suponer que este escenario tienda a bajar en el corto tiempo. La violencia en este caso, parece haber tomado otros significados más allá de lo instrumental para resolver disputas y conflictos criminales, a una mercancía peligrosa poco comprendida y con desenlaces fatales.

Es obvio decir que esta situación ha alterado la gobernanza carcelaria en Ecuador en estos años. Sin lugar a duda, la hipótesis de la penetración de la criminalidad compleja para explicar la violencia a nivel institucional y periodísticos en el país parece ser una tesis consistente en función de la cantidad de evidencia mostrada, sin embargo, es preciso incorporar este concepto de ecosistema criminal atado al problema de la nueva infraestructura penitenciaria para una mejor compresión de la problemática. Pero esta fijación sobre la infraestructura no puede ser comprendida sin una histórica presencia del autogobierno carcelario, la incapacidad de gestión del Estado y por supuesto la política criminal imperante en los últimos diez años. Juntando estos factores, este trabajo ha pretendido dar cuenta del complejo y peligroso ecosistema de reproducción criminal.

Este escenario genera la necesidad de tener una dimensión amplia del problema al que se enfrenta el Ecuador. No se requiere medidas parches ni repetitivas, pues como se puede analizar, existe una alta interrelación de factores que han sometido al sistema penitenciario a una profunda crisis. A través de esta idea “ecosistema” se hace importante hacer una intervención integral que combine elementos de política social, penitenciaria y de seguridad. La ausencia de intervención podría ser tan peligrosa como la propia criminalidad, con consecuencias sociales, económicas y políticas impredecibles. Si la figura propuesta es un “ecosistema” es fundamental alterar los factores coadyuvantes y evitar su proyección.