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Introducción
En este artículo nos enfocamos en los conflictos socioambientales en Perú que han tenido un desenlace positivo para las poblaciones en resistencia que luego han construido alternativas de autogestión. Después de analizar las condiciones que permitieron el desenlace positivo, veremos en qué casos se han construido o construyen alternativas locales con algunas similitudes respecto a las formas organizativas del decrecimiento.
Partimos de los casos de conflictos socioambientales registrados en el Atlas de Justicia Ambiental, EJAtlas, desarrollado por el Instituto de Ciencias y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB). Dichos conflictos son el resultado del enfrentamiento entre las empresas extractivas, la posición de los gobiernos en favor de las actividades extractivas y la población afectada por los proyectos. Los genera el acaparamiento, la exploración, explotación y contaminación de las tierras, las aguas y el aire por parte de las actividades extractivas (Neyra 2019; De Echave 2015; Walter y Martínez Alier 2015).
En el caso de Perú, el Atlas registra 97 conflictos en febrero de 2022, entre los muchos que faltan aún por registrar. En este artículo nos centramos en las propuestas y alternativas para salir del extractivismo por parte de las poblaciones en resistencia. En particular, la propuesta de autogobierno territorial de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP 2017). Las poblaciones en resistencia conforman movimientos sociales que se oponen o reclaman a la actividad extractiva. Algunos de esos movimientos van más allá de la resistencia y elaboran propuestas con el objetivo de defender su territorio y construir alternativas al extractivismo. Queremos demostrar que los autogobiernos territoriales defienden los bienes comunes en busca de la justicia ambiental y tienen similitudes con el movimiento del decrecimiento (Martínez-Alier et al. 2016; D’Alisa, Demaria y Kallis 2015).
El aumento de la extracción doméstica de materiales y los conflictos socio-ambientales
Desde los años 90, en que el gobierno del expresidente Fujimori dictó la Ley de Minería y las leyes forestales, la extracción de materiales y energía del país ha aumentado de manera exponencial. Los cálculos en medida física del PNUMA (2013) y su International Resource Panel (IRP), Pérez-Rincón, Vargas-Morales y Crespo-Marín (2017), Silva-Macher y Farrel (2013) y Minaya (2018), entre otros, corroboran este aumento y ponen en evidencia el aumento sobre todo de la extracción de minerales.
La extracción de materiales y energía no es un fenómeno nuevo, ya que, desde la colonia, durante la República y los inicios del siglo XX, hasta el gobierno del General Velasco, la economía peruana se basaba en la extracción de materiales (en especial, minerales). En el gráfico 1, notamos que en el año 1982, se extraían cerca de 100 000 000 de toneladas de minerales mientras que en el 2015, la extracción alcanza la suma de 580 000 000 de toneladas, sobre todo de la zona andina pero también de la Amazonía, especialmente de oro ilegal. La extracción de biomasa presenta un ligero repunte en los últimos años de 75 000 000 en 1970 a 111 000 000 de toneladas en 2019 (gráfico 1). Esto se explica por la disminución por sobreexplotación de la biomasa marina y el aumento en la producción agroindustrial de exportación: arándanos, aguacates, madera, palma aceitera y cacao (los tres últimos en la Amazonía).
La Amazonía peruana era una de las mejores preservadas en comparación con la de los países vecinos, pero desde hace algunos años sufre de la expansión de la frontera extractiva. Notamos el punto de inflexión de la curva en los años 90, que corresponde a la introducción de las políticas extractivistas del expresidente Fujimori, curva que luego sigue su ascensión vertiginosa. Todos los gobiernos posteriores han continuado esta política, aceptando lo que Svampa (2013) llama el “consenso de los commodities”: ser proveedor de materias primas y energía (baratas) para las industrias extranjeras, principalmente. Para equilibrar su balanza comercial en caso de precios internacionales bajos, el gobierno seguirá impulsando este tipo de estrategia (Walter y Conde 2017).
Estos movimientos constituyen los flujos de energía y materiales dentro de la economía (Infante-Amate González de Molina y Toledo 2017) que van a ser transformados, distribuidos y consumidos. El cálculo de los flujos transparenta los cambios en el metabolismo social del país en el cual hay que considerar además a los actores (Infante-Amate, González de Molina y Toledo 2017) de este metabolismo: Estado, empresas y población y su respectivo comportamiento. Los cambios en el metabolismo social van a provocar una serie de conflictos que llamamos socio-ambientales porque afectan la ecología de una región y a la población que ahí habita, aunque las repercusiones puedan ser nacionales o globales (contaminación de ríos amazónicos que se vierten al mar, provocan muerte de peces, calentamiento de aguas, etc.) (Martínez Alier 2008). Estos cambios van a sufrir variaciones, van a aumentar o disminuir, según los movimientos de la economía mundial, es decir, según las necesidades de las empresas y gobiernos en materiales y energía (Pérez-Rincón, Vargas-Morales y Crespo-Marín 2017). Desde la entrada de China en la economía mundial, un gran número de empresas de ese país opera en Perú, con proyectos de extracción considerables en extensión. Además, financia la construcción de infraestructuras portuarias y viales.
Metodología
En el Atlas de Justicia Ambiental, de los 97 casos, tres cuartas partes atañen a poblaciones indígenas de la zona andina y de la zona selva (tabla 1). Todas ellas se han organizado y resistido demostrando la capacidad de resistencia y reacción frente al problema extractivo: contaminación y acaparamiento de tierras y aguas, destrucción de la cultura local, desplazamiento, consecuencias socioeconómicas y una inusitada violencia.
El EJAtlas reúne conflictos socioambientales en fichas (una por caso) que tienen cinco o seis páginas que comprenden la descripción del conflicto y del proyecto de inversión que lo causa y todos los datos referentes al proyecto y a la organización de la resistencia. Por último reúne el resultado del conflicto en el plano humano (muertos y heridos), ambiental, social, político, jurídico, etc., así como la posible construcción de alternativas. En este artículo hemos primero seleccionado todos los casos registrados en le EJAtlas que están construyendo alternativas después de haber logrado detener el proyecto de extracción (tabla 2) para luego seleccionar los que contemplan la autogestión.
Tabla 1 Número de conflictos ganados o detenidos por zona y material extraído, y número de muertes
Fuente: EJAtlas (2022).
La mayoría de los casos de conflicto del país conciernen a las actividades extractivas mineras (54 %), tanto en la zona selva como en la zona andina. Los conflictos provocados por la extracción de hidrocarburos representan 12 casos, casi todos en la Amazonía (tabla1). La participación de los pueblos indígenas andinos y amazónicos en los conflictos reseñados se da en el 90 % de los casos, aproximadamente, bastante más que su proporción en la población (28 %, según los censos1) (Neyra 2020).
En casi un tercio de los casos (28 casos) del total tenemos muertes provocadas por la represión, lo que indica una conflictividad muy alta y violenta. Neyra (2020) plantea la hipótesis de que habría que buscar en la construcción de modernidad de la colonialidad, las causas de la violencia hacia el poblador indígena, al cual se le arrebatan sus tierras y saberes tal cual seres considerados inferiores por el poder reinante (tabla 1).
Los casos de éxito (proyectos detenidos o casos ganados) representan también casi el tercio de los conflictos (30 casos) lo que habla en pro de la capacidad de reacción y organizativa de la población. En el EJAtlas (2022) se consigna la participación de otras organizaciones civiles que colaboran con la resistencia. De esos registros notamos que, a más participación de organizaciones o colectivos dentro y fuera de la población afectada, mayores son las posibilidades de éxito (Neyra 2020). Esto significa que a mayor visibilidad que gana un conflicto, mayor es la probabilidad de éxito, además de que protege a los pobladores resistentes de mayores agresiones.
La visibilidad de un conflicto y el mayor número de intervinientes se transforman en escudo protector para las poblaciones. La prensa y las demás organizaciones juegan un rol esencial como por ejemplo en los casos de Tambogrande, en la costa (campaña para proteger al limón, ingrediente esencial del ceviche); Majáz y Conga, en la sierra (intervención de organizaciones internacionales, campañas de videos y películas); Inambari (intervención del colegio de ingenieros) y Pakitzapango, en la selva (organizaciones internacionales) (EJAtlas 2022).
Cuando la población que resiste logra constituir un frente y se asocia con otros grupos de su sociedad convergiendo en puntos comunes, la resistencia organizada se hace más fuerte y es capaz de dar mayor visibilidad y fuerza a su lucha. La capacidad organizativa de los pobladores depende muchas veces de cuanto han podido conservar sus usos y costumbres (reciprocidad) o crear nuevas (rondas campesinas, organizaciones comunales) frente a la arremetida colonial, republicana y neoliberal (Neyra 2020). Es el caso de los conflictos en los cuales organizaciones tales como AIDESEP o los Frente de Defensa (Ambientales o Civiles constituidos por los diferentes sectores de la sociedad: pequeños comerciantes, maestros, trabajadores de diversos sectores, estudiantes) (Ramos 2012) han interactuado con la población local resistente o han nacido de ella (casos citados).
Casos ganados con alternativas
En la tabla 2 hemos consignado los casos ganados que han desarrollado alternativas (EJAtlas 2022). Todos esos conflictos surgieron con el inicio de las políticas neoliberales del expresidente Fujimori (1990), la multiplicación de concesiones extractivas producto de la Ley de Minería de 1992 y la continuidad de estas políticas por los gobiernos posteriores.
A primera vista notamos que en todos los casos ha existido una respuesta organizada de la población, ya sea con la constitución de un frente local (Tabaconas, Valle de Lurín), con participación nacional (por ejemplo, la Comisión Episcopal de Acción Social o la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), miembro de AIDESEP), como en el caso Tres Islas. Las alternativas con propuestas más desarrolladas implican organización local, apoyo nacional y/o internacional y sobre todo una cohesión del movimiento social detrás de una identidad colectiva compartida (Diani 1992), como es el caso de los Arakbut, Matsiguenka y Yine en Amarakaeri, los Awajún, Wampis, Achuar, Asháninka, Kañaris, Q’Ana, etc. Cada una de estas poblaciones comparte una historia, una geografía, una lengua, una organización social preservada por siglos: mientras más puedan las poblaciones identificarse con sus raíces, más fuerza resistente podrán demostrar.
Es así que algunos pueblos indígenas amazónicos se han autoproclamado como nación como los Wampis y los Achuar (tabla 2). Esto se erige en sentido opuesto a la cultura universal impuesta por la globalización neoliberal o regímenes dictatoriales. En una cultura universal, única, similar, la capacidad de identificar lo común se ve debilitada y por ende de defenderlo (Lander 2000; Quijano 2007). En el caso del pueblo Matsés, presente en la zona de la frontera Perú-Brasil y que mantiene contactos sólidos entre ellos, el apoyo de varias organizaciones internacionales fue decisivo: la empresa petrolera Pacific Rubiales se vio obligada a desistir de la explotación petrolera.
La vía judicial ha sido utilizada en varios de los casos, pero no constituye un factor común para el desarrollo de alternativas. La vía judicial está constituida generalmente por una denuncia contra los derechos violados (salud, laboral, territorial) por parte del Estado o de las empresas o los derechos no respetados o aplicados, sobre todo el derecho a la consulta previa, libre e informada. Además, las organizaciones, comunidades y defensores del ambiente se ven obligadas a defenderse de las denuncias por parte de las empresas o del Estado. Sin embargo, sí constituye un hito necesario sobre el cual planificar nuevas acciones, y en caso de éxito un soporte valioso.
Aun así, notamos que las propuestas de conservación de la biosfera como en el caso del bosque de San Ignacio o del territorio Matsés, aplicadas después del éxito del movimiento social, corren el riesgo de perderse en el tiempo porque deben constantemente luchar contra las ambiciones y presiones extractivistas (de un total de 180 000 ha del Bosque Nacional de San Ignacio, creado en 1973, quedan al día de hoy 21 868 ha, páramos incluidos, protegidos por una Área de Conservación Privada creada en 2019). En el caso de los bosques de San Ignacio, la falta de construcción de alternativas sólidas, una población compuesta de colonos procedentes de otras zonas, la falta de desarrollo de políticas públicas alternativas por parte de las autoridades locales y regionales llevaron a la desarticulación del movimiento y cuasi pérdida del bosque. Lo que queda de él se ve constantemente amenazado por el asentamiento de algunos colonos que usan argucias para acaparar tierras, como la quema ilegal, para luego solicitar el cambio de uso del territorio, de bosque a agrícola. En el caso de los Matsés, en 2009 se creó la Reserva Nacional Matsés que el AIDESEP está permanentemente tratando de rescatar y proteger de la tala ilegal. El pueblo Matsés pide que se cancelen de manera definitiva las concesiones petroleras.
Otra característica relevante, en el caso del desarrollo de las alternativas, es el rechazo a las organizaciones políticas partidarias de toda índole. Cuando un partido político se inmiscuye en una propuesta, esta no avanza tan sostenidamente como en los casos en donde no se deja actuar a los partidos políticos. En el caso de Conga, la intervención de los partidos políticos indujo a la posterior división del movimiento social, debilitado hoy.
En regla general, la presencia de organizaciones partidarias lleva a la confusión o desmovilización. Una característica más es que las poblaciones indígenas amazónicas, que nos interesan en este artículo, han resistido a la evangelización católica por muchos años, más que los pobladores andinos, lo que les ha ayudado a preservar su identidad cultural y sus formas de organización comunal. Tendríamos además que cuestionarnos sobre el rol que juega la presencia de las sectas evangélicas en la actualidad que se han multiplicado en las zonas de conflicto. Estas sectas se presentan con una apariencia más proba porque no consumen alcohol. El consumo de alcohol está muy anclado desde la colonia y fue utilizado por los colonos españoles para embrutecer y doblegar a la población. Además, algunas sectas aparentan no inmiscuirse en la política.
Otra característica es que el tipo de material extraído no influye en la construcción de alternativas. Esto dependerá de los diferentes factores arriba mencionados. Las propuestas que van más allá de la simple reorganización económica de sustento en torno a la actividad agrícola (valles de Lurín, Tabaconas, Kañaris) o de la continuidad del estado anterior a la presencia de la actividad extractiva (Bosques de San Ignacio), no son suficientes para preservar el territorio, la cultura y defenderse de las actividades extractivas y de la extinción de su pueblo, como son la RIA, Redd + Indígena Amazónica y el autogobierno territorial (AIDESEP 2016), alternativas de construcción más complejas que se basan en una visión holística de la sociedad.
Las alternativas en curso
RIA = Redd + Indígena Amazónica
El sistema REDD+ de las Naciones Unidas, que se define como proyecto para la reducción de emisiones producto de la deforestación y degradación del bosque y como gestión sostenible del mismo (Grupo Redd+ Perú 2021), dentro del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), ha sido adaptado y mejorado por el AIDESEP (2016) en su propuesta de Redd + Indígena Amazónica (RIA). REDD+ ha recibido muchas críticas, por considerarse un instrumento de los países del norte de mercantilización de los territorios indígenas (Territorio Indígena y Gobernanza 2021) con la venta de sumideros de carbono y de las políticas de forestación y reforestación como en el caso del territorio Matsés y la empresa SCRL (El Berr 2012) que pretendía conservar los derechos sobre el área del sumidero.
La RIA integra aspectos de la cosmovisión indígena y elabora propuestas adecuadas a las características de cada población en tres aspectos principales. El primero, una gestión holística integral del territorio que incluye su reconocimiento, titulación y solución cuando existan superposiciones territoriales con lotes/concesiones priorizando su propio modelo de vida (“Planes de Vida Plena”). La gestión holística contempla la mitigación y adaptación al cambio climático y la recuperación de las áreas deforestadas. El segundo es una reducción de la huella ecológica que implique el compromiso de los países productores de carbono y un mecanismo de compensación acorde a la cosmovisión indígena. Por último, la implementación de estrategias nacionales y regionales para reducir y controlar la presión sobre los bosques por parte de las industrias extractivas, de los mega proyectos hidroenergéticos, de vías de comunicación, de la agroindustria y la ganadería.
Se espera que los programas forestales estatales aporten una financiación al RIA. Para implementar un RIA es necesaria la firma de un acuerdo entre el territorio comunal reconocido como reserva y el Estado a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP), en la que ambos se comprometen a realizar una administración compartida con aportes financieros de programas forestales (AIDESEP 2020). El RIA en el territorio Amarakaeri, en la región de Madre de Dios, ha sido implementado y otros nueve están en construcción en la región Junín en las comunidades Asháninkas, en las regiones Loreto, Huánuco, Amazonas, Cusco, en reservas comunales o nativas (AIDESEP 2016).
Es evidente de que la implementación no está tan avanzada ni es sencilla porque el primer paso a dar es el reconocimiento legal de la comunidad y la demarcación catastral de su territorio, seguido de la titulación integral, trámites administrativos largos y complicados que requieren de la aceptación por parte del Estado. La titulación integral implica el reconocimiento no solo del territorio donde vive la comunidad, sino también del territorio del cual vive la comunidad. Este comprende lugares de vida, campos agrícolas y de pastoreo, ríos y fuentes de agua, bosques, cerros, etc.
Actualmente, de las 10 529 comunidades reconocidas en el país, de las cuales 1907 son comunidades amazónicas, solo 6538 tienen título de propiedad y muchas veces defectuosos (faltan planos, catastros, etc.) (IBC 2016a). Pero los resultados positivos alcanzados en la Reserva Comunal de Amarakaeri (RCA) y en la zona Asháninka de Junín (ECO-Asháninka) indican que es la vía a seguir para el respeto y sostenibilidad de habitantes y Amazonía. En la RCA se ha logrado una interacción fructuosa con los representantes locales del Estado (SERNANP) para la toma conjunta de decisiones, siendo la comunidad el ejecutor del contrato de administración (ECA), organización técnica, administrativa y sin fines de lucro que ejerce la co-gestión y administración de manera conjunta con el SERNANP (FENAMAD 2018).
Estas residen por ejemplo en la formación de guardaparques nativos que vigilan el territorio de la minería y tala ilegales, el patrullaje común para vigilar la deforestación, capacitación en el cultivo amigable de castaña, actividades turísticas sustentables, la promoción del Plan Maestro de la RCA con el objetivo de se reconozca el patrimonio natural y cultural a nivel nacional e internacional y su conservación contribuya a mitigar los efectos del cambio climático. Además, en algunas reservas se han constituido comités de autodefensa -como los Asháninkas del río Ene- para luchar contra el narcotráfico que amenaza su territorio y vidas.
Los Planes de Vida de los proyectos RIA son presentados y discutidos en asambleas dirigidas por un miembro elegido con la participación de un equipo técnico asesor compuesto por representantes del SERNANP. Un objetivo principal es rescatar el modo de vida comunitario. Se discute acerca de los fundamentos y estructuras de la comunidad, como la zonificación y la organización de las actividades, los problemas de titulación, se explica el sentido de las economías paralelas, la indígena, compuesta por la caza, pesca, recolección, etc, y la monetaria que consiste en la venta de productos para adquirir moneda de cambio (AIDESEP 2017).
La Reserva Comunal Amarakaeri está conformada por diez comunidades y gestiona 402 000 ha. Tienen su propio servicio de guarda-parques para defenderse de la intrusión de madereros o mineros. En la reserva se implementan el cultivo de castaña, la crianza de peces en piscigranjas y turismo de naturaleza, cultivo de plantas medicinales, etc. La Reserva Comunal Asháninka está conformada por 22 comunidades repartidas sobre un territorio de 184 468 ha sobre tres cuencas hidrográficas. Ella tiene un servicio de guarda-parques, promueve el rescate de saberes tradicionales y sostiene la visión holística del Kametsa Asaike (buen vivir asháninka). Sin embargo, aparecen muchas dificultades señaladas por los dirigentes como la falta de interés en la participación, poca presencia de los jóvenes, un acusado individualismo, problemas en la comercialización, participación de las empresas comercializadoras centradas en los productos y no en el apoyo a la organización comunal (Comunidad nativa San José de Karene 2016; Comunidad nativa Shintuya 2022; Comunidad nativa Boca Ishiriwe 2015; TRIBAMA 2022). Además, podemos sumar un creciente divisionismo entre la población fomentado por la intrusión de colonos en su territorio con fines de actividades ilegales.
Autogobierno territorial y manejo de los bienes comunes
En diciembre de 2017, AIDESEP estableció el “Mandato de Zungarococha”, dónde las organizaciones indígenas se reunieron en la región de Loreto. El documento plantea lineamientos políticos para salir de la arremetida extractivista y resalta que el autogobierno es la base para la implementación de los RIA, es decir, que la gestión de las actividades de la comunidad y de su territorio, una vez reconocido, estaría en manos de la propia comunidad. Esta propuesta representa un cambio de rumbo político y social de importancia crucial: la administración y gestión de un territorio no estaría ya en manos del Estado sino de la comunidad, que en acuerdo y en conjunto con las instituciones y otros organismos, decide que es lo mejor para ella.
El objetivo es la construcción de sus propias institucionalidades al margen del Estado, una autoorganización basada en la soberanía de la asamblea (Evans 2015), en la que las autoridades elegidas rinden cuentas ante todos. Este sistema de democracia directa y participativa pone en el centro a la comunidad, autodefinida como tal, que comparte intereses fuertes que la cohesionan (Kothari 2017). Con el autogobierno, las comunidades indígenas consideran que ellas son las mejores garantes de la preservación del bosque, de su hábitat, de su cultura y así podrán defenderse mejor de las actividades extractivas que los amenazan como las concesiones mineras o de hidrocarburos, plantaciones agroindustriales, narcotráfico, minería ilegal, madereros o tala ilegal, caza de la fauna, aprovechamiento por parte de terceros de la flora o del patrimonio inmaterial.
Las comunidades participantes desarrollan mecanismos de autocontrol para evitar la “tragedia de los comunes” (Hardin 1968). En realidad lo vienen haciendo desde hace siglos, así como la aplicación de mecanismos de equidad entre los miembros de la comunidad: los beneficios obtenidos a partir de la preservación y gestión del bosque y de los bienes producidos de manera sustentable son distribuidos entre toda la comunidad en forma de servicios (escuelas, puesto de salud, formación técnico profesional, empleo, acceso al agua, etc). El recurso de uso común, aquí el territorio indígena, el bosque, se administra de la mejor manera, sustentable en el tiempo y espacio, porque incluye (Ostrom, citado por Ramis 2013) a todos los miembros de la comunidad. Por el momento, esta propuesta está en construcción y algunas partes están siendo implementadas como en reservas comunales como Amarakaeri (pionera), Tuntanain y Asháninka (mapa 1). En ellas la comunidad elige su propia autoridad y representantes, las decisiones se toman en asambleas, la comercialización de los productos, el manejo del bosque y de las fuentes de agua, el sistema educativo, la formación de guarda parques son decididos por la comunidad. Se han desarrollado proyectos de piscicultura, aprovechamiento de la shiringa, cultivo de castaña con manejo sostenible del bosque.
Empoderamiento de la mujer
Las organizaciones indígenas han sabido escuchar la voz de reclamo de las mujeres. En una situación desigual, la mujer indígena debe luchar no solo contra el sistema patriarcal dentro y fuera de su comunidad, sino también enfrentar los conflictos raciales provocados por el sistema. Ellas asumen muchas veces los problemas que sus hijos (y padres) puedan tener frente a la discriminación social y racial de la modernidad (Quijano 2007).
Es así que las diferentes organizaciones indígenas organizan talleres para la integración efectiva de la mujer en el rol dirigencial y de toma de decisiones dentro de la comunidad. Ellas, mejor que otros, entienden y defienden la noción de territorio y los efectos de la depredación ambiental. Muchas comparan la agresión ambiental como una agresión a sus cuerpos: los que dan la vida, la reproducen y mantienen (Neyra 2015). Muchas mujeres han sido heridas, criminalizadas y asesinadas en las luchas por la defensa del territorio. La colonialidad retomó y profundizó el rol que el sistema patriarcal colonial le impuso: invisibilizó a la mujer y la redujo a soporte emocional y físico del varón y a veces hasta económico. La mujer fue alejada de todo rol político (dirigente de su comunidad), reducida a las labores domésticas (Lugones 2008).
Sin embargo, hoy avanzan en su lucha. Muchas mujeres son dirigentes de comunidades indígenas. El AIDESEP, por ejemplo, tiene un equipo directivo en paridad (tres varones y tres mujeres) un Programa de la Mujer y una Agenda de la Mujer. Hasta ahora las iniciativas son formales como la creación de la “Mesa de la Mujer”, secretariados propios en las organizaciones indígenas, etc. La paridad no resuelve los problemas y solo pone a más mujeres visibles, pero no deja traslucir lo invisible. Es decir, su participación en la toma de decisiones, el nivel de autonomía de la mujer y si su voz es realmente escuchada, sus ideas respetadas y si sus necesidades particulares son integradas dentro de la organización o son vistas como “cosa aparte”.
Es por ende esencial que no se reproduzcan los patrones de trabajo y de toma de decisiones del sistema capitalista, que en nada favorecen a la participación de la mujer indígena dentro de su sociedad (Federici 2004). Si bien es cierto que la mujer debe conocer sus derechos y saber reconocer el machismo dentro de las comunidades indígenas, debe también ser ella la que tome la iniciativa del cambio y que este no venga de parte de los varones. Una lucha difícil para la mujer, pero las proposiciones dentro del AIDESEP constituyen un primer paso, aunque muy ínfimo: a la mujer se le siguen atribuyendo muchas veces roles secundarios de secretariado.
Autogobierno y decrecimiento
Las propuestas e iniciativas que ya se realizan sobre autogobierno territorial, llevan consigo un mensaje múltiple: la elección por una gestión local territorial coincide plenamente con la perspectiva del decrecimiento en “que todo comienza por lo local”, expresión de un ente manejable, asequible a todos, en el cual la gestión diaria es compartida y decidida democráticamente (Latouche 2013; D´Alisa, Demaria y Kallis 2015). El ámbito de acción de la comunidad es visible y palpable, las autoridades elegidas lo son localmente, actúan localmente y revocadas de la misma manera. La comunidad conserva su autonomía frente a poderes estatales que le pueden ser adversos.
Las comunidades cimentan la gestión del territorio con su cosmovisión, introducen la noción de buen vivir en el autogobierno, vida sana y para todos sana (Acosta 2013; Sempere et al. 2010). Estas iniciativas van a chocar contra el individualismo del desarrollo capitalista. La gestión por lo local difiere de los sistemas de democracia liberal, parlamentaria, centralistas en que las decisiones se dejan en manos de representantes, que aunque elegidos, se distancian por el funcionamiento intrínseco de estos sistemas, de sus propios electores, en los que el individuo y las libertades individuales son el centro (Bobbio 1989). Con la gestión local, comunitaria, propia del territorio, las comunidades decidirán de las actividades a realizarse en su territorio para protegerlo y alejar los apetitos destructores extractivistas.
Amenazas sobre los territorios indígenas amazónicos con construcción de alternativa
Los territorios donde se construyen proyectos alternativos de existencia, son los últimos territorios de selva virgen que están quedando en la Amazonía, habitados por comunidades indígenas. Este territorio es codiciado por todo tipo de actividades legales o ilegales. Los gobiernos regionales siguen otorgando concesiones forestales sobre reservas o áreas protegidas, los colonos siguen llegando en espera de mejorar sus ingresos económicos en desmedro de la Amazonía y habitantes. La organización MAAP (2021) indica que, en el año 2020, durante la pandemia, se deforestaron más hectáreas que nunca, más de 190 000, principalmente en la zona en referencia.
MAAP indica que la deforestación es causada sobre todo por plantaciones agrícolas y por la construcción de caminos forestales por colonos también para el cultivo agroindustrial de la palma aceitera o el cacao. La tala ilegal representa un volumen importante de la deforestación, según cifras de Global Witness (2019), al menos el 60 % de la madera supervisada tenía origen ilegal. Lo que significa que la cifra real podría ser más elevada. Como si esto fuera poco, el tráfico de tierras implementado por muchas empresas con actividad legal, como Ocho Sur en Santa Clara de Uchunya (Neyra 2020; EJAtlas 2022), representa una seria amenaza, un tráfico amparado por la poca o nula protección de las tierras de las comunidades indígenas, quienes se enfrentan a miles de dificultades para lograr su georreferenciación y consiguiente titulación.
La ruta de la cocaína
Los intereses económicos alrededor del narcotráfico son poderosos. Las carreteras en la Amazonía construidas y proyectadas que unirían los diferentes países fronterizos Perú, Bolivia y Brasil, son vías de exportación ilegal de madera y minerales, sobre todo de oro. Representan una grave amenaza a la supervivencia de los pueblos indígenas y de los pueblos no contactados. Pero una amenaza creciente es la expansión de las plantaciones ilegales de hoja de coca para fines de narcotráfico.
Perú disputa el primer lugar a Colombia en producción de cocaína. InSightCrime (2021) calcula que la hoja de coca para fines ilegales abarca una superficie de 55 000 hectáreas, sobre todo en la zona del VRAEM.2 Pero debido a la creciente presencia militar, el narcotráfico se está desplazando hacia la zona amazónica del centro del país, en un espacio comprendido entre las regiones de Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín, centro de muchos de los proyectos RIA.
Proyectos en peligro
Es en las zonas de los RIAS en construcción, es decir dónde los pueblos amazónicos están tratando de construir una alternativa y preservar su territorio, que se está generando gran violencia con el objeto de desplazarlos. Desde el inicio de la pandemia hasta hoy han sido asesinados 14 defensores ambientales, varios en la región amazónica del centro del país, marcada con un círculo azul en el mapa 1. Uno de ellos, Mario López Huanca, Asháninka de 34 años, se desempeñaba como secretario del proyecto ECOSIRA, proyecto RIA. Se presume que los asesinatos se han dado a mano de sicarios y de colonos invasores (Servindi 2022).
La complicidad del Estado
A veces el mismo SERNANP autoriza cambios de uso en el territorio que favorecen actividades extractivas o no facilita la cogestión (Cáceres, Chiri y Villalobos 2016). El Estado nacional no ve con buenos ojos estas alternativas de autogobierno en su propio territorio nacional y dificulta el reconocimiento de los límites catastrales del territorio indígena (IBC 2016b), o apela ante los fueros judiciales cuando las comunidades indígenas se autoproclaman una nación con un territorio definido (Neyra 2020). Muchas comunidades tienen que defenderse ellas mismas de la invasión por parte de los colonos o de las actividades ilegales como el gobierno autónomo Awajún cuyas instalaciones fueron saqueadas y quemadas por mineros ilegales; el gobierno hace caso omiso de los llamados de protección de las comunidades (Convoca 2022). El ejemplo de las naciones Achuar, Awajún, Wampis ha traído émulos en otros pueblos indígenas que demarcan su territorio con el objetivo de realizar la titulación integral como los pueblos Shawi, Kukamas, Shapras, etc. Algunos gobiernos regionales facilitan las concesiones forestales o son cómplices de las actividades ilegales como el gobierno regional de Ucayali (Servindi 2022). Mongabay (2019) ha denunciado la multiplicación de concesiones de seudo producción de castañas para en realidad talar los árboles amazónicos.
Conclusiones
Las propuestas de autogobierno territorial nacen todas después del superciclo de los commodities de los años 2012-2014, debido a la necesidad entendida por el AIDESEP de construir alternativas más perennes frente a la expansión de las fronteras extractivistas, que amenazan la integridad de los pueblos indígenas. Los casos que no han elaborado propuestas de demarcación y autogestión de territorio y se han limitado a retomar la vida y las actividades previas al proyecto extractivo, o a introducir mejoras técnicas (como en el agro y la ganadería) o de comercialización de los productos agropecuarios sufren el acoso de las actividades extractivas, como la extensión y diversificación de la producción agroexportadora en Tambogrande, la presión urbanística en los valles de Lurín y la tala del bosque de San Ignacio. Mientras más elaborada sea la propuesta, mayor será la resistencia a la penetración extractivista. Estos casos conciernen todos a pueblos indígenas que presentan como factor común una cohesión comunitaria preexistente, una historia común, una reivindicación identitaria, una preservación a través de los siglos de las características comunitarias, a pesar de los estragos de la colonia y de los embates republicanos.
Esto demuestra el nivel de concientización alcanzado por las organizaciones indígenas amazónicas y la solidez de sus propuestas, muchas de ellas con apoyo financiero y capacitación de organizaciones internacionales. Importante es velar por que estas organizaciones no hablen en nombre de los pueblos indígenas ni tomen su rol. El reclamo de la titularización integral, como ha logrado provisoriamente la nación Achuar de la provincia Datem del Marañón, organizada en la Federación de la Nacionalidad Achuar de Perú (FENAP), en el año 2017, es el paso esencial para construir una alternativa sólida y más durable.
Las propuestas como el ECA-RCA o RIA, elaboradas junto a la organización nacional, AIDESEP, que incluyen la autogestión y el autogobierno de la comunidad, implican también un diálogo posible con actores estatales, locales o regionales, dispuestos a encontrar una salida para la preservación de las zonas de vida. Ello solo ha sido posible después de muchos años de lucha y resistencia.
En este tipo de propuesta, el autogobierno territorial es clave para conservar la independencia frente al modelo desarrollista, lesivo para la supervivencia de la comunidad y del medioambiente. La escala local permite un manejo asequible: decisiones comunitarias, democráticas, respuestas y acciones inmediatas, correcciones incluidas. El concepto de “cuidar en común” (D´Alisa, Demaria y Kallis 2015) se aplica perfectamente al funcionamiento de la comunidad en cuanto a la preservación y conservación de su hábitat. Esto se asemeja a una economía ecológica (D´Alisa, Demaria y Kallis 2015), es decir, un funcionamiento económico autolimitado en el que la ecología (humana y ambiental) es primordial. Eso contribuye a la lucha contra la contaminación por deforestación (quema y disminución de la absorción de CO2) y otras actividades extractivas, y ayuda a frenar el cambio climático. Al trabajar por el bien de toda la comunidad, hábitat incluido, las relaciones sociales entre los miembros mejorarán o conservarán la visión de buen vivir que ya poseen, como parte de la cual no tiene lugar la búsqueda individual de bienestar.
Pese a lo anterior, no todo es perfecto; la mujer aún no ocupa su lugar. Pero son enormes los logros, vistas las condiciones de vida, de lucha, la oposición del gobierno nacional y las constantes amenazas, muchas veces violentas, que pesan sobre las comunidades. Defendiendo su hábitat y su modo de vida, estas propuestas hacen parte de los movimientos por la justicia ambiental.
